@abogadodelmar

O yo no he aprendido nada en esta vida o mañana Pedro Sánchez anunciará el nombramiento de Cristina Narbona como Vicepresidenta primera del gobierno.

Anuncio como consecuencia de ello muy, pero que muy malos tiempos para los afectados por la ley de costas.

Los antecedentes que me llevan a esa convicción son los siguientes

-Narbona fue ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Zapatero. Nada más llegar anunció que su principal compromiso en materia de costas sería limpiar el dominio público de ocupaciones ilegales. Para ello nombró Director General a un señor de Las Palmas llamado José Fernandez. Lo más dulce y cariñoso que se puede decir de él es que es un tipo duro e inflexible.

Ya entonces escribí que el concepto que tenía Narbona de ocupaciones ilegales requería la urgente intervención de un médico porque le tiraba a todo. Para Fernandez las concesiones indemnizarorias de la disposición transitoria primera de la ley de costas no existían. Durante una reunión me dijo que la ley no admitía usos residenciales en el dominio público y punto. Entre sus antecedentes personales de interés se cuenta que en los noventa había sido expulsado de su cargo de Jefe de Costas de Las Palmas por adjudicar sin concurso una obra pública a la sociedad Puerto Rico SL o SA (da igual), propiedad de su padre. Sé que Fernández profesa un especial afecto por mi persona. Cuando me contrataron para defender los 95 comercios del Anexo II de la Playa del Inglés, tuvo el buen gusto de darme la bienvenida en el diario digital Maspalomas Ahora.

-En septiembre de 2006 los vecinos del poblado de El Golfo, en Lanzarote, me llamaron para que les ayudara en un deslinde que se comía la totalidad de la malla urbana, afectada por la servidumbre de protección. Estaban muy asustados y angustiados. Narbona apareció por allí con motivo del día mundial de la biosfera y cuando los periodistas le preguntaron por el deslinde, respondió que no entendía por qué los vecinos habían tenido que contratarme puesto que el Gobierno ya cuidaba de los intereses generales(sic).

–En otoño de 2007 el entonces periodista de El País Rafa Méndez comienza una serie de reportajes sobre la política de costas de la interesada. Como no aparece muy bien parada, durante una reunión de socialistas en el palacio de las ciencias Príncipe Felipe expresa, contrariada, su parecer de que con esos reportajes los la están quemando y le están haciendo la cama los suyos (fuente: Diputado regional del PSOE).

–Ante su dureza y su carácter inflexible, muchos alcaldes de Castellon interceden ante el Ministro castellonense Jordi Sevilla para que su compañera afloje un poco y se digne recibirlos. Narbona, titular de una soberbia legendaria , no hace ni una cosa ni la otra (fuente: Miembro del gabinete de Jordi Sevilla).

-En enero de 2008 reuní a todos los colectivos de España a los que estaba defendiendo y fundé la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Lo que dio lugar a un revuelo mediático. Ese mismo mes Narbona dijo a los medios de comunicación que la Plataforma era una herramienta arrojadiza encubierta del PP lista para ser lanzada contra el PSOE en las inminentes elecciones de esa primavera.

–No fundé la Plataforma para matar el aburrimiento ni para crear un foro de debate, sino para cambiar las cosas y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. El uno de febrero presenté ante el Parlamento Europeo mi queja extensa por aplicación abusiva de la ley de costas. Narbona debió ponerse intranquila porque cuando estaba en el hotel de Bruselas un periodista del Levante me llamó para decirme que la eurodiputada socialista Maruja Sornosa se había ofrecido en prensa a ayudarme en mis gestiones a cambio de no presentar la queja. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el Parlamento Europeo para registrarla, Sornosa me llamó por teléfono tratando sin éxito de persuadirme de que me detuviera.

–El 20 de enero de 2009 fui invitado por la comisión de peticiones a defender oralmente mi queja y conseguí terminar una intervención de cinco minutos a pesar de la interrupción del diputado verde Hammertein, que trató de hacerme callar con el mismo resultado que Sornosa cuando había intentado pararme.

–En febrero de 2008 viajo a Canarias para dar a conocer la Plataforma y ofrezco ruedas de prensa en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Los Llanos de Aridane (La Palma) y Puerto del Rosario (Fuerteventura). La respuesta del delegado del gobierno en Canarias es que “Costas va a aplicar una política de pico y pala”.

–El 26 de marzo de 2009 el pleno del Parlamento Europeo aprueba el informe Auken, dando la razón a la queja de la Plataforma (en realidad la había presentado en nombre de los doce colectivos porque la Plataforma no llegó a constituirse como asociación hasta abril).

–Zapatero vuelve a ganar más elecciones pero ya no cuenta con Narbona para su nuevo gobierno. Incluso desaparece el Ministerio de Medio Ambiente como tal.

–En mi nueva comparecencia ante el Parlamento Europeo, en mayo de 2011, compruebo que ha surgido un buen número de imitadores de mi trabajo que también llevan allí sus quejas, y el gobierno de España es humillado en el debate de la tarde, cuando los eurodiputados británicos censuran con dureza la actitud de la Directora General Alícia Paz, cuya comparecencia se había reclamado para dar explicaciones.

–La llegada del PP al gobierno trae consigo una nueva actitud que se hace notar especialmente en Canarias, donde numerosos poblados marítimos tradicionales están amenazados.

–En mayo de 2013 Cañete se saca de la manga una reforma de la ley de costas que contiene una serie de aparentes errores técnicos incomprensibles y algunos favores especiales cuyo descaro causa vergüenza (me refiero al tratamiento especial de Formentera).

–En octubre de 2014 el gobierno aprueba un nuevo reglamento de costas que resulta más benévolo que el de 1989 en algunos aspectos , especialmente la nueva disposición transitoria decimosexta, que de forma inesperada admite que las concesiones anteriores a la ley de costas puedan acogerse a la prórroga del artículo Segundo de la ley de reforma.

–A instancias del PSOE, el Tribunal Constitucional declara la nulidad de algunas regulaciones de la ley 2/2013, de reforma de la ley de costas. Brilla con luz propia, por su justicia, la anulación del ridículo trato especial de Formentera.

La doble circunstancia de la llegada al poder del PP y la crisis económica paralizó numerosas intervenciones en la costa de Canarias, entre ellas La Bombilla, en La Palma, donde había la previsión de derribar cuatrocientas viviendas y reducirlas a grano fino junto con los callaos (pedruscosdelavasolidificada) para imponer una playa artificial donde la naturaleza no la quiso.

Temo que el regreso de Cristina Narbona venga marcado por el signo de la venganza y alentado por el resentimiento.

Temo que designe a un ministro al que le vaya la marcha y que el ministro rescate a José Fernández, si aún vive, como Director General.

Temo que se derogue la reforma de la ley de costas (aunque por ser una norma de rango legal le corresponde al Parlamento hacerlo).

Temo que se suprima el reglamento de costas de costas y se elabore otro mucho más duro, o al menos que se enmienden sus aportaciones más bondadosas.

Temo una oleada de derribos en Canarias y que el nuevo gobierno retome los proyectos de obras pendientes.

Vienen tiempos malos. La Plataforma no nació porque sí, sino porque Cristina Narbona estaba apretando las clavijas hasta extremos insoportables.

Esos momentos duros pueden volver, centuplicados por el orgullo herido de una persona con un ego mayor que una vaca, y el mejor consejo que puedo dar a los afectados es que busquen refugio y protección en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.

José Ortega

Abogado

http://www.costasmaritimas.es

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Estimados amigos, apreciados enemigos, probos funcionarios, autoridades diversas y público en general: Veréis, yo sé que todos me leéis