@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.
FARIDUDDIN ATTAR

tve3

 

-Qué lástima que no pueda decir la verdad -me lamento.
Bajo el tibio sol de diciembre, la periodista de TVE me mira con ojos fijos como si acabara de verme.
-Todo es mentira -añado-. El problema del cambio climático simplemente ni quieren ni pueden resolverlo, porque los que se han reunido en París no mandan nada. Las que mandan son las corporaciones industriales.
Y a continuación le endilgo un resumen improvisado de los sensacionales inventos de mi amigo Simon Hebert Faull.
Ella queda pensativa y añade que no es así, que puedo decir lo que quiera y que habrá un breve debate con los expertos de la mesa, lo que para mí cambia completamente el panorama porque me libera de un discursito más o menos robótico, apresurado, insulso y sobre todo predecible. Es lo que pasa en la tele. Nunca he oído ahí nada con garra porque todo el mundo, salvo excepciones (y dejando aparte la tele basura), insiste en ser moderado y prudente.

tve1
Cogemos los cacharros y nos acercamos paseando hasta la orilla. Durante la larguísima espera le digo que estoy muy aliviado ante esa libertad que no esperaba y me dispongo impaciente a echar espumarajos por la boca, pero educadamente. Ella me dice que me va a dar pie preguntándome por las posibles soluciones al calentamiento global , y a continuación, con gran espíritu de servicio, me explica con detalle lo que le tengo que contestar, que efectivamente es crítico y reivindicativo pero que a mí, con las ganas que tengo de describir fielmente la realidad, me parece dulzón
Muevo la cabeza en sentido afirmativo mientras por dentro pienso: “Estás tu lista. Lo que voy a decir es que el problema no existe más que porque ellos quieren que exista, que está resuelto de antemano con docenas de inventos para generar energías limpias y baratas y que no estaríamos hablando de eso si en nuestro bendito pedrusco giratorio hubiera algo parecido a un gobierno del pueblo”.

tve2
¿Habéis visto EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE MARCHÓ? Ahí vemos a un brigadista que en nuestra guerra civil se apresta a su primer combate y sale de la trinchera empuñando el mauser y soltando un alarido de guerra en el mismo momento en que recibe un proyectil que lo deja como la mojama. Parecida secuencia vi en una cinta sobre la Segunda Guerra Mundial con un sargento veterano ( el que hacía de teniente Colombo) que después de dar instrucciones a un novicio sobre el arte de la guerra, de incorpora en la trinchera dispuesto a una gesta militar y nada más asomar la jeta recibe un balazo mortal entre los ojos. Así me he quedado. En un combate a hostia limpia con Clasius Clay habría durado más de lo que me han dejado hablar hoy.
Por la tarde me han llamado de Madrid para pedirme disculpas lo que no hace todo el mundo) y cargar contra los problemas del directo (porque la periodista estaba tan mosqueada como yo, que me he levantado a las 7,30 y he rodado 60 + 60 km a mi propia Costa para hablar menos de un minuto) y los ha telefoneado para quejarse.
Y eso es todo.

Si alguien se pregunta a cuento de qué pongo en el vídeo publicidad de mis novelas, la respuesta es simple: De la misma forma que hay personas que de forma legítima ansían tener mucho dinero, posición social y un coche de lujo o mejor dos, a mí todo eso me hace bostezar. Lo que yo quiero, o querría, es ser escritor.
Pues bien, el mercado del libro ya no se diferencia en nada de un mercado de ajos, utensilios de cocina o calzado. Lo único que cuenta ahora es que el autor sea conocido y tanto da que se trate un escritor sensible y sublime como Belen Esteban o mediocre como Claudio Coelho. La calidad ha dejado de importar y prueba de ello es la legión de presentadores de televisión, periodistas o personajes de la tele que sin tener idea de escribir se ponen y no sólo escriben sino que publican, venden y firman ejemplares.
Yo conseguí que en la flor de mi juventud Planeta leyera mi primera novela, GILGAMESH Y LA MUERTE. El entonces director del comité de lectura, Marcel Plá, me llamó a la calle Córcega de Barcelona y me hizo pasar a su despacho para comunicarme que el informe elaborado por sus chicos era muy positivo y que ahora debía pasar a otro que harían los del marketing. Nunca volví atener noticias de esta gente y resulta que hace poco, con muchos más textos escritos y un bonito club de fans para mí solo, volví a enviarles la novela y después de dos o tres años me mandaron a paseo. Entiendo que en los tiempos de mi tierna y esperanzada juventud la calidad al menos servía para que te valorasen, pero ya no.
Carmen Balcells, la influyente agente literario, rechazó EL ÁRBOL DE LA VIDA, que no sólo es casi mi novela más pirateada, con casi trescientas descargas ilegalesde mi mediafire y ni se sabe desde un portal clandestino en Sudamérica, sino también la más apreciada por los lectores y creo que más completa.
Tengo unas 220.000 entradas en mi blog NISIR y unas 180000 en COSTASMARITIMAS. Si no os importa, incluso aunque no pueda aproximarme a la excelencia de maestros como Belén Esteban, Boris Izaguirre o Dan Brown, haré honestamente lo que pueda poniendo de ahora en adelante mis libros en todos mis vídeos.

José Ortega
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@abogadodelmar

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 Anuncia la tele que el PSOE ha formulado recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de costas, aunque por ahí y por los papeles se explica poco sobre el contenido del recurso en cuestión. Sólo he leído cosas como por ejemplo lo siguiente:

Los socialistas, tal y como explicó su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, a principios del verano, buscan tratar de “para” una norma que únicamente responde a “intereses privados”. 

Asimismo, recuerdan que la Constitución apunta que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” y los poderes públicos están obligados a hacer un uso “racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. Algo que no contemplaría esta norma. 

Por otra parte, el PSOE ve arbitraria la decisión de prorrogar 75 años las concesiones en la zona de dominio público, ya que chocaría con las directivas de la Unión Europea.

Además de los socialistas, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó el miércoles presentar también un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas. Desde el Ejecutivo de Javier Fernández se asegura que esta normativa “fomenta las desigualdades, apuesta por la arbitrariedad, antepone los intereses privados y supone además una subordinación intolerable de las competencias autonómicas en las que se inmiscuye de manera totalmente ilegítima”, según recoge ‘El País’.

Teniendo en cuenta la parquedad de la información, mi punto de vista es que esta maniobra es una pose que obedece a una cuestión supuestamente de coherencia con el posicionamiento de este partido tan obrero y tan español y sobre todo tan socialista. Pero una cosa es la coherencia política y otra el mundo del derecho, que a pesar de que está siendo deshecho por ambos partidos políticos en una labor de demolición lenta pero eficaz, sigue siendo derecho.

En corto: Tal como lo veo, la reforma de la ley de costas es claramente contraria a la Constitución en determinados preceptos, aunque lo que el PSOE ha anunciado por ahí nada tiene que ver con ellos. Esto no quiere decir que las cuestiones a las que me voy a referir no vengan recogidas en su recurso. Quiere decir únicamente que no las he visto en la prensa.

Respecto de lo que sí he visto en la prensa, que es más o menos lo que transcribo arriba, pienso lo siguiente:

Relativo al primer párrafo en cursiva: Que la ley promueva intereses privados no es por sí contrario a la Constitución. También responde a intereses privados la necesidad de autorización judicial previa a la entrada en domicilio, por ejemplo. Los socialistas quisieron fastidiarla con la ley Corcuera, también llamada ley de la patada en la puerta, y no pudieron. En democracia, los derechos ciudadanos se confunden en bastante medida con los intereses privados ¿no es así? Existe una tensión evidente entre lo privado y lo público que unas veces se resuelve más de un lado y otras del otro. Pero que la ley se refiera más a los intereses privados que a los públicos no es más que jugar a ese juego y estar en esas reglas. Por sí no implica una violación de la Constitución.

Respecto al segundo párrafo en cursiva: Permitan que me ría. La Constitución no sólo afirma que todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado bla bla. Dice también, por ejemplo, que todos tienen derecho a una vivienda digna. El gobierno del partido socialista nada hizo para refrenar una oleada de desahucios que ha dejado más de cien suicidios en nuestra amada patria. Mientras los señoritos socialistas que hoy han presentado el recurso veían cómo uno tras otro los desafortunados españoles se quitaban la vida, no se les ocurrió razonar que, según la Constitución, todos tienen derecho a una vivienda digna. Pudieron frenar el genocidio y no lo hicieron. Pudieron contener el ímpetu de sus amos, los bancos, y no lo hicieron. Me da ganas de vomitar la retórica de estos servidores de la banca internacional cuando se quejan de la vulneración del derecho a un medio ambiente adecuado bla bla. Especialmente cuando ni miraron a la cara a mi amigo, el ingeniero Simon Hebert Faull, cuando llamaba a sus puertas para darles a conocer el reactor Faull, que elimina las emisiones de los tubos de escape de los coches haciendo que sólo desprendan oxígeno, y sobre todo su motor que funciona con el calor específico del aire, y por tanto ni consume ni contamina. Estos señoritos socialistas y obreros, siervos no sólo de la banca internacional, sino también de las multinacionales del petróleo, no pensaron entonces lo que dicen ahora de que todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado bla bla.

Respecto al tercer párrafo en cursiva: Una cuestión es que la ley sea contraria a a Constitución y otra que lo sea a directivas europeas. Como todo el mundo sabe o debería saber, para que la ley sea inconstitucional debe ser contraria a la Constitución y eso es todo. Así que una cosa es presentar un recurso serio y riguroso y otra parlotear ante la prensa para conseguir una foto.

Respecto al cuarto párrafo: Es muy posible que el Principado de Asturias haya incluido algún contenido coherente, porque como explico en seguida la ley de reforma contiene alguna brutalidad inaceptable en materia de competencias administrativas.

En resumen, yo pienso que lo que ha hecho hoy el partido socialista ha sido cumplir con un ritual que hasta donde sé y por lo que sale en prensa, está vacío de contenido. Ellos van, presentan el recurso y cumplen con el ritual aunque el recurso no tenga fundamento, lo mismo que otros van a misa los domingos y cumplen aunque no se acuerden de qué iba la homilía.

Como las donaciones a los partidos políticos son opacas y los ciudadanos no tenemos derecho a conocer quién paga realmente los sueltos de Rubalcaba, Rajoy, las dos Sorayas y toda la caterva, no sé ni sabe nadie si el Sr. Rockefeller, además de financiar a Greenpeace, financia también al PSOE. Pero no me extrañaría que fuera de esa manera. El objetivo a conseguir en todos los casos es la disidencia controlada, si me entendéis. Paga a un grupo o asociación o partido para que se apropie del discurso ecologista e impide de esta manera que los temas que sí importan salten a la discusión pública. Dales dinero para que se metan con los afectados por la ley de costas o con los pescadores de arrastre y así impedirás que se pueda hablar en serio de las energías alternativas y que se discuta la anacrónica e inaceptable dependencia del petróleo, de cuyo negocio quizá provengan esos fondos para que los señoritos socialistas y obreros puedan hacer bien vestidos y comidos la pose ecologista que tanto les gusta

Extraído al azar de internet:

La organización ecologista más famosa del mundo recibe donaciones de grandes magnates del petróleo, la automoción y los mass media. El caso más llamativo es el de los Rockefeller -accionistas y fundadores de petroleras como Exxon Mobil-. Su fundación ha financiado a Greenpeace con más de un millón de dólares.

¿Comprendéis por fin de qué va la cosa? Por lo visto Greenpeace no puede parar de meterse con los afectados por la ley de costas porque si se hiciera el silencio por un momento nos daríamos cuenta de que nos faltan algunas quejas e iniciativas suyas en relación con la dependencia del petróleo. Apliquemos este mismo razonamiento, aunque sea de forma provisional, a los señoritos socialistas y obreros, siervos de la banca internacional y de las petroleras, que hoy han presentado muy orgullosamente su recurso.

Dicho esto, yo veo tres motivos de inconstitucionalidad en la ley de reforma de la ley de costas, aunque podría haber más.

Apartado segundo del artículo 119 de la ley de costas (según reforma):

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, el Delegado del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley.

Sólo con mucha arrogancia es posible colocar un precepto como éste, en especial después de la sentencia 149/91 del Tribunal Constitucional, que como es sabido declaró la nulidad parcial de la ley de costas hecha por el partido socialista debido a que atribuía competencias al Estado en la gestión de la servidumbre de protección. El razonamiento más o menos era el siguiente: La servidumbre de protección es un concepto legal creado ex novo por la ley de costas de 1988 que tiene por finalidad proteger el dominio público de la excesiva presión urbanística. Su antecesora, la servidumbre de salvamento, tenía el propósito de dejar espacios libres para varada de embarcaciones y depósito de náufragos y mercancías en caso de naufragio. El Tribunal Constitucional dijo que la cuestión relativa a la presión urbanística es ordenación del territorio, y la ordenación del territorio es una materia que la Constitución reserva a las CCAA. Por tanto, hubo que reformar esta parte de la ley y por cierto éste es el motivo de que nos encontremos con el lío recurrente de una franja de seis metros desde la ribera del mar que es al mismo tiempo servidumbre de tránsito y de protección, y que está sometida a dos autoridades distintas en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer en ella.

Es incomprensible cómo después de esos antecedentes el legislador (o sea, el gobierno, o sea los tres o cuatro ingenieros de costas que en esta materia son los jefes de España) se atreve a volver a atribuir al Estado competencias en la servidumbre de protección. Imagino que el Principado ha formulado recurso por este concepto (entre otros) y yo pienso que es seguro que el TC les dará la razón.

Disposición adicional sexta:

1. Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría incorporada al propio anexo.

Entiendo que muchas familias han respirado tranquilas después de que les quitaran el muerto de encima mediante este procedimiento, especialmente mis amigos de Moaña, pero esto no significa que el procedimiento sea correcto en derecho. Y no lo es.

La cuestión es simple:

-El artículo 132.2 de la Constitución dicen que la zona marítimo terrestre y las playas son dominio público.

-El artículo 4 de la ley de costas introduce el concepto conocido oficiosamente como “dominio público artificial”, integrado por bienes que son demaniales por ministerio de la ley aunque no son dominio público natural o ribera del mar. Por ejemplo, los acantilados, los terrenos que compre el Gobierno para sumarlos al dominio público o aquéllos que hayan perdido su primitivo carácter de zmt o o playa.

-El artículo 18 de la ley de costas establece la posibilidad de desafectación de los bienes que formen parte del dominio público llamado artificial. Quiere esto decir que, respetando el artículo 132.2 de la Constitución, no es posible desafectar bienes de la ribera del mar o dominio público natural.

