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@abogadodelmar

Pasados ya casi cinco años de la reforma de la ley de costas, no está de sobra un repaso a su ejecución para comprobar si la reforma en cuestión se ha transformado en  la herramienta que se esperaba para normalizar la situación de los afectados y restaurar su dignidad, que a mi juicio había resultado maltratada  en la virulenta etapa de Cristina Narbona (con sus abusos y su furia intratable, Narbona fue la auténtica madre putativa de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas).

Bajo mi punto de vista, el Partido Popular en el gobierno ha hecho dos cosas:

—Aprobar una reforma con errores técnicos espectaculares y tan brutales que parecen intencionados y con unas dosis de arbitrariedad y abuso que causan espanto (me refiero al vergonzoso tratamiento especial de Formentera).

—Aplicar lo que podríamos calificar de cierta benevolencia difusa, absteniéndose de nuevos derribos (en especial en la castigada tierra canaria).

Esto es todo lo que ha dado de sí el esperado  (por los afectados) cambio de gobierno. Pero por lo demás, tal como lo veo yo, los ingenieros de la secta-bunker siguen mandando y abusando.

Muchas veces he propuesto en público la comparación de una banda de ladrones que proceden a desvalijar un piso estacionando un camión de mudanzas en doble fila a las doce de la mañana para explicar el expolio legalizado que opera la ley.

El clásico de estas situaciones es la pérdida de la propiedad derivada de un deslinde. Como se sabe, el Tribunal Constitucional , en su ya clásica sentencia 149/91, reconoció que esa situación merecía el castizo nombre de expropiación forzosa. Por tanto, también se vio obligado a reconocer que resultaba imprescindible la correlativa indemnización con arreglo al artículo 33.3 de la Constitución, pero fue del parecer de que la previsión legal   del otorgamiento de una concesión administrativa era suficiente a efectos de  indemnización “en especie”. Esa indemnización, como los afectados saben, es la tristemente famosa concesión indemnizatoria de la disposición transitoria primera.1 de la ley de costas, que en su pretensión de que el valor de dicha concesión equivale al de la propiedad, armoniza de maravilla con el final de la novela de Orwell 1984 en su correlativa pretensión de que 2 + 2 = 5. Pero claro, el Tribunal Constitucional  no es un tribunal, ni forma parte del poder judicial. Si acaso se lo podría calificar de tribunal político, puesto que, como sabe todo el mundo, sus miembros son elegidos por ese palacio santificado de pureza individual, incorruptible nobleza de comportamiento y legitimidad democrática llamado Congreso de los diputados. Por tanto, su composición es una imagen a escala de, equilibrio de esa cosa llamada las fuerzas políticas. En resumen: Que la sentencia 149/91 es, a mi entender, la sentencia política dictada por un tribunal político.

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La reforma de la ley de costas, que fue publicitada hasta extremos sofocantes por el aparato de propaganda del gobierno como la gran solución, creo que habría que calificarla mas más bien de burlona e inaceptable  humillación colectiva para a unos propietarios ya suficientemente vapuleados. Como he dicho a menudo, la increíble cuestión es que la prórroga de 75 años de las concesiones no será gratuita. Las víctimas deberán pagar un canon que posiblemente igualará el 8% del valor catastral.

¿Será un exceso, o incluso un error, calificar de carteristas distinguidos, bandoleros caraduras y ladrones legales a los responsables de tan asombrosa situación? ¿Qué pasa si los llamo además delincuentes? ¿Por qué a  un muerto de hambre con alpargatas  que roba una gallina le cae la ley encima  pero una banda de diputados que roban miles y miles de propiedades pueden seguir brindando y recibiendo honores cada 8 de diciembre? ¿Resulta disparatado acusarlos del delito de integración en organización criminal?

Recordemos que incluso la desafortunada sentencia política del Tribunal Constitucional  retorció y pervirtió el derecho de propiedad hasta el extremo de imponer por la fuerza la ecuación propiedad = concesión. Pero lo que han hecho ahora los salvadores del partido popular es mucho peor y resulta simplemente indecente: Si el deslinde es una expropiación y la concesión es el precio que paga el Estado para indemnizar al particular, no es ni justo, ni normal, ni lógico, ni tolerable ni decente que el particular deba pagarle al Estado un canon como requisito para que el Estado pague al particular la indemnización  por la expropiación. Quizá venga a cuento la pregunta de quién paga a quién en realidad. 

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Las sardónicas y periódicas alusiones de Mariano Rajoy a las políticas pseudomarxistas de Venezuela y a la latente inclinación de Podemos con los modelos de ultraizquierda no se compadece con este panorama, en el que el propio Rajoy (Por favor, vamos a dejar ya atrás la superstición infantil de la separación de poderes: Las leyes las hace el Gobierno, y con la reforma de la ley de costas he tenido ocasión de comprobarlo personalmente) es responsable último de un caso masivo  de apropiación indebida por parte del Estado ante la que que habría de sonreír complacida a la momia de Mao-Tse-Tung si esto llegara a sus embalsamados oídos.

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Pero, incluso aunque parezca que eso significa ya un cumbre de desvergüenza propia de una dictadura comunista, el carácter insaciable de los ingenieros de costas va mucho más allá, porque estos amables camaradas están poniendo en práctica un plan tan descarnado como siniestro de coacciones más o menos veladas  para conseguir nada más y nada menos que los particulares hagan cesión gratuita de la servidumbre de tránsito. 

Sabemos:

—Que la inmensa mayoría de los terrenos de la servidumbre de tránsito están ocupados por edificaciones anteriores a la ley de costas que no pueden derribarse tal estar protegidas por la disposición transitoria cuarta de la ley de costas.

