TERRADEZ

marzo 16, 2011

 

 Fue hace cuatro años, en febrero de 2007, cuando me llamaron para ayudar a los vecinos de la Urbanización Casbah II de El Saler (Valencia), contra un deslinde agresivo que dejaba a los interesados sin casa. El presidente  del colectivo era un hombre jovial y optimista, decorador de profesión, llamado Juan Miguel Terrádez.

 Ese verano, en una reunión en el maltrecho centro social de la urbanización, trajo unos litros de limón granizado porque era su cumpleaños. La fundación de la Plataforma comenzó a insinuarse aquel día porque Terrádez y los suyos me pedían soluciones más allá de escribir un papelito de más o de menos.

 Estuvo conmigo en la entrevista histórica (aunque inútil) con Juan Carlos Martín Fragueiro, el 4 de noviembre de 2008, cuando la Plataforma llevaba ya unos meses sacudiendo leña.

  Fue el artífice de una solución in extremis para la supervivencia física de La Casbah frente a los embates del oleaje, cuando consiguió convencer al Ayuntamiento de Valencia de que arreglara el paseo marítimo descalzado por el temporal a pesar de la negativa de Doña Lidia Pérez, a quien muchos conocen como Jefa de Costas de Valencia.

  Cuando las cosas se torcieron y algunos ciudadanos de este bendito país se pusieron a hacerme la vida imposible, aquel decorador jovial y optimista se puso de mi parte y me defendió en público y en privado. Y cuando los ciudadanos afilaron el colmillo y se empeñaron en darme el estoque definitivo, Terrádez se encargó de organizar mi defensa.  Me consta que lo pagó caro y creo que entenderéis que tengo una deuda con este tipo que continuamente daba la cara por mí ante enemigos feroces.

 He compartido con él mucho más que el limón granizado, especialmente cosas inmateriales: La esperanza cuando Martín Fragueiro apuntaba maneras, la exaltación con motivo de la aprobación de informe Auken, la vergüenza por las traiciones y la decepción cuando en el Puerto de Valencia nos dijeron el otro día que no pensaban hacer nada para impedir que el mar se comiera la urbanización. Pero sobre todo la confianza en un futuro mejor, en el que nadie tuviera miedo de que un día un funcionario público te quitara tu casa. Como sucede en estos casos, la desgracia le había hecho recorrer un camino, aunque fuera inconscientemente: Ya no luchaba sólo por su casa, ni por la urbanización (que son cosas)  Estaba luchando por la justicia y la dignidad (que son ideales).

  Antes de que hubiéramos sido capaces de cambiar la ley de costas, antes de que pudiera yo devolverle su vivienda, sin dar tiempo a las celebraciones por el triunfo final de la justicia, Terradez ha muerto. Cuando los culpables paguen sus culpas, cuando los inocentes recuperen la inocencia, cuando la tranquilidad natural vuelva a las familias, ya no podremos celebrarlo con la alegría que esparábamos, porque faltará uno de los nuestros.

 Su muerte ha causado consternación en la Plataforma.

Debo reconocer su espíritu positivo, su gusto por la ironía, su sentido de lo recto y su permanente disposición a ayudar. Ahora hay muchas personas que han leído en libros que hay que dar la espalda a la negatividad. En él era instintivo. No tengo un solo recuerdo de Juan Miguel Terradez Calabuig que no sea escucharlo bromear.

  Amigo, gracias por tu apoyo, tu energía y tu buen humor.

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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/principio/fin/Ley/Costas/elpepusoc/20110222elpepisoc_2/Tes

La norma que protege el litoral se ve amenazada por cinco iniciativas legislativas – Casi 23 años después de su aprobación, los perjudicados cantan victoria

RAFAEL MÉNDEZ – Madrid – 22/02/2011

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La Ley de Costas está tocada, quizá herida de muerte. Puede que caiga este año o el que viene. Puede que la legislatura se agote antes de que cuajen los cambios legales en marcha que pretenden minarla. Pero eso no es lo más relevante. La ola contra la ley, aprobada en julio de 1988, la presión para mantener la ocupación del litoral es tan grande y procede de tantos frentes, que caerá más temprano que tarde. Esa es al menos la impresión de ecologistas, perjudicados por la ley y la mayoría de partidos políticos.

