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DIARIO EL COMERCIO

Villaviciosa

«La anulación del deslinde de la ría beneficiará a toda España»
El abogado José Ortega se felicita por el fallo y confía en que la reforma de la Ley de Costas llegue antes de que se apruebe un nuevo límite en la ría de Villaviciosa
27.05.12 – 03:39 –

LYDIA IS | VILLAVICIOSA.

«La sentencia de la Audiencia Nacional que anula el deslinde de la ría de Villaviciosa abre una pequeña vía a todos los afectados españoles por la Ley de Costas». Así lo asegura José Ortega, uno de los fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados y el abogado que defendió ante los tribunales la demanda que han ganado dos propietarios maliayos. «Han sido muy afortunados porque es muy difícil, que la Audiencia dé la razón a los vecinos; hay que valorar el criterio del magistrado, esta sentencia tiene una importancia muy grande», añade.

No en vano, se ha conseguido que el deslinde de la ría de Villaviciosa, aprobado en 2010, quede anulado por un defecto de forma. En concreto, porque el expediente ya había caducado, algo que convierte el caso maliayo en pionero. Nunca hasta ahora se había anulado un acuerdo de ampliación del plazo de tramitación. Según explicó Ortega, «la Administración está acostumbrada a tramitar en plazos de doce o quince años, cuando la ley establece que son veinticuatro meses, y hasta ahora la Dirección General de Costas llevaba a cabo una práctica ‘corrupta’ en la que se ‘olvidaban’ de aportar los acuses de recibo de las notificaciones para lograr ampliar los plazos y que los tribunales lo permitieran pese a no cumplir ningún requisito».

El letrado se muestra muy crítico con la anterior directora general de Sostenibilidad de la Costa, Alicia Paz, y aseguró que «solía concederse a sí misma la ampliación del procedimiento, cuando lo establecido es que debe autorizarlo su superior». Sin embargo, Ortega alaba la predisposición a atender al colectivo del actual responsable del área, Pablo Saavedra Inaraja, con quien mantuvo una reunión hace dos semanas. «Hay sintonía para moderar la definición de zona marítimo-terrestre e incluir específicamente a los porreos en la ley para que queden liberados de los deslindes», apunta. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, prometió hace unos meses reformar la Ley de Costas y Ortega cree, que aunque la sentencia de la Audiencia Nacional devuelve el procedimiento al punto inicial, «lo más probable es que la nueva ley entre en vigor antes de que la Administración central pueda aprobar un deslinde nuevo». De esta forma, el beneficio para Villaviciosa sería definitivo. Y a eso se agarran los afectados, que consideran que la Administración no puede quitarles sus propiedades, repartidas en 3.408 metros en la margen derecha de la ría.

19 particulares afectados

El deslinde afecta a 19 particulares, entre los que se encuentra la Sociedad Valle Ballina y Fernández, propietaria de El Gaitero. A pesar de que en su caso cuenta con un informe favorable de los técnicos del ministerio para el recurso administrativo, la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado en su demanda. «La sentencia tiene un valor de precedente muy importante, pero no sólo para Villaviciosa, si no para toda España, que va a verse beneficiada», reitera Ortega. El abogado lleva varios años discutiendo en los tribunales la forma en la que se ampliaban los plazos sin observar los requisitos legales.

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Cuestiones muy tontas de la servidumbre de protección