—Que el artículo 44.5  de dicha ley prohibe los paseos marítimos por la ribera del mar, y que la misma ley sugiere que su trazado discurra por la servidumbre de tránsito.

—Que, siendo privados los terrenos de la servidumbre de tránsito, la construcción de un paseo marítimo sobre ellos requiere su previa expropiación seguida de indemnización, pero esta vez aya no mediante el abstruso sistema de la concesión indemnizatoria, sino en metálico.

—Que desde el inicio de la ley, la Administración se lanzó a una oleada masiva de actos públicamente ilegales, sorteando la obligación de expropiar y pagar los terrenos de la servidumbre de tránsito mediante el procedimiento fraudulento de construir los paseos en la ribera del mar para a continuación alegar que el paseo había desnaturalizado el dominio público (radicalmente contrario a la doctrina del Tribunal Supremo de que el proceso urbanizador sobre terrenos de dominio público natural no priva a éste de su carácter, pero esa doctrina se aplica sólo a los ciudadanos, no a los semidioses impunes de la secta-bunker) y entonces fijar la ribera del mar en el borde exterior del paseo.

—que esa práctica fue denunciada en mi INFORME SOBRE APLICACIÓN ABUSIVA DE LA LEY DE COSTAS, presentado ante la comisión de peticiones de Parlamento Europeo en fecha 01.02.2008 junto con la queja que dio lugar a la declaración solemne del pleno del Parlamento Europeo d3 26.03.2009 condenando a España por abusos de la ley de costas.

—Que la disposición adicional  tercera de la ly 2/2013, de reforma de la ley de costas, cuando afirma que “la línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras administraciones públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la entrada en vigor de la presente Ley, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar” no es más que la definitiva legalización de ese fraude masivo. 

Pues bien, las más recientes políticas de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, quizá agobiada porque ya no puede hacer paseos en la ribera del mar.  se orientan a las grotescas iniciativas a las que me he referido. Mi primer contacto con un propietario al que la Jefatura de Costas le requería la cesión gratuita de su jardín para construir un paseo fue hace tiempo en San Pedro del Pinatar, durante el mandato de Doña Francisca Baraza. Pero después me ha tocado verlo de cerca en Altea, donde la Jefatura de Costas de Alicante ya ha conseguido el regalo  de amplios espacios.

No crean que en esta parcela los jefes y Jefes de Costas actúan como francotiradores sonados que nunca hubieran  leído la Constitución o que se creen  burócratas eficientes o comisarios políticos de un partido del color de la  sangre. Se limitan a ejecutar el mandato de un documento de la DG llamado Directrices para tratamiento del borde costero, aunque  también podría llamarse El Libro Rojo de Mao aplicado a las costas.

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Este documento, de forma sorprendente, pretende (o sugiere, según veremos) que la Administración deberá solicitar de los interesados la cesión gratuita del espacio de su propiedad sometido a servidumbre de tránsito a efecto de la construcción de paseos.

Esta directriz resulta claramente contraria al derecho de propiedad y entiendo que pretende sacar partido de la confusión que podría existir entre la obligación de tolerar el paso de terceros por la propiedad privada con la de ceder la misma o su efectiva posesión.

El documento contiene un claro impulso público a favor de la construcción de paseos marítimos y otros viales que se pueden considerar conceptualmente equivalentes: “Con respecto al tratamiento de itinerarios y senderos, enfocados a facilitar el tránsito peatonal y el disfrute del paisaje, la Dirección General de Costas desarrolla el Programa de Itinerarios y Senderos Naturales Litorales que se integra en la Red Nacional de Senderos Naturales y Vías Verdes, promovida por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, y cuyo objeto principal es habilitar el tránsito público peatonal a lo largo del litoral”.

El propósito del documento es la disposición de un pasillo para el tránsito público en toda la costa. Para ello se proponen los siguientes medios:

1. Liberación de las servidumbres de tránsito y protección que no se ajusten a la legislación existente en cuanto a su anchura y usos, y adaptación a aquellas disposiciones previstas por la Ley 22/1988 de Costas. 

2. Transformar y cualificar las servidumbres de tránsito y protección como auténticos espacios sociales de calidad, ambiental y de salud, dotándolas de zonas libres más amplias para destinarlas a espacios abiertos junto al mar o a la instalación de servicios y equipamientos públicos necesarios para los usuarios de la costa. 

3. Fomentar la peatonalización de los frentes costeros, facilitando el tránsito a pie por los mismos. 

Esto, sin duda, podría sentar las bases de una revisión de las autorizaciones de obras anteriores a la ley de costas a efectos del apartado primero de su disposición transitoria cuarta y con la intención de demoler obras anteriores a 1988 que hasta ahora han pasado por legales y pacíficas. 

A continuación el documento añade que

“Cualquier tipo de actuación de transformación de una fachada marítima urbana, deberá incluir al menos uno de los siguientes objetivos:

Eliminación, en lo posible, de las edificaciones y usos incompatibles con las determinaciones de la Ley de Costas en las servidumbres de tránsito y protección”.

Uno de los procedimientos que se establecen para conseguir los anteriores fines es el planeamiento urbanístico, mediante la oportuna negociación con los Ayuntamientos. El informe propone: “Suscripción de un protocolo o convenio entre la Dirección General de Costas y los Ayuntamientos (cuyo modelo tipo se recoge en el Anexo A), en el que se acuerde la eliminación de las instalaciones y edificaciones no ajustadas a las determinaciones de la Ley de Costas en las zonas de tránsito y protección, y su posible sustitución por otras destinadas a usos compatibles con ellas. Todo ello debe preverse en el instrumento de planeamiento urbanístico mas apropiado, y debe programarse dentro de su periodo de vigencia”.

Sin duda es fácil vaciar mediante el planeamiento los derechos transitorios de los vecinos titulares de terrenos en la servidumbre de tránsito. La autoridad urbanística sólo debe para ello justificar que la recuperación de la servidumbre de tránsito resulta conveniente a la adecuada ordenación del territorio y la fórmula ha sido empleada con éxito por la Dirección General de Costas en determinados casos en los que resultaba dificultoso o simplemente molesto asumir por sí misma determinados derribos (Puzol, 1986).

En otra parte, el documento afirma que “los proyectos de la Dirección General de Costas deberán incluir la previsión y programación de las actuaciones necesarias para conseguir la liberación efectiva de las zonas de DPMT, tránsito y protección, en los plazos contemplados en los instrumentos urbanísticos aprobados o en tramitación”. Esta determinación es importante porque condiciona la puesta en marcha de proyectos de obras a la efectiva liberación de esos espacios, y en particular de la servidumbre de tránsito. Ello significa que para la Administración la efectiva liberación de la servidumbre, con derecho transitorio o si él, no es negociable. Todo  proyecto de paseo marítimo llevará consigo la demolición de lo construido. Y a este efecto debe tenerse en cuenta que la ley de costas también condiciona la ejecución de obras a su inclusión en los correspondientes instrumentos de planeamiento, lo que hace congruente la anterior previsión de las Directrices.

El documento detalla de la siguiente manera la actuaciones a desarrollar en una situación como la de los clientes:

“1. GRUPO A: Remodelación de fachada urbana incluida en zona de servidumbre con usos no permitidos

Este tipo de actuación será aquella que se lleve a cabo en fachadas urbanas consolidadas con edificaciones o instalaciones en la zona de servidumbre, que no se ajusten a las previsiones de la Ley de Costas.

1. Requisitos previos para actuaciones del grupo A

Solo se podrán plantear actuaciones delante de fachadas consolidadas con edificaciones no ajustadas a la Ley de Costas en zona de protección, en casos excepcionales debidamente justificados con vistas a satisfacer los siguientes objetivos:

a) Habilitar y publicitar el tránsito público peatonal”.

Esta previsión insiste en que no se planificará ni ejecutará proyecto alguno en la costa que no incluya la habilitación del libre tránsito, entiendo que mediante la remoción de todo obstáculo existente en la servidumbre de ese nombre, y recordemos que aquí ya no estamos hablando de derechos transitorios, sino del impulso derivado de las obras públicas, lo que significa que serán demolidas todas las obras, tanto las legales como las ilegales, si bien el procedimiento y las condiciones podrán variar de un caso a otro.

“2. GRUPO B: Remodelación de fachada urbana no incluida en DPMT

Para la realización de las actuaciones de remodelación de fachadas litorales en tramos urbanos, y en la medida en que se realicen sobre terrenos que no estén incluidos en el DPMT, es preciso disponer de la certificación de cesión gratuita de los terrenos, privados o públicos, que sean necesarios, con objeto de su incorporación al DPMT, lo que se formalizará mediante la corrección del deslinde correspondiente”.

Como se ve, el documento establece que deberá procederse a cesión gratuita de los terrenos. La pretensión carece de toda base legal y resulta arbitraria, como veremos.

Mi opinión es la siguiente:

-Por un lado, la Administración puede establecer las directrices que tenga por convenientes sobre el tratamiento del borde costero, incluso asociando todo proyecto de futuras obras a la liberación de espacios del domino público marítimo terrestre y las servidumbres legales. Con arreglo a la Constitución, toda la propiedad del país está supeditada a los intereses generales y por tanto puede ser expropiada. Si las obras que ocupan las servidumbres legales deben ser demolidas por encontrarse en el caso del apartado primero de la disposición transitoria cuarta de la ley de costas, no será precisa la expropiación. En caso contrario, habrá que poner en marcha la ley y reglamento de expropiación forzosa lo mismo que se hace en otros casos.

-Por otro lado, resulta inaceptable la propuesta del documento relativa a cesión  gratuita de terrenos, privados o públicos, aunque con los siguientes matices:  En determinadas situaciones una Administración local hace a la de Costas cesión gratuita de determinado espacio. Por ejemplo, recientemente el Ayuntamiento de Bellreguard (Valencia) se vio obligado a retranquear el paseo marítimo porque se había quedado sin playa. La operación se hizo mediante cesión gratuita a la Administración del Estado de un vial público municipal sobre el cual se instaló el paseo marítimo retranqueado. No obstante, no cabe interpretar esta previsión en el sentido de que será la misma aplicable a los ciudadanos, al menos como una obligación, porque ello iría en contra del artículo 33.3 de la Constitución.

En consecuencia, constato que los ciudadanos, tras la cariñosa y benévola reforma de la ley de costas,  siguen o seguimos padeciendo la bota y el pisoteo  de la secta-bunker incluso en términos más duros que los que hubo que enfrentar en los tiempos de la intratable Narbona. 

Supongo que estoy muy influenciado por mis muchas y placenteras lecturas de Stephen King, pero se me ocurre que una de estas noches quizá el propio Mao transformado en zombie se presente en la Moncloa agitando torpemente una banderita roja a felicitar a Mariano Rajoy y  estrecharlo en un gran abrazo fraternal.

2018: HOLOCAUSTO FRENADO

enero 25, 2018

@abogadodelmar

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Playa de Babilonia en Guardamar

2018 ya está aquí, y con él ha llegado el final del plazo de las concesiones anteriores a la ley de costas. La antigua disposición transitoria decimocuarta del reglamento de costas de 1989 ya se descolgó con la salidita de que, puesto que el plazo máximo de concesión recogido en la ley era de treinta años, las otorgadas con anterioridad serían reducidas en su duración a treinta años a partir de la entrada en vigor de la ley de costas. De ahí la terrible fecha de 28 de julio de 2018, en la que se supone que tendría que sobrevenir el holocausto.
Esa disposición transitoria siempre me pareció una chulería intolerable del gobierno (o más bien de los ingenieros de costas autores del reglamento): Si el propio gobierno nos reconoce mediante concesión válidamente otorgada un derecho de ocupación que en la mayoría de las ocasiones lo era por plazo indefinido, no puede el mismo gobierno más tarde pisotear ese derecho por más Boletín Oficial del Estado que quiera utilizar a fin de proporcionar al despojo de una apariencia de legalidad. Recuerdo que la ley de costas no establece ninguna limitación de ese tipo y recuerdo también que todo reglamento se limita a ser una mera herramienta de trabajo para el desarrollo de la ley que no habilita al gobierno para introducir regulaciones nuevas, y mucho menos si son restrictivas de derechos individuales. El gobierno (los ingenieros de costas), actuando como una banda de malhechores, utiliza todos los privilegios a su alcance para privar a los ciudadanos de sus derechos de modo ilegítimo y sobre todo haciendo cuanto sea posible para tornar invisible el escándalo. En especial el BOE, porque si la letra impresa siempre ha ejercido una incomprensible fascinación en los humanos, el mero hecho de que esa misma letra impresa venga recogida en en el BOE tiene la dudosa cualidad de ponernos a (casi) todos a hacer el paso de la oca, sea lo que sea lo que haya escrito ahí.
Y sin embargo, el hiperdecente BOE, que debía ser espejo de lo que Kant definió como el deber ser de, también ha sido degradado al estado de herramienta para el robo, el hurto o la apropiación indebida, porque el Estado no puede limitarse a decirle al ciudadano es que resulta que me lo he pensado mejor y ahora creo que puede ser buena idea quitarle a usted la concesión porque me da la gana.
Perdamos el temor reverencial y el miedo cuasirreligioso a lo que aparece en el BOE: Los reglamentos los escriben y deciden los técnicos y los aprueba el Consejo de Ministros. No son más que decisiones administrativas, aunque adopten la forma de disposiciones generales y tiendan a confundirse con las leyes.
Y por todo eso, en aquellos años yo siempre exigía una compensación por ese corte súbito de derechos.
Con el tiempo, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas se presentó en el Parlamento Europeo para darles a los ingenieros de costas y al gobierno un susto más mortal que Freddy Kruger recién levantad de la cama, y como resultado se consiguió la reforma de la ley y un reglamento nuevo. Yo tenía la esperanza de una revisión de la desafortunada disposición transitoria decimocuarta de éste último. Como ya he dicho la redacción pretendía justificar la reducción a treinta años de las concesiones en el límite máximo de la ley de costas, fijado en treinta años, y como la reforma lo ampliaba a setenta y cinco, confiaba en una especie de regla de tres que transformara la reducción a treinta años en otra de setenta y cinco, o si acaso un poco menos para no abusar.
Sin embargo, ese cambio no vino. Lo que vino, en cambio, fue algo mucho mejor y por mi parte muy inesperado, como es la posibilidad de prórroga de estas concesiones. Así viene recogido en la actual disposición transitoria decimosexta y más específicamente en el artículo172 del reglamento de costas. O sea que el holocausto de 2018 muestra una agradable y bienvenida tendencia a no existir.
En estos días estamos trabajando desde el despacho para conseguir las prórrogas en las mejores condiciones, y también para sortear y resolver los problemas individuales derivados de tropiezos como por ejemplo un expediente de caducidad. La buena noticia de este derecho inesperado no debería conducir a los interesados a la euforia y sobre todo a la errónea creencia de que para obtener los resultados apetecidos es suficiente rellenar un formulario impersonal o una plantilla. La decepción causada por la ligereza, el atolondramiento y el exceso de confianza puede estar a la vuelta de la esquina.
En todo caso, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas puede sentir legítimo orgullo ante estos resultados. La grandeza de lo sucedido se expresa con sencillez si digo que miles de ciudadanos que ni si quiera saben quiénes somos se van a beneficiar de nuestro sacrificio, nuestra lucha y nuestro buen hacer.
En estos días la Plataforma es más que nunca un modelo de conducta y un ejemplo de éxito en la lucha de la sociedad contra el Estado

 

José Ortega, bogado

Fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

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@abogadodelmar

Puede que el 27 de octubre quede en la memoria colectiva como el día en que Parlamento de Cataluña proclamó la independencia y todo eso, pero para un grupo de cincuenta familias de Candelaria y para mí, la fecha tiene otro significado. Es el aniversario de una vergüenza  que tan bien retrata las miserias de ese corral tantas  veces pestilente que nos hemos puesto de acuerdo en llamar España, pero que también podríamos haber llamado Cueva de Ladrones, Cuna de Indignos  o Solar de Rufianes. En todos los casos me refiero a los burros y malnacidos de arriba, que abusan, humillan, roban y patean a los mismos ciudadanos que  tienen la generosidad de mantener sus lujos, sus caprichos y sus manías con madrugones, sacrificio, ahorro, esfuerzo y renuncia.

