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La norma que protege el litoral se ve amenazada por cinco iniciativas legislativas – Casi 23 años después de su aprobación, los perjudicados cantan victoria

RAFAEL MÉNDEZ – Madrid – 22/02/2011

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La Ley de Costas está tocada, quizá herida de muerte. Puede que caiga este año o el que viene. Puede que la legislatura se agote antes de que cuajen los cambios legales en marcha que pretenden minarla. Pero eso no es lo más relevante. La ola contra la ley, aprobada en julio de 1988, la presión para mantener la ocupación del litoral es tan grande y procede de tantos frentes, que caerá más temprano que tarde. Esa es al menos la impresión de ecologistas, perjudicados por la ley y la mayoría de partidos políticos.

La Ley de Economía Sostenible prorroga una refinería que ocupa una marisma

El Senado aprobó por mayoría rebajar la norma como pedían CiU y PP

El abogado de los afectados: “Es cuestión de tiempo que caiga la ley”

Los ecologistas critican la cesión de competencias a las comunidades

La recopilación de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que está sometida la norma.

En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utilizó la Ley de Navegación Marítima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender . La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo criticó la opacidad del trámite, pero la técnica se repitió. En agosto llegó la Ley de Puertos, de Fomento, que suavizó las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay más: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Economía Sostenible apoyó una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesión a una refinería en dominio público. El objetivo es que la instalación de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesión caduca en 2012, siga en pie después de esa fecha. El presidente de Petronor, el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando fórmulas para eludir la Ley de Costas.

En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretaría de Estado de Vivienda, se llegó a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer más atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, según fuentes próximas a la negociación. La ley no incluirá ninguna medida en este sentido, según una portavoz de Vivienda.

El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, no parece cómodo justificando estos cambios: “Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Economía Sostenible no me parece riguroso, creo que sería mejor decir qué quieres hacer con la ley”. Ríos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: “Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habrá hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien”.

Ríos sostiene que no hay que exagerar la polémica: “El 94% de la aplicación de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertación. No amañamos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en función del territorio”.

Los ecologistas critican que “quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar fábricas por la puerta trasera”, como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.

La oposición va más allá. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho años de Gobierno del PP se aplicó la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en otoño y las perdieron por un voto en la Comisión de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consiguió los diputados suficientes para tumbarlas.

Pero el empeño no acabó. El pasado 9 de febrero, el Senado aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que definió como “ciudades navegables”, en alusión a la Marina de Empuriabrava, una urbanización con puntos de amarre junto a los chalés en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicación de la ley.

El PP logró aprobar otra proposición para indemnizar a los dueños de fábricas construidas en dominio público antes de 1988. El PP, que durante años criticó la aplicación de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en sí. Según el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta “permite abrir vías claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos españoles y superar así la situación de inseguridad jurídica”. Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deberán debatir y donde CiU y PP tiene más difícil conseguir una mayoría como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.

La portavoz popular en el Senado, Leticia Díaz, declaró en la tribuna: “La redacción de esta ley permite su aplicación arbitraria, porque está plagada de conceptos jurídicos indeterminados”. La norma no fija una distancia para definir el dominio público, sino que utiliza conceptos geográficos como las playas, “el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos”, “las marismas, marjales y esteros”.

Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años, ampliables a 60, en una singular expropiación que el Tribunal Constitucional avaló en 1991. El plazo, que se veía como inalcanzable, comenzará a vencer en 2018. Los dueños ya ven próximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.

José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atrás: “Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos”.

Algunos Parlamentos autonómicos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurrió al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunció con otra ley gallega pero finalmente lo desestimó al pactar con la Xunta la interpretación.

¿Por qué ahora? ¿Por qué una ley vigente durante más de 20 años recibe de repente un ataque tan directo? Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplicó con lo que él define como sentido común. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambió todo al aplicar la ley con firmeza.

Los números muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el trámite que delimita la zona pública y privada de costa- 4.659 kilómetros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kilómetros, según las cifras del PSOE. Ya está deslindado un 95% de la costa y la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.

Ríos critica que PP y CiU “intentan amañar la ley”. “Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio público, un concepto prohibido en la Constitución”.

La ley es, sin duda, polémica. Es difícil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando después ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas españolas están jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco años parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chalés son expropiados.

Ríos admite que ha habido problemas de inscripción de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: “Ha habido registro de propiedades en la costa, sí. Pero no solo en la costa, también en los ríos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deberíamos haber tenido”. El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.

Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la polémica: “Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda España. Suponiendo que sea así, es muy poca gente frente a la mayoría del país. Algo que no justifica recortar la norma”.

Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: “La ley trata de prevenir los atentados de privatización del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayoría no sale a defender lo público”. WWF ganó en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la razón y anuló la decisión del Gobierno de construir un macropolígono industrial en dominio público en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.

Los defensores de la ley ven otra nube: la cesión de competencias a las autonomías. Cataluña recibió competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andalucía. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterró de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Doñana, que Costas ejecutó bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma más proteccionista posible.

Ríos defiende los traspasos: “Lo razonable es que la codecisión funcione de distinta manera pero en todas las comunidades”. El director general defiende la gestión a base de pactos con alcaldes y consejeros (“no vale un concepto policial de la acción, en el que se aplica a rajatabla una política”) y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: “La ley no está agotada pero ha cumplido una etapa”.

El catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada discrepa: “No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es más difícil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los españoles por no hacer frente a una situación compleja”.

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NOTA DE PRENSA

 EN RELACIÓN CON LA NOTA DE PRENSA DIFUNDIDA POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y NATURAL SOBRE EL DERRIBO DE LA VIVIENDA DE D. JOHAN Y DOÑA INGRID WEICHSELBAUM

 La Agencia de Protección del Medio Ambiente Urbano y Natural del Gobierno de Canarias ha remitido a los medios de comunicación una nota de prensa inusualmente extensa y prolija en la que explica los motivos que la han llevado al derribo de la vivienda de D. Johan y Dª Ingrid Weichselbaum en Guía de Isora.

Las mentiras para ser eficaces necesitan disfrazarse de verdad. Por eso contar verdades a medias es la forma más eficaz de mentir y eso es lo que ha hecho la Agencia, remitiendo una nota que contiene la verdad, pero no toda la verdad, y que resulta más un instrumento de propaganda que una información veraz sobre lo sucedido.

Lo sucedido es que la Agencia se ha conducido, en mi opinión, por una mezcla de despiste, error de derecho, renuncia a la responsabilidad, fanatismo, secreto culpable y, con motivo de esta nota, demagogia populista.

DESPISTE: Es cierto que la vivienda fue construida sin licencia, y eso está mal (aunque lo Sres Weichselbaum son compradores terceros de buena fe). Pero de modo sorprendente, la Agencia NO tramitó expediente administrativo de derribo por este motivo. El expediente se tramitó únicamente por invasión de la servidumbre de protección. En lugar de ordenar una investigación interna para averiguar quién fue el funcionario o autoridad responsable de que NUNCA se tramitara contra la vivienda un expediente de derribo por ausencia de licencia, la Agencia carga contra los ciudadanos ejecutando un derribo que, en la parte fuera de la servidumbre de protección, no está amparado por la previa elaboración de la decisión con audiencia de los interesados mediante un expediente administrativo.

 Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia: a) Si es cierto que NUNCA se tramitó un expediente de derribo por ausencia de licencia y que el único expediente lo fue por invasión de la servidumbre de protección b) Si es cierto que la servidumbre de protección, según el deslinde, sólo afectaba a la mitad de la casa y c) Si es cierto que se ha derribado o se está derribando la vivienda entera, incluyendo la parte que sólo está afectada por problemas de licencia sin previa tramitación de expediente de derribo por esos problemas de licencia d) Cómo es posible que se derribe un edificio sin previo expediente de derribo con audiencia de los interesados.  

El Tribunal Superior de Justicia dijo, desde luego, que la orden de la agencia de derribar toda la vivienda se ajustaba a derecho porque otra cosa supondría la legalización de una vivienda en suelo rústico. Con mucho respeto al tribunal, esto, sin embargo, es algo que no pueden hacer los jueces, porque en las sentencias no se puede introducir una cuestión nueva, que no ha sido estudiada ni resuelta en el expediente administrativo que se revisa. Y el expediente administrativo NO se tramitó por ausencia de licencia, sino por afección de la servidumbre de protección. La Agencia, en lugar de ampararse en esa sentencia (que no la vincula) debe responder a esta pregunta: ¿Es lícito derribar un edificio sin tramitar previamente expediente de derribo con audiencia de sus propietarios?

 ERROR DE DERECHO: En agosto de 2008 la Agencia notificó que se disponía a efectuar el derribo en ejecución material de sentencia (la que desestimó el primer recurso judicial contra el derribo). Con esto, se lavaba las manos frente a cualquier cuestión que pudiera aconsejar una suspensión o incluso una revisión del derribo, puesto que esa responsabilidad correspondía al juez cuya sentencia se estaba ejecutando. Desde el primer momento hicimos ver a la Agencia su error e insistimos en que las sentencias desestimatorias no se pueden ejecutar porque no contienen en su parte dispositiva una condena de dar, hacer o no hacer. Por tanto, la responsabilidad de decidir sobre una suspensión no correspondía a los jueces, sino a la misma Agencia, que estaba ejecutando su propia resolución administrativa y no la sentencia. El juez de lo contencioso núm. 1 dictó hace pocas semanas sentencia en el procedimiento 633/08 en la que reconocía que en este punto nosotros teníamos razón y la Agencia no, puesto que el derribo NO era una ejecución de sentencia sino la ejecución de un acto de la Administración. El corolario es que la responsabilidad de valorar y decidir cualquier circunstancia ordenada a una posible suspensión correspondía a la Agencia, no a los jueces.

Los medios  de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia si es cierto que desde agosto de 2008 hasta la sentencia del 633/08 estuvieron convencidos de que estaban dando lugar a una ejecución de sentencia y por lo tanto declinando toda responsabilidad en la suspensión y si salieron de ese error con motivo de la mencionada sentencia.

 RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD: Hay un hecho simple y es que la vivienda NO está en servidumbre de protección. Y otro, asociado al anterior, como es que a sus propietarios NO se les permitió enterarse de la tramitación del expediente de deslinde justamente porque cuando se estaba construyendo la vivienda en el mismo expediente se dejó constancia de que la misma estaba FUERA de la servidumbre de protección (Acompañada copia). Después, por un cambio de criterio en la aplicación de la ley, movieron la línea hacia dentro de manera que la casa quedó parcialmente afectada pero hubo un nuevo OLVIDO porque nadie se acordó de notificar esta circunstancia a los interesados, que quedaron de esta manera totalmente indefensos. Dichos interesados, a vista de la situación, formularon recurso contencioso administrativo contra el deslinde ante la Audiencia Nacional y solicitaron a la Agencia, el 4 de julio de 2009, de forma razonada y documentada (acompañando copia de la demanda ante la Audiencia Nacional) la suspensión del derribo hasta que ese tribunal dictara sentencia, es decir, hasta saber si realmente la vivienda estaba dentro o fuera de la servidumbre de protección. No puede negarse que la petición estaba fundada, y no parece imprudente suspender el derribo hasta que el tribunal decida si existe o no motivo para el mismo.

  En una reunión celebrada en la Agencia en enero de este año, las funcionarias que recibieron al interesado anunciaron que no pensaban responder a la solicitud de suspensión. No es que no pensaban acceder, es que no pensaban resolver. Transcribo aquí el artículo 42, párrafo primero de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Que unos funcionarios públicos te digan a la cara que no piensan responder a una solicitud fundada presentada por escrito, es algo realmente insólito que se pensaba que sólo podría suceder en extremos del mundo en vías de civilización, no en España. La única forma de entender esta actitud es que las funcionarias, con error que luego evidenció la sentencia del procedimiento 633/08, creían que estaban ejecutando una sentencia y que la responsabilidad de suspender era de los jueces, no de la Agencia.

La nota de prensa de la Agencia enumera todas y cada una de las decisiones de los jueces ordenadas a no suspender la ejecución. Esas decisiones se dictaron en el curso de distintos procedimientos judiciales fundados en diversas causas. Esa insistencia de la Agencia en dotarse de una coraza formada por las decisiones judiciales constituye un tic nervioso que confirma que aún no se ha enterado de que la responsabilidad sobre la solicitud de suspensión dirigida a la Administración es de la Administración, no de los jueces. La cuestión a debatir es a) Si la Agencia estaba obligada a responder a la solicitud de suspensión y b) Si la solicitud estaba bastante fundada en derecho como para acceder a la misma. Repito que NO estamos ante una ejecución de sentencia y por lo tanto la decisión sobre la suspensión NO es de los jueces (aunque se les haya podido pedir en el marco de procedimientos concretos) sino de la propia Agencia. Por tanto, la enumeración en esa nota de prensa de tantas decisiones judiciales desestimando una petición de suspensión es algo que no viene al caso sino tangencialmente y que sólo sirve a la Agencia como cortina de humo para ocultar su violación de la ley al decidir NO RESOLVER una solicitud escrita y razonada.

Un hecho que denota que la Agencia acusó el golpe de la sentencia dictada en el 633/08 (que desmentía su pretensión de estar ejecutando una sentencia y por tanto devolvía la responsabilidad sobre la suspensión a la propia Agencia) es que al poco tiempo de dictarse la misma, de forma extraordinariamente precipitada y en vísperas del derribo (el 26 de noviembre), se resolvió por fin sobre la solicitud de suspensión, remitiendo la decisión a este Letrado simultáneamente por casi todos los medios posibles: Fax,  correo electrónico y correo certificado con acuse de recibo.

Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia cómo es posible que una Administración pueda violar la ley declarando de modo expreso que no piensa responder a una solicitud escrita y razonada formulada por los ciudadanos.

FANATISMO: El juez de lo contencioso núm. 4 dictó medida cautelar urgente el mismo día 26 de noviembre, suspendiendo in extremis el derribo, y la levantó posteriormente el día 2 de diciembre. El problema es que el juez parece que notificó el levantamiento de la medida a la Agencia el mismo día 2, pero no al Procurador del Sr. Weichselbaum, por lo que cuando el equipo de demolición se presentó en la vivienda sobre las nueve de la mañana del día 3, ni el Procurador, ni el Letrado, ni D. Johan ni su esposa Doña Ingrid sabían que el derribo ya no estaba suspendido. Parece, por tanto, congruente hablar de fanatismo, de intencionalidad y de tácticas militares en la actitud de sorprender a los interesados en su sueño o en su desayuno. La Agencia se aprovechó de un desequilibrio procesal causado por el juzgado, es de suponer que sin intencionalidad pero con catastróficas consecuencias como hemos visto.

D. Johan Weicselbaum fue sacado a la fuerza de su casa y no se atreve a volver para inspeccionar sus enseres por miedo a la policía. No sabe nada de sus enseres personales por este motivo.

Cuando me refiero en este apartado a fanatismo quiero aludir a que las funcionarias encargadas acabaron tomándose la cuestión como un tema personal, algo que no debería suceder nunca en la función pública, en particular porque destruye la obligación constitucional de objetividad que pesa sobre la Administración.

SECRETO CULPABLE: Un ciudadano quiso hacer fotografías del derribo con su teléfono móvil y la policía se lo impidió a pesar de que la libertad de información es un derecho constitucional y de que el ciudadano estaba intentando fotografiar una propiedad privada con el consentimiento de su titular. Si todo era legal y conforme ¿Por qué dar a la policía instrucciones para impedir las fotografías? Creo que por el mismo motivo por el que se habla en la nota de prensa de la Agencia de “vivienda de lujo”: Por no soportar la pérdida de popularidad y votos que debe llevar consigo una acción de este carácter.

Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia a) Quién  y sobre todo por qué dio a la policía instrucciones para impedir que se hicieran fotografías b) Si considera que está justificada la violación de este derecho constitucional y, en su caso, los motivos y c) Si, en caso de encontrar que la práctica es reprobable, ha ordenado la apertura de una investigación interna y/o de un expediente disciplinario contra los responsables. 

DEMAGOGIA POPULISTA: La nota de prensa de la Agencia resulta sorprendentemente populista y  demagógica al poner en su titular que lo que se ha derribado es una vivienda “de lujo”. Con esto, de forma que parece estudiada por publicistas, se pretende poner a la opinión pública en contra de los afectados por el mero hecho de no ser pobres. Esta, en mi opinión, es una forma muy baja de sacudirse la responsabilidad por unos hechos que creo indebidos: La igualdad ante la ley, que proclaman la Constitución y diversos tratados internacionales, prohíbe no sólo la discriminación de los pobres por ser pobres. También la de los ricos por ser ricos. En una sociedad donde todos deben convivir en paz, resulta inquietante que los mismos poderes públicos fomenten la exclusión de los ciudadanos que puedan tener más medios de fortuna sólo por tenerlos.

 Lo que ha sucedido a los Sres. Weichselbaum le puede suceder a cualquiera en esta España desafortunada en la que como te toque la chica vas listo. La opinión pública debe juzgar si es de recibo esta situación: Se construye una vivienda, la Dirección General de Costas dice que está FUERA de la servidumbre de protección, por lo que no notifican a los propietarios el expediente de deslinde. Luego cambian el criterio de aplicación de la ley (Ilegalmente, lo hablaremos otro día) y meten la línea al interior, ocupando media casa, pero no se lo dicen a los propietarios, por lo que éstos no se enteran y desde luego no puede decirse que hayan infringido ninguna ley y menos la de costas (La casa se construyó durante el periodo en el que la propia Dirección General de Costas decía que estaba FUERA de la servidumbre de protección). Años después, la Agencia tramita un derribo por invasión de la servidumbre de protección (un pecado que los propietarios desconocían) y cuando impugnan el deslinde para que re reconozca que el expediente de deslinde se tramitó con indefensión (es evidente) y la vivienda no está en servidumbre de protección (se aportaron argumentos sólidos), la Agencia, en lugar de esperar a ver qué sucede, decide destruir la vivienda antes de tiempo, despreciando a los ciudadanos hasta el extremo de decirles que ni siquiera piensa responder a su solicitud de suspensión. 

En vísperas del derribo remití una carta a D. Paulino Rivero, a D. Domingo Berriel y a D. Pedro Pacheco advirtiéndoles de esta situación. Dejemos al margen al Presidente, que para eso tiene muchas obligaciones. Yo creo que a D. Domingo y a D. Pedro los deberían destituir por estos hechos.  Y, en todo caso, mi opinión es que Coalición Canaria, si sigue interesada en presentarse en público como defensora de los afectados por la ley de costas, debería a sacar al Sr. Berriel de las listas electorales que tienen que elaborar dentro de poco. Si no lo hace así, estarán demostrando a los ciudadanos que lo único que quiere es pescar votos pero que en realidad los afectados le importan un bledo.  De momento, el Gobierno de Canarias ya está denunciado ante el Parlamento Europeo por estos hechos y supongo que si Berriel sigue al frente seguirán más denuncias.

 José Ortega

Abogado

En representación de D. Johan y Da. Ingrid Weichselbaum

NOTA DE PRENSA DE LA AGENCIA

 

Derriban un chalet de lujo ilegal en Guía de Isora que invadía la zona de servidumbre de protección de la costaLa Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias está procediendo, desde el pasado día 3 de diciembre, a la demolición forzosa de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas de altura, con una superficie de 358 metros cuadrados, más garajes, piscina, cuartos anexos y zonas ajardinadas, situada en la costa de Guía de Isora.

Esta vivienda invadía la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, careciendo de la preceptiva autorización conforme a la Ley 22/1988 de Costas y su construcción fue finalizada en el año 2000, siendo valorada en el año 2001 en la cantidad de 303.466,74 euros.

El expediente se inició en 1995, con la denuncia de la entonces Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental a un primer comprador, y en el año 1999 se produjo la venta al actual propietario, en forma de finca rústica y sin edificación alguna.

Se había solicitado autorización para la realización de una vivienda en esa zona que fue denegada en noviembre del año 1994, resolución que fue impugnada por la vía administrativa, pero con confirmación de su denegación, continuando el interesado con la vía contencioso administrativa que confirma la denegación.

Aún así, se iniciaron las obras y fueron objeto de suspensión administrativa, acto que también es impugnado en la vía contenciosa, que mantiene la suspensión en 1999. Ya en el año 2000, se comprueba que, a pesar de la suspensión, las obras han continuado y se han ampliado, constatándose además que gran parte de las mismas se habían ejecutado dentro de zona de servidumbre de protección.

La demolición se acordó en el año 2003 y se otorgó al interesado el plazo de un mes para aportar proyecto de demolición, con el fin de de posibilitar la demolición voluntaria y con la advertencia de que de no cumplimentar ese trámite, se procedería a la ejecución forzosa.

Esta resolución es firme, al ser recurrida y reconocida conforme a derecho por sentencia de Juzgado de la Sala de lo contencioso-administrativo de 2006, confirmada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó expresamente la demolición de la totalidad de las obras. Ante la falta de ejecución voluntaria, se dictó ya en 2008 la ejecución forzosa, que nuevamente fue recurrida y nuevamente desestimada.

Además, en este expediente figuran cinco decisiones de Juzgados de lo contencioso-administrativo, denegando medidas cautelares de suspensión de la ejecución de esta demolición. Pese a ello, y fijada por último la demolición para el día 29 de noviembre de 2010, es nuevamente solicitada la suspensión de la misma y de nuevo denegada – ya por sexta vez – el 2 de diciembre pasado.

