@abogadodelmar

El Gobierno elabora durante un año un reglamento de costas enteramente nuevo, con más de doscientos artículos, y pretende que los ciudadanos opinemos sobre él dentro del plazo de quince días en el marco de la información pública.
Aún así, he podido presentar dentro del plazo un informe-propuesta extenso en nombre de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que resumo aqui brevemente:

ASPECTOS POSITIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO:

Aporta condiciones para la determinación de la zona marítimo terrestre (se deberán registrar cinco temporales en cinco años para que el alcance del temporal pueda tenerse en cuenta a efectos de delimitar la línea).
Se fijan definiciones legales de los distintos tipos de duna y se fija con claridad la frontera indicando qué dunas constituyen dominio público y qué otras quedan fuera de él.
Se garantiza que la prórroga de las concesiones indemnizatorias será de 75 años.

ASPECTOS NEGATIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO:

Frente a los afectados que hayan sido expropiados y aspiren a revisar su deslinde:

La determinación de la zona marítimo terrestre se hará sobre datos de altura de ola en el mar abierto, sin estudiar hasta dónde alcanza el temporal en la costa.

La frontera entre las dunas demaniales y las que no lo son queda fijada en la llamada duna secundaria (que es demanial) a pesar de que pueda estar cubierta de vegetación incluso leñosa, en un 75% de su superficie. Esto implica que un bosque litoral puede ser declarado dominio público.

El coste íntegro de la revisión de los deslindes deberá ser abonado por quienes los soliciten.

No se aclara la contradicción entre el artículo 45 de la ley de costas (los terrenos sobrantes de un deslinde siguen siendo dominio público) y la disposición adicional sexta de la ley de reforma (los terrenos sobrantes de un deslinde serán devueltos a sus antiguos propietarios).

La prórroga de 75 años podrá solicitarse después de que haya sido otorgada la concesión base, pero la Administración ni ha otorgado en la mayoría de los casos ni parece que pueda otorgar la concesión base, simplemente porque se han acumulado docenas de miles de casos que desde hace años están esperando a que la Administración cumpla con su obligación de otorgar la concesión de oficio.

Aunque la prórroga sea de 75 años, el reglamento no dice nada de la posibilidad recogida en el artículo segundo de la ley de reforma en cuanto a que se otorgue en sucesivos plazos inferiores prorrogables.

Frente a los afectados por la servidumbre de protección:

El reglamento no aclara si obras como la simple reparación de un muro o un reforzamiento de pilares vendrán sujetas a intervenciones complementarias y caras a fin de presentar la declaraci´jn de eficiencia energética.

Frente a los concesionarios de vivienda anteriores a la ley de costas de 1988

La limitación a 30 años desde la entrada en vigor de la ley de costas de estas concesiones, no se suprime, por lo que persiste la amenaza de derribo en 2018. El texto alude a la posibilidad de su renovación con arreglo al artículo segundo de la ley de reforma, pero esa renovación no parece posible por ser contraria a la disposición transitoria sexta de la ley de costas en relación con su artículo 32. De hecho, el texto no afirma que estas concesiones sean prorrogables. Se limita a decir “sin perjuicio de su renovación”, lo que no compromete a nada ni implica el reconocimiento de ningún derecho.

Frente a los afectados por la erosión marina

El texto omite cuidadosamente referirse a la erosión por causas artificiales y presenta una realidad ficticia, tal como si todos los problemas de regresión se debieran a procesos espontáneos de la naturaleza. En caso de regresión grave (que siempre se produce por causas artificiales) el Gobierno podrá adoptar medidas de urgencia si la costa no se recupera espontáneamente (por medios naturales), lo que resulta simplemente imposible.

Afectados de Canarias

Llevan comparativamente la peor parte. Sus deslindes podrían haber sido revisados a la baja en un 90% de los casos de no ser por el criterio establecido por el texto de tener en cuenta la máxima altura de ola en el mar.

La regulación del expediente de recuperación posesoria, que tanto sufrimiento y tantos derribos han causado en el archipiélago, continúan sin un solo retoque que obligue a la Administración a tramitar el procedimiento con garantías.

El mecanismo de cierre de derechos transitorios fijado en 1969 (está explicado en el informe) produce agravios comparativos contrarios al derecho constitucional de igualdad y es el responsable de que muchos asentamientos canarios hayan sido derribados o tengan orden de derribo pendiente de ejecución. Este mecanismo de cierre no se modifica en el borrador.

Tampoco se alude a la práctica tradicional, y a mi juicio fraudulenta, de la llamada “certificación de coincidencia”, consistente en que los responsables de la tramitación de los deslindes cuando no había otro anterior, consistente en certificar que el deslinde aprobado coincide con el que se habría aprobado con arreglo a la ley de costas de 1969. Esta práctica está pensada de propósito para dar lugar a una expropiación sin indemnización y resulta especialmente intensa (y evidente) en Canarias. El mecanismo debería haber introducido mecanismos correctores pero no lo ha hecho.

