@abogadodelmar

O yo no he aprendido nada en esta vida o mañana Pedro Sánchez anunciará el nombramiento de Cristina Narbona como Vicepresidenta primera del gobierno.

Anuncio como consecuencia de ello muy, pero que muy malos tiempos para los afectados por la ley de costas.

Los antecedentes que me llevan a esa convicción son los siguientes

-Narbona fue ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Zapatero. Nada más llegar anunció que su principal compromiso en materia de costas sería limpiar el dominio público de ocupaciones ilegales. Para ello nombró Director General a un señor de Las Palmas llamado José Fernandez. Lo más dulce y cariñoso que se puede decir de él es que es un tipo duro e inflexible.

Ya entonces escribí que el concepto que tenía Narbona de ocupaciones ilegales requería la urgente intervención de un médico porque le tiraba a todo. Para Fernandez las concesiones indemnizarorias de la disposición transitoria primera de la ley de costas no existían. Durante una reunión me dijo que la ley no admitía usos residenciales en el dominio público y punto. Entre sus antecedentes personales de interés se cuenta que en los noventa había sido expulsado de su cargo de Jefe de Costas de Las Palmas por adjudicar sin concurso una obra pública a la sociedad Puerto Rico SL o SA (da igual), propiedad de su padre. Sé que Fernández profesa un especial afecto por mi persona. Cuando me contrataron para defender los 95 comercios del Anexo II de la Playa del Inglés, tuvo el buen gusto de darme la bienvenida en el diario digital Maspalomas Ahora.

-En septiembre de 2006 los vecinos del poblado de El Golfo, en Lanzarote, me llamaron para que les ayudara en un deslinde que se comía la totalidad de la malla urbana, afectada por la servidumbre de protección. Estaban muy asustados y angustiados. Narbona apareció por allí con motivo del día mundial de la biosfera y cuando los periodistas le preguntaron por el deslinde, respondió que no entendía por qué los vecinos habían tenido que contratarme puesto que el Gobierno ya cuidaba de los intereses generales(sic).

–En otoño de 2007 el entonces periodista de El País Rafa Méndez comienza una serie de reportajes sobre la política de costas de la interesada. Como no aparece muy bien parada, durante una reunión de socialistas en el palacio de las ciencias Príncipe Felipe expresa, contrariada, su parecer de que con esos reportajes los la están quemando y le están haciendo la cama los suyos (fuente: Diputado regional del PSOE).

–Ante su dureza y su carácter inflexible, muchos alcaldes de Castellon interceden ante el Ministro castellonense Jordi Sevilla para que su compañera afloje un poco y se digne recibirlos. Narbona, titular de una soberbia legendaria , no hace ni una cosa ni la otra (fuente: Miembro del gabinete de Jordi Sevilla).

-En enero de 2008 reuní a todos los colectivos de España a los que estaba defendiendo y fundé la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Lo que dio lugar a un revuelo mediático. Ese mismo mes Narbona dijo a los medios de comunicación que la Plataforma era una herramienta arrojadiza encubierta del PP lista para ser lanzada contra el PSOE en las inminentes elecciones de esa primavera.

–No fundé la Plataforma para matar el aburrimiento ni para crear un foro de debate, sino para cambiar las cosas y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. El uno de febrero presenté ante el Parlamento Europeo mi queja extensa por aplicación abusiva de la ley de costas. Narbona debió ponerse intranquila porque cuando estaba en el hotel de Bruselas un periodista del Levante me llamó para decirme que la eurodiputada socialista Maruja Sornosa se había ofrecido en prensa a ayudarme en mis gestiones a cambio de no presentar la queja. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el Parlamento Europeo para registrarla, Sornosa me llamó por teléfono tratando sin éxito de persuadirme de que me detuviera.

–El 20 de enero de 2009 fui invitado por la comisión de peticiones a defender oralmente mi queja y conseguí terminar una intervención de cinco minutos a pesar de la interrupción del diputado verde Hammertein, que trató de hacerme callar con el mismo resultado que Sornosa cuando había intentado pararme.

–En febrero de 2008 viajo a Canarias para dar a conocer la Plataforma y ofrezco ruedas de prensa en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Los Llanos de Aridane (La Palma) y Puerto del Rosario (Fuerteventura). La respuesta del delegado del gobierno en Canarias es que “Costas va a aplicar una política de pico y pala”.

–El 26 de marzo de 2009 el pleno del Parlamento Europeo aprueba el informe Auken, dando la razón a la queja de la Plataforma (en realidad la había presentado en nombre de los doce colectivos porque la Plataforma no llegó a constituirse como asociación hasta abril).

–Zapatero vuelve a ganar más elecciones pero ya no cuenta con Narbona para su nuevo gobierno. Incluso desaparece el Ministerio de Medio Ambiente como tal.

–En mi nueva comparecencia ante el Parlamento Europeo, en mayo de 2011, compruebo que ha surgido un buen número de imitadores de mi trabajo que también llevan allí sus quejas, y el gobierno de España es humillado en el debate de la tarde, cuando los eurodiputados británicos censuran con dureza la actitud de la Directora General Alícia Paz, cuya comparecencia se había reclamado para dar explicaciones.

–La llegada del PP al gobierno trae consigo una nueva actitud que se hace notar especialmente en Canarias, donde numerosos poblados marítimos tradicionales están amenazados.

–En mayo de 2013 Cañete se saca de la manga una reforma de la ley de costas que contiene una serie de aparentes errores técnicos incomprensibles y algunos favores especiales cuyo descaro causa vergüenza (me refiero al tratamiento especial de Formentera).

–En octubre de 2014 el gobierno aprueba un nuevo reglamento de costas que resulta más benévolo que el de 1989 en algunos aspectos , especialmente la nueva disposición transitoria decimosexta, que de forma inesperada admite que las concesiones anteriores a la ley de costas puedan acogerse a la prórroga del artículo Segundo de la ley de reforma.

–A instancias del PSOE, el Tribunal Constitucional declara la nulidad de algunas regulaciones de la ley 2/2013, de reforma de la ley de costas. Brilla con luz propia, por su justicia, la anulación del ridículo trato especial de Formentera.

La doble circunstancia de la llegada al poder del PP y la crisis económica paralizó numerosas intervenciones en la costa de Canarias, entre ellas La Bombilla, en La Palma, donde había la previsión de derribar cuatrocientas viviendas y reducirlas a grano fino junto con los callaos (pedruscosdelavasolidificada) para imponer una playa artificial donde la naturaleza no la quiso.

Temo que el regreso de Cristina Narbona venga marcado por el signo de la venganza y alentado por el resentimiento.

Temo que designe a un ministro al que le vaya la marcha y que el ministro rescate a José Fernández, si aún vive, como Director General.

Temo que se derogue la reforma de la ley de costas (aunque por ser una norma de rango legal le corresponde al Parlamento hacerlo).

Temo que se suprima el reglamento de costas de costas y se elabore otro mucho más duro, o al menos que se enmienden sus aportaciones más bondadosas.

Temo una oleada de derribos en Canarias y que el nuevo gobierno retome los proyectos de obras pendientes.

Vienen tiempos malos. La Plataforma no nació porque sí, sino porque Cristina Narbona estaba apretando las clavijas hasta extremos insoportables.

Esos momentos duros pueden volver, centuplicados por el orgullo herido de una persona con un ego mayor que una vaca, y el mejor consejo que puedo dar a los afectados es que busquen refugio y protección en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.

José Ortega

Abogado

http://www.costasmaritimas.es

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@abogadodelmar

Me parece que el nuevo reglamento de costas que el Gobierno ha sacado a información pública es una criatura mestiza entre alarde de cinismo y broma pesada. En el extenso texto, los beneficios para los afectados son como las incrustaciones de chocolate en una galleta: estupendos pero escasos. Por ejemplo, el alivio de saber que las concesiones indemnizatorias podrán prorrogarse por plazo de 75 años se acaba nada más enterarnos de que esas prórrogas estarán sujetas a canon.
Como se sabe, la concesión indemnizatoria  es el pago por una expropiación y lo que nos dice el nuevo reglamento es que para que el  Estado pague ese precio a los afectados (en forma de concesión), los afectados  deberán pagar otro precio al Estado (en forma de canon). Se trata de una pura y simple expropiación sin indemnización, y por tanto de una forma delicada de robo en la que algún alto funcionario quizá pretende que la abundancia de sellos oficiales impida ver el engaño.
Todos los afectados, desde Fuerteventura a Finisterre, suspiran por acceder a la revisión de su deslinde después de que la reforma de la ley abriera esa posibilidad, pero no sospechan que el nuevo reglamento, al establecer tasas por prestación de servicios, impone a los ciudadanos el pago íntegro del coste de esos deslindes nuevos. Si tenemos en cuenta que este coste incluye un estudio geomorfológico no precisamente barato, calculo que estamos hablando en total de importes entre sesenta mil y y cien mil euros. Naturalmente, cuando la Administración presente a los interesados una factura por ese importe, será sin ningún compromiso respecto al resultado final del nuevo deslinde, por lo que ningún afectado en su sano juicio querrá meterse en ese jardín, y creo que esto permite certificar la muerte prematura de aquella esperanza colectiva en la revisión del deslinde.
¿Quien podrá asumir esa aventura? Los poderosos. Éstos, bien dotados no sólo de tesorería, sino también de influencia, no se verán obligados a actuar a la buena de Dios: Negociarán la solución antes de soltar un céntimo y terminarán beneficiándose de la extraña y sospechosa disposición adicional quinta de la ley de reforma de la ley de costas. Extraña y sospechosa por la solución extremadamente generosa que brinda a los espacios que resulten sobrantes en todos aquellos casos en los que el dominio público evolucione de vuelta hacia el mar, que podrán ser recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios. Hasta ahora, con la ley de costas de 1988, el terreno sobrante continuaba siendo domino público igualmente, y con las leyes de costas anteriores se integraba en el Patrimonio del Estado. Nunca se había producido una solución tan dulce para los particulares como la recogida en esta disposición adicional quinta, que no parece precisamente pensada para los simples ciudadanos.
Ahora bien, aunque esto sea increíble, la norma según la cual los terrenos sobrantes continúan siendo dominio público (el artículo 4.5 de la ley de costas) continúa en vigor. Podríamos preguntarnos como es posible la coexistencia de dos preceptos que dan cada uno una solución distinta a la misma situación de evolución hacia el mar de la ribera del mar, y para tan buena pregunta no tengo respuesta, aunque sí sospechas.
No manejo ninguna evidencia objetiva para creer que estas reformas estén pensadas sólo a fin de hacer la vida más fácil a los poderosos, y seguramente es muy tonta la sospecha de que que el artículo 4.5 de la ley de costas (los terrenos sobrantes seguirán siendo dominio público) será para el ciudadano común y la disposición adicional quinta de la ley de reforma (los terrenos sobrantes serán recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios) se aplicará (sin mucha publicidad) a los poderosos. Pero es terrible el pálpito que me deja me deja este mecanismo en el que sólo los ricos podrán pagarse un deslinde nuevo y la lógica conclusión de que la inversión que hagan estos señores no va a resolverse por la vía del artículo 4.5 de la ley de costas.
El dibujo de fondo de ese mecanismo es simple: Venta a precio de saldo de terrenos demaniales. Los poderosos quizá estén ya manejando muy excitados la calculadora para negociar el pago de un deslinde a razón de cien mil euros para recuperar un terreno en primera línea de un millón de euros, mientras los ciudadanos pueden empezar a hacer lo mismo, pero para calcular el canon que deberán abonar a la Administración por unas concesiones que supuestamente son el precio que la Administración debe pagar a esos mismos ciudadanos por privarlos de su propiedad.

José Ortega
Abogado
Fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

 

 

 

 

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@abogadodelmar

Congreso de los diputados

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

El Puig, 27.11.2012

ASUNTO: REFORMA DE LA LEY DE COSTAS

TEXTO:

El balance que del proyecto de reforma hace la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas es moderadamente positivo del lado de los cambios en el mecanismo compensatorio por la pérdida de la propiedad y desde luego negativo en cuanto a las nuevas definiciones del dominio público.

Los afectados nunca aceptarán ningún tipo de concesión, sea de la duración que sea, como pago por una expropiación. Incluso pese a la declaración del Tribunal Constitucional en su sentencia 149/91, consideramos que la concesión siempre y por su propia naturaleza tiene un valor inferior a la propiedad, por lo que no puede satisfacer las exigencias del artículo 33.3 de la Constitución al ser un precio pero no ser un precio justo. Anotamos aquí, tan respetuosamente como sea posible, que el Tribunal Constitucional es un órgano de técnicos que no son jueces de carrera y que son designados de manera indirecta (a través del Parlamento) por los partidos políticos. Esta afirmación no envuelve rebeldía hacia sus decisiones, sino una simple descripción de la realidad.

Por otro lado, la declaración del pleno del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, a instancias de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, incluye la constatación de que las expropiaciones derivadas de la ley de costas no están suficientemente compensadas con una concesión administrativa, lo que resulta aplicable tanto a la vigente ley de costa como a su reforma en trámite.

Debemos pedir, en consecuencia, que las Cortes estudien fórmulas de indemnización respetuosas con el artículo 33.3 de la Constitución.

Dicho esto, la reforma incluye ciertas mejoras en el régimen concesional que sin embargo no satisfacen las necesidades reales de los ciudadanos ni resuelven el problema social originado por los deslindes, especialmente en los segmentos más pobres de la población. Así sucede cuando se reconocen derechos de concesión del apartado primero de la disposición transitoria primera a los titulares de terrenos afectados por los apartados segundo y tercero de esa misma disposición transitoria.

Analicemos la reforma de la disposición transitoria primera, apartado tercero, de la ley de costas, que resulta especialmente de aplicación a Canarias a cuenta del retraso con que en aquellos territorios se llevaron a cabo los deslindes.

Este precepto recoge la situación de los terrenos que quedan incluidos dentro del dominio público cuando el deslinde tramitado con arreglo a la ley de costas vigente es el único existente. El deficiente tratamiento asignado por la ley a estos espacios ya fue analizado por este Letrado en la propuesta de enmienda a la ley de navegación marítima,  que proponía un texto alternativo y más favorable a los interesados para la Disposición Transitoria Primera, apartado tercero, de la ley de costas.

En resumen, la redacción vigente de ese precepto no reconoce derecho alguno a los titulares de espacios que queden comprendidos dentro del primer deslinde, lo que implica una presunción gratuita y no justificada de que las ocupaciones tuvieron lugar en momentos en los que los terrenos en cuestión eran ya demaniales. Esto carece de sentido puesto que el concepto legal de dominio público ha experimentado continuas expansiones desde su primera definición en la ley de puertos de 1880, por lo que es perfectamente posible que ocupaciones localizadas en espacio demanial con arreglo a las definiciones actuales se encontraran perfectamente fuera de él en el momento de producirse, con lo que nos encontraríamos con ocupaciones legales que la ley tiene por ilegales.

El sentido de la reforma propuesta por el Gobierno es el de salvar los derechos de los ocupantes cuyos títulos estén amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, lo que deja son resolver la inmensa mayoría de los casos, al menos en Canarias, por los motivos que a continuación se exponen.

En primer lugar, la desafortunada realidad es que en Canarias existe un sinnúmero de ocupaciones, tanto en la costa como en el interior, que carecen de documento público que acredite la propiedad. Esto se debe a razones tanto históricas como geográficas que serían largas de explicar pero que pueden resumirse en que de un lado Canarias ha sido hasta la mitad del siglo XX un territorio de conquista colonizado por derecho de ocupación lo mismo que sucedió en épocas muy anteriores en el continente, y de otro lado en la singular aridez y soledad de muchos de sus parajes, no ansiados por nadie excepto por pioneros con hambre que establecieron en su momento poblaciones de pescadores en espacios remotos y  humanizaron con ello el paisaje.

El Parlamento no debería dar la espalda a esta realidad legislando de forma uniforme para todo el Estado. De la misma forma que el anteproyecto de reforma retira del dominio público a determinados núcleos de población o asigna un estatuto especial a la isla de Formentera, así también debería tener en especial consideración los problemas particulares del archipiélago canario en lo tocante a los casos mencionados.

En segundo lugar, la referencia al artículo 34 de la Ley Hipotecaria se supone que traslada la misma referencia del artículo 6.3 de la ley de costas de 1969, que establecía el carácter demanial de determinados espacios salvo los derechos amparados por dicho precepto.

El artículo 34 LH recoge el concepto de la buena fe pública registral y alude a que será sostenido en su posesión el tercero que adquiere a título oneroso y de buena fe de quien aparecía como titular en el Registro de la Propiedad. Este precepto constituye una herramienta para privilegiar el registro e incentivar la inscripción de las fincas, que en nuestro derecho es voluntaria. Protege al tercero que adquiere a título oneroso (es decir, pagando un precio) porque la compra de un inmueble es un acto voluntario que requiere una contraprestación económica y la finalidad del registro de la Propiedad es dar garantías al tráfico de los bienes inmuebles, en este caso asegurando que no será privado de su adquisición aquél que compre de quien tenga inscrito a su nombre.

Esta cautela, en cambio, no es precisa en favor de quienes adquieren a título lucrativo, es decir, mediante herencia o donación, porque éstos últimos no necesitan confiar en las garantías del Registro al ser la herencia un hecho automático que no requiere una opción personal del heredero (con la salvedad de la opción del heredero de repudiar la herencia, que nada tiene que ver con la falta de fiabilidad del registro de la Propiedad, sino con la existencia de deudas en la masa hereditaria).

El artículo 34 LH no es, en cambio, un precepto pensado para regular los derechos adquiridos por los ciudadanos frente al Estado, ya que entre uno y otro no pueden darse los conflictos e incertidumbres que tiende a resolver el principio de buena fe pública registral. A juicio de este Letrado, la incorporación del precepto en cuestión al artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 supuso un defecto de técnica legislativa por ser el artículo 38 y no el 34 de la Ley Hipotecaria el que debería haberse citado en aquel precepto. Se refiere el artículo 38 a la presunción de titularidad civil de quienes tienen su título inscrito en el Registro, es decir, que, salvo prueba en contrario, quien tiene aparece como titular inscrito es efectivamente dueño del bien.

A la vista está la diferencia entre ambos preceptos: Mientras que el artículo 34 ampara únicamente a quien adquirió a título oneroso e inscribió su título, el 38 ampara a todos los titulares. Dicho de otro modo: El primero de aquellos artículos excluye a quienes adquirieron mediante herencia o donación.

El artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 buscaba simplemente respetar los derechos adquiridos por quienes fueran titulares indiscutibles de bienes afectados por el deslinde. Por eso, bajo mi punto de vista, debía haber salvado los derechos de los titulares amparados por el artículo 38 LH (que protege a todos los titulares inscritos) y no de los protegidos por su artículo 34 (que excluye a herederos y donatarios). No parece que haya base ni legal ni moral para que quienes compraron bienes que posteriormente pasen a formar parte del dominio público tengan más privilegios que quienes heredaron o recibieron en donación estos mismos bienes.

De conformidad con esta realidad, se produjo un hecho curioso y muy significativo en la práctica de los deslindes de la ley de costas de 1969. En las correspondientes resoluciones aprobatorias, se afirmaba de forma constante y repetitiva que el Estado  se abstendría de actos posesorios sobre los bienes amparados por los artículos 1 y 38 LH, cuando con arreglo al tan mencionado artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 se deberían haber mencionado únicamente los bienes protegidos por el artículo 34 LH. Es de suponer que esta costumbre obedece a que la racionalidad aconseja proteger a todos los titulares aunque la ley protegía sólo al llamado tercero hipotecario, beneficiado por la buena fe pública registral, con exclusión de herederos y donatarios.

Esto conduce a una importante distorsión del derecho con motivo de la disposición transitoria primera, apartado segundo de la ley de costas, que se refiere precisamente a este caso: El precepto reconoce ciertos derechos a los titulares de terrenos que no pudieron ser ocupados por el Estado al estar comprendidos en el artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 y por tanto protegidos por el artículo 34 LH, pero la realidad es que las órdenes de aprobación de los deslindes son del tenor que se dice, es decir, que amparan a todos los titulares inscritos en base a los artículos 1 y 38 LH, y no sólo a los amparados por la buena fe pública registral. Esta distorsión sitúa al Estado en una posición complicada al no quedar claro qué hacer con quienes heredaron o recibieron mediante donación (que no están protegidos conforme a la DT Primera.2 de la ley de costas pero sí lo están por actos administrativos firmes de aprobación de los deslindes).

El sentido de la reforma propuesta por el Gobierno pretende una solución continuista con el artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 y armónica con la DT Primera.2 de la vigente ley de costas, al remitirse una vez más al artículo 34 LH y no a su artículo 38. Al hacerlo de esta manera, considera este Letrado que el Gobierno está reproduciendo y amplificando la mala técnica legislativa del legislador de 1969.

Pero la cosa va o puede ir mucho más lejos. La nueva redacción de la DT Primera.3 garantiza, lo mismo que el borrador, que “los titulares registrales de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de esta disposición”.

Pero es que en la actualidad el reglamento de costas alivia la penosa situación de los titulares de bienes a los que se aplica esta DT Primera.3, que encontramos sobre todo en Canarias y Galicia, al permitir el otorgamiento de la concesión si consiguen acreditar que los terrenos se encuentran más allá de la línea que habría sido aprobada con arreglo a la ley de costas de 1969. No se requiere para ello ser tercero hipotecario, sólo propietario, lo que es muy distinto y menos exigente. Esta previsión reglamentaria debe mantenerse, pues en caso contrario los derechos de la mayoría de los afectados experimentarían con la reforma legal un retroceso más que un avance.

Considero, por tanto, que la reforma debería orientarse de un lado hacia el tratamiento especial del territorio canario, teniendo en cuenta su indiscutible singularidad histórica, cultural y geográfica, y por otro a la unificación de todos los afectados que resulten ser titulares inscritos en el registro de la propiedad mediante la sustitución de la referencia al artículo 34 LH por otra a su artículo 38. El primer requisito debe implementarse reconociendo que en un sinnúmero de casos no sólo no existe inscripción registral, sino tampoco escritura pública de propiedad, y por tanto relajando las exigencias documentales para acreditar la propiedad.

Algo parecido, por idéntica fundamentación, en especial la relativa al tratamiento del tercero hipotecario, cabe afirmar del tratamiento dado en la reforma al apartado segundo de la disposición transitoria primera.

Propuesta de redacción de la disposición transitoria primera, apartado tercero:

“Los espacios que ya eran dominio público con arreglo a un deslinde anterior a la presente ley y que estuvieran inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad a dicho deslinde, serán dados en concesión a sus antiguos propietarios con las condiciones establecidas en el apartado primero de esta disposición transitoria”.

Propuesta de redacción de la disposición transitoria primera, apartado tercero:

“En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras.

Los propietarios de los terrenos que resulten incluidos en el dominio público pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado primero de esta disposición transitoria.

Reglamentariamente se determinará la forma en la que los afectaos deberán acreditar la propiedad”.

En cuanto a las nuevas definiciones de dominio público, los cambios son decepcionantes o no existen. Recuerdo que son precisamente tales definiciones las que con su carácter ambiguo promueven la inseguridad jurídica y la arbitrariedad en la práctica administrativa de los deslindes.

En cuanto a la modificación del artículo 3.1.a), el el proyecto de reforma se define la zona marítimo terrestre de la siguiente manera:

“La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial”.

Los cambios respecto del borrador son sustanciales. Inicialmente se había trasladado al texto la dicción del reglamento de costas cuando afirma que para la determinación de los máximos temporales se estará a las referencias comprobadas de que se disponga. Desde luego el rigor a la hora de determinar el alcance de los temporales ha sido escaso. Especialmente en Canarias, acostumbraban a fijar el máximo alcance del temporal “por observación directa”, sin estudios, encuestas, comprobaciones, indicios y sin nada de nada que pudiera confirmar esa apreciación subjetiva. Aquel texto no añadía nada nuevo en teoría, pero en la práctica creo que pretendía sujetar a la Administración a actuar de forma objetiva aportando las pruebas que estuvieran a su alcance.

Pues bien: Esa referencia ha desaparecido de la reforma, que ahora se remite a los procedimientos que reglamentariamente se determinen para fijar el alcance del temporal. Esto sugiere, pero no garantiza, que el nuevo reglamento incorporará procedimientos objetivos y obligatorios de probanza, pero en todo caso resulta inquietante la supresión de los condicionantes que figuraban en el borrador, por más indeterminados que éstos fueran.

Lo que resulta muy significativo y particularmente perjudicial para los afectados (y pienso especialmente en Canarias), es la supresión de la condición establecida en el borrador de acreditación de que los temporales han tenido lugar cinco veces en los últimos diez años. Esto proporcionaba seguridad jurídica al ser preciso determinar la fecha concreta de cada temporal de los que se intenta hacer valer, en contra de la costumbre actual, en la que, como se dice, el Jefe de Costas despacha el asunto señalando un punto y diciendo que los temporales llegan hasta ahí por apreciación directa.