En la última denegación de suspensión se indica expresamente por el Juez de lo Contencioso-Administrativo que en la petición del interesado “no se aprecia la existencia de apariencia de buen derecho, sino más bien de temeridad procesal en la pretensión del actor, que ha venido obstaculizando la acción de la Administración de ejercicio de la potestad de reposición de la legalidad urbanística desde 2003”.

Indica asimismo que “ante los intereses en conflicto prevalece el interés general demorado siete años, ante el interés particular que ha agotado los recursos tanto útiles como artificiales para su defensa”. La demolición se acometió bajo la dirección y supervisión de la Agencia y es ejecutada materialmente por una empresa designada en forma legal a tal efecto.

La Apmun comunicó a los ocupantes de la vivienda la necesidad de desalojar la misma para la ejecución, desalojo que se produjo con retirada de los efectos personales que estos estimaron en maletas, abandonando el resto de los numerosos enseres existentes en la vivienda.

Éstos fueron trasladados por una empresa especializada en transporte y custodia de enseres, donde estarán a disposición de los propietarios previo pago de los costes derivados. La retirada de los residuos implicará que la demolición no se encuentre finalizada hasta la próxima semana.


ZEITGEIST

diciembre 8, 2010

Vedlo y difundidlo.

TODO ES MENTIRA es como una conversación de café comparado con esto. Todo el mundo debe conocerlo.

 Esto ya lo he escrito antes en este blog, y me gusta repetirlo. Es uno de mis pensamientos favoritos: No importa que la utopía sea inalcanzable, porque perseguirla nos ennoblece. Es una expresión del filósofo alemán Max Frisch, que aunque no huibiera escrito otra cosa, con esto ya tendría bastante. Como se dice en TODO ES MENTIRA, no se puede cambiar el sistema, lo que no significa que no haya que intentarlo.

Ayer 223 personas celebraron la Constitución enviando cartas a los diputados en las que reclamaban una democracia real y el fin de la pobreza y la guerra en el mundo. No nos lo concederán, pero ahora saben que sabemos. A  mí me ha gustado mucho este intento ingenuo hasta el surrealismo de que los diputados hagan justamente aquéllo para lo que fueron elegidos.

Mañana no seremos 223, sino muchos más. Un día seremos tantos que dejaremos a los políticos hablando solos mientras largan sus discursos vacíos, para que tengan que contarle el mismo rollo de siempre a las lagartijas y a las telarañas del techo mientras nosotros nos concentramos en hacer algo verdaderamente útil.

La jornada de ayer ha sido un éxito de las personas de buena fe que no aceptan la manipulación, la mentira y la dictadura encubierta. Queremos la Constitución, queremos la libertad y queremos la democracia, no este sistema indecente que quieren hacer pasar por bueno como cuando te colocan en la carnicería un cuarto de carne caducada.

 Gracias, enhorabuena y mucha esperanza para todos.

 ¡Sí podemos!

  Os pego aquí el vínculo a TODO ES MENTIRA, para el que no se lo haya bajado:

 http://www.mediafire.com/?rt4dh57jp4orw7u
 Y el vínculo a MANIFIESTO PARA UNA ECONOMÍA VERDE:

 http://www.mediafire.com/?60ijry2dsqo02ze

 Mi hija pequeña tiene dieciséis años. Hoy le he explicado lo que sucedió el viernes en Tenerife, cuando un policía impidió a un ciudadano hacer fotografías del derribo con el móvil (ver un blog anterior). Desde que tiene uso de razón no soporta la injusticia y su inmediato comentario ha sido que eso el policía no lo podía hacer. Os cuento más o menos lo que le he contado.

Quienes hayan vivido en la época de Franco, o hayan oído hablar a personas de orden que vivieron entonces, sabrán que todo podía ser absolutamente maravilloso excepto en el caso de que te salieras del tiesto, en cuyo caso todo podía ser absolutamente poco  maravilloso, o incluso peor. El caso es que hay mucha, pero mucha gente, que transita por la vida sin desviarse ni un poco del camino que se considera bueno y correcto, y nunca tiene un problema. Los demás suelen tenerlos.

En nuestro sistema hiperdemocrático de la muerte pasa algo parecido. Si no te cuestionas las cosas, de cine. En caso contrario, malo, malo… Y también te puede pasar que seas víctima de los daños colaterales de la superdemocracia hiperconstitucional a la española, como por ejemplo que te derriben la casa mientras estás desayunando, como le sucedió el viernes al matrimonio Weichselbaum en Tenerife, que te quiten tu única vivienda y te paguen a cambio 136 euros, como le sucede a un jubilado (400 euros/mes)  de Cádiz o que te echen al suelo una casa construida en 1920 que te ha costado trescientos mil euros y te obliguen a pagar trescientos setenta mil adicionales para financiar tu propio derribo, como le sucede a Florentina Mora en Soller.

Con Franco y con Zapatero es lo mismo, o casi lo mismo. Como te caiga el poder encima, vas listo. El problema es que estos daños colaterales afectan a contados ciudadanos, y la mayoría sigue creyendo que todo está bien, hasta que les toca a ellos. Y aquí viene lo de Bertol Brecht, cuando contaba que vinieron a llevarse a los judíos pero le daba igual porque él no era judío, etc. etc.

Yo podía haber discurrido por la vida más o menos de esa manera tranquila y ausente de conflictos, pero en primer lugar fundé la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas para luchar contra los abusos del gobierno y a continuación, como consecuencia de las experiencias vividas en esa lucha, me di cuenta de que el problema no es un puñado de ingenieros de caminos fanáticos, sino que no hay democracia.  

Mi conclusión final es que todo es mentira y qué mejor momento para hacerlo ver que en el día de la Constitución. No será por casualidad que he empezado a escribir esta entrada de blog a las cero horas del 6 de diciembre.

Pues veréis, hace poco, viendo la porquería y lo falso que es todo, escribí un documento llamado justamente así, TODO ES MENTIRA. Lo ha leído bastante gente que por regla general está de acuerdo con su contenido. He hablado con algunos entusiastas acerca de la posibilidad de dirigirlo a nuestros representantes en las cámaras legislativas con una carta más o menos surrealista en las que se reclame un cambio brusco de orientación política, y hay calor y acuerdo, así que aquí van las instrucciones para todo valiente que quiera aportar algo por la democracia real y la libertad en serio.  

De hecho, a través de un usuario de Facebook que publicó el documento en su muro, sus amigos del PP lo han leído. En particular varios senadores e incluso uno de los siete padres de la Constitución. Esta persona me transmitió el otro día que el manuscrito  “estaba causando sensación” en el Senado. Supongo que para bien, aunque esos senadores no deberían estar muy contentos, teniendo en cuenta lo que dice el papelito. También lo tiene Joan Herrera, de IU.  

Debo decir que esta entrada de blog se debe a una persona que me sugirió que armara algo de follón con el manuscrito justo en el día de la constitución. A esa persona le doy las gracias porque yo ni me había dado cuenta.

  PRIMER PASO: Descargar TODO ES MENTIRA en http://www.mediafire.com/?rt4dh57jp4orw7u y echarle un vistazo para ver si estáis de acuerdo. No quiero convencer a nadie de nada. Cada uno debe convencerse por sí mismo.  Claro está que este paso lo pueden saltar quienes ya lo hayan leído.