La Ley de Economía Sostenible prorroga una refinería que ocupa una marisma

El Senado aprobó por mayoría rebajar la norma como pedían CiU y PP

El abogado de los afectados: “Es cuestión de tiempo que caiga la ley”

Los ecologistas critican la cesión de competencias a las comunidades

La recopilación de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que está sometida la norma.

En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utilizó la Ley de Navegación Marítima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender . La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo criticó la opacidad del trámite, pero la técnica se repitió. En agosto llegó la Ley de Puertos, de Fomento, que suavizó las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay más: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Economía Sostenible apoyó una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesión a una refinería en dominio público. El objetivo es que la instalación de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesión caduca en 2012, siga en pie después de esa fecha. El presidente de Petronor, el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando fórmulas para eludir la Ley de Costas.

En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretaría de Estado de Vivienda, se llegó a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer más atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, según fuentes próximas a la negociación. La ley no incluirá ninguna medida en este sentido, según una portavoz de Vivienda.

El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, no parece cómodo justificando estos cambios: “Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Economía Sostenible no me parece riguroso, creo que sería mejor decir qué quieres hacer con la ley”. Ríos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: “Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habrá hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien”.

Ríos sostiene que no hay que exagerar la polémica: “El 94% de la aplicación de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertación. No amañamos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en función del territorio”.

Los ecologistas critican que “quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar fábricas por la puerta trasera”, como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.

La oposición va más allá. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho años de Gobierno del PP se aplicó la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en otoño y las perdieron por un voto en la Comisión de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consiguió los diputados suficientes para tumbarlas.

Pero el empeño no acabó. El pasado 9 de febrero, el Senado aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que definió como “ciudades navegables”, en alusión a la Marina de Empuriabrava, una urbanización con puntos de amarre junto a los chalés en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicación de la ley.

El PP logró aprobar otra proposición para indemnizar a los dueños de fábricas construidas en dominio público antes de 1988. El PP, que durante años criticó la aplicación de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en sí. Según el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta “permite abrir vías claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos españoles y superar así la situación de inseguridad jurídica”. Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deberán debatir y donde CiU y PP tiene más difícil conseguir una mayoría como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.

La portavoz popular en el Senado, Leticia Díaz, declaró en la tribuna: “La redacción de esta ley permite su aplicación arbitraria, porque está plagada de conceptos jurídicos indeterminados”. La norma no fija una distancia para definir el dominio público, sino que utiliza conceptos geográficos como las playas, “el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos”, “las marismas, marjales y esteros”.

Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años, ampliables a 60, en una singular expropiación que el Tribunal Constitucional avaló en 1991. El plazo, que se veía como inalcanzable, comenzará a vencer en 2018. Los dueños ya ven próximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.

José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atrás: “Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos”.

Algunos Parlamentos autonómicos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurrió al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunció con otra ley gallega pero finalmente lo desestimó al pactar con la Xunta la interpretación.

¿Por qué ahora? ¿Por qué una ley vigente durante más de 20 años recibe de repente un ataque tan directo? Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplicó con lo que él define como sentido común. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambió todo al aplicar la ley con firmeza.

Los números muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el trámite que delimita la zona pública y privada de costa- 4.659 kilómetros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kilómetros, según las cifras del PSOE. Ya está deslindado un 95% de la costa y la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.

Ríos critica que PP y CiU “intentan amañar la ley”. “Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio público, un concepto prohibido en la Constitución”.

La ley es, sin duda, polémica. Es difícil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando después ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas españolas están jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco años parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chalés son expropiados.

Ríos admite que ha habido problemas de inscripción de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: “Ha habido registro de propiedades en la costa, sí. Pero no solo en la costa, también en los ríos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deberíamos haber tenido”. El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.

Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la polémica: “Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda España. Suponiendo que sea así, es muy poca gente frente a la mayoría del país. Algo que no justifica recortar la norma”.

Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: “La ley trata de prevenir los atentados de privatización del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayoría no sale a defender lo público”. WWF ganó en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la razón y anuló la decisión del Gobierno de construir un macropolígono industrial en dominio público en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.

Los defensores de la ley ven otra nube: la cesión de competencias a las autonomías. Cataluña recibió competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andalucía. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterró de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Doñana, que Costas ejecutó bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma más proteccionista posible.

Ríos defiende los traspasos: “Lo razonable es que la codecisión funcione de distinta manera pero en todas las comunidades”. El director general defiende la gestión a base de pactos con alcaldes y consejeros (“no vale un concepto policial de la acción, en el que se aplica a rajatabla una política”) y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: “La ley no está agotada pero ha cumplido una etapa”.

El catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada discrepa: “No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es más difícil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los españoles por no hacer frente a una situación compleja”.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-afectados-ley-costas-trabajaran-pp-perfilar-reforma-norma-proxima-legislatura-20110217195333.html

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) –

   El secretario y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, ha anunciado que el próximo mes de marzo se reunirán en Valencia con el portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, Carlos Floriano, con el que empezarán a trabajar en “perfilar” una reforma de la Ley de Costas de 1988 para desarrollarla durante la próxima legislatura.

   Ortega ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que es preciso iniciar un “trabajo más denso, técnico” así como “trabajar en la parte más áspera de la cuestión”.

   Además, señala que le han hecho llegar “puntos de vista de algunos miembros muy destacados del PP” en lo que se apunta que habría que acatar una reforma de la ley de Costas “al principio de la legislatura para que pueda culminarse en el término de la misma”. Por eso, han presentado una propuesta “muy definida” de reforma de la Ley de Costas al PP y han llegado a un preacuerdo para trabajar en el tema.

   Asimismo, ha asegurado que la plataforma “ha constatado que existe en el PP una sensibilidad clara hacia los problemas de los afectados y una disposición bastante clara a introducir cambios en la Ley de Costas”.

   Igualmente, ha expresado la satisfacción de la plataforma porque cuando crearon la agrupación a finales de 2007 “todo el mundo pensaba que la ley de costas era inamovible”, mientras que ahora considera que hay “aroma de alivio y cambio en el aire” que esperan ver en la próxima legislatura.

   “Ni yo, ni la plataforma, ni nadie, quiere que el litoral se desguarnezca frente al avance de los especuladores y que se estropee la costa. Hay que ver si son capaces de meter el bisturí con finura para, preservando la costa, pero siendo respetuosos con la propiedad privada”, ha manifestado.

   En cuanto a su relación con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha indicado que desde 2008, la ministra Elena Espinosa no les recibió mientras estuvo en el cargo, aunque sí lo hizo el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. Sobre la actual titular en el cargo, Rosa Aguilar, ha agregado que le han pedido una reunión pero que todavía no han recibido respuesta alguna, al tiempo que ha asegurado que no tienen “ninguna intención de tomar ningún tipo de actitud dura ni desleal contra el Gobierno”, porque consideran que lo que es “perfectamente razonable”.

   Finalmente, ha lamentado que el balance de la Ley de Costas es que “no ha servido para frenar el desarrollo urbanístico” en los últimos años, sino para justificar que se está aplicando la ley para despejar playas pero, en su opinión, “solamente actúa sobre las clases medias y los poblados de pescadores, pero no frente a desarrollos urbanísticos en sitios indebidos”.

 

 

Cristina Narbona se ha apresurado a salir al paso de la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de costas, negando de forma tan rotunda como atolondrada que su Ministerio esté aplicando la ley retroactivamente.

Es una pena que no haya tenido la paciencia de leer antes mi Informe sobre aplicación abusiva de la ley, pero en todo caso con esas urgencias y esas declaraciones acredita ignorar lo que sucede en su propia casa, porque en este preciso momento tiene al menos un expediente en trámite en el que se está haciendo con luz, taquígrafos y solemnidad lo mismo que ella niega: “la ley de costas ha implantado un sistema de retroactividad global en lo que atañe al catálogo de los bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre”, declara ampulosamente el informe de un sesudo personaje de la Demarcación de Costas de Oviedo, en el empeño de justificar la apropiación de terrenos privados de Villaviciosa. Se trata del mismo sesudo personaje que en el mes de junio se puso a cavar en una zona boscosa de la playa de Otur y no dejó parar a los operarios hasta que, después de hacer un socavón de tres metros, dio con la arena de una duna ajena al paisaje, más fósil que un Tiranosaurius Rex, y más muerta que la momia de Tutankamon.

