EUROPA DIJO SI

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acaba de admitir a trámite nuestra queja contra el gobierno de España por aplicación abusiva de la ley de costas. A partir de ahora la comisión se va a poner a investigar, y los responsables de los abusos denunciados en mi Informe sobre aplicación abusiva de la ley de costas van a tener que dar muchas explicaciones. No me gustaría estar en el pellejo, por ejemplo, de la autoridad que denegaba sistemáticamente a los ciudadanos las concesiones sobre sus antiguas viviendas objetando que ese uso está prohibido por la ley, pero mantenía en Vegadeo la concesión para un uso prohibido, como es una feria de muestras, o simplemente daban en concesión terrenos demaniales para otro uso prohibido, como el foro de las culturas de Barcelona.  Me gustaría estar presente cuando fuesen a declarar los responsables del derribo de la carpintería de Valeriano Rodríguez, en la Gomera, un jubilado pobre al que ni siquiera se le dio la oportunidad de solicitar la reglamentaria concesión administrativa, porque le derribaron incluso sin haber deslinde alguno aprobado en la zona. También me gustaría saber cómo los hasta ahora todopoderosos señores van a poder explicar que en el Saler hayan incorporado al dominio público el hotel Sidi Saler y la urbanización Casbah (construidos en los años sesenta fuera del dominio público por decisión del gobierno), porque dicen que están sobre la arena, pero no hayan hecho lo mismo con el Planetario de Castellón, construido sobre la arena después de la ley de costas, y por lo tanto perfectamente ilegal.  También sería estupendo escuchar las explicaciones que tienen que dar los responsables de que cada solicitud de concesión presentada por los antiguos propietarios se haya guardado en un cajón.

Estoy seguro de que, conmigo, a todos esos terceros de buena fe que compraron viviendas fuera del dominio público en los Arenales del Sol, Playa Lisa y Gran Playa, les encantaría asistir a estas declaraciones. Es su momento. Y el de esos ciudadanos del Golfo, en Lanzarote, tan asustados que ni siquiera se atrevieron a formular la reclamación judicial de las concesiones por miedo a que se las rescatasen; de esos pobres de miseria de la Bombilla, en la Palma, a quienes el Gobierno, después de aprobar un deslinde retroactivo llevando la ley de costas al paleolítico, está a punto de derribar sus chabolas para construir una playa artificial y unos cuantos hoteles para los turistas; de los sorprendidos vecinos del Remo, en la misma isla, a quienes el Gobierno ha robado seis metros de su propiedad, inventándose que es ilegal, para no tener que expropiarlos y pagarlos; de esas almas torturadas del barrio de Bajo la Cuesta, en Candelaria,  cuyas viviendas ya tienen orden de derribo simplemente porque un topógrafo de costas se equivocó en el cálculo de un ángulo, y en Costas no saben lo que es rectificar; del fotógrafo Thomas Müller, transformado en pozo de lamentaciones después de que la misma Demarcación de Costas que le dijo que tenía derecho a la concesión especial le diga ahora que no lo tiene, y lo amenace con sanciones y derribos de su Castillo del Mar; de la estupenda gente del Puertito de los Molinos, en Fuerteventura, un pueblo marinero histórico que Costas pretende borrar del mapa sin dejar un solo ladrillo; de José Elvira, el Besugo, el pescador jubilado y más pobre que las ratas que perdió la visión en un ojo por la ansiedad que le produjo enterarse que Costas le iba a tirar su casa de pobre de Puerto Lajas (Fuerteventura) a fin de favorecer la instalación de hoteles y apartamentos de ricos; de los más que pacientes vecinos de Nules, que han estado viendo cómo el mar se comía primero su playa, después la tierra firme y más tarde sus viviendas, a consecuencia del efecto sombra del puerto de Burriana, sin que Costas haga nada por impedirlo; de los vecinos del Brosquil, a punto de perder sus casas porque los espigones del Júcar han causado una erosión feroz que a los señores de Costas les deja indiferentes; de los vecinos de la playa de Otur, en Asturias, que van a quedarse sin casa porque Costas se empeña en declarar dominio público una supuesta duna sepultada bajo un bosque; de los vecinos de la playa de Seselle, que han perdido su propiedad porque Costas esparció arena en la parcela de al lado; de Juan Bruno Espinosa y sus hermanos, cuyo restaurante tradicional fue reducido a escombros incluso a pesar de que sus bienes estaban inscritos en el Registro de la Propiedad desde el siglo XIX. Es el momento de todos estos y de muchos otros, anónimos, dispersos por las playas, a quienes no conozco, pero que también serán beneficiarios de la justicia que por fin se va a hacer.

