http://www.elcomercio.es/v/20120527/villaviciosa/anulacion-deslinde-beneficiara-toda-20120527.html
DIARIO EL COMERCIO
Villaviciosa
«La anulación del deslinde de la ría beneficiará a toda España»
El abogado José Ortega se felicita por el fallo y confía en que la reforma de la Ley de Costas llegue antes de que se apruebe un nuevo límite en la ría de Villaviciosa
27.05.12 – 03:39 –
LYDIA IS | VILLAVICIOSA.
«La sentencia de la Audiencia Nacional que anula el deslinde de la ría de Villaviciosa abre una pequeña vía a todos los afectados españoles por la Ley de Costas». Así lo asegura José Ortega, uno de los fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados y el abogado que defendió ante los tribunales la demanda que han ganado dos propietarios maliayos. «Han sido muy afortunados porque es muy difícil, que la Audiencia dé la razón a los vecinos; hay que valorar el criterio del magistrado, esta sentencia tiene una importancia muy grande», añade.
No en vano, se ha conseguido que el deslinde de la ría de Villaviciosa, aprobado en 2010, quede anulado por un defecto de forma. En concreto, porque el expediente ya había caducado, algo que convierte el caso maliayo en pionero. Nunca hasta ahora se había anulado un acuerdo de ampliación del plazo de tramitación. Según explicó Ortega, «la Administración está acostumbrada a tramitar en plazos de doce o quince años, cuando la ley establece que son veinticuatro meses, y hasta ahora la Dirección General de Costas llevaba a cabo una práctica ‘corrupta’ en la que se ‘olvidaban’ de aportar los acuses de recibo de las notificaciones para lograr ampliar los plazos y que los tribunales lo permitieran pese a no cumplir ningún requisito».
El letrado se muestra muy crítico con la anterior directora general de Sostenibilidad de la Costa, Alicia Paz, y aseguró que «solía concederse a sí misma la ampliación del procedimiento, cuando lo establecido es que debe autorizarlo su superior». Sin embargo, Ortega alaba la predisposición a atender al colectivo del actual responsable del área, Pablo Saavedra Inaraja, con quien mantuvo una reunión hace dos semanas. «Hay sintonía para moderar la definición de zona marítimo-terrestre e incluir específicamente a los porreos en la ley para que queden liberados de los deslindes», apunta. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, prometió hace unos meses reformar la Ley de Costas y Ortega cree, que aunque la sentencia de la Audiencia Nacional devuelve el procedimiento al punto inicial, «lo más probable es que la nueva ley entre en vigor antes de que la Administración central pueda aprobar un deslinde nuevo». De esta forma, el beneficio para Villaviciosa sería definitivo. Y a eso se agarran los afectados, que consideran que la Administración no puede quitarles sus propiedades, repartidas en 3.408 metros en la margen derecha de la ría.
19 particulares afectados
El deslinde afecta a 19 particulares, entre los que se encuentra la Sociedad Valle Ballina y Fernández, propietaria de El Gaitero. A pesar de que en su caso cuenta con un informe favorable de los técnicos del ministerio para el recurso administrativo, la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado en su demanda. «La sentencia tiene un valor de precedente muy importante, pero no sólo para Villaviciosa, si no para toda España, que va a verse beneficiada», reitera Ortega. El abogado lleva varios años discutiendo en los tribunales la forma en la que se ampliaban los plazos sin observar los requisitos legales.
EL PLENO ENTENDIMIENTO ENTRE EL DIRECTOR GENERAL DE COSTAS Y LA PLATAFORMA ANUNCIA EL PRINCIPIO DEL FIN
mayo 4, 2012
Confieso que ya no esperaba esa llamada, pero se produjo. Finalmente el Director General de Costas responde a nuestra solicitud de audiencia para cambiar impresiones sobre la reforma de la ley de costas. Aún así soy escéptico porque estoy acostumbrado a los pases de pecho de las autoridades que reciben por escenografía, te torean con paciencia y se olvidan de ti tan pronto sales de su despacho. Me he acostumbrado a esa situaciones pero vuelvo a meterme con José Pedro, el Presidente de la Plataforma, en el recinto sagrado a ver qué pasa.
Y lo que pasa es que me encuentro con un joven Director General, flanqueado por dos asesoras, que nos tratan con el respeto y nos escuchan con la atención que creo que merecemos. No veo aquí traza de fingimiento y compruebo con sorpresa que esta vez la cosa va en serio.
Después de hacer una breve y creo que innecesaria introducción sobre quienes somos y qué hemos conseguido, Pablo Saavedra me dice que estamos aquí para hablar de la reforma y José Pedro y yo podemos ver en sus manos y en las de sus asesoras las copias de nuestro proyecto de ley, bastante subrayado y por lo tanto estudiado. Saavedra propone que vayamos estudiando y comentando articulo por articulo y eso es lo que hacemos, con más o menos el resultado que a continuación expongo.
Modificación de la definición de zona marítimo terrestre para recuperar la que fue buena durante ciento ocho años, referida a temporales ordinarios. No hace falta que os cuente los argumentos, ya los he expuesto cien veces y los tenéis en los vídeos explicativos de nuestra propuesta (rueda de prensa de 20/05/2009 en Madrid y I Jornada de estudio de la ley de costas, Valencia abril de 2012). Hay acuerdo.
Modificación de la definición de playa para volver a la de 1969, que coincide con el concepto natural de playa. Esto implica que la duna deje de ser dominio público. Proponemos como ayuda que la duna continúe manteniendo una fórmula de especial protección que evite la construcción sobre ella y que por lo tanto se garantice el transporte eólico, pero sin ser demanial. Proponemos también, como fórmula de compromiso, la introducción en la ley de la limitación recogida en el reglamento de costas de que las dunas fijas que no tengan incidencia en la defensa de la playa y todo eso no tengan carácter demanial. Esto es necesario como mínimo, puesto que los tribunales no hacen menor caso del reglamento y dicen que, con arreglo a la ley, todas las dunas son dominio público. Hay acuerdo en el problema aunque se hace preciso buscar la redacción adecuada para darle solución.
Definición de la naturaleza, finalidad y límites del expediente de recuperación posesoria. Exponemos que este expediente sumario tiene por finalidad impedir las apropiaciones indebidas del dominio público, pero no es la herramienta debída para resolver situaciones complejas heredadas del pasado. Añadimos que es costumbre de los jefes de costas coaccionar a los vecinos diciéndoles que si no se defienden les perdonaran los gastos del derribo pero como se busquen un abogado y empiecen a escribir, tendrán que pagar esos gastos. Ponemos el ejemplo concreto de Crisol Santana Padrón, que nos había pedido ayuda para impedir el derribo de la vivienda tradicional de su padre y otros vecinos en el Barranco de la Ballena (Gran Canaria), pero tuvo que prescindir de esa ayuda porque los viejitos afectados habían sucumbido a las coacciones de costas. Recordamos además algunas otras cuestiones claves y sorprendentemente abusivas de este tipo de expedientes, que están causando mucho dolor en toda la costa pero especialmente en Canarias, además de exponer los ejemplos concretos de Florentina Mora en Soller (ved el video con mi intervención en el Parlamento Europeo en 2010) y la playa de Villarube (leed el post titulado El infierno de Vilarrube), donde el jefe de costas D. Rafael Eimil se presentó de madrugada e hizo salir de sus casas a los vecinos para derribar sus casas con carácter inmediato y sin autorización judicial. Proponemos que se aclare que para resolver situaciones complejas heredadas de momentos anteriores a la ley de costas deberá tramitarse un expediente por el procedimiento ordinario y con todas las garantías, del cual salga la decisión sobre si el destino del edificio debe ser el derribo o la concesión de la DT primera. Hay acuerdo.
En cuanto a la conveniencia de modificar el articulo 12 de la ley para que con cada expediente de deslinde se tramite una pieza separada de indemnizaciones, donde quede prefigurado a quien corresponde la concesión de la DT Primera a fin de que no se produzca nunca más la situación de limbo jurídico que todos conocéis, D. Pablo Saavedra me pide que ni lo comentemos porque el acuerdo es total.
En cuanto a la necesidad de que no puedan tramitarse expedientes de deslinde en zonas de costa regresiva debido a causas artificiales hasta que se hayan hecho obras para reponer la costa a su antiguo estado (situación de Moncofar, Almenara, Nules, Burriana, Belreguard, El Saler, El Brosquil, Guardamar, Vélez Málaga, Rota y otros muchos espacios de costa), el Director General entiende el concepto aunque considera que las medidas a adoptar son más técnicas que legislativas.
Hablamos a continuación de un tema un poco tonto y que pasa desapercibido, como es el hecho de que en la servidumbre de protección el uso residencia está prolhibido. Esto ni siquiera estaba en el texto de nuestra reforma porque había pasado desapercibido incluso para mi. Hablaré extensamente de esta cuestión en otra entrada de blog, pero desde luego entienden el problema y se toman nota. Esta nueva determinación la voy a incorporar a la segunda versión del proyecto de reforma porque me parece totalmente necesaría.
En cuanto al importante tema de las compensaciones por la pérdida de la propiedad, en nuestra propuesta habíamos escrito que deberían hacerse en dinero, aunque nos vemos forzados a reconocer que ni había tal masa de dinero cuando se aprobó la ley ni mucho menos la hay ahora. Por eso proponemos como fórmula alternativa la de alargar el plazo de las concesiones y garantizar su transmisibilidad. Recordamos que cuando el gobierno socialista ya intentó hacer transmisibles las concesiones con la ley de navegación marítima, los ingenieros de costas se enfurecieron ya que esto daba lugar a que estas concesiones tuvieran un precio de mercado y por lo tanto no pudieran rescatarse por calderilla, que es lo que tanto les gustaba hacer. Cuanto más prolongada en el tiempo sea una concesión, mayor será su valor de mercado y esto debería ser una fuerte barricada contra esos rescates que transforman la concesión en una trampa, como recordé en el Parlamento Europeo en 2010. Nos dicen que la transmisibilidad de las concesiones es algo que no admite discusión y lo otro lo entienden a la perfección. Hay acuerdo, aunque se deben estudiar la fórmula y la redacción adecuadas.
También cambiamos algunas impresiones sobre 2018 como límite de las concesiones anteriores a la ley de costas para usos incompatibles, lo que bajo mi punto de vista es un fraude.
Y ahora la cuestión importante: es muy difícil que los cambios en las definiciones del dominio público natural tengan efecto retroactivo, por lo que todo esto puede tornarse realmente inútil. Digamos que el Estado no ve claro deshacer lo que ha estado haciendo durante veinticuatro años con mucho esfuerzo y muchísimo dinero. Y como sólo queda un cuatro por ciento del territorio sin deslindar, vamos apañados. Incluso ese cuatro por ciento quedará cerrado antes de que se apruebe la reforma. En la provincia de Alicante, con mucho la que lleva más retraso, echan humo y están tramitando a toda velocidad.
El problema es de cuidado y no tiene fácil solución. Por un lado el gobierno reconoce que las definiciones de dominio público deben ser más modestas y menos expansivas, pero por otro estos cambios podrían no tener ni un poco de utilidad práctica, que es lo que nos interesa.
Pensaba en esto cuando salimos de la casa y mientras compartía con José Pedro un filete medio crudo enmarcado en un menú del dia de nueve euros, encontré una solución que creo que podrá satisfacer a todos. Por la tarde se la hice saber al Director General e imagino que la estudiará. La incorporaré a la segunda versión del proyecto de reforma y confío en que será la fórmula para que los afectados se quiten de encima el problema y el Gobierno no se vea en apuros. Perdonad que de momento guarde el enigma.
Cuando estuvimos en junio halando con el anterior Director General de Costas, la reunión duró más de tres horas y fue una autentica sesión de trabajo. Estábamos allí el Presidente de la Plataforma y yo para los primeros trabajos de comisión mixta, a fin de estudiar uno por uno los casos de la Plataforma y buscar una solución individualizada y dentro de la ley. Al término de la reunión el Director General nos agradeció la forma tan elaborada en la que le habíamos propuesto esas soluciones, cosa que le ayudará mucho. Comentó que todas las otras visitas que había tenido se habían limitado a sentarse, exponerle el problema y preguntarle cómo pensaba resolverlo.
Ayer pasó algo parecido. El Director General señaló que lo que tenia de nosotros no era una propuesta aislada o puntual, sino un proyecto de ley articulado y bien estructurado. Son estas cosas las que fabrican día a día el respeto hacia la Plataforma. Nuestra reputación tiene unas bases sólidas en el trabajo riguroso, no en proclamas o eslóganes. Es el mismo camino que iniciamos en enero de 2008, cuando en vez de salir a la calle a chillar o en vez de alquilar una página del diario El Pais, como pedían algunos, redactamos un informe serio, riguroso y contrastado sobre abusos, que como sabéis presentamos en el Parlamento Europeo el 1 de febrero de 2008. Es el mismo camino que seguimos en enero de 2009, cuando elaboramos la propuesta de enmienda a la ley de navegación marítima para impedir los derribos en Canarias, Galicia y el resto de la costa. Es el mismo camino que seguimos cuando, a vista de la petición de reforma hecha por el Parlamento Europeo, en lugar de alzar la voz exigiendo de forma inconcreta cambios en la ley, nos pusimos a escribir y redactamos el texto articulado que se estudió ayer. Es esa trayectoria lo que impulsó al Partido Popular a solicitar la ayuda de la Plataforma para redactar la reforma de la DT Segunda de la ley de costas que quedó aprobada en febrero de 2011 en el Senado. Debemos continuar trabajando de esa forma. Esto no es una cuestión de ideología: No hace falta ser del PP. No es una cuestión de amiguísmo: No nos han recibido por la intercesión de ningún intermediario. No es una cuestión de privilegios: Lo que estamos pidiendo es justo. Es una cuestión de fiabilidad, y en la Plataforma hemos conseguido fabricar esa fiabilidad sobre la base del trabajo, la honestidad y el rigor.
Antes de salir preguntamos al Director General si podíamos difundir la entrevista y su contenido y nos dijo que sí, siempre que no se generasen expectativas sobre posibles contenidos de la reforma. Por eso he escrito este post, que es fiel resumen de lo que sucedió ayer, de la misma forma que había escrito algún otro como el titulado Así fue lo de Martín Fragueiro.
Debo decir que siento mucho respeto hacia las personas que nos recibieron y escucharon, hacia su profesionalidad y su buen criterio. En estos meses los periodistas me han cosido a preguntas y siempre me he mostrado suspicaz hacia el contenido de la reforma que preparaba el Gobierno. Mi opinión ha cambiado después de ayer. Desde luego que puede volver a cambiar, pero en este momento estoy en condiciones de decir que las cosas pueden mejorar de forma efectiva y que la conducta inhumana que durante años hemos estado sufriendo tiene los días contados.
José Ortega
joseortega@costasmaritimas.es
NOTICIAS DE GUIPUZCOA
josé ortega abogado de la asociación española de afectados por la ley de costas
«Están creando mecanismos coactivos para lograr la sumisión del ciudadano con el Estado»
Ortega es el abogado que más demandas ha ganado al Estado en materia de Ley de Costas. Gracias a su labor, hoy se mantienen en pie varios pueblos enteros de Canarias que el Estado quería derribar. A pesar de sus éxitos, denuncia la precaria situación judicial que padecen los afectados
iraitz astarloa- Lunes, 30 de Abril de 2012 – Actualizado a las 05:28h
Donostia. Consciente de que el Estado gana el 99,9% de los litigios en materia de costas, Ortega continúa luchando contra la injusta situación que padecen 400.000 familias de todo el Estado. Su estrategia: que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admita los casos de estos millares de afectados, ya que «no se puede esperar nada» de los tribunales estatales.
¿En qué situación se encuentran ahora mismo los afectados?
Parece que puede haber una cierta moderación en la aplicación de la Ley de Costas, lo que no significa que se hayan paralizado los derribos. Se puede decir que se ha levantado el pie un poco del acelerador, pero sigue habiendo mucha gente que está en el corredor de la muerte.
¿Puede atribuirse este cambio de actitud al cambio de Gobierno?
Yo no lo achacaría directamente a eso porque el cambio de gobierno todavía tiene que notarse, se tienen que hacer con los cargos, con la situación… Además, en el último año de Gobierno socialista ya hubo un giro de 180º en la aplicación de la ley.
El pasado 9 de abril el ministro de Medio Ambiente informó de que la nueva ley de costas llegará antes del verano.
Eso es absolutamente imposible. Ahora mismo no hay un texto escrito conocido así, que a lo sumo se mandará al Parlamento un proyecto de ley. Ahora con la mayoría absoluta todo es más fácil y puede que el proceso sea más rápido, pero creo que dos años sería un plazo muy realista para que llegue la ley.
¿De qué manera va a afectar la nueva ley a las familias sometidas a la Ley de Costas?
Pienso que la nueva ley no va a cambiar nada ni va a hacer absolutamente nada por ellos. El Gobierno le va a dar una capita de barniz al tema, pero no creo que cambie absolutamente nada.
Así que el cambio no invita a ser optimistas.
El ministro dijo que va a facilitar la desafección -dejar de considerar de dominio público una zona así considerada- de las zonas degradadas, lo que puede provocar arbitrariedades. Entiendo que las zonas degradadas son aquellas que más urbanizadas están, es decir, barrios o grandes urbanizaciones que afectan a miles de familias. Las cuatro o cinco familias que viven en su casita, aislados, no viven en zonas degradadas porque están menos construidas, por lo que se va a producir un trato más favorable por el mero hecho de pertenecer a un grupo grande.
¿Tienen alguna posibilidad los afectados de ganar la batalla judicial al Estado?
Lo que se está produciendo en la Audiencia Nacional es un espectáculo. Te dicen a todo que no. Yo soy el abogado que más veces le ha ganado a Costas, quien más deslindes he conseguido anular y, con todo, el Estado está ganando el 99,9% de los litigios.
¿Qué ocurre con los Tribunales de primera instancia?
Primero, que te dicen a todo que no y luego, respecto a la calidad de la sentencia, dan la vuelta a tus argumentos, los despiezan, los descomponen, los separan de su contexto de una forma irritante en favor del Estado.
¿Cabe recurrir ante el Tribunal Supremo?
Desde hace tres años, en el Tribunal Supremo han decidido no admitir absolutamente nada a trámite por motivos estrictamente formales. Hemos llegado a una situación en la que no se están admitiendo recursos por escribir una coma en lugar de un punto. Estamos en un proceso en el que la administración de justicia se está disipando por los aires.
¿Qué ocurre con el Tribunal Constitucional?
Nos encontramos con que si ya era poca la subjetividad con la que aceptan las sentencias, desde 2007 se ha introducido un nuevo requisito, que desde mi punto de vista es una vergüenza enorme, para admitir los recursos a trámite. Entienden que para admitirla a trámite tiene que tener relevancia constitucional, es decir, te están diciendo que te pueden estar violentando uno o más derechos fundamentales de la persona y, a pesar de todo, no te lo admiten si no tiene especial relevancia en la interpretación de la Constitución.
