Entre los arrecifes, un charco brilla al sol. Dos niños patean en el agua dorada. Su padre comenta con orgullo que en este rincón los pueden jugar y explorar en libertad, además de aprender a pescar. Los hombres son aquí tipos recios, gente de la tierra que se permite el lujo de unas relaciones sociales hoy prohibidas, las de los núcleos pequeños, donde todos se conocen y comparten. Son esas cosas tan simples como saludarse, comer en grupo o salir al juntos al mar en demanda de un cubo de pescado fresco. Esto antes era siempre así. Ahora nunca o casi nunca, porque vivimos en una sociedad de ciencia ficción donde nadie conoce a nadie y todos desconfían de todos.

Al pensamiento único esas salidas de tono no le van. Al hombre del siglo XXI, para transformarlo en ciudadano modelo, es necesario desnaturalizarlo y romperle las raíces, aunque sea con machete. Es así como se obtiene la sumisión en una sociedad con el Estado como única referencia.

Con el paisaje sucede lo mismo que con las relaciones entre las personas. El pensamiento único ha sido dictado por el Estado y no admite resistencia. El paisaje forzosamente ha de ser como ordena el Estado. De nada valen esos baluartes de civilización que aparecen sorprendentemente en paisajes muertos y secos, y que fueron creados por la audacia humana a lo largo de los siglos. Si la historia del hombre creó poblamientos litorales, refugios pesqueros y enclaves costeros, arrollaremos la historia del hombre para crear una realidad nueva definida por pedruscos y lagartijas conforme a la doctrina del Estado.

Una vez leí un análisis de Robinson Crusoe. Decía que en su naufragio había llevado consigo un equipaje invisible que era la civilización. Aventureros atrevidos abrieron en las costas de Canarias espacios de civilización, a veces en extremos inverosímiles. En ellos, hoy día, los niños en vez de darle a la play station, juguetean en libertad con la arena, los peces y el agua, y los padres gozan de una autentica convivencia con sus vecinos. Una convivencia a la medida del hombre. Es el tipo de convivencia que proporciona la satisfacción de pertenecer a un grupo y asigna seguridad psicológica. Y encima sin cobertura de móvil. Son varios pecados seguidos contra el Estado despersonalizador, el de los hechos materiales (el asentamiento litoral) y el de los inmateriales (las relaciones auténticamente humanas).

   Hoy he estado en Jacomar, en lo más recóndito de Fuerteventura. Para llegar allí hay que tragar polvo a manta por una pista imposible y después caminar ochocientos metros por arrecifes resbaladizos. En un recodo del camino descubres el antiguo refugio pesquero, con sus casas de piedra bien alineadas y sus tejados rojizos, y lo primero que piensas es que estás ante un nuevo milagro en el que unas familias se han animado a humanizar un paisaje inhóspito.

Estoy defendiendo este poblado de la destrucción desde 2007 pero no lo había visto hasta hoy. Los tribunales me han dicho que no a todo y los ingenieros de Costas se movilizaron hace poco para proceder al derribo y de esta manera cumplir con su objetivo, consciente o inconsciente, de dinamitar un foco de civilización, borrar todo rastro del género humano, mandar a los niños de vuelta a la play station y exterminar la convivencia franca, sana y espontánea. La decisión del Estado es que aquí sólo queden las olas y las piedras, y de alguna manera insisten en que esto es conforme con los intereses generales.

No sólo pretenden echar a estas personas. Quieren también que paguen los costes del derribo. Llevo mucho tiempo discutiendo con los funcionarios, las autoridades, el abogado del Estado y los jueces para convencerlos de que la medida es ilegal por el motivo fantásticamente simple de que no hay un sólo precepto en el ordenamiento jurídico que así lo diga, es decir que condene a estas personas a pagar el importe de la demolición (que incluye la limpieza post mortem del lugar y el traslado a vertedero autorizado). Los funcionarios, las autoridades, el abogado del Estado y los jueces me contestan que no tengo razón, pero no me dicen por qué. No aportan ni un sólo argumento que merezca ese nombre, y sobre todo no me citan ningún precepto. En los últimos tiempos, algunos magistrados de Canarias, acorralados por unas demandas judiciales en las que los desafío a que me citen el articulo en cuestión, creen haber encontrado alivio en el articulo 95 de la ley de costas y me dicen que ese precepto es el que legitima la condena a los costes del derribo. Esto me resulta especialmente divertido, porque el articulo 95 se refiere a los expediente sancionadores y la recuperación posesoria no es un expediente sancionador. Por lo demás, un principio general del derecho prohíbe la interpretación analógica o extensiva de normas restrictivas de derechos individuales, que es justamente lo que han hecho esos magistrados. Por lo tanto, el argumento, repetido en bastantes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no es más que el reconocimiento de que no tienen razón. O de que la tengo yo.

  Esto lo he contado sucesivas veces en el Parlamento Europeo: A una familia en Valencia le cobraron más de 60.000 euros para financiar su propio derribo (las pagaron). A una ciudadana de Soller le exigían 360.000 euros (leed la entrada de blog Los escombros perdidos de Fiorentina Mora, es muy divertido). Pero lo de Jacomar es de otra dimensión. Aquí los costes del derribo y retirada de los materiales son brutales porque al lugar no se puede acceder más que con barco, por lo que los responsables pidieron presupuesto para alquilar una gabarra en Las Palmas y les pedían 300.000 euros sólo por ese concepto. Así que entre los costes del derribo, la retirada de los materiales y su entrega a vertedero autorizado es posible que la broma cueste un millón de euros. Ese importe tendrá que ser abonado por las personas a las que he visitado hoy, ninguno de los cuales tenia aspecto de Rockefeller aunque nunca se sabe. Sus hijos no sólo no podrán seguir jugando con los charcos, sino que tendrán que hacerse hombres rápidamente para ayudar a sus padres a pagarle al Estado una deuda imposible. Esto es lo que sucede cuando de pone en marcha el pensamiento único.

Hace unos meses el abogado del Estado pidió autorización al Tribunal Superior de Justicia para ejecutar la sentencia que desestimaba mi recurso, es decir, para desencadenar el Apocalipsis. Formulé alegaciones para que se le denegara por tener en trámite recurso de casación. Y se la negaron. Pero la situación es transitoria. El Estado, con su monopolio para decidir cómo ha de ser el paisaje, está dispuesto a organizar una operación de demolición casi militar, de proporciones inmensas, a invertir cantidades no menos inmensas y a arruinar de por vida a estas familias y a sus hijos exigiéndoles el recobro. Y todo para mayor esplendor de las piedras y de la soledad.

  Si permitimos que el Estado prevalezca sobre la sociedad, estaremos perdidos. El Estado no debería ser otra cosa más que la concreción del grupo. Pero no lo es. Se ha transformado en un aparato independiente que sólo atiende a las élites económicas y si acaso, en lo que nos ocupa, a una casta de ingenieros de caminos y abogados del Estado cuya visión de la realidad es de tiralíneas. Estos tipos ni reparan en los cuartos que sus manías van a costar a toda la sociedad, (porque no los pagarán de sus ahorros), ni se preocupan de la tragedia humana que pueden provocar con sólo una firma (porque no va con ellos), ni mucho menos piensan por un solo instante que pueden no tener razón (porque son así de soberbios).

Como dicen por ahí, si luchamos podemos perder. Si no luchamos, estamos perdidos.
José Ortega

ABOGADO

http://www.costamaritimas.es

 

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restaurante El Bogavante, en la misma localidad

El TSJC desestima el derribo declarado por Costas contra un restaurante de El Golfo

 

 
Crónicas · 15 de septiembre de 2011
 

 

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Fotografía de José Ortega con dos afectados de Fuerteventura.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de dictar sentencia declarando la nulidad de una resolución sancionadora con desmontaje de determinadas instalaciones del restaurante Casa Plácido en El Golfo (Yaiza, isla de Lanzarote).

Según explica la defensa del afectado, la resolución fue dictada por la Jefatura Provincial de Costas de Las Palmas y obedece a un expediente sancionador que, junto a otros de la misma zona, fue tramitado de forma fulminante nada más aprobarse el deslinde, contra varios restaurantes de la zona, a los que se reprochaba la ocupación de dominio público y la servidumbre de tránsito por las mesas y sillas de las terrazas.

Estas terrazas con estas mesas y sillas “son el alma de los restaurantes del Golfo, adonde acuden los usuarios de todas partes para cenar a media tarde mientras contemplan la puesta de sol. Sin esas instalaciones, la vida económica de la localidad quedaría reducida a cero”, considera la parte defensora.

La sentencia declara la nulidad de los actos combatidos por haberse causado indefensión, ya que la Jefatura Provincial de Costas no sólo no accedió a practicar la prueba pedida por el abogado de los propietarios del restaurante, sino que ni siquiera se dio por enterada de la petición. El abogado, José Ortega, considera que de esta manera la arrogancia de la Administración y su desprecio por los derechos individuales se ha vuelto contra la propia Administración.

Esta sentencia se suma a la que fue dictada antes del verano en relación con el derribo de la terraza del restaurante El Bogavante, en la misma localidad. Con ellas queda demostrado que es posible vencer a Costas y que por lo tanto la marea de derribos en las playas de Canarias dista mucho de ser inevitable.

José Ortega , el abogado que ha obtenido la sentencia, es fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y autor del informe sobre aplicación abusiva de la ley de costas que dio lugar a la declaración del pleno del Parlamento Europeo de 26.03.2009 condenando a España por aplicación retroactiva de esa ley y reclamando su reforma. Ha obtenido de los tribunales la nulidad de un deslinde en Punta Larga (Candelaria) y la de un conjunto de siete derribos en El Remo (La Palma) y uno más en La Oliva (Fuerteventura), además del correspondiente al restaurante Bogavante. Al mismo tiempo, ha conseguido la suspensión judicial in extremis de numerosos derribos en El Puertito de los Molinos (Puerto del Rosario, Fuerteventura) y en otras localidades de Fuerteventura.

Ortega cree que esta sentencia debe animar al ejercicio de los derechos individuales, ya que en caso contrario estos derechos se atrofian y terminan por perder significación.

 

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  PUBLICADO EN CRÓNICAS DE LANZAROTE:
 http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article36092

 

 

 

http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/06/04/bar-golfo-libra-pagar-1900-euros-costas/377572.html

 El TSJC da la razón al propietario de El Bogavante pese a que su terraza está en el deslinde marítimo

 

 

Vista del pueblo de El Golfo, afectado por el deslinde de Costas. i J. FUENTES
 
 
Vista del pueblo de El Golfo, afectado por el deslinde de Costas. i J. FUENTES 
 
 
 
 
 

 

 

 

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ
ARRECIFE
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por el propietario del restaurante El Bogavante, situado en El Golfo (Yaiza), Adrián Rodríguez, al que la Demarcación de Costas de Canarias -departamento que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente- había multado con 1.902 euros el 27 de septiembre de 2007 porque mobiliario de su negocio ocupaba el dominio público marítimo terrestre. En su resolución, Costas instó al dueño de El Bogavante a retirar 19 mesas, 76 sillas, 10 sombrillas y una pérgola de madera de 60 metros cuadrados.

Vecinos de El Golfo y Costas mantienen un enfrentamiento desde hace cinco años a raíz del nuevo deslinde establecido por Costas en ese pueblo sureño.

En su sentencia del pasado 25 de mayo, contra la cual no cabe recurso alguno, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC da la razón al demandante por entender que Costas no tuvo en cuenta la suspensión del deslinde solicitada en 2007 por el abogado José Ortega, que representa a buena parte del más de medio centenar de afectados. “Costas tenía un mes para contestar a esa petición y no lo hizo, por lo que el deslinde se entiende suspendido por silencio positivo y no cabe lugar a ningún expediente sancionador ni derribo”, explicó Ortega.

 

 El TSJ  de Canarias acaba de dictar una sentencia por la que anula el derribo del restaurante EL BOGAVANTE, en la playa del Golfo.

En julio de 2006 quedó aprobado el deslinde de la playa del Golfo, que levantó bastante revuelo entre los vecinos ante el temor de que una parte importante del poblado fuera derribada. Casi todos los políticos de la isla dieron un paso adelante para resolver el problema: La Presidenta del Cabildo, el consejero del Cabildo Carlos Espino, el Consejero del Gobierno de Canarias Domingo Berriel y por supuesto el alcalde de Yaiza.

El Golfo vive de sus restaurantes, a los que acuden turistas y viajeros para cenar a media tarde mientras contemplan la puesta de sol. De forma inusual, nada más aprobarse el deslinde, la Jefatura Provincial de Costas de Las Palmas dirigió contra estos restaurantes una serie de expedientes sancionadores por la ocupación del dominio público o la servidumbre de tránsito, con orden de retirada de las terrazas. Esto era ni más ni menos que provocar desempleo, cierre de empresas y el hundimiento de la economía local.

La sentencia, con un importante valor como precedente, da la razón al interesado  cuando denunció la indefensión causada durante la tramitación administrativa, así como en otros aspectos algo más técnicos de la demanda.

Otros dos restaurantes del Golfo, condenados a la desaparición por actuaciones de este tipo propiciadas por la Jefatura Provincial de Costas, están esperando sentencia, que se espera que resuelva en el mismo sentido.

En casos como el del Golfo, donde el deslinde es el primero en aprobarse en la zona, los afectados tienen derecho a la concesión de la DT primera (y evitan así el derribo) en caso de poder demostrar que los terrenos estaban fuera de la línea que se hubiera aprobado con arreglo a la ley de costas de 1969. Precisamente en la playa del Golfo se había tramitado en los setenta un deslinde que no había llegado a aprobarse pero que dejaba fuera del dominio público prácticamente todas las viviendas que el actual ha incorporado al espacio demanial. Se elaboró el correspondiente plano e incluso se pusieron sobre el terreno los mojones que definían este deslinde. Ésta es la prueba de que los vecinos tienen derecho a la concesión y de que sus viviendas no son ilegales, y ésta es justamente la prueba que la Jefatura Provincial de Costas ha estado tratando de ocultar al tribunal, abusando de su condición de juez y parte, ya que en este caso la prueba de que Costas no tenía razón era un documento custodiado precisamente por Costas.

Es penoso vivir en un país donde la propia Administración, obligada por la Constitución a una actuación objetiva, falta al deber más simple de todos, exigible a todo hijo de vecino, como es decir la verdad.

Los vecinos del Golfo son miembros fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y han sido defendidos, tanto contra el deslinde como en este caso contra el derribo de la terraza del restaurante, por el abogado de la Plataforma, José Ortega, que ya consiguió en el pasado verano la declaración judicial de nulidad de un derribo en Fuerteventura, así como la anulación por la Audiencia Nacional de un deslinde en Candelaria, en una sentencia histórica por ser la primera que anula una declaración de dominio público en Canarias. Ortega acaba de conseguir también la nulidad por decisión judicial de varios derribos en La Palma.

Ganz Europa weiss mittlerweile, dass es in Spanien ein grosses Problem bei der Anwendung des Küsengesetzes gibt. Personen, die in der Nähe vom Strand ein Haus gekauft haben, werden mit einem Male überrascht, dass ihr Haus nicht mehr ihr Eigentum ist, da das Grundstück  aufeinmal zum  allgemeinen Gebiet erklärt wird. Die Betroffenden verlieren  ihren Besitz für den sie jahrelang gearbeitet und bezahlt haben.

 Man sollte annehmen, dass bei einer Entziehung des Eigentums der Staat eine angemessene Entschädigung zahlt  Dem ist leider nicht so und der Grund ist der, dass Spanien  kein Geld hat um  alle Besitzer von Immobilien zu entschädigen, die der Staat einbehält. Stattdessen gibt es jetzt ein Gesetz mit einem merkwürdigen System von Entschädigung in Form von einer Konzession. Die Personen dürfen einen festgelegten Zeitraum weiterhin in ihren Häusern bleiben. Das Verfassungsgericht, dass aus Richtern besteht die von den politischen Parteien bestimmt wurden, meinen dass diese Entschädung ausreichend ist. Davon ist allerdings nur das Gericht und die entsprechende Partei überzeugt, aber nicht der Rest der Gesellschaft.

 Aber es gibt noch mehr Probleme. Diese Konzession ist ein schwacher beziehungsweise vergänglicher Anspruch, den die Regierung wann immer sie will für null und nichtig erklären kann, sobald sie das Grundstück für einen öffentlichen Bau benutzen möchten. Der Boden wird geschätzt und da es sich um öffentlichen Eigentum handelt bekommt das Opfer für sein Haus von 70m2 auf einer Parzelle von 800m2 einen Betrag von 136 Euros. In diesem Fall ist das Opfer ein Rentner, der 540€ Rente bekommt. Die spanische Regierung in diesem Falle der PSOE  verdammt diese Person für den Rest seines Lebens auf der Strasse zu leben.

 Obwohl die Regierung durch das Gesetz verpflichtet ist die Konzessione zu gewähren, wird diese nicht eingehalten. Die Betroffenen leben zwar weiterhin in ihren Häusern aber in einer Situation von rechtlicher Unsicherheit .Niemand von diesen Bürgern weiss seine Rechte und Pflichten. Sie haben  zwar weiterhin den Schlüssel zu ihren Häusern, aber da es sich jetzt nicht mehr um ihr Eigentum handelt sondern das vom Staat, kann dieser ihm eine Strafe verhängen, sobald einer von ihnen die Fassade des Hauses streicht oder einen Fentstrahmen austauscht. Die Regierung hat es eilig die Küstenlinie zu ändern, aber kümmert sich nicht um die  Lösung der daraus entstehenden Probleme.

 Diese Situation ist ein Anschlag auf das Eigentum und auf die Würde des Bürgers. Die Anwendung dieses Gesetzes ist wie ein schlechter Scherz. Aus diesem Grund entstand die Nationale Platsforma der Betroffenden des Küstengesetzes. Im Januar 2008 versammelte ich alle Kollektive von Spanien ,die mir ihre Verteidigung anvertrauten,   um diese Plataforma zu gründen. Nachdem ich mich überzeugt habe, dass ich innerhalb von Spanien nichts erreichen konnte, habe ich mich mit einer Beschwerde an das Europäische Parlament gewandt. Das Eurpäische Parlament reagierte sehr schnell und gab uns bei der Instanz vom 26.03.09 in allem recht. Witzigerweise wurde uns ein paar Wochen vorher vom sapnischen “Verteidiger der Bürger”  in absolut gar nichts recht gegeben.

Bei den zwei Debatten  (20.01.09. und 24.03.10) an denen wir teilnahmen vermissten wir die Unterstützung der Deutschen Eurodiputados. Allerdings haben uns die Engländer sehr geholfen.

Die spanische Regierung hatte erwartet, dass  die Bürger ihren Unmut mit lauten Streiks auf der Strasse zum Ausdruck bringen würden, aber stattdessen wurden sie durch ruhige, intelligente und gut dokumentierte Initiative überrascht, wo nur Worte und Vernunft benutzt wurden. Die Plataforma ist ein Beispiel an gewaltlosem Kampf gegen den Staat, etwas was normal sein sollte in einer gesunden Gesellschaft.

José Ortega

Rechstanwahlt

www.costasmaritimas.com

 PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS

NOTA DE PRENSA

 

SOBRE LA CAMPAÑA EUROPEA DEL MINISTRO JOSÉ BLANCO

 Ante la visita de D. José Blanco a Londres y otras capitales europeas, en orden a convencer a los ciudadanos para que inviertan en segundas residencias en España, deseamos alertar a los destinatarios de esos mensajes para que sepan que en nuestro país, como consecuencia de la ley de cosas, la propiedad privada es totalmente insegura y no resulta recomendable seguir los consejos del Ministro de adquirir aquí una casa de vacaciones porque en cualquier momento el Gobierno se la podrá quitar sin una compensación justa.

Esta campaña del Ministro resulta particularmente inoportuna cuando es un clamor el sufrimiento de tantos ciudadanos europeos, españoles o no, que tenían una casa en la playa y de un día para otro se han encontrado sin nada. De hecho, uno de los motivos de que el Ministro se vea obligado a salir de gira para fomentar la venta de viviendas de vacaciones en España es que su propio Gobierno ha generado en los ciudadanos una desconfianza totalmente comprensible mediante la aplicación de la ley de costas.

Según esta ley, el dominio público abarca todo espacio alcanzado por las olas o la arena. Un funcionario público pone la línea detrás de su casa y, sin la previa intervención de un juez, usted perderá la propiedad que tanto le costó adquirir y su inscripción en el Registro de la Propiedad ya no valdrá nada. El Gobierno ofrece como indemnización una concesión administrativa sobre la propia vivienda durante un tiempo limitado, pero normalmente sólo otorga esas concesiones cuando a continuación va a rescatar el terreno para hacer una obra pública. Las compensaciones que se dan en ese caso son ridículas. En este momento a un ciudadano de Cádiz le están ofreciendo como precio un total de 136 euros.

El Parlamento Europeo, en su resolución de 26.03.09, dictada a consecuencia de la  queja formulada por la PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, ya instó a España a modificar la ley de costas para, entre otras cosas, asignar indemnizaciones decentes a las expropiaciones derivadas de su aplicación. El Gobierno no ha hecho el menor caso de esta declaración y en lugar de eso ha iniciado un peregrinar por Europa a fin de vender propiedades sobre las que no existe ninguna garantía.

José Ortega

Portavoz

Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

 

 

 

 

 

 

 

               Picar sobre la foto para ampliarla 

La I JORNADA DE ESTUDIO DE LA LEY DE COSTAS, organizada por la PLATAFORMA  NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, deparó mucha emoción, muchas sorpresas y mucha satisfacción.

El acto central de la Jornada reunió en una mesa a:

-Francisco Montoya, Ingeniero de Caminos, antiguo Subdirector General de Costas y corredactor del reglamento de costas.

-Alfredo Masó, profesor de Macroeconomía de la Universidad de Alicante, presidente del colectivo de Arenales del Sol y miembro de la junta directiva de la Plataforma.

-José Luis Almazán, Ingeniero de Caminos, funcionario en excedencia de la Dirección General de Costas y profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

 -Mario García, alcalde de Nules.

  -José Serra, Ingeniero de Caminos y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. Director del Laboratorio de Puertos y Costas de esta Universidad.

  -Un servidor, Abogado.

  Todos moderados por Carolina Fernández, periodista de Las Provincias.

   Me parecieron especialmente significativos los puntos de vista de Almazán y Montoya, dos funcionarios del Estado que han estado durante años trabajando en la casa y que no mantienen puntos de vista muy alejados de los de los afectados en cuanto a la vigencia actual de la ley de costas y la conveniencia de su reforma.

  Montoya es un interesante conversador. Hace no mucho, cuando era Jefe de Costas de Castellón, hizo algo insólito: Me llamó para cambiar conmigo impresiones sobre la ley y su aplicación. Yo, acostumbrado a todo lo contrario, la verdad es que no sabía qué pensar mientras acudía a su despacho. El encuentro fue franco, respetuoso y creo que fructífero. Entonces, como no me lo explicaba, sospechaba que la maniobra escondía alguna directriz tremebunda de los jefes de Madrid. Ahora pienso que Montoya era y es un intelectual y que sólo quería conocer mi punto de vista. La prueba de ese carácter es que en estos días, al poco tiempo de su jubilación, en vez de tumbarse en el sofá a ver Tele 5 se ha puesto a redactar su tesis doctoral, que naturalmente va de la ley de costas.

  A Almazán no lo conocía hasta hace poco, pero cada cambio de impresiones de los que había mantenido con él acreditaba su profundísimo conocimiento y su dilatada experiencia a todo lo relativo a las costas. Su ponencia lo demostró. No sólo sabe. Además es valiente.

  Serra intervino en sustitución de su compañero José Medina, que sufrió un imprevisto. Pensé que era mejor traer a la mesa redonda a Medina porque Serra le ha hecho un flaco favor a los vecinos de La Casbah, ya que como responsable del programa de vigilancia ambiental de la ampliación del puerto de Valencia de 2007, no ve relación entre dicha ampliación y la fortísima erosión marina en las playas del Saler y Pinedo, que recientemente descalzó el paseo marítimo situado frente a la Casbah. En todo caso, su autoridad en la materia está fuera de toda duda y sus buenas relaciones con el Gobierno ponen aún más en valor los puntos de vista reformistas que mostró.