El pasado otoño Alfredo Masó, presidente de la asociación de vecinos de Arenales del Sol, me expresó sus temores de que el Ministerio de Medio Ambiente pretendiera celebrar el veinte aniversario de la ley de costas con alguna acción ejemplar, singularmente con algún derribo emblemático. Fue en esa reunión donde nació el germen de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Yo no estaba muy convencido porque temía una insuperable avalancha de trabajo, y así ha sido. Pero sin duda que ha merecido la pena. En este momento en el que escribo falta justo una semana para que la ley de costas cumpla veinte años, y lo que Alfredo temía que se convirtiese en una celebración de Costas se ha resuelto con una sonora y desde luego simbólica victoria de la sociedad contra el Estado y de los ciudadanos contra los funcionarios y autoridades que durante estos veinte años se han dedicado a transformar un país tan digno como España en nido de arbitrariedades y abusos, y en muchos casos a emplear la ley de costas como pretexto para echar a los pobres a fin de dejar sitio a los ricos.

Primero fue el despido de la Ministra y su humillante retiro como embajadora de España en la OCDE, después el ansiado cese del antiguo Director General de Costas y la inesperada vacancia de ese puesto de dos meses y medio (y los demás ceses en ciernes, alguno de ellos sonado y deseado), y ahora la gran puerta que Europa nos abre para ayudarnos a restaurar la justicia en un país cuyos resortes de autodepuración se habían oxidado hacía tiempo, donde hemos sido objeto de una censura de prensa feroz y donde el Gobierno, empeñado en ignorarnos, ha intentado, pero no conseguido, reducirnos al papel de hombre invisible.

A estas alturas ya sabe todo el mundo que ésta no ha sido ni es la lucha de los privilegiados por defender sus privilegios, ni el lobby de los señoritos, molestos por no poder gozar de playas privadas. Ni siquiera es solo la lucha de los ciudadanos contra  los ultrajes recibidos. La conversión de cada una de estas defensas en una lucha colectiva la ha transformado en una defensa de la dignidad. No solo de la dignidad de los afectados y sus familias, sino de la sociedad en su conjunto, lo que es lo mismo que decir de este país maltratado y envilecido por sus propios gobernantes.

No se puede vivir sin justicia. Y me alegro de formar parte de una sociedad que ha sido capaz de contestar, quitarse de encima las cadenas y demostrar que sigue estando viva.

Quiero agradecer el esfuerzo de cada uno, especialmente en los momentos difíciles. Empezando por Jane Bednar, que tradujo fielmente a inglés las dos versiones del informe y siguiendo con Vicente Casanova, su esposa y su hijo Guillermo, de la Casbah, que fueron un apoyo inestimable a la hora de imprimirlo, encuadernarlo y remitir las copias a sus destinatarios; con José Andrés Ruiz del Molino, Eva Guerola y Almudena, por sus iniciativas e ideas; con Antonio Oliva, Efraín Jiménez, Miguel Cerdeña e Hildebrando Trancho, que tan eficazmente organizaron las ruedas de prensa respectivamente en Tenerife, la Palma, Fuerteventura y Lanzarote; con Christina Knütson, sin cuya ayuda no habría sido posible la crucial rueda de prensa para medios internacionales del día 26 de marzo; con Teresa Alonso, que sufrió conmigo antes de entrar en directo al Espejo Público;  con Mari Nieves, de Playa Lisa-Gran Playa, que tan enérgicamente defendió a la Plataforma en los momentos difíciles, con Alfredo Masó, Juan de Dios, Paco Sirvent y Paco Delicado por impulsar la plataforma y seguir constituyendo su principal columna vertebral; con Jan Styuvesant, de Vera, que tan eficazmente ha gestionado las relaciones con los diputados holandeses; con el enorme Cliff, de la Casbah, por su trabajo impagabble traduciendo la web de la Plataforma y también la mía; con Enrique López Veloso, por hacernos de guía en el proceloso universo del Parlamento Europeo; con Manfred Stier, por su trabajo callado; con Roger Zimmermann, por acompañarme en la singular rueda de prensa de Bruselas, con Vicente Montagud (Nules), Brígida, José Pedro (Otur), Pepe Heredia (Villaviciosa), Karin Koberling (Fuerteventura), y Pilar (Liencres), por su paciencia y su apoyo incondicional; con Pedro Delgado (Moaña), que creyó en nosotros; con Tom, Charles y Carlta, que se dejaron seducir por la causa y tanto nos han ayudado desde Madrid; con José Ignacio Raposo, del hotel Sidi Saler, Juan Miguel Terradez, Luis Carpio, Luis Roca, Roberto, Pilar Parreño, Rosa Alabau y José Moya, de la Casbah, por lo que ellos saben. Y sobre todo es necesario un agradecimiento y un aplauso a Carmen del Amo, Presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Sin ella no estaríamos donde estamos. 

Lo vamos a conseguir.