Lo único que queda en el proyecto es una referencia parecida para la privilegiada Formentera (tres temporales en cinco años), pero los afectados de otros espacios de costa parece que deberán seguir soportando el a mi juicio insidioso modo de proceder de la Administración al señalar el alcanza del temporal de forma subjetiva y sin pruebas. Salvo, naturalmente, que el reglamento de costas establezca criterios serios y rigurosos, pero eso está por ver. De momento lo único que tenemos es esta vuelta atrás que disipa las esperanzas de muchos afectados que perdieron su propiedad por procedimientos poco o nada rigurosos.

La reforma del artículo 3.1.b) en cuanto a la definición de playa tampoco llega muy lejos. Se ha suprimido la referencia existente en borrador, que definía como demaniales los depósitos  de materiales sueltos  “que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución”, lo que excluía las llamadas dunas muertas y tenía la virtud de sintonizar la definición legal con la reglamentaria, ya que el reglamento de costas excluye del dominio público, bajo ciertas circunstancias, las dunas que no dan arena a la playa ni la reciben de ella. Esto significa la confirmación de la tradicional ambigüedad en cuanto a los límites del demanio natural.

El precepto, en la reforma que maneja el Congreso, queda así:

“b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”.

Más adelante, en el apartado cuarto del artículo 3, se especifica un necesario concepto legal de duna en estos términos:

“Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.”

Esta definición sugiere que las dunas, a efectos legales, son sólo las que reciben arena y por lo tanto se encuentran activas, lo que en teoría descarta las dunas muertas. Pero no es así. El borrador suprimía el concepto de depósitos de arena de origen artificial pero la definición legal de duna admite que los depósitos de arena tengan cualquier causa u origen. La acción humana es una causa, por lo que con el texto actual las dunas de origen artificial seguirán siendo dominio público natural lo mismo que hasta ahora. La ley, toda ley, debería servir para clarificar, definir, poner límites y dar precisión y seguridad jurídica. En nuestro caso, creo que el texto, al menos en algunos aspectos, no sirve más para buscar un dificilísimo equilibrio entre sectores sociales enfrentados que sólo puede establecerse en base a una estudiada ambigüedad que abra todas las posibilidades de ampliación del nuevo texto, tanto las restrictivas como las expansivas, y que deje las decisiones finales en manos del gobierno de turno.

Como quiera que diputados y senadores viven ajenos a la práctica administrativa de los deslindes y desconocen tanto el trasiego de los expedientes como la conflictividad social y jurídica asociada a ellos, será preciso informar de que la piedra angular sobre la que se asientan los abusos es precisamente la ambigüedad en las definiciones del dominio público natural, además de otras imprecisiones de la ley. Es esta ambigüedad la que permite que en la práctica lo que haya de entenderse por demanio costero dependa de factores no de legalidad sino de oportunidad o incluso de la voluntad o talante del Jefe de Costas.

La redacción alternativa que se propone es la contenida en la propuesta de reforma elaborada por este Letrado en mayo de 2009. En cuando a la zona marítimo terrestre la razón es simple: Las idas y venidas entre el borrador y proyecto a cuenta de la necesidad de establecer procedimientos y condiciones preestablecidos para acreditar el alcance de los máximos temporales conocidos está basada en la realidad de que dichos temporales son extraordinarios y singulares, por lo que es necesario singularizarlos. Tal cosa es innecesaria cuando la definición se remite a los temporales ordinarios, lo que resulta más congruente con el requisito de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Propuesta de redacción del artículo 3.1.a):

“La zona marítimo‐terrestre, entendida como espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los temporales ordinarios o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas”.

La propuesta en relación a la definición de playa elimina las dunas muertas y los depósitos de arena de origen artificial.

Propuesta de redacción del artículo 3.1.b):

“La playa, entendida como depósitos de materiales sueltos formados por la acción del mar o del viento marino, con vegetación nula o escasa y característica.

Se entenderán incluidas dentro de este concepto las dunas que se encuentran en movimiento o evolución”.

La Disposición adicional segunda del proyecto de reforma garantiza de forma más teórica que real una vuelta a empezar con los deslindes, ahora para hacer la línea avanzar hacia el mar siempre que se den las condiciones. No parece que se vayan a producir nuevos deslindes a vista de que los cambios en las definiciones del dominio público natural con prácticamente inexistentes. Es uno de los preceptos que más claramente inciden en los derechos de los afectados, pero puede dar lugar a una conflictividad paralela cuando dichos afectados soliciten la incoación de deslindes y la Administración lo niegue bajo pretexto de que el deslinde está bien hecho y todo sigue igual, situación ante la que me he encontrado varias veces. En este caso se podría desatar una nube de procedimientos judiciales sólo para pedir que la sentencia condene a la Administración a abrir expediente.

La Disposición adicional quinta de la reforma no es compatible con el artículo 4.5 de la vigente ley de costas, que no se cambia. El trámite parlamentario deberá  revisar o suprimir éste último precepto, ya que en caso contrario la ley contendrá dos preceptos opuestos entre sí.

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José Ortega

 

José Ortega

Abogado, colegiado 4941

abogadodelmar@gmail.com

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DIARIO EL COMERCIO

Villaviciosa

«La anulación del deslinde de la ría beneficiará a toda España»
El abogado José Ortega se felicita por el fallo y confía en que la reforma de la Ley de Costas llegue antes de que se apruebe un nuevo límite en la ría de Villaviciosa
27.05.12 – 03:39 –

LYDIA IS | VILLAVICIOSA.

«La sentencia de la Audiencia Nacional que anula el deslinde de la ría de Villaviciosa abre una pequeña vía a todos los afectados españoles por la Ley de Costas». Así lo asegura José Ortega, uno de los fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados y el abogado que defendió ante los tribunales la demanda que han ganado dos propietarios maliayos. «Han sido muy afortunados porque es muy difícil, que la Audiencia dé la razón a los vecinos; hay que valorar el criterio del magistrado, esta sentencia tiene una importancia muy grande», añade.

No en vano, se ha conseguido que el deslinde de la ría de Villaviciosa, aprobado en 2010, quede anulado por un defecto de forma. En concreto, porque el expediente ya había caducado, algo que convierte el caso maliayo en pionero. Nunca hasta ahora se había anulado un acuerdo de ampliación del plazo de tramitación. Según explicó Ortega, «la Administración está acostumbrada a tramitar en plazos de doce o quince años, cuando la ley establece que son veinticuatro meses, y hasta ahora la Dirección General de Costas llevaba a cabo una práctica ‘corrupta’ en la que se ‘olvidaban’ de aportar los acuses de recibo de las notificaciones para lograr ampliar los plazos y que los tribunales lo permitieran pese a no cumplir ningún requisito».

El letrado se muestra muy crítico con la anterior directora general de Sostenibilidad de la Costa, Alicia Paz, y aseguró que «solía concederse a sí misma la ampliación del procedimiento, cuando lo establecido es que debe autorizarlo su superior». Sin embargo, Ortega alaba la predisposición a atender al colectivo del actual responsable del área, Pablo Saavedra Inaraja, con quien mantuvo una reunión hace dos semanas. «Hay sintonía para moderar la definición de zona marítimo-terrestre e incluir específicamente a los porreos en la ley para que queden liberados de los deslindes», apunta. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, prometió hace unos meses reformar la Ley de Costas y Ortega cree, que aunque la sentencia de la Audiencia Nacional devuelve el procedimiento al punto inicial, «lo más probable es que la nueva ley entre en vigor antes de que la Administración central pueda aprobar un deslinde nuevo». De esta forma, el beneficio para Villaviciosa sería definitivo. Y a eso se agarran los afectados, que consideran que la Administración no puede quitarles sus propiedades, repartidas en 3.408 metros en la margen derecha de la ría.

19 particulares afectados

El deslinde afecta a 19 particulares, entre los que se encuentra la Sociedad Valle Ballina y Fernández, propietaria de El Gaitero. A pesar de que en su caso cuenta con un informe favorable de los técnicos del ministerio para el recurso administrativo, la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado en su demanda. «La sentencia tiene un valor de precedente muy importante, pero no sólo para Villaviciosa, si no para toda España, que va a verse beneficiada», reitera Ortega. El abogado lleva varios años discutiendo en los tribunales la forma en la que se ampliaban los plazos sin observar los requisitos legales.

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Recuerdo aquel noviembre de 2008. Había cogido un vuelo desde Madrid, después de tener la desgracia de mantener una entrevista con el entonces Secretario General del Mar, Don Juan Carlos Martín Fragueiro, por los temas de la Plataforma. Destino, aeropuerto de Asturias. La mañana siguiente la pasé inspeccionando la ría con Ignacio Cabanilles y Pepe Heredia. íbamos de un lado para otro mirando los porreos, haciendo fotos y hablando con los ensombrecidos paisanos, que temían que el deslinde fuera su ruina. Por la tarde, asamblea general de vecinos en un local del Ayuntamiento, con prensa y un concejal de urbanismo que resulta que era arqueólogo. Un paisano se me cabreó porque dije que puesto que mi queja ante el Parlamento Europeo había sido admitida a trámite el 16 de julio, la Virgen del Carmen había tomado cartas en el asunto.  Me dijo, muy enfadado, que la Virgen no tenía nada que ver en esto.

Y al salir, a reponer fuerzas en una de esas sidrerías como Dios manda, en las que la suela de los zapatos se te queda pegada al suelo de tanta sidra caída al escanciar.

 ImagenEl problema era relativo a unas áreas llamadas porreos. En tiempos inmemoriales, quizá medievales, los agricultores pusieron diques para contener la inundación de la ría durante la marea alta, y los terrenos liberados se convirtieron en pastos que fueron privatizados. Me decían en aquel paseo que los ecologistas discrepaban del deslinde porque los porreos daban abundante comida a las aves palustres. Pero claro, el reglamento de costas decía y sigue diciendo que los diques colocados para contener artificialmente la inundación se tienen por no puestos y el deslinde se lleva hasta las cotas que serían naturalmente inundables. Discrepo por motivos técnicos fundados de la aplicabilidad de esa limitación a los porreos de Asturias, pero eso ahora no viene al caso.

A los vecinos de la ría de Villaviciosa los ha venido Dios a ver por una combinación particularmente afortunada de circunstancias que cuento a toda velocidad.

Me fui a la bendita Audiencia Nacional e impugné el deslinde.  El pasado viernes, mientras estaba con una visita, mi secretaria irrumpió en el despacho con una nota que decía: “Has ganado El Porreo”. La leí con toda la incredulidad posible en quien no recibe más que palos y bastonazos de tan importante tribunal, y efectivamente era cierto: La Audiencia Nacional había dictado sentencia estimando mi demanda anulando el deslinde de Villaviciosa. No la parte de mis clientes, sino todo el deslinde, por lo que son muchos los que podrán respirar.

Vamos a las razones. Se trata de caducidad. Mirad, durante los últimos años, Doña Alicia Paz había adquirido el vicio de ampliar el plazo de tramitación de los expedientes. La Administración tiene un plazo de veinticuatro meses para concluir un deslinde, pero ella tenía una minuta en el ordenador, la misma para todos, a fin de ampliar el plazo en doce meses. Yo estaba ya harto de discutir eso en los tribunales por varios motivos, todos ellos buenos y dignos, ya que la interesada no cumplía con varios requisitos legales imprescindibles para tomar la medida. Y mira por donde la sentencia me da la razón, recogiendo y estimando uno a uno todos mis argumentos relativos a la ilegalidad de la ampliación.

Tengo la suerte (buena o mala) de que cada una de las sentencias que he conseguido anulando un deslinde han sido pioneras en su materia. La de Oliva por no haberse hecho estudio alguno sobre los materiales sueltos. La de Alcocebre porque lo que quería la Administración era obtener terrenos gratuitos para un paseo marítimo. La de Otur porque el expediente era una ratificación del anterior tramitada sin audiencia. La de Punta Larga porque la Administración se había limitado a decir que los temporales llegaban hasta allí por simple “observación directa”. La de Bellreguard por caducidad. Y la de Villaviciosa por ilegalidad de la ampliación de casos. Cada una de estas sentencias, por su carácter pionero, tiene un inmenso valor como precedente. En concreto, la de la ría de Villaviciosa va a permitir que se vengan abajo un buen número de deslindes en los que Doña Alicia Paz había creído conveniente ampliar los plazos siguiendo las directrices de Frank Sinatra, es decir, a su manera.

¿Y entonces qué? ¿Para qué sirve esto, cuando la Administración puede tramitar un deslinde nuevo? En los últimos tiempos les decía a los afectados que nos encontrábamos a las puertas de un proceso de cambio, quizá de cambio en la ley, del que se podrían beneficiar en caso de anulación del deslinde incluso por motivos formales. Ahora les digo que estamos experimentando ese cambio. Es un hecho que la ley de costas se va a reformar y muchos sabéis que en mi reunión con el Director General de Costas de hace dos semanas, convinimos en reformar el concepto de zona marítimo terrestre con arreglo a las propuestas de la reforma de la ley que redacté en 2009. En esa propuesta se incluía dejar en paz los porreos. Os pongo aquí el texto:

Artículo primero.‐ Los artículos que a continuación se relacionan de la ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, quedarán redactados como sigue:

1. Artículo 3o 1 a): La zona marítimo‐terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los temporales ordinarios o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

No tendrán la consideración de zona marítimo terrestre:

‐Los espacios inundados artificialmente, previa autorización y con fines comerciales, tales como piscifactorías o salinas.

‐Los espacios inundados artificialmente como parte de industrias tradicionales, tales como los molinos de mareas.

‐Los espacios excluidos del alcance natural de las mareas mediante muros de contención cuando la intervención formara parte de la costumbre inmemorial, tales como los porreos de las rías de Asturias.

  Es muy factible que la reforma de la ley de costas se produzca antes de que la Administración se rehaga de la sorpresa y pueda tramitar y aprobar un nuevo deslinde en Villaviciosa. Si efectivamente se cumple la previsión de que el nuevo texto respete los porreos (y ya lo veremos), entonces el deslinde no será lesivo para los intereses de aquellos asturianos que tanto disfrutan pisoteando el piso pegajoso de las sidrerías.

Como ya he comentado a menudo, los eslóganes, las frases hechas, las proclamas, las manifestaciones y las pancartas están muy bien, pero por sí no solucionan nada. Han pasado tres años y medio desde aquellas jornadas de noviembre en la ría y durante esos años lo que he hecho ha sido estudiar el expediente, acumular razones y expresarlas de manera clara para que el tribunal las entienda. Esta última observación pareciera innecesaria, pero el contexto de la lucha de los afectados por la ley de costas creo que la torna apropiada.

 José Ortega
 Abogado  joseortega@costasmaritimas.es

Dice la Constitución que la Administración tiene obligación de comportarse con objetividad y la ley de procedimiento administrativo impone el principio de buena fe. Muchos ya han experimentado en sus carnes qué es que entienden algunos funcionarios por estos conceptos tan majos. A mí me toca experimentarlo a diario y os quiero contar cuál es la última mala praxis de nuestros entrañables amigos de Costas, donde el término mala praxis es un regalo desinteresado que les hago, ya que debería haber usado otra expresión más vinculada a la ciudad de Nápoles.
Pues veréis, amigos, resulta que, salvo notables y muy raras excepciones, la Audiencia Nacional es un muro más espeso que el de Berlín, más espectacular que la muralla china y más infranqueable que Fort Knox. Si vas allí a impugnar un deslinde, tienes las mismas posibilidades que las que podéis tener de ganar el euromillón, y supongo que esto no se debe a ninguna corruptela, sino a que el Estado acierta siempre y los ciudadanos nunca y a que la virtud de los jueces sabe captar la situación y exponerla en forma de sentencia.
España es un país donde como te toque la china (ya no me refiero a la muralla) vas aviado. No te salvan ni la Constitución, ni la ley, ni el defensor del pueblo, ni el diputado de tu circunscripción, ni desde luego esas dulces criaturas a las que llamamos jueces y magistrados. Las personas a las que no les sucede esto creen que todo está bien. La realidad sólo la perciben aquéllos a quienes la apisonadora les ha pasado por encima y los ha transformado en canelones.
Entonces, queridos, resulta que casi la única forma de anular un deslinde en la Audiencia Nacional es demostrar que se ha producido caducidad del expediente. Como sabéis, la caducidad no se aplicaba a este tipo de procedimientos hasta la reforma de la ley de costas en 2002, que entre otras cosas les asignó un plazo máximo de tramitación de veinticuatro meses. Saludable medida, porque hasta entonces los señoritos de Costas mantenían la tramitación abierta durante diez, doce o quince años, haciendo las delicias de unos afectados que entretanto se veían sometidos no sólo a un susto prolongado, sino a una cosa llamada suspensión de licencias que les impedía cambiar el chapado de una cocina que sin embargo continuaba siendo su cocina. Suspensión temporal y provisional, claro está, aunque durase quince años, como es propio de un país surrealista que lo mismo que tira cabras desde los campanarios que te tramita unos expedientes así de divinos.
Me cupo el honor de ser uno de los primeros en demostrar cómo se anulaba un deslinde por caducidad cuando conseguí una sentencia de 1 de abril de 2008 que efectivamente mandaba al diablo el deslinde de Belreguard, en Valencia. Desde entonces, los ingenieros de costas han aguzado el ingenio, han puesto tiesas las orejas, han exprimido su cerebro matemático y han elaborado por lo visto un protocolo secreto de actuaciones para impedir que accidentes como ése se vuelvan a repetir. El método es tosco pero efectivo y consiste en la puesta en marcha de un olvido estratégico. Cuando se formula recurso contencioso administrativo, el tribunal debe reclamar el expediente y la Administración remitirlo completo y foliado. El olvido consiste en enviar el expediente sin los acuses de recibo de la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde.
¿Y con esto qué se consigue? En la mayoría de los casos, una Administración acostumbrada a tomarse quince años para tramitar los expedientes suda tinta para conseguirlo en sólo dos, por lo que suele llegar con la lengua fuera y jadeando al borde del plazo. Pero este plazo no es sólo para dictar resolución, sino para que ésta quede notificada a los interesados. Si las notificaciones se practican fuera de los veinticuatro meses, el expediente entra en caducidad y la resolución debe anularse. Y la única forma de acreditarlo es revisar los acuses de recibo. De aquí la absoluta conveniencia de esa amnesia sistemática de los ingenieros de Costas que, quizá por estricta casualidad, se repite siempre que la resolución se ha dictado al límite del tiempo y hay posibilidad de que la notificación se haya practicado fuera del mismo. Juro sobre la Biblia que antes de la reforma de la ley de costas de 2002 nunca había tenido este problema. Los expedientes siempre se remitían completos y con sus acuses de recibo de la Orden Ministerial.
Ved, entonces, cómo en el corazón de la casa debe haber un Rasputín con vocación de cirujano que, llegada la hora, da instrucciones para aplicar a los papeles la debida amputación y, mediante un sistema de desmemoria programada, los acuses de recibo se pierden. Así el abogado nunca podrá demostrar que se ha producido caducidad y por lo tanto anular el deslinde y detesta manera seguiremos contribuyendo a que nuestra patria continúe siendo una, grande y libre.
Juzgad si esto es cumplir con el requisito de objetividad de la Administración o si es más bien otra cosa, a la que se le podría poner cualquier calificativo relacionado con las pocilgas, las letrinas o el agua estancada.
Pero eso no es todo. Una práctica como ésa no duraría ni dos minutos si los jueces y tribunales hicieran lo que deben en vez de proteger, aplaudir y respaldar a quienes se entregan a aquellas bajezas. Tú vienes, te crees que vives en un país donde existe una diferencia conceptual dramática entre la ley y el florero, y reclamas al tribunal la subsanación del expediente administrativo para que se acompañen los acuses de recibo que faltan. He hecho eso cientos de veces, dentro de un trámite recogido en la ley procesal, para integrar expedientes incompletos debido a causas diversas. Y la Sala siempre ha accedido, simplemente porque la ley manda que la Administración remita el expediente completo.
Pero, queridos míos, la Audiencia Nacional no lo ve así en este caso. Algo debe andar mal en mi percepción de la realidad, porque incluso cuando los ilustres y sin duda sabios magistrados dicen y repiten que no tengo razón, yo releo la ley e insisto en que la tengo. No sé si buscar ayuda médica, un cuchillo jamonero o el pasaporte para iniciar una nueva vida bajo las palmeras tropicales. O quizá dedicarme a la defensa de los corruptos, que debe ser lucrativo.
Dicen los jueces que no, que para qué quiero los acuses de recibo, y sólo me conceden reclamar de la Administración los de los recurrentes, no los del resto. Debéis entender que la caducidad puede producirse cuando cualquier acuse de recibo, aunque sea sólo uno, se entregue fuera del plazo, y que por tanto es innegociable el examen de todas y cada una de las notificaciones. Recurso de súplica (previo pago de su importe, porque ahora los recursos se pagan) y lo mismo: Que no y que no. Que para qué quiero yo los otros acuses de recibo, que no lo he explicado y que no entienden mi petición.
Debo estar enfermo. Miro la ley procesal y sigue diciendo que el expediente ha de remitirse completo, no es una ilusión óptica, no es un sueño ni un holograma. Y he explicado bien en mi recurso que necesito todos los acuses de recibo para demostrar que se ha producido caducidad. A pesar de ello, los magistrados insisten en que no he aclarado para qué quiero esos documentos.
Pero por favor atended a lo que me ha sucedido hoy mismo, que merece la pena. En aquel procedimiento ya se me agotaron los recursos y aguardé pacientemente al periodo de proposición de prueba. Entonces, de forma particularmente artera, pedí prueba de documentos para que la Sala oficie a la Dirección General de Costas a fin de que por la misma se remitan los dichosos acuses de recibo. Acabo de recibir hoy el auto que resuelve la proposición de prueba y aún siento la tentación de ponerlo en un marco.
¿Sabeis lo que me dice la Audiencia Nacional? Me deniega la prueba porque lo que tenia que haber hecho era pedir en su momento la subsanación del expediente.
Siento que los blogs escritos no puedan llevar música incorporada. Quizá habría hecho entrar aquí una piezas de órgano del siglo XVII que el cine de los cincuenta solía reservar para las apariciones del conde Drácula. Creo que es lo que le va.
No cabe duda: Alguien tiene un tornillo suelto en la cabeza, y desde luego rechazo la idea de que lo sean estas altas y graves personalidades cuyos antebrazos vienen decorados con las adecuadas puñetas.
Digo más: Acallad vuestras conclusiones apresuradas. Niego que estos señores sean lo que estáis pensando, lo que estáis cuchicheando y lo que estáis imaginando. Eso ni es ni puede ser, puesto que vivimos en una democracia con separación de poderes y en un Estado de derecho, lo sabe todo el mundo.
No son ellos los que sobran, angelitos míos, sino todos los capullos como yo que luchamos por una justicia que no existe, vivimos en mundos de fantasía y nos obstinamos tontamente en no ponernos de rodillas.
Después de todo, 2 + 2 = 5. Ya lo dijo Orwell.

Hay algo de tierno, de heroico y de loco en unas cuantas personas que se conjuran para desafiar a todo un aparato de poder. Un aparato de poder que va mucho más allá y es mucho más fuerte que un gobierno. Se trata de un entramado que incluye el Parlamento, la policía, el Defensor del Pueblo, los jueces, los medios de comunicación y puede que se me escape algo.

Esos alfeñiques creen que pueden inquietar a aquella mole pesada, a esa maquinaria infalible, a esos poderosos políticos que pronuncian la palabra democracia cada diez minutos al tiempo que firman y deciden lo que sea en contra de los ciudadanos.

Esos alfeñiques, esos ciudadanos sin más arma que la razón, han triunfado. Los señores investidos de aquel poder inmenso se han tragado hoy su orgullo y se vuelven a casa mirándose los pies, con cara de contrariedad y creo que con malos pensamientos. La palabra humillar significa forzar a otro a adoptar una actitud humilde. Es lo que les ha sucedido a los ingenieros de costas el día en que el nuevo Ministro ha anunciado la reforma de la ley. Que se han vuelto humildes a la fuerza.

Hicimos todo lo que no esperaba el arrogante Gobierno socialista del talante. Ellos esperaban una o dos manifestaciones con una o dos pancartas y en vez de eso nosotros escribimos un informe extenso, razonado y escandaloso sobre sus abusos. Ellos esperaban que llamásemos en vano a los medios de comunicación adiestrados para hacernos el vacío y en vez de eso nosotros convocamos una rueda de prensa sólo para periodistas extranjeros. Ellos esperaban que fuésemos a llamar en vano a las puertas de sus palacios cerrados a cal y canto y en cambio nosotros los ignoramos y marchamos con mucha esperanza al Parlamento Europeo. Ellos confiaban en tirar a la papelera nuestras peticiones y en vez de eso les llovieron las quejas de los parlamentarios europeos. Ellos creían que podrían marearnos y torearnos en alguna entrevista de trámite y en lugar de eso recibieron una dura reprimenda en directo en la Comisión de Peticiones.

No fue con fuerza, sino con astucia como Ulises burló a Polifemo, se desembarazó de Calypso y dio esquinazo a la bruja Circe. Hemos necesitado apurar la astucia para hacer algo parecido con nuestros propios gigantes tuertos, ninfas insidiosas y brujas heridas de odio, aunque desde luego no hemos escapado a que algunos de nuestros antiguos compañeros sean convertidos en cerdos. Ahora que Arias Cañete hace las veces de vigía que nos anuncia que Ítaca está por fin a la vista, necesito recordar a tres personas, justamente tres de aquellos alfeñiques tiernos, heroicos y locos.

Marcial Pina, un presidente de Comunidad de Arenales del Sol que poco antes de morir concluyó una extensa conversación telefónica conmigo con las palabras: “No nos deje, señor Ortega, no nos deje”. José Martí Deveses, un brillante Abogado mercantilista de Barcelona que me contrató para defender al colectivo de Oliva. Mi última conversación con él, en diciembre de 2008, fue para recibir su apoyo incondicional en un asunto realmente delicado. Su fallecimiento en la primavera siguiente lo viví como una traición personal y me dejó sin un amigo. Juan Miguel Terradez, que estuvo al frente del colectivo de La Casbah y me fue fiel frente a mis feroces aunque bobos enemigos de aquel entorno y por defenderme experimentó pérdidas y sufrimiento personal. Murió inesperadamente durante la pasada primavera dejándome una deuda de gratitud.

Amigos, esta batalla toca a su fin y la hemos ganado con una defensa basada en la templanza y la inteligencia. Como dice el maestro zen Dokushò Villalba, si entregamos nuestra sustancia vital a nuestros sueños, nuestros sueños se cumplirán, aunque quizá nosotros no estemos ahí para verlo. No estáis ya aquí, pero yo os lo cuento. Nuestros sueños se han cumplido o están en trance de cumplirse.

Resuena también en mí, con inmensa fuerza, el nombre de una pastor evangélica ecologista y miembro del Parlamento Europeo llamada Margret Auken, que nos apoyó cuando nadie daba un céntimo por nosotros. Toda la fuerza de nuestro órdago era el Parlamento Europeo. Sin él no teníamos nada. Y allí encontramos a Margret Auken, que escribió, desde sus convicciones ecologistas, las frases contundentes que fueron adoptadas por el pleno del Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2009: España aplica la ley de costas con arbitrariedad, de forma retroactiva y sin indemnización suficiente, y debe proceder a su reforma.

A esta victoria le saldrán muchos padres, ya lo veréis. Los escucharéis en los medios de comunicación, aparecerán en las fotos oficiales y todo eso. Todos querrán asumir la paternidad de esta victoria. Pero que eso no nos importe. Nosotros hemos cumplido, hemos dado un ejemplo de civismo y hemos demostrado que cuando te decides a ejercer los derechos en lugar de dejarlos languidecer, puede funcionar. Para qué más.

No sé qué tipo de reforma es la que hay en la mente de Arias Cañete y sus asesores. Temo que no sea lo que esperamos, que sirva para cultivar más ladrillo en la arena o que se ciña a aliviar los problemas de los chiringuitos, dejando al margen a las víctimas inocentes. Pero vamos a pensar bien y vamos a confiar lo mismo que confiamos cuando iniciamos esta aventura que hoy apunta un final feliz.

Gracias a todos los que me habéis acompañado, apoyado y animado en este camino. Y gracias por formar conmigo esa cuadrilla de enanos insignificantes capaz de darle al monstruo la pedrada más gorda, contundente y decisiva que nunca jamás haya recibido.

Me encanta cuando se ponen bordes conmigo. Pierden los nervios, se llenan de mala castaña y en ocasiones especiales echan espuma por la boca. Y no sólo he acabado por acostumbrarme, sino que al final me gusta. Desde su trono me han hecho morder el polvo no una, sino muchísimas veces. Me han pateado el hígado a gusto, se han reído de mi y me han fabricado intrigas de todos los colores para desacreditarme, perjudicarme, hundirme y prejubilarme.
Recuerdo el entusiasmo de aquel dentista llamado Félix Rodríguez de la Fuente, cuando contaba la sed que pasaba cuando estaba subido a un alcornoque esperando a ver si pasaba un buitre, porque cuando al fin podía beber, el agua le sabia mucho mejor. A mi me pasa algo parecido con los poderosos e intratables señores de Costas: Tengo que esperar mucho tiempo agazapado al alcornoque, pero cuando al fin son ellos los que muerden el polvo me lo paso genial. Y esto es lo que les ha pasado por tercera vez consecutiva, que se han echado a la boca un trago de arena sin sazonar.
En El Golfo (Yaiza, Lanzarote), vinieron y nada más aprobarse el deslinde de 2006, antes de que nadie pudiera acostumbrares a la nueva situación, empezaron a sacudir con un expediente sancionador por cada restaurante. Querían cargarse las terrazas, que para aquellos restaurantes eran lo mismo que las alas para un avión o las ruedas para un coche. He contado ya cien veces que los turistas hambrientos se descuelgan por allí a media tarde para cenar mientras contemplan la dichosa puesta de sol. Sin terrazas no hay cenas a media tarde que valga, porque en vez de divisar el bello crepúsculo no ves más que la pared y las lapas a la plancha no saben igual.
Primero hubo suerte con el restaurante El Bogavante, después con Casa Plácido y ahora con el Mar Azul. Tres sentencia ejemplares contra la chulería y la sinrazón. Seguirá habiendo terrazas y por el momento el coco peludo de Costas no podrá cercenar el espíritu del lugar.
¿Por qué los jueces me han dado la razón? Básicamente porque pedí la practica de determinadas diligencias probatorias y los responsables del expediente ni me miraron a la cara. No es que me dijeran que no, es que ni me contestaron. Creyéndose reyes, príncipes, emperadores, dictadores o dioses, miraban a través de mi como si fuera un trozo de cristal. Ellos sabían que había una ley, una constitución y unos derechos civiles, pero se sentían seguros en sus despachos y no veían ningún motivo para hacer el menor caso de esas cosas. Y cuando interpuse los recursos de alzada, los disciplinados funcionarios y los serviles asesores jurídicos de Madrid se ganaron el sueldo y agradaron a sus jefes diciéndome educadamente que no tenia razón. Nadie en la Administración te dirá usted perdone, nos hemos equivocado. Si han metido la pata, persistirán en el error. Se taparán unos a otros, aportaran informes que justifiquen lo que sea, introducirán sutiles verdades a medias y harán todo lo preciso para salirse con la suya. Porque saben muy bien que ellos están arriba y tú debajo.

Cuando hice la mili un capitán de Infantería de Marina tan jocoso como descerebrado decía que todo eso de la Convención de Ginebra estaba muy bien pero que la misión del infante de marina era matar de forma eficaz y barata. Algo parecido, aunque con menos sangre, debían razonar los señores de Costas cuando pasaban de la ley, de la Constitucion, de los derechos civiles y de todo lo que se antepusiera a su misión.

Seguirán dándome bastonazos, no lo dudo. Me van a sacudir mucho más. Pero de vez en cuando se abren los cielos y los tiranos se pegan unos castañazos que da gusto verlos. Y eso es lo que ha pasado hoy, así que me alegro, no por los señoritos caídos en tierra, sino por por los dueños de los restaurantes, por los turistas hambrientos, por mis conciudadanos, por nuestra amada Patria y desde luego también por mi, y mucho.

Pido perdón por la siguiente metáfora. No soy un nuevo Alonso Quijano creyéndose caballero andante, pero incluso así, y como soy escritor de novelas de mitología, debo evocar las arenga de Aragorn a las puertas de Mordor: Puede que llegue un día en que los hombres se plieguen a la tiranía, puede que llegue un día en que nos tornemos débiles y cobardes, puede que haya un día en que nos despojemos de la dignidad y dejemos de luchar, PERO ESE DIA NO HA LLEGADO.