 SEGUNDO PASO: Copiar y pegar en un mensaje de correo electrónico el siguiente mensaje:

 Estimado Sr. o Sra. diputado:

 Me dirijo a usted en su calidad de representante del que suscribe en las Cortes Generales a fin de pedirle que promueva los cambios legislativos que sean precisos para dotar a nuestro país de una democracia auténtica en la que cada uno pueda sentirse cómodo, libre y con opciones reales de participación en los asuntos públicos, ya que el pobre y defectuoso funcionamiento actual de nuestro sistema político no convence ni al que suscribe ni a un amplio sector de la población.

 Esta iniciativa debería ser sólo el primer paso para que, a continuación, usted impulsara reformas orientadas a cambiar el mundo a fin de acabar con la pobreza, la guerra, las desigualdades y las agresiones al medio ambiente.

Le acompaño como archivo adjunto un documento que podría servirle de ayuda y cuyos puntos de vista y propuestas le pido que haga suyos y promocione en todos los órdenes de la vida política.

Sin otro particular:

Etc. etc.

TERCER PASO: Cargar como adjunto el archivo pdf TODO ES MENTIRA

CUARTO PASO: Copiar y pegar como destinatarios las siguientes direcciones de correo electrónico:

fatima.aburto@diputada.congreso.es, palegria@diputada.congreso.es, eloisa@diputada.congreso.es, mar.arnaiz@diputada.congreso.es, meritxell.batet@diputada.congreso.es, delia.blanco@diputada.congreso.es, meritxell.cabezon@diputada.congreso.es, scabezonruiz@diputada.congreso.es, mercedes.cabrera@diputada.congreso.es, rosabecano@hotmail.com, carmen.calvo@diputada.congreso.es, acanodiaz@diputada.congreso.es, ycasaus@diputada.congreso.es, helena.castellano@diputada.congreso.es, mailto:marivicediel@yahoo.es, achacon@diputada.congreso.es, mercedes.coello@diputada.congreso.es, mcolldeforns@diputada.congreso.es, lucilaco@diputada.congreso.es, angelinacosta@diputada.congreso.es, viceprimera@mesa.congreso.es, clementina.diez@diputada.congreso.es, reme.elias@diputada.congreso.es, elena.espinosa@diputada.congreso.es, eesteve@diputada.congreso.es, marta.estrada@diputada.congreso.es, mariajose.fernandez@diputada.congreso.es, anafupa@diputada.congreso.es, mercedesgamez@diputada.congreso.es, sara.garciaruiz@diputada.congreso.es, antogarcia@diputada.congreso.es, marta.gaston@diputada.congreso.es, gloria.gomez@diputada.congreso.es, pilargrande@diputada.congreso.es, carmen.bono@diputada.congreso.es, carmen.juanes@diputada.congreso.es, mlizarra@diputada.congreso.es, lopez.chamosa@diputada.congreso.es, plopez@diputada.congreso.es, arritxu.maranon@diputada.congreso.es, carmen.maron@diputada.congreso.es, guadalupem@diputada.congreso.es, candida.martinez@diputada.congreso.es, paquimedina@diputada.congreso.es, marivi.monteserin@diputada.congreso.es, carmen.monton@diputada.congreso.es, miriam.munoz@diputada.congreso.es, gracia@diputada.congreso.es, lourdes.munoz@diputada.congreso.es, montserrat.palma@diputada.congreso.es, maria.perez@diputada.congreso.es, dolores.puig@diputada.congreso.es, gloria.rivero@diputada.congreso.es,gloria.rivero@diputada.congreso.es, susana.ros@diputada.congreso.es

 uxue.barkos@diputada.congreso.es

 merce.pigem@diputada.congreso.es, inma.riera@diputada.congreso.es, carles.campuzano@diputado.congreso.es, j.jane@convergencia.cat, pere.macias@diputado.congreso.es, montse.surroca@diputada.congreso.es, ctarruella@diputada.congreso.es, jordi.xucla@diputado.congreso.es,

 joseluis.perestelo@cablapalma.es

 carlos.salvador@diputado.congreso.es

 fcanet@diputado.congreso.es, jridao@diputado.congreso.es, jtarda@diputado.congreso.es,

 gaspar.llamazares@diputado.congreso.es,

 agirretxea@diputado.congreso.es, pedro.azpiazu@diputado.congreso.es, jrbeloki@diputado.congreso.es, pilar.cazorla@gppnv.congreso.es

QUINTO PASO: Hacer clic en el botón SEND y enviar el documento con mucha esperanza.

¿Qué conseguiremos con esta iniciativa? Que los señores y señoras diputados hablen entre sí del tema, al menos en la cafetería, y sepan que hay una conciencia crítica en la sociedad que por lo demás sabe expresarse sin necesidad de golpear cacerolas ni romper cristales. Ha habido muchas iniciativas populares para cambiar las cosas: Que sí el apagón simbólico, que si no comprar gasolina, incluso lo del día 7, pero esto, según dicen, no se ha hecho nunca, así que podríamos probarlo.Por cierto: Mi intención no es hacerme notar, transformarme en jefe de algo o utilizar esta situación como trampolín para otra cosa. Con el documento sólo he querido expresar ordenadamente y por escrito las opiniones que he formado después de bastantes años de discrepar y discutir.

No somos ganado. No somos esclavos. No somos escoria. No somos marionetas.

Vamos a demostrarlo.

José Ortega

Abogado

Cristina Narbona se ha apresurado a salir al paso de la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de costas, negando de forma tan rotunda como atolondrada que su Ministerio esté aplicando la ley retroactivamente.

Es una pena que no haya tenido la paciencia de leer antes mi Informe sobre aplicación abusiva de la ley, pero en todo caso con esas urgencias y esas declaraciones acredita ignorar lo que sucede en su propia casa, porque en este preciso momento tiene al menos un expediente en trámite en el que se está haciendo con luz, taquígrafos y solemnidad lo mismo que ella niega: “la ley de costas ha implantado un sistema de retroactividad global en lo que atañe al catálogo de los bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre”, declara ampulosamente el informe de un sesudo personaje de la Demarcación de Costas de Oviedo, en el empeño de justificar la apropiación de terrenos privados de Villaviciosa. Se trata del mismo sesudo personaje que en el mes de junio se puso a cavar en una zona boscosa de la playa de Otur y no dejó parar a los operarios hasta que, después de hacer un socavón de tres metros, dio con la arena de una duna ajena al paisaje, más fósil que un Tiranosaurius Rex, y más muerta que la momia de Tutankamon.

Sí, sí… la ley de costas se está aplicando retroactivamente, y mucho. Todo empezó con el desgraciado caso de Los Arenales del Sol, en Elche, cuando un ingeniero del Ministerio de Obras Públicas al que nadie había invitado al guateque, se presentó por sorpresa en el acto del deslinde y tuvo la audacia de formular una propuesta de delimitación contraria a la del propio Jefe de Costas. Hasta el Abogado del Estado se quedó como la cera después de que el intruso comentó que en tiempos anteriores a la construcción de los edificios los materiales sueltos seguramente llegarían más al interior, y propuso pasar la línea por detrás de la urbanización. Con esto y con la sospechosa resignación del Jefe de Costas del momento, que encierra mundos enteros de misterios por descifrar, aquel señor abrió la puerta a la arbitrariedad que hoy vemos por cada esquina de España.