Pues bien: Lo que hace la disposición adicional sexta de la ley de reforma es decir que determinados bienes son dominio público natural y que aún así “se excluyen del dominio público”. Esto no es algo que pueda hacer el legislador porque es contrario al artículo 132.2 de la Constitución. Es así de simple.

No he dicho hasta ahora ni media palabra de esto para no perjudicar los procesos que en cada caso se hayan abierto para resolver los problemas de esos once núcleos de población.  Pero dejadme que exprese ahora este punto de vista exclusivamente técnico que sólo tiene por finalidad clarificar y que ya no puede perjudicar a los interesados puesto que el tema está en manos de esos señores y esas señoras del Tribunal Constitucional, que son muy sabios.

Por lo demás, la disposición adicional sexta violenta con claridad el artículo 14 de la Constitución al establecer un privilegio no justificado frente a otros afectados que, encontrándose en una situación similar, no se han visto beneficiados por tan generosa medida como es la exclusión del dominio público.

De la arbitrariedad de la medida os puede servir de ejemplo la exclusión del casco urbano de Isla Cristina. El área es una península totalmente arenosa que constituye por mandato constitucional ribera del mar en toda su extensión. Los constructores se pusieron quiquos construyendo allí, incluso después de la ley de costas y en parte gracias a unos deslindes muy amables que dejaron fuera del dominio público esos terrenos que eran pura arena. En particular, llamo la atencion sobre el caso de un hotel muy majo construido encima de una arena muy suelta y fluida. Ved este video, que hice con el teléfono móvil que tenía en noviembre de 2008. El mar se encuentra a la derecha, es decir que yo estaba paralelo a la parte de atrás del hotel. Para construirlo se taló un pinar y si queréis saber más, sus propietarios tuvieran tantísima suerte que no solamente el deslinde estaba muy hacia el mar, sino que una gran casualidad hizo que la servidumbre de protección de cien metros terminara justo delante de donde empieza la edificación. También es una buenísima suerte que te dejen quitar los pinos de un bosque litoral y construir un hotel sobre la arena teniendo delante cien metros de materiales sueltos que pese a las imperiosas definiciones del artículo tercero de la ley de costas, NO son dominio público según el deslinde aprobado.

 

Disposición adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera 

1. Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio públicio marítimo-terrestre:

a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensbiles las mareas, y las mayores olas en los termporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde

b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica.

El precepto causa estupor y es bajo mi punto de vista contrario a los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. El primero prohibe la arbitrariedad de los poderes públicos. El segundo impide la discriminación.

¿Por qué el precepto incurre en arbitrariedad? En primer lugar porque ni se explican ni posiblemente existan las especiales condiciones geológicas a las que se refiere el apartado primero.  En segundo lugar, porque pretender que en una parte de la isla las mareas sean sensibles y en otras no, es equivalente a admitir que en algunos días tontos el sol pueda salir por occidente y ponerse por oriente.

Como he escrito algunas veces ya, el famoso Vladimir Ilich Ulianov, escribió que una cosa es equivocarse al decir que dos y dos son igual a cinco y otra muy distinta equivocarse pretendiendo que dos y dos son igual a una zapatilla (en realidad él habló de un candelabro). Aquí estaríamos ante la zapatilla si no fuera porque esto no es un error, sino una burrería intencionada de quien hace como que no sabe ni geografía, ni geología, ni de mareas, ni de nada, aunque de lo que no sabe realmente es de decencia.

Cierto: Hace falta tener la cara muy dura para pretender lo que pretende el precepto. Todos loa navegantes, todos los prácticos de puerto, todos los pescadores, todos los bañistas, todos los viejos del lugar y todos los estudiantes saben que en el Mediterráneo no son sensibles las mareas y decir lo contrario en una ley es indicativo de que en España hemos llegado a un nivel sin precedentes de degradación de la vida pública.

¿Sabéis cuál es la consecuencia? En el Mediterráneo el nivel del mar puede subir como consecuencia de las mareas apenas unos centímetros. Pues bien: Donde el gobierno quiera, declarará que allí las mareas son sensibles, y entonces el dominio público tendrá una amplitud de centímetros. Sí: Centímetros. Alguien creo yo que saldrá beneficiado ¿No pensáis igual?

Por lo demás, es claro que el precepto lesiona el derecho de igualdad no sólo al introducir el invento de las mareas, sino también al definir la playa de acuerdo con la ley de costas de 1969, es decir, no incluyendo los campos dunares. El resto de los españoles no tienen esa suerte.

Así que veis cómo entre unos y otros nos marean y hacen lo que quieren con nosotros. Primero tocaba jugar al juego de fingir que se reformaba la ley de costas para beneficiar a los ciudadanos. Ahora jugamos al juego de estar indignados por los agravios al medio ambiente. Unos hacen una ley de reforma que no pasaría un control de calidad si lo hubiera. Los otros se apuntan a los tópicos para salir en la prensa. Unos y otros fingen rigor y seriedad para seguir arriba, haciendo lo que hacen y viviendo como viven.

José Ortega

Abogado  www.costasmaritimas.es

 

 

@abogadodelmar

REPORT ON THE SPANISH COASTAL LAW REFORM BILL
Translation of CLIFF CARTER
DEFINITIONS OF DOMINIO PUBLICO NATURAL ((NATURAL PUBLIC DOMAIN)).Definitions remain largely unchanged. The draft that the government made public on the 13 July 2012 contained some changes, but those changes disappeared in the text actually submitted to Parliament on the 5 October 2012.

In particular a number of objective conditions were introduced to determine the inner boundary line of the so called zona marítimo terrestre ((coastline area)); these have now disappeared, leaving the precept practically as currently defined.
As for the beach, the changes in the definition are more symbolic than real, as well as being quite ambiguous. Gone, for example, is the definition of the concept of playa ((beach)) as an accumulation of artificial deposits, whilst a new paragraph has been added to Article 3 which contains definitions, one of which is a duna ((dune)). Under these definitions loose material deposits from any cause including artificial (e.g. government officials unload a truck full of sand somewhere), constitutes a duna ((dune)). Therefore, there are actually no changes in the legal definition of playa ((beach)).
This lack of change in the legal definition of dominio publico natural ((natural public domain)) makes additional provision 5 unusable. Provision 5 allows citizens to recover their property in the event that, as a result of these new definitions, there is a review of the deslinde ((coastal demarcation line)) and the ribera del mar ((seashore demarcation line)) is moved seawards.
 Such a situation will not occur except perhaps in certain situations in which the public authorities consider it necessary.
Given the lack of objectivity which, in my point of view, exists in the traditional practices of what is now called the Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ((Department of Coastal Sustainability)), and considering the high price of land close to the sea, the fifth additional provision is a potential tool to introduce arbitrariness that could be used to return properties to certain persons or groups possessing some kind of privilege.COMPENSATION FOR LOSS OF PROPERTY

The biggest problem with the Ley de Costas ((Spanish Coastal Law)) is that of the compensation for loss of property, and if we look closely, it is a problem without solution. The Ley de Costas ((Coastal Law)) was born as a tool to clear, regenerate and take care of the public domain area, which would require a considerable amount of demolition of buildings that are on the sea front. When the 1988 legislators considered the issue, they had to accept the fact that the State lacked the necessary financial funds to proceed under  artículo 33.3 de la Constitución ((Article 33.3 of the Spanish Constitution)) and the ley de expropiación forzosa ((law of compulsory expropriation)), i.e. compensating the expropriations by a fair price in cash. In particular I refer to situations where property is taken away from individuals after they acquired them perfectly legally as they were then outside of the public domain area.
The legislators found, or thought they had found, a solution in the concession mechanism and ordered that the deprivation of property would be (at best) compensated with a concession for thirty years renewable for another thirty. This mechanism was declared to conform to artículo 33.3 ((article 33.3)) of the Spanish Constitution by a, in my opinion very politicized, judgment of the Tribunal Constitucional (sentencia 149/1991) ((Constitutional Court (Case 149/1991))). However, this formula hid a deep absurdity: if the purpose of the Coastal Law is to clear the public domain of illegal occupations, and the compensation consists of the right for these same buildings to remain there for a period of sixty years, then the purpose of the law was illusory (unreal) and in practice the management of the law can be summarized, not in the defense of the coast, but in a profound, and in the end useless, social conflict, as we have seen in recent years.

Changes Proposed by the Government  Feb 2013
Well, the reform proposed by the government includes a maximum duration of seventy-five years for concessions, which will permit, I assume, (only assume, as I will discuss shortly) that henceforth expropriations will be compensated much more generously than up to now. In particular, the proposed provision (amendment of artículo 13 ((article 13))) says that the concessions currently in place will be extended for a period of seventy-five years. This,seen in those terms, merely increases the problem noted earlier: The greater the concessional period, the lower the capacity of the law to meet its environmental goals. This contradiction shows that the lack of financial funds makes the coastal law into a useless tool.
Not withstanding the above, the text contains the disturbing restriction that “the Administration will not grant the concession, to which the preceding paragraph refers, when the occupation affects the integrity of the dominio público marítimo terrestre ((maritime-terrestrial public domain)). This is the same as an expropriation without compensation. It is simply unacceptable that the text does not say anything more about this or establish some other compensatory mechanism. With what looks like a total ignorance of the notion, that we find ourselves in a situation of expropriation in need of compensation, it merely states that such compensation could not occur. As I will explain below, the Department of Coastal Sustainability is served by officials willing to interpret the law in the worst possible way for citizens. Therefore, if the law opens the door to expropriation without compensation, then that is what will happen.
It is not clear from when one starts counting the concessional period of seventy-five years, and of course it is not clear at all, on the contrary the complete opposite, what procedure will grant it to the owners that have already lost their property as a result of a deslinde ((coastal demarcation line procedure)) or in connection with the entry into force of the Coastal Law (special cases within the  disposición transitoria primera, apartado segundo ((transitional provision 1 paragraph 2)).
Notice that the text of the reform assigns the concession of seventy-five years to “owners of land that, after the review of a demarcation line, is incorporated in the maritime-terrestrial public domain”. This point to the future, not the past, prevents those owners of property that has already entered the public domain benefiting from that condition. Hence it can not be claimed that there will be any improvement for citizens in those circumstances, who make up the bulk of those
affected, as the coastal demarcation procedure is completed in 95% of the territory. The way in which the reform of Article 13 is written it will only apply to people affected in the future, but I understand that they will be few in number, since these new affections will only occur in cases in which there is an extreme variation in geomorphologic conditions making it necessary to perform a new demarcation procedure to review another performed under the current law.
Regime applicable to most people affected.
The regime which will apply to citizens already affected is not the amended Article 13, as the government and the media pretends, but that gathered from a peculiar provision contained in artículo 2 ((Article 2)) of the Coastal Law reform. This new provision constitutes una regulación externa ((an external regulation)), i.e. one that does not address the reform of the law, but one that introduces, via a new law, other provisions concerning costal matters, and that, as paradoxical as disorderly, comes to constitute a sort of unwritten(tacit) repeal of certain contents of the current law.
This of course demonstrates a lousy legal technique and introduces unnecessary confusion that will bring nothing but trouble. In any case, the provision refers to the extension of concessions granted “before the entry into force of this law,” that is, before the current reform of the coastal law, not before the current coastal law. This distinction is important for reasons explained below.
The regime established by Article 2 is that the concessions to which I refer “may be extended, at the request of the holder, in accordance with the provisions of this Article.”
We don’t come across then an obligation of the state, but with a discretional facility in their favor and therefore with an apparently unnecessary regulation. The extension will be for seventy-five years maximum with the possibility of “fixing a shorter term and establishing successive extensions within that time limit.”
Do not forget that this is the regime under Article 2 of the coastal reform law, which applies to 95% of people affected (ratio corresponding to the 95% of the coastal demarcation line already approved), and not the amended Article 13 of the coastal law. Thus the provision provides the basis of disorder, confusion and considerable legal uncertainty, as explained below.
Disorder, confusion and legal uncertainty.
Consider;
For starters, the bill does not contain an explicit reform of la disposición transitoria primera, apartado primero  ((paragfaph 1 of the first transitional provision)) of the Coastal Law, so, apparently, the concession of 30 years renewable for another 30 continues.  I say apparently because there needs to be assigned an effectiveness relating to Article 2 of the reform law, to which I just referred. What happens is that the obscurity of the provision does not allow us to discern whether or not it is applicable to those already deprived of their property, i.e. 95% of those affected.
The aforementioned part 1 of the first transitional provision, that is not being amended, establishes a regime of concession of 30 years renewable for another 30. But given the current year is 2013 non of these extensions have yet been produced so apparently we find that the extension of the concession will not now be 30 years but up to 75, in accordance with Article 2 of the reform law.  There are now two possibilities:
In the case where the extension of concession was effectively 75 years, there would be legal injustice due to the constitutional right to equality with respect to landowners affected by a review of a boundary line, which under a reformed Article 13 would correspond to 75 years, compared to current affected owners, that under Article 2 of the reform law would get 30 + 75 years.
By contrast, in the case where the extension of the concession is less than 75 years (remember that Article 2 establishes 75 years as a maximum) this leads to natural legal uncertainty, not knowing what the compensation for the expropriation is. This obviously violates Article 9.3 of the Constitution in its protection of legal certainty and its prohibition of arbitrariness.
 The constitutional right of equality could also be violated if the time allocated to these people affected is less than that reflected in the current part 1 of the first transitional provision.
          Granting of concessions in stages.
Another flaw that I can see is in the possibility that, the concession extended under Article 2 of the reform law can be granted in stages, not the corresponding overall period.
It is a perverse mechanism. The granting of a concession in stages hides the possibility to rescue the concession at minimum prices prior to the expiry of the corresponding stage. All concession is subject to redemption in the public interest and the time remaining until the end of the concession must be taken as a reference in order to establish the compensation. Therefore, a concession with five years of life remaining may be redeemed at a price much lower than another that has twenty-five years remaining, for example.
The provision provides the basis so that owners deprived of their property receive in return a concession of up to seventy-five years in stages of say five years, extendable. With this, the government will have the power to rescue this right at any time for a more than modest price. In these conditions the novelty, also introduces in the bill, that concessions may be sold to third parties is useless.
Apparently this dual mechanism, concessions that can be sold to third parties plus the theoretical period of seventy-five years, dispelled the phantom of the rescue of the concession at a ridiculous price, that has so preoccupied people affected, which in practice is an expropriation without compensation.
 The reasoning that could be made at first glance is the following: If concessions can be sold to third parties, there will be a market price, and if there is a market price it could establish un valor de tasación ((an official assessed value)), so that we are no longer obliged to follow the narrow criteria that currently the Government use for the redemption evaluation. If to this we add that the period of the concession will be (as we have been led to believe) seventy-five years, the conclusion is that citizens expropriated could have some confidence in the concession as a compensatory mechanism that, although not enough, at least will allow some security.
But that way of seeing things changes as soon as you pay a little more attention to the precept. In doing so we fear that the conclusion in the future may be the opposite of what is believed:  Although they grant the extension for a maximum period of 75 years, the assessed value of the houses may be minimal if the concessions are granted in extendable stages. From that point of view, the situation of citizens with expropriated property could become even worse than at present, because at the moment the compensation for the concessions are based on renewable periods of thirty years, i.e. not subject to successive stages of shorter duration.
Value of land not included in redemption evaluation.
It is important to add to the above that the criteria currently used by the government to assess the value of the rescue of these concessions is an unimaginable abuse, as it refers to the rules in the coastal regulations used to rescue ordinary concessions. These rules specify that the rescue price will be calculated based on the portion of any work that has not been amortized, but of course it says nothing about the land, because it was already public before the concession and remains so. It is as absurd as it is abusive, but that is what is being done, applying this same criteria to concessions that are awarded as compensation for the deprivation of property, even though the latter includes both the construction and the land. In this way we arrive at situations like that of a person affected in the city of Rota, to whom the government offered 136 Euros as the rescue  price for the concession on a house on a plot of 700 square meters.
Indeed, the reform introduces a second section to Article 65 of the Coastal Law in order to prevent those who have any prohibition under the law of public sector contracts from receiving a concession. It would be an inconsistent, unfair and meaningless interpretation that this new provision could be applicable to owners, deprived of their property by a coastal demarcation line, in such a way so they could not receive the concession. However, in view of the way, probably twisted, the head office interpret the general precepts regarding concessions ( that besides the above includes the incomprehensible prohibition of the transmission “inter vivos” of compensatory concessions), one could and should fear an interpretation of this type that again leads to expropriation without compensation, so it would be necessary to introduce in the previous rule  the necessary caution in order to prevent its application to owners of expropriated property who should receive compensation in the form of a concession in any case.
 “Modus operandi” of the Department of Coastal Sustainability.
Above all, these issues create a reality outside the mechanisms of the development of the law, but even so one can not ignore them, indeed they must be given special attention because the law is a system of guarantees and  of legal certainty and should predict not only the Improper conduct of citizens, but also of the state.
The reality is that the Department of Coastal Sustainability is served by officials whom in the past have shown to be capable of anything and are certainly willing to continue with the same “modus operandi”. Apparently these officials dominate and control the Department making the director sign what under my responsibility I would call monstrosities, usually against citizens interests. The last of which I have witnessed is a resolution to amend a concession granted in 1968 for 99 years. The resolution states that it is in response to a request by the interested party that never existed, and ends a case initiated in secret and certainly without the formality of a hearing, which is not only illegal, but also immoral.
This method of operating is in my view a plot to ruin the life of a family and yet is not even highlighted in the framework of the Directorate General which definitely needs a change of personnel. Another example is a demolition order for part of a home when in fact they should have granted a concession under paragraph one of the transitional provision number one. The granting of the concession is not an interpretation, but something clear and indisputable, and the officials knew it, but despite that they ordered the demolition and in addition got the Director General to sign the rejection of the application for a concession. The only reason it was finally granted is because the former head of the Directorate General, Pedro Antonio Ríos, was very accessible and I could report the situation and ask him to be aware of what his trusted officials were presenting for him to sign. He did, and after the acceptance of the reposition appeal the citizen received the concession to which he had always been entitled to, so the demolition was suspended. This happy outcome does not diminish the unfortunate reality of the matter, that responsible officials were eager to tear down the house whilst knowing that they were wrong.
Unfortunately, the current managing director is not easily accessible, so it is not possible to alert him to the occasional atrocities that his senior staff will put before him to sign. In fact, the current government of the popular party has reinstated a former senior official from the hard liners who were responsible in the past for much suffering and who left management positions in 2008.
In any case, one can understand that in a modern state and an administration answerable to the law, the proper and fair resolution of a case should not depend on the person affected, or his lawyer having access to the General Director, but that’s how it works out.
In these conditions, it is certain that with any government the rules will be interpreted and applied in the worst possible sense by those officials who really control the Coastal General Directorate. If the amended law permits the granting of concessions in short extendable stretches, detrimental to the citizen affected, this without any doubt will be done and without any possibility of review by citizens affected since the ability to set the time period will be at the discretion of the Administration. The same will happen with the maximum duration of these extendable concessions contained in Article 2 of the reform law: If the rules allow the officials to grant a concession for a short period, then they will.
   An Important recent court decision re concessions.
Another situation which will cause uncertainty comes from the disastrous way the Department has been handling the issue of concessions that correspond to individuals when they lose property due to a coastal demarcation procedure. These concessions must be granted ex officio (same way you pay ex officio the amount in cash for an expropriation) but the government does not do it.
The reason is as I already explained in my first speech to the Committee on Petitions of the European Parliament on January 20, 2009: The government claims that they have no human and material resources to deal with it, which means that there are sufficient means to deprive the people of their property but not to give them the corresponding compensation.
The consequence of this neglect is the creation of a legal limbo without precedent in the history of law, in which neither the victims nor the government itself knows what the rights and obligations are of the owners of those buildings that have ended up in the public domain.
To make the situation even more chaotic, there has been a jurisprudential novelty which effects notably on the reform of the law and the way that it should be applied.
Until recently, when property holders requested a concession years after the adoption of the demarcation line, there was a legal conflict because the government maintained that the date of commencement of the concession was that of the approval of the demarcation line, while the property owner maintained that it should start from the actual granting of the concession. For years the court ruled in favor of the property owners, but recently changed the criteria and started ruling in favor of the government, using arguments that I can not share. Therefore thousands of citizens who are unaware that they have a concession actually do have one.
For this reason, I believe that in accordance with that court decision it should follow that all owners deprived of their property by a coastal demarcation line procedure under the current transitory provision 1, section 4 (terrain comprising in-between the old and the new definition of the public domain) are in reality benefiting from a concession, either expressed or assumed (in the terms of the judgment to which I refer). Hence the most likely interpretation in my view, of Article 2 of the reform law will be to apply it to those affected in the sense that the period of seventy-five years will begin to run after the expiration of the concession than they currently posses, i.e. thirty years after the approval of the coastal demarcation line.
As I anticipated, the administrative management of the Department of Coastal Sustainability is in certain respects a calamity, particularly as to the legal limbo created by neglecting to fulfill its obligation to grant concessions “de officio”.
 In a sense, the most recent decisions of the High Court, seeking the origin of a concession that the administration never awarded and whose specification is non-existent, could be interpreted as an unusual way to shelve the significant problem generated by the ineptitude of those responsible for coastal policy: Since those responsible have failed to meet the urgent legal mandate to grant  concessions “ex officio” and since this has created a legal limbo that affects hundreds of thousands of citizens, the new court doctrine, to create a concession from nothing, saves in one stroke the executives having to confront their embarrassment.  All the work that the Directorate General did not do over the years is validated with a single court decision that says that although the work has not actually been done, it has been done, and that although the concession does not exist, it does exist.
Create order out of chaos.
From my point of view, the ideal way to respond to a chaotic legal and administrative situation should be an especially clear legal instrument, systematic and above all guaranteeing the rights of those affected. Instead we find a text even more chaotic than the situation it is supposed to solve, with some surprising deficiencies in terms of order, logic and consistency and without even one demonstrable benefit (if we set aside specific issues such as the possibility of selling the concession “inter vivos” or the four-year extension of the deadline to apply for the change of ownership in case of death) for those affected.
Normally a law issued to reform another law contains one article only, which includes the new version of all the modified precepts. This project not only contains an article 1 with that actual content, but also an article 2 with regulations re the extensions of the concessions that does not modify the Coastal Law, but is a new regulation that is external to it and also there are six additional provisions that are in the same situation, i.e. not reforming any provision of the Coastal Law but contain new rules incompatible with existing regulations (unreformed). For example, the fifth additional provision is inconsistent with Article 4.5 of the Coastal Law, which remains unreformed. Therefore, we must consider that they have tried to go for a tacit derogation mechanism, which apparently does not make any sense considering we are referring to a reform text (expressed) in the previous article. The same is true of Article 2 of the reform law, which is contrary to the first transitional provision paragraph 1 of the existing law (whose wording remains unaltered). The problems of interpretation and legal disputes that this defective form of legislating will cause, will I believe make history.
The way forward
I imagine there will be some purpose in choosing this peculiar way of reforming the Coastal Law, but I fail to understand it. From my point of view, in terms of order and systematics it would be impossible for the text to pass any quality control, and in fact I have trouble understanding, how a text of such poor quality in formal terms, has been able to pass the control of the government lawyers.
In terms of any concrete improvements to the owners deprived of their property, I see none or hardly any.Therefore, to standardize and dignify the text and alleviate (but not solve) the situation of those affected, in my opinion the following measures are required:

-Delete the second article and all of the additional provisions, and introduce new regulations restricting them to a form of amendments to the relevant provisions of the existing law, or as new articles and new additional provisions.-Delete Article 13, amending the claim that the concession can not be awarded when it harms the integrity of the public domain, or establish a clear and objective financial compensation if this situation occurs.

-Modify in an explicit and clear form the first transitional provision section 1, to set a concession period of sufficient duration to compensate for the deprivation of property.

-Establish clear and objective criteria of evaluation for the rescue of concessions, which should take into account the value of the land.

-Clarify that the right to receive compensation in the form of an administrative

concession can not come restricted or prohibited by any provisions derived from laws re public sector contracts.

INFORME SOBRE REFORMA DE LA LEY DE COSTAS (febrero 2013)

DEFINICIONES DEL DOMINIO PÚBLICO NATURAL

Se mantienen prácticamente como están. El borrador que el Gobierno hizo público en fecha 13 de julio de 2012 contenía algunos cambios que han desaparecido en el texto remitido a las Cortes el 5 de octubre. En particular se introducían una serie de condiciones objetivas para determinar el límite interior de la llamada zona marítimo terrestre que han desaparecido, quedando el precepto prácticamente con su redacción actual.

En cuanto a la playa, los cambios en la definición son más simbólicos que reales, además de bastante equívocos. Ha desaparecido por ejemplo de la definición el concepto de playa como acúmulo de depósitos artificiales, pero se ha añadido un nuevo párrafo al artículo 3 que contiene definiciones, siendo una de ellas la de duna. Con arreglo a estas definiciones, constituyen duda los depósitos de materiales sueltos por cualquier causa, incluyendo las artificiales (es decir, que funcionarios del Gobierno descarguen en un sitio un camión de arena). Por tanto, tampoco existen cambios en la definición legal de playa.

Esta ausencia de cambios en la definición legal del dominio público natural torna en inútil la disposición adicional quinta, que permite a los ciudadanos recuperar sus propiedades en caso de que como consecuencia de estas nuevas definiciones se produzca una revisión del deslinde que mueva la ribera del mar hacia el mar. No se va a producir una situación de ese tipo excepto quizá en situaciones determinadas en las que los poderes públicos consideren que deben proceder a ello.

Habida cuenta de la falta de objetividad que bajo mi punto de vista existe en la práctica tradicional de la hoy llamada Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, y considerando el alto precio de los terrenos de primera línea, la disposición adicional quinta es una herramienta potencial de arbitrariedad que pudiera ser empleada para devolver la propiedad a determinadas personas o grupos dotados de algún tipo de privilegio.

COMPENSACIONES POR PRIVACIÓN DE LA PROPIEDAD

El gran problema de la ley de costas es el de las compensaciones por la pérdida de la propiedad, pero si nos fijamos bien, se trata de un problema carente de solución. La ley de costas nació como instrumento para regenerar, cuidar y despejar el dominio público, lo que necesitaría una considerable cantidad de derribos de edificios que se encuentran en primera línea. Cuando el legislador de 1988 se planteó la cuestión tuvo que rendirse a la evidencia de que el Estado carecía de la solvencia económica necesaria para proceder con arreglo al artículo 33.3 de la Constitución y a la ley de expropiación forzosa, es decir indemnizando las expropiaciones mediante la entrega de un justiprecio en dinero. En particular me refiero a los espacios cuya propiedad es arrebatada a los particulares después de que éstos los adquirieron de forma perfectamente legal por encontrarse fuera del dominio público.

Encontró o creyó encontrar el legislador una solución en el mecanismo concesional y dispuso que la privación de la propiedad sería compensada (en el mejor de los casos) con una concesión de treinta años prorrogables por otros treinta. Este mecanismo fue declarado conforme al artículo 33.3 de la Constitución por una sentencia a mi juicio muy politizada del Tribunal Constitucional (sentencia 149/1991). Sin embargo, esta fórmula escondía un profundo despropósito: Si el fin de la ley de costas es despejar el dominio público de ocupaciones ilegales y las compensaciones consistían en el derecho a permanecer esas mismas edificaciones durante un periodo global de sesenta años, el propósito de la ley era ilusorio y en la práctica la gestión de la misma se resumía no en la defensa de la costa, sino en una profunda y en el fondo inútil conflictividad social, como hemos podido comprobar en los últimos años.

Pues bien, la reforma propuesta por el Gobierno incluye un plazo máximo de setenta y cinco años para las concesiones, lo que permite suponer (sólo suponer, como comentaré enseguida) que en adelante las expropiaciones serán compensadas de forma mucho más generosa que hasta ahora. En particular, el precepto propuesto (reforma del artículo 13) dice que las concesiones actualmente en vigor serán prorrogadas por un plazo de setenta y cinco años. Esto, visto así, no hace sino multiplicar el problema apuntado antes: Cuanto mayor el plazo de concesión, menor la capacidad de la ley para cumplir sus propósitos ambientales. Esta contradicción evidencia que la ausencia de fondos económicos torna la ley de costas en una herramienta inútil.

No obstante lo dicho, el texto contiene la inquietante restricción de que “la Administración no otorgará la concesión a la que se refiere el apartado anterior cuando la ocupación afecta a la integridad del dominio público marítimo terrestre”. Esto es lo mismo que una expropiación sin indemnización. Resulta simplemente inaceptable que el texto no diga nada más al respecto ni establezca algún otro mecanismo compensatorio. Con lo que parece una total ignorancia de la noción de que nos encontramos ante una expropiación necesitada de indemnización, se limita a afirmar que esa indemnización podrá no tener lugar. Como explicaré más adelante, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa está servida por funcionarios dispuestos a interpretar la ley en el peor sentido posible para los ciudadanos. Por tanto, si la ley abre la puerta a la expropiación sin indemnización, efectivamente veremos estas situaciones.

No está claro en qué momento empezará a contar este plazo de esa concesión de setenta y cinco años y desde luego no está claro en absoluto, sino todo lo contrario, que proceda otorgarla a los titulares que en el momento presente ya han perdido su propiedad como consecuencia de un deslinde o con motivo de la entrada en vigor de la ley de costas (supuestos especiales dentro de la disposición transitoria primera, apartado segundo).