Mario García es el alcalde de un pueblo como Nules, que sufre como ninguno por la erosión marina y que está perdiendo superficie a ojos vista como consecuencia del efecto sombra del puerto de Burriana.

De Alfredo qué os voy a contar. Fue el auténtico inspirador de esta cosa que es la Plataforma cuando en una comida en Alicante, en septiembre de 2007, me propuso de forma directa que uniera a todos los colectivos que trabajaban conmigo en un gran colectivo nacional.  Antes, después y durante ha luchado no sólo contra los de enfrente, sino también a veces contra los de al lado.

No voy a contar ahora ningún resumen de lo sucedido en la mesa. No tiene sentido primero porque saldría un rollazo de varios folios y segundo porque en cuanto me pasen la grabación colgaré los videos y todo el mundo podrá enterarse de pe a pa. No obstante, os traslado desde este momento mi perplejidad ante la opinión unánime de todos los presentes en el sentido de que es precisa una reforma de la ley de costas. Esto es algo que resultaba impensable hace no mucho tiempo.

 Recuerdo que cuando pusimos en marcha la Plataforma, aquel 8 de enero de 2008, alguien muy entusiasta propuso meterse con la ley y lo desaconsejé porque en aquel momento la sociedad no estaba preparada y corríamos el riesgo de pasar por señoritos privilegiados a quienes incomodaba una ley de protección del medio ambiente bastante prestigiosa. Ese momento ha quedado muy atrás. Ahora, después de todo lo que llevamos hecho y sufrido, no sólo se puede pedir una reforma de la ley, sino que la reclaman con nosotros los mayores expertos del país.

Una vez, mientras me encontraba en la herboristería Pepe Navarro, recibí la llamada de Marcial Pina, de Arenales del Sol. Era un hombre muy solemne. Después de una breve conversación, concluyó diciéndome varias veces: “No nos deje… No nos deje”.

Recuerdo otro día, en un otoño frío y en una casa enorme y más fría aún, cuando conocí a José Martí, un prestigioso abogado mercantilista de Barcelona que me llamaba para salvar aquel caserón, su casa familiar de Oliva.

Y también recuerdo el verano de 2007, cuando un sonriente Juan Miguel Terradez llevó al maltrecho local de la asociación de vecinos de la Casbah unos cubitos de limón granizado para celebrar su cumpleaños en medio de una reunión de trabajo en la que ya se empezó a fantasear con una fórmula colectiva de defensa que fuera más allá de los recursos administrativos o judiciales.

Los tres murieron en el camino sin llegar a ver este momento, que creo que es un momento histórico que va a hacer de gozne para cerrar un tiempo y abrir otro nuevo. El momento en el que todos y cada uno de los componentes de la mesa de discusión, consultados por Carolina Fernández, respondieron SÍ a la pregunta de si había que reformar la ley de costas.

 Como dije en mi turno, la ley se reformará gracias a una labor tranquila, inteligente, pacífica y constructiva llevada a cabo por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas desde el momento mismo de su fundación. No hemos chillado, no hemos insultado, ni hemos roto cristales. Hemos metido el dedo en el ojo, como debía ser, pero con educación y poniendo la semilla donde podía germinar y crecer, no en el suelo estéril de esta España de cuya vida pública los valores de justicia, ética y dignidad parecen haber huido.

 El trabajo que hemos hecho es un ejemplo de cómo la sociedad puede sobreponerse al aparato del Estado. Una sociedad donde sucede algo así sigue siendo una sociedad saludable. Creo que hemos dado un ejemplo de lucha cívica.

LIBRES PERO SIN ALAS

abril 4, 2011

 

  Un Estado sin alma en guerra contra el alma del pueblo.

  En 1988 el partido socialista puso en marcha una ley para proteger las costas. Era necesaria, porque la aplicación de la ley entonces vigente doy fe que era de risa. Pero quizá hubiera sido más apropiado ponerse serio con la que ya había y dejar de hacer el tonto.