Un poquitín más tarde, el nuevo ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Alicante D. Angel Muñoz Cubillo, dio un enérgico impulso al expediente que concluyó con su feliz aprobación en 1.997, en una  declaración, creo que inédita en España, según la cual toda la gran urbanización de diecinueve torres de apartamentos constituye dominio público.

Posteriormente sus méritos profesionales auparon a D. Angel Muñoz a la Dirección General de Costas, donde desempeñó diversos puestos, siendo hoy Subdirector General y funcionario de lo más influyente. Quizá se deba a su impulso la actual propuesta de deslinde de Playa Lisa y Gran Playa, en Santa Pola, que pretende repetir la experiencia de Arenales del Sol en un caso que por sus antecedentes podemos considerar idéntico. Y me caben pocas dudas de que es su impulso el que ha propiciado la aplicación retroactiva de la ley también en el deslinde de un tramo de la playa del Saler, donde todo iba bien hasta que llegó un oficio de la Dirección General de Costas en el que se ordenaba seguir el ejemplo de Arenales del Sol y comerse las construcciones, es decir, quitarles a los vecinos sus hogares y a los hoteleros sus hoteles.   

Pero en fin. El caso más deliciosamente pintoresco proviene de la zona de la Bombilla, en la isla de la Palma, donde la Dirección General de Costas tuvo el detalle de aprobar un deslinde llevando la línea hasta el pie de un acantilado a donde el agua no llega ni en sueños, y sobre un terreno que no es playa ¿La razón? Según reza el ingenioso informe geomorfológico, al final de la glaciación Würm el deshielo produjo una subida de treinta metros del nivel del mar, y así se modeló el acantilado. Esto sucedió poco después de que se hicieran las pinturas rupestres de Altamira, hace aproximadamente catorce mil años, y en unos momentos en los que era relativamente reciente la aparición en la Dordoña francesa del hombre de Cromagnon.

¿Tendrá Cristina Narbona la bondad de admitir que se trata de una aplicación retroactiva, y mucho, de la ley de costas? ¿No les parece esto, más que materia propia del  Boletín Oficial del Estado, un guión escrito para Gila? ¿Podría pronunciar justificadamente la palabra payasada para referirme a la motivación del deslinde de la Bombilla? Y una pregunta más, si no es abusar ¿No resulta inquietante que todo lo que les cuento se haya originado por culpa de la inexplicable, injustificada, rara y más que turbia intervención de un tercero extraño al asunto en el expediente de Arenales del Sol, un tipo al que nadie mandaba estar allí pero que tenía poder suficiente como para asustar al mismo Jefe de Costas de Alicante?

En todo caso, sepan que hoy no es prudente comprar una propiedad cerca de la costa, aunque no esté en primera línea, ni en segunda. La aplicación retroactiva de la ley, que es un hecho cotidiano, impide que usted llegue nunca a estar seguro de ser dueño de lo que ha comprado. Por todo el país se está recurriendo, con entusiasmo propio de secta religiosa, al mapa geológico para retrasar el deslinde. En cualquier momento un ingeniero trazará una línea sobre un plano, invocando algo que pasó en el Pleistoceno, cuando no estábamos allí para evitarlo, y usted lo perderá todo.

Uno de los personajes más influyentes del siglo XX, Vladimir Illich Ulianov, dijo que hay muchas formas de equivocarse. Si yo digo que dos y dos son cinco, eso es una equivocación. Pero si digo que dos y dos son un candelabro, no cabe duda de que la equivocación es de otra dimensión. Esto es lo que le pasa a la Ministra. Hay también muchas formas de hacer el ridículo, y ella, con sus prisas, ha elegido la suya.

 

José Ortega

Abogado

joseortega@costasmaritimas.com

  Esta mañana nos hemos reunido con el Subdelegado del Gobierno en Valencia D. José Antonio Raposo, D. Guillermo Casanova y un servidor. Cuando el tema de la Plataforma salió a prensa recibimos un aviso urgente de la Subdelegación para que solicitáramos una reunión, y así lo hicimos. A continuación su discurso oficial consiste en que la reunión la pedimos nosotros. Pero esto carece de importancia. La realidad es que el Gobierno quería saber de qué va esto, y eligió el órgano administrativo de menor categoría posible para no reconocernos importancia y nivel. Tratándose de una plataforma nacional, y tratándose del conjunto de la Comunidad Valenciana, habría sido lógico que nos recibiera el Delegado y no el Subdelegado, pero esto es algo que ellos han evitado cuidadosamente.

Nuestra misión era transmitir que el movimiento que hemos iniciado no es un fuego fatuo que se enciende y se apaga enseguida, sino que está bien estructurado, tiene bases sólidas y se apoya en principios morales. Por eso no hemos admitido en la plataforma a los que están ocupando la playa sin derechos, que también los hay.  Yo no tenía intención de levantar la voz, pero he debido hacerlo cuando han surgido los temas sensibles, como el derribo del Bar Pepita. La Jefa de la Demarcación de Costas, que estaba presente, ha defendido la legalidad del derribo, afirmando que la familia no tenía derecho a una concesión de treinta más treinta años, como marca la ley, y que eso es algo que había sido declarado por un juez. No es cierto, y en todo caso, le contesté que ella no es nadie para tomar esa decisión, puesto que la competencia corresponde a la Ministra, y por delegación al Director General. Un ingeniero de costas de la provincia no puede decidir por su cuenta si alguien tiene o no tiene derecho a una concesión de esta clase, y mucho menos puede actuar en consecuencia, poniéndose a derribar las instalaciones sin permitir que los interesados reclamen la concesión al órgano que sí es competente. Lo mismo sucede con la sentencia. EL TSJ resolvió sobre la recuperación posesoria, pero en el juicio los abogados no plantearon el derecho de concesión de los 30 + 30 años. Ni tampoco podía decidir, porque tampoco es su competencia. El tribunal competente es la Audiencia Nacional. Por tanto, incluso aunque el TSJ hubiera estudiado el asunto y decidido en contra, la sentencia habría sido nula. En resumen: La jefa de costas de Valencia no es quien para suplantar a la Ministra al decidir sobre una concesión de 30 + 30 años, lo mismo que el TSJ tampoco lo es para suplantar a la Audiencia Nacional para decidir sobre el mismo asunto.  Pero vivimos en un país en el que los ingenieros de costas hacen lo que quieren.

Hemos dirigido reproches sobre asuntos que han hecho enmudecer a nuestros interlocutores, especialmente a la Jefa de Costas, que es la que debía haber contestado. Le he explicado al Subdelegado que los ingenieros de costas son conquistadores de territorios como Hernán Cortés, y le revelado, solo como ejemplo, el extraño caso de la playa de Corinto, en Sagunto, donde primero se hizo un deslinde remetiendo al interior la línea porque la playa era regresiva, es decir, que el mar había avanzado sobre la tierra, y solo después de que los vecinos hubieran perdido sus propiedades se va a proceder a una regeneración de la playa, alejando de nuevo el mar y por tanto eliminando los motivos que hicieron meter al interior la línea de deslinde. He definido esto como FRAUDE. Ninguna protesta. Ningún comentario.