Fijémonos en que el texto de la reforma asigna la concesión de setenta y cinco años a “los titulares de los terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo terrestre”. Esto apunta al futuro, no al pasado, impidiendo que los titulares cuyas propiedades ya han pasado al dominio público puedan beneficiarse de esa condición. De aquí que no pueda pretenderse que vaya a producirse mejora alguna del régimen de estos ciudadanos, que constituyen el grueso de los afectados ya que el deslinde esta completado en el 95% del territorio. Tal y como está escrita la reforma del artículo 13, la misma será de aplicación sólo a los futuros afectados, pero entiendo que éstos serán pocos numerosos, puesto que sólo nacerán estas nuevas afecciones en el caso en el que las condiciones geomorfológicas varíen hasta el extremo de que sea necesario practicar un deslinde nuevo que revise otro practicado con arreglo a la ley vigente.

El régimen que será de aplicación a los ciudadanos ya afectados no es, como se pretende desde el Gobierno y los medios de comunicación, el del articulo 13 reformado, sino en todo caso el recogido en una peculiar disposición contenida en el artículo 2 de la ley de reforma. Este nuevo precepto constituye una regulación externa, es decir, que no se dirige a la reforma de la ley, sino a introducir desde una ley nueva otras disposiciones que afectan a la materia de costas y que de forma tan paradójica como desordenada vienen a constituir una especie de derogación tácita de determinados contenidos de la norma vigente. Esto desde luego evidencia una pésima técnica jurídica e introduce una confusión innecesaria que no traerá más que problemas. En todo caso, el precepto alude a la prórroga de concesiones otorgadas “antes de la entrada en vigor de la presente ley”, es decir, antes de la presente ley de reforma, no antes de la vigente ley de costas. Este matiz es importante por lo que se apunta a continuación.

El régimen establecido por el artículo 2 consiste en que las concesiones a las que me refiero “podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo”. No nos encontramos, pues, con una obligación del Estado, sino con una facultad discrecional a su favor y por lo tanto con una regulación aparentemente innecesaria. La prórroga será por setenta y cinco años máximo con posibilidad de “fijar un plazo de duración inferior y prever a su vez prórrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal”.

No perdamos de vista que es el régimen previsto en este artículo 2 de la ley de reforma, y no el texto reformado del artículo 13 de la ley vigente, el que será de aplicación al 95% de los afectados (proporción correspondiente con el 95% de los deslindes ya aprobados).

Pues bien, el precepto sienta las bases de un desorden, una confusión y una inseguridad jurídica considerables, como se explica a continuación.

Para empezar, el proyecto no contiene una reforma explícita de la disposición transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas, por lo que en apariencia continúa el régimen de concesión de 30 años prorrogables por otros 30. Digo en apariencia porque habrá que asignar la eficacia que corresponda al artículo 2 de la ley de reforma al que me acabo de referir. La redacción del texto cuando entró en el Congreso ha sido aclarada convenientemente al aceptarse una enmienda que afirma que esta prórroga será de aplicación a las concesiones indemnizatorias de la DT Primera.1.

La mencionada disposición transitoria primera apartado primero, que no resulta modificada, establece el régimen de concesión de 30 años prorrogables por otros 30. Pero dadas las fechas en que nos encontramos, no se ha producido aún ninguna de esas prórrogas, por lo que en apariencia nos encontramos con que la concesión prorrogada no sería ya de 30 años, sino de hasta 75 con arreglo al artículo 2 de la ley de reforma. Y aquí se abren dos posibilidades:
En caso de que la prórroga de concesión fuera efectivamente de 75 años, se produciría una lesión del derecho constitucional de igualdad respecto a los propietarios afectados por la revisión de un deslinde, a los que con arreglo al artículo 13 reformado corresponderían 75 años, frente a los afectados actuales, que conforme al artículo 2 de la ley de reforma obtendrían 30 + 75 años.

Por el contrario, en el caso de que la prórroga de concesión fuera menor de 75 años (recuerdo que el artículo 2 establece 75 años como un máximo), esto da lugar a la natural inseguridad jurídica, no sabiéndose cuál es la indemnización por la expropiación. Esto naturalmente viola el artículo 9.3 de la Constitución en su protección de la seguridad jurídica y su prohibición de la arbitrariedad. Podría quedar violado también el derecho constitucional de igualdad en caso de que el plazo asignado a estos afectados fuera inferior al recogido en la vigente disposición transitoria primera, apartado primero.

Otro defecto que aprecio es la posibilidad de que la concesión prorrogada del artículo 2 de la ley de reforma se otorgue por tramos prorrogables y no por el periodo global que le pueda corresponder.

Se trata de un mecanismo perverso. El otorgamiento de una concesión por tramos oculta el propósito de poder rescatarla a precios mínimos previamente al vencimiento del tramo correspondiente. Toda concesión es susceptible de rescate por razones de interés público, debiendo tomarse como referencia en orden a la fijación de la indemnización el plazo que resta hasta su final. Por tanto, una concesión a la que quedan cinco años de vida podrá rescatarse por un precio muy inferior a otra a la que le quedan veinticinco años, por ejemplo.

El precepto sienta las bases para que los titulares privados de su propiedad reciban a cambio una concesión de hasta setenta y cinco años en plazos por ejemplo de cinco años prolongables. Con esto el Gobierno tendrá la facultad de rescatar este derecho en todo momento por un precio más que módico. En estas condiciones, de nada sirve la novedad que también introduce el proyecto de que las concesiones puedan ser vendidas a terceros.

En apariencia, este doble mecanismo, el de que las concesiones se puedan vender a terceros sumado al periodo teórico de setenta y cinco años, alejaba el fantasma que tanto ha preocupado a los afectados de un rescate de sus concesiones a precios ridículos, lo que en la práctica constituye una expropiación sin indemnización. El razonamiento que puede hacerse a primera vista es el siguiente: Si las concesiones se pueden vender a terceros, habrá un precio de mercado, y si hay un precio de mercado se podrá establecer un valor de tasación, por lo que ya no nos veremos en la obligación de pasar por los estrechos criterios que en este momento maneja el Gobierno para la valoración de los rescates. Si a ello sumamos que el periodo de la concesión será (según se ha hecho creer) de setenta y cinco años, la conclusión es que el ciudadano expropiado podrá gozar de cierta confianza en la concesión como mecanismo compensatorio que aunque no sea suficiente por lo menos le permitirá cierta seguridad.

Pero esa manera de ver las cosas cambia tan pronto como nos fijamos con algo más de atención en el precepto. Al hacerlo así podemos temer un futuro en el que el resultado sea el contrario al que se cree: Aunque se otorgara la prórroga de concesión por el plazo máximo de 75 años, el valor de tasación de las viviendas puede ser mínimo si las concesiones se otorgan por tramos prorrogables. Desde ese punto de vista, la situación de los ciudadanos expropiados podría llegar a ser incluso peor que la actual, ya que en este momento las concesiones compensatorias se otorgan por periodos globales de treinta años prorrogables, es decir, no sujetos a tramos sucesivos de inferior duración.

A lo dicho es preciso añadir que los criterios que actualmente maneja el Gobierno para valorar el rescate de las concesiones son abusivas, ya que se remiten a las normas del reglamento de costas para rescate de concesiones ordinarias. Tales normas establecen que el precio del rescate será calculado en función de la parte de la obra no amortizada, pero como es lógico nada dice del suelo, que era público antes de la concesión y lo sigue siendo. Es tan absurdo como abusivo, pero es lo que se está haciendo, aplicar esos mismos criterios a las concesiones que se otorgan como compensación por la privación de la propiedad, ya que ésta ultima incluye tanto la obra como el suelo. Por esa vía se llega a situaciones como la de un afectado en la ciudad de Rota, a quien el gobierno ofrece 136 euros como precio por el rescate de la concesión sobre una vivienda en parcela de 700 metros cuadrados.

Por cierto, que la reforma introduce un apartado segundo al artículo 65 de la ley de costas para impedir que puedan recibir una concesión aquéllos en quienes concurra alguna prohibición derivada de la ley de contratos del sector público. Sería incoherente, abusiva y carente de sentido la interpretación de que este nuevo precepto pudiera ser de aplicación a los titulares privados de su propiedad por un deslinde, de tal manera que pudieran no recibir la concesión. No obstante, a vista de la manera probadamente torcida de interpretar los preceptos generales sobre concesiones por parte de la Dirección General (que además de lo dicho incluyen la incomprensible aplicación de prohibición de transmisión intervivos a las concesiones indemnizatorias), puede y debe temerse una interpretación de este tipo que nuevamente dé lugar a expropiaciones sin indemnización, por lo que sería preciso introducir en el anterior precepto las debidas cautelas para impedir su aplicación a los propietarios expropiados, que deberán recibir la indemnización en forma de concesión en todo caso.

Sobre todas estas cuestiones planea una realidad ajena a los mecanismos de elaboración de la ley pero que incluso así no se puede ignorar, sino que debe tomarse especialmente en cuenta porque la ley es un sistema de garantías y de seguridad jurídica y debe prevenir no sólo las actuaciones indebidas de los ciudadanos, sino también las del Estado.

Esta realidad es que la Dirección General de Sostenibilidad de la costa está servida por funcionarios que en el pasado han demostrado que son capaces de cualquier cosa y que desde luego están dispuestos a continuar con ese mismo modo de proceder. En apariencia estos funcionarios dominan y controlan la Dirección General haciendo firmar a su titular lo que bajo mi responsabilidad califico de monstruosidades, generalmente en contra del ciudadano. Un ejemplo consiste en la orden de derribo de parte de una vivienda cuando en realidad procedía otorgarle la concesión de la disposición transitoria primera apartado primero. Que procedía la concesión no es una interpretación, sino algo claro e indiscutible y los funcionarios lo sabían, pero a pesar de eso ordenaron el derribo y además hicieron firmar al Director General la desestimación de la solicitud de concesión. El único motivo por el que ésta finalmente se otorgó es que el anterior titular de la Dirección General, Pedro Antonio Ríos, era una persona muy accesible y pude denunciar la situación y pedirle que se enterase bien de lo que sus funcionarios de confianza le estaban poniendo a la firma. Así lo hizo y tras ser estimado el recurso de reposición el ciudadano recibió la concesión a la que siempre había tenido derecho, por lo que el derribo quedó suspendido. Este resultado feliz no perjudica la desafortunada realidad de que los altos funcionarios responsables del asunto estaban muy dispuestos a derribar la vivienda a sabiendas de que no tenían razón.
Desafortunadamente, el actual Director General no resulta fácilmente accesible, por lo que no resulta posible alertarlo de las ocasionales barbaridades que sus colaboradores le ponen a la firma. De hecho, el gobierno del partido popular ha recuperado a algún antiguo alto funcionario de la línea dura que fue responsable de mucho sufrimiento en el pasado y que salió de los puestos de dirección en 2008.

En todo caso, se puede comprender que en un Estado moderno y en una Administración sujeta a la ley, la resolución debida y justa de un asunto no debería depender de que el afectado o su abogado puedan tener acceso al Director General, pero así es como está funcionando.
En estas condiciones, es seguro que con cualquier Gobierno las normas serán interpretadas y aplicadas por los funcionarios que realmente controlan la Dirección General de Costas en el peor sentido posible. Si la ley reformada permite el otorgamiento de concesiones por tramos cortos prorrogables en perjuicio del ciudadano expropiado, esto se hará con toda seguridad y sin ninguna posibilidad de crítica por parte de los afectados puesto que la facultad de establecer los plazos será discrecional de la Administración. Y lo mismo sucederá con el plazo máximo de duración de estas concesiones prorrogadas recogidas en el artículo 2 de la ley de reforma: Si la norma permite a los funcionarios el otorgamiento de una concesión por periodo breve, así lo harán.

Otra cuestión que genera incertidumbre procede del desastroso modo en que la Dirección General ha venido manejando el tema de las concesiones que corresponden a los particulares cuando éstos pierden su propiedad como consecuencia de un deslinde. Estas concesiones se deben otorgar de oficio (lo mismo que se paga de oficio el importe de en dinero una expropiación) pero el gobierno no lo hace. El motivo ya lo expresé en mi primera intervención ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 20 de enero de 2009: El Gobierno alega que no tiene medios humanos y materiales para ocuparse de ello, lo que significa que existen tales medios para privar de la propiedad a los afectados pero no los hay para otorgarles las correspondientes compensaciones.

La consecuencia de esta desidia es la creación de un limbo jurídico sin precedentes en la historia del derecho, en el que ni los afectados ni el propio Gobierno sabe cuáles son los derechos y obligaciones de los titulares de esos edificios que han quedado en el dominio público.

Y para que la situación resulte aún más caótica, se ha producido una novedad jurisprudencial que incide notablemente sobre la reforma de la ley y el modo en el que ésta deba ser aplicada.
Hasta hace poco tiempo, cuando los interesados solicitaban una concesión años después de la aprobación del deslinde, se producía un conflicto judicial debido a que el Gobierno mantenía que el plazo de inicio de la concesión era el de aprobación del deslinde, mientras que los interesados mantenían que debía contarse desde el otorgamiento efectivo de la concesión. La Audiencia Nacional dio la razón a los interesados durante años, hasta que recientemente cambió el criterio y pasó a dar, con unos argumentos que no puedo compartir, la razón al Gobierno. Con esto resulta que miles de ciudadanos que no saben que tienen una concesión, en realidad la tienen.
Por este motivo, considero que con arreglo a esa jurisprudencia debe entenderse que todos los propietarios privados de su propiedad por un deslinde en los términos de la actual disposición transitoria primera, apartado cuarto (terrenos comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público) se encuentran en la práctica disfrutando de una concesión, bien sea ésta expresa o supuesta (en los términos de la sentencia a la que me refiero). Y de aquí que en la interpretación más probable a mi juicio, el artículo 2 de la ley de reforma será de aplicación a los interesados en el sentido de que el periodo de hasta setenta y cinco años comenzará a contar a partir del vencimiento de la concesión de la que actualmente gozan, es decir, a partir de que hayan pasado treinta años de la aprobación de su deslinde.

Según he anticipado, la gestión administrativa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa es en determinados aspectos una calamidad, en particular en cuanto al limbo jurídico creado al renunciar a cumplir con su obligación de otorgar las concesiones de oficio. En cierto sentido, las más recientes sentencias de la Audiencia Nacional que pretenden el nacimiento de una concesión que la Administración nunca otorgó y cuyo pliego de condiciones es inexistente, podrían ser interpretadas como una forma inusual de dar carpetazo a un problema de calado generado por la ineptitud de los responsables de la política de costas: Puesto que esos responsables no han sabido atender a los perentorios mandatos legales de otorgar la concesión de oficio y puesto que con ello se ha generado un limbo jurídico que afecta a cientos de miles de ciudadanos, la nueva corriente jurisprudencial, al crear una concesión de la nada, salva de un plumazo al ejecutivo de ponerse frente a sus propias vergüenzas. Todo el trabajo no hecho por la Dirección General durante años queda convalidado con una sola decisión de los tribunales que dice que aunque el trabajo no se haya hecho, se ha hecho, y que aunque la concesión no exista, existe.

Bajo mi punto de vista, la forma idónea de responder a una situación administrativa y legal de caos debería ser un instrumento legal claro, sistemático y sobre todo garante de los derechos de los afectados. En cambio nos encontramos con un texto aún más caótico que la situación que se supone que viene a resolver, con unas deficiencias sorprendentes en materia de orden, lógica y coherencia y con escasas ventajas constatables en favor de los afectados si salvamos cuestiones puntuales como la posibilidad de transmisión inter vivos de las concesiones, la ampliación a cuatro años del plazo para solicitar el cambio de titular en caso de fallecimiento o ciertos retoques en los apartados segundo y tercero de la disposición transitoria primera ordenados a ampliar los casos en los que cabe otorgar la concesión indemnizatoria (ya he aludido a esta parte de la reforma e otro artículo titulado LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS Y EL TERCERO HIPOTECARIO).

Normalmente una ley que se publica para reformar otra contiene un artículo único en el que se recoge la nueva redacción de todos los preceptos modificados. Este proyecto contiene efectivamente un artículo primero con ese contenido, un artículo segundo con regulación de las prórrogas de las concesiones que no modifica formalmente ley de costas, sino que constituye regulación nueva, externa a ella e incompatible con algunos de sus preceptos, y seis disposiciones adicionales que están en la misma situación, es decir, que no reforman precepto alguno de la ley de costas aunque contienen normas nuevas incompatibles con la regulación existente (y no reformada). Por ejemplo, la disposición adicional quinta es incompatible con el artículo 4.5 de la ley de costas, que permanece sin reformar. Por tanto, habremos de considerar que se ha pretendido con ella acudir al mecanismo de derogación tácita, algo que aparentemente carece de sentido cuando nos encontramos precisamente ante un texto de reforma (expresa) de otro anterior. Lo mismo puede afirmarse del artículo 2 de la ley de reforma, que es o parece ser contrario a la disposición transitoria primera, apartado primero de la ley vigente (precepto cuya redacción permanece). Los problemas de interpretación y los conflictos jurídicos que propiciará esta defectuosa forma de legislar creo que harán historia.

Imagino que existirá algún propósito para dar paso a una forma tan peculiar de reformar la ley de costas, pero no alcanzo a comprenderlo. Bajo mi punto de vista, en cuanto a orden y sistemática, sería imposible que el texto pasase un control de calidad, y de hecho me cuesta comprender cómo ha podido pasar el de los letrados de las Cortes. En cuanto a mejoras concretas de los afectados por la privación de la propiedad, sólo veo las expuestas arriba, que no son muchas.

Por tanto, para normalizar y dignificar el texto y aliviar (que no resolver) la situación de los afectados se requieren a mi juicio las siguientes medidas:

-Suprimir el artículo segundo y todas las disposiciones adicionales e introducir las regulaciones nuevas contenidas en ellos en forma de modificación de los preceptos correspondientes de la ley vigente o de artículos y disposiciones adicionales nuevos.

-Suprimir del artículo 13 reformado la pretensión de que la concesión podrá no otorgarse cuando perjudique la integridad del dominio público o bien establecer un sistema claro y objetivo de compensación económica si se da esa situación.

-Modificación explícita y clara de la disposición transitoria primera, apartado primero, para establecer un plazo de concesión de duración suficiente para compensar la privación de la propiedad.

-Establecimiento de criterios claros y objetivos de valoración de rescate de las concesiones, en los que deberá tenerse en cuenta el valor del suelo.

-Aclaración de que el derecho a percibir una compensación en forma de concesión administrativa no podrá venir restringido o suprimido por norma alguna derivada de la ley de contratos del sector público.

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@abogadodelmar

Como muchos sabéis, hace un tiempo la senadora del PP Letizia Díaz me pidió ayuda para redactar una reforma de la Disposición Transitoria Segunda de la ley de costas. Me sentí honrado, le presté la ayuda que me pedía y todos felices.

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Este verano, otra diputada del PP, María Rosa de Haro Brito, me comentó que quería hablar conmigo sobre la reforma de la ley de costas emprendida por el Gobierno, pero sus ocupaciones no permitieron que la entrevista se produjera hasta hace aproximadamente dos semanas, cuando tuvo la amabilidad de venir a verme a Valencia para buscar un poco de claridad en cuanto al texto, a los problemas de los afectados y a la forma en el que el primero pudiera servir de modo efectivo para aliviar lo segundo. Nada más empezar la reunión me advirtió que no se trataba de un encuentro político sino de una sesión de trabajo, con lo que no hizo más que leerme el pensamiento y la intención. Y así pasamos tres horas y media en una sesión muy interesante de preguntas y respuestas de la que se marchó con unas cuantas ideas para desarrollar.

La actitud de ambas Senadoras me pareció a la par honesta y profesional. Díaz procede creo que de Santander, donde la disposición transitoria que pretendía modificar resulta particularmente lesiva para los titulares de espacios de marismas desecadas dados en concesión hace muchísimo tiempo. Brito es de la isla de La Palma y busca hacer lo posible por ayudar a los canarios. En ambos casos me pareció que su actitud era la que debe tener un político: Se preocupaban por sus paisanos y votantes.

Digo más: Díaz es Abogado del Estado, Brito es Abogado. Que incluso con su cualificación profesional vengan a consultarme es bastante expresivo en cuanto a su actitud nada arrogante y en cuanto a la sinceridad de su búsqueda de soluciones. Esto, claro está, no es un peloteo a su partido, sino un reconocimiento de que estas dos Senadoras, en lo que he visto y a título individual, adoptaron lo que considero una actitud modelo.

Por descontado que para mí fue un honor inmerecido recibir estas consultas, que me sentí honrado de servir con ellas al bien común y que me mantengo a disposición de todo el que me pudiera necesitar para este tipo de cuestiones.

Cuento todo esto no para sacar pecho, sino para ilustrar un poco mejor mi punto de vista sobre la reciente visita a Madrid de una comisión de eurodiputados dispuestos a mirar con lupa lo que está haciendo el Parlamento de España con la reforma de la ley de costas. A la reunión del pasado día 21 de marzo no asistí por motivos personales, pero debo decir que no me despertaba entusiasmo. Han pasado muchas cosas desde aquel día 26 de marzo de 2009 el Parlamento Europeo dio la razón a la queja que presenté en nombre de la Plataforma Nacional de afectados por la Ley de Costas y declaró que España estaba aplicando la ley con abuso y todo eso que ya se sabe.

Lo que a mi juicio ha sucedido es un proceso doble:

-Que a la Plataforma, como era de esperar y con todo el derecho, se sumaron muchos otros peticionarios para formular sus propias quejas ante la Comisión de Peticiones.

-Que ésta última en apariencia no hizo nada parecido a controlar la calidad de las peticiones que les llegaban. Es decir, que no tiene ni la menor idea de si los peticionarios tienen razón y cada petición es justa y digna de defensa.

Quiero aclarar, como ya he hecho a menudo, que como Abogado puedo defender y defiendo todos los casos que me entran, tengan más o menos razón, pero que la Plataforma no admite en su seno a quienes han robado el dominio público. A mí también pueden engañarme, desde luego, pero es más difícil que engañar a David Löwe, el Secretario de la Comisión de Peticiones, y mucho más fácil que engañar a su Presidenta y miembros.

Entiendo, desde luego, que la Comisión de Peticiones no es un tribunal, ni su misión consiste en decidir quién tiene razón. Pero con su total y absoluta inexistencia de controles, cualquiera podría formular una queja para reclamar la propiedad no de la plaza de la Cibeles, que es demasiado conocida, pero sí quizá del monasterio de san Juan de la Peña, que seguro que estos señores no saben lo que es. Creo que si mañana presento una solicitud de ese estilo, se admitirá a trámite y quizá me citen para hablar de ella, lo mismo que unos expertos en seguridad metieron una falsa bomba en el palacio de la Reina de Inglaterra, otro sujeto se metió intencionadamente con una pistola en la boda de Felipe y Letizia y así sucesivamente. Todo lo que querían estos terroristas de broma era demostrar que los filtros no funcionaban. Lo que demostraría yo es que no hay filtros.

La sobreabundancia de peticionarios dio lugar ya en debate de marzo de 2010 a determinadas situaciones de bodeville con motivo de los alegatos de determinados peticionarios que según mis noticias no eran más que usurpadores del dominio público, y con motivo también de los términos favorables en los que sus posiciones eran respaldadas por señores despistados y engañados como Willy Meyer y algún otro.

Cuando se aproximaba la reunión del día 21 me iba pareciendo que la cosa iba a consistir en un intercambio entre unos que no saben nada, como son los eurodiputados y otros que lo ignoran casi todo, como son los peticionarios. Tengamos en cuenta que esa reunión no estaba ya dedicada al análisis de las peticiones (sobre las que cada peticionario evidentemente, sabe) sino de algo mucho más complicado y difícil de entender, como es un proyecto de ley. Los legos en derecho también pueden, en efecto, opinar sobre ello, nada lo impide. Pero es difícil que su opinión sea cualificada y aporte algo útil.

De modo que el acto estaba bien y era estupendo como gesto político, pero amenazaba con dar poco resultado, como parece que así fue. Advierto que me puedo equivocar y desde luego no es mi intención elaborar juicios, en especial cuando no estuve presente, pero las noticias que tengo confirman mis impresiones previas de lo que podía pasar: Los eurodiputados preguntaron a los peticionarios en qué afectaba el proyecto de ley a sus quejas y éstos se limitaron a responder con el mismo mantra plano ya conocido desde hace años de que la ley sigue siendo retroactiva y arbitraria. Y esto es lo que estaba a su alcance. Y esto es lo que estaba a su alcance porque, como legos en derecho, no saben.

Voy a poner un ejemplo para hacerme entender. Es totalmente imposible la comprensión de la reforma de la disposición transitoria primera, apartados segundo y tercero de la ley de costas sin estar familiarizado con el concepto del tercero hipotecario y sin ser consciente de las diferencias entre los artículos 34 y 38 de la ley hipotecaria y conocer la antigua ley de costas de 1969, donde ya se introdujo por primera vez una condición referida el tercero hipotecario. Esto, lo lamento, no está al alcance de cualquiera. Querer no es poder y el diálogo entre los que no saben y los que no entienden no puede conducir a ninguna luz.

Reconozco que estoy sembrado de dudas ante el papel que está haciendo la Comisión de Peticiones desde la primavera de 2009 hasta aquí. Reconozco también que tengo la tentación de considerar ese papel como una pantomima ajena a la alta responsabilidad del Parlamento Europeo y de sus miembros. De la misma forma que escribí varias veces en el pasado que desde el punto de vista de los afectados no se podía resolver este problema sin inteligencia, digo ahora que sin esa misma inteligencia, sin análisis y sin un conocimiento elaborado del texto del proyecto de ley, los eurodiputados no van a hacer absolutamente nada más que pasear la manta, gastar dietas, salir en fotos y seguir sin enterarse de nada o enterándose de poco.

José Ortega

Abogado    abogadodelmar@gmail.com

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@abogadodelmar

Congreso de los diputados

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

El Puig, 27.11.2012

ASUNTO: REFORMA DE LA LEY DE COSTAS

TEXTO:

El balance que del proyecto de reforma hace la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas es moderadamente positivo del lado de los cambios en el mecanismo compensatorio por la pérdida de la propiedad y desde luego negativo en cuanto a las nuevas definiciones del dominio público.

Los afectados nunca aceptarán ningún tipo de concesión, sea de la duración que sea, como pago por una expropiación. Incluso pese a la declaración del Tribunal Constitucional en su sentencia 149/91, consideramos que la concesión siempre y por su propia naturaleza tiene un valor inferior a la propiedad, por lo que no puede satisfacer las exigencias del artículo 33.3 de la Constitución al ser un precio pero no ser un precio justo. Anotamos aquí, tan respetuosamente como sea posible, que el Tribunal Constitucional es un órgano de técnicos que no son jueces de carrera y que son designados de manera indirecta (a través del Parlamento) por los partidos políticos. Esta afirmación no envuelve rebeldía hacia sus decisiones, sino una simple descripción de la realidad.

Por otro lado, la declaración del pleno del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, a instancias de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, incluye la constatación de que las expropiaciones derivadas de la ley de costas no están suficientemente compensadas con una concesión administrativa, lo que resulta aplicable tanto a la vigente ley de costa como a su reforma en trámite.

Debemos pedir, en consecuencia, que las Cortes estudien fórmulas de indemnización respetuosas con el artículo 33.3 de la Constitución.

Dicho esto, la reforma incluye ciertas mejoras en el régimen concesional que sin embargo no satisfacen las necesidades reales de los ciudadanos ni resuelven el problema social originado por los deslindes, especialmente en los segmentos más pobres de la población. Así sucede cuando se reconocen derechos de concesión del apartado primero de la disposición transitoria primera a los titulares de terrenos afectados por los apartados segundo y tercero de esa misma disposición transitoria.

Analicemos la reforma de la disposición transitoria primera, apartado tercero, de la ley de costas, que resulta especialmente de aplicación a Canarias a cuenta del retraso con que en aquellos territorios se llevaron a cabo los deslindes.

Este precepto recoge la situación de los terrenos que quedan incluidos dentro del dominio público cuando el deslinde tramitado con arreglo a la ley de costas vigente es el único existente. El deficiente tratamiento asignado por la ley a estos espacios ya fue analizado por este Letrado en la propuesta de enmienda a la ley de navegación marítima,  que proponía un texto alternativo y más favorable a los interesados para la Disposición Transitoria Primera, apartado tercero, de la ley de costas.

En resumen, la redacción vigente de ese precepto no reconoce derecho alguno a los titulares de espacios que queden comprendidos dentro del primer deslinde, lo que implica una presunción gratuita y no justificada de que las ocupaciones tuvieron lugar en momentos en los que los terrenos en cuestión eran ya demaniales. Esto carece de sentido puesto que el concepto legal de dominio público ha experimentado continuas expansiones desde su primera definición en la ley de puertos de 1880, por lo que es perfectamente posible que ocupaciones localizadas en espacio demanial con arreglo a las definiciones actuales se encontraran perfectamente fuera de él en el momento de producirse, con lo que nos encontraríamos con ocupaciones legales que la ley tiene por ilegales.

