BREVE CRÓNICA DEL ABOGADO DEL MAR
septiembre 13, 2019
@abogadodelmar
AMIGO EFRAIN
julio 30, 2019
@abogadodelmar
Dedicado a a Elena Jiménez
Hola amigo Efrain.
Un día, en octubre de 2009, estaba en Fuerteventura con una cliente alemana que creo que conoces. En el viaje desde Puerto del Rosario a Jandía nos detuvimos a comer. La televisión estaba puesta ¿y quién crees que aparecía en ella? Tú. Supongo que dando el coñazo con tu manía del poblado marinero para La Bombilla, que era tu tema favorito en esos años.
José Ortega en la caldera de Taburiente
¿Te acuerdas de aquel primer viaje mío a La Palma, en junio de 2007? Yo sí. No podría olvidar la ascensión en tu viejo Mercedes a la caldera de Taburiente escuchando total y absolutamente extasiado las maravillas que me contabas de tu amigo Simon, el inventor para quien no había desafíos. El cacharro para eliminar las emisiones en los coches de gasolina, los molinos tan pequeños como un ventilador capaces de producir más energía que esos grandes armatostes que se ven por ahí, la levitación de cosas tan pesadas como un avión, pero sobre todo el motor que no necesitaba combustible ni contaminaba. Un día de inmortalidad diria.
Conservó vívida en mi memoria una imagen. Yo estaba delante de mi casa. Era mayo de 2009. Me llamaste para decirme que ibas a ir a El paso, a la antigua casa de Simón, abandonada porque había pasado a Madrid, a recoger toda la documentación de sus patentes por miedo a que alguien entrara y se las llevara. Te pregunté dónde pensabas guardarlas y para mi e irme sorpresa tu respuesta fue que en el maletero del Mercedes. Al cabo de una semana volviste a llamarme para decirme que te habían abierto el maletero. Cuando te pregunté si estaba la maleta donde habías metido los documentos me dijiste literalmente: “Sí… vacía”. Y me aclaraste que algo en había robado las patentes pero había dejado los libros de física de Simón. Tu conclusión fue clara: “Nos han pinchado el teléfono”. Me dijiste que no habías hablado del asunto con nadie más que conmigo. Ambos sabemos quién es el responsable tanto de la sustracción como del pinchazo, pero desde luego que seguiremos conservando ese secreto.
Cuando iba por Madrid buscaba a Simón para ir a cenar y una noche le dije “vamos a llamar a Efrain”. No cogías el teléfono y le propuse que te cantáramos una zarzuela para dejártela en el buzón de voz. Pero a la segunda vez él ya no quiso. Su excusa fue que en el local había gente pero la realidad es que para ese entonces tenía el corazón tan débil que no tenía fuerza física para lanzar al aire una sola estrofa. De hecho, al salir a la calle se detuvo y se agarró a una farola porque no era capaz ni de caminar.
De vuelta en 2007, no recordarás lo que hiciste cuando en el inicio de la subida, a la vuelta de una curva, descubriste a un agricultor cuidando sus viñas. Para ti era un detalle insignificante pero yo no lo he olvidado. Se te ocurrió dejar el coche en el arcén y bajaste para sugerirle que le diera a probar algo de uva al peninsular que te acompañaba.
El recuerdo de aquella subida a la caldera motivó mi primer artículo en un blog. Su título fue ¿Pueden los coches ser como árboles? Eso era lo que se deducía del invento de Simón. Que los tubos de escape podrían emitir oxígeno porque él se las había ingeniado para disociar el oxígeno y el carbono del CO y el CO2.
Me sentía como un antiguo explorador en tierras sudamericanas cada vez que el pequeño Binter me acercaba al casi aún más pequeño aeropuerto de La Palma, esa mínima superficie llana rodeada de plataneras y cercada por desniveles impresionantes. Me recogías y me llevabas monte arriba por un bosque frondoso, húmedo y con girones de niebla, y creo recordar que al atravesar un túnel y acceder a la parte occidental de la isla todo cambiaba. El bosque se hacía más ralo conforme descendíamos hasta El Paso. Se divisaba el sol lejano y allá íbamos. Contigo aburrirse era imposible. No parabas de hablar de lo que fuera y siempre me parecía interesante. Luego me dejabas en el hotel de Puerto Naos y en seguida nos poníamos como el kiko en el alegre Cocomar. Durante esos años La Bombilla se transformó en mi segunda casa.
Vi la forma en la que se ensañaron contigo. Vi cómo te amargaron la vida sólo por tu relevancia en la lucha por los vecinos de aquellas 400 viviendas condenadas a ir al suelo. Y ya sabes lo que pasó con nuestros recursos. El proyecto de playa nueva era totalmente ilegal porque ponía la senda peatonal en la ribera del mar, contra La prohibición del artículo 44.5 de la ley de costas. Creo que te comenté en su momento lo que decía la increíble sentencia: Es cierto que la senda peatonal es un paseo. Es cuero que discurre por la ribera del mar. Es cierto que los paseos están prohibidos en la ribera del mar. Pero si Costas dice que el paseo deLa Bombilla tiene que ir por la ribera del mar, irá por la ribera del mar.
También estás al corriente de que nos desestimaron el recurso contra él deslinde. Ese deslinde nada tenía que ver con la realidad geomorfología porque el mar ni en broma llega a la pared del acantilado, a unos doscientos metros de la orilla. Ellos lo justificaron diciendo que el acantilado es el producto de un modelado costero originado en el final de la ultima glaciación, pero eso sucedió hace 11.000 años. No obstante, nuestras razones no fueron suficientes para convencer a la Audiencia Nacional.
Yo, la verdad, creía que eras indestructible, pero ya veo que no es así.Amigo Efrain, la vida de la que te has ido es una vida sin alma. El mundo al que has dicho adiós es un mundo sin honor. Las personas nobles y rectas como tú no tienen sitio en él.
Quiero decirte adiós en esta triste despedida recordando el poema de Alfred.E.Housman que Isak Dinesen pronunció ante la tumba de Denis Finch Hatton:
ganaste la gran carrera
el pueblo entero salió a aclamarte.
Jóvenes y ancianos te vitoreaban
mientras a hombros te llevábamos.
Sabio aquél que sabe escapar pronto
allí donde la gloria no perdura.
Pues aunque pronto crece el laurel
mucho antes que la rosa se marchita.
Pero tú no seguirás el camino
de aquellos que malgastaron su gloria.
Corredores cuya fama se extendió
aunque su nombre perduró menos que ellos.
Ante esa joven cabeza laureada
contemplarán tu cuerpo inerte
y descubrirán entre los rizos de tu pelo
una guirnalda aún sin marchitar.
DELICIAS DEL REGLAMENTO DE COSTAS (I)
julio 17, 2019
@abogadodelmar
No deja de llamarme la atención la manía de los ingenieros de costas de marcar territorio cuando se ponen a redactar el reglamento de la cosa. Marcar territorio tan inútilmente como los perros que, siguiendo el instinto de cuando eran lobos, levantan la pata para orinar en una esquina, junto a la entrada de una vivienda (que siempre es la del vecino) o sobre la rueda de un coche (que siempre pertenece a un tercero).
De la misma forma que esos gestos de los perros son manifestaciones inútiles y superfluos para marcar territorio, así también lo es la preocupación de los ingenieros de costas por incorporar al reglamento un catálogo de faltas y sanciones administrativas que es simple repetición del que ya viene recogido en la ley de costas.
La cuestión es la siguiente: El artículo 25 de la Constitución garantiza el principio de reserva de ley de la tipificación de los delitos y el catálogo de las correspondientes penas. El precepto es de aplicación al derecho sancionador del Estado y por lo tanto al establecimiento de catálogos de faltas y sanciones administrativas, incluyendo las de costas.
Quiere esto decir que el catálogo de faltas y sanciones administrativas en materia de costas debe estar recogido, por mandato constitucional, en una norma con rango de ley, en este caso la ley de costas. Si no fuera así, es decir si el catálogo viniera expuesto en una norma reglamentaria, no podría aplicarse y las conductas relacionadas serían impunes.
Un reglamento de desarrollo de la ley es un instrumento normativo cuya función consiste en proporcionar a ésta última la concreción y el detalle a los que no puede ni debe descender una norma con rango legal.
Por ejemplo, si la ley regula la posibilidad de obras en el dominio público, el reglamento podrá relacionar qué documentación debe incluirse en la solicitud de las obras en cuestión. Lo que no tiene sentido es que el reglamento repita artículo por artículo y letra por letra el mismo repertorio de faltas y sanciones que ya figura en la ley.
Esto me recuerda a aquel rey vanidoso y medio tonto que aparece en El principito, tan preocupado por parecer omnipotente. Pretendía ostentar poder sobre los astros y la naturaleza pero como al mismo tiempo era un rey razonable y or tanto sólo ordenaba cosas razonables. Por ejemplo, que el sol saliera cada mañana por oriente y se pusiera cada tarde por occidente.
Si el rey no hubiera estado allí para ordenar esas cosas, habrían sucedido igual. Si los chuchos no orinasen en las esquinas, no por eso otros invadirían su inexistente territorio. Y por supuesto, si el reglamento de costas no recogiera el catálogo de faltas y sanciones administrativas, el planeta Tierra seguiría dando vueltas con indiferencia y los infractores seguirían pagando sus culpas exactamente igual.
José Ortega
ABOGADO
LA INMENSA TUMBA DE DON CHARLES LUIS DE SECONDAT
julio 17, 2019
@abogadodelmar
Ya hace tiempo que no tengo el gusto de escuchar en el Congreso de los Diputados el reproche que antes solían dirigirse unos a otros…¡¡¡Usted ha enterado a Montesquieu!!!. Esto lo decían para significar alguna actitud contraria a la separación de poderes, pues como ya sabéis este amable ilustrado francés sentó las bases teóricas de la separación entre legislativo, ejecutivo y judicial como base fundamental de la democracia.
Quizá hayáis oído hablar de algo bastante abstruso llamado Constitución española. Se trata de un conjunto de letras, signos de puntuación, palabras, frases y párrafos agrupados en artículos y publicados en el BOE.
La Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, pero puede que hubiera sido adecuado celebrar la votación popular el día 28 de ese mismo mes. Digo esto porque es más bien una broma pesada y no sólo debido a que lo poco que tiene de bueno los poderes públicos no lo cumplen, sino porque presenta carencias inauditas y regulaciones incomprensibles.
Confieso que hasta este momento estaba convencido de que la separación de poderes estaba recogido en la Constitución como principio básico de la democracia. Pues no: Una lectura detallada confirma que, por decepcionante que parezca, no es así. Esto naturalmente tiene consecuencias porque un asalto a la separación de poderes podrá servir de base a la crítica en la barra del bar, incluso el bar del Congreso, pero no a una impugnación judicial.
Temo que los padres de la Constitución tramaron conscientemente un Estado totalitario (indudablemente al servicio del capitalismo internacional) en el que dejaron el principio de separación de poderes fuera de la norma suprema porque quisieron hacerlo.
Pues bien, la pregunta que cabe hacerse es si incluso así en España hay separación de poderes. Menos mal que la hago yo (y claro está que se trata de una pregunta retórica), pues si alguien me la formulara a mi le pediría que dejara de hacerme perder el tiempo con tonterías.
No voy a dar una respuesta explícita. La deduciréis vosotros mismos de los ejemplos que pongo a continuación
En el ámbito de los tribunales del orden contencioso administrativo (A donde tienes que ir si quieres discutir alguna decisión del Estado, es decir de los partidos políticos) ya hace tiempo que me di cuenta de que un recurso tiene posibilidades mínimas de prosperar porque el gobierno (es decir los partidos políticos) se asegura de que los ciudadanos pierdan todos los litigios a través de la colaboración de sus amigos los jueces, que dictan las sentencias que a ellos les complacen.
Una vez formulé recurso contencioso administrativo contra la aprobación de un proyecto de obras en La Palma. El proyecto, con infracción brutal del artículo 44.5 de la ley de costas, incluía un paseo en la ribera del mar y yo creía que el asunto era pan comido. La Audiencia Nacional dictó sentencia diciendo lo siguiente:
—Es cierto que la senda peatonal prevista en el proyecto es un paseo marítimo.
—Es cierto que ese paseo marítimo discurre por la ribera del nar.
—Es cierto que el artículo 44.5 de la ley de costas prohíbe los paseos en la ribera del mar.
—SIN EMBARGO, si el Ministerio de Medio Ambiente considera que el paseo debe ir por la ribera del mar, irá por la ribera del mar y no hay más que hablar
Cuando leí esta sentencia apenas lo podía creer. Sentí vergüenza y pena por formar parte de este país y de llamarme español. Sus consecuencias van mucho más allá de lo que está a la vista. Algo que sí garantiza la Constitución (en su mundo de retórica vacía) es la seguridad jurídica. la seguridad jurídica implica que todo ciudadano sepa lo que puede hacer y no debe hacer no sólo él mismo, sino también la Administración. Este saber a qué atenerse está plasmado en las leyes. Si la ley de costas prohíbe los paseos en la ribera del mar, todo ciudadano tiene derecho a creer a pie juntitas que los paseos están prohibidos en la ribera del mar y a actuar en consecuencia. Por ejemplo impugnando un proyecto que infrinja el precepto.
Pero si los magistrados, en sus locas ansias por complacer a quienes los han puesto ahí (los partidos políticos), imponen en su sentencia algo total y absolutamente contrario a lo que dice la ley, la consecuencia es clara: Ya no hay ley. Nadie podrá nunca estar seguro de lo que la Administración puede o no puede hacer aunque lo lea cien veces en el BOE, porque eso ya no dependerá de la ley sino de lo que en cada momento le parezca bien a jueces y magistrados según el humor con el que se hayan levantado ese día. De manera que no solamente el poder ejecutivo (los partidos políticos) mangonea al poder judicial mediante los nombramientos de sus magistrados, sino que los jueces ya se consideran con licencia para modificar o derogar la ley que deberían aplicar con rigurosísima fidelidad, con lo que se convierten en legisladores (y tengo más ejemplos que no expongo por falta de espacio).
¿Hay separación de poderes en España?
Responde tú mismo.
Veamos ahora qué sucede con el poder legislativo. El 20 de diciembre de 2012 tuve el alto honor de ser recibido en el Congreso de los Diputados por la diputada del PP Doña Teresa de Lara, a la sazón ponente del proyecto de reforma de la ley de costas. Esta señora me dio a entender que no se iban a introducir enmiendas que no fueran autorizadas por el gobierno. Lo mismo me dijo el portavoz del PP en el Senado.
¿Pero entonces quien hace las leyes?
Hace ya tiempo que los medios de comunicación, como si fuera lo más normal del mundo, aluden a “la nueva ley del gobierno” o dicen que “el gobierno ha hecho una ley”. La vieja fórmula de que las leyes las aprueban las Cortes parece desfasada.
¿Hay separación de poderes en España?
Responde tú mismo.
Quizá con esto te sientas tentado de creer que es el gobierno quien lo decide todo. Sí y no. Los auténticos propietarios de España, los que mandan, os que hacen y deshacen y disponen de nuestras vidas, son unos grupos de bandoleros que tienen todo el aspecto externo de organizaciones de delincuencia organizada y que conocemos popularmente como partidos políticos.
Los partidos están recogidos en la Constitución. Su artículo 6 manda que su funcionamiento interno interno debe ser democrático y todo lo que puedo decir al respecto es permite que sonría.
Por lo que yo sé, los partidos políticos en España no tienen un régimen interno democrático, sino todo lo contrario.
Acabo de escuchar en el informativo que acusan a Alberto Ribera de conducir Ciudadanos mediante procedimientos caudillistas y de decidir todo unilateralmente. Una persona humana que en tiempos fue mi amiga me contó durante una cena en un restaurante vegetariano del centro de Madrid que había sido miembro del PSOE durante un breve periodo, antes de salir huyendo a vista de sus estructuras antidemocraticas y de la total y absoluta imposibilidad de participación interna. Cuando el partido popular se cargó a Alberto Costa por decir que era el Secretario General en la Comunidad Valenciana, la dirección central se burló de los estatutos de su propio partido y de su propio sistema de garantías porque con arreglo ellos la dirección nacional no es nadie para intervenir en el organigrama del partido en una Comunidad. Cuando Aznar decidió que el secretaría general de su partido sería elegido por cooptación y designó a Rajoy porque le dio la gana, al margen de todo cauce democrático y como si fuera un emperador persa, ningún periodista movió una ceja.
Por lo tanto, de democracia interna poco o nada. En cuanto a los fines que persiguen los partidos, todo sugiere que se trata de cuadrillas de pillos cuya ansia principal es forrarse y saquear España, y está vez no me cansaré en poner ejemplos porque no encontraría el fin.
Sí, amigos. Nada de legisladores. Nada de jueces. Todo depende de la voluntad de estas cuadrillas de pillos y por eso España se hunde.
Aquí todo el mundo roba, pero los partidos son estructuras dotadas de su propio régimen nobiliario. Sólo los notables, esos auténticos señores feudales de la democracia, pueden gozar del privilegio de las puertas giratorias y entrar a formar parte (supongo que como abre puertas, valga la redundancia) de una multinacional tras su paso por el gobierno. Por eso los gobiernos trabajan para las multinacionales, no para los ciudadanos. A sus ministros los intereses generales no les importan nada. Ellos luchan desde dentro del sistema para que el capitalismo internacional nos apriete las clavijas más y más a y de esta manera merecer su futuro empleo de porteros de lujo al servicio de los auténticos jefes.
Estimado señor D. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu: No sé dónde está usted enterrado, pero sus propuestas en pro de la democracia yacen en España bajo toneladas de tierra.
José Ortega
ABOGADO
INFORME SOBRE REFORMA DE LA LEY DE COSTAS
junio 25, 2019
@abogadodelmar
LA SEXTA Y YO
junio 25, 2019
Hasta luego
José Ortega
ABOGADO
BIOGRAFÍAS ROTAS
mayo 5, 2019
@abogadodelmar
@aoadodelmar
Ya he dicho en público y escrito muchas veces que el trabajo de los ingenieros de costas deja mucho que desear porque todo lo que han conseguido en su impetuosa carrera por completar los deslindes es generar innumerables bolsas de limbos jurídicos en los que quienes perdían sus viviendas quedaban en una situación tan dudosa como insegura porque no había forma humana de que se les otorgara de oficio la concesión indemnizatoria que les correspondía por ministerio de la disposición transitoria primera, apartado cuarto, de la ley de costas. Tanto el reglamento de costas antiguo como el actual cargan a la Administración con la obligación de otorgar la concesión de oficio si los interesados no la solicitan dentro del plazo de un año desde la aprobación del deslinde. El problema es que a la Administración parece que le encanta incumplir esta norma. Y le sale barato porque que sus amigos los jueces le ríen las gracias y le perdonan todo, como a niños malcriados. Tengo por ejemplo la desgracia de conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegando la concesión al propietario de un terreno en Maspalomas incluso a pesar de la obligación del Estado de otorgarla de oficio y a pesar de que el reglamento de costas dice que la única posibilidad de que el interesado no la reciba es la renuncia expresa (por suerte la sentencia no es mía).
Tengo una ligera idea de por qué pasa esto, al menos por qué les pasa a los ingenieros de costas, porque lo de los jueces es inexplicable. La presente ley de costas es la primera que asigna efectos civiles al deslinde. Por lo tanto es la primera que arrebata la propiedad a los antiguos titulares y claro está que la primera que crea la necesidad de un sistema de compensaciones. Pero los ingenieros de costas empezaron a tramitar los deslinde impulsados por la pesada inercia de la etapa anterior. En ella, puesto que sus efectos eran puramente administrativos y no perjudicaban la propiedad, tampoco había razón para establecer compensación alguna. Cuando se encontraron con esta ley nueva siguieron exactamente igual. Dibujaban la línea y se olvidaban de los desarreglos que con eso causaban en el régimen de propiedad.
Como ya saben los afectados, este sistema de compensaciones consiste en la concesión establecida en la disposición transitoria primera.
LO QUE DIJO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Ese grupo de señores y señoras al que con bastante desacierto a mi juicio se llama Tribunal Constitucional, en su ya la famosa sentencia 149/91, tuvo el mal gusto de declarar que la pérdida de la propiedad debida a un deslinde de la ley de costas no es una expropiación sin indemnización sino una expropiación con una indemnización en especie consistente en la ya famosa concesión. En la Primera Jornada de estudio de la ley de costas, organizada en Valencia por la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de costas, ya tuve ocasión de maldecir un poco, acusando a los responsables de hacernos tragar que el valor de la concesión es igual al valor de la propiedad, lo que es lo mismo que releer el triste final de 1984 (Orwell) cuando el antiguo rebelde lobotomizado repite muy convencido que 2+2=5.
ALGO DE SACRIFICIO
El 20 de enero de 2009 tuve el honor de hacer uso de la palabra en un debate en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo con motivo de mi queja sobre aplicación abusiva de la ley de costas. En él hice referencia a la sentencia-chascarrillo de un juez de primera instancia muy relacionada con esto. La demanda, de forma juiciosa, reclamaba al Estado que indemnizara a los particulares con una cantidad en dinero que cubriera la diferencia de valor entre la propiedad y el de la concesión.
El juez, confundiendo quizá el pleito con un procesión de Semana Santa y a los actores con penitentes descalzos propinándose golpes de cilicio, desestimó la petición con un razonamiento que merece un marco dorado. Dijo que toda expropiación lleva consigo una cierta dosis de sacrificio. Por cierto, que no es esto lo que afirma el artículo 33.3 de la Constitución. El precepto habla expropiación acompañada de justiprecio, que semánticamente es lo mismo que precio justo, y es lo que estaban pidiendo estos afectados. En ningún precepto constitucional se pretende que los ciudadanos estén obligados a aceptar sacrificio alguno con motivo de una expropiación.
LOS TRIBUNALES VIENEN AL RESCATE
Pues bien, como ya escribí en un artículo anterior, el ingente cúmulo de negligencias a que han dado lugar los responsables de la política de costas ha vuelto materialmente imposible la gestión de las concesiones infemnizatorias. Digamos que de la misma forma que España no tiene dinero bastante para indemnizar por las expropiaciones masivas derivadas de la ley de costas (y por eso se sacaron de la manga el truco abstruso de las concesiones), tampoco la Administración tiene medios bastantes para gestionar la tramitación administrativa de las concesiones que debían sustituir al dinero.
Es decir, que por culpa del modo de proceder, no sólo negligente sino también ilegal, de los ingenieros de costas, hay un bloqueo pétreo del que no se sabe salir.
¿Cómo resolverlo? Absolutamente ningún problema. Para eso los ingenieros de costas tienen a sus amigos los jueces, y son los jueces los que se han puesto a salvar la situación sin que sus camaradas tengan que reconocer responsabilidad alguna.
Se hace de la siguiente manera:
Cuando un deslinde remete al interior la ribera del mar, si ya había otro aprobado, los terrenos que por primera vez pasan al dominio público deben recibir la concesión de treinta años prorrogables por otros treinta que prevé la disposición transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas. Al someter a aceptación del interesado el pliego de condiciones, los ingenieros de costas siempre imponían como fecha de inicio del cómputo del plazo concesional la de aprobación del deslinde. Los interesados reclamaban judicialmente que el cómputo debía iniciarse desde el otorgamiento de la concesión y la Audiencia Nacional siempre les daba la razón.
Hasta que dejó de dársela. Esto sucedió cuando Sus Señorías decidieron pegar un bandazo histórico y adoptar el criterio contrarío. A partir de entonces, sin importarles la seguridad jurídica generada por sus decisiones anteriores, dejaron una y otra vez que las demandas nuevas, que confiaban en aquella doctrina tan pacífica, se estrellaran contra el muro de hormigón armado del novedoso criterio del tribunal.
¿Y por qué ? Fácil. Porque es la única forma de salvarles la cara a los ingenieros de costas sin que se entere nadie. Si el cómputo del plazo de la concesión comienza a contar desde el deslinde, eso significa que desde el deslinde hay concesión. Si desde el deslinde hay concesión, eso significa que ninguna necesidad hay de tramitarlas, y de esta manera se dispensa graciosamente y de un plumazo a los ingenieros de costas de incoar y resolver docenas de miles de expedientes.
Claro está que esto conduce a una situación casi metafísica y sin parangón en el derecho comparado: La concesión administrativa que al mismo tiempo existe (pues así lo ha dispuesto la Audiencia Nacional) y no existe (puesto que ni ha sido otorgada ni entre otras cosas se sae nada del pliego de condiciones por el que debe regirse).
Como anécdota refiero aquí el caso de un grupo de afectados que fue a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para consultar si tenían derecho a la concesión ¡La cara que se les quedó cuando les contestaron que no solamente tenían derecho a lella, sino incluso que eran titulares, sin saberlo, de la concesión misma desde la aprobación del deslinde!
El argumento que emplea la Audiencia Nacional para dar sustento a este modo de resolver la cuestión no puede decirse que sea precisamente brillante. Pretenden Sus Señorías que iniciar el cómputo de la concesión coincidiendo con su otorgamiento podeia lesionar el derecho de igualdad de otros afectados (hipotéticos e inespecíficos) en el caso (por comprobar) de que alguno de ellos s hubiera sido diligente y hubiera solicitado la concesión dentro del año siguiente a la aprobación del deslinde. En tal caso (imaginario y supuesto), el recurrente ( que reclama varios años después de aprobado el deslinde) habría obtenido una concesión por plazo en la práctica superior al de su (supuesto e hipotético) vecino..
Pero los magistrados que escriben esas sentencias conocen divinamente el reglamento de costas y saben igual de divinamente que tanto el antiguo como el nuevo mandan que la Administración otorgue la concesión de oficio cuando los interesados no la han solicitado dentro del plazo de un año a partir del deslinde, como he adelantado. Por tanto, lo siento en el alma pero no tienen ni un poco de razón.
Así pues, la situación de desigualdad y privilegios indebidos a que se refiere esta doctrina judicial, si existiera tal desigualdad, sólo se debe al olímpico e inaceptable desprecio de los ingenieros de costas hacia una obligación que no puede estar más clara en el reglamento de costas y que incumplen sistemáticamente porque les da la gana de hacerlo. Claro que la Audiencia Nacional no puede aludir a esta norma del reglamento de costas porque sus sentencias tienen por finalidad (o por consecuencia) resolver la horrible situación creada por su incumplimiento. Así que todo se reduce a fingir la inexistencia de una norma que tienen la obligación de aplicar.
BIENVENIDOS AL NUEVO LIMBO JURÍDICO
Entre los afectados, la disposición adicional séptima de la ley 2/2013, de reforma de la ley de costas es ya tan famosa como Manolo el del bombo. Debo decir que pasados cinco minutos de su lectura me di cuenta de que era ostentosa y diría que chulescamente contraria a la Constitución. El artículo 132.2 de ésta última dice que, entre otras cosas, las playas y la zona marítimo terrestre constituyen dominio público. Lo que pretende esta ley es que determinados espacios previamente deslindados como zona marítimo terrestre o playa no son dominio público, y a mí me parece que no cabe una rebeldía más grosera contra eso que llaman la norma suprema . Lo que pasa es que no me extrañó mucho porque la técnica jurídica del conjunto de la ley de reforma da ganas de llorar.
El partido socialista formuló recurso de inconstitucionalidad de varios artículos y disposiciones, entre ellos la adicional séptima. Y el Tribunal Constitucional volvió a hacerlo y se superó: Un número de saltimbanquis de circo incluso más meritorio que el del tratamiento de las concesiones indemnizatorias.
Este espectáculo de ingenio está plasmado en la sentencia de 5 de noviembre de 2015.
Vamos a ver: Yo creo que lo que he explicado se entiende estupendamente: La Constitución dice que la zona marítimo terrestre y la playa son dominio público y la ley de reforma que determinados espacios delimitados como zona marítimo terrestre o playa no son dominio público. Con el mayor respeto a estas profesiones y oficios, un taxista lo entiende, un charcutero lo entiende, un empleado de correos lo entiende, un neurocirujano lo entiende y todo el mundo lo entiende, pero ese grupo de señores y señoras a quienes sin ninguna razón se les llama Tribunal Constitucional no lo entiende o pretende no entenderlo.
Lo que escribieron en aquella sentencia para enmarcar es que no se puede excluir terrenos del dominio público sin acudir al expediente de desafectación recogido en el artículo 18 de la ley de costas (lo que efectivamente es razonable), pero a continuación, en lugar de decidir con toda lógica y todo sentido lo único que cabía decidir, esto es la inconstitucionalidad de la disposición adicional séptima, hacen el numerito de circo de escribir que se declara conforme con la Constitución siempre que se interprete en el sentido de que esos terrenos tendrán que ir a un proceso de desafectación. Un proceso que ni se ha hecho ni se hará porque somos lo que somos y vivimos en el pais en el que vivimos. Lo nuestro es dejarlo todo a medias. Es como un vicio que parece hacernos disfrutar.
Y de aquí el nuevo limbo jurídico. De la misma forma que las docenas de miles de propietarios que perdieron su casa pero sin ninguna razón conservan la llave después del deslinde, así también sucede a los propietarios beneficiados por la disposición adicional séptima, cuyas viviendas están en el dominio público sin que se haya procedido a la desafectación y también conservan las llaves de sus casas sin que se sepa por qué o con qué derecho.
Esto es pura y simplemente el circo de las maravillas. Pasen y vean:
—Propietarios cuyos terrenos han sido incorporados al dominio público y por lo tanto han dejado de serlo pero al mismo tiempo continúan siéndolo o al menos se comportan como si lo fueran.
—Concesiones administrativas que existen y al mismo tiempo no existen.
—Propietarios cuyos terrenos han sido declarados excluidos del dominio público pero al mismo tiempo siguen perteneciendo a él y continúan unan siendo propietarios o al menos de portan como si lo fueran porque al mismo tiempo lo son y no lo son.
¿No es adorablemente surrealista?
José Ortega
ABOGADO
@abogadodelmar
¿INGENIEROS DIABÓLICOS?
marzo 17, 2019
@abogadodelmar
En primero de Derecho, el excelente catedrático de Derecho Politico Don Rodrigo Fernandez de Carvajal, nos hablaba de la diferencias existentes entre el campo del derecho y el campo de la moral. Señalaba que ciertas cuestiones (como el aborto) quedan en ocasiones en ésta última mientras que otras veces, o en otros momentos, son reguladas por el Derecho.
Creo que me he distinguido por quejarme repetidamente de los ingenieros de costas y por señalar que sus acciones (y a veces omisiones) bien merecen ser calificadas de fechorías y desde luego tachadas de inmorales.
Ellos son humanos como nosotros. Sus pulmones intercambian oxígeno por dióxido de carbono como nos sucede a nosotros. Tienen nariz, orejas y boca lo mismo que nosotros. Sonríen, o eso supongo, a los niños pequeños como lo haría cualquiera de nosotros. Y sin embargo no son como nosotros.
No me divierte, ni me complace, ni me hace sentirme orgulloso meterme con ellos. Preferiría poder saludarlos como amigos o al menos que el respeto hacia sus personas y actos naciera en mí espontáneamente. De hecho, en más de una ocasión he presentado en la Jefatura de Costas correspondiente un innecesario escrito de reconocimiento hacia el buen trato recibido.
Recuerdo lo que sucedió el día que fui invitado a participar en un debate en la facultad de derecho de la Universidad de Granada sobre la reforma de la ley de costas. Un panoli que se dedica a publicar en este blog comentarios anónimos y ofensivos expresó su parecer de que determinado ingeniero de caminos supuestamente radical que también debía estar presente en la mesa redonda iba a patearme y a darme mi merecido. Al término del acto nos fuimos todos a cenar. Camino al restaurante este mismo ingeniero me comentó que a menudo había tenido ocasión de salir en mi defensa frente a otros miembros de su misma corporación porque mis críticas nunca eran gratuitas sino que tenían siempre un fundamento. Que éste fuera más o menos acertado o él lo compartiera era otra cuestión.
Quiere esto decir que son ciertas estas dos cosas: a) Procuro meterles el dedo en el ojo siempre que puedo y b) Siempre que lo hago tengo un motivo.
El presente artículo tiene por finalidad exponer uno de los muchos casos que permiten arrojar dudas no ya sobre la legalidad de determinadas decisiones del ingeniero de costas implicado, sino sobre el ajuste de esas decisiones a las reglas de la simple moral. Más en concreto, temo que el artículo sugiera que estos personajes se portan como si acabaran de salir del infierno pertrechados de un invisible equipaje de odio al género humano y dispuestos a seguir la consigna de causarles el máximo sufrimiento posible. Paradójico, porque sé por mi amigo el antiguo Director General de Costas Pedro Antonio Ríos que pronunciar mi nombre en la casa es como mentar al diablo. Se comprende porque lo que les hice en Bruselas les resultó muy humillante a sus majestades, pero en todo caso esto evidencia lo subjetivo que resulta todo.
Y ahora voy a explicar el caso.
En una localidad costera de cuyo nombre no quiero acordarme hay un deslinde en trámite que remete al interior la ribera del mar y se come un pequeño edificio. Lo que sucede es que el expediente deslinde en cuestión está paralizado desde hace unos veinte años y que de acuerdo con el deslinde en vigor el pequeño edificio está fuera del dominio público y por lo tanto es una propiedad perfectamente privada.
Quizá algunos lectores de buena fe se pregunten cómo es posible que la Administración mantenga paralizado un expediente por tanto tiempo, y aún si esto se puede hacer. La respuesta a esta última cuestión es simple: NO se puede hacer porque la ley ordena que todos los procedimientos administrativos se tramiten según su riguroso orden de incoación, incluso bajo pena de sanciones disciplinarias al responsable de la contravención.
Es obvio que en este caso la Jefatura de Costas no respetó el mandato legal, pero esto es algo que a ellos les da igual porque hacen lo que quieren cuando quieren y son total y absolutamente impunes. Los tribunales les ríen siempre las gracias, no importa lo que hagan.
La razón de este modo de proceder es la reforma del artículo 12.1 de la ley de costas contenida en ley 53/2002, que añadió un apartado nuevo obligando a que los expedientes de deslinde se tramiten por plazo máximo de veinticuatro meses. Esto fue como un puñal en el corazón de piedra de los ingenieros de costas porque desde entonces a éste tipo de procedimientos comenzó a serles de aplicación la mortífera institución de la caducidad y esto implicaba que la infracción del plazo se resolvía en nulidad de lo actuado. Por mi experiencia puedo decir que ellos estaban acostumbrados a tramitar este tipo de expedientes por plazos de diez, doce o quince años. Los he visto dar lugar a aberraciones como tener el procedimiento abierto todo ese tiempo y con ello dar lugar a que un temporal extraordinario acontecido pongo por caso ocho años después de la incoación les sirva de excusa para mover la línea al interior.
La cosa es que después de la reforma se vieron muy pillados y dieron preferencia a los nuevos expedientes, que debían tramitar en plazo tasado, dejando languidecer como espectros melancólicos los que habían sido incoados antes de la reforma. Éstos últimos a los ingenieros de costas les da igual si se tramitan por plazo de veinte, treinta, cincuenta o trescientos años, lo mismo que les da igual vulnerar el mandato legal de tramitación por riguroso orden de incoación.
El inconveniente que tiene este modo de proceder es que el reglamento de costas (tanto el viejo como el nuevo) establece la suspensión provisional de autorizaciones y concesiones en el dominio público con motivo de la incoación de un expediente de deslinde nuevo. Con razón o sin ella, los ingenieros de costas aplican el precepto a cualquier obra que el propietario (repito la expresión: Propietario) desee o necesite hacer en su vivienda, incluyendo chapar la cocina. Esta regulación está pensada, claro, para situaciones de normalidad, es decir para expedientes cuya tramitación se prolongue por tiempo razonablemente moderado. Pero en cambio no resulta tolerable cuando el expediente en cuestión (y por tanto la prohibición de chapar la cocina) se prolonga por periodos que pueden acercarse a los treinta años.
Esta situación es proverbial en la provincia de Alicante, que hasta ahora arrastraba un retraso en la delimitación de la costa realmente llamativo, cuando no vergonzoso. Al mismo tiempo que expedientes incoados en Denia en 1994 continúan inactivos, la Jefatura de Costas se lanzó a una carrera más bien alocada por recuperar el tiempo perdido, incoando deslindes que, contra la razón y la costumbre, incluían los términos municipales completos de Javea o El Campello, entre otros.
Pues buen, en esta localidad costera de cuyo nombre no quiero acordarme los vándalos locales quemaron el edificio y destruyeron su vallado perimetral. Los propietarios, como se comprenderá, necesitaban reponer el vallado e instalar nuevas puertas y ventanas, pero la Jefatura de Costas no les dejó pretextando la dichosa suspensión provisional de autorizaciones y concesiones.
Viene a suceder que la denegación, en nuestro caso, se transforma en una forma indirecta de coacción por parte de esa Jefatura de Costas a fin de impedir a los propietarios el acceso a la concesión de la DT. Primera.1 de la ley de costas, que como tiene dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia 149/91 constituye la indemnización por la expropiación derivada del deslinde. Los terrenos se encuentran comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público, por lo que cuando se apruebe el deslinde, será de aplicación la DT Primera.4 de la ley de costas y por tanto le tendrá que ser otorgada a la concesión de su apartado primero. Pero esta concesión se otorga con mantenimiento de los usos existentes, y realmente no se reconoce cuando tales usos no existen.
Pues bien, en el estado en que se encuentra la vivienda, ni existe ni puede existir uso alguno, y de aquí que cuando por fin se apruebe el deslinde no podrán acudirlos propietarios a la Administración en demanda de la concesión que legalmente les corresponde (y que el reglamento de costas manda que se otorgue de oficio en caso de no pedirla el titular del bien).
Es decir, que nos encontraremos ante una expropiación sin indemnización.
Califico esta situación de conjunto de inmoral y acuso de esta inmoralidad a los ingenieros de costas responsables porque puedo y creo que debo hacerlo. Los ciudadanos deben saber que estas cosas están sucediendo. No puedes empezar a resolver un problema si no sabes que existe ¿verdad?
por eso escribo.
José Ortega
ABOGADO