José Ortega
Abogado

@abogadodelmar
joseortega@costadmaritimas.es
http://www.costasmaritimas.es

LA JUSTICIA TOCA A SU FIN (I)

noviembre 13, 2011

Acabo de enterarme de la reforma procesal que diputados y senadores han hecho antes de irse a casa. Puede resumirse como el título de este articulo: la justicia toca a su fin.
Los guardianes de la democracia nos están rociando con una reforma procesal tras otra, y con cada una estrechan más y más el cerco en torno al derecho de acceso a la justicia. La penúltima fue para establecer una tasa por los recursos, es decir, para intimidar a los ciudadanos y desanimarlos obligándolos a pagar un precio por ejercer un derecho.
¿Te han denegado una prueba y tienes que poner recurso de súplica? Paga por ello.
¿Que la sentencia te ha desestimado el recurso y tienes que ir a una apelación? A pagar.
¿Que te deniegan la acumulación de asuntos que has pedido para que al cliente le salga el pleito más barato? Paga antes. Sí, antes. De hecho la ley dice que no se tramitará el recurso si no viene acompañado del resguardo del abono de la tasa.
Esa reforma tuvo y sigue teniendo mala sombra porque si te quieres ir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, te exigen haber agotado todos los recursos posibles en las vías judiciales anteriores. Así que recurrir o no las resoluciones de trámite no es una elección. Tienes que hacerlo. Y pagarlo.
La reforma anterior a ésta ya he tenido el placer de comentarla en otro blog anterior llamado El recurso de amparo no existe. Cambiaron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para hacer prácticamente imposible el acceso al recurso de amparo.
Otra reforma hecha aún antes fue la que estableció un límite en la cuantía del procedimiento para acceder al recurso de casación. Si el valor de lo discutido no pasa de 24.000 euros no puedes ir al Tribunal Supremo y te quedas pasando la mano por la pared (aunque para lo que puedes esperar de ese tribunal, más vale así).
Cada reforma procesal no es más que una forma de estrangular más y más el derecho de los ciudadanos a la justicia. Pero la que ahora tengo entre las manos constituye una villanía. Una villanía oculta, claro. Si no conoces el rollo no lo ves. Lees el texto y todo te parece normal pero no lo es. En realidad nos encontramos ante un eslabón más de la conspiración para conseguir la sumisión total de los ciudadanos al Estado.
Lo que han hecho (entre otras cosas que ya comentaré) es introducir el criterio del vencimiento en costas procesales en el recurso contencioso administrativo, aunque dicho así no creo que se entienda. La traducción: El que pierde paga los honorarios del abogado del otro. Hasta ahora sólo te pasaba eso si litigabas con temeridad o mala fe. Bueno, bien… Diréis ¿Y eso qué tiene de particular, si en los asuntos civiles es así de toda la vida?
Es muy simple. En los asuntos civiles tienes un 50% de posibilidades de ganar el pleito. En el contencioso administrativo tienes un 0%. El cero puede tener algunos decimales. En unos casos puede ser un 0,5 y en otras un 0,2, pero estamos halando de cero. Ya sabéis que la Dirección General de Costas no hace más que sacar pecho diciendo que ganan el 95% de los recursos judiciales (pero no es cierto: el porcentaje supera el 99%) y el otro día, hablando con la Directora General de un departamento que nada tiene que ver con Costas, la interfecta me dice que no han perdido ni un solo contencioso administrativo. Ni uno.
Cuando hablan de esta manera, los responsables pretenden subrayar que lo hacen de maravilla, cuando la realidad es que los tribunales no están actuando con objetividad, por decirlo de una forma cariñosa.
Pues bien… Si para los ciudadanos no fuera bastante perder prácticamente todos los recursos contra a Administración ¿Os podéis imaginar lo que significa que además a estas pobres personas les condenen en las costas? Sí, por supuesto que es un sistema disimulado de financiación de un Estado que roza la bancarrota, pero además es el adiós definitivo a la justicia, porque a ese precio ya nadie querrá ni síquiera probar suerte. Peferirá pronunciar la terrible frase que hagan conmigo lo que quieran.
En el Tribunal Supremo está establecido el criterio del vencimiento desde antiguo. Hasta hace dos días, el propio tribunal, a determinar la condena en costas, fijaba el máximo de honorarios del Abogado del Estado en 1000 euros. A los vecinos de Puntas de Calnegre los han condenado al pago de 2500. Significativa subida en tiempos en los que el Estado necesita ingresos y sobre todo a cargo de una justicia independiente.
Según las normas de honorarios de los Colegios de Abogados, los recursos se cobran bastante más baratos que el asunto principal. Las apelaciones, por ejemplo, a razón del 50% . Pues bien, si el Tribunal Supremo cree que al Estado debemos pagarle 2500 euros por la casación, que es un recurso, es posible que por el procedimiento en primera instancia nos exijan el doble. Ejem… Es que ni me atrevo a escribir aquí el importe. Prefiero a los dictadores que de calzan botas de caballería de caña alta y uniformes verdes o pardos. Te amargan la vida pero al menos saben lo que son.
Yo no sé si os dais cuenta de la relevancia que tiene esto. La jurisdicción contencioso administrativa es la que regula las reclamaciones contra el Estado (y aquí entran Comunidades, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y todo eso). Lo que están haciendo con estas reformas es imposibilitar todas esas reclamaciones. El Estado se está blindando y, de forma más o menos sutil, transformándose en totalitario. Poco a poco la dignidad de la persona se va disipando hasta transformarse en una cascara vacía.
Repito mucho un viejo adagio según el cual la ley es un instrumento de los débiles. Pero esa herramienta, la ley, necesita de los tribunales para hacerse valer. En una entrevista con la BBC, el escritor Hening Mankel recuerda que sin justicia no puede haber democracia. Se trata del mismo concepto que podemos rastrear en Platón, si queremos ponernos cultos. La necesidad de justicia es irresistible. Es emocionalmente imposible renunciar a ella. Cuando la vas limitando, condicionando e imposibilitando, lo que haces es provocar la renuncia a la civilización y el retorno a la caverna, con sus golpes de porra y sus venganzas privadas como medio de resolver las desavenencias.
Soy testigo privilegiado de una de las facetas más mortíferas del estrangulamiento de la democracia. Y necesito que abráis los ojos y miréis conmigo lo que está pasando.

-Nació como poblado pirata, después fue refugio de contrabandistas.
Era la primera vez que escuchaba hablar de aquel paraje, que me pintaban tan aislado y misterioso. El que me lo contaba era un militar gallego, bajito, con bigote (pero NO era Franco) y voz de locutor de radio, que acababa de jubilarse como Ayudante de Marina de Águilas. Su sucesor, un Capitán de Corbeta honrado a carta cabal, me llevó con él un día de verano al poblado pirata, después refugio de contrabandistas, donde tenia que hacer unas cosillas profesionales con su uniforme gris plancha, mientras yo miraba y miraba.
Había sobre el acantilado que cierra la playa grande una casa con todas las ventanas guarecidas con hierros porque oportunistas y pillastres la forzaban de vez en cuando, convencidos de que en lugar de vivienda de verano era depósito de contrabando. Un eco de los viejos tiempos.
Recorrí infinitas veces, en aquellos años de Universidad, el camino entre Águilas y Cartagena. A veces, en inviernos con sol, torcía y me desviaba hacia la playa grande para caminar en completo silencio por esas arenas rojizas, con la sensación de que no había en el mundo ningún sitio mejor. Digo más: una de las peores acuarelas que se han pintado nunca es la que intenté hacer de un viejo pescador reparando una barca cochambrosa, a unos metros de aquellas viviendas.
Pasaron los años y me fui a vivir a la Chimbamba. Volví al paraje una madrugada, más muerto que vivo, después de caminar toda la noche en el concurso de orientación que cada septiembre se celebraba en Lorca. Me metí en el saco de dormir rompiendo el día y me quedé traspuesto en plena playa, cerca del poblado pirata, luego refugio de contrabandistas.
Pasaron muchos más años y el azar me llevó a defender a los afectados por la ley de costas. Me puse a saltar de playa en playa y de isla en isla, recibí y di leña en abundancia, irrité a los ingenieros de costas, paré derribos en el último momento, me especialicé en las causas imposibles, la prensa me siguió el rollito y mi despacho se convirtió en la Meca de los desahuciados sin remedio. Organicé la defensa colectiva contra los abusos de costas creando la Plataforma Nacional y fui al Parlamento Europeo a chivarme de lo que estaba haciendo nuestro gobierno. Hay mucha gente que me quiere bien desde lugares remotos y un grupito muy activo dispuesto a no parar hasta destruirme. Todo esto me tocó hacerlo lejos, en Canarias, en Bruselas, en Asturias, Cádiz o Galicia, viviendo en aeropuertos, comiendo de pie y durmiendo lo justo.
Y entonces me pidieron que defendiera del derribo el viejo poblado.
Fue aquel Capitán de Corbeta honrado a carta cabal, mi padre, quien me enseñó la teoría y la práctica de la ley de costas. Si no fuera por él, estaría muerto de aburrimiento en una parcela del derecho sosa como la mayoría y no disfrutando de esta completa locura que es la lucha del débil contra el fuerte. Me inicié en deslindes, lineas y mojones en aquellos parajes de la que fue su jurisdicción, entre otros el viejo poblado.
Ahora me piden que lo salve. Los que me han llamado creen que esto es un trabajo, pero es como volver a casa.
Aún sigue allí, junto al poblado de Puntas de Calnegre, la gran playa de arena rojiza.
Aunque ya nada pueda devolver el tiempo del esplendor en la hierba… Etc.