El sentido de la reforma propuesta por el Gobierno es el de salvar los derechos de los ocupantes cuyos títulos estén amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, lo que deja son resolver la inmensa mayoría de los casos, al menos en Canarias, por los motivos que a continuación se exponen.

En primer lugar, la desafortunada realidad es que en Canarias existe un sinnúmero de ocupaciones, tanto en la costa como en el interior, que carecen de documento público que acredite la propiedad. Esto se debe a razones tanto históricas como geográficas que serían largas de explicar pero que pueden resumirse en que de un lado Canarias ha sido hasta la mitad del siglo XX un territorio de conquista colonizado por derecho de ocupación lo mismo que sucedió en épocas muy anteriores en el continente, y de otro lado en la singular aridez y soledad de muchos de sus parajes, no ansiados por nadie excepto por pioneros con hambre que establecieron en su momento poblaciones de pescadores en espacios remotos y  humanizaron con ello el paisaje.

El Parlamento no debería dar la espalda a esta realidad legislando de forma uniforme para todo el Estado. De la misma forma que el anteproyecto de reforma retira del dominio público a determinados núcleos de población o asigna un estatuto especial a la isla de Formentera, así también debería tener en especial consideración los problemas particulares del archipiélago canario en lo tocante a los casos mencionados.

En segundo lugar, la referencia al artículo 34 de la Ley Hipotecaria se supone que traslada la misma referencia del artículo 6.3 de la ley de costas de 1969, que establecía el carácter demanial de determinados espacios salvo los derechos amparados por dicho precepto.

El artículo 34 LH recoge el concepto de la buena fe pública registral y alude a que será sostenido en su posesión el tercero que adquiere a título oneroso y de buena fe de quien aparecía como titular en el Registro de la Propiedad. Este precepto constituye una herramienta para privilegiar el registro e incentivar la inscripción de las fincas, que en nuestro derecho es voluntaria. Protege al tercero que adquiere a título oneroso (es decir, pagando un precio) porque la compra de un inmueble es un acto voluntario que requiere una contraprestación económica y la finalidad del registro de la Propiedad es dar garantías al tráfico de los bienes inmuebles, en este caso asegurando que no será privado de su adquisición aquél que compre de quien tenga inscrito a su nombre.

Esta cautela, en cambio, no es precisa en favor de quienes adquieren a título lucrativo, es decir, mediante herencia o donación, porque éstos últimos no necesitan confiar en las garantías del Registro al ser la herencia un hecho automático que no requiere una opción personal del heredero (con la salvedad de la opción del heredero de repudiar la herencia, que nada tiene que ver con la falta de fiabilidad del registro de la Propiedad, sino con la existencia de deudas en la masa hereditaria).

El artículo 34 LH no es, en cambio, un precepto pensado para regular los derechos adquiridos por los ciudadanos frente al Estado, ya que entre uno y otro no pueden darse los conflictos e incertidumbres que tiende a resolver el principio de buena fe pública registral. A juicio de este Letrado, la incorporación del precepto en cuestión al artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 supuso un defecto de técnica legislativa por ser el artículo 38 y no el 34 de la Ley Hipotecaria el que debería haberse citado en aquel precepto. Se refiere el artículo 38 a la presunción de titularidad civil de quienes tienen su título inscrito en el Registro, es decir, que, salvo prueba en contrario, quien tiene aparece como titular inscrito es efectivamente dueño del bien.

A la vista está la diferencia entre ambos preceptos: Mientras que el artículo 34 ampara únicamente a quien adquirió a título oneroso e inscribió su título, el 38 ampara a todos los titulares. Dicho de otro modo: El primero de aquellos artículos excluye a quienes adquirieron mediante herencia o donación.

El artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 buscaba simplemente respetar los derechos adquiridos por quienes fueran titulares indiscutibles de bienes afectados por el deslinde. Por eso, bajo mi punto de vista, debía haber salvado los derechos de los titulares amparados por el artículo 38 LH (que protege a todos los titulares inscritos) y no de los protegidos por su artículo 34 (que excluye a herederos y donatarios). No parece que haya base ni legal ni moral para que quienes compraron bienes que posteriormente pasen a formar parte del dominio público tengan más privilegios que quienes heredaron o recibieron en donación estos mismos bienes.

De conformidad con esta realidad, se produjo un hecho curioso y muy significativo en la práctica de los deslindes de la ley de costas de 1969. En las correspondientes resoluciones aprobatorias, se afirmaba de forma constante y repetitiva que el Estado  se abstendría de actos posesorios sobre los bienes amparados por los artículos 1 y 38 LH, cuando con arreglo al tan mencionado artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 se deberían haber mencionado únicamente los bienes protegidos por el artículo 34 LH. Es de suponer que esta costumbre obedece a que la racionalidad aconseja proteger a todos los titulares aunque la ley protegía sólo al llamado tercero hipotecario, beneficiado por la buena fe pública registral, con exclusión de herederos y donatarios.

Esto conduce a una importante distorsión del derecho con motivo de la disposición transitoria primera, apartado segundo de la ley de costas, que se refiere precisamente a este caso: El precepto reconoce ciertos derechos a los titulares de terrenos que no pudieron ser ocupados por el Estado al estar comprendidos en el artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 y por tanto protegidos por el artículo 34 LH, pero la realidad es que las órdenes de aprobación de los deslindes son del tenor que se dice, es decir, que amparan a todos los titulares inscritos en base a los artículos 1 y 38 LH, y no sólo a los amparados por la buena fe pública registral. Esta distorsión sitúa al Estado en una posición complicada al no quedar claro qué hacer con quienes heredaron o recibieron mediante donación (que no están protegidos conforme a la DT Primera.2 de la ley de costas pero sí lo están por actos administrativos firmes de aprobación de los deslindes).

El sentido de la reforma propuesta por el Gobierno pretende una solución continuista con el artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 y armónica con la DT Primera.2 de la vigente ley de costas, al remitirse una vez más al artículo 34 LH y no a su artículo 38. Al hacerlo de esta manera, considera este Letrado que el Gobierno está reproduciendo y amplificando la mala técnica legislativa del legislador de 1969.

Pero la cosa va o puede ir mucho más lejos. La nueva redacción de la DT Primera.3 garantiza, lo mismo que el borrador, que “los titulares registrales de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de esta disposición”.

Pero es que en la actualidad el reglamento de costas alivia la penosa situación de los titulares de bienes a los que se aplica esta DT Primera.3, que encontramos sobre todo en Canarias y Galicia, al permitir el otorgamiento de la concesión si consiguen acreditar que los terrenos se encuentran más allá de la línea que habría sido aprobada con arreglo a la ley de costas de 1969. No se requiere para ello ser tercero hipotecario, sólo propietario, lo que es muy distinto y menos exigente. Esta previsión reglamentaria debe mantenerse, pues en caso contrario los derechos de la mayoría de los afectados experimentarían con la reforma legal un retroceso más que un avance.

Considero, por tanto, que la reforma debería orientarse de un lado hacia el tratamiento especial del territorio canario, teniendo en cuenta su indiscutible singularidad histórica, cultural y geográfica, y por otro a la unificación de todos los afectados que resulten ser titulares inscritos en el registro de la propiedad mediante la sustitución de la referencia al artículo 34 LH por otra a su artículo 38. El primer requisito debe implementarse reconociendo que en un sinnúmero de casos no sólo no existe inscripción registral, sino tampoco escritura pública de propiedad, y por tanto relajando las exigencias documentales para acreditar la propiedad.

Algo parecido, por idéntica fundamentación, en especial la relativa al tratamiento del tercero hipotecario, cabe afirmar del tratamiento dado en la reforma al apartado segundo de la disposición transitoria primera.

Propuesta de redacción de la disposición transitoria primera, apartado tercero:

“Los espacios que ya eran dominio público con arreglo a un deslinde anterior a la presente ley y que estuvieran inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad a dicho deslinde, serán dados en concesión a sus antiguos propietarios con las condiciones establecidas en el apartado primero de esta disposición transitoria”.

Propuesta de redacción de la disposición transitoria primera, apartado tercero:

“En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras.

Los propietarios de los terrenos que resulten incluidos en el dominio público pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado primero de esta disposición transitoria.

Reglamentariamente se determinará la forma en la que los afectaos deberán acreditar la propiedad”.

En cuanto a las nuevas definiciones de dominio público, los cambios son decepcionantes o no existen. Recuerdo que son precisamente tales definiciones las que con su carácter ambiguo promueven la inseguridad jurídica y la arbitrariedad en la práctica administrativa de los deslindes.

En cuanto a la modificación del artículo 3.1.a), el el proyecto de reforma se define la zona marítimo terrestre de la siguiente manera:

“La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial”.

Los cambios respecto del borrador son sustanciales. Inicialmente se había trasladado al texto la dicción del reglamento de costas cuando afirma que para la determinación de los máximos temporales se estará a las referencias comprobadas de que se disponga. Desde luego el rigor a la hora de determinar el alcance de los temporales ha sido escaso. Especialmente en Canarias, acostumbraban a fijar el máximo alcance del temporal “por observación directa”, sin estudios, encuestas, comprobaciones, indicios y sin nada de nada que pudiera confirmar esa apreciación subjetiva. Aquel texto no añadía nada nuevo en teoría, pero en la práctica creo que pretendía sujetar a la Administración a actuar de forma objetiva aportando las pruebas que estuvieran a su alcance.

Pues bien: Esa referencia ha desaparecido de la reforma, que ahora se remite a los procedimientos que reglamentariamente se determinen para fijar el alcance del temporal. Esto sugiere, pero no garantiza, que el nuevo reglamento incorporará procedimientos objetivos y obligatorios de probanza, pero en todo caso resulta inquietante la supresión de los condicionantes que figuraban en el borrador, por más indeterminados que éstos fueran.

Lo que resulta muy significativo y particularmente perjudicial para los afectados (y pienso especialmente en Canarias), es la supresión de la condición establecida en el borrador de acreditación de que los temporales han tenido lugar cinco veces en los últimos diez años. Esto proporcionaba seguridad jurídica al ser preciso determinar la fecha concreta de cada temporal de los que se intenta hacer valer, en contra de la costumbre actual, en la que, como se dice, el Jefe de Costas despacha el asunto señalando un punto y diciendo que los temporales llegan hasta ahí por apreciación directa.

Lo único que queda en el proyecto es una referencia parecida para la privilegiada Formentera (tres temporales en cinco años), pero los afectados de otros espacios de costa parece que deberán seguir soportando el a mi juicio insidioso modo de proceder de la Administración al señalar el alcanza del temporal de forma subjetiva y sin pruebas. Salvo, naturalmente, que el reglamento de costas establezca criterios serios y rigurosos, pero eso está por ver. De momento lo único que tenemos es esta vuelta atrás que disipa las esperanzas de muchos afectados que perdieron su propiedad por procedimientos poco o nada rigurosos.

La reforma del artículo 3.1.b) en cuanto a la definición de playa tampoco llega muy lejos. Se ha suprimido la referencia existente en borrador, que definía como demaniales los depósitos  de materiales sueltos  “que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución”, lo que excluía las llamadas dunas muertas y tenía la virtud de sintonizar la definición legal con la reglamentaria, ya que el reglamento de costas excluye del dominio público, bajo ciertas circunstancias, las dunas que no dan arena a la playa ni la reciben de ella. Esto significa la confirmación de la tradicional ambigüedad en cuanto a los límites del demanio natural.

El precepto, en la reforma que maneja el Congreso, queda así:

“b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”.

Más adelante, en el apartado cuarto del artículo 3, se especifica un necesario concepto legal de duna en estos términos:

“Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.”

Esta definición sugiere que las dunas, a efectos legales, son sólo las que reciben arena y por lo tanto se encuentran activas, lo que en teoría descarta las dunas muertas. Pero no es así. El borrador suprimía el concepto de depósitos de arena de origen artificial pero la definición legal de duna admite que los depósitos de arena tengan cualquier causa u origen. La acción humana es una causa, por lo que con el texto actual las dunas de origen artificial seguirán siendo dominio público natural lo mismo que hasta ahora. La ley, toda ley, debería servir para clarificar, definir, poner límites y dar precisión y seguridad jurídica. En nuestro caso, creo que el texto, al menos en algunos aspectos, no sirve más para buscar un dificilísimo equilibrio entre sectores sociales enfrentados que sólo puede establecerse en base a una estudiada ambigüedad que abra todas las posibilidades de ampliación del nuevo texto, tanto las restrictivas como las expansivas, y que deje las decisiones finales en manos del gobierno de turno.

Como quiera que diputados y senadores viven ajenos a la práctica administrativa de los deslindes y desconocen tanto el trasiego de los expedientes como la conflictividad social y jurídica asociada a ellos, será preciso informar de que la piedra angular sobre la que se asientan los abusos es precisamente la ambigüedad en las definiciones del dominio público natural, además de otras imprecisiones de la ley. Es esta ambigüedad la que permite que en la práctica lo que haya de entenderse por demanio costero dependa de factores no de legalidad sino de oportunidad o incluso de la voluntad o talante del Jefe de Costas.

La redacción alternativa que se propone es la contenida en la propuesta de reforma elaborada por este Letrado en mayo de 2009. En cuando a la zona marítimo terrestre la razón es simple: Las idas y venidas entre el borrador y proyecto a cuenta de la necesidad de establecer procedimientos y condiciones preestablecidos para acreditar el alcance de los máximos temporales conocidos está basada en la realidad de que dichos temporales son extraordinarios y singulares, por lo que es necesario singularizarlos. Tal cosa es innecesaria cuando la definición se remite a los temporales ordinarios, lo que resulta más congruente con el requisito de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Propuesta de redacción del artículo 3.1.a):

“La zona marítimo‐terrestre, entendida como espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los temporales ordinarios o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas”.

La propuesta en relación a la definición de playa elimina las dunas muertas y los depósitos de arena de origen artificial.

Propuesta de redacción del artículo 3.1.b):

“La playa, entendida como depósitos de materiales sueltos formados por la acción del mar o del viento marino, con vegetación nula o escasa y característica.

Se entenderán incluidas dentro de este concepto las dunas que se encuentran en movimiento o evolución”.

La Disposición adicional segunda del proyecto de reforma garantiza de forma más teórica que real una vuelta a empezar con los deslindes, ahora para hacer la línea avanzar hacia el mar siempre que se den las condiciones. No parece que se vayan a producir nuevos deslindes a vista de que los cambios en las definiciones del dominio público natural con prácticamente inexistentes. Es uno de los preceptos que más claramente inciden en los derechos de los afectados, pero puede dar lugar a una conflictividad paralela cuando dichos afectados soliciten la incoación de deslindes y la Administración lo niegue bajo pretexto de que el deslinde está bien hecho y todo sigue igual, situación ante la que me he encontrado varias veces. En este caso se podría desatar una nube de procedimientos judiciales sólo para pedir que la sentencia condene a la Administración a abrir expediente.

