1 (3)@abogadodelmar

Ya hace tiempo que no tengo el gusto de escuchar en el Congreso de los Diputados el reproche que antes solían dirigirse unos a otros…¡¡¡Usted ha enterado a Montesquieu!!!. Esto lo decían para significar alguna actitud contraria a la separación de poderes, pues como ya sabéis este amable ilustrado francés sentó las bases teóricas de la separación entre legislativo, ejecutivo y judicial como base fundamental de la democracia.

Quizá hayáis oído hablar de algo bastante abstruso llamado Constitución española. Se trata de un conjunto de letras, signos de puntuación, palabras, frases y párrafos agrupados en artículos y publicados en el BOE.

La Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, pero puede que hubiera sido adecuado celebrar la votación popular el día 28 de ese mismo mes. Digo esto porque es más bien una broma pesada y no sólo debido a que lo poco que tiene de bueno los poderes públicos no lo cumplen, sino porque presenta carencias inauditas y regulaciones incomprensibles.

Confieso que hasta este momento estaba convencido de que la separación de poderes estaba recogido en la Constitución como principio básico de la democracia. Pues no: Una lectura detallada confirma que, por decepcionante que parezca, no es así. Esto naturalmente tiene consecuencias porque un asalto a la separación de poderes podrá servir de base a la crítica en la barra del bar, incluso el bar del Congreso, pero no a una impugnación judicial.

Temo que los padres de la Constitución tramaron conscientemente un Estado totalitario (indudablemente al servicio del capitalismo internacional) en el que dejaron el principio de separación de poderes fuera de la norma suprema porque quisieron hacerlo.

Pues bien, la pregunta que cabe hacerse es si incluso así en España hay separación de poderes. Menos mal que la hago yo (y claro está que se trata de una pregunta retórica), pues si alguien me la formulara a mi le pediría que dejara de hacerme perder el tiempo con tonterías.

No voy a dar una respuesta explícita. La deduciréis vosotros mismos de los ejemplos que pongo a continuación

En el ámbito de los tribunales del orden contencioso administrativo (A donde tienes que ir si quieres discutir alguna decisión del Estado, es decir de los partidos políticos) ya hace tiempo que me di cuenta de que un recurso tiene posibilidades mínimas de prosperar porque el gobierno (es decir los partidos políticos) se asegura de que los ciudadanos pierdan todos los litigios a través de la colaboración de sus amigos los jueces, que dictan las sentencias que a ellos les complacen.

Una vez formulé recurso contencioso administrativo contra la aprobación de un proyecto de obras en La Palma. El proyecto, con infracción brutal del artículo 44.5 de la ley de costas, incluía un paseo en la ribera del mar y yo creía que el asunto era pan comido. La Audiencia Nacional dictó sentencia diciendo lo siguiente:

—Es cierto que la senda peatonal prevista en el proyecto es un paseo marítimo.

—Es cierto que ese paseo marítimo discurre por la ribera del nar.

—Es cierto que el artículo 44.5 de la ley de costas prohíbe los paseos en la ribera del mar.

—SIN EMBARGO, si el Ministerio de Medio Ambiente considera que el paseo debe ir por la ribera del mar, irá por la ribera del mar y no hay más que hablar

Cuando leí esta sentencia apenas lo podía creer. Sentí vergüenza y pena por formar parte de este país y de llamarme español. Sus consecuencias van mucho más allá de lo que está a la vista. Algo que sí garantiza la Constitución (en su mundo de retórica vacía) es la seguridad jurídica. la seguridad jurídica implica que todo ciudadano sepa lo que puede hacer y no debe hacer no sólo él mismo, sino también la Administración. Este saber a qué atenerse está plasmado en las leyes. Si la ley de costas prohíbe los paseos en la ribera del mar, todo ciudadano tiene derecho a creer a pie juntitas que los paseos están prohibidos en la ribera del mar y a actuar en consecuencia. Por ejemplo impugnando un proyecto que infrinja el precepto.

Pero si los magistrados, en sus locas ansias por complacer a quienes los han puesto ahí (los partidos políticos), imponen en su sentencia algo total y absolutamente contrario a lo que dice la ley, la consecuencia es clara: Ya no hay ley. Nadie podrá nunca estar seguro de lo que la Administración puede o no puede hacer aunque lo lea cien veces en el BOE, porque eso ya no dependerá de la ley sino de lo que en cada momento le parezca bien a jueces y magistrados según el humor con el que se hayan levantado ese día. De manera que no solamente el poder ejecutivo (los partidos políticos) mangonea al poder judicial mediante los nombramientos de sus magistrados, sino que los jueces ya se consideran con licencia para modificar o derogar la ley que deberían aplicar con rigurosísima fidelidad, con lo que se convierten en legisladores (y tengo más ejemplos que no expongo por falta de espacio).

¿Hay separación de poderes en España?

Responde tú mismo.

Veamos ahora qué sucede con el poder legislativo. El 20 de diciembre de 2012 tuve el alto honor de ser recibido en el Congreso de los Diputados por la diputada del PP Doña Teresa de Lara, a la sazón ponente del proyecto de reforma de la ley de costas. Esta señora me dio a entender que no se iban a introducir enmiendas que no fueran autorizadas por el gobierno. Lo mismo me dijo el portavoz del PP en el Senado.

¿Pero entonces quien hace las leyes?

Hace ya tiempo que los medios de comunicación, como si fuera lo más normal del mundo, aluden a “la nueva ley del gobierno” o dicen que “el gobierno ha hecho una ley”. La vieja fórmula de que las leyes las aprueban las Cortes parece desfasada.

¿Hay separación de poderes en España?

Responde tú mismo.

Quizá con esto te sientas tentado de creer que es el gobierno quien lo decide todo. Sí y no. Los auténticos propietarios de España, los que mandan, os que hacen y deshacen y disponen de nuestras vidas, son unos grupos de bandoleros que tienen todo el aspecto externo de organizaciones de delincuencia organizada y que conocemos popularmente como partidos políticos.

Los partidos están recogidos en la Constitución. Su artículo 6 manda que su funcionamiento interno interno debe ser democrático y todo lo que puedo decir al respecto es permite que sonría.

Por lo que yo sé, los partidos políticos en España no tienen un régimen interno democrático, sino todo lo contrario.

Acabo de escuchar en el informativo que acusan a Alberto Ribera de conducir Ciudadanos mediante procedimientos caudillistas y de decidir todo unilateralmente. Una persona humana que en tiempos fue mi amiga me contó durante una cena en un restaurante vegetariano del centro de Madrid que había sido miembro del PSOE durante un breve periodo, antes de salir huyendo a vista de sus estructuras antidemocraticas y de la total y absoluta imposibilidad de participación interna. Cuando el partido popular se cargó a Alberto Costa por decir que era el Secretario General en la Comunidad Valenciana, la dirección central se burló de los estatutos de su propio partido y de su propio sistema de garantías porque con arreglo ellos la dirección nacional no es nadie para intervenir en el organigrama del partido en una Comunidad. Cuando Aznar decidió que el secretaría general de su partido sería elegido por cooptación y designó a Rajoy porque le dio la gana, al margen de todo cauce democrático y como si fuera un emperador persa, ningún periodista movió una ceja.

Por lo tanto, de democracia interna poco o nada. En cuanto a los fines que persiguen los partidos, todo sugiere que se trata de cuadrillas de pillos cuya ansia principal es forrarse y saquear España, y está vez no me cansaré en poner ejemplos porque no encontraría el fin.

Sí, amigos. Nada de legisladores. Nada de jueces. Todo depende de la voluntad de estas cuadrillas de pillos y por eso España se hunde.

