@abogadodelmar

 

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LA SEXTA Y YO

junio 25, 2019

@abogadodelmar
Muchos quedaron decepcionados después de que anunciara mi intervención en el programa LA SEXTA COLUMNA y ésta quedase reducida a un mínimo.
Yo ya sabía que esto iba a suceder y lo había comentado en una entrevista en INTERECONOMIA sobre NAFURIA. Informé que poco tiempo atrás me habían invitado a entrar en directo en Las mañanas de TVE con motivo de la cumbre del clima de Paris, pero desde la playa de Cullera. Para hacerlo corto, sólo pude contestar a una pregunta y para eso me hicieron viajar 60 km de ida y otros tantos de vuelta (a mi costa). Por tanto, cuando vino el equipo de La Sexta ya sabía de qué iba la cosa y no me sorprendió que de una entrevista de hora y media mostrasen sólo unos segundos, es decir de nuevo la respuesta a una pregunta.
Antes había intervenido también en un documental parecido del Escarabajo Verde (Segunda cadena) titulado DECONSTRUYENDO LA COSTA. Allí también aparecía Pilar Marcos, la especialista en costas de Greenpeace, pero en aquella ocasión francamente los tiempos estaban más repartidos y pienso que mejor equilibrados.

Estas observaciones nada tiene que ver con una queja o una protesta porque no soy actor, sino abogado. No obstante, dejó constancia del tema por explicar a los seguidores del blog y a los clientes del despacho cómo fue la cosa.
Mi opinión sobre el arte final es la siguiente: Estoy de acuerdo en que la situación medioambiental no sólo de la costa, sino de todo el pais y el mundo en general es una pena. También estoy de acuerdo en que a un número inmenso de nuestra amados conciudadanos Tele 5 les ha secado el cerebro y ya no responden den a estímulos normales como pueda ser preguntarles si no se han dado cuenta de que el planeta Tierra se está yendo a paseo. Estos ciudadanos aturdidos y atontados necesitan que les pongan delante de sus ojos mortecinos algo muy alarmante para que lo entiendan. Quizá algo como el reportaje de LA SEXTA COLUMNA que vimos la otra noche. No obstante, deberíamos convenir en que ese trabajo, que puede cumplir el papel de octavilla política, no (repito: No) puede venderse también como análisis objetivo y equilibrado del problema de nuestras costas en general y de la ley de costas y su aplicación en particular. Esa carencia es evidente que se debe a la falta de atención a los problemas de las victimas, que humildemente eran los que mi intervención más o menos estaba destinada a exponer. Hay una catástrofe medioambiental, cierto. Pero también una paralela catástrofe de derechos ciudadanos debida justa y precisamente a la aplicación arbitraria de la ley. Pongo como ejemplo a la anciana de Marbella que con toda razón se quejaba de la torre que le habían plantado al lado. En un momento del reportaje alguien se lamentaba de que un eventual derribo llevaría consigo un costo importante en indemnizaciones a los compradores de los apartamentos. Pero no se analiza su problema como victimas y también lo son. Conozco el caso de tres torres enormes construidas ilegalmente en el dominio público cuyos apartamentos fueron vendidos a terceros de buena fe que en estricta teoría están en peligro de quedarse sin nada. Estas personas también merecen atención y se trata de un punto de vista muy ajeno al que vimos
El reportaje también alude al ya cansino tema del hotel del Algarrobico. del que rodó el mundo habla pero parece ser que nadie analiza, ni explica. Si dejamos al margen el tema del parque natural, cuyas restricciones a la construcción dependen del PORN correspondiente, y en lo que se refiere a la ley de costas, yo no sé lo que ha pasado ahí ni he visto ningún papel (aunque alguien me dijo que el Ayuntamiento de Carboneras en su día había pensado en encargarme la defensa), pero según mi experiencia puedo aventurar la hipótesis de que, no estando deslindado ese tramo de costa, alguien pudo creerse con derecho a entender que eso era lo mismo que total ausencia de restricciones o controles derivados de la ley de costas, cuando la realidad es que la disposición transitoria decimoctava del antiguo reglamento de 1989 establecía que quien deseara construir en un tramo no deslindado debía pedir a la Jefatura de Costas una delimitación provisional no sólo del dominio público sino también de las servidumbres de tránsito y protección. El hotel se encuentra en servidumbre de protección, que en esa zona de haber existido deslinde tendría que ser de cien metros. Por tanto, si el promotor hubiera observado la diligencia exigida por la disposición transitoria decimoctava del reglamento, nunca habría construido porque la simulación de delimitación lo habría impedido
¿Entonces quién es el culpable? No lo sé. Eso depende de cómo se hayan desarrollado los acontecimientos. Pero en cualquier caso no estamos hablando precisamente de la construcción de una caseta de aperos. El constructor no debió arremangarse y meterse al tema sin antes observar la diligencia a la que me he referido. Pero alguien otorgó de manera extraordinariamente laxa la licencia municipal de obras.
Debo decir que esto apenas me sorprende porque he tenido la desgracia de conocer un caso similar y muy feo.
Es éste:

 

El caso es que como ya imaginaba lo que iba a pasar, grabé la entrevista con mi camarita. Normalmente estas intervenciones suelen durar como diez o quince minutos y para r eso no la conecté a la red. Pero la entrevista se prolongó por casi hora y media y la cámara se quedó sin batería después de enlatar hora y diez minutos aproximadamente.
Está aquí:

 

 

Hasta luego

José Ortega

ABOGADO

http://www.costasmaritimas.es

 

 

 

 

 

 

 

@aoadodelmar

Ya he dicho en público y escrito muchas veces que el trabajo de los ingenieros de costas deja mucho que desear porque todo lo que han conseguido en su impetuosa carrera por completar los deslindes es generar innumerables bolsas de limbos jurídicos en los que quienes perdían sus viviendas quedaban en una  situación tan dudosa como insegura porque no había forma humana de que se les otorgara de oficio la concesión indemnizatoria que les correspondía por ministerio de la disposición transitoria primera, apartado cuarto, de la ley de costas. Tanto el reglamento de costas antiguo como el actual cargan a la Administración con la obligación de otorgar la concesión de oficio si los interesados no la solicitan dentro del plazo de un año desde la aprobación del deslinde. El problema es que a  la Administración  parece   que le encanta incumplir esta norma. Y le sale barato porque  que sus amigos los jueces le ríen las gracias y le perdonan todo, como a niños malcriados. Tengo por ejemplo la desgracia de conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegando la concesión al propietario de un terreno en Maspalomas incluso a pesar de la obligación del Estado de otorgarla de oficio y a pesar de que el reglamento de costas  dice que la única posibilidad de que el interesado no la   reciba es la renuncia expresa (por suerte la sentencia no es mía).

Tengo una ligera idea de por qué pasa esto, al menos por  qué les pasa a los ingenieros de costas, porque lo de los jueces es inexplicable. La presente ley de costas es la primera que asigna efectos civiles al deslinde. Por lo tanto es la primera que arrebata la propiedad a los antiguos titulares y claro está que la primera que crea  la necesidad de un sistema de compensaciones. Pero los ingenieros de costas empezaron a tramitar los deslinde impulsados por la pesada inercia de la etapa anterior. En ella, puesto que sus  efectos eran puramente administrativos y no perjudicaban la propiedad, tampoco había razón para establecer compensación alguna. Cuando se encontraron con esta ley nueva siguieron  exactamente igual. Dibujaban la línea y se olvidaban de los desarreglos que con eso causaban en el régimen de propiedad.

Como ya saben los afectados, este sistema de compensaciones consiste en la concesión establecida en la disposición transitoria primera.

LO QUE DIJO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Ese  grupo de señores y señoras al que con bastante desacierto a mi juicio se llama Tribunal Constitucional, en su ya la famosa sentencia 149/91, tuvo  el mal gusto de declarar que la pérdida de la propiedad debida a un deslinde de la ley de costas no es una expropiación sin indemnización sino una expropiación con una indemnización en especie consistente en la ya famosa concesión. En la Primera Jornada de estudio de la ley de costas, organizada en Valencia por la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de costas, ya tuve ocasión de maldecir un poco, acusando a los responsables de hacernos tragar que el valor de la concesión es igual al valor de la propiedad, lo que es lo mismo que releer el triste final de 1984 (Orwell) cuando el antiguo rebelde lobotomizado repite muy convencido que 2+2=5.

ALGO DE SACRIFICIO 

El 20 de enero de 2009 tuve el honor de hacer uso de la palabra en un debate en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo con motivo de mi queja sobre aplicación abusiva de la ley de costas.  En él hice referencia a la  sentencia-chascarrillo de un juez de primera instancia muy relacionada con esto. La demanda, de forma juiciosa, reclamaba  al Estado que indemnizara a los particulares con una cantidad en dinero que cubriera la diferencia de valor entre la propiedad  y el de la concesión.

El juez, confundiendo quizá el pleito con un procesión de Semana Santa y a los actores con penitentes descalzos propinándose golpes de cilicio, desestimó la petición con un razonamiento que merece un marco dorado. Dijo que toda expropiación lleva consigo una cierta dosis de sacrificio. Por cierto, que no es esto lo que afirma el artículo 33.3 de la Constitución. El precepto habla expropiación acompañada  de justiprecio, que semánticamente es lo mismo que precio justo, y es lo que estaban pidiendo estos afectados. En ningún precepto  constitucional se pretende que los ciudadanos estén obligados a aceptar sacrificio alguno con motivo de una expropiación.

LOS TRIBUNALES VIENEN AL RESCATE

Pues bien, como ya escribí en un artículo anterior, el ingente cúmulo de negligencias a que han dado lugar los responsables de la política de costas ha vuelto materialmente imposible la gestión de las concesiones infemnizatorias. Digamos que de la misma forma que España no tiene dinero bastante para indemnizar por las expropiaciones masivas derivadas de la ley de costas (y por eso se sacaron de la manga el truco abstruso de las concesiones), tampoco la Administración tiene medios bastantes para gestionar la tramitación administrativa de las concesiones que debían sustituir al dinero.

Es decir, que por culpa del modo de proceder, no sólo negligente sino también ilegal, de los ingenieros de costas, hay un bloqueo pétreo del que no se sabe salir.

¿Cómo resolverlo? Absolutamente ningún problema. Para eso los ingenieros de costas tienen a sus amigos los jueces, y son los jueces los que se han puesto a salvar la situación sin que sus camaradas tengan que reconocer responsabilidad alguna.

Se hace de la siguiente manera:

Cuando un deslinde remete al interior la ribera del mar, si ya había otro aprobado, los terrenos que por primera vez pasan al dominio público deben recibir la concesión de treinta años prorrogables por  otros treinta que prevé la disposición transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas. Al someter a aceptación del interesado el pliego de condiciones, los ingenieros de costas siempre imponían como fecha de inicio del cómputo del plazo concesional la de aprobación del deslinde. Los interesados reclamaban judicialmente que el cómputo debía iniciarse desde el otorgamiento de la concesión y la Audiencia Nacional siempre les daba la razón.

Hasta que dejó de dársela. Esto sucedió cuando Sus Señorías decidieron pegar  un bandazo histórico y adoptar el criterio contrarío. A partir de entonces, sin importarles la seguridad jurídica generada por sus decisiones anteriores, dejaron una y otra vez que las demandas nuevas, que confiaban en aquella doctrina tan pacífica,  se estrellaran contra el muro de hormigón armado del novedoso criterio del tribunal.

¿Y por qué ? Fácil. Porque es la única forma de salvarles la cara a los ingenieros de costas sin que se entere nadie. Si el cómputo del plazo de la concesión comienza a contar desde el deslinde, eso significa que desde el deslinde  hay concesión. Si desde el deslinde hay concesión, eso significa que ninguna necesidad hay de tramitarlas, y de esta manera se dispensa graciosamente y de un plumazo a los ingenieros de costas de incoar y resolver docenas de miles de expedientes.

Claro está que esto conduce a una situación casi metafísica y sin parangón en el derecho comparado: La concesión administrativa que al mismo tiempo existe (pues así lo ha dispuesto la Audiencia Nacional) y no existe (puesto que ni ha sido otorgada ni entre otras cosas se sae nada  del pliego de condiciones por el que debe regirse).

Como anécdota refiero aquí el caso de un grupo de afectados que fue a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para consultar si tenían derecho a la concesión ¡La cara que se les quedó cuando les contestaron que no solamente tenían derecho a lella, sino incluso que eran titulares, sin saberlo, de la concesión misma desde la aprobación del deslinde!

El argumento que emplea la Audiencia Nacional para dar sustento a este modo de resolver la cuestión no puede decirse que sea precisamente brillante.  Pretenden Sus Señorías que iniciar el cómputo de la concesión coincidiendo con su otorgamiento podeia lesionar el derecho de igualdad de otros afectados (hipotéticos e inespecíficos) en el caso (por comprobar) de que alguno de ellos s hubiera sido diligente y hubiera solicitado  la concesión dentro del año siguiente a la aprobación del deslinde. En tal caso (imaginario y supuesto), el recurrente ( que reclama  varios años después de aprobado el deslinde) habría obtenido una concesión por plazo en la práctica superior al de su (supuesto e hipotético) vecino..

Pero  los magistrados que escriben esas sentencias  conocen divinamente el reglamento de costas y saben igual de divinamente que tanto el antiguo como el nuevo mandan  que la Administración otorgue la concesión de oficio cuando los interesados no la han solicitado dentro del plazo de un año a partir del deslinde, como he adelantado. Por tanto, lo siento en el alma pero no tienen ni un poco de razón. 

Así pues, la situación de desigualdad y privilegios indebidos a que se refiere esta doctrina judicial, si existiera tal desigualdad, sólo se debe al olímpico e inaceptable desprecio de los ingenieros de costas hacia una obligación que no puede estar más clara en el reglamento de costas y que incumplen sistemáticamente porque les da la gana de hacerlo. Claro que la Audiencia Nacional  no puede aludir a esta norma del reglamento de costas porque sus sentencias tienen por finalidad  (o por consecuencia) resolver la horrible situación creada por su incumplimiento. Así que todo se reduce a  fingir la inexistencia de una norma que tienen la obligación de aplicar.

BIENVENIDOS AL NUEVO LIMBO JURÍDICO  

Entre los afectados, la disposición adicional séptima de la ley 2/2013, de reforma de la ley de costas es ya tan famosa como Manolo el del bombo. Debo decir que pasados cinco minutos de su lectura me di cuenta de que era ostentosa y diría que chulescamente contraria a la Constitución. El artículo 132.2 de ésta última dice que, entre otras cosas, las playas y la zona marítimo terrestre constituyen dominio público. Lo que pretende  esta ley es que determinados espacios previamente deslindados como zona marítimo terrestre o playa no son dominio público, y a mí me parece que no cabe una rebeldía más grosera contra eso que llaman la norma suprema . Lo que pasa es que no me extrañó mucho porque la técnica jurídica del conjunto de la ley de reforma da ganas de llorar.

El partido socialista formuló recurso de inconstitucionalidad de varios artículos y disposiciones, entre ellos la adicional séptima. Y el Tribunal Constitucional volvió a hacerlo y se superó: Un número de saltimbanquis de circo incluso más meritorio que el del tratamiento de las concesiones indemnizatorias.

Este espectáculo de ingenio está plasmado en la sentencia de 5 de noviembre de 2015.

Vamos a ver: Yo creo que lo que he explicado se entiende estupendamente: La Constitución dice que la zona marítimo terrestre y la playa son dominio público y la ley de reforma que determinados espacios delimitados como zona marítimo terrestre o playa no son dominio público. Con el mayor respeto a estas profesiones y oficios, un taxista lo entiende, un charcutero lo entiende, un empleado de correos lo entiende, un neurocirujano lo entiende y todo el mundo lo entiende, pero ese grupo de señores y señoras  a quienes sin ninguna razón se les llama Tribunal Constitucional no lo entiende o pretende no entenderlo.

Lo que escribieron en aquella sentencia para enmarcar es que no se puede excluir terrenos del dominio público sin acudir al expediente de desafectación recogido en el artículo 18 de la ley de costas (lo que efectivamente es razonable), pero a continuación, en lugar de decidir con toda lógica y todo sentido lo único que cabía decidir, esto es la inconstitucionalidad de la disposición adicional séptima, hacen el numerito de circo de escribir que se declara conforme con la Constitución siempre que se interprete en el sentido de que esos terrenos tendrán que ir a un proceso de desafectación. Un proceso que ni se ha hecho ni se hará porque somos lo que somos y vivimos en el pais en el que vivimos. Lo nuestro es dejarlo todo a medias. Es como un vicio que parece hacernos disfrutar.

Y de aquí el nuevo limbo jurídico. De la misma forma que las docenas de miles de propietarios que perdieron su casa pero sin ninguna razón conservan la llave después del deslinde, así también sucede a los propietarios beneficiados por la disposición adicional séptima, cuyas viviendas están en el dominio público sin que se haya procedido a la desafectación y también conservan las llaves de sus casas sin que se sepa por qué o con qué derecho.

Esto es pura y simplemente el circo de las maravillas. Pasen y vean: 

—Propietarios cuyos terrenos han sido incorporados al dominio público y por lo tanto han dejado de serlo pero al mismo tiempo continúan siéndolo o al menos se comportan como si lo fueran. 

—Concesiones administrativas que existen y al mismo tiempo no existen.

—Propietarios cuyos terrenos han sido declarados excluidos del dominio público pero  al mismo tiempo siguen perteneciendo a él y continúan  unan siendo propietarios o al menos de portan como si lo fueran porque al mismo tiempo lo son y no lo son.

¿No es adorablemente surrealista? 

José Ortega

ABOGADO

Derecho de costas marítimas
Plaza Mariano Benlliure 21
El Puig, 46540 Valencia
Tf 961471097 fax 961471287

¿INGENIEROS DIABÓLICOS?

marzo 17, 2019

 

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@abogadodelmar

En primero de Derecho,  el excelente catedrático de Derecho Politico Don Rodrigo Fernandez de Carvajal, nos hablaba de la diferencias existentes entre el campo del derecho y el campo de la moral. Señalaba que ciertas cuestiones (como el aborto) quedan en ocasiones en ésta última mientras que otras veces, o en otros momentos, son reguladas por el Derecho.

Creo que me he distinguido por quejarme repetidamente de los ingenieros de costas y por señalar que sus acciones (y a veces omisiones) bien merecen ser calificadas de fechorías y desde luego tachadas de inmorales. 

Ellos son humanos como nosotros. Sus pulmones intercambian oxígeno por dióxido de carbono como nos sucede a nosotros. Tienen nariz, orejas y boca lo mismo que nosotros. Sonríen, o eso supongo, a los niños pequeños como lo haría cualquiera de nosotros. Y sin embargo no son como nosotros. 

No me divierte, ni me complace, ni me hace sentirme orgulloso meterme con ellos. Preferiría poder saludarlos como amigos o al menos que el respeto hacia sus personas y actos  naciera en mí espontáneamente. De hecho, en más de una ocasión he presentado en la Jefatura de Costas correspondiente un innecesario escrito de reconocimiento hacia el buen  trato recibido.

Recuerdo lo que sucedió el día que fui invitado a participar en un debate en la facultad de derecho de la Universidad de Granada sobre la reforma de la ley de costas. Un panoli que se dedica a publicar en este blog comentarios anónimos y ofensivos expresó su parecer de que determinado ingeniero de caminos supuestamente radical que también debía  estar presente en la mesa redonda iba a patearme y a darme mi merecido. Al término del acto nos fuimos todos a cenar. Camino al restaurante este mismo ingeniero me comentó que a menudo había tenido ocasión de salir en mi defensa frente a otros miembros de su misma corporación porque mis críticas nunca eran gratuitas sino que tenían siempre un fundamento. Que éste fuera más o menos acertado o él lo compartiera era otra cuestión.

Quiere esto decir que son ciertas estas dos cosas: a) Procuro meterles el dedo en el ojo siempre que puedo y b) Siempre que lo hago tengo un motivo.

El presente artículo tiene por finalidad exponer uno de los muchos casos que permiten arrojar dudas no ya sobre la legalidad  de determinadas decisiones del ingeniero de costas implicado, sino sobre el ajuste de esas decisiones a las reglas de la simple moral. Más en concreto, temo que el artículo sugiera que estos personajes se portan como si acabaran de salir del infierno pertrechados de un invisible equipaje de odio al género humano y dispuestos a seguir la consigna de causarles el máximo sufrimiento posible. Paradójico,  porque sé por mi amigo el antiguo Director General  de Costas Pedro Antonio Ríos que pronunciar mi nombre en la casa es  como mentar al diablo. Se comprende porque lo que les hice en Bruselas les resultó muy humillante a sus majestades, pero en todo caso esto evidencia lo subjetivo que resulta  todo.

Y ahora voy a explicar el caso. 

En una localidad costera de cuyo nombre no quiero acordarme hay un deslinde en trámite que  remete al interior la ribera del mar y  se come un pequeño edificio. Lo que sucede es que el expediente deslinde en cuestión está paralizado  desde hace unos veinte  años y que de acuerdo con el deslinde en vigor el pequeño edificio está fuera del dominio público y por lo tanto es una propiedad perfectamente privada.

Quizá algunos lectores de buena fe se pregunten cómo es posible que la Administración mantenga paralizado un expediente por tanto tiempo, y aún si esto se puede hacer. La respuesta a esta última cuestión es simple: NO se puede hacer porque la ley ordena que todos los procedimientos administrativos se tramiten según su riguroso orden de incoación, incluso bajo pena de sanciones disciplinarias al responsable de la contravención.

Es obvio que en este caso la Jefatura de Costas no respetó el mandato legal, pero esto es algo que a ellos les da igual porque hacen lo que quieren cuando quieren y son total y absolutamente impunes. Los tribunales les ríen siempre las gracias, no importa lo que hagan.

La razón de este modo de proceder es la reforma del artículo 12.1 de la ley de costas contenida en ley 53/2002, que añadió un apartado nuevo obligando a que los expedientes de deslinde se tramiten  por plazo máximo de veinticuatro meses. Esto fue como un puñal en el corazón de piedra de los ingenieros de costas porque desde entonces a éste tipo de procedimientos comenzó a serles de aplicación la mortífera institución de la caducidad y esto implicaba que la infracción del plazo se resolvía en nulidad de lo actuado. Por mi experiencia puedo decir que ellos estaban acostumbrados a tramitar este tipo de expedientes por plazos de diez, doce o quince años. Los he visto dar lugar a aberraciones como tener el procedimiento  abierto todo ese tiempo y con ello dar lugar a que un  temporal extraordinario acontecido pongo por caso ocho años después de la incoación les sirva de excusa para mover la línea al interior.

La cosa es que después de la reforma se vieron muy pillados y dieron preferencia a los nuevos expedientes, que debían tramitar en plazo tasado, dejando languidecer como espectros melancólicos  los que habían sido incoados antes de la reforma. Éstos últimos a los ingenieros de costas les da igual si se tramitan por plazo de veinte, treinta, cincuenta o trescientos años, lo mismo que les da igual vulnerar el mandato legal de tramitación por riguroso orden de incoación. 

El inconveniente que tiene este modo de proceder es que el reglamento de costas (tanto el viejo como el nuevo) establece la suspensión provisional  de autorizaciones y concesiones en el dominio público con motivo de la incoación de un expediente de deslinde nuevo. Con razón o sin ella, los ingenieros de costas aplican el precepto a cualquier obra que el propietario (repito la expresión: Propietario) desee o necesite hacer en su vivienda, incluyendo chapar la cocina. Esta regulación está pensada, claro,  para situaciones de normalidad, es decir para expedientes cuya tramitación se prolongue por tiempo razonablemente moderado. Pero en cambio no resulta tolerable cuando el expediente en cuestión  (y por tanto la prohibición de chapar la cocina) se prolonga por periodos que pueden acercarse a los treinta años.

Esta situación es proverbial en la provincia de Alicante, que hasta ahora arrastraba un retraso en la delimitación de la costa realmente llamativo, cuando no vergonzoso. Al mismo tiempo que expedientes incoados  en Denia en 1994 continúan inactivos, la Jefatura de Costas se lanzó a una carrera más bien alocada por recuperar el tiempo perdido, incoando deslindes   que, contra la razón y la costumbre,  incluían los términos municipales completos de Javea o El Campello, entre otros.

Pues buen, en esta localidad costera  de cuyo nombre   no quiero acordarme los vándalos locales quemaron el edificio  y destruyeron su vallado perimetral. Los propietarios, como se comprenderá,  necesitaban reponer el vallado e instalar nuevas puertas y ventanas, pero la Jefatura de Costas no les dejó pretextando la dichosa suspensión provisional de autorizaciones y concesiones.

Viene a suceder que  la denegación, en nuestro caso,  se transforma en una forma indirecta de coacción por parte de esa Jefatura de Costas a fin de impedir a los propietarios  el acceso a la concesión de la DT. Primera.1 de la ley de costas, que como tiene dicho el  Tribunal Constitucional en su sentencia  149/91 constituye la indemnización por la expropiación  derivada del deslinde. Los terrenos se encuentran comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público, por lo que cuando   se apruebe el deslinde, será de aplicación la DT Primera.4 de la ley de costas y por tanto le tendrá que ser otorgada a  la concesión de su apartado primero. Pero esta concesión se otorga con mantenimiento de los usos existentes, y realmente no se reconoce  cuando tales usos no existen. 

Pues bien, en el estado en que se encuentra  la vivienda, ni existe ni puede  existir  uso alguno,  y de aquí que  cuando por fin se apruebe el deslinde no podrán acudirlos propietarios  a la Administración en demanda de la concesión que legalmente les corresponde (y que el reglamento de costas manda que se otorgue de oficio en caso de no pedirla el titular del bien).

Es decir, que nos encontraremos ante una expropiación sin indemnización.

Califico esta situación de conjunto de inmoral y acuso de esta inmoralidad a los ingenieros de costas responsables porque puedo y creo que debo hacerlo. Los ciudadanos deben saber que estas cosas están sucediendo. No puedes empezar a resolver un problema si no sabes que existe ¿verdad?

por eso escribo.

 

José Ortega

ABOGADO

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@abogadodelmar

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O yo no he aprendido nada en esta vida o mañana Pedro Sánchez anunciará el nombramiento de Cristina Narbona como Vicepresidenta primera del gobierno.

Anuncio como consecuencia de ello muy, pero que muy malos tiempos para los afectados por la ley de costas.

Los antecedentes que me llevan a esa convicción son los siguientes

-Narbona fue ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Zapatero. Nada más llegar anunció que su principal compromiso en materia de costas sería limpiar el dominio público de ocupaciones ilegales. Para ello nombró Director General a un señor de Las Palmas llamado José Fernandez. Lo más dulce y cariñoso que se puede decir de él es que es un tipo duro e inflexible.

Ya entonces escribí que el concepto que tenía Narbona de ocupaciones ilegales requería la urgente intervención de un médico porque le tiraba a todo. Para Fernandez las concesiones indemnizarorias de la disposición transitoria primera de la ley de costas no existían. Durante una reunión me dijo que la ley no admitía usos residenciales en el dominio público y punto. Entre sus antecedentes personales de interés se cuenta que en los noventa había sido expulsado de su cargo de Jefe de Costas de Las Palmas por adjudicar sin concurso una obra pública a la sociedad Puerto Rico SL o SA (da igual), propiedad de su padre. Sé que Fernández profesa un especial afecto por mi persona. Cuando me contrataron para defender los 95 comercios del Anexo II de la Playa del Inglés, tuvo el buen gusto de darme la bienvenida en el diario digital Maspalomas Ahora.

-En septiembre de 2006 los vecinos del poblado de El Golfo, en Lanzarote, me llamaron para que les ayudara en un deslinde que se comía la totalidad de la malla urbana, afectada por la servidumbre de protección. Estaban muy asustados y angustiados. Narbona apareció por allí con motivo del día mundial de la biosfera y cuando los periodistas le preguntaron por el deslinde, respondió que no entendía por qué los vecinos habían tenido que contratarme puesto que el Gobierno ya cuidaba de los intereses generales(sic).

–En otoño de 2007 el entonces periodista de El País Rafa Méndez comienza una serie de reportajes sobre la política de costas de la interesada. Como no aparece muy bien parada, durante una reunión de socialistas en el palacio de las ciencias Príncipe Felipe expresa, contrariada, su parecer de que con esos reportajes los la están quemando y le están haciendo la cama los suyos (fuente: Diputado regional del PSOE).

–Ante su dureza y su carácter inflexible, muchos alcaldes de Castellon interceden ante el Ministro castellonense Jordi Sevilla para que su compañera afloje un poco y se digne recibirlos. Narbona, titular de una soberbia legendaria , no hace ni una cosa ni la otra (fuente: Miembro del gabinete de Jordi Sevilla).

-En enero de 2008 reuní a todos los colectivos de España a los que estaba defendiendo y fundé la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Lo que dio lugar a un revuelo mediático. Ese mismo mes Narbona dijo a los medios de comunicación que la Plataforma era una herramienta arrojadiza encubierta del PP lista para ser lanzada contra el PSOE en las inminentes elecciones de esa primavera.

–No fundé la Plataforma para matar el aburrimiento ni para crear un foro de debate, sino para cambiar las cosas y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. El uno de febrero presenté ante el Parlamento Europeo mi queja extensa por aplicación abusiva de la ley de costas. Narbona debió ponerse intranquila porque cuando estaba en el hotel de Bruselas un periodista del Levante me llamó para decirme que la eurodiputada socialista Maruja Sornosa se había ofrecido en prensa a ayudarme en mis gestiones a cambio de no presentar la queja. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el Parlamento Europeo para registrarla, Sornosa me llamó por teléfono tratando sin éxito de persuadirme de que me detuviera.

–El 20 de enero de 2009 fui invitado por la comisión de peticiones a defender oralmente mi queja y conseguí terminar una intervención de cinco minutos a pesar de la interrupción del diputado verde Hammertein, que trató de hacerme callar con el mismo resultado que Sornosa cuando había intentado pararme.

–En febrero de 2008 viajo a Canarias para dar a conocer la Plataforma y ofrezco ruedas de prensa en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Los Llanos de Aridane (La Palma) y Puerto del Rosario (Fuerteventura). La respuesta del delegado del gobierno en Canarias es que “Costas va a aplicar una política de pico y pala”.

–El 26 de marzo de 2009 el pleno del Parlamento Europeo aprueba el informe Auken, dando la razón a la queja de la Plataforma (en realidad la había presentado en nombre de los doce colectivos porque la Plataforma no llegó a constituirse como asociación hasta abril).

–Zapatero vuelve a ganar más elecciones pero ya no cuenta con Narbona para su nuevo gobierno. Incluso desaparece el Ministerio de Medio Ambiente como tal.

–En mi nueva comparecencia ante el Parlamento Europeo, en mayo de 2011, compruebo que ha surgido un buen número de imitadores de mi trabajo que también llevan allí sus quejas, y el gobierno de España es humillado en el debate de la tarde, cuando los eurodiputados británicos censuran con dureza la actitud de la Directora General Alícia Paz, cuya comparecencia se había reclamado para dar explicaciones.

–La llegada del PP al gobierno trae consigo una nueva actitud que se hace notar especialmente en Canarias, donde numerosos poblados marítimos tradicionales están amenazados.

–En mayo de 2013 Cañete se saca de la manga una reforma de la ley de costas que contiene una serie de aparentes errores técnicos incomprensibles y algunos favores especiales cuyo descaro causa vergüenza (me refiero al tratamiento especial de Formentera).

–En octubre de 2014 el gobierno aprueba un nuevo reglamento de costas que resulta más benévolo que el de 1989 en algunos aspectos , especialmente la nueva disposición transitoria decimosexta, que de forma inesperada admite que las concesiones anteriores a la ley de costas puedan acogerse a la prórroga del artículo Segundo de la ley de reforma.

–A instancias del PSOE, el Tribunal Constitucional declara la nulidad de algunas regulaciones de la ley 2/2013, de reforma de la ley de costas. Brilla con luz propia, por su justicia, la anulación del ridículo trato especial de Formentera.

La doble circunstancia de la llegada al poder del PP y la crisis económica paralizó numerosas intervenciones en la costa de Canarias, entre ellas La Bombilla, en La Palma, donde había la previsión de derribar cuatrocientas viviendas y reducirlas a grano fino junto con los callaos (pedruscosdelavasolidificada) para imponer una playa artificial donde la naturaleza no la quiso.

Temo que el regreso de Cristina Narbona venga marcado por el signo de la venganza y alentado por el resentimiento.

Temo que designe a un ministro al que le vaya la marcha y que el ministro rescate a José Fernández, si aún vive, como Director General.

Temo que se derogue la reforma de la ley de costas (aunque por ser una norma de rango legal le corresponde al Parlamento hacerlo).

Temo que se suprima el reglamento de costas de costas y se elabore otro mucho más duro, o al menos que se enmienden sus aportaciones más bondadosas.

Temo una oleada de derribos en Canarias y que el nuevo gobierno retome los proyectos de obras pendientes.

Vienen tiempos malos. La Plataforma no nació porque sí, sino porque Cristina Narbona estaba apretando las clavijas hasta extremos insoportables.

Esos momentos duros pueden volver, centuplicados por el orgullo herido de una persona con un ego mayor que una vaca, y el mejor consejo que puedo dar a los afectados es que busquen refugio y protección en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.

José Ortega

Abogado

http://www.costasmaritimas.es

2018: HOLOCAUSTO FRENADO

enero 25, 2018

@abogadodelmar

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Playa de Babilonia en Guardamar

2018 ya está aquí, y con él ha llegado el final del plazo de las concesiones anteriores a la ley de costas. La antigua disposición transitoria decimocuarta del reglamento de costas de 1989 ya se descolgó con la salidita de que, puesto que el plazo máximo de concesión recogido en la ley era de treinta años, las otorgadas con anterioridad serían reducidas en su duración a treinta años a partir de la entrada en vigor de la ley de costas. De ahí la terrible fecha de 28 de julio de 2018, en la que se supone que tendría que sobrevenir el holocausto.
Esa disposición transitoria siempre me pareció una chulería intolerable del gobierno (o más bien de los ingenieros de costas autores del reglamento): Si el propio gobierno nos reconoce mediante concesión válidamente otorgada un derecho de ocupación que en la mayoría de las ocasiones lo era por plazo indefinido, no puede el mismo gobierno más tarde pisotear ese derecho por más Boletín Oficial del Estado que quiera utilizar a fin de proporcionar al despojo de una apariencia de legalidad. Recuerdo que la ley de costas no establece ninguna limitación de ese tipo y recuerdo también que todo reglamento se limita a ser una mera herramienta de trabajo para el desarrollo de la ley que no habilita al gobierno para introducir regulaciones nuevas, y mucho menos si son restrictivas de derechos individuales. El gobierno (los ingenieros de costas), actuando como una banda de malhechores, utiliza todos los privilegios a su alcance para privar a los ciudadanos de sus derechos de modo ilegítimo y sobre todo haciendo cuanto sea posible para tornar invisible el escándalo. En especial el BOE, porque si la letra impresa siempre ha ejercido una incomprensible fascinación en los humanos, el mero hecho de que esa misma letra impresa venga recogida en en el BOE tiene la dudosa cualidad de ponernos a (casi) todos a hacer el paso de la oca, sea lo que sea lo que haya escrito ahí.
Y sin embargo, el hiperdecente BOE, que debía ser espejo de lo que Kant definió como el deber ser de, también ha sido degradado al estado de herramienta para el robo, el hurto o la apropiación indebida, porque el Estado no puede limitarse a decirle al ciudadano es que resulta que me lo he pensado mejor y ahora creo que puede ser buena idea quitarle a usted la concesión porque me da la gana.
Perdamos el temor reverencial y el miedo cuasirreligioso a lo que aparece en el BOE: Los reglamentos los escriben y deciden los técnicos y los aprueba el Consejo de Ministros. No son más que decisiones administrativas, aunque adopten la forma de disposiciones generales y tiendan a confundirse con las leyes.
Y por todo eso, en aquellos años yo siempre exigía una compensación por ese corte súbito de derechos.
Con el tiempo, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas se presentó en el Parlamento Europeo para darles a los ingenieros de costas y al gobierno un susto más mortal que Freddy Kruger recién levantado de la cama, y como resultado se consiguió la reforma de la ley y un reglamento nuevo. Yo tenía la esperanza de una revisión de la desafortunada disposición transitoria decimocuarta de éste último. Como ya he dicho la redacción pretendía justificar la reducción a treinta años de las concesiones en el límite máximo de la ley de costas, fijado en treinta años, y como la reforma lo ampliaba a setenta y cinco, confiaba en una especie de regla de tres que transformara la reducción a treinta años en otra de setenta y cinco, o si acaso un poco menos para no abusar.
Sin embargo, ese cambio no vino. Lo que vino, en cambio, fue algo mucho mejor y por mi parte muy inesperado, como es la posibilidad de prórroga de estas concesiones. Así viene recogido en la actual disposición transitoria decimosexta y más específicamente en el artículo172 del reglamento de costas. O sea que el holocausto de 2018 muestra una agradable y bienvenida tendencia a no existir.
En estos días estamos trabajando desde el despacho para conseguir las prórrogas en las mejores condiciones, y también para sortear y resolver los problemas individuales derivados de tropiezos como por ejemplo un expediente de caducidad. La buena noticia de este derecho inesperado no debería conducir a los interesados a la euforia y sobre todo a la errónea creencia de que para obtener los resultados apetecidos es suficiente rellenar un formulario impersonal o una plantilla. La decepción causada por la ligereza, el atolondramiento y el exceso de confianza puede estar a la vuelta de la esquina.
En todo caso, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas puede sentir legítimo orgullo ante estos resultados. La grandeza de lo sucedido se expresa con sencillez si digo que miles de ciudadanos que ni si quiera saben quiénes somos se van a beneficiar de nuestro sacrificio, nuestra lucha y nuestro buen hacer.
En estos días la Plataforma es más que nunca un modelo de conducta y un ejemplo de éxito en la lucha de la sociedad contra el Estado

 

José Ortega, bogado

Fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

http://www.costasmaritimas.es

 

@abogadodelmar

 

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@abogadodelmar

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MANIFIESTO DE CANDELARIA

octubre 16, 2016

@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche?
– Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

FELICIDADES A MARY COELLO POR SU MAGNÍFICA LECTURA

Estamos aquí porque tenemos todo lo que vosotros no tenéis. Estamos aquí por decencia, por dignidad y por ética.

No me dirijo sólo a la Alcaldesa. Me dirijo a todos vosotros, los que con vuestro voto habéis hecho posible esta vergüenza, a todos los que el día 28 vais atener problemas para miraros al espejo.

 

Me dirijo a ti, Jorge Baute Delgado.

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Me dirijo a ti, Olivia Concepción Pérez Díaz.

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Me dirijo a ti, José Francisco Pinto Ramos.

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Me dirijo a ti, Fernando Alduán Guerra.

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Me dirijo a ti, Silvia García Gómez.

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Me dirijo a ti, Airam Pérez Chinea.

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Me dirijo a ti, Carlos Sabina Lugo

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Me dirijo a ti, Juan Carlos Armas

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Me dirijo a ti, Rubén Mantecón Trujillo

manteca

 

Me dirijo a ti, Joana Candelaria Guanche Coello

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Me dirijo a ti, Carlos Vaitiare Rodríguez Torres

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Me dirijo a ti, Manuel Alberto González Pestano

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Y por supuesto me dirijo también y especialmente a ti, la jefa de la banda, Mari Brito,

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todos juntos autores de de la burla de los derechos más sagrados e indiscutibles, ésos que estáis a punto de aplastar con vuestro poder.

 

¿En qué momento tomasteis la decisión de entregaros a los poderes oscuros? ¿Cuándo decidisteis traicionar los ideales de justicia, libertad y dignidad del ser humano?

Sabéis que las obras no se van a iniciar sino hasta que dentro de cinco o seis años termine toda la burocracia que Mari Brito está dilatando intencionadamente.
Sabéis que entretanto las viviendas vacías serán violadas y saqueadas sin que vuestros modestos medios policiales puedan impedirlo.
Sabéis que el apoyo de los servicios sociales es un cuento porque ninguna inmobiliaria de la ciudad se atreve a trabajar con un Ayuntamiento que no paga, y sabéis que por esta razón nos estáis obligando a dormir en la calle con nuestros hijos.
Sabéis que la Alcaldesa ha silenciado la prudente voz del Secretario de la corporación, que emitió un informe diciendo que el desalojo es una medida desproporcionada y exagerada, y que lo ha amordazado como si fuera un preso político por cumplir con su deber.
Sabéis que desde la ocupación de la zona en los años setenta el único incidente conocido fue la caída de una piedra que impactó contra un coche y nada más.
Sabéis que nos vais a someter a una humillación innecesaria porque todo esto está de sobra.
Sabéis que os disponéis a pisotear nuestra dignidad de forma vil y cobarde.

Lo sabéis… ¿Entonces por qué seguís adelante? ¿Por qué no lo paráis? ¿Os da vértigo saber que lo mismo que habéis tenido poder para ponerlo en marcha tenéis poder para detenerlo?

Vosotros no sois más que nosotros o los demás. Sois ciudadanos como los demás a quienes los otros ciudadanos os hemos entregado el poder para que administréis los asuntos públicos con prudencia y justicia, no para que os ensañéis con los débiles como estas haciendo.

Podéis pararlo pero no queréis.

Vosotros lo tenéis todo. Tenéis la fuerza, tenéis la autoridad, tenéis el auto judicial que Mari Brito ha conseguido engañando al juez, tenéis vuestros decretos, tenéis vuestra policía local, tenéis la guardia civil. Lo tenéis todo menos la razón. Y nosotros tenemos, en cambio, la razón y también la dignidad que a vosotros os falta.

Todos los que estamos aquí esperamos y deseamos que a partir del día 28 vuestros conciudadanos os nieguen el saludo y eviten el contacto con vosotros más o menos como se hace con las ratas. Llevaréis por siempre un estigma, como si vayáis a donde vayáis en vuestra frente pudiera leerse: Soy un torturador de niños, de ancianos y de personas débiles e inocentes.

¡PODEIS REIROS DE NUESTRAS LÁGRIMAS, PERO NUNCA NOS QUITAREIS NUESTRA VOLUNTAD DE LUCHA.

¡ PODREIS ROMPERNOS EL ALMA EN DOS, PERO NUNCA NOS PONDREMOS DE RODILLAS!

¡HASTA EL ÚLTIMO MINUTO BAJO LA CUESTA RESISTIRÁ!