La Disposición adicional quinta de la reforma no es compatible con el artículo 4.5 de la vigente ley de costas, que no se cambia. El trámite parlamentario deberá  revisar o suprimir éste último precepto, ya que en caso contrario la ley contendrá dos preceptos opuestos entre sí.

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José Ortega

 

José Ortega

Abogado, colegiado 4941

abogadodelmar@gmail.com

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La casualidad quiso que el Consejo de Ministros aprobase el proyecto de reforma de la ley de costas el mismo día que unos cuantos ilustres profesores y catedráticos de derecho administrativo y un servidor participásemos en la mesa redonda que organizó en el paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada el departamento de derecho administrativo de esa facultad.

Por este motivo el debate se hizo sobre un borrador que en muchos puntos estaba ya superado. Los cambios son sustanciales y extraordinariamente relevantes a mi juicio. Unos para mejor y otros para peor, siempre desde la perspectiva de los afectados.

En cuanto a la modificación del artículo 3.1.a), el precepto dice ahora lo siguiente:

La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial”.

Los cambios respecto del borrador son sustanciales. Inicialmente se había trasladado al texto la dicción del reglamento de costas cuando afirma que para la determinación de los máximos temporales se estará a las referencias comprobadas de que se disponga. Entiendo que esta cautela se debió a que desde la Plataforma nos quejábamos de que los responsables de la tramitación de los deslindes, especialmente en Canarias, acostumbraban a fijar el máximo alcance del temporal “por observación directa”, es decir, porque a ellos les parece así, sin estudios, encuestas, comprobaciones, indicios y sin nada de nada que pudiera confirmar esa apreciación subjetiva. Aquel texto no añadía nada nuevo en teoría, pero en la práctica creo que pretendía sujetar a la Administración a actuar de forma objetiva aportando las pruebas que estuvieran a su alcance.

Pues bien: De forma misteriosa esa referencia ha desaparecido del texto, que ahora se remite a los procedimientos que reglamentariamente se determinen para fijar el alcance del temporal. Esto sugiere, pero no garantiza, que el nuevo reglamento incorporará procedimientos objetivos y obligatorios de probanza, pero en todo caso a mí me inquieta la supresión de aquel texto que figuraba en el borrador.

Lo que resulta muy significativo y particularmente perjudicial para los afectados (y pienso especialmente en Canarias), es la supresión de la condición establecida en el borrador de acreditación de que los temporales han tenido lugar cinco veces en los últimos diez años. Esto proporcionaba seguridad jurídica al ser preciso determinar la fecha concreta de cada temporal de los que se intenta hacer valer, en contra de la costumbre actual, en la que, como se dice, el Jefe de Costas despacha el asunto señalando un punto y diciendo que los temporales llegan hasta ahí por apreciación directa.

Lo único que queda en el proyecto es una referencia parecida para la privilegiada Formentera (tres temporales en cinco años), pero los afectados de otros espacios de costa parece que deberán seguir soportando el a mi juicio insidioso modo de proceder de la Administración al señalar el alcanza del temporal de forma subjetiva y sin pruebas. Salvo, naturalmente, que el reglamento de costas establezca criterios serios y rigurosos, pero eso está por ver. De momento lo único que tenemos es esta vuelta atrás que disipa las esperanzas de muchos afectados que perdieron su propiedad por procedimientos poco o nada rigurosos.

Inquietante y peliagudo es el cambio en la reforma del artículo 3.1.b) en cuanto a la definición de playa. A mi requerimiento en aquella reunión de 4 de mayo de 2012, el Director General trasladó a la ley más o menos fielmente la limitación del reglamento de costas sobre las dunas muertas en los términos que ya expliqué en mi informe sobre el borrador publicado en este mismo blog. Esa referencia a las dunas muertas (que no tendrían carácter de dominio público) no se suprime, pero en cambio sí que se retira otra referencia que es complementaria de la anterior y que actuaba como criterio interpretativo para determinar lo que en cada caso es y no es dominio público y qué tratamiento final deben tener las dunas muertas. La referencia que se suprime es la de que son demaniales los depósitos de arena “que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución”. Esto significa dos cosas:

-Un regreso a la ya tradicional ambigüedad en cuanto a los límites del demanio natural.

-La desactivación del anterior tratamiento de las dunas muertas, puesto que podrán seguir considerándose que éstas son dominio público.

-Que el Gobierno no sabe lo que quiere y no se aclara, o bien que ha cedido a las presiones de otros sectores sociales temerosos de las desprotección de los espacios dunares.

El precepto queda así:

b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”.

Bien es cierto que más adelante, en el apartado cuarto del artículo 3, se especifica un necesario concepto legal de duna en estos términos:

Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.”

Esta definición sugiere que las dunas, a efectos legales, son sólo las que reciben arena y por lo tanto se encuentran activas, lo que en teoría descarta las dunas muertas. Pero, amigos, no es así. También a requerimiento de la Plataforma, el borrador suprimía el concepto de depósitos de arena de origen artificial. Pues bien, la definición legal de duna admite que los depósitos de arena tengan cualquier causa. La acción humana es una causa, por lo que con este texto es muy posible que las dunas de origen artificial continúen siendo dominio público natural lo mismo que hasta ahora. La ley, toda ley, debería servir para clarificar, definir, poner límites y dar precisión y seguridad jurídica. En nuestro caso, creo que el texto, al menos en algunos aspectos, no sirve más para buscar un dificilísimo equilibrio entre sectores sociales enfrentados que sólo puede establecerse en base a una estudiada ambigüedad que abra todas las posibilidades de ampliación del nuevo texto, tanto las restrictivas como las expansiva, y que deje las decisiones finales en manos del gobierno de turno.

Particularmente afortunada es la supresión del artículo 13 BIS del borrador de la sorprendente referencia a que en caso de deslindes que remetan la línea al interior, la concesión de la DT Primera.1 de la ley de costas podría no otorgarse en caso de que perjudicara la integridad del dominio público. Critiqué con contundencia este pasaje, que nos deja con la posibilidad de una situación masiva de expropiación sin indemnización. Y no sólo en el blog y en entrevistas de radio, sino también en la mesa redonda del pasado viernes en la Universidad de Granada. Por suerte, parece que el Gobierno ha escuchado las críticas y ha rectificado.

La nueva redacción de la DT Primera.3 puede ser engañosa. Garantiza, lo mismo que el borrador, que “los titulares registrales de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de esta disposición”.

Pero es que en la actualidad el reglamento de costas alivia la penosa situación de los titulares de bienes a los que se aplica esta DT Primera.1, que encontramos sobre todo en Canarias y Galicia, al permitir el otorgamiento de la concesión si consiguen acreditar que los terrenos se encuentran más allá de la línea que habría sido aprobada con arreglo a la ley de costas de 1969. No se requiere para ello ser tercero hipotecario, sólo propietario, lo que es muy distinto y menos exigente (y he explicado en un post anterior). Esta previsión reglamentaria debe mantenerse, pues en caso contrario la situación de la mayoría de los afectados experimentaría con la reforma legal un retroceso más que un avance.

La Disposición adicional segunda garantiza una vuelta a empezar con los deslindes, ahora para hacer la línea avanzar hacia el mar siempre que se den las condiciones, lo que no resulta tan claro a vista de las nuevas definiciones del dominio público natural. Es uno de los preceptos que más claramente inciden en los derechos de los afectados, pero puede dar lugar a una conflictividad paralela cuando dichos afectados soliciten la incoación de deslindes y la Administración lo niegue bajo pretexto de que el deslinde está bien hecho y todo sigue igual, situación ante la que me he encontrado varias veces. En este caso se podría desatar una nube de procedimientos judiciales sólo para pedir que la sentencia condene a la Administración a abrir expediente.

Texto:

La Administración General del Estado deberá proceder a iniciar la revisión de los deslindes ya ejecutados y que se vean afectados como consecuencia de la aprobación de la presente ley”.

La revisión de la Disposición adicional quinta resulta extraordinariamente importante y también parece obedecer a observaciones que hice en su día (sin perjuicio de que otros las hayan hecho también, lo que ignoro). Esas críticas giraban en torno a la pervivencia del artículo 4.5 de la ley de costas. Decía el borrador que los particulares beneficiados por los cambios en las definiciones del dominio público podrían acudir a los tribunales civiles para reclamar que se les reintegrase en su propiedad, pero sin perjuicio del artículo 4.5 de la ley de costas, lo que conducía a un callejón sin salida puesto que ese precepto garantiza que los terrenos que han perdido su primitivo carácter de zmt o playa continúan siendo igualmente dominio público.

El nuevo texto:

-Suprime la necesidad de acudir a los tribunales civiles, puesto que los particulares podrán recuperar la propiedad de forma automática sólo con motivo de la aprobación del nuevo deslinde si éste deja sus propiedades fuera del dominio público.

-Suprime igualmente la referencia al artículo 4.5 (“sin perjuicio del artículo 4.5”), que hacía la redacción contradictoria, inútil y tosca por conducir a un callejón sin salida.

Texto:

Aquellas personas que, en el momento de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, eran propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad, de terrenos que pasaron a formar parte del dominio público marítimo-terrestre por aplicación de aquélla, o sus causahabientes, serán reintegrados en el dominio de los bienes que por aplicación de la presente ley dejen de formar parte del dominio público marítimo-terrestre, una vez revisados los correspondientes deslindes, de acuerdo con la disposición adicional segunda”.

Solamente subsiste el inconveniente de que éste precepto ha de convivir con el ya mencionado 4.5, que no ha sido objeto de reforma. Siendo ambos contradictorios, sería conveniente que en el trámite parlamentario se aclarase esta contradicción y así nos ahorrásemos otros veinticinco años de inútil conflictividad judicial para determinar qué es lo que quiso decir el legislador.

En resumen: Creo que hemos retrocedido en los aspectos materiales, en cuanto a las nuevas definiciones del dominio público natural, y hemos avanzado extraordinariamente en los aspectos formales, en cuanto a las fórmulas de recuperación de la propiedad, que en el borrador estaban bloqueadas. Pero ambos aspectos deben quedar francos. De nada sirve la posibilidad teórica de recuperar la propiedad si las definiciones del dominio público no nos van a permitir una revisión del deslinde con el resultado que puedan apetecer los afectados.

José Ortega

Abogado

ortega_abogados@hotmail.com

Estimados amigos, apreciados enemigos, probos funcionarios, autoridades diversas y público en general: Veréis, yo sé que todos me leéis. Los afectados por encontrar noticias o directrices. Los enemigos por estudiarme a ver cómo me hincan mejor el diente. Los funcionarios por curiosidad de comprobar cómo siente y padece el enemigo. Las autoridades, especialmente alguna que se siente herida, para ver en qué momento escribo algo que les permita insultarme en los comentarios, como ya ha pasado alguna vez. Y el público en general por aburrimiento, supongo.

Me enternece ver que un miembro del equipo contrario declara sin tapujos que me lee porque le gusta como escribo aunque no esté de acuerdo con la mayoría de los contenidos. Me satisface entrar por un despacho de Costas y que ciertos funcionarios me digan amigablemente que son lectores habituales de mi blog y que convienen conmigo en muchas cosas. Hace poco estaba sentado a la mesa con un ex ministro y al levantarse viene y me dice:

-Te sigo, aunque no lo creas.

Y efectivamente no lo creo, pero escucharlo fue la leche.

Bueno… ejem… es que yo nací para escribir. Y ahora tenéis la oportunidad de demostrar vuestra afición a las lecturas buenas, porque editorial Corona Borealis se dispone a publicar mi novela sobre el mito de Gilgamesh. Como muchos sabéis, esta novela ya se publicó en 1990 (Editora Regional de Murcia) y se reeditó en 1995 (Fundamentos), pero ahora la cosa va en serio. Saldrá bajo el título GILGAMESH EN BUSCA DE LA INMORTALIDAD, estará en las librerías a principios de enero y se distribuirá en nuestra querida patria y también en Estados Unidos.

Compradla, leedla y regaladla por Reyes. Los clientes del despacho como muestra de afecto aunque la inmortalidad os importe una vaina. Los enemigos comidos por la envidia y el rencor, por el morbo de saber qué habrá escrito el señor Ortega. Los funcionarios, autoridades y miembros del equipo contrario en general, para contribuir a que me jubile por fin como abogado de costas y me dedique definitivamente a escribir sobre mitos mediterráneos, con lo que no podré causarles ya más desgracias.

¿Queréis ver un bonito trailer book sobre la novela? ¿Sí? Está aquí:

 

http://www.elcomercio.es/v/20120527/villaviciosa/anulacion-deslinde-beneficiara-toda-20120527.html

DIARIO EL COMERCIO

Villaviciosa

«La anulación del deslinde de la ría beneficiará a toda España»
El abogado José Ortega se felicita por el fallo y confía en que la reforma de la Ley de Costas llegue antes de que se apruebe un nuevo límite en la ría de Villaviciosa
27.05.12 – 03:39 –

LYDIA IS | VILLAVICIOSA.

«La sentencia de la Audiencia Nacional que anula el deslinde de la ría de Villaviciosa abre una pequeña vía a todos los afectados españoles por la Ley de Costas». Así lo asegura José Ortega, uno de los fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados y el abogado que defendió ante los tribunales la demanda que han ganado dos propietarios maliayos. «Han sido muy afortunados porque es muy difícil, que la Audiencia dé la razón a los vecinos; hay que valorar el criterio del magistrado, esta sentencia tiene una importancia muy grande», añade.

No en vano, se ha conseguido que el deslinde de la ría de Villaviciosa, aprobado en 2010, quede anulado por un defecto de forma. En concreto, porque el expediente ya había caducado, algo que convierte el caso maliayo en pionero. Nunca hasta ahora se había anulado un acuerdo de ampliación del plazo de tramitación. Según explicó Ortega, «la Administración está acostumbrada a tramitar en plazos de doce o quince años, cuando la ley establece que son veinticuatro meses, y hasta ahora la Dirección General de Costas llevaba a cabo una práctica ‘corrupta’ en la que se ‘olvidaban’ de aportar los acuses de recibo de las notificaciones para lograr ampliar los plazos y que los tribunales lo permitieran pese a no cumplir ningún requisito».