¿Se enfrentan los afectados a alguna traba más?
Con la reforma de las leyes procesales se introdujo en concepto de la condena en costas, es decir, que si tú pierdes el procedimiento, donde antes no existía consecuencia económica alguna, ahora te condenan a pagar los honorarios del abogado del Estado. Esto en una situación en la que tienes un 1% o 2% de probabilidad de ganar el litigio se traduce en que están creando legislativamente mecanismos coactivos para lograr la sumisión del ciudadano contra el Estado, y esto es muy serio.
¿En que situación nos quedamos los ciudadanos?
No se puede esperar nada de los jueces en este país. El Estado se está convirtiendo en una especie de vaca sagrada y lo que están haciendo los tribunales es que no haya capacidad de reacción por parte de los ciudadanos contra el Estado. Se está produciendo una sumisión-resignación entre los ciudadanos y esto es absolutamente grave porque está haciendo peligrar la calidad de la democracia.
¿Esta situación va a prolongarse mucho en el tiempo?
Tengo la sensación de que en un plazo de 10-15 años esta situación tan extraña y tan injusta de los tribunales en España se va a tener que normalizar a consecuencia de la cascada de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
¿Es esta la última instancia que les queda a los afectados?
La gente cree que es otra instancia más, pero no. Es un convenio por los derechos fundamentales de la persona, por lo que yo lo que hago es, desde el minuto cero, vincular el litigio con el convenio europeo de derechos humanos porque, como en la vía judicial española no cabe esperar nada, la única opción es que este tribunal admita el caso.
LIMBO JURÍDICO EN EL GOLFO
abril 24, 2012
Los afectados por la Ley de Costas critican que el Estado mantenga 14 inmuebles de El Golfo en un limbo
El portavoz de la Plataforma de afectados por la Ley de Costas y abogado de varios vecinos de El Golfo (Yaiza), José Ortega, asegura que el Gobierno central mantiene a las 14 viviendas y restaurantes que se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre en un “limbo jurídico” ya que no dicta el derribo ni legaliza la situación mediante una concesión administrativa.
Saúl García (ACN)
[Lunes, 23 de abril de 2012] [13.35]
Recientemente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento de Yaiza, defendido por Felipe Fernández Camero, y validó el deslinde marítimo terrestre aprobado por el Gobierno en 2006. Con esta sentencia, se hace en la práctica casi imposible, según Ortega, que los recursos que quedan por resolverse tengan un signo diferente.
Según el deslinde, 14 inmuebles queda dentro del dominio público marítimo terrestre (todos los que están entre la carretera y la costa) por lo que la propiedad pasa a ser del Estado pero puede otorgar una concesión, que se solicitó en enero de 2007 y que aún no se ha resuelto. El resto de edificaciones afectadas, dentro dela zona de servidumbre marítimo terrestre, “no se van a tirar de ningún modo”, según Ortega.
Este abogado señal que a esos 14 inmuebles, en situación de limbo jurídico, se les está sancionando por realizar cualquier tipo de obra, por necesaria que sea. Señala que si Costas concediera la concesión se acabaría esta situación y podrían seguir realizando la actividad que llevan a cabo en la actualidad, bien de restauración o como residencia.
Según Ortega, hay varias claves que explican que se haya llegado a esta situación. Por un lado, señala que Ayuntamiento, sobre todo al principio, cuando era alcalde José Francisco Reyes, “seguía el procedimiento en un ambiente de rivalidad y no de cooperación con los vecinos”.
Por otro lado, critica la actitud del consejero de política territorial del Gobierno de Canarias, porque en lugar de realizar un informe para aportar al procedimiento y determinar que dos tercios del núcleo poblacional eran urbanos antes de 1988, hizo una resolución administrativa, dando a Costas la oportunidad de recurrirla, y fue anulada, anticipando la sentencia contraria a los vecinos.
“Berriel quiso resolver las cosas por su cuenta y a su manera”, asegura, y critica que no facilitó que los vecinos se presentasen como codemandados en ese procedimiento.
Respecto a Costas, Ortega señala que, para determinar el deslinde, no presentó ninguna prueba, tan sólo una foto aérea en la que n se puede distinguir si los materiales son de origen marino o terrestre (lo que determina hasta donde puede llegar la marea y por tanto el deslinde) mientras que los vecinos se gastaron 15.000 euros en un estudio que explica las características de la costa de El Golfo, y al que no se le ha dado validez por parte de los tribunales.
PUBLICADO EN DIARIO DE LANZAROTE
http://www.diariodelanzarote.com/2012/04/23/lanzarote08.htm#.T5VNSr3y7Is.facebook
Afectados por la Ley de Costas cree que la reforma beneficiará a los que más han construido
marzo 6, 2012
@abogadodelmar
Diario Levante
La Plataforma se reunió ayer en el Puig para analizar los cambios en la normativa para la protección del litoral
V. CONTRERAS EL PUIG
Los representantes de varias asociaciones de toda España que forman la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas se reunieron ayer en el Puig para analizar la reforma de esta ley que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy y preparar un escrito con varias reivindicaciones que quieren impulsar a través de los ayuntamientos. Según explicó tras al asamblea el portavoz de la Plataforma, José Ortega, por lo que hasta ahora ha dejado entrever el Ministerio de Medio Ambiente sobre la reforma «parece claro que de la definición del dominio público marítimo terrestre se quedará como está, lo que no es bueno para la convivencia ya que los límites del dominio público dependerán de algo tan variable como el alcance máximo de los temporales».
Pero, sobre todo, Ortega destaca que el concepto de desafecciones que podría incluir la reforma «beneficiará a las urbanizaciones más grandes ya que el Gobierno prevé desafectar las zonas que estén más degradadas». «Es decir -subraya el portavoz de la plataforma-, al final se estará premiando a aquellos que más han construido y más han degradado el litoral». También critica esta asociación que, al menos de momento, no se haya hablado de destinar las inversiones pública a evitar la erosión de la costa.
Ortega explicó ayer que la Plataforma reune a cerca de 9.000 propietarios de viviendas de toda España afectados por la Ley de Costas.
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joseortega@costasmaritimas.es
DELIMITACIÓN DE LA LÍNEA LITORAL Los afectados por Costas reclaman retomar los lindes de la ley de 1880
marzo 6, 2012
@abogadodelmar
JOSEP CARDA 04/03/2012
Diario Mediterráneo
Los propietarios de tierras o viviendas afectadas por la actual Ley de Costas reclaman al Gobierno central que la revisión de la legislación ahora vigente, que entró en vigor en 1998, retome los lindes del dominio marítimo-terrestre de la normativa de 1880, que estuvo vigente durante 118 años.
Así lo indicó ayer a Mediterráneo el abogado y secretario de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC), José Ortega, tras el encuentro que mantuvieron los representantes de unos 25 colectivos de todo el Estado, entre ellos los de la provincia de Castellón, en la localidad valenciana de El Puig.
Y es que, según explicó Ortega, la legislación de finales del siglo XIX “definía esos límites al punto al que llegaba el mar en el caso de temporales ordinarios, lo que se cambió en 1998 de manera que esa línea se establece al máximo espacio costero afectado por temporales extraordinarios”.
Para el secretario de la organización cívica, “esta es una propuesta razonable, que garantizaría un trato igualitario y justo, sin discriminaciones de ningún tipo, a todos los afectados”.
En cualquier caso, desde la entidad aplauden el aplazamiento del deslinde marítimo-terrestre en el municipio de Torreblanca y apuestan porque “el resto de ayuntamientos del litoral castellonense también reclamen esta medida”. Aun así, afirman tener “cierto recelo” sobre las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de modificar la Ley de Costas.
“En principio, la reforma no nos convence porque se deja la puerta a desafectar ciertas zonas, como se ha hecho recientemente con la playa de Roses, en Girona, donde se ha dejado fuera de la norma a un área con 10.000 viviendas y hoteles, mientras que en otros lugares, en los que hay menos gente afectada, se sigue con el proceso de derribos de edificaciones”, afirman desde la plataforma, a la vez que consideran que este tipo de valoraciones “poco objetivas” genera “verdaderos casos de discriminación”.
Aun así, Ortega asegura que “lo que queremos es ir de la mano con los ayuntamientos, y en el caso de Castellón también con la Diputación, para defender a la gente de esta situación”. H
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joseortega@costasmaritimas.es
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La Plataforma Nacional reclama al ministerio que redefina el concepto de dominio público y que se priorice la regeneración del litoral en todo el tramo entre Almenara y Burriana
La entidad nacional reclama la regeneración costera de Almenara a Burriana.
Levante-EMV
C. COSTA ALMENARA
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas exigirá ante el Gobierno que el nuevo concepto de dominio público o la remodelación que se haga tenga de la normativa «tenga efectos retroactivos» con el fin de restituir o reparar acciones ya emprendidas como, por ejemplo, los derribos realizados en la costa de Almenara.
Así lo ratificó ayer el portavoz de la entidad, José Ortega, que se desplazó hasta la localidad valenciana de El Puig para asistir a un encuentro en el que definir posturas ante el cambio previsto en la normativa. «De lo que estamos escuchando y las propuestas que están saliendo hay cosas que no nos convencen, como el caso de la desafección de las zonas degradadas», indicó Ortega, quien explicó que «de esta manera se pueden tomar decisiones arbitrarias y proteger unos núcleos sí y otros no, validar áreas con muchas viviendas de grandes propietarios o por ejemplo las de las viejecitas que viven en Moncofa no».
Cabe recordar que precisamente desde el Ministerio se hablaba de utilizar esta fórmula para desafectar las viviendas de Xilxes, así como núcleos malagueños y de Cantabria.
Ortega insistió al respecto en que «esta decisión puede crear numerosas desigualdades y tratamientos diferentes para casos similares». La propuesta de la plataforma es «que se trate a todos por igual, así consideramos que lo mejor sería redefinir de nuevo el concepto de dominio público marítimo terrestre y volver a su afección antigua, la que perduró durante 108 años, y es que debía llegar hasta donde afectaran los temporales ordinarios, no los extraordinarios».
Regeneración «urgente»
Durante la sesión, los representantes del colectivo nacional también anunciaron que exigirán «medidas de regeneración urgentes e importantes». Ortega subrayó que «uno de los puntos que más lo necesita es el tramo de costa que va de Almenara hasta Burriana, donde se han de realizar acciones e inversiones importantes para ganar el terreno al mar y devolverlo donde estaba y así proteger nuestro litoral».
«No entendemos que no se actúe en necesidades tan urgentes como ésta, donde el deterioro es notable, mientras se invierten hasta 20 millones de euros para realizar una playa en Tenerife donde se encontraba un acantilado», denunció Ortega, que insistió en que «mientras en Palma se quiere hacer una playa con fines turísticos, en el sur de Castelló existen terrenos particulares que ya se encuentran bajo el agua».
«Vamos a ir alcalde por alcalde, ayuntamiento por ayuntamiento para que nos escuchen y formulen sus propuestas para trasladarlas al Ministerio, a quien también recordaremos el borrador que elaboramos para modificar la Ley», dijo Ortega. Así, la plataforma pondrá en marcha una campaña informativa y reivindicativa para dar a conocer sus propuestas y conseguir que éstas reivindicaciones se incorporen a la nueva norma estatal.
Publicado en
http://www.levante-emv.com/castello/2012/03/04/afectados-ley-costas-piden-proteccion-sea-retroactiva/886784.html
http://www.costasmaritimas.es
joseortega@costasmaritimas.es
Hay algo de tierno, de heroico y de loco en unas cuantas personas que se conjuran para desafiar a todo un aparato de poder. Un aparato de poder que va mucho más allá y es mucho más fuerte que un gobierno. Se trata de un entramado que incluye el Parlamento, la policía, el Defensor del Pueblo, los jueces, los medios de comunicación y puede que se me escape algo.
Esos alfeñiques creen que pueden inquietar a aquella mole pesada, a esa maquinaria infalible, a esos poderosos políticos que pronuncian la palabra democracia cada diez minutos al tiempo que firman y deciden lo que sea en contra de los ciudadanos.
Esos alfeñiques, esos ciudadanos sin más arma que la razón, han triunfado. Los señores investidos de aquel poder inmenso se han tragado hoy su orgullo y se vuelven a casa mirándose los pies, con cara de contrariedad y creo que con malos pensamientos. La palabra humillar significa forzar a otro a adoptar una actitud humilde. Es lo que les ha sucedido a los ingenieros de costas el día en que el nuevo Ministro ha anunciado la reforma de la ley. Que se han vuelto humildes a la fuerza.