El tema del futuro paseo marítimo de la playa Almardá ha terminado siendo interesante. Le comenté a D. Luis Felipe que se está manteniendo este proyecto en secreto para los vecinos, porque la Administración no desea que éstos se enteren y se pongan a hacer alegaciones. Le he dicho que por más que acudían a Costas a enterarse, nadie les informaba, y que el art. 58 de la Ley de Procedimiento Administrativo garantiza que a estas personas se les avise de todo. Es curiosa la energía con la que la Jefa de Costas ha negado que hubiera proyecto  de paseo marítimo ni paseo marítimo en absoluto. Ante una negativa tan cortante, le he preguntado por qué han estado apareciendo por la zona topógrafos e ingenieros tomando datos de campo y haciendo fotografías, y cuando los vecinos les preguntaban, contestaban que era para el futuro paseo marítimo. También e he preguntado cómo es que le pregunté tiempo atrás al ingeniero de la Demarcación de Cistas de Valencia, Jaime Almenar, si estaba dibujando él el paseo marítimo, y me dijo que sí; si me lo podía dejar ver, y me contestó que no, y si el proyecto iba a perjudicar a los vecinos, y evitó contestarme, diciendo que eso no me lo podía decir. Entonces, y solo ante esa evidencia, la Jefa de Costas dijo que no había paseo marítimo, sino SENDA PEATONAL, que es el eufemismo que ahora emplea la Administración para, por lo visto, burlar las limitaciones legales que sufren los paseos marítimos. “Si tengo que organizar todo este lío de prensa y esta audiencia con el Subdelegado del Gobierno para enterarme por fin de eso, la cosa no va bien”, le contesté.

Otra cuestión ha sido la relativa a los informes geomorfológicos. He acusado a Costas de que primero toman la decisión de por dónde debe ir la línea, y luego piden a unos técnicos que lo justifiquen. Ninguna protesta. Ningún comentario. He acusado a los autores del estudio geomorfológico del deslinde del Saler de utilizar el procedimiento de copiar y pegar, tomando información de una página web sujeta a copyright. La jefa de costas no lo ha desmentido. El Subdelegado del Gobierno lo ha disculpado afirmando que se trata de un procedimiento habitual de hacer informes, y que habrá que ver si los resultados finales son científicos o no.  

Es curioso. Después de salir he revisado un recorte de prensa atrasado sobre el proyecto de regeneración de la playa d Corinto y adyacentes. También los ecologistas acusaron a la Dirección General de Costas de hacer copia-pega, y se dieron cuenta porque el informe técnico utiliza como justificación los datos sobre dinámica litoral ¡EN TENERIFE!

El Subdelegado del Gobierno ha puesto en duda que la ley se estuviera aplicando retroactivamente. Le he puesto un ejemplo en el que la Dirección General de Costas se remonta al fin de la glaciación würm (hace 14.000 años) para justificar un deslinde, afirmando que en aquella época el deshuielo hizo subir el nivel del mar 30 metros, y por tanto que en aquella época el agua llegaba hasta un acantilado que hoy se mantiene totalmente seco y bastante alejado del mar.  

Durante la reunión, y antes de que nos pusiéramos tensos, el Subdelegado del Gobierno ha hecho un discurso pedagógico sobre el modo en que se tramitan los deslindes y sobre las garantías de los ciudadanos, afirmando que éstos pueden presentar una propuesta alternativa de deslinde y además acudir a los tribunales. Era palabra por palabra lo mismo que dijo el otro día en una televisión. Después, en la comparecencia ante los medios de comunicación, ha vuelto a repetir exactamente el mismo discurso. Palabra por palabra. Conclusiones:

-Este señor no tiene ni idea de lo que está hablando.

-A este señor le han pasado un fax desde la Dirección General de Costas para que repita robóticamente un mensaje que no es más que pura teoría, me imagino que con la consigna de repetir esas ideas robóticamente y no salirse del guión. 

 Y ya está. Como le he dicho al Subdelegado, es una pena que en España hayamos perdido la capacidad de autodepuración desde dentro, y que tengamos que marcharnos fuera para que nos hagan caso. Pero la extraña actitud del gobierno, escondiendo la cabeza como los avestruces, creo que nos va a conducir por ese camino.

La fundación en Valencia de una plataforma nacional de afectados por la ley de costas es una buena noticia en sí, porque indica que aún están por cumplir los objetivos de trocarnos de ciudadanos en títeres. Una sociedad capaz de reaccionar ante la ignominia es una sociedad viva. Una que se deja hacer está en proceso de descomposición. Así que enhorabuena para todos.

La aplicación de la ley de costas se ha transformado en muchos casos efectivamente en ignominia. Los fusilamientos sumarios, los consejos de guerra y las fosas comunes son cosas del turbio siglo XX.  Lo que prevalece hoy en crímenes de Estado es hacer polvo a la gente con manipulaciones y sutilezas envueltas en una delicada apariencia de legalidad e impregnadas en un aroma de retórica democrática, como verán en seguida.

En contra de lo que se está diciendo, los problemas que denuncia la plataforma no se reducen a los derribos. Este modo de entender la cuestión pone de uñas a un sector social que considera a los propietarios de la primera línea como unos privilegiados a combatir, aunque vayan en alpargatas y aunque la casa, heredada de un bisabuelo, se venga abajo.

Vean: La ley de costas introdujo la importante novedad de que la simple aprobación del deslinde por decisión administrativa extingue la propiedad privada, sin que sea precisa, como antes lo era, la intervención de un juez. La competencia pertenece al Ministro, pero hace mucho tiempo que está delegada en el Director General de Costas, normalmente un ingeniero de caminos. Luego para empezar, usted pierde su propiedad por decisión de un ingeniero de caminos, es decir, de un lego en derecho.

Cuando la ley pasó por el  Tribunal Constitucional acusada de causar una expropiación sin indemnización, el Tribunal declaró que se trataba más bien de una expropiación con una indemnización en especie, donde la indemnización consistía en una concesión por treinta años prorrogables por otros treinta, para que los antiguos propietarios pudieran permanecer en sus casas a título de concesionarios. El Tribunal además amplió los casos en los que podía recibirse esta concesión, proponiendo una interpretación amplísima y generosísima de la ley como único medio de no declararla inconstitucional. Nos encontramos, pues, ante un auténtico pacto social para hacer compatible el carácter público de las costas con el respeto a la propiedad privada.

Pero con este panorama la ley de costas se transforma en inútil, porque no sirve para limpiar las playas, o gran parte de ellas, ya que las viviendas permanecerán aún durante sesenta años, y paisajísticamente es indiferente que sean propiedad o concesión. Quizá por esto la Dirección General de Costas ha inventado un atajo de lo más simple: consiste en hacer caso omiso de toda petición de concesión que le entra, o al menos esa es mi experiencia (hace 25 meses que espero que me digan algo de la primera que presenté). Con esto fuerza a los ciudadanos a un penoso y caro procedimiento judicial que puede durar diez años o más en todas sus instancias, incluso aunque el reglamento de costas dice que si los interesados no solicitan la concesión, se otorgará de oficio, siendo el único modo de que no se otorgue la renuncia expresa.