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Mari Brito, Ilustrísima Alcaldesa de Candelaria

No puedo decir grandes ni buenas cosas de mi país desde la racionalidad si pienso en la Ilustrísima Señora Alcaldesa de Candelaria, que hace un año expulsó de sus hogares de Bajo la Cuesta  a cincuenta familias sólo porque del acantilado se supone, se pretende, se dice y se asegura que un día cayó un pedrusco y le dio a un coche cuyo propietario no es conocido del barrio y cuya identidad todos ignoramos.

No, no puedo decir grandes cosas de mi país sólo porque la Ilustrísima Señora Alcaldesa también forma parte de él. Esta dama se empeñó en que la piedra supuesta y pretendidamente caída, la única que se sepa desde la ocupación del barrio en los años setenta,  era el indicio de un riesgo mortal que obligaba al desalojo masivo. La interesada  inundó el juzgado de lo contencioso administrativo con docenas de cajas de documentos en orden a obtener autorización judicial de entrada en los domicilios como eficacísima fórmula para que resultara imposible estudiamos antes de dictar resolución sin audiencia.  Hizo eso incumpliendo la obligación legal de reclamar previamente el desalojo voluntario.  Estuvo paseando por el barrio sin casco protector y sin temor a piedras, desprendimientos o avalanchas junto con otras autoridades ,  incumpliendo con ello su propia orden de prohibición acceso. Publicó un Decreto de ayudas para alquiler de las que quedaban excluidos quienes fueran propietarios de otra vivienda y por eso las negó a Ramón y Luci, dos de las personas más nobles y buenas que conozco, debido a que él es propietario de otra vivienda en Orense.  También denegó la ayuda a una chiquilla del barrio que no pudo acreditar el empadronamiento porque le había sido previamente  denegado por el propio Ayuntamiento como consecuencia de la prohibición de acceso que la misma Alcaldesa vulneró al pasear  por él tranquila y se supone que felizmente.

Hace un año, los vecinos dieron un ejemplo de dignidad y civismo (que no de sumisión) procediendo al desalojo voluntario y dejado tan perplejas aburridas a las nutridas tropas de Antidisturbios que habían sido enviadas al lugar, y aceptando resignadamente la nauseabunda humillación que se les imponía.

Estos hechos y actitudes de la Ilustrísima Señora Alcaldesa desbordan la simple discusión sobre su legalidad porque además de ilegales son inmorales y constituyen una bajeza inhumana y miserable (a efectos de prevención de querellas y represalias, no acuso a la interesada de ser inhumana o miserable. Sólo me refiero a sus hechos porque sé que ella es una persona extraordinariamente buena y generosa con un recto sentido de la justicia y una honestidad personal a  prueba de bombas).

Un año llevan viviendo en un campamento, como perros, buen número de  familias cuyo único delito fue  habitar en una comunidad armónica y feliz, con un extraordinario sentido de la fraternidad, en un espacio ambicionado por los tiburones de la construcción para edificar  allí una urbanización con un puerto deportivo.

Algo pasa en Bajo la Cuesta. Algo turbio y sucio. Llevo defendiendo a estas cincuenta familias desde septiembre de 2006 y puedo afirmar con orgullo que el barrio sigue en pie después de las órdenes masivas de derribo de 2007, lo que por cierto no pueden decir sus vecinos cercanos. En ese tiempo he formulado incontables reclamaciones judiciales que, con la excepción del primer recurso contra el deslinde, se han resuelto todas ellas desfavorablemente hasta convencerme de que da igual lo que les cuente a los jueces, porque tratándose de Bajo la Cuesta siempre me van a decir que no (Prevención de querellas y otras represalias: Con esto no sugiero que los jueces formen parte de una conspiración. Sólo describo una realidad).

Algo pasa en Bajo la Cuesta. Algo turbio y sucio. En los primeros años los medios de comunicación nos daban bola  y en cierto sentido difundían nuestra causa. Pero desde que en junio de 2015 fui al grano formulado denuncia en Fiscalía Anticorrupción basada en los planes secretos par urbanizar la zona, la deserción de periodistas amigos ha sido espectacular.

Que el Señor Todopoderoso y los interesados me perdonen (o no) por ser tan claro, pero aquí vienen unos nombres con sus respectivos apellidos (y en esta denuncia va implícita mi conformidad con la perspectiva de no volver a aparecer nunca más en los medios de la isla).

Uno de los periodistas tradicionalmente amigos, con quien sabía que siempre podía contar para exponer las injusticias que reiteradamente han sufrido los vecinos, es David Cuesta. Lo conocí en la rueda de prensa que di en el hotel Atlántida con motivo de la presentación pública de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas en febrero de 2008 y desde entonces siempre demostró  sensibilidad hacia el problema y bastante buen sentido,

Desde que me puse borde con los supuestos conspiradores no he vuelto a saber nada de él. Claro está que debe ser cosa de la empresa donde trabaja, no suya. Pero no es lo que hay. Hace un tiempo tuve la mala suerte de presenciar la  grabación de  una emisión de MIRAME TV sobre el problema.  Había una mesa con varios periodistas, entre ellos David y un señor  llamado Artiles. Me quedé como la cera al comprobar que sólo hablaba la Alcaldesa y cuando quise escribir un comentario público en el video, vi que no era posible porque los comentarios estaban inhabilitados.

Ved esta entrevista y juzgad cuánto ha cambiado este muchacho, o cuánto lo han hecho cambiar, lo que para el caso es lo mismo.

Otro amigo periodista repentinamente enmudecido es Alexis Castillo, de Radiocadena Canaria, que tuvo la delicadeza de llevarme a su programa nada más desembarqué en el barrio, y que desde entonces había servido a la causa de la verdad en varias entrevistas con un servidor.

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Alexis Castillo

Lo mismo. Desde que les metí el dedo en el ojo a los futuros urbanizadores de la zona es imposible hablar con él.

Durante todos estos años recibía periódicas llamadas de una periodista de La Opinión de Tenerife llamada Yurena. Cada tres o cuatro meses me preguntaba  por novedades en Bajo la Cuesta, hasta que en el verano de 2015 (recién presentada la querella en Anticorrupción) me comunicó que quería hacerme una entrevista muy extensa para dar a conocer todos los detalles del tema y me pidió que le enviara un borrador con mis puntos de vista para que después ella le diera el formato. Es la última noticia que he tenido de esta profesional.

Pocos días después, en conversación con un colega suyo de otro medio,  (y aquí sí que reservo su identidad) le conté lo sucedido y me respondió  que la entrevista la publicaría él. Pero por lo visto a su empresa no le interesó porque nuevamente no llegué a saber nada del tema,

Todo esto se lo comenté a cierto periodista de confianza de TVE, responsable de cierto programa de medio ambiente con el que he colaborado varias veces. Su respuesta: Que no podían publicar nada sobre Bajo la Cuesta porque están sometidos a tales niveles de censura que la menor insinuación de crítica en algún contenido implicaba que no se emitiera.

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Pablo Matos

Algo pasa en Bajo la Cuesta. Algo turbio y sucio. La actuación de los políticos ha sido tan decepcionante  como cabía esperar. Durante la campaña electoral que condujo a la primera victoria de Rajoy, el diputado local Pablo Matos se reunió con los vecinos para prometerles que si el PP ganaba su problema estaba resuelto. No sólo no cumplió, sino que dejó pasar con olímpica indiferencia las oportunidades que tuvo de ayudar sólo un poco.

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Presidente Clavijo

Con el Presidente Clavijo tenía una audiencia el 30 de agosto de 2015. No pude asistir porque un medicamento me estaba produciendo tal insomnio que el agotamiento me había dejado inhabilitado. Pero el Presidente dijo que no pasaba nada, que repetiríamos en tres meses. Pues no.  Después me llegó que accedía a un encuentro conmigo en Madrid. Tampoco. Le pedí por escrito que, ya que quería ayudar, su gobierno clonara mi solicitud de replanteo del deslinde y mi solicitud de revisión de oficio. No contestó. Le pedi también que su gobierno cumpliera con el antiguo compromiso de reparar el acantilado. No contestó.

Esto, amigos y amigas, es España: un país donde no hay ni justicia ni humanidad porque una cuadrilla de desalmados y farsantes lo impiden. Mis buenos amigos de Bajo la Cuesta han alcanzado el increíble milagro de la invisibilidad y no tienen derecho a nada: No pueden acudir a los jueces y tribunales porque responden que no a todo (anuncio, por cierto, un monográfico muy intenso). No pueden acudir a la prensa porque los silencia. No pueden acudir  los políticos porque hacen honor a su fama y hablar con ellos  es (parafraseando a Arthur Conan Doyle) como hablar con luna hilera de almohadones.

Bajo la Cuesta era un espacio feliz donde personas sencillas y buenas disfrutaban viviendo en comunidad. Sacaban café y pasteles para todos a la calle, hablaban y bromeaban. No pedían más. Eran una comunidad armónica y en paz.

Ahora unos cuantos imitan a los refugiados de guerra en el campamento y el resto han sido dispersados. Y esto no va de cuatro paredes y un techo, sino de comunidad y calor humano. De la misma forma que una casa no es un hogar, un apartamento en Igueste no puede compensar las carencias emocionales de y el daño moral causados a personas muy queridas para mí, como Carmen Rosa.

Espero y ansío que los responsables de esta situación lo paguen algún día.  Sólo con que experimentaron una pequeña fracción del dolor que han causado, ya sería bastante. Y me refiero no sólo a los actores principales, sino también a los cómodos, los cobardes, los insolidarios y los volubles.

Si España sólo fuera esto, me haría catalán y me pondría a hacer el capullo con una estilada. Pero, como escribió Vincent Van Gogh en un carta a su hermano Theo, la patria son las cosas cotidianas,  donde incluía “esas chicas que se cruzan contigo y sonríen“. Y yo añado que también lo son las personas que comparten su bondad y sencillez como mis amigos de Bajo la Cuesta, y añado que la España que merece la pena somos los de abajo.

Como podéis comprobar, la España de la que hablo nada tiene que ver con la racionalidad. Es un sentimiento. Por eso sigue y seguirá siendo bonito incluso a pesar de los desgraciados que aparecen en primer término en la foto.

José Ortega

Abogado

http://www.costasmaritimas.es

 

 

 

 

 

 

BREAKING BREXIT

julio 16, 2017

‭@abogadodelmar

This article is dedicated to all British expats in Europe who are experiencing unfair problems and having their lives disrupted by uncertainty due to the BREXIT vote.

Although it may seem that the dice is cast and there is no solution I personally do not believe so, and here is why.

As a lawyer, I am used to defending difficult cases which seem to have exhausted all legal avenues but I always find the way round.

Here are a few examples:


Puertito de los Molinos-A little village called EL PUERTITO DE LOS MOLINOS, in Fuerteventura in the Canary Islands where the Spanish Government had decided to demolish the whole village. The local lawyers had exhausted all legal possibilities and villagers were about to have their houses demolished. only. But they called me for help and I managed to stop all demolitions, even at the critical moment in when the demolition team and the bulldozers were on their way. Only one proprietor rejected my help as he reckoned he had a good lawyer in Madrid: His house was the only one being demolished.

This event took place in 2007 and local lawyers are still wondering how I managed and which was my method.

-A year later, in December, 2008 I also stopped the demolition of a house owned by humble people in Pontevedra, Galicia, in northern Spain. The local lawyer also said that no solution was possible. I stopped the demolition and the family are still happily living in the house.

-Given that in Spain many proprietors are affected by coastal law, in January 2008 I launched a NATIONAL platform For THOSE AFFECTED BY COASTAL LAW.

I wrote a report on the Spanish government ‘s abuses in the practice of coastal law, and on 01.02.08 I presented a petition before the committee of European Parliament for a complaint against Spain based on this report.

On 26.03.2008 I gave a press conference to international media. THE ECONOMIST and BBC radio were present amongst others. Throughout the month of April 2008 Associated PRESS distributed my work to several newspapers around the world, including New York Times.

In 20.01.2009 I spoke before the petitions committee in the European Parliament. Watch the video here:

As a result, in 26.03.2009 the European Parliament approved a plenary resolution in accordance with my complaint, even requesting changes in Spanish law.

Here are some example of international media reporting my work:
GERMANY

UK

GERMANY

Finally, in 2013 the Spanish government did change the law.

-In 2013 a Scottish oil company called CAIRN ENERGY tryed to install oil drill plataforms in the gulf of Valencia, in a location between Valencia and the Balearic Islands. As the lawyer for the fisheries organizations in the area of Valencia, I organized the defence against the setting up of the oil rink. This included a demonstration, social activism and legal work.

The activists in Ibiza took me as their leader and I published in the above blog the defence writings for the case, and thousands of petitions were signed.

The fight was specially difficult since the Spanish Minister for Industry was sided with CAIRN. Even so in July 2015 the company gave up their plans and retracted.

In 2016, after twelve years of fighting, I obtained the closure of the biggest water treatment station in Spain due to it being harmful to health. I faced many obstacles before obtaining official information and documentation in order to prepare this complaint because public authorities were actively trying to prevent access to the information. However, I still won the case.

Here is a summary of several of my public interventions:

So if you are concerned about the effect of BREXIT on your life I can tell you that this case is close to my heart because my only sister is married a Brit and has lived in the UK for 26 years. Since the referendum, she is unable sleep due to the uncertainty she feels about her future.

After finding out about the conditions under which the referendum was celebrated, I can honestly say that I know exactly and precisely what to do to invalidate it. Naturally, I cannot reveal my methods here but I am totally confident I can achieve a positive result just as I have done in the wrongly-presumed impossible cases named above.

I will, however, say that the key is the POLITICAL PARTIES, ELECTIONS AND REFERENDUMS ACT, 2000.

My method is, of course, based upon conventional legal ways, but also needs media support, such as the setting up of a citizens platform movement.

In order to obtain the correct media support, the complaint should be supported by dozens of thousands of British in the UK and in Europe.
So, if BREXIT is a threat to your happy life in Europe and you have faith in my experience and my know-how in solving the problem, please leave a comment expressing your readiness to form part of a huge collective complaint and send an email to costasmaritimas03@gmail.com.
Thank you,

José Ortega

lawyer

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José Ortega

ABOGADO

Derecho de costas marítimas 

Plaza Mariano Benlliure 21, El Puig 

46640 Valencia 

TF 961471097

http://www.costasmaritimas.es

@abogadodelmar

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Calblanque’s beach

Many in Cartagena remember that in the early eighties a German society that had bought the land along with the extraordinarily beautiful, surprisingly virgin and pleasantly lonely beaches of Calblanque, attempted to build there a gigantic urbanization.

They will also remember that only with much effort and social protest became possible to stop the sinister initiative that would have ruined the environment, and additionally t the area was declared a regional park, which was supposed to guarantee its definitive protection.

I believe that this was a setback for the company, called Costa Paradiso SA, that which had been set up not long before, it seems that with the sole intention of mounting its disturbing urbanization. It was this fix idea that should have moved them to buy a good collection of rustic plots in the area. There may be those who enjoy investing in a piece of mountain just to tell lizards, but it is unlikely that this is the case of a group dedicated to the tourist business and owner of hotels around the world.

Costa Paradiso had no choice but to resign to managing misery, and their surprising reaction was to lease the old country houses that were included in the land and grouped in the nuclei of Las Cobaticas And La Jordana. It is not that renting properties should cause surprise. The point is that, although the contracts alluded to the rental of houses, their real object was the bundles of boulders and some master wall that formed the ruins of what in the past had been country houses. In fair correspondence, the agreed rent was strikingly modest. The brave ones who dared to sign these contracts needless to say that the next day were crawling with the cement, because it was they, the tenants, who built the houses. Then, at their expense, they brought to both villages the electricity.

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Teymour Sammy

One of the most important characters of this story is Teymour Sammy, a genetic cross of Iranian and German and striking example of counterculture, who used to ride on the back of his horse Sandino, sometimes half naked, sometimes covered only with a poncho and still others with a lion tamer jacket like the one worn by John Lennon. Sammy was the strong man of Costa Paradiso. It was he who signed the contracts on the rocks and over time became, even in his extravagance, a good friend of the tenants and a very beloved character that while lived was a dam of contention against any change in the status quo. In fact, he was a neighbor more because he lived in one of the houses.

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Sandino

One day, somebody came to his house and found the door closed. He called but Sammy did not answer. He crossed the facade peering through all the windows until through that of the bedroom he saw that on the bed was a bundle completely covered with green flies. It was Sammy’s dead body. The result of the autopsy was overwhelming: Death by overdose. Great and perhaps foreseeable conclusion considering the character of the dead, except for the small detail without importance that, in saying of who knew him well, Sammy did not take drugs.

A time passed. The neighbors paid the rent in the account of the society and continued with their life. But everything changed a few years ago, with the strange and to my seem inexplicable advent of…

 

…CENSURED!!!

 

 

 

 

@abogadodelmar

Muchos en Cartagena recordarán que a principios de los ochenta una sociedad alemana que había comprado los terrenos junto a las extraordinariamente hermosas, sorprendentemente virginales y agradablemente solitarias playas de Calblanque, intentó construir en ellos una gigantesca urbanización. Recordarán también que no sólo con mucho esfuerzo y protesta social se consiguió no sólo frenar esa siniestra iniciativa que habría arruinado el entorno, sino que la zona fue declarada parque regional, lo que se supone que garantizaba su definitiva protección.Supongo que esto fue un revés para la sociedad en cuestión, a la sazón llamada Costa Paradiso SA y que se había constituido no mucho tiempo antes, parece que con la única intención de montar su perturbadora urbanización. Fue esa idea fija la que que debió moverlos a comprar una buena colección de parcelas rústicas en la zona. Puede que haya quien disfrute invirtiendo en un buen trozo de monte sólo para contar lagartijas, pero es improbable que éste sea el caso de un grupo dedicado al negocio turístico y propietario de hoteles en todo el mundo.

Con la zona blindada frente al ladrillo, a los interesados no le quedó más remedio que resignarse a administrar la miseria, y su sorprendente reacción fue dar en arrendamiento las antiquísimas casas de campo que estaban incluidas en los terrenos y agrupadas en los núcleos de Las Cobaticas y La Jordana. No es que arrendar inmuebles deba causar sorpresa. La cuestión es que, aunque los contratos aludían al alquiler de viviendas, su objeto real eran los ramilletes de pedruscos y alguna pared maestra que conformaban las ruinas de lo que en el pasado habían sido festivamente casas de campo. En justa correspondencia, la renta pactada era llamativamente modesta. Los valientes que se atrevieron a firmar esos contratos ni que decir tiene que al día siguiente estaban arremangándose y trajinando con el cemento, porque fueron ellos, los arrendatarios, quienes construyeron las viviendas. A continuación, y a su costa, trajeron a ambos poblados el suministro eléctrico.

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Teymour Sammy

En esta historia resulta clave el personaje más pintoresco que se pueda imaginar. Se trata de un tipo llamado Teymour Sammy, cruce genético de iraní y alemana y llamativo ejemplar de contracultura, que se paseaba a por la zona a lomos de su caballo Sandino, a veces medio desnudo, otras cubierto sólo con un poncho y otras aún con una casaca de domador de leones como la que solía llevar John Lennon. Sammy era el hombre fuerte de Costa Paradiso. Fue él quien firmó los contratos sobre los pedruscos y con el tiempo se convirtió, incluso en su extravagancia, un buen amigo de los arrendatarios y un personaje muy querido que mientras vivió fue un dique de contención frente a cualquier cambio en el status quo. De hecho, era un vecino más porque se había reservado una de las casas.

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Sandino

Un día, después de Sammy llevase algún tiempo sin dar señales dIda, alguien fue a su casa para interesarse por él y encontró la puerta cerrada. Llamó pero Sammy no respondía. Extrañado, recorrió la fachada atisbando por todas las ventanas hasta que a través de la de su dormitorio vio que sobre la cama había un bulto completamente cubierto de moscas verdes. Era el cuerpo muerto de Sammy. El resultado de la autopsia fue contundente: Muerte por sobredosis. Estupenda y quizá previsible conclusión teniendo en cuenta el carácter del muerto, salvo por el pequeño detalle sin importancia de que, al decir de quién lo conocía bien, Sammy no probaba las drogas.

Transcurrió un tiempo en el que el estupor convivió con la paz. Los vecinos ingresaban la renta en la cuenta de la sociedad y continuaban con su vida. Pero todo cambió hace unos años….

EL RESTO DE ESTE ARTÍCULO HA SIDO CENSURADO

 

 

 

 

@abogadodelmar

 

EL PARQUE MÓVIL DE OCEANA

febrero 10, 2017

@abogadodelmar

La nueva legislación de la UE sobre prohibición de descartes, que en mi opinión es un fraude y una bestialidad contra el medio ambiente, fue presuntamente inspirada por una asociación mundial de industriales llamada IFFO a fin de conseguir supuestamente un flujo de materias primas prácticamente gratis. 

Cierto e indudable es que la campaña fue apoyada de forma entusiasta por Greenpeace y Oceana, que parece ser también una asociación “ecologista”. Los primeros están bajo sospecha de trabajar para Rokefeller, y sea o no cierto me sorprende que nadie de sorprenda (valga la redundancia) que estos nenes se hayan transformado con sus al menos  dos embarcaciones, en prósperos navieros sólo un poco más humildes que Onassis.  
Yo de Oceana, cuyas apetencias tan claramente  coinciden con las de los lobbies industriales,  sé poco o nada pero tampoco tengo ni un poco de curiosidad. Ahora bien, parece que al igual que sus primos de Greenpeace estas dulces criaturas  nadan en la abundancia. Lo digo porque de manera estrictamente fortuita acabo de pasar junto a este insignificante utilitario de segunda mano. Preguntad a los auténticos ecologistas de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN o ACCIÓN ECOLOGISTA AGRÓ a ver donde está su flota marítima o su parque móvil de cuatro ruedas.

  
Cómo me gustaría que hicieran una auditoría rigurosa a esas dos dignas y al parecer multimillonarias asociaciones “ecologistas” y que todos pudiéramos saber de dónde proviene su antinatural e inaudita prosperidad.

José Ortega

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