Hicimos todo lo que no esperaba el arrogante Gobierno socialista del talante. Ellos esperaban una o dos manifestaciones con una o dos pancartas y en vez de eso nosotros escribimos un informe extenso, razonado y escandaloso sobre sus abusos. Ellos esperaban que llamásemos en vano a los medios de comunicación adiestrados para hacernos el vacío y en vez de eso nosotros convocamos una rueda de prensa sólo para periodistas extranjeros. Ellos esperaban que fuésemos a llamar en vano a las puertas de sus palacios cerrados a cal y canto y en cambio nosotros los ignoramos y marchamos con mucha esperanza al Parlamento Europeo. Ellos confiaban en tirar a la papelera nuestras peticiones y en vez de eso les llovieron las quejas de los parlamentarios europeos. Ellos creían que podrían marearnos y torearnos en alguna entrevista de trámite y en lugar de eso recibieron una dura reprimenda en directo en la Comisión de Peticiones.
No fue con fuerza, sino con astucia como Ulises burló a Polifemo, se desembarazó de Calypso y dio esquinazo a la bruja Circe. Hemos necesitado apurar la astucia para hacer algo parecido con nuestros propios gigantes tuertos, ninfas insidiosas y brujas heridas de odio, aunque desde luego no hemos escapado a que algunos de nuestros antiguos compañeros sean convertidos en cerdos. Ahora que Arias Cañete hace las veces de vigía que nos anuncia que Ítaca está por fin a la vista, necesito recordar a tres personas, justamente tres de aquellos alfeñiques tiernos, heroicos y locos.
Marcial Pina, un presidente de Comunidad de Arenales del Sol que poco antes de morir concluyó una extensa conversación telefónica conmigo con las palabras: “No nos deje, señor Ortega, no nos deje”. José Martí Deveses, un brillante Abogado mercantilista de Barcelona que me contrató para defender al colectivo de Oliva. Mi última conversación con él, en diciembre de 2008, fue para recibir su apoyo incondicional en un asunto realmente delicado. Su fallecimiento en la primavera siguiente lo viví como una traición personal y me dejó sin un amigo. Juan Miguel Terradez, que estuvo al frente del colectivo de La Casbah y me fue fiel frente a mis feroces aunque bobos enemigos de aquel entorno y por defenderme experimentó pérdidas y sufrimiento personal. Murió inesperadamente durante la pasada primavera dejándome una deuda de gratitud.
Amigos, esta batalla toca a su fin y la hemos ganado con una defensa basada en la templanza y la inteligencia. Como dice el maestro zen Dokushò Villalba, si entregamos nuestra sustancia vital a nuestros sueños, nuestros sueños se cumplirán, aunque quizá nosotros no estemos ahí para verlo. No estáis ya aquí, pero yo os lo cuento. Nuestros sueños se han cumplido o están en trance de cumplirse.
Resuena también en mí, con inmensa fuerza, el nombre de una pastor evangélica ecologista y miembro del Parlamento Europeo llamada Margret Auken, que nos apoyó cuando nadie daba un céntimo por nosotros. Toda la fuerza de nuestro órdago era el Parlamento Europeo. Sin él no teníamos nada. Y allí encontramos a Margret Auken, que escribió, desde sus convicciones ecologistas, las frases contundentes que fueron adoptadas por el pleno del Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2009: España aplica la ley de costas con arbitrariedad, de forma retroactiva y sin indemnización suficiente, y debe proceder a su reforma.
A esta victoria le saldrán muchos padres, ya lo veréis. Los escucharéis en los medios de comunicación, aparecerán en las fotos oficiales y todo eso. Todos querrán asumir la paternidad de esta victoria. Pero que eso no nos importe. Nosotros hemos cumplido, hemos dado un ejemplo de civismo y hemos demostrado que cuando te decides a ejercer los derechos en lugar de dejarlos languidecer, puede funcionar. Para qué más.
No sé qué tipo de reforma es la que hay en la mente de Arias Cañete y sus asesores. Temo que no sea lo que esperamos, que sirva para cultivar más ladrillo en la arena o que se ciña a aliviar los problemas de los chiringuitos, dejando al margen a las víctimas inocentes. Pero vamos a pensar bien y vamos a confiar lo mismo que confiamos cuando iniciamos esta aventura que hoy apunta un final feliz.
Gracias a todos los que me habéis acompañado, apoyado y animado en este camino. Y gracias por formar conmigo esa cuadrilla de enanos insignificantes capaz de darle al monstruo la pedrada más gorda, contundente y decisiva que nunca jamás haya recibido.
DELICIAS DE CALNEGRE (CRÓNICA DE LA VENTANA TONTA)
diciembre 2, 2011
He encontrado lo que hacia falta para anular el deslinde de Calnegre.
Lo voy a explicar por encima y sin detalles técnicos, porque los motivos de nulidad que he visto son abundantes y algunos complicados y no es cosa de contarlos aquí en detalle. Parto de una base que me importa mucho aclarar. Siempre que he ido a la Jefatura de Costas de Murcia he recibido un trato muy correcto. Todos y cada uno de los funcionarios que me han atendido lo han hecho con corrección, respeto y espíritu de servicio. Cuando estoy allí veo personas laboriosas y dedicadas pendientes de su trabajo. Y además en esa casa tengo un seguidor de mi blog, mejor que no desvele su identidad. Esto lo digo para que no se malentienda lo que voy a explicar. Aquí no hay ni escarnio ni arrogancia, sólo lo que cuento. Es la verdad y eso es todo.
Confieso que alucino cuando me llaman para resolver asuntos imposibles en esos momentos finales en los que todo está perdido, cuando la Audiencia Nacional ha dicho que nanai y el Tribunal Supremo que no hay nada que hacer. Esto hace tiempo que se transformó en una rutina. Vienen para ver si hay algún milagro disponible y suele haberlo. Claro está que no se trata de milagros, sino de estudiar las tripas de los expedientes con la misma atención, o más, con que los arúspices etruscos observaban los hígados de los animales sacrificados. Hago memoria y no encuentro un solo caso en los que al revisar un expediente no haya encontrado algo que llevarme a la boca. He contado algo de esto en El Abogado y el mar. Mirad el episodio La ciudad condenada, dedicado a Arenales del Sol (se puede descargar el libro electronico en http://www.costasmaritimas.es/DOCUMENTOS.htm).
No es fácil encontrar un motivo de nulidad cuando el tema ha sido ya revisado y sometido a recurso contencioso administrativo, y cuando oficialmente todo lo había que estudiar, discutir y revisar ha sido ya estudiado, discutido y revisado. Pero siempre encuentro algo interesante, y perdón por expresarlo con esta llaneza. No es arrogancia, es una descripción de la realidad.
En el caso de Puntas de Calnegre, el otro día me dediqué a escarbar en los papeles y el motivo por el que escribo esta entrada de blog es que me encontré, entre muchos otros, con un error particularmente idiota.
El expediente era un deslinde, claro. Pero ellos le dieron otro nombre, como para disimular y para escapar a la regulación del procedimiento de deslinde. Por eso se permitieron no hacer ni apeo, ni proyecto de deslinde ni nada de lo que ordena el reglamento de costas. Pero en último término salvaron astutamente la situación dando lugar a un trámite de vista y audiencia. En todos los recursos judiciales la Audiencia Nacional ha dicho no, porque aunque no se hubieran observado algunos trámites, la vista y audiencia actuaba a modo de vacuna contra la indefensión y sanaba cualquier defecto. Esto es algo que le gusta mucho a los tribunales. Tú puedes coger a un músico callejero para que firme el inicio de un expediente, a la dependienta del súper para que aprueba la resolución y copiar medio capítulo de Guerra y paz a modo de tramitación, y la sentencia dirá que todo está bien siempre que no se haya producido indefensión. Es así como funciona, queridos.
Bueno, he encontrado un motivo de nulidad por indefensión asociado a defectos en la vista y audiencia, es decir, al salvavidas del sistema para que los vecinos no pueda ni suspirar. La cosa es simple, podría verla cualquiera: Hay una serie de vecinos a los que no se les notificó ese trámite y por lo tanto nunca fueron conscientes de que la Administración les pedía opinión sobre el tema, nunca pudieron formular alegaciones y nunca pudieron defenderse. Eso es indefensión.
Claro está que la simple ausencia de una notificación no indica que la Administración esté maltratando a los ciudadanos. Si los destinatarios no están en casa, ni el cartero ni los funcionarios pueden hacer milagros. Se publica un edicto y en paz. Pero el intento de notificación tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley.
Veamos: A una serie de vecinos no se les pudo notificar por domicilio desconocido. Esto no es nuevo, sucede a menudo por varios motivos. Pero me fijé en que no es que los domicilios fueran desconocidos, sino que las cartas venían en sobres con ventana y estaban mal maquetadas hasta el extremo de que la dirección no asomaba, o no asomaba completamente por esa ventana. Lo único que veía el cartero, y cualquiera, era un nombre con dos apellidos, a veces también una calle, pero sin ciudad. Así que desde luego entregar la carta era imposible y el muchacho se limitaba a escribir DESCONOCIDO, y a devolverla. La cosa es lo que sucedía cuando estas cartas no entregadas llegaban de vuelta a la Jefatura de Costas: Nada. A ningún funcionario se le ocurría estudiar el caso, investigar por qué razón el domicilio señalado en el Catastro era incorrecto o acudir a formulas alternativas como pudieran ser consultar al Ayuntamiento, o cualquier otra medida ordenada a la adecuada salvaguarda de los derechos fundamentales. El derecho de defensa es un derecho fundamental. No informar de la vista y audiencia es vulnerar este derecho.
Cuando hubo que notificar la Orden Ministerial pasó lo mismo: Se usaron los mismos modelos de cartas con la misma maquetación errónea y el cartero volvió a devolver las notificaciones por domicilio desconocido.
La indefensión es de libro. Un montón de vecinos se han quedado sin poder ser oídos sólo porque los responsables de redactar las cartas y meterlas en los sobres no se dieron cuenta de que estaban haciendo el trabajo mal. Un error simple que se prolongó y se reprodujo, y habría seguido reproduciéndose hasta la nausea si hubiera habido más notificaciones que hacer. Creo que esto es desidia, abulia y desgana, todo junto.
Si la Administración cumpliera con su deber constitucional de objetividad, bastaría llamar la atención sobre lo sucedido para que todo saltara por los aires y el deslinde se disolviera como azúcar en el cafe. Si viviéramos en una sociedad democrática con separación de poderes y una justicia digna, profesional e independiente, esto seria motivo suficiente para anular el deslinde y empezar la discusión desde cero. Pero abramos los ojos a la realidad. Tenemos razón pero no hay ningún tribunal en España dispuesto a reconocerlo. Lo mismo que cuando nuestros abuelos iban a a Perpignan a ver El último tango en París, nosotros tendremos que soportar que nos llamen burros en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional antes de cruzar gloriosamente la frontera, entrar en un país civilizado y acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Dicen que el efecto del bótox se disipa al cabo de unos meses porque el cuerpo hace nacer nuevas ramificaciones nerviosas para sustituir a las que han sido envenenadas. Dicen también que ante la presencia de arterias coronarias obstruidas, el cuerpo se las arregla para redirigir la sangre a través de vasos menores, o simplemente de hacer nacer otros nuevos.
La justicia es a semejanza de la imperiosa exigencia de vida de nuestros cuerpos. Se puede vivir sin coche, sin adsl o sin pan, pero no sin justicia. Sufriremos, nos aburriremos y seremos humillados, pero conseguiremos la ansiada e innegociable justicia, daremos una lección de dignidad y con nuestro ejemplo y esfuerzo y el de muchos otros, podremos quizá dejar a nuestros hijos un país mucho mejor que esta desafortunada España, limpio de corrupción, libre de zoquetes con poder y en el que los ciudadanos no sean nunca más esclavos.
José Ortega
Abogado
http://www.costasmaritimas.es
DOS NIÑOS JUEGAN EN UN CHARCO (SOBRE LA DESTRUCCIÓN DEL POBLADO DE JACOMAR)
noviembre 27, 2011
Entre los arrecifes, un charco brilla al sol. Dos niños patean en el agua dorada. Su padre comenta con orgullo que en este rincón los pueden jugar y explorar en libertad, además de aprender a pescar. Los hombres son aquí tipos recios, gente de la tierra que se permite el lujo de unas relaciones sociales hoy prohibidas, las de los núcleos pequeños, donde todos se conocen y comparten. Son esas cosas tan simples como saludarse, comer en grupo o salir al juntos al mar en demanda de un cubo de pescado fresco. Esto antes era siempre así. Ahora nunca o casi nunca, porque vivimos en una sociedad de ciencia ficción donde nadie conoce a nadie y todos desconfían de todos.
Al pensamiento único esas salidas de tono no le van. Al hombre del siglo XXI, para transformarlo en ciudadano modelo, es necesario desnaturalizarlo y romperle las raíces, aunque sea con machete. Es así como se obtiene la sumisión en una sociedad con el Estado como única referencia.