El letrado se muestra muy crítico con la anterior directora general de Sostenibilidad de la Costa, Alicia Paz, y aseguró que «solía concederse a sí misma la ampliación del procedimiento, cuando lo establecido es que debe autorizarlo su superior». Sin embargo, Ortega alaba la predisposición a atender al colectivo del actual responsable del área, Pablo Saavedra Inaraja, con quien mantuvo una reunión hace dos semanas. «Hay sintonía para moderar la definición de zona marítimo-terrestre e incluir específicamente a los porreos en la ley para que queden liberados de los deslindes», apunta. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, prometió hace unos meses reformar la Ley de Costas y Ortega cree, que aunque la sentencia de la Audiencia Nacional devuelve el procedimiento al punto inicial, «lo más probable es que la nueva ley entre en vigor antes de que la Administración central pueda aprobar un deslinde nuevo». De esta forma, el beneficio para Villaviciosa sería definitivo. Y a eso se agarran los afectados, que consideran que la Administración no puede quitarles sus propiedades, repartidas en 3.408 metros en la margen derecha de la ría.

19 particulares afectados

El deslinde afecta a 19 particulares, entre los que se encuentra la Sociedad Valle Ballina y Fernández, propietaria de El Gaitero. A pesar de que en su caso cuenta con un informe favorable de los técnicos del ministerio para el recurso administrativo, la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado en su demanda. «La sentencia tiene un valor de precedente muy importante, pero no sólo para Villaviciosa, si no para toda España, que va a verse beneficiada», reitera Ortega. El abogado lleva varios años discutiendo en los tribunales la forma en la que se ampliaban los plazos sin observar los requisitos legales.

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Recuerdo aquel noviembre de 2008. Había cogido un vuelo desde Madrid, después de tener la desgracia de mantener una entrevista con el entonces Secretario General del Mar, Don Juan Carlos Martín Fragueiro, por los temas de la Plataforma. Destino, aeropuerto de Asturias. La mañana siguiente la pasé inspeccionando la ría con Ignacio Cabanilles y Pepe Heredia. íbamos de un lado para otro mirando los porreos, haciendo fotos y hablando con los ensombrecidos paisanos, que temían que el deslinde fuera su ruina. Por la tarde, asamblea general de vecinos en un local del Ayuntamiento, con prensa y un concejal de urbanismo que resulta que era arqueólogo. Un paisano se me cabreó porque dije que puesto que mi queja ante el Parlamento Europeo había sido admitida a trámite el 16 de julio, la Virgen del Carmen había tomado cartas en el asunto.  Me dijo, muy enfadado, que la Virgen no tenía nada que ver en esto.

Y al salir, a reponer fuerzas en una de esas sidrerías como Dios manda, en las que la suela de los zapatos se te queda pegada al suelo de tanta sidra caída al escanciar.

 ImagenEl problema era relativo a unas áreas llamadas porreos. En tiempos inmemoriales, quizá medievales, los agricultores pusieron diques para contener la inundación de la ría durante la marea alta, y los terrenos liberados se convirtieron en pastos que fueron privatizados. Me decían en aquel paseo que los ecologistas discrepaban del deslinde porque los porreos daban abundante comida a las aves palustres. Pero claro, el reglamento de costas decía y sigue diciendo que los diques colocados para contener artificialmente la inundación se tienen por no puestos y el deslinde se lleva hasta las cotas que serían naturalmente inundables. Discrepo por motivos técnicos fundados de la aplicabilidad de esa limitación a los porreos de Asturias, pero eso ahora no viene al caso.

A los vecinos de la ría de Villaviciosa los ha venido Dios a ver por una combinación particularmente afortunada de circunstancias que cuento a toda velocidad.

Me fui a la bendita Audiencia Nacional e impugné el deslinde.  El pasado viernes, mientras estaba con una visita, mi secretaria irrumpió en el despacho con una nota que decía: “Has ganado El Porreo”. La leí con toda la incredulidad posible en quien no recibe más que palos y bastonazos de tan importante tribunal, y efectivamente era cierto: La Audiencia Nacional había dictado sentencia estimando mi demanda anulando el deslinde de Villaviciosa. No la parte de mis clientes, sino todo el deslinde, por lo que son muchos los que podrán respirar.

Vamos a las razones. Se trata de caducidad. Mirad, durante los últimos años, Doña Alicia Paz había adquirido el vicio de ampliar el plazo de tramitación de los expedientes. La Administración tiene un plazo de veinticuatro meses para concluir un deslinde, pero ella tenía una minuta en el ordenador, la misma para todos, a fin de ampliar el plazo en doce meses. Yo estaba ya harto de discutir eso en los tribunales por varios motivos, todos ellos buenos y dignos, ya que la interesada no cumplía con varios requisitos legales imprescindibles para tomar la medida. Y mira por donde la sentencia me da la razón, recogiendo y estimando uno a uno todos mis argumentos relativos a la ilegalidad de la ampliación.

Tengo la suerte (buena o mala) de que cada una de las sentencias que he conseguido anulando un deslinde han sido pioneras en su materia. La de Oliva por no haberse hecho estudio alguno sobre los materiales sueltos. La de Alcocebre porque lo que quería la Administración era obtener terrenos gratuitos para un paseo marítimo. La de Otur porque el expediente era una ratificación del anterior tramitada sin audiencia. La de Punta Larga porque la Administración se había limitado a decir que los temporales llegaban hasta allí por simple “observación directa”. La de Bellreguard por caducidad. Y la de Villaviciosa por ilegalidad de la ampliación de casos. Cada una de estas sentencias, por su carácter pionero, tiene un inmenso valor como precedente. En concreto, la de la ría de Villaviciosa va a permitir que se vengan abajo un buen número de deslindes en los que Doña Alicia Paz había creído conveniente ampliar los plazos siguiendo las directrices de Frank Sinatra, es decir, a su manera.

¿Y entonces qué? ¿Para qué sirve esto, cuando la Administración puede tramitar un deslinde nuevo? En los últimos tiempos les decía a los afectados que nos encontrábamos a las puertas de un proceso de cambio, quizá de cambio en la ley, del que se podrían beneficiar en caso de anulación del deslinde incluso por motivos formales. Ahora les digo que estamos experimentando ese cambio. Es un hecho que la ley de costas se va a reformar y muchos sabéis que en mi reunión con el Director General de Costas de hace dos semanas, convinimos en reformar el concepto de zona marítimo terrestre con arreglo a las propuestas de la reforma de la ley que redacté en 2009. En esa propuesta se incluía dejar en paz los porreos. Os pongo aquí el texto:

Artículo primero.‐ Los artículos que a continuación se relacionan de la ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, quedarán redactados como sigue:

1. Artículo 3o 1 a): La zona marítimo‐terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los temporales ordinarios o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

No tendrán la consideración de zona marítimo terrestre:

‐Los espacios inundados artificialmente, previa autorización y con fines comerciales, tales como piscifactorías o salinas.

‐Los espacios inundados artificialmente como parte de industrias tradicionales, tales como los molinos de mareas.

‐Los espacios excluidos del alcance natural de las mareas mediante muros de contención cuando la intervención formara parte de la costumbre inmemorial, tales como los porreos de las rías de Asturias.

  Es muy factible que la reforma de la ley de costas se produzca antes de que la Administración se rehaga de la sorpresa y pueda tramitar y aprobar un nuevo deslinde en Villaviciosa. Si efectivamente se cumple la previsión de que el nuevo texto respete los porreos (y ya lo veremos), entonces el deslinde no será lesivo para los intereses de aquellos asturianos que tanto disfrutan pisoteando el piso pegajoso de las sidrerías.

Como ya he comentado a menudo, los eslóganes, las frases hechas, las proclamas, las manifestaciones y las pancartas están muy bien, pero por sí no solucionan nada. Han pasado tres años y medio desde aquellas jornadas de noviembre en la ría y durante esos años lo que he hecho ha sido estudiar el expediente, acumular razones y expresarlas de manera clara para que el tribunal las entienda. Esta última observación pareciera innecesaria, pero el contexto de la lucha de los afectados por la ley de costas creo que la torna apropiada.

 José Ortega
 Abogado  joseortega@costasmaritimas.es

Cuestiones muy tontas de la servidumbre de protección

Lo que saben los ciudadanos de la servidumbre de protección es que es una franja de terreno en la que no se puede construir nada nuevo ni ampliar lo construido. Cada uno de los conflictos originados en torno a ella tiene que ver con el derecho a construir y sobre todo con el derecho a reformar, que padece una frontera borrosa entre lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Lo que creo que muchos ignoran es que en la servidumbre de protección el uso residencial está prohibido. Sí, prohibido. Significa que no puede haber nadie viviendo en ese espacio. Podrá haber talleres de reparación de automóviles, expendedurías de carne de caballo o farmacias, pero no viviendas.
¿Cómo es, entonces, que todo el mundo continua viviendo en sus casas a pesar de que se encuentren en esa franja de protección? Merced a los derechos transitorios recogidos en la ley de costas. De la misma forma que se toleran los edificios construidos legalmente antes de su entrada en vigor, también se toleran los usos residenciales cuando eran anteriores.
En cierta ocasión me tocó defender a un colectivo de casi mil familias enfurecidas porque una obra pública en Bellreguard había dejado las torres de primera linea dentro de la servidumbre de protección. En aquellas fechas se había prendido fuego en Madrid al edificio Windsor y en las asambleas se consideraba con horror la posibilidad de que alguna de las torres sufriera un siniestro similar y hubiera de ser demolida, en cuyo caso, con arreglo a las disposiciones transitorias de la ley de costas, ya no podría ser objeto de reconstrucción. Pero eso no era exactamente así. De forma sorprendente, la ley sí que admite la reconstrucción de esos edificios, pero no la continuación de su primitivo uso residencial, puesto que la demolición habría roto el vinculo con una situación anterior a la ley de costas y por tanto con el derecho transitorio. En tal caso, entraría a aplicarse con toda su gloria y todo su esplendor la prohibición de uso residencial. La ley, entonces, no rechazaría que los edificios se destinaran a oficinas, por ejemplo, pero definitivamente dentro de ellos no se podría pernoctar, hacer la cena o ver la tele (por supuesto nada de sexo).
Reconozco que en España sabemos hacer muchas cosas además de servir calamares a la romana, pero esas otras cosas ocupan un espacio modesto en el PIB si lo comparamos con el turismo, cuyos componentes fundamentales son efectivamente dichos calamares a la romana, el sol y las tumbonas. Por cierto que el turismo es la única actividad económica que no debe temer a la deslocalizacion. Había una fabrica de Nokia en el Reino Unido. Daba trabajo a muchas familias y todo iba bien hasta que un día decidieron cerrarla y salir pitando para Rumania porque allí era más barato producir. Los rumanos se pusieron tan frenéticos de alegría que incluso pusieron una vía férrea especial para la nueva fábrica. El otro día escuché en la BBC que Nokia había decidido cerrar la planta y trasladarse a donde podéis imaginar, es decir, a ese país tan comunista como capitalista llamado China, y habían dejado a los rumanos pasando la mano por la pared.
Esto es algo que no puede suceder con el sol ni con la playa, lo que confirma la necesidad de que nuestra patria afiance un negocio turístico que siempre se a a quedar aquí. Resulta evidente que en el presente contexto de recesión económica esa necesidad se centuplica e imagino que ésta es una buena causa de que el Ministro Cañete haya decidido flexibilizar la ley de costas para permitir más negocio en las playas.
Pues bien, atendamos ahora, queridos amigos, al dibujo teórico del litoral que quiere la ley de costas: Dentro del dominio público los usos residenciales están prohibidos, pero también lo están en una franja de cien metros situada a continuación. Digo cien metros, y digo bien porque la servidumbre de protección de veinte metros es excepcional y también obedece a derechos transitorios que aquí seria algo latoso explicar.
El dominio público carece de anchura fija, pero puede extenderse profundamente al interior. En La playa de El Saler, por ejemplo, puede alcanzar unos doscientos metros de anchura, y he visto una línea en Lanzarote bastante más al interior. Sumemos a ello los cien metros de la servidumbre de protección y tendremos una imagen de lo que los padres de la ley de costas querían para nuestro litoral: Que no hubiera alma humana que pudiera vivir en una media de doscientos metros de la orilla. A margen de la bondad medioambiental de ese esquema, la pregunta es si eso es algo que tenga sentido en un país que vive o pretende vivir del turismo.
Ved nuestras costas. Vedlas saturadas de construcciones hasta el borde del mar. Ved cómo la densidad de población en primera línea supera a la de cualquier otro segmento del territorio ¿no percibís un nuevo y adorable ejemplo del foso entre la España oficial y la España real? ¿Quién diría que esas aglomeraciones urbanas y humanas se dan en un país que tiene prohibido todo uso residencial en los primeros doscientos metros de costa como media?
Puedo contaros algunas situaciones aún más singulares. Si tenéis una vivienda en servidumbre de protección ni se os ocurra acometer una obra concienzuda de reforzamiento de pilares, porque en el marco de la borrosa frontera a la que me he referido antes, os dirán que la obra está prohibida y os ordenaran (aunque esto sea arquitectónicamente imposible) volver a dejar los pilares en su primitivo estado de deterioro. El motivo es claro: el propósito de la ley es que estos edificios se vayan cayendo poco a poco hasta que en un momento idealizado del futuro toda la anchura fe la servidumbre de protección se transforme en un prado, un arenal o un pedregal que se asemeje lo más posible a su estado en lo tiempos de Adán y Eva.
Pero entretanto los que están delante, es decir, los que han conseguido la concesión de la disposición transitoria primera, apartado primero, habiendo consolidado su derecho a permanecer no ya en la servidumbre de protección sino en el dominio público, podrán desde luego reforzar pilares, reconstruir sus muros perimetrales y todo lo que sea preciso para ejercer su derecho a permanecer viviendo en aquel edificio durante los próximos sesenta años.
¿Percibís la absurda contradicción? Los edificios situados en el dominio público, en un suelo que con razón o sin ella pertenece a todos, podrán ser reformados, reforzados, adecentados y reconstruidos, mientras que los situados sobre propiedad privada aunque sujetos a la servidumbre de protección deberán experimentar una decadencia forzada hasta que sus habitantes se vean obligados a escapar de allí por miedo a que el techo se les venga encima y hasta que acto seguido sobrevenga la total y definitiva ruina. Así nos encontraremos con un paisaje surrealista en el que el proteccionismo del Estado habrá dado lugar a una florida y pujante primera línea de viviendas sobre la arena a cuya espalda, en una extensión de cien metros, se extenderá un baldío pelado y solitario.
No sé si esto es lo que había en la cabeza de los señores y las señoras que inventaron la ley de costas, pero no cabe duda de que es la consecuencia de sus pensamientos.
Por eso he pedido al Director General de Costas que al redactar la reforma tenga en cuenta esta situación, se pregunte si un país que vive del turismo en la playa puede mantener la prohibición de uso residencial de la franja costera, y que actúe en consecuencia.

José Ortega
Abogado joseortega@costasmaritimas.es