La concesión es el justiprecio por una expropiación ¿Aceptaría la sociedad que el Estado expropiase los terrenos para el trazado del AVE sin pagar el justiprecio? ¿No sería esto motivo de escándalo? ¿No deberían dimitir los responsables? Esto es justamente lo que está sucediendo con la política de costas: Se arrebata la propiedad pero no se paga el justiprecio.

La Administración opone como motivo la carencia de medios para tramitar tantas solicitudes de concesión, como si eso fuera lo que llaman los ingleses un hecho de Dios, pero la disculpa evidencia una realidad más bien tenebrosa: que el Estado está dedicando el cien por cien de sus recursos humanos y materiales a remeter al interior la línea de deslinde y el cero por cien a compensar sus efectos. Creo que esta Dirección General de Costas, que se ufana de haber deslindado tantísmos kilómetros en tan poco tiempo, habría hecho mejor en dedicar algo así como el cincuenta por ciento de los recursos a hacer deslindes y el otro cincuenta por ciento a compensar los perjuicios. De esta manera podría también ufanarse de no pisotear los derechos de los ciudadanos.

Esto no es todo. Durante una entrevista que tuvo la amabilidad de concederme en el mes de junio, el Director General de Costas me trasladó su intención de rescatar las concesiones una vez otorgadas, puesto que el uso de vivienda está prohibido en el dominio público. Es cierto, pero la propia ley de costas establece la excepción al decir que la concesión se dará con el mantenimiento de los usos existentes hasta ese momento. Y si los usos son de vivienda, lo seguirán siendo. Dicho por la ley y ratificado y ampliado por el Tribunal Constitucional, así que no hay duda Por lo tanto, sepan ustedes que vivimos en un país en el que un ingeniero de caminos, canales y puertos, con su particular visión de hechos indiscutiblemente jurídicos, está llevándole la contraria a tan alto tribunal. Y por desgracia no es cualquier ingeniero: es el que decide. 

Es curioso que la compensación por la expropiación se pueda expropiar a su vez, pero así es. Por cierto, que, según las previsiones del Director General, la expropiación del justiprecio también tiene un justiprecio, lo que quiere decir que está dispuesto a pagar los rescates de las concesiones, pero abonando solo el valor del ladrillo, porque, según dijo, el suelo es público. Por lo tanto, si se ven en esta situación y tienen la desgracia de haber contraído una hipoteca, después de recibir la calderilla que piensan pagarles, ustedes se quedarán sin vivienda pero deberán devolver el préstamo al banco, posiblemente mientras viven debajo de un puente, porque no creo que les queden ya recursos para comprarse otra. 

No se me ocurre ninguna comparación histórica ni política para esta situación. No se la puede tachar de gestión africana, porque es demasiado sofisticada, ni de dictadura militar, porque los ingenieros visten de paisano, ni de tiranía ilustrada, porque la única ilustración de sus autores versa sobre el teorema de Bernouilli. Pero constituye la moderna ignominia, basada en la retórica democrática y en la apariencia de legalidad para conseguir cualquier fin sin reparar en los medios.

Disculpen si invento un término para referirme a ello. Lo voy a llamar postcivilización, porque supone una descomposición del sistema democrático y una deriva hacia algo que no es exactamente la barbarie, y que se parece más bien a un mundo que tiene parte del 1984 de Orwell y parte del Proceso de Kafka. Algo a lo que ya no podemos llamar civilización.

Como ven, el problema va más allá de que unos propietarios enfadados protesten la pérdida de sus casas. Queremos fomentar un debate público sobre la aplicación de la ley de costas, no perder el tiempo con análisis de encefalograma plano. Y no estoy dispuesto a admitir este reduccionismo simplón que solo sirve para ocultar los verdaderos problemas.

Personalmente me caben dudas de que España conserve la debida capacidad de autodepuración para corregir por sí males y errores tan enquistados como la política de costas, y por eso he aconsejado a mis clientes que presenten su queja en Bruselas, aunque antes se deje caer aquí, por respeto y por método. Tengo curiosidad por saber qué opinan en la Unión Europea de una postcivilizada España donde lo que priva es la expropiación sin indemnización, y en la que un único ingeniero de caminos, canales y puertos, además de  permitirse la alegría de prevalecer sobre el propio Tribunal Constitucional, tiene potestad de decidir si los ciudadanos, en especial los comunitarios, se van a quedar pasando la mano por la pared.

 José OrtegaAbogado, joseortega@costasmaritimas.com 

 

EL PASADO DÍA 7 DE ENERO QUEDÓ CONSTITUIDA LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES, AGRUPACIONES Y PARTICULARES, QUE INTEGRAN APROXIMADAMENTE A 2.000 PERSONAS:

 -Asociación de vecinos de Arenales del Sol (Elche).-Asociación de vecinos de Nules (Castellón).-Asociación de vecinos la Casbah (Valencia).-Asociación de vecinos Sol Naciente (Rocafell, Alicante).-Hotel Sidi Saler (Valencia).-Asociación de vecinos de primera línea de Oliva (Valencia).-Colectivo de vecinos de la playa las Deveses (Denia, Alicante). -Propietarios del restaurante Pepita  (Sagunto).-Asociación de vecinos Varadero de Tazacorte (La Palma).-Asociación de vecinos Bajo la Cuesta-Risco de las Tablas (Tenerife). -Asociación de vecinos de la playa de Otur (Asturias). -Vecinos de las playas de Almardá y Corinto (Sagunto, Valencia).-Asociación de vecinos de Alboraya.-Asociación de vecinos de Puerto de los Molinos (Fuerteventura).-Vecinos de Puerto Lajas (Fuerteventura)-Agrupación de vecinos de Guardamar (Alicante)-Agrupación de vecinos de Playa Lisa y Gran Playa (Santa Pola). -Vecinos de la playa de Seselle (Ares, la Coruña).-Vecinos de playas de Villaviciosa (Asturias). 

LA PLATAFORMA  VA A SUSTENTAR LA PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA FORMAL ANTE LA UNIÓN EUROPEA POR APLICACIÓN ABUSIVA DE LA LEY DE COSTAS. LA RECLAMACIÓN ESTÁ BASADA EN UN INFORME DE MÁS DE CIEN PÁGINAS QUE HE ELABORADO, ENUMERANDO DIVERSOS ABUSOS. NO OBSTANTE, CON CARÁCTER PREVIO SE HA ENTREGADO O O EN ALGNOS CASOS SE ESTÁ ENTREGANDO A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EN ESPAÑA:

-Gabinete del Presidente del Gobierno.

-Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente.

-Oficina del Defensor del Pueblo.

-Partido Socialista Obrero Español.

-Partido Popular.

-Izquierda Unida.

-Consejo General del Poder Judicial.

-Presidente de la Generalitat Valenciana.

-Presidente del Gobierno de Canarias.

-Grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas.

-Grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias.

-Presidentes de los Cabildos Insulares de Canarias.

LA INTENCIÓN ES FOMENTAR UN DEBATE PÚBLICO SOBRE LOS LÍMITES RAZONABLES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS EN ESPAÑA.

LOS INTERESADOS PUEDEN SOLICITAR INFORMACIÓN EN ortega_abogados@hotmail.com

MÁS DATOS EN www.costasmaritimas.com