Con el paisaje sucede lo mismo que con las relaciones entre las personas. El pensamiento único ha sido dictado por el Estado y no admite resistencia. El paisaje forzosamente ha de ser como ordena el Estado. De nada valen esos baluartes de civilización que aparecen sorprendentemente en paisajes muertos y secos, y que fueron creados por la audacia humana a lo largo de los siglos. Si la historia del hombre creó poblamientos litorales, refugios pesqueros y enclaves costeros, arrollaremos la historia del hombre para crear una realidad nueva definida por pedruscos y lagartijas conforme a la doctrina del Estado.
Una vez leí un análisis de Robinson Crusoe. Decía que en su naufragio había llevado consigo un equipaje invisible que era la civilización. Aventureros atrevidos abrieron en las costas de Canarias espacios de civilización, a veces en extremos inverosímiles. En ellos, hoy día, los niños en vez de darle a la play station, juguetean en libertad con la arena, los peces y el agua, y los padres gozan de una autentica convivencia con sus vecinos. Una convivencia a la medida del hombre. Es el tipo de convivencia que proporciona la satisfacción de pertenecer a un grupo y asigna seguridad psicológica. Y encima sin cobertura de móvil. Son varios pecados seguidos contra el Estado despersonalizador, el de los hechos materiales (el asentamiento litoral) y el de los inmateriales (las relaciones auténticamente humanas).
Hoy he estado en Jacomar, en lo más recóndito de Fuerteventura. Para llegar allí hay que tragar polvo a manta por una pista imposible y después caminar ochocientos metros por arrecifes resbaladizos. En un recodo del camino descubres el antiguo refugio pesquero, con sus casas de piedra bien alineadas y sus tejados rojizos, y lo primero que piensas es que estás ante un nuevo milagro en el que unas familias se han animado a humanizar un paisaje inhóspito.
Estoy defendiendo este poblado de la destrucción desde 2007 pero no lo había visto hasta hoy. Los tribunales me han dicho que no a todo y los ingenieros de Costas se movilizaron hace poco para proceder al derribo y de esta manera cumplir con su objetivo, consciente o inconsciente, de dinamitar un foco de civilización, borrar todo rastro del género humano, mandar a los niños de vuelta a la play station y exterminar la convivencia franca, sana y espontánea. La decisión del Estado es que aquí sólo queden las olas y las piedras, y de alguna manera insisten en que esto es conforme con los intereses generales.
No sólo pretenden echar a estas personas. Quieren también que paguen los costes del derribo. Llevo mucho tiempo discutiendo con los funcionarios, las autoridades, el abogado del Estado y los jueces para convencerlos de que la medida es ilegal por el motivo fantásticamente simple de que no hay un sólo precepto en el ordenamiento jurídico que así lo diga, es decir que condene a estas personas a pagar el importe de la demolición (que incluye la limpieza post mortem del lugar y el traslado a vertedero autorizado). Los funcionarios, las autoridades, el abogado del Estado y los jueces me contestan que no tengo razón, pero no me dicen por qué. No aportan ni un sólo argumento que merezca ese nombre, y sobre todo no me citan ningún precepto. En los últimos tiempos, algunos magistrados de Canarias, acorralados por unas demandas judiciales en las que los desafío a que me citen el articulo en cuestión, creen haber encontrado alivio en el articulo 95 de la ley de costas y me dicen que ese precepto es el que legitima la condena a los costes del derribo. Esto me resulta especialmente divertido, porque el articulo 95 se refiere a los expediente sancionadores y la recuperación posesoria no es un expediente sancionador. Por lo demás, un principio general del derecho prohíbe la interpretación analógica o extensiva de normas restrictivas de derechos individuales, que es justamente lo que han hecho esos magistrados. Por lo tanto, el argumento, repetido en bastantes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no es más que el reconocimiento de que no tienen razón. O de que la tengo yo.
Esto lo he contado sucesivas veces en el Parlamento Europeo: A una familia en Valencia le cobraron más de 60.000 euros para financiar su propio derribo (las pagaron). A una ciudadana de Soller le exigían 360.000 euros (leed la entrada de blog Los escombros perdidos de Fiorentina Mora, es muy divertido). Pero lo de Jacomar es de otra dimensión. Aquí los costes del derribo y retirada de los materiales son brutales porque al lugar no se puede acceder más que con barco, por lo que los responsables pidieron presupuesto para alquilar una gabarra en Las Palmas y les pedían 300.000 euros sólo por ese concepto. Así que entre los costes del derribo, la retirada de los materiales y su entrega a vertedero autorizado es posible que la broma cueste un millón de euros. Ese importe tendrá que ser abonado por las personas a las que he visitado hoy, ninguno de los cuales tenia aspecto de Rockefeller aunque nunca se sabe. Sus hijos no sólo no podrán seguir jugando con los charcos, sino que tendrán que hacerse hombres rápidamente para ayudar a sus padres a pagarle al Estado una deuda imposible. Esto es lo que sucede cuando de pone en marcha el pensamiento único.
Hace unos meses el abogado del Estado pidió autorización al Tribunal Superior de Justicia para ejecutar la sentencia que desestimaba mi recurso, es decir, para desencadenar el Apocalipsis. Formulé alegaciones para que se le denegara por tener en trámite recurso de casación. Y se la negaron. Pero la situación es transitoria. El Estado, con su monopolio para decidir cómo ha de ser el paisaje, está dispuesto a organizar una operación de demolición casi militar, de proporciones inmensas, a invertir cantidades no menos inmensas y a arruinar de por vida a estas familias y a sus hijos exigiéndoles el recobro. Y todo para mayor esplendor de las piedras y de la soledad.
Si permitimos que el Estado prevalezca sobre la sociedad, estaremos perdidos. El Estado no debería ser otra cosa más que la concreción del grupo. Pero no lo es. Se ha transformado en un aparato independiente que sólo atiende a las élites económicas y si acaso, en lo que nos ocupa, a una casta de ingenieros de caminos y abogados del Estado cuya visión de la realidad es de tiralíneas. Estos tipos ni reparan en los cuartos que sus manías van a costar a toda la sociedad, (porque no los pagarán de sus ahorros), ni se preocupan de la tragedia humana que pueden provocar con sólo una firma (porque no va con ellos), ni mucho menos piensan por un solo instante que pueden no tener razón (porque son así de soberbios).
Como dicen por ahí, si luchamos podemos perder. Si no luchamos, estamos perdidos.
José Ortega
ABOGADO
Costas Marítimas 