Aquí todo el mundo roba, pero los partidos son estructuras dotadas de su propio régimen nobiliario. Sólo los notables, esos auténticos señores feudales de la democracia, pueden gozar del privilegio de las puertas giratorias y entrar a formar parte (supongo que como abre puertas, valga la redundancia) de una multinacional tras su paso por el gobierno. Por eso los gobiernos trabajan para las multinacionales, no para los ciudadanos. A sus ministros los intereses generales no les importan nada. Ellos luchan desde dentro del sistema para que el capitalismo internacional nos apriete las clavijas más y más a y de esta manera merecer su futuro empleo de porteros de lujo al servicio de los auténticos jefes.

Estimado señor D. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu: No sé dónde está usted enterrado, pero sus propuestas en pro de la democracia yacen en España bajo toneladas de tierra.

José Ortega

ABOGADO

http://www.costasmaritimas.es

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@abogadodelmar

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 Anuncia la tele que el PSOE ha formulado recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de costas, aunque por ahí y por los papeles se explica poco sobre el contenido del recurso en cuestión. Sólo he leído cosas como por ejemplo lo siguiente:

Los socialistas, tal y como explicó su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, a principios del verano, buscan tratar de “para” una norma que únicamente responde a “intereses privados”. 

Asimismo, recuerdan que la Constitución apunta que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” y los poderes públicos están obligados a hacer un uso “racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. Algo que no contemplaría esta norma. 

Por otra parte, el PSOE ve arbitraria la decisión de prorrogar 75 años las concesiones en la zona de dominio público, ya que chocaría con las directivas de la Unión Europea.

Además de los socialistas, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó el miércoles presentar también un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas. Desde el Ejecutivo de Javier Fernández se asegura que esta normativa “fomenta las desigualdades, apuesta por la arbitrariedad, antepone los intereses privados y supone además una subordinación intolerable de las competencias autonómicas en las que se inmiscuye de manera totalmente ilegítima”, según recoge ‘El País’.

Teniendo en cuenta la parquedad de la información, mi punto de vista es que esta maniobra es una pose que obedece a una cuestión supuestamente de coherencia con el posicionamiento de este partido tan obrero y tan español y sobre todo tan socialista. Pero una cosa es la coherencia política y otra el mundo del derecho, que a pesar de que está siendo deshecho por ambos partidos políticos en una labor de demolición lenta pero eficaz, sigue siendo derecho.

En corto: Tal como lo veo, la reforma de la ley de costas es claramente contraria a la Constitución en determinados preceptos, aunque lo que el PSOE ha anunciado por ahí nada tiene que ver con ellos. Esto no quiere decir que las cuestiones a las que me voy a referir no vengan recogidas en su recurso. Quiere decir únicamente que no las he visto en la prensa.

Respecto de lo que sí he visto en la prensa, que es más o menos lo que transcribo arriba, pienso lo siguiente:

Relativo al primer párrafo en cursiva: Que la ley promueva intereses privados no es por sí contrario a la Constitución. También responde a intereses privados la necesidad de autorización judicial previa a la entrada en domicilio, por ejemplo. Los socialistas quisieron fastidiarla con la ley Corcuera, también llamada ley de la patada en la puerta, y no pudieron. En democracia, los derechos ciudadanos se confunden en bastante medida con los intereses privados ¿no es así? Existe una tensión evidente entre lo privado y lo público que unas veces se resuelve más de un lado y otras del otro. Pero que la ley se refiera más a los intereses privados que a los públicos no es más que jugar a ese juego y estar en esas reglas. Por sí no implica una violación de la Constitución.

Respecto al segundo párrafo en cursiva: Permitan que me ría. La Constitución no sólo afirma que todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado bla bla. Dice también, por ejemplo, que todos tienen derecho a una vivienda digna. El gobierno del partido socialista nada hizo para refrenar una oleada de desahucios que ha dejado más de cien suicidios en nuestra amada patria. Mientras los señoritos socialistas que hoy han presentado el recurso veían cómo uno tras otro los desafortunados españoles se quitaban la vida, no se les ocurrió razonar que, según la Constitución, todos tienen derecho a una vivienda digna. Pudieron frenar el genocidio y no lo hicieron. Pudieron contener el ímpetu de sus amos, los bancos, y no lo hicieron. Me da ganas de vomitar la retórica de estos servidores de la banca internacional cuando se quejan de la vulneración del derecho a un medio ambiente adecuado bla bla. Especialmente cuando ni miraron a la cara a mi amigo, el ingeniero Simon Hebert Faull, cuando llamaba a sus puertas para darles a conocer el reactor Faull, que elimina las emisiones de los tubos de escape de los coches haciendo que sólo desprendan oxígeno, y sobre todo su motor que funciona con el calor específico del aire, y por tanto ni consume ni contamina. Estos señoritos socialistas y obreros, siervos no sólo de la banca internacional, sino también de las multinacionales del petróleo, no pensaron entonces lo que dicen ahora de que todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado bla bla.

Respecto al tercer párrafo en cursiva: Una cuestión es que la ley sea contraria a a Constitución y otra que lo sea a directivas europeas. Como todo el mundo sabe o debería saber, para que la ley sea inconstitucional debe ser contraria a la Constitución y eso es todo. Así que una cosa es presentar un recurso serio y riguroso y otra parlotear ante la prensa para conseguir una foto.

Respecto al cuarto párrafo: Es muy posible que el Principado de Asturias haya incluido algún contenido coherente, porque como explico en seguida la ley de reforma contiene alguna brutalidad inaceptable en materia de competencias administrativas.

En resumen, yo pienso que lo que ha hecho hoy el partido socialista ha sido cumplir con un ritual que hasta donde sé y por lo que sale en prensa, está vacío de contenido. Ellos van, presentan el recurso y cumplen con el ritual aunque el recurso no tenga fundamento, lo mismo que otros van a misa los domingos y cumplen aunque no se acuerden de qué iba la homilía.

Como las donaciones a los partidos políticos son opacas y los ciudadanos no tenemos derecho a conocer quién paga realmente los sueltos de Rubalcaba, Rajoy, las dos Sorayas y toda la caterva, no sé ni sabe nadie si el Sr. Rockefeller, además de financiar a Greenpeace, financia también al PSOE. Pero no me extrañaría que fuera de esa manera. El objetivo a conseguir en todos los casos es la disidencia controlada, si me entendéis. Paga a un grupo o asociación o partido para que se apropie del discurso ecologista e impide de esta manera que los temas que sí importan salten a la discusión pública. Dales dinero para que se metan con los afectados por la ley de costas o con los pescadores de arrastre y así impedirás que se pueda hablar en serio de las energías alternativas y que se discuta la anacrónica e inaceptable dependencia del petróleo, de cuyo negocio quizá provengan esos fondos para que los señoritos socialistas y obreros puedan hacer bien vestidos y comidos la pose ecologista que tanto les gusta

Extraído al azar de internet:

La organización ecologista más famosa del mundo recibe donaciones de grandes magnates del petróleo, la automoción y los mass media. El caso más llamativo es el de los Rockefeller -accionistas y fundadores de petroleras como Exxon Mobil-. Su fundación ha financiado a Greenpeace con más de un millón de dólares.

¿Comprendéis por fin de qué va la cosa? Por lo visto Greenpeace no puede parar de meterse con los afectados por la ley de costas porque si se hiciera el silencio por un momento nos daríamos cuenta de que nos faltan algunas quejas e iniciativas suyas en relación con la dependencia del petróleo. Apliquemos este mismo razonamiento, aunque sea de forma provisional, a los señoritos socialistas y obreros, siervos de la banca internacional y de las petroleras, que hoy han presentado muy orgullosamente su recurso.

Dicho esto, yo veo tres motivos de inconstitucionalidad en la ley de reforma de la ley de costas, aunque podría haber más.

Apartado segundo del artículo 119 de la ley de costas (según reforma):

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, el Delegado del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley.

Sólo con mucha arrogancia es posible colocar un precepto como éste, en especial después de la sentencia 149/91 del Tribunal Constitucional, que como es sabido declaró la nulidad parcial de la ley de costas hecha por el partido socialista debido a que atribuía competencias al Estado en la gestión de la servidumbre de protección. El razonamiento más o menos era el siguiente: La servidumbre de protección es un concepto legal creado ex novo por la ley de costas de 1988 que tiene por finalidad proteger el dominio público de la excesiva presión urbanística. Su antecesora, la servidumbre de salvamento, tenía el propósito de dejar espacios libres para varada de embarcaciones y depósito de náufragos y mercancías en caso de naufragio. El Tribunal Constitucional dijo que la cuestión relativa a la presión urbanística es ordenación del territorio, y la ordenación del territorio es una materia que la Constitución reserva a las CCAA. Por tanto, hubo que reformar esta parte de la ley y por cierto éste es el motivo de que nos encontremos con el lío recurrente de una franja de seis metros desde la ribera del mar que es al mismo tiempo servidumbre de tránsito y de protección, y que está sometida a dos autoridades distintas en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer en ella.

Es incomprensible cómo después de esos antecedentes el legislador (o sea, el gobierno, o sea los tres o cuatro ingenieros de costas que en esta materia son los jefes de España) se atreve a volver a atribuir al Estado competencias en la servidumbre de protección. Imagino que el Principado ha formulado recurso por este concepto (entre otros) y yo pienso que es seguro que el TC les dará la razón.

Disposición adicional sexta:

1. Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría incorporada al propio anexo.

Entiendo que muchas familias han respirado tranquilas después de que les quitaran el muerto de encima mediante este procedimiento, especialmente mis amigos de Moaña, pero esto no significa que el procedimiento sea correcto en derecho. Y no lo es.

La cuestión es simple:

-El artículo 132.2 de la Constitución dicen que la zona marítimo terrestre y las playas son dominio público.

-El artículo 4 de la ley de costas introduce el concepto conocido oficiosamente como “dominio público artificial”, integrado por bienes que son demaniales por ministerio de la ley aunque no son dominio público natural o ribera del mar. Por ejemplo, los acantilados, los terrenos que compre el Gobierno para sumarlos al dominio público o aquéllos que hayan perdido su primitivo carácter de zmt o o playa.

-El artículo 18 de la ley de costas establece la posibilidad de desafectación de los bienes que formen parte del dominio público llamado artificial. Quiere esto decir que, respetando el artículo 132.2 de la Constitución, no es posible desafectar bienes de la ribera del mar o dominio público natural.

Pues bien: Lo que hace la disposición adicional sexta de la ley de reforma es decir que determinados bienes son dominio público natural y que aún así “se excluyen del dominio público”. Esto no es algo que pueda hacer el legislador porque es contrario al artículo 132.2 de la Constitución. Es así de simple.

No he dicho hasta ahora ni media palabra de esto para no perjudicar los procesos que en cada caso se hayan abierto para resolver los problemas de esos once núcleos de población.  Pero dejadme que exprese ahora este punto de vista exclusivamente técnico que sólo tiene por finalidad clarificar y que ya no puede perjudicar a los interesados puesto que el tema está en manos de esos señores y esas señoras del Tribunal Constitucional, que son muy sabios.

Por lo demás, la disposición adicional sexta violenta con claridad el artículo 14 de la Constitución al establecer un privilegio no justificado frente a otros afectados que, encontrándose en una situación similar, no se han visto beneficiados por tan generosa medida como es la exclusión del dominio público.