Frente a las CCAA

De forma muy sorprendente el texto reserva a favor del Consejo de Ministros la facultad de otorgar determinadas autorizaciones de usos en la servidumbre de protección, invadiendo con claridad competencias que corresponden a las CCAA en exclusiva.

El informe íntegro (78 páginas) puede descargarse pulsando en el siguiente gráfico:

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@abogadodelmar

Me parece que el nuevo reglamento de costas que el Gobierno ha sacado a información pública es una criatura mestiza entre alarde de cinismo y broma pesada. En el extenso texto, los beneficios para los afectados son como las incrustaciones de chocolate en una galleta: estupendos pero escasos. Por ejemplo, el alivio de saber que las concesiones indemnizatorias podrán prorrogarse por plazo de 75 años se acaba nada más enterarnos de que esas prórrogas estarán sujetas a canon.
Como se sabe, la concesión indemnizatoria  es el pago por una expropiación y lo que nos dice el nuevo reglamento es que para que el  Estado pague ese precio a los afectados (en forma de concesión), los afectados  deberán pagar otro precio al Estado (en forma de canon). Se trata de una pura y simple expropiación sin indemnización, y por tanto de una forma delicada de robo en la que algún alto funcionario quizá pretende que la abundancia de sellos oficiales impida ver el engaño.
Todos los afectados, desde Fuerteventura a Finisterre, suspiran por acceder a la revisión de su deslinde después de que la reforma de la ley abriera esa posibilidad, pero no sospechan que el nuevo reglamento, al establecer tasas por prestación de servicios, impone a los ciudadanos el pago íntegro del coste de esos deslindes nuevos. Si tenemos en cuenta que este coste incluye un estudio geomorfológico no precisamente barato, calculo que estamos hablando en total de importes entre sesenta mil y y cien mil euros. Naturalmente, cuando la Administración presente a los interesados una factura por ese importe, será sin ningún compromiso respecto al resultado final del nuevo deslinde, por lo que ningún afectado en su sano juicio querrá meterse en ese jardín, y creo que esto permite certificar la muerte prematura de aquella esperanza colectiva en la revisión del deslinde.
¿Quien podrá asumir esa aventura? Los poderosos. Éstos, bien dotados no sólo de tesorería, sino también de influencia, no se verán obligados a actuar a la buena de Dios: Negociarán la solución antes de soltar un céntimo y terminarán beneficiándose de la extraña y sospechosa disposición adicional quinta de la ley de reforma de la ley de costas. Extraña y sospechosa por la solución extremadamente generosa que brinda a los espacios que resulten sobrantes en todos aquellos casos en los que el dominio público evolucione de vuelta hacia el mar, que podrán ser recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios. Hasta ahora, con la ley de costas de 1988, el terreno sobrante continuaba siendo domino público igualmente, y con las leyes de costas anteriores se integraba en el Patrimonio del Estado. Nunca se había producido una solución tan dulce para los particulares como la recogida en esta disposición adicional quinta, que no parece precisamente pensada para los simples ciudadanos.
Ahora bien, aunque esto sea increíble, la norma según la cual los terrenos sobrantes continúan siendo dominio público (el artículo 4.5 de la ley de costas) continúa en vigor. Podríamos preguntarnos como es posible la coexistencia de dos preceptos que dan cada uno una solución distinta a la misma situación de evolución hacia el mar de la ribera del mar, y para tan buena pregunta no tengo respuesta, aunque sí sospechas.
No manejo ninguna evidencia objetiva para creer que estas reformas estén pensadas sólo a fin de hacer la vida más fácil a los poderosos, y seguramente es muy tonta la sospecha de que que el artículo 4.5 de la ley de costas (los terrenos sobrantes seguirán siendo dominio público) será para el ciudadano común y la disposición adicional quinta de la ley de reforma (los terrenos sobrantes serán recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios) se aplicará (sin mucha publicidad) a los poderosos. Pero es terrible el pálpito que me deja me deja este mecanismo en el que sólo los ricos podrán pagarse un deslinde nuevo y la lógica conclusión de que la inversión que hagan estos señores no va a resolverse por la vía del artículo 4.5 de la ley de costas.
El dibujo de fondo de ese mecanismo es simple: Venta a precio de saldo de terrenos demaniales. Los poderosos quizá estén ya manejando muy excitados la calculadora para negociar el pago de un deslinde a razón de cien mil euros para recuperar un terreno en primera línea de un millón de euros, mientras los ciudadanos pueden empezar a hacer lo mismo, pero para calcular el canon que deberán abonar a la Administración por unas concesiones que supuestamente son el precio que la Administración debe pagar a esos mismos ciudadanos por privarlos de su propiedad.

José Ortega
Abogado
Fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas