Estimados señores y señoras del partido popular:

Pronto, salvo mayúscula sorpresa, ustedes van a formar gobierno y podrán, entre otras, cosas, revisar la política de costas. Ya saben que desde la Plataforma redactamos un proyecto de reforma de una ley que, siendo necesaria, en su redacción actual resulta maniática, persecutoria y abusiva. Urge cambiar la ley, pero de eso hablaremos otro día.

Yo creo que más importante que cambiar la ley es pegarle un repaso a las plantillas para ver qué funcionarios son capaces de resistir la prueba de esfuerzo del respeto a los derechos individuales, que es mucho más fácil que hacer que la prueba de esfuerzo de los bancos. Hay que aplicar la ley, hay que defender las playas de los especuladores y hay que defender para todos lo que es de todos. Que sí, que sí…  sin cinismos ni doble sentido. Pero es innegociable que esto se haga guardando el respeto a los ciudadanos. Créanme, señoras y señores del PP, que hay una gran labor por hacer. Ustedes me da la sensación de que no tienen ni idea de la complicación que tienen por delante. La familia de los ingenieros de caminos, canales y puertos es una familia cariñosa y bien avenida que participa de determinadas estrategias, nociones y metas. Hace poco estaba con un alto cargo que comentaba que un día se desvió del dogma y sus compis le advirtieron: “Oye, que tú eres de la casa”.

Sí, esa es la cuestión: Tú eres de la casa. Eres uno de los nuestros. Eres de la secta. No nos vayas a traicionar, qué mosca te ha picado, por qué nos haces esto, por qué te desvías, por qué piensas por tu cuenta, por qué no te sometes, por qué has dejado de ser como nosotros, o mejor tan borde como nosotros.

Sólo como ejemplo: Un día mantuve una charla simpática con cierto Director General de Costas y me quedé tieso al escuchar su teoría sobre las concesiones de la transitoria primera. Dijo que daría las que fueran precisas pero que a continuación las pensaba rescatar porque el uso residencial en el dominio público está prohibido por la ley de costas.

Atended a este mecanismo: Los deslindes obran una expropiación forzosa especial que te deja sin casa o sin lo que sea. Como España no tiene bastante dinero para pagar las indemnizaciones por esas expropiaciones, la ley se inventa la compensación en forma de concesión y el Tribunal Constitucional dice (vete a saber por qué) que esas concesiones son justiprecio suficiente. Pero no contentos con ese proceso ya indecente de por sí, acto seguido el jefe de los jefes dice que te da la concesión para quitártela al día siguiente, y lo hace sobre la base de una mentira, porque siendo cierto que el uso residencial está prohibido en el dominio público, también lo es que estas concesiones son una excepción establecida por la misma ley porque sin no fuera así no habría compensación y nos encontraríamos ante una expropiación sin indemnización. Y esto, una expropiación sin indemnización, es lo que promovía aquel Director General de Costas. Así de burro, así de cruel y así de arrogante era el planteamiento. Pasándose por el arco del triunfo la ley, el derecho, el Tribunal Constitucional, la Constitución y absolutamente todo. No era un loco, un trapisondista o un marciano. Era el jefe de los jefes, el que decidía lo que había que hacer y no hacer en política de costas. Mandaba sobre un equipo humano perfectamente engrasado, obediente, complaciente y entregado a su caudillo.  Él ya no está, pero el equipo sigue. Esto es lo que deben saber (y temer) los señores y señoras del PP.

Ahora han puesto de jefe de los jefes a Pedro Antonio Ríos. Tengo entendido, por informaciones privadas, que es un buen tipo. De hecho, le envío desde aquí, a modo de saludo críptico, unos cuantos códigos secretos: Zalacaín, Los Lebrillos, El abanico de cristal, El candil, Aula, el Sur e Ipanema. Seguro que lo coge.

¿Qué va a pasar con él? Que sus subordinados distinguidos se lo van a comer crudo. Como me decía el otro día aquel alto cargo, lo van a abducir. Posiblemente le van a presentar una visión de la realidad total y absolutamente viciada. Y él se la va a creer porque no le queda otro remedio y porque ni tiene ni puede tener ni idea del tema. Lo mismo que todos los políticos de todos los partidos, que no tienen tiempo para enterarse de qué va esto porque están demasiado ocupados en sus luchas de poder internas y externas, que los dejan tan agotados que prefieren dejar el tema a… ¿A quién? Pues sí. A ellos.

D. Carlos Floriano

Una vez tuve el privilegio de ser recibido en el Congreso por D. Carlos Floriano, portavoz parlamentario del PP en medio ambiente. Lo encontré muy sensible a las opiniones de los miembros de su partido que habían tenido responsabilidad en costas. Y esto me preocupó. Formó en mi mente la imagen de un nuevo jefe de los jefes con carné del PP, acosado, engañado, condicionado, intoxicado y abducido por los ingenieros de costas del momento. No importa que sean ingenieros de costas del PP. Primero pertenecen a su gremio, después a su partido. Mi temor hacia esa inclinación de Floriano a confiar en los ingenieros de costas de su partido es un temor respetuoso, pero  fundado. Cuando ese partido forme gobierno, como triunfe el punto de vista de estos señores, apañados vamos porque todo seguirá igual. Ya pasó con el primer jefe de los jefes nombrado por Aznar. El hombre no era ingeniero, sino abogado, lo que abrigó esperanzas de… No, nada. Su dureza fue modélica. Y sobre su arbitrariedad juzgad vosotros mismos: En mayo de 1997 se cargó Los Arenales del Sol con un deslinde retroactivo modélico. En septiembre del mismo año, creo que atendiendo a ciertas sugerencias del entonces Vicepresidente Álvarez Cascos, inició un proceso tendente a desafectar espacios demaniales de Ribadesella. En Arenales del Sol se decía que los edificios sobre la arena no privaban a la arena de su carácter demanial. En Ribadesella, en cambio, que los edificios sobre el dominio público natural habían desnaturalizado el suelo y que había que respetar los derechos de los propietarios. El bonito gesto se comprende en parte, ya que el orgullo de ser asturiano debe notarse. Pero ¿qué pasa con el orgullo de ser ilicitano? Es el PP el que debe responder a esta difícil pregunta.

La palabra purga es una palabra fea, pero ustedes verán. O el futuro gobierno popular sustituye al equipo entero o no va a cambiar nada. Incluso esta ley tan feroz es posible aplicarla de forma respetuosa con los ciudadanos, siempre que ustedes cambien el equipo. Al mismo tiempo, una ley nueva, incluso aunque sea más tibia, tolerante o dulzona, puede convertirse en una herramienta de destrucción si el equipo continúa.

 

D. Rafael Eimil

Veamos el quién es quién que yo manejo. D. Rafael Eimil es el jefe de costas de Coruña. De una forma muy, muy respetuosa, considero que no debería continuar al frente porque se cargó el poblado de Villarrube sin autorización judicial de entrada, forzando de paso a la guardia civil a lo que modestamente me parece a mí que es deshonrar el uniforme al ponerse a proteger a los agresores en vez de a los agredidos.

Doña Lidia Pérez

Doña Lidia Pérez es Jefa de Costas de Valencia. Derribó el restaurante Pepita sin que unos cuantos de los hermanos propietarios tuvieran ni idea del asunto y cuando los interesados reclamaron la concesión de la transitoria primera, informó a sus jefes de que la petición era imposible porque el restaurante ya no existía. A los vecinos de la Casbah, cuyas viviendas están amenazadas por los temporales, les dice que se apañen como puedan. Incluso a pesar de que el mar prácticamente destruyó el paseo marítimo.

D. Ramón Galán

D. Ramón Galán Cortés es Jefe de Costas de Oviedo. Le envió al fiscal de medio ambiente de Asturias información sesgada sobre una vecina de Otur que había hecho obras en una casa de su propiedad y en un terreno que era de su propiedad hasta meses atrás, que había sido tragado por el deslinde y que debía ser dado en concesión. El resultado: Querella criminal por delito contra el medio ambiente. Se archivó después de que los propios empleados de la jefatura de costas dejaran mal a su jefe en su declaración judicial.

D. Carlos González es jefe de costas de Tenerife. Todos los años, los vecinos de la Bombilla instalaban un embarcadero para poder bañarse. Recientemente ordenó retirarlo y desde entonces el que ose meterse en el agua se arriesga a partirse la crisma. Qué casualidad que la inesperada orden coincidiera con la suspensión cautelar de los derribos masivos, dictada por la Audiencia Nacional. No digo yo que hubiera resentimiento ni venganza porque no soy el confesor de D. Carlos González, pero cada uno que piense lo que quiera. Lo de Bajo la Cuesta ya ni me canso en contarlo, pero recuerdo que este hijo de Dios, que chupó de la teta de su madre como todas las personas de bien de este mundo, sigue empeñado en derribar el barrio entero sólo para no reconocer que sus técnicos se equivocaron en  el cálculo de un ángulo.

D. José Miguel Pintado

D. José Miguel Pintado es Jefe de Costas de Las Palmas. Creo que el consejero Berriel (que en los pocos ratos que le dejan libre la defensa de los afectados por la ley de costas se dedica a derribar viviendas en la servidumbre de protección) influyó en su nombramiento. Está continuando la labor de su predecesor en la limpieza, entre otros rincones, de Fuerteventura. Jacomar es una aldea donde sólo se puede llegar a pie, por lo que los derribos hay que hacerlos trasladando la maquinaria pesada por mar a bordo de gabarras. Por eso es una auténtica fortuna lo que cuestan esos derribos, pero él parece que sigue empeñado, porque luego le pasará la factura a los vecinos.

D. Celestí Alomar es jefe de costas de Baleares. Derribó una preciosidad de casa solariega de piedra, edificada en los años veinte del siglo idem, sin escuchar a la propietaria, que insistía en reclamar el derecho de concesión. De propina le pasó 370.000 euros (según dice la interesada) como factura por el derribo. He oído que de ese importe, como 180.000 euros se correspondían con el traslado y entrega de los escombros a vertedero autorizado, y que como la entrega no llegaba, el del vertedero contrató a un detective que se dio una vuelta por la playa para descubrir que los escombros, incluyendo un buen número de hierros retorcidos, el Sr. Alomar los había enterrado en la misma playa. El interesado dijo en su descargo (según he oído) que si hizo tal cosa fue en el noble empeño de rellenar lo que había sido la fosa séptica de la familia.

Doña Francisca Baraza

Doña Francisca Baraza es jefa de costas de Murcia. Se le ocurre trazar una senda peatonal por los acantilados de Cabo Palos. Tiene tres metros de anchura (la senda, no la Paca, que está delgada) y va por la servidumbre de tránsito, pero paradójicamente, en lugar de discurrir por los tres metros exteriores y al borde del acantilado, lo hace por los tres metros tierra adentro. Incomprensible diseño que quizá se explique si añado que ese trazado tan anómalo pasa por encima de una vivienda existente en la zona, que se salvaría sólo con que doña Francisca Baraza hubiera dispuesto su paseo por el borde del acantilado, como era de esperar.

José Ramón Martínez Cordero es un jefe importante de Madrid. Creo que es el que mueve los hilos, o uno de ellos. Tiene cara de tipo estupendo, me cae bien (sí, yo tampoco lo entiendo) y  me da que debe ser buena persona, aunque es sólo un pálpito. Un día, cuando andaba perdido por la casa buscando el aseo, me indicó amablemente el camino, y esto une mucho. La verdad que el tío inspira confianza y no tiene cara de perverso, intrigante o Rasputín, pero a ciertos afectados se las hizo pasar canutas porque no le dio la gana de enseñarles el expediente de deslinde que les concernía y que necesitaban revisar porque les iban a tirar las casas al suelo. Ni ley de procedimiento administrativo, ni convenio Aarhus ni nada. Que no y que no. Tuve que recurrir al Parlamento Europeo, a Margret Auken y al asesor jurídico de los Verdes europeos para quebrar esta resistencia.

Francamente, no creo que sea ni disparatado ni caprichoso ni infundado pedir a los señores y a las señoras del PP que cuando formen gobierno, retiren muy gentilmente a estos servidores públicos de sus actuales funciones y los sustituyan por otros que entiendan que su razón de ser como funcionarios es servir a los ciudadanos en lugar de hacerles la vida imposible como corolario de su adhesión al dogma de la secta. No, no estoy pidiendo que activen ustedes esa rutina de quitar a los jefes de costas que no son de su partido y poner a los que sí lo son. Que no, que no es eso. Saquen el destornillador y desmonten la maquinaria de Madrid.  Si estos señores de Taifas hacen lo que hacen creo que es para hacer méritos ante Madrid. Es en Madrid, en la plaza Juan de la Cruz, donde tienen ustedes que poner valentía, ingenio y acierto para cambiar las cosas.

Personalmente no tengo el menor deseo de que la casa pase a estar dirigida por tipos blandos, maleables, ignorantes y dóciles ante las presiones de los especuladores o simplemente de los ciudadanos carentes de escrúpulos (que los hay). Hay que ser muy exigente vigilando que nadie pueda privatizar las playas. Pero hay que acabar por siempre con el fraude colectivo de unas personas humanas que han confundido su título universitario de ingenieros (y de otras cosas. Doña Francisca, por ejemplo, es bióloga, como Ana Obregón) con el carácter de instrumentos del destino para devolver las playas al tiempo de Adán y Eva a coste cero porque ese coste  recae sobre las costillas de los ciudadanos.

Bueno, y aparte de repoblar la casa con funcionarios tan enérgicos como probos, piensen ustedes en la función didáctica. Los responsables se conducen con soberbia, y esto el pueblo lo lleva mal. Soberbia, arrogancia, chulería y abuso, sí. Sepan que no hay nada de malo, sino todo lo contrario, en explicar las medidas que hay que tomar en las playas y en tratar de convencer a sus destinatarios. Necesitan ustedes que alguien, o un equipo, dé a estas personas la sensación de que son escuchados. Alguien con mucha paciencia y capacidad que se reúna con ellos no en los madriles, sino en los sitios conflictivos, alguien que se meta en las tripas del problema, se rodee de víctimas y haga el supremo esfuerzo de hacer entender que ciertas medidas son necesarias. A los orgullosos ingenieros ni se les ha pasado por la cabeza una cosa así. Y a los políticos que están por encima de ellos menos aún, porque creen que los primeros tienen las cosas a buen recaudo. Tienen ustedes un problema muy agudo de mentalidad que les impide ver las cosas más sencillas.

Te quito la casa, te doy a cambio una concesión y luego te la rescato por CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS, como le sucede a un vecino de Cádiz, que por cierto no tiene otro techo. Ante esto, te caben dos opciones: O encuentras una casa para comprar por ese precio o te suicidas. Si alguien le llama a esto fraude colectivo, yo no lo voy a contradecir. Y si otro alguien lo llama fascismo cerril, a lo mejor hasta le aplaudo. Esto es lo que los ingenieros están haciendo y los políticos consintiendo.

La cosa es simple, señores y señoras del PP: aparte de la afición que le ha cogido su diputado D. Carlos Floriano a hacer bolos por las playas prometiendo un cambio en la ley de costas que nadie ha visto ¿Están dispuestos a admitir que tenemos un problema que requiere una intervención seria en las plantillas o se van a limitar a jalear el tema de costas en la campaña electoral para después dejar que los funcionarios en cuestión sigan persiguiendo a los ciudadanos?

Creo que es bueno para España que retiren ustedes de la circulación a las personas que he nombrado y les encomienden otras funciones. No que los humillen ni los posterguen ni los hundan, aquí no hay nada personal. Simplemente que los pongan a hacer otras cosas. Seguramente serán excelentísimos técnicos con capacidades y potencialidades que aguardan a manifestarse, quizá gloriosamente. Por ejemplo, sé que en Águilas, la ciudad de origen de Doña Francisca Baraza, hay tortugas silvestres ¿Por qué no encargarle un estudio de sus poblaciones, hábitos e incluso sexualidad? A los ingenieros los podrían poner a calcular estructuras, que es para lo que vinieron al mundo. Y así sucesivamente.

Vamos a hacer una España mejor. Podemos mantener las playas a raya de los amigos del ladrillo al mismo tiempo que respetamos a los ciudadanos, sus derechos y su dignidad, y rehabilitamos la imagen de nuestro país ante Europa. Puede hacerse. Tenemos que saber si el PP además está dispuesto a ello.

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NOTA DE PRENSA

 EN RELACIÓN CON LA NOTA DE PRENSA DIFUNDIDA POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y NATURAL SOBRE EL DERRIBO DE LA VIVIENDA DE D. JOHAN Y DOÑA INGRID WEICHSELBAUM

 La Agencia de Protección del Medio Ambiente Urbano y Natural del Gobierno de Canarias ha remitido a los medios de comunicación una nota de prensa inusualmente extensa y prolija en la que explica los motivos que la han llevado al derribo de la vivienda de D. Johan y Dª Ingrid Weichselbaum en Guía de Isora.

Las mentiras para ser eficaces necesitan disfrazarse de verdad. Por eso contar verdades a medias es la forma más eficaz de mentir y eso es lo que ha hecho la Agencia, remitiendo una nota que contiene la verdad, pero no toda la verdad, y que resulta más un instrumento de propaganda que una información veraz sobre lo sucedido.

Lo sucedido es que la Agencia se ha conducido, en mi opinión, por una mezcla de despiste, error de derecho, renuncia a la responsabilidad, fanatismo, secreto culpable y, con motivo de esta nota, demagogia populista.

DESPISTE: Es cierto que la vivienda fue construida sin licencia, y eso está mal (aunque lo Sres Weichselbaum son compradores terceros de buena fe). Pero de modo sorprendente, la Agencia NO tramitó expediente administrativo de derribo por este motivo. El expediente se tramitó únicamente por invasión de la servidumbre de protección. En lugar de ordenar una investigación interna para averiguar quién fue el funcionario o autoridad responsable de que NUNCA se tramitara contra la vivienda un expediente de derribo por ausencia de licencia, la Agencia carga contra los ciudadanos ejecutando un derribo que, en la parte fuera de la servidumbre de protección, no está amparado por la previa elaboración de la decisión con audiencia de los interesados mediante un expediente administrativo.

 Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia: a) Si es cierto que NUNCA se tramitó un expediente de derribo por ausencia de licencia y que el único expediente lo fue por invasión de la servidumbre de protección b) Si es cierto que la servidumbre de protección, según el deslinde, sólo afectaba a la mitad de la casa y c) Si es cierto que se ha derribado o se está derribando la vivienda entera, incluyendo la parte que sólo está afectada por problemas de licencia sin previa tramitación de expediente de derribo por esos problemas de licencia d) Cómo es posible que se derribe un edificio sin previo expediente de derribo con audiencia de los interesados.  

El Tribunal Superior de Justicia dijo, desde luego, que la orden de la agencia de derribar toda la vivienda se ajustaba a derecho porque otra cosa supondría la legalización de una vivienda en suelo rústico. Con mucho respeto al tribunal, esto, sin embargo, es algo que no pueden hacer los jueces, porque en las sentencias no se puede introducir una cuestión nueva, que no ha sido estudiada ni resuelta en el expediente administrativo que se revisa. Y el expediente administrativo NO se tramitó por ausencia de licencia, sino por afección de la servidumbre de protección. La Agencia, en lugar de ampararse en esa sentencia (que no la vincula) debe responder a esta pregunta: ¿Es lícito derribar un edificio sin tramitar previamente expediente de derribo con audiencia de sus propietarios?

 ERROR DE DERECHO: En agosto de 2008 la Agencia notificó que se disponía a efectuar el derribo en ejecución material de sentencia (la que desestimó el primer recurso judicial contra el derribo). Con esto, se lavaba las manos frente a cualquier cuestión que pudiera aconsejar una suspensión o incluso una revisión del derribo, puesto que esa responsabilidad correspondía al juez cuya sentencia se estaba ejecutando. Desde el primer momento hicimos ver a la Agencia su error e insistimos en que las sentencias desestimatorias no se pueden ejecutar porque no contienen en su parte dispositiva una condena de dar, hacer o no hacer. Por tanto, la responsabilidad de decidir sobre una suspensión no correspondía a los jueces, sino a la misma Agencia, que estaba ejecutando su propia resolución administrativa y no la sentencia. El juez de lo contencioso núm. 1 dictó hace pocas semanas sentencia en el procedimiento 633/08 en la que reconocía que en este punto nosotros teníamos razón y la Agencia no, puesto que el derribo NO era una ejecución de sentencia sino la ejecución de un acto de la Administración. El corolario es que la responsabilidad de valorar y decidir cualquier circunstancia ordenada a una posible suspensión correspondía a la Agencia, no a los jueces.

Los medios  de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia si es cierto que desde agosto de 2008 hasta la sentencia del 633/08 estuvieron convencidos de que estaban dando lugar a una ejecución de sentencia y por lo tanto declinando toda responsabilidad en la suspensión y si salieron de ese error con motivo de la mencionada sentencia.

 RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD: Hay un hecho simple y es que la vivienda NO está en servidumbre de protección. Y otro, asociado al anterior, como es que a sus propietarios NO se les permitió enterarse de la tramitación del expediente de deslinde justamente porque cuando se estaba construyendo la vivienda en el mismo expediente se dejó constancia de que la misma estaba FUERA de la servidumbre de protección (Acompañada copia). Después, por un cambio de criterio en la aplicación de la ley, movieron la línea hacia dentro de manera que la casa quedó parcialmente afectada pero hubo un nuevo OLVIDO porque nadie se acordó de notificar esta circunstancia a los interesados, que quedaron de esta manera totalmente indefensos. Dichos interesados, a vista de la situación, formularon recurso contencioso administrativo contra el deslinde ante la Audiencia Nacional y solicitaron a la Agencia, el 4 de julio de 2009, de forma razonada y documentada (acompañando copia de la demanda ante la Audiencia Nacional) la suspensión del derribo hasta que ese tribunal dictara sentencia, es decir, hasta saber si realmente la vivienda estaba dentro o fuera de la servidumbre de protección. No puede negarse que la petición estaba fundada, y no parece imprudente suspender el derribo hasta que el tribunal decida si existe o no motivo para el mismo.

  En una reunión celebrada en la Agencia en enero de este año, las funcionarias que recibieron al interesado anunciaron que no pensaban responder a la solicitud de suspensión. No es que no pensaban acceder, es que no pensaban resolver. Transcribo aquí el artículo 42, párrafo primero de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Que unos funcionarios públicos te digan a la cara que no piensan responder a una solicitud fundada presentada por escrito, es algo realmente insólito que se pensaba que sólo podría suceder en extremos del mundo en vías de civilización, no en España. La única forma de entender esta actitud es que las funcionarias, con error que luego evidenció la sentencia del procedimiento 633/08, creían que estaban ejecutando una sentencia y que la responsabilidad de suspender era de los jueces, no de la Agencia.

La nota de prensa de la Agencia enumera todas y cada una de las decisiones de los jueces ordenadas a no suspender la ejecución. Esas decisiones se dictaron en el curso de distintos procedimientos judiciales fundados en diversas causas. Esa insistencia de la Agencia en dotarse de una coraza formada por las decisiones judiciales constituye un tic nervioso que confirma que aún no se ha enterado de que la responsabilidad sobre la solicitud de suspensión dirigida a la Administración es de la Administración, no de los jueces. La cuestión a debatir es a) Si la Agencia estaba obligada a responder a la solicitud de suspensión y b) Si la solicitud estaba bastante fundada en derecho como para acceder a la misma. Repito que NO estamos ante una ejecución de sentencia y por lo tanto la decisión sobre la suspensión NO es de los jueces (aunque se les haya podido pedir en el marco de procedimientos concretos) sino de la propia Agencia. Por tanto, la enumeración en esa nota de prensa de tantas decisiones judiciales desestimando una petición de suspensión es algo que no viene al caso sino tangencialmente y que sólo sirve a la Agencia como cortina de humo para ocultar su violación de la ley al decidir NO RESOLVER una solicitud escrita y razonada.

Un hecho que denota que la Agencia acusó el golpe de la sentencia dictada en el 633/08 (que desmentía su pretensión de estar ejecutando una sentencia y por tanto devolvía la responsabilidad sobre la suspensión a la propia Agencia) es que al poco tiempo de dictarse la misma, de forma extraordinariamente precipitada y en vísperas del derribo (el 26 de noviembre), se resolvió por fin sobre la solicitud de suspensión, remitiendo la decisión a este Letrado simultáneamente por casi todos los medios posibles: Fax,  correo electrónico y correo certificado con acuse de recibo.

Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia cómo es posible que una Administración pueda violar la ley declarando de modo expreso que no piensa responder a una solicitud escrita y razonada formulada por los ciudadanos.

FANATISMO: El juez de lo contencioso núm. 4 dictó medida cautelar urgente el mismo día 26 de noviembre, suspendiendo in extremis el derribo, y la levantó posteriormente el día 2 de diciembre. El problema es que el juez parece que notificó el levantamiento de la medida a la Agencia el mismo día 2, pero no al Procurador del Sr. Weichselbaum, por lo que cuando el equipo de demolición se presentó en la vivienda sobre las nueve de la mañana del día 3, ni el Procurador, ni el Letrado, ni D. Johan ni su esposa Doña Ingrid sabían que el derribo ya no estaba suspendido. Parece, por tanto, congruente hablar de fanatismo, de intencionalidad y de tácticas militares en la actitud de sorprender a los interesados en su sueño o en su desayuno. La Agencia se aprovechó de un desequilibrio procesal causado por el juzgado, es de suponer que sin intencionalidad pero con catastróficas consecuencias como hemos visto.

D. Johan Weicselbaum fue sacado a la fuerza de su casa y no se atreve a volver para inspeccionar sus enseres por miedo a la policía. No sabe nada de sus enseres personales por este motivo.

Cuando me refiero en este apartado a fanatismo quiero aludir a que las funcionarias encargadas acabaron tomándose la cuestión como un tema personal, algo que no debería suceder nunca en la función pública, en particular porque destruye la obligación constitucional de objetividad que pesa sobre la Administración.

SECRETO CULPABLE: Un ciudadano quiso hacer fotografías del derribo con su teléfono móvil y la policía se lo impidió a pesar de que la libertad de información es un derecho constitucional y de que el ciudadano estaba intentando fotografiar una propiedad privada con el consentimiento de su titular. Si todo era legal y conforme ¿Por qué dar a la policía instrucciones para impedir las fotografías? Creo que por el mismo motivo por el que se habla en la nota de prensa de la Agencia de “vivienda de lujo”: Por no soportar la pérdida de popularidad y votos que debe llevar consigo una acción de este carácter.

Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia a) Quién  y sobre todo por qué dio a la policía instrucciones para impedir que se hicieran fotografías b) Si considera que está justificada la violación de este derecho constitucional y, en su caso, los motivos y c) Si, en caso de encontrar que la práctica es reprobable, ha ordenado la apertura de una investigación interna y/o de un expediente disciplinario contra los responsables. 

DEMAGOGIA POPULISTA: La nota de prensa de la Agencia resulta sorprendentemente populista y  demagógica al poner en su titular que lo que se ha derribado es una vivienda “de lujo”. Con esto, de forma que parece estudiada por publicistas, se pretende poner a la opinión pública en contra de los afectados por el mero hecho de no ser pobres. Esta, en mi opinión, es una forma muy baja de sacudirse la responsabilidad por unos hechos que creo indebidos: La igualdad ante la ley, que proclaman la Constitución y diversos tratados internacionales, prohíbe no sólo la discriminación de los pobres por ser pobres. También la de los ricos por ser ricos. En una sociedad donde todos deben convivir en paz, resulta inquietante que los mismos poderes públicos fomenten la exclusión de los ciudadanos que puedan tener más medios de fortuna sólo por tenerlos.

 Lo que ha sucedido a los Sres. Weichselbaum le puede suceder a cualquiera en esta España desafortunada en la que como te toque la chica vas listo. La opinión pública debe juzgar si es de recibo esta situación: Se construye una vivienda, la Dirección General de Costas dice que está FUERA de la servidumbre de protección, por lo que no notifican a los propietarios el expediente de deslinde. Luego cambian el criterio de aplicación de la ley (Ilegalmente, lo hablaremos otro día) y meten la línea al interior, ocupando media casa, pero no se lo dicen a los propietarios, por lo que éstos no se enteran y desde luego no puede decirse que hayan infringido ninguna ley y menos la de costas (La casa se construyó durante el periodo en el que la propia Dirección General de Costas decía que estaba FUERA de la servidumbre de protección). Años después, la Agencia tramita un derribo por invasión de la servidumbre de protección (un pecado que los propietarios desconocían) y cuando impugnan el deslinde para que re reconozca que el expediente de deslinde se tramitó con indefensión (es evidente) y la vivienda no está en servidumbre de protección (se aportaron argumentos sólidos), la Agencia, en lugar de esperar a ver qué sucede, decide destruir la vivienda antes de tiempo, despreciando a los ciudadanos hasta el extremo de decirles que ni siquiera piensa responder a su solicitud de suspensión. 

En vísperas del derribo remití una carta a D. Paulino Rivero, a D. Domingo Berriel y a D. Pedro Pacheco advirtiéndoles de esta situación. Dejemos al margen al Presidente, que para eso tiene muchas obligaciones. Yo creo que a D. Domingo y a D. Pedro los deberían destituir por estos hechos.  Y, en todo caso, mi opinión es que Coalición Canaria, si sigue interesada en presentarse en público como defensora de los afectados por la ley de costas, debería a sacar al Sr. Berriel de las listas electorales que tienen que elaborar dentro de poco. Si no lo hace así, estarán demostrando a los ciudadanos que lo único que quiere es pescar votos pero que en realidad los afectados le importan un bledo.  De momento, el Gobierno de Canarias ya está denunciado ante el Parlamento Europeo por estos hechos y supongo que si Berriel sigue al frente seguirán más denuncias.

 José Ortega

Abogado

En representación de D. Johan y Da. Ingrid Weichselbaum

NOTA DE PRENSA DE LA AGENCIA

 

Derriban un chalet de lujo ilegal en Guía de Isora que invadía la zona de servidumbre de protección de la costaLa Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias está procediendo, desde el pasado día 3 de diciembre, a la demolición forzosa de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas de altura, con una superficie de 358 metros cuadrados, más garajes, piscina, cuartos anexos y zonas ajardinadas, situada en la costa de Guía de Isora.

Esta vivienda invadía la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, careciendo de la preceptiva autorización conforme a la Ley 22/1988 de Costas y su construcción fue finalizada en el año 2000, siendo valorada en el año 2001 en la cantidad de 303.466,74 euros.

El expediente se inició en 1995, con la denuncia de la entonces Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental a un primer comprador, y en el año 1999 se produjo la venta al actual propietario, en forma de finca rústica y sin edificación alguna.

Se había solicitado autorización para la realización de una vivienda en esa zona que fue denegada en noviembre del año 1994, resolución que fue impugnada por la vía administrativa, pero con confirmación de su denegación, continuando el interesado con la vía contencioso administrativa que confirma la denegación.

Aún así, se iniciaron las obras y fueron objeto de suspensión administrativa, acto que también es impugnado en la vía contenciosa, que mantiene la suspensión en 1999. Ya en el año 2000, se comprueba que, a pesar de la suspensión, las obras han continuado y se han ampliado, constatándose además que gran parte de las mismas se habían ejecutado dentro de zona de servidumbre de protección.

La demolición se acordó en el año 2003 y se otorgó al interesado el plazo de un mes para aportar proyecto de demolición, con el fin de de posibilitar la demolición voluntaria y con la advertencia de que de no cumplimentar ese trámite, se procedería a la ejecución forzosa.

Esta resolución es firme, al ser recurrida y reconocida conforme a derecho por sentencia de Juzgado de la Sala de lo contencioso-administrativo de 2006, confirmada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó expresamente la demolición de la totalidad de las obras. Ante la falta de ejecución voluntaria, se dictó ya en 2008 la ejecución forzosa, que nuevamente fue recurrida y nuevamente desestimada.

Además, en este expediente figuran cinco decisiones de Juzgados de lo contencioso-administrativo, denegando medidas cautelares de suspensión de la ejecución de esta demolición. Pese a ello, y fijada por último la demolición para el día 29 de noviembre de 2010, es nuevamente solicitada la suspensión de la misma y de nuevo denegada – ya por sexta vez – el 2 de diciembre pasado.

En la última denegación de suspensión se indica expresamente por el Juez de lo Contencioso-Administrativo que en la petición del interesado “no se aprecia la existencia de apariencia de buen derecho, sino más bien de temeridad procesal en la pretensión del actor, que ha venido obstaculizando la acción de la Administración de ejercicio de la potestad de reposición de la legalidad urbanística desde 2003”.

Indica asimismo que “ante los intereses en conflicto prevalece el interés general demorado siete años, ante el interés particular que ha agotado los recursos tanto útiles como artificiales para su defensa”. La demolición se acometió bajo la dirección y supervisión de la Agencia y es ejecutada materialmente por una empresa designada en forma legal a tal efecto.

La Apmun comunicó a los ocupantes de la vivienda la necesidad de desalojar la misma para la ejecución, desalojo que se produjo con retirada de los efectos personales que estos estimaron en maletas, abandonando el resto de los numerosos enseres existentes en la vivienda.

Éstos fueron trasladados por una empresa especializada en transporte y custodia de enseres, donde estarán a disposición de los propietarios previo pago de los costes derivados. La retirada de los residuos implicará que la demolición no se encuentre finalizada hasta la próxima semana.


El otro día, mientras las palas se preparaban para derribar por sorpresa la vivienda de D. Johan y Doña Ingrid Weichselbaum, una persona allí presente, siguiendo mis instrucciones telefónicas, intentó hacer fotos de las operaciones. No pudo. Un policía nacional asignado al gobierno de Canarias se lo prohibió y le ordenó que le entregara el teléfono. Aquella persona se negó y el policía le exigió entonces que le mostrara las últimas fotos hechas. No le había dado tiempo a disparar, por lo que todo lo que pudo ver aquel servidor del orden fueron unas cuantas imágenes domésticas.

O mucho me equivoco o la Constitución contempla entre los derechos fundamentales de la persona el derecho a obtener y distribuir información. No, no es una broma. Es un derecho fundamental de la persona, recogido en un repertorio de derechos que constituyen la esencia de nuestra convivencia. Cuando echaron en un cesto la cabeza de Luis XVI después de ser separada del cuerpo por la guillotina, fue para conseguir esos derechos.

Vamos a celebrar mañana un nuevo aniversario de la Constitución, pero ya nadie cree en ella. Los políticos se van a quedar solos con sus discursos solemnes y bobos sobre garantías y derechos simplemente porque unos y otros no existen ya sino como leyenda o mito.  

El gobierno de Canarias y su policía ya nos han anticipado su original forma de celebrar la Constitución: Sorprendiendo con maquinaria de destrucción masiva a dos ciudadanos europeos mientras desayunaban en su casa e impidiendo de forma grosera el derecho a la información.

A este policía parece que se le despertó un instinto ancestral propio de las épocas del paleolítico en las que quienes disponían de un corpachón fornido o simplemente de armamento, abusaban a placer de los débiles.  Estaba allí, respaldado por los políticos, y creyó que por ese solo hecho los ciudadanos se habían transformado de pronto en basura. Puede haber diferencia de grado, no de concepto, entre los guardias civiles que asaltan el Congreso para dar un golpe de Estado y un policía de Canarias que pulveriza con abuso de autoridad un derecho constitucional.

 Estoy seguro que a ese policía, en la academia, le informaron sobre los derechos fundamentales de la persona. Tan seguro como que el otro día todo se le fue de pronto de la memoria, como si lo desenchufaran de la pared. La persona ofendida estaba ejerciendo un derecho reconocido, consagrado y enaltecido por la Constitución, y el policía democrático de un gobierno democrático pisoteó ese derecho abusando del uniforme, de la porra, de la pistola, de las esposas y del furgón policial.

Creo que habéis leído mi blog SOBRE EL INFIERNO DE VILLARRUBE. Ahí ya me preguntaba por qué los cuarenta guardia civiles, en lugar de proteger el derecho constitucional al domicilio de los ciudadanos, estaban protegiendo al señor que se presentó en sus casas para violar ese derecho. Ahora me pregunto lo mismo. Y me pregunto cómo puede ser que de repente, en esos momentos de locura transitoria, ya no eres un ciudadano, sino un súbdito, un perro, un esclavo, aunque siempre bajo la marca  comercial de la democracia.

Los destructores con sus máquinas de destrucción estaban actuando, según decían, con amparo judicial. Si era así ¿Por qué prohibir las fotografías? ¿Qué había de malo en lo que hacían? ¿Por qué su mala conciencia? ¿Quién bajo el cielo tiene poder para impedir que una persona que está en una propiedad privada, o en medio del campo, pueda hacer las fotos que tenga por convenientes? ¿Con qué autoridad ese policía le quita el móvil, le exige mostrar las fotos o le prohíbe hacer otras a un ciudadano libre de una sociedad democrática? ¿Alguien sabe qué precepto de qué ley estaba aplicando el policía democrático servidor del orden democrático al requisarle el móvil a un ciudadano libre de una sociedad libre?

Esto es, claro está, una simple suposición. Pero allá va la suposición.

¿Qué es lo que quiere Domigo Berriel? Votos. Por eso se va a Madrid a salvar un poblado sobre el que él no tiene ni un poco de competencia, procurando con cuidado que los periodistas informen con generosidad de su benevolencia. Pero al mismo tiempo derriba una casa sobre la que sí tiene competencia, e impide, incluso por esos procedimientos fascistas, que el destrozo salga en prensa. Procedimientos fascistas, sí. Me refiero a que un señor de uniforme y armado hasta los dientes impida sin ningún motivo, sin ninguna razón y sin ninguna ley el ejercicio de un derecho constitucional.

El policía no estaba allí para garantizar ni la libertad ni el ejercicio de los derechos, sino, a vista de lo sucedido con el teléfono móvil, para pisotearlos por encargo de quienes lo habían enviado. Y si había que pisotear los derechos fundamentales garantizados en la Constitución no era en atención de los intereses generales, sino de intereses privados antidemocráticos, es decir, para que el pueblo de Canarias no sepa qué es lo que hacen Domingo Berriel y su equipo cuando no están apareciendo en prensa para aparentar que defienden a los afectados con esa escenografía que tanto les gusta.

Creo que me explico. Una vez, cuando era estudiante universitario, estaba comiendo con mi amigo, el capitán del cuartel de la Guardia Civil, quien me expresaba su mosqueo porque el Delegado del Gobierno le había pedido que informara de la campaña anti Otan. Estaba mosqueado porque él era un policía democrático que sabía distinguir entre su función constitucional de protección de la seguridad ciudadana y lo que le estaban pidiendo que hiciera, que era espiar a los ciudadanos para pasar informes sobre sus inclinaciones políticas a fin de favorecer la opción de un partido político, que como se sabe es una entidad privada que atiende a fines privados. La Guardia Civil no era la policía de los partidos que promovían la OTAN, era y es la policía de todos.

De la misma manera, a  ver si se entiende: El policía que el viernes estuvo humillando a un ciudadano libre de una sociedad libre, no estaba defendiendo los intereses generales, sino los intereses particulares de un partido político que quiere que la sociedad de Canarias sepa unas cosas e ignore otras con la única finalidad de seguir gobernando. Y repito que un partido político es un grupo privado que persigue fines privados. El estaba convencido de que era un policía hecho y derecho pero no era más que una marioneta de unos señores mueven a su antojo en demanda de sus fines de partido.  

En el día de la Constitución, a este policía sugiero que alguien le regale un ejemplar de la idem. Y a Domingo Berriel, ese señor que va a Madrid a meterse en lo que no le importa para salir en prensa al mismo tiempo que pulveriza en secreto una vivienda que NO está en servidumbre de protección con arreglo a la ley, creo conveniente regalarle una pala mecánica para ayudarle a seguir derribando viviendas de ciudadanos inocentes. Aunque, bien pensado, lo ideal para él sería el yelmo de la invisibilidad del dios Hefaistos. Con él podría destruir, machacar, pulverizar y pisotear sin que sus votantes se enterasen.

Menos mal que el mismo día que un policía totalmente equivocado, descaminado y manipulado hizo lo que hizo en Canarias, otro policía saltó a las vías del metro de Madrid para salvar en el último instante la vida de un ciudadano que había perdido pie y yacía inconsciente a merced del tren que se aproximaba. Este hombre, que además podía haber pasado de todo porque estaba de paisano, se jugó la vida para salvar otra. Ni un segundo transcurrió entre su intervención y la llegada del tren.

La decencia, la bondad, la generosidad, todos esos valores siguen estando en las personas comunes, no en esos políticos que falsean, prohíben, pisotean y engañan.

¿Veis cómo debemos tener esperanza?

NOTICIAS DE LANZAROTE

diciembre 4, 2010

Gonzalo Mejías es un periodista de Lanzarote que está en el rollo. Quiere decir que, al contrario de lo que sucede con políticos, funcoinarios y algunos jueces, saben percibir la frontera entre lo justo y lo injusto. Por eso ha publicado el blog de ayer y le estoy muy agradecido:

http://www.noticiasdelanzarote.com/art%C3%ADculos-de-opini%C3%B3n/sobre-el-derribo-de-la-vivienda-de-d-johan-weichselbaum-en-gu%C3%ADa-de-isora-tenerife-por-jos%C3%A9-ortega