De la arbitrariedad de la medida os puede servir de ejemplo la exclusión del casco urbano de Isla Cristina. El área es una península totalmente arenosa que constituye por mandato constitucional ribera del mar en toda su extensión. Los constructores se pusieron quiquos construyendo allí, incluso después de la ley de costas y en parte gracias a unos deslindes muy amables que dejaron fuera del dominio público esos terrenos que eran pura arena. En particular, llamo la atencion sobre el caso de un hotel muy majo construido encima de una arena muy suelta y fluida. Ved este video, que hice con el teléfono móvil que tenía en noviembre de 2008. El mar se encuentra a la derecha, es decir que yo estaba paralelo a la parte de atrás del hotel. Para construirlo se taló un pinar y si queréis saber más, sus propietarios tuvieran tantísima suerte que no solamente el deslinde estaba muy hacia el mar, sino que una gran casualidad hizo que la servidumbre de protección de cien metros terminara justo delante de donde empieza la edificación. También es una buenísima suerte que te dejen quitar los pinos de un bosque litoral y construir un hotel sobre la arena teniendo delante cien metros de materiales sueltos que pese a las imperiosas definiciones del artículo tercero de la ley de costas, NO son dominio público según el deslinde aprobado.

 

Disposición adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera 

1. Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio públicio marítimo-terrestre:

a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensbiles las mareas, y las mayores olas en los termporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde

b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica.

El precepto causa estupor y es bajo mi punto de vista contrario a los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. El primero prohibe la arbitrariedad de los poderes públicos. El segundo impide la discriminación.

¿Por qué el precepto incurre en arbitrariedad? En primer lugar porque ni se explican ni posiblemente existan las especiales condiciones geológicas a las que se refiere el apartado primero.  En segundo lugar, porque pretender que en una parte de la isla las mareas sean sensibles y en otras no, es equivalente a admitir que en algunos días tontos el sol pueda salir por occidente y ponerse por oriente.

Como he escrito algunas veces ya, el famoso Vladimir Ilich Ulianov, escribió que una cosa es equivocarse al decir que dos y dos son igual a cinco y otra muy distinta equivocarse pretendiendo que dos y dos son igual a una zapatilla (en realidad él habló de un candelabro). Aquí estaríamos ante la zapatilla si no fuera porque esto no es un error, sino una burrería intencionada de quien hace como que no sabe ni geografía, ni geología, ni de mareas, ni de nada, aunque de lo que no sabe realmente es de decencia.

Cierto: Hace falta tener la cara muy dura para pretender lo que pretende el precepto. Todos loa navegantes, todos los prácticos de puerto, todos los pescadores, todos los bañistas, todos los viejos del lugar y todos los estudiantes saben que en el Mediterráneo no son sensibles las mareas y decir lo contrario en una ley es indicativo de que en España hemos llegado a un nivel sin precedentes de degradación de la vida pública.

¿Sabéis cuál es la consecuencia? En el Mediterráneo el nivel del mar puede subir como consecuencia de las mareas apenas unos centímetros. Pues bien: Donde el gobierno quiera, declarará que allí las mareas son sensibles, y entonces el dominio público tendrá una amplitud de centímetros. Sí: Centímetros. Alguien creo yo que saldrá beneficiado ¿No pensáis igual?

Por lo demás, es claro que el precepto lesiona el derecho de igualdad no sólo al introducir el invento de las mareas, sino también al definir la playa de acuerdo con la ley de costas de 1969, es decir, no incluyendo los campos dunares. El resto de los españoles no tienen esa suerte.

Así que veis cómo entre unos y otros nos marean y hacen lo que quieren con nosotros. Primero tocaba jugar al juego de fingir que se reformaba la ley de costas para beneficiar a los ciudadanos. Ahora jugamos al juego de estar indignados por los agravios al medio ambiente. Unos hacen una ley de reforma que no pasaría un control de calidad si lo hubiera. Los otros se apuntan a los tópicos para salir en la prensa. Unos y otros fingen rigor y seriedad para seguir arriba, haciendo lo que hacen y viviendo como viven.

José Ortega

Abogado  www.costasmaritimas.es