Sí, sí… la ley de costas se está aplicando retroactivamente, y mucho. Todo empezó con el desgraciado caso de Los Arenales del Sol, en Elche, cuando un ingeniero del Ministerio de Obras Públicas al que nadie había invitado al guateque, se presentó por sorpresa en el acto del deslinde y tuvo la audacia de formular una propuesta de delimitación contraria a la del propio Jefe de Costas. Hasta el Abogado del Estado se quedó como la cera después de que el intruso comentó que en tiempos anteriores a la construcción de los edificios los materiales sueltos seguramente llegarían más al interior, y propuso pasar la línea por detrás de la urbanización. Con esto y con la sospechosa resignación del Jefe de Costas del momento, que encierra mundos enteros de misterios por descifrar, aquel señor abrió la puerta a la arbitrariedad que hoy vemos por cada esquina de España.

Un poquitín más tarde, el nuevo ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Alicante D. Angel Muñoz Cubillo, dio un enérgico impulso al expediente que concluyó con su feliz aprobación en 1.997, en una  declaración, creo que inédita en España, según la cual toda la gran urbanización de diecinueve torres de apartamentos constituye dominio público.

Posteriormente sus méritos profesionales auparon a D. Angel Muñoz a la Dirección General de Costas, donde desempeñó diversos puestos, siendo hoy Subdirector General y funcionario de lo más influyente. Quizá se deba a su impulso la actual propuesta de deslinde de Playa Lisa y Gran Playa, en Santa Pola, que pretende repetir la experiencia de Arenales del Sol en un caso que por sus antecedentes podemos considerar idéntico. Y me caben pocas dudas de que es su impulso el que ha propiciado la aplicación retroactiva de la ley también en el deslinde de un tramo de la playa del Saler, donde todo iba bien hasta que llegó un oficio de la Dirección General de Costas en el que se ordenaba seguir el ejemplo de Arenales del Sol y comerse las construcciones, es decir, quitarles a los vecinos sus hogares y a los hoteleros sus hoteles.   

Pero en fin. El caso más deliciosamente pintoresco proviene de la zona de la Bombilla, en la isla de la Palma, donde la Dirección General de Costas tuvo el detalle de aprobar un deslinde llevando la línea hasta el pie de un acantilado a donde el agua no llega ni en sueños, y sobre un terreno que no es playa ¿La razón? Según reza el ingenioso informe geomorfológico, al final de la glaciación Würm el deshielo produjo una subida de treinta metros del nivel del mar, y así se modeló el acantilado. Esto sucedió poco después de que se hicieran las pinturas rupestres de Altamira, hace aproximadamente catorce mil años, y en unos momentos en los que era relativamente reciente la aparición en la Dordoña francesa del hombre de Cromagnon.

¿Tendrá Cristina Narbona la bondad de admitir que se trata de una aplicación retroactiva, y mucho, de la ley de costas? ¿No les parece esto, más que materia propia del  Boletín Oficial del Estado, un guión escrito para Gila? ¿Podría pronunciar justificadamente la palabra payasada para referirme a la motivación del deslinde de la Bombilla? Y una pregunta más, si no es abusar ¿No resulta inquietante que todo lo que les cuento se haya originado por culpa de la inexplicable, injustificada, rara y más que turbia intervención de un tercero extraño al asunto en el expediente de Arenales del Sol, un tipo al que nadie mandaba estar allí pero que tenía poder suficiente como para asustar al mismo Jefe de Costas de Alicante?

En todo caso, sepan que hoy no es prudente comprar una propiedad cerca de la costa, aunque no esté en primera línea, ni en segunda. La aplicación retroactiva de la ley, que es un hecho cotidiano, impide que usted llegue nunca a estar seguro de ser dueño de lo que ha comprado. Por todo el país se está recurriendo, con entusiasmo propio de secta religiosa, al mapa geológico para retrasar el deslinde. En cualquier momento un ingeniero trazará una línea sobre un plano, invocando algo que pasó en el Pleistoceno, cuando no estábamos allí para evitarlo, y usted lo perderá todo.

Uno de los personajes más influyentes del siglo XX, Vladimir Illich Ulianov, dijo que hay muchas formas de equivocarse. Si yo digo que dos y dos son cinco, eso es una equivocación. Pero si digo que dos y dos son un candelabro, no cabe duda de que la equivocación es de otra dimensión. Esto es lo que le pasa a la Ministra. Hay también muchas formas de hacer el ridículo, y ella, con sus prisas, ha elegido la suya.

 

José Ortega

Abogado

joseortega@costasmaritimas.com