 La ley nueva ampliaba las definiciones del dominio público dando lugar a que enormes espacios que antes eran privados pasasen a poder del Estado. Esto, naturalmente, planteaba un problema de cuidado en relación a las viviendas existentes en esas zonas, porque por un lado la propiedad no se puede suprimir de un plumazo y por otro no había dinero suficiente en España para indemnizar esas expropiaciones. La solución fue una síntesis en la que la indemnización no se daba en dinero, sino mediante una autorización temporal para seguir habitando la casa expropiada como concesionario. El Tribunal Constitucional dijo que eso era compensación suficiente (¿?) y la cosa quedó así hasta que nació la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas para denunciar los abusos del Gobierno sobre los humildes, los pobres, los desamparados y sobre la clase media y consiguió, entre otras cosas, que el pleno del Parlamento Europeo (26.03.09) declarase que aquel mecanismo era en realidad una expropiación sin indemnización.   Así es como lo consideran todos: afectados, políticos y gobiernos europeos y medios de comunicación. Todos excepto el Gobierno y los jueces de aquí.

   La praxis de la ley de costas sugiere un país que quiere vivir por encima de sus posibilidades reales. Rescatar los antiguos terrenos dunares y rehabilitarlos está bien. Hacerlo a coste cero sobre las costillas de los ciudadanos, en cambio, no resulta tolerable. El Estado se porta como esas familias que ansían tener el coche de último modelo, la tele de más plasma y más pulgadas y el sonido más estéreo, pero a la que no le llega el sueldo. Es lo mismo. Lo que pasa es que lo disfrazan estupendamente pero en el fondo es eso. Quieren limpiar las playas de pobres para fomentar el turismo de calidad y a esos pobres que los zurzan.

 No somos capaces de encontrar el término medio. O vendemos el país a los especuladores o lo entregamos a unos funcionarios fanáticos que echan arena sobre el bosque para decir que es una duna y que se presentan por sorpresa y sin autorización judicial para derribar las viviendas de familias humildes. Pero estos  celosos señores de la ley y el orden ni siquiera son capaces de guardar coherencia con su propia severidad porque,  aunque sea increíble, al mismo tiempo que se dictan actos retroactivos pasando al dominio público viviendas construidas fuera de él y anteriores a la ley, en este momento hay en España varios procesos de desafectación (retirar el carácter de dominio público) de terrenos donde los especuladores construyeron cuando ya eran dominio público. Es un espectáculo de circo ver cómo se priva de su propiedad y se derriban viviendas alzadas en terrenos privados, comprados y pagados, y se desafecta lo construido sobre el dominio público. Lo que pasa es que esto lo llevan con mucha discreción.

  El desaliento de las víctimas de estos feroces ejecutores de la ley de costas queda bien resumida en los versos de Blas de Otero, que nos define como ciudadanos libres pero sin alas. Tenemos derechos, sí, pero hasta que nos toca la china de cruzarnos en el camino del Estado. Como te pase eso, despídete. Parecía que Serrat estaba pensando en estos cuando escribió aquel tema que decía “no conocen ni a su madre cuando pierden el control”.

   Llegará el día en el que España se libre de los lobos que nos afligen, de los fanáticos, los sectarios y los soberbios señores acostumbrados a pasarnos por encima para cumplir lo que ellos creen que es un ideal. Llegará el día en el que España no sea una democracia de cartón pintado inflada con consignas de aire.  Llegará un día en el que no hará falta luchar por lo que es evidente. Pero ese día no ha llegado. Y no llegará si descansamos o lo dejamos correr. Esta no es una lucha por el derecho de propiedad de unos pocos. Es una lucha por la dignidad. Escuchando el llanto de las víctimas es como he llegado a percibir el envilecimiento del sistema y a comprobar que el problema no es la ley de costas, sino una democracia que no funciona.

   LIBRES PERO SIN ALAS es un documental producido por LUGALBANDA SL que cuenta cómo un Estado sin alma hace la guerra al alma de su propio pueblo y cómo la sociedad puede prevalecer frente al Estado empleando como arma sólo la palabra.