Lo que saben los ciudadanos de la servidumbre de protección es que es una franja de terreno en la que no se puede construir nada nuevo ni ampliar lo construido. Cada uno de los conflictos originados en torno a ella tiene que ver con el derecho a construir y sobre todo con el derecho a reformar, que padece una frontera borrosa entre lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Lo que creo que muchos ignoran es que en la servidumbre de protección el uso residencial está prohibido. Sí, prohibido. Significa que no puede haber nadie viviendo en ese espacio. Podrá haber talleres de reparación de automóviles, expendedurías de carne de caballo o farmacias, pero no viviendas.
¿Cómo es, entonces, que todo el mundo continua viviendo en sus casas a pesar de que se encuentren en esa franja de protección? Merced a los derechos transitorios recogidos en la ley de costas. De la misma forma que se toleran los edificios construidos legalmente antes de su entrada en vigor, también se toleran los usos residenciales cuando eran anteriores.
En cierta ocasión me tocó defender a un colectivo de casi mil familias enfurecidas porque una obra pública en Bellreguard había dejado las torres de primera linea dentro de la servidumbre de protección. En aquellas fechas se había prendido fuego en Madrid al edificio Windsor y en las asambleas se consideraba con horror la posibilidad de que alguna de las torres sufriera un siniestro similar y hubiera de ser demolida, en cuyo caso, con arreglo a las disposiciones transitorias de la ley de costas, ya no podría ser objeto de reconstrucción. Pero eso no era exactamente así. De forma sorprendente, la ley sí que admite la reconstrucción de esos edificios, pero no la continuación de su primitivo uso residencial, puesto que la demolición habría roto el vinculo con una situación anterior a la ley de costas y por tanto con el derecho transitorio. En tal caso, entraría a aplicarse con toda su gloria y todo su esplendor la prohibición de uso residencial. La ley, entonces, no rechazaría que los edificios se destinaran a oficinas, por ejemplo, pero definitivamente dentro de ellos no se podría pernoctar, hacer la cena o ver la tele (por supuesto nada de sexo).
Reconozco que en España sabemos hacer muchas cosas además de servir calamares a la romana, pero esas otras cosas ocupan un espacio modesto en el PIB si lo comparamos con el turismo, cuyos componentes fundamentales son efectivamente dichos calamares a la romana, el sol y las tumbonas. Por cierto que el turismo es la única actividad económica que no debe temer a la deslocalizacion. Había una fabrica de Nokia en el Reino Unido. Daba trabajo a muchas familias y todo iba bien hasta que un día decidieron cerrarla y salir pitando para Rumania porque allí era más barato producir. Los rumanos se pusieron tan frenéticos de alegría que incluso pusieron una vía férrea especial para la nueva fábrica. El otro día escuché en la BBC que Nokia había decidido cerrar la planta y trasladarse a donde podéis imaginar, es decir, a ese país tan comunista como capitalista llamado China, y habían dejado a los rumanos pasando la mano por la pared.
Esto es algo que no puede suceder con el sol ni con la playa, lo que confirma la necesidad de que nuestra patria afiance un negocio turístico que siempre se a a quedar aquí. Resulta evidente que en el presente contexto de recesión económica esa necesidad se centuplica e imagino que ésta es una buena causa de que el Ministro Cañete haya decidido flexibilizar la ley de costas para permitir más negocio en las playas.
Pues bien, atendamos ahora, queridos amigos, al dibujo teórico del litoral que quiere la ley de costas: Dentro del dominio público los usos residenciales están prohibidos, pero también lo están en una franja de cien metros situada a continuación. Digo cien metros, y digo bien porque la servidumbre de protección de veinte metros es excepcional y también obedece a derechos transitorios que aquí seria algo latoso explicar.
El dominio público carece de anchura fija, pero puede extenderse profundamente al interior. En La playa de El Saler, por ejemplo, puede alcanzar unos doscientos metros de anchura, y he visto una línea en Lanzarote bastante más al interior. Sumemos a ello los cien metros de la servidumbre de protección y tendremos una imagen de lo que los padres de la ley de costas querían para nuestro litoral: Que no hubiera alma humana que pudiera vivir en una media de doscientos metros de la orilla. A margen de la bondad medioambiental de ese esquema, la pregunta es si eso es algo que tenga sentido en un país que vive o pretende vivir del turismo.
Ved nuestras costas. Vedlas saturadas de construcciones hasta el borde del mar. Ved cómo la densidad de población en primera línea supera a la de cualquier otro segmento del territorio ¿no percibís un nuevo y adorable ejemplo del foso entre la España oficial y la España real? ¿Quién diría que esas aglomeraciones urbanas y humanas se dan en un país que tiene prohibido todo uso residencial en los primeros doscientos metros de costa como media?
Puedo contaros algunas situaciones aún más singulares. Si tenéis una vivienda en servidumbre de protección ni se os ocurra acometer una obra concienzuda de reforzamiento de pilares, porque en el marco de la borrosa frontera a la que me he referido antes, os dirán que la obra está prohibida y os ordenaran (aunque esto sea arquitectónicamente imposible) volver a dejar los pilares en su primitivo estado de deterioro. El motivo es claro: el propósito de la ley es que estos edificios se vayan cayendo poco a poco hasta que en un momento idealizado del futuro toda la anchura fe la servidumbre de protección se transforme en un prado, un arenal o un pedregal que se asemeje lo más posible a su estado en lo tiempos de Adán y Eva.
Pero entretanto los que están delante, es decir, los que han conseguido la concesión de la disposición transitoria primera, apartado primero, habiendo consolidado su derecho a permanecer no ya en la servidumbre de protección sino en el dominio público, podrán desde luego reforzar pilares, reconstruir sus muros perimetrales y todo lo que sea preciso para ejercer su derecho a permanecer viviendo en aquel edificio durante los próximos sesenta años.
¿Percibís la absurda contradicción? Los edificios situados en el dominio público, en un suelo que con razón o sin ella pertenece a todos, podrán ser reformados, reforzados, adecentados y reconstruidos, mientras que los situados sobre propiedad privada aunque sujetos a la servidumbre de protección deberán experimentar una decadencia forzada hasta que sus habitantes se vean obligados a escapar de allí por miedo a que el techo se les venga encima y hasta que acto seguido sobrevenga la total y definitiva ruina. Así nos encontraremos con un paisaje surrealista en el que el proteccionismo del Estado habrá dado lugar a una florida y pujante primera línea de viviendas sobre la arena a cuya espalda, en una extensión de cien metros, se extenderá un baldío pelado y solitario.
No sé si esto es lo que había en la cabeza de los señores y las señoras que inventaron la ley de costas, pero no cabe duda de que es la consecuencia de sus pensamientos.
Por eso he pedido al Director General de Costas que al redactar la reforma tenga en cuenta esta situación, se pregunte si un país que vive del turismo en la playa puede mantener la prohibición de uso residencial de la franja costera, y que actúe en consecuencia.

José Ortega
Abogado joseortega@costasmaritimas.es

Confieso que ya no esperaba esa llamada, pero se produjo. Finalmente el Director General de Costas responde a nuestra solicitud de audiencia para cambiar impresiones sobre la reforma de la ley de costas. Aún así soy escéptico porque estoy acostumbrado a los pases de pecho de las autoridades que reciben por escenografía, te torean con paciencia y se olvidan de ti tan pronto sales de su despacho. Me he acostumbrado a esa situaciones pero vuelvo a meterme con José Pedro, el Presidente de la Plataforma, en el recinto sagrado a ver qué pasa.
Y lo que pasa es que me encuentro con un joven Director General, flanqueado por dos asesoras, que nos tratan con el respeto y nos escuchan con la atención que creo que merecemos. No veo aquí traza de fingimiento y compruebo con sorpresa que esta vez la cosa va en serio.
Después de hacer una breve y creo que innecesaria introducción sobre quienes somos y qué hemos conseguido, Pablo Saavedra me dice que estamos aquí para hablar de la reforma y José Pedro y yo podemos ver en sus manos y en las de sus asesoras las copias de nuestro proyecto de ley, bastante subrayado y por lo tanto estudiado. Saavedra propone que vayamos estudiando y comentando articulo por articulo y eso es lo que hacemos, con más o menos el resultado que a continuación expongo.
Modificación de la definición de zona marítimo terrestre para recuperar la que fue buena durante ciento ocho años, referida a temporales ordinarios. No hace falta que os cuente los argumentos, ya los he expuesto cien veces y los tenéis en los vídeos explicativos de nuestra propuesta (rueda de prensa de 20/05/2009 en Madrid y I Jornada de estudio de la ley de costas, Valencia abril de 2012). Hay acuerdo.
Modificación de la definición de playa para volver a la de 1969, que coincide con el concepto natural de playa. Esto implica que la duna deje de ser dominio público. Proponemos como ayuda que la duna continúe manteniendo una fórmula de especial protección que evite la construcción sobre ella y que por lo tanto se garantice el transporte eólico, pero sin ser demanial. Proponemos también, como fórmula de compromiso, la introducción en la ley de la limitación recogida en el reglamento de costas de que las dunas fijas que no tengan incidencia en la defensa de la playa y todo eso no tengan carácter demanial. Esto es necesario como mínimo, puesto que los tribunales no hacen menor caso del reglamento y dicen que, con arreglo a la ley, todas las dunas son dominio público. Hay acuerdo en el problema aunque se hace preciso buscar la redacción adecuada para darle solución.
Definición de la naturaleza, finalidad y límites del expediente de recuperación posesoria. Exponemos que este expediente sumario tiene por finalidad impedir las apropiaciones indebidas del dominio público, pero no es la herramienta debída para resolver situaciones complejas heredadas del pasado. Añadimos que es costumbre de los jefes de costas coaccionar a los vecinos diciéndoles que si no se defienden les perdonaran los gastos del derribo pero como se busquen un abogado y empiecen a escribir, tendrán que pagar esos gastos. Ponemos el ejemplo concreto de Crisol Santana Padrón, que nos había pedido ayuda para impedir el derribo de la vivienda tradicional de su padre y otros vecinos en el Barranco de la Ballena (Gran Canaria), pero tuvo que prescindir de esa ayuda porque los viejitos afectados habían sucumbido a las coacciones de costas. Recordamos además algunas otras cuestiones claves y sorprendentemente abusivas de este tipo de expedientes, que están causando mucho dolor en toda la costa pero especialmente en Canarias, además de exponer los ejemplos concretos de Florentina Mora en Soller (ved el video con mi intervención en el Parlamento Europeo en 2010) y la playa de Villarube (leed el post titulado El infierno de Vilarrube), donde el jefe de costas D. Rafael Eimil se presentó de madrugada e hizo salir de sus casas a los vecinos para derribar sus casas con carácter inmediato y sin autorización judicial. Proponemos que se aclare que para resolver situaciones complejas heredadas de momentos anteriores a la ley de costas deberá tramitarse un expediente por el procedimiento ordinario y con todas las garantías, del cual salga la decisión sobre si el destino del edificio debe ser el derribo o la concesión de la DT primera. Hay acuerdo.
En cuanto a la conveniencia de modificar el articulo 12 de la ley para que con cada expediente de deslinde se tramite una pieza separada de indemnizaciones, donde quede prefigurado a quien corresponde la concesión de la DT Primera a fin de que no se produzca nunca más la situación de limbo jurídico que todos conocéis, D. Pablo Saavedra me pide que ni lo comentemos porque el acuerdo es total.
En cuanto a la necesidad de que no puedan tramitarse expedientes de deslinde en zonas de costa regresiva debido a causas artificiales hasta que se hayan hecho obras para reponer la costa a su antiguo estado (situación de Moncofar, Almenara, Nules, Burriana, Belreguard, El Saler, El Brosquil, Guardamar, Vélez Málaga, Rota y otros muchos espacios de costa), el Director General entiende el concepto aunque considera que las medidas a adoptar son más técnicas que legislativas.
Hablamos a continuación de un tema un poco tonto y que pasa desapercibido, como es el hecho de que en la servidumbre de protección el uso residencia está prolhibido. Esto ni siquiera estaba en el texto de nuestra reforma porque había pasado desapercibido incluso para mi. Hablaré extensamente de esta cuestión en otra entrada de blog, pero desde luego entienden el problema y se toman nota. Esta nueva determinación la voy a incorporar a la segunda versión del proyecto de reforma porque me parece totalmente necesaría.
En cuanto al importante tema de las compensaciones por la pérdida de la propiedad, en nuestra propuesta habíamos escrito que deberían hacerse en dinero, aunque nos vemos forzados a reconocer que ni había tal masa de dinero cuando se aprobó la ley ni mucho menos la hay ahora. Por eso proponemos como fórmula alternativa la de alargar el plazo de las concesiones y garantizar su transmisibilidad. Recordamos que cuando el gobierno socialista ya intentó hacer transmisibles las concesiones con la ley de navegación marítima, los ingenieros de costas se enfurecieron ya que esto daba lugar a que estas concesiones tuvieran un precio de mercado y por lo tanto no pudieran rescatarse por calderilla, que es lo que tanto les gustaba hacer. Cuanto más prolongada en el tiempo sea una concesión, mayor será su valor de mercado y esto debería ser una fuerte barricada contra esos rescates que transforman la concesión en una trampa, como recordé en el Parlamento Europeo en 2010. Nos dicen que la transmisibilidad de las concesiones es algo que no admite discusión y lo otro lo entienden a la perfección. Hay acuerdo, aunque se deben estudiar la fórmula y la redacción adecuadas.
También cambiamos algunas impresiones sobre 2018 como límite de las concesiones anteriores a la ley de costas para usos incompatibles, lo que bajo mi punto de vista es un fraude.
Y ahora la cuestión importante: es muy difícil que los cambios en las definiciones del dominio público natural tengan efecto retroactivo, por lo que todo esto puede tornarse realmente inútil. Digamos que el Estado no ve claro deshacer lo que ha estado haciendo durante veinticuatro años con mucho esfuerzo y muchísimo dinero. Y como sólo queda un cuatro por ciento del territorio sin deslindar, vamos apañados. Incluso ese cuatro por ciento quedará cerrado antes de que se apruebe la reforma. En la provincia de Alicante, con mucho la que lleva más retraso, echan humo y están tramitando a toda velocidad.
El problema es de cuidado y no tiene fácil solución. Por un lado el gobierno reconoce que las definiciones de dominio público deben ser más modestas y menos expansivas, pero por otro estos cambios podrían no tener ni un poco de utilidad práctica, que es lo que nos interesa.
Pensaba en esto cuando salimos de la casa y mientras compartía con José Pedro un filete medio crudo enmarcado en un menú del dia de nueve euros, encontré una solución que creo que podrá satisfacer a todos. Por la tarde se la hice saber al Director General e imagino que la estudiará. La incorporaré a la segunda versión del proyecto de reforma y confío en que será la fórmula para que los afectados se quiten de encima el problema y el Gobierno no se vea en apuros. Perdonad que de momento guarde el enigma.
Cuando estuvimos en junio halando con el anterior Director General de Costas, la reunión duró más de tres horas y fue una autentica sesión de trabajo. Estábamos allí el Presidente de la Plataforma y yo para los primeros trabajos de comisión mixta, a fin de estudiar uno por uno los casos de la Plataforma y buscar una solución individualizada y dentro de la ley. Al término de la reunión el Director General nos agradeció la forma tan elaborada en la que le habíamos propuesto esas soluciones, cosa que le ayudará mucho. Comentó que todas las otras visitas que había tenido se habían limitado a sentarse, exponerle el problema y preguntarle cómo pensaba resolverlo.
Ayer pasó algo parecido. El Director General señaló que lo que tenia de nosotros no era una propuesta aislada o puntual, sino un proyecto de ley articulado y bien estructurado. Son estas cosas las que fabrican día a día el respeto hacia la Plataforma. Nuestra reputación tiene unas bases sólidas en el trabajo riguroso, no en proclamas o eslóganes. Es el mismo camino que iniciamos en enero de 2008, cuando en vez de salir a la calle a chillar o en vez de alquilar una página del diario El Pais, como pedían algunos, redactamos un informe serio, riguroso y contrastado sobre abusos, que como sabéis presentamos en el Parlamento Europeo el 1 de febrero de 2008. Es el mismo camino que seguimos en enero de 2009, cuando elaboramos la propuesta de enmienda a la ley de navegación marítima para impedir los derribos en Canarias, Galicia y el resto de la costa. Es el mismo camino que seguimos cuando, a vista de la petición de reforma hecha por el Parlamento Europeo, en lugar de alzar la voz exigiendo de forma inconcreta cambios en la ley, nos pusimos a escribir y redactamos el texto articulado que se estudió ayer. Es esa trayectoria lo que impulsó al Partido Popular a solicitar la ayuda de la Plataforma para redactar la reforma de la DT Segunda de la ley de costas que quedó aprobada en febrero de 2011 en el Senado. Debemos continuar trabajando de esa forma. Esto no es una cuestión de ideología: No hace falta ser del PP. No es una cuestión de amiguísmo: No nos han recibido por la intercesión de ningún intermediario. No es una cuestión de privilegios: Lo que estamos pidiendo es justo. Es una cuestión de fiabilidad, y en la Plataforma hemos conseguido fabricar esa fiabilidad sobre la base del trabajo, la honestidad y el rigor.
Antes de salir preguntamos al Director General si podíamos difundir la entrevista y su contenido y nos dijo que sí, siempre que no se generasen expectativas sobre posibles contenidos de la reforma. Por eso he escrito este post, que es fiel resumen de lo que sucedió ayer, de la misma forma que había escrito algún otro como el titulado Así fue lo de Martín Fragueiro.
Debo decir que siento mucho respeto hacia las personas que nos recibieron y escucharon, hacia su profesionalidad y su buen criterio. En estos meses los periodistas me han cosido a preguntas y siempre me he mostrado suspicaz hacia el contenido de la reforma que preparaba el Gobierno. Mi opinión ha cambiado después de ayer. Desde luego que puede volver a cambiar, pero en este momento estoy en condiciones de decir que las cosas pueden mejorar de forma efectiva y que la conducta inhumana que durante años hemos estado sufriendo tiene los días contados.

José Ortega
joseortega@costasmaritimas.es

NOTICIAS DE GUIPUZCOA
josé ortega abogado de la asociación española de afectados por la ley de costas
“Están creando mecanismos coactivos para lograr la sumisión del ciudadano con el Estado”

Ortega es el abogado que más demandas ha ganado al Estado en materia de Ley de Costas. Gracias a su labor, hoy se mantienen en pie varios pueblos enteros de Canarias que el Estado quería derribar. A pesar de sus éxitos, denuncia la precaria situación judicial que padecen los afectados

iraitz astarloa- Lunes, 30 de Abril de 2012 – Actualizado a las 05:28h

Donostia. Consciente de que el Estado gana el 99,9% de los litigios en materia de costas, Ortega continúa luchando contra la injusta situación que padecen 400.000 familias de todo el Estado. Su estrategia: que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admita los casos de estos millares de afectados, ya que “no se puede esperar nada” de los tribunales estatales.

¿En qué situación se encuentran ahora mismo los afectados?

Parece que puede haber una cierta moderación en la aplicación de la Ley de Costas, lo que no significa que se hayan paralizado los derribos. Se puede decir que se ha levantado el pie un poco del acelerador, pero sigue habiendo mucha gente que está en el corredor de la muerte.

¿Puede atribuirse este cambio de actitud al cambio de Gobierno?

Yo no lo achacaría directamente a eso porque el cambio de gobierno todavía tiene que notarse, se tienen que hacer con los cargos, con la situación… Además, en el último año de Gobierno socialista ya hubo un giro de 180º en la aplicación de la ley.

El pasado 9 de abril el ministro de Medio Ambiente informó de que la nueva ley de costas llegará antes del verano.

Eso es absolutamente imposible. Ahora mismo no hay un texto escrito conocido así, que a lo sumo se mandará al Parlamento un proyecto de ley. Ahora con la mayoría absoluta todo es más fácil y puede que el proceso sea más rápido, pero creo que dos años sería un plazo muy realista para que llegue la ley.

¿De qué manera va a afectar la nueva ley a las familias sometidas a la Ley de Costas?

Pienso que la nueva ley no va a cambiar nada ni va a hacer absolutamente nada por ellos. El Gobierno le va a dar una capita de barniz al tema, pero no creo que cambie absolutamente nada.

Así que el cambio no invita a ser optimistas.

El ministro dijo que va a facilitar la desafección -dejar de considerar de dominio público una zona así considerada- de las zonas degradadas, lo que puede provocar arbitrariedades. Entiendo que las zonas degradadas son aquellas que más urbanizadas están, es decir, barrios o grandes urbanizaciones que afectan a miles de familias. Las cuatro o cinco familias que viven en su casita, aislados, no viven en zonas degradadas porque están menos construidas, por lo que se va a producir un trato más favorable por el mero hecho de pertenecer a un grupo grande.

¿Tienen alguna posibilidad los afectados de ganar la batalla judicial al Estado?

Lo que se está produciendo en la Audiencia Nacional es un espectáculo. Te dicen a todo que no. Yo soy el abogado que más veces le ha ganado a Costas, quien más deslindes he conseguido anular y, con todo, el Estado está ganando el 99,9% de los litigios.

¿Qué ocurre con los Tribunales de primera instancia?

Primero, que te dicen a todo que no y luego, respecto a la calidad de la sentencia, dan la vuelta a tus argumentos, los despiezan, los descomponen, los separan de su contexto de una forma irritante en favor del Estado.

¿Cabe recurrir ante el Tribunal Supremo?

Desde hace tres años, en el Tribunal Supremo han decidido no admitir absolutamente nada a trámite por motivos estrictamente formales. Hemos llegado a una situación en la que no se están admitiendo recursos por escribir una coma en lugar de un punto. Estamos en un proceso en el que la administración de justicia se está disipando por los aires.

¿Qué ocurre con el Tribunal Constitucional?

Nos encontramos con que si ya era poca la subjetividad con la que aceptan las sentencias, desde 2007 se ha introducido un nuevo requisito, que desde mi punto de vista es una vergüenza enorme, para admitir los recursos a trámite. Entienden que para admitirla a trámite tiene que tener relevancia constitucional, es decir, te están diciendo que te pueden estar violentando uno o más derechos fundamentales de la persona y, a pesar de todo, no te lo admiten si no tiene especial relevancia en la interpretación de la Constitución.

¿Se enfrentan los afectados a alguna traba más?

Con la reforma de las leyes procesales se introdujo en concepto de la condena en costas, es decir, que si tú pierdes el procedimiento, donde antes no existía consecuencia económica alguna, ahora te condenan a pagar los honorarios del abogado del Estado. Esto en una situación en la que tienes un 1% o 2% de probabilidad de ganar el litigio se traduce en que están creando legislativamente mecanismos coactivos para lograr la sumisión del ciudadano contra el Estado, y esto es muy serio.

¿En que situación nos quedamos los ciudadanos?

No se puede esperar nada de los jueces en este país. El Estado se está convirtiendo en una especie de vaca sagrada y lo que están haciendo los tribunales es que no haya capacidad de reacción por parte de los ciudadanos contra el Estado. Se está produciendo una sumisión-resignación entre los ciudadanos y esto es absolutamente grave porque está haciendo peligrar la calidad de la democracia.

¿Esta situación va a prolongarse mucho en el tiempo?

Tengo la sensación de que en un plazo de 10-15 años esta situación tan extraña y tan injusta de los tribunales en España se va a tener que normalizar a consecuencia de la cascada de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

¿Es esta la última instancia que les queda a los afectados?

La gente cree que es otra instancia más, pero no. Es un convenio por los derechos fundamentales de la persona, por lo que yo lo que hago es, desde el minuto cero, vincular el litigio con el convenio europeo de derechos humanos porque, como en la vía judicial española no cabe esperar nada, la única opción es que este tribunal admita el caso.

Publicado en
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/04/30/sociedad/euskadi/estan-creando-mecanismos-coactivos-para-lograr-la-sumision-del-ciudadano-con-el-estado

Los afectados por la Ley de Costas critican que el Estado mantenga 14 inmuebles de El Golfo en un limbo

El portavoz de la Plataforma de afectados por la Ley de Costas y abogado de varios vecinos de El Golfo (Yaiza), José Ortega, asegura que el Gobierno central mantiene a las 14 viviendas y restaurantes que se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre en un “limbo jurídico” ya que no dicta el derribo ni legaliza la situación mediante una concesión administrativa.
Saúl García (ACN)
[Lunes, 23 de abril de 2012] [13.35]

Recientemente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento de Yaiza, defendido por Felipe Fernández Camero, y validó el deslinde marítimo terrestre aprobado por el Gobierno en 2006. Con esta sentencia, se hace en la práctica casi imposible, según Ortega, que los recursos que quedan por resolverse tengan un signo diferente.

Según el deslinde, 14 inmuebles queda dentro del dominio público marítimo terrestre (todos los que están entre la carretera y la costa) por lo que la propiedad pasa a ser del Estado pero puede otorgar una concesión, que se solicitó en enero de 2007 y que aún no se ha resuelto. El resto de edificaciones afectadas, dentro dela zona de servidumbre marítimo terrestre, “no se van a tirar de ningún modo”, según Ortega.

Este abogado señal que a esos 14 inmuebles, en situación de limbo jurídico, se les está sancionando por realizar cualquier tipo de obra, por necesaria que sea. Señala que si Costas concediera la concesión se acabaría esta situación y podrían seguir realizando la actividad que llevan a cabo en la actualidad, bien de restauración o como residencia.

Según Ortega, hay varias claves que explican que se haya llegado a esta situación. Por un lado, señala que Ayuntamiento, sobre todo al principio, cuando era alcalde José Francisco Reyes, “seguía el procedimiento en un ambiente de rivalidad y no de cooperación con los vecinos”.

Por otro lado, critica la actitud del consejero de política territorial del Gobierno de Canarias, porque en lugar de realizar un informe para aportar al procedimiento y determinar que dos tercios del núcleo poblacional eran urbanos antes de 1988, hizo una resolución administrativa, dando a Costas la oportunidad de recurrirla, y fue anulada, anticipando la sentencia contraria a los vecinos.

“Berriel quiso resolver las cosas por su cuenta y a su manera”, asegura, y critica que no facilitó que los vecinos se presentasen como codemandados en ese procedimiento.

Respecto a Costas, Ortega señala que, para determinar el deslinde, no presentó ninguna prueba, tan sólo una foto aérea en la que n se puede distinguir si los materiales son de origen marino o terrestre (lo que determina hasta donde puede llegar la marea y por tanto el deslinde) mientras que los vecinos se gastaron 15.000 euros en un estudio que explica las características de la costa de El Golfo, y al que no se le ha dado validez por parte de los tribunales.

PUBLICADO EN DIARIO DE LANZAROTE

http://www.diariodelanzarote.com/2012/04/23/lanzarote08.htm#.T5VNSr3y7Is.facebook

@abogadodelmar

Diario Levante

La Plataforma se reunió ayer en el Puig para analizar los cambios en la normativa para la protección del litoral
V. CONTRERAS EL PUIG
Los representantes de varias asociaciones de toda España que forman la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas se reunieron ayer en el Puig para analizar la reforma de esta ley que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy y preparar un escrito con varias reivindicaciones que quieren impulsar a través de los ayuntamientos. Según explicó tras al asamblea el portavoz de la Plataforma, José Ortega, por lo que hasta ahora ha dejado entrever el Ministerio de Medio Ambiente sobre la reforma “parece claro que de la definición del dominio público marítimo terrestre se quedará como está, lo que no es bueno para la convivencia ya que los límites del dominio público dependerán de algo tan variable como el alcance máximo de los temporales”.
Pero, sobre todo, Ortega destaca que el concepto de desafecciones que podría incluir la reforma “beneficiará a las urbanizaciones más grandes ya que el Gobierno prevé desafectar las zonas que estén más degradadas”. “Es decir -subraya el portavoz de la plataforma-, al final se estará premiando a aquellos que más han construido y más han degradado el litoral”. También critica esta asociación que, al menos de momento, no se haya hablado de destinar las inversiones pública a evitar la erosión de la costa.
Ortega explicó ayer que la Plataforma reune a cerca de 9.000 propietarios de viviendas de toda España afectados por la Ley de Costas.

Publicado en
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/03/04/afectados-ley-costas-cree-reforma-beneficiara-han-construido/886834.html

http://www.costasmaritimas.es
joseortega@costasmaritimas.es

@abogadodelmar

JOSEP CARDA 04/03/2012
Diario Mediterráneo

Los propietarios de tierras o viviendas afectadas por la actual Ley de Costas reclaman al Gobierno central que la revisión de la legislación ahora vigente, que entró en vigor en 1998, retome los lindes del dominio marítimo-terrestre de la normativa de 1880, que estuvo vigente durante 118 años.

Así lo indicó ayer a Mediterráneo el abogado y secretario de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC), José Ortega, tras el encuentro que mantuvieron los representantes de unos 25 colectivos de todo el Estado, entre ellos los de la provincia de Castellón, en la localidad valenciana de El Puig.

Y es que, según explicó Ortega, la legislación de finales del siglo XIX “definía esos límites al punto al que llegaba el mar en el caso de temporales ordinarios, lo que se cambió en 1998 de manera que esa línea se establece al máximo espacio costero afectado por temporales extraordinarios”.

Para el secretario de la organización cívica, “esta es una propuesta razonable, que garantizaría un trato igualitario y justo, sin discriminaciones de ningún tipo, a todos los afectados”.

En cualquier caso, desde la entidad aplauden el aplazamiento del deslinde marítimo-terrestre en el municipio de Torreblanca y apuestan porque “el resto de ayuntamientos del litoral castellonense también reclamen esta medida”. Aun así, afirman tener “cierto recelo” sobre las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de modificar la Ley de Costas.

“En principio, la reforma no nos convence porque se deja la puerta a desafectar ciertas zonas, como se ha hecho recientemente con la playa de Roses, en Girona, donde se ha dejado fuera de la norma a un área con 10.000 viviendas y hoteles, mientras que en otros lugares, en los que hay menos gente afectada, se sigue con el proceso de derribos de edificaciones”, afirman desde la plataforma, a la vez que consideran que este tipo de valoraciones “poco objetivas” genera “verdaderos casos de discriminación”.

Aun así, Ortega asegura que “lo que queremos es ir de la mano con los ayuntamientos, y en el caso de Castellón también con la Diputación, para defender a la gente de esta situación”. H

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La Plataforma Nacional reclama al ministerio que redefina el concepto de dominio público y que se priorice la regeneración del litoral en todo el tramo entre Almenara y Burriana

La entidad nacional reclama la regeneración costera de Almenara a Burriana.
Levante-EMV
C. COSTA ALMENARA
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas exigirá ante el Gobierno que el nuevo concepto de dominio público o la remodelación que se haga tenga de la normativa “tenga efectos retroactivos” con el fin de restituir o reparar acciones ya emprendidas como, por ejemplo, los derribos realizados en la costa de Almenara.
Así lo ratificó ayer el portavoz de la entidad, José Ortega, que se desplazó hasta la localidad valenciana de El Puig para asistir a un encuentro en el que definir posturas ante el cambio previsto en la normativa. “De lo que estamos escuchando y las propuestas que están saliendo hay cosas que no nos convencen, como el caso de la desafección de las zonas degradadas”, indicó Ortega, quien explicó que “de esta manera se pueden tomar decisiones arbitrarias y proteger unos núcleos sí y otros no, validar áreas con muchas viviendas de grandes propietarios o por ejemplo las de las viejecitas que viven en Moncofa no”.
Cabe recordar que precisamente desde el Ministerio se hablaba de utilizar esta fórmula para desafectar las viviendas de Xilxes, así como núcleos malagueños y de Cantabria.
Ortega insistió al respecto en que “esta decisión puede crear numerosas desigualdades y tratamientos diferentes para casos similares”. La propuesta de la plataforma es “que se trate a todos por igual, así consideramos que lo mejor sería redefinir de nuevo el concepto de dominio público marítimo terrestre y volver a su afección antigua, la que perduró durante 108 años, y es que debía llegar hasta donde afectaran los temporales ordinarios, no los extraordinarios”.

Regeneración “urgente”
Durante la sesión, los representantes del colectivo nacional también anunciaron que exigirán “medidas de regeneración urgentes e importantes”. Ortega subrayó que “uno de los puntos que más lo necesita es el tramo de costa que va de Almenara hasta Burriana, donde se han de realizar acciones e inversiones importantes para ganar el terreno al mar y devolverlo donde estaba y así proteger nuestro litoral”.
“No entendemos que no se actúe en necesidades tan urgentes como ésta, donde el deterioro es notable, mientras se invierten hasta 20 millones de euros para realizar una playa en Tenerife donde se encontraba un acantilado”, denunció Ortega, que insistió en que “mientras en Palma se quiere hacer una playa con fines turísticos, en el sur de Castelló existen terrenos particulares que ya se encuentran bajo el agua”.
“Vamos a ir alcalde por alcalde, ayuntamiento por ayuntamiento para que nos escuchen y formulen sus propuestas para trasladarlas al Ministerio, a quien también recordaremos el borrador que elaboramos para modificar la Ley”, dijo Ortega. Así, la plataforma pondrá en marcha una campaña informativa y reivindicativa para dar a conocer sus propuestas y conseguir que éstas reivindicaciones se incorporen a la nueva norma estatal.

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Hay algo de tierno, de heroico y de loco en unas cuantas personas que se conjuran para desafiar a todo un aparato de poder. Un aparato de poder que va mucho más allá y es mucho más fuerte que un gobierno. Se trata de un entramado que incluye el Parlamento, la policía, el Defensor del Pueblo, los jueces, los medios de comunicación y puede que se me escape algo.

Esos alfeñiques creen que pueden inquietar a aquella mole pesada, a esa maquinaria infalible, a esos poderosos políticos que pronuncian la palabra democracia cada diez minutos al tiempo que firman y deciden lo que sea en contra de los ciudadanos.

Esos alfeñiques, esos ciudadanos sin más arma que la razón, han triunfado. Los señores investidos de aquel poder inmenso se han tragado hoy su orgullo y se vuelven a casa mirándose los pies, con cara de contrariedad y creo que con malos pensamientos. La palabra humillar significa forzar a otro a adoptar una actitud humilde. Es lo que les ha sucedido a los ingenieros de costas el día en que el nuevo Ministro ha anunciado la reforma de la ley. Que se han vuelto humildes a la fuerza.

Hicimos todo lo que no esperaba el arrogante Gobierno socialista del talante. Ellos esperaban una o dos manifestaciones con una o dos pancartas y en vez de eso nosotros escribimos un informe extenso, razonado y escandaloso sobre sus abusos. Ellos esperaban que llamásemos en vano a los medios de comunicación adiestrados para hacernos el vacío y en vez de eso nosotros convocamos una rueda de prensa sólo para periodistas extranjeros. Ellos esperaban que fuésemos a llamar en vano a las puertas de sus palacios cerrados a cal y canto y en cambio nosotros los ignoramos y marchamos con mucha esperanza al Parlamento Europeo. Ellos confiaban en tirar a la papelera nuestras peticiones y en vez de eso les llovieron las quejas de los parlamentarios europeos. Ellos creían que podrían marearnos y torearnos en alguna entrevista de trámite y en lugar de eso recibieron una dura reprimenda en directo en la Comisión de Peticiones.

No fue con fuerza, sino con astucia como Ulises burló a Polifemo, se desembarazó de Calypso y dio esquinazo a la bruja Circe. Hemos necesitado apurar la astucia para hacer algo parecido con nuestros propios gigantes tuertos, ninfas insidiosas y brujas heridas de odio, aunque desde luego no hemos escapado a que algunos de nuestros antiguos compañeros sean convertidos en cerdos. Ahora que Arias Cañete hace las veces de vigía que nos anuncia que Ítaca está por fin a la vista, necesito recordar a tres personas, justamente tres de aquellos alfeñiques tiernos, heroicos y locos.

Marcial Pina, un presidente de Comunidad de Arenales del Sol que poco antes de morir concluyó una extensa conversación telefónica conmigo con las palabras: “No nos deje, señor Ortega, no nos deje”. José Martí Deveses, un brillante Abogado mercantilista de Barcelona que me contrató para defender al colectivo de Oliva. Mi última conversación con él, en diciembre de 2008, fue para recibir su apoyo incondicional en un asunto realmente delicado. Su fallecimiento en la primavera siguiente lo viví como una traición personal y me dejó sin un amigo. Juan Miguel Terradez, que estuvo al frente del colectivo de La Casbah y me fue fiel frente a mis feroces aunque bobos enemigos de aquel entorno y por defenderme experimentó pérdidas y sufrimiento personal. Murió inesperadamente durante la pasada primavera dejándome una deuda de gratitud.

Amigos, esta batalla toca a su fin y la hemos ganado con una defensa basada en la templanza y la inteligencia. Como dice el maestro zen Dokushò Villalba, si entregamos nuestra sustancia vital a nuestros sueños, nuestros sueños se cumplirán, aunque quizá nosotros no estemos ahí para verlo. No estáis ya aquí, pero yo os lo cuento. Nuestros sueños se han cumplido o están en trance de cumplirse.

Resuena también en mí, con inmensa fuerza, el nombre de una pastor evangélica ecologista y miembro del Parlamento Europeo llamada Margret Auken, que nos apoyó cuando nadie daba un céntimo por nosotros. Toda la fuerza de nuestro órdago era el Parlamento Europeo. Sin él no teníamos nada. Y allí encontramos a Margret Auken, que escribió, desde sus convicciones ecologistas, las frases contundentes que fueron adoptadas por el pleno del Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2009: España aplica la ley de costas con arbitrariedad, de forma retroactiva y sin indemnización suficiente, y debe proceder a su reforma.

A esta victoria le saldrán muchos padres, ya lo veréis. Los escucharéis en los medios de comunicación, aparecerán en las fotos oficiales y todo eso. Todos querrán asumir la paternidad de esta victoria. Pero que eso no nos importe. Nosotros hemos cumplido, hemos dado un ejemplo de civismo y hemos demostrado que cuando te decides a ejercer los derechos en lugar de dejarlos languidecer, puede funcionar. Para qué más.

No sé qué tipo de reforma es la que hay en la mente de Arias Cañete y sus asesores. Temo que no sea lo que esperamos, que sirva para cultivar más ladrillo en la arena o que se ciña a aliviar los problemas de los chiringuitos, dejando al margen a las víctimas inocentes. Pero vamos a pensar bien y vamos a confiar lo mismo que confiamos cuando iniciamos esta aventura que hoy apunta un final feliz.

Gracias a todos los que me habéis acompañado, apoyado y animado en este camino. Y gracias por formar conmigo esa cuadrilla de enanos insignificantes capaz de darle al monstruo la pedrada más gorda, contundente y decisiva que nunca jamás haya recibido.

Me encanta cuando se ponen bordes conmigo. Pierden los nervios, se llenan de mala castaña y en ocasiones especiales echan espuma por la boca. Y no sólo he acabado por acostumbrarme, sino que al final me gusta. Desde su trono me han hecho morder el polvo no una, sino muchísimas veces. Me han pateado el hígado a gusto, se han reído de mi y me han fabricado intrigas de todos los colores para desacreditarme, perjudicarme, hundirme y prejubilarme.
Recuerdo el entusiasmo de aquel dentista llamado Félix Rodríguez de la Fuente, cuando contaba la sed que pasaba cuando estaba subido a un alcornoque esperando a ver si pasaba un buitre, porque cuando al fin podía beber, el agua le sabia mucho mejor. A mi me pasa algo parecido con los poderosos e intratables señores de Costas: Tengo que esperar mucho tiempo agazapado al alcornoque, pero cuando al fin son ellos los que muerden el polvo me lo paso genial. Y esto es lo que les ha pasado por tercera vez consecutiva, que se han echado a la boca un trago de arena sin sazonar.
En El Golfo (Yaiza, Lanzarote), vinieron y nada más aprobarse el deslinde de 2006, antes de que nadie pudiera acostumbrares a la nueva situación, empezaron a sacudir con un expediente sancionador por cada restaurante. Querían cargarse las terrazas, que para aquellos restaurantes eran lo mismo que las alas para un avión o las ruedas para un coche. He contado ya cien veces que los turistas hambrientos se descuelgan por allí a media tarde para cenar mientras contemplan la dichosa puesta de sol. Sin terrazas no hay cenas a media tarde que valga, porque en vez de divisar el bello crepúsculo no ves más que la pared y las lapas a la plancha no saben igual.
Primero hubo suerte con el restaurante El Bogavante, después con Casa Plácido y ahora con el Mar Azul. Tres sentencia ejemplares contra la chulería y la sinrazón. Seguirá habiendo terrazas y por el momento el coco peludo de Costas no podrá cercenar el espíritu del lugar.
¿Por qué los jueces me han dado la razón? Básicamente porque pedí la practica de determinadas diligencias probatorias y los responsables del expediente ni me miraron a la cara. No es que me dijeran que no, es que ni me contestaron. Creyéndose reyes, príncipes, emperadores, dictadores o dioses, miraban a través de mi como si fuera un trozo de cristal. Ellos sabían que había una ley, una constitución y unos derechos civiles, pero se sentían seguros en sus despachos y no veían ningún motivo para hacer el menor caso de esas cosas. Y cuando interpuse los recursos de alzada, los disciplinados funcionarios y los serviles asesores jurídicos de Madrid se ganaron el sueldo y agradaron a sus jefes diciéndome educadamente que no tenia razón. Nadie en la Administración te dirá usted perdone, nos hemos equivocado. Si han metido la pata, persistirán en el error. Se taparán unos a otros, aportaran informes que justifiquen lo que sea, introducirán sutiles verdades a medias y harán todo lo preciso para salirse con la suya. Porque saben muy bien que ellos están arriba y tú debajo.

Cuando hice la mili un capitán de Infantería de Marina tan jocoso como descerebrado decía que todo eso de la Convención de Ginebra estaba muy bien pero que la misión del infante de marina era matar de forma eficaz y barata. Algo parecido, aunque con menos sangre, debían razonar los señores de Costas cuando pasaban de la ley, de la Constitucion, de los derechos civiles y de todo lo que se antepusiera a su misión.

Seguirán dándome bastonazos, no lo dudo. Me van a sacudir mucho más. Pero de vez en cuando se abren los cielos y los tiranos se pegan unos castañazos que da gusto verlos. Y eso es lo que ha pasado hoy, así que me alegro, no por los señoritos caídos en tierra, sino por por los dueños de los restaurantes, por los turistas hambrientos, por mis conciudadanos, por nuestra amada Patria y desde luego también por mi, y mucho.

Pido perdón por la siguiente metáfora. No soy un nuevo Alonso Quijano creyéndose caballero andante, pero incluso así, y como soy escritor de novelas de mitología, debo evocar las arenga de Aragorn a las puertas de Mordor: Puede que llegue un día en que los hombres se plieguen a la tiranía, puede que llegue un día en que nos tornemos débiles y cobardes, puede que haya un día en que nos despojemos de la dignidad y dejemos de luchar, PERO ESE DIA NO HA LLEGADO.

José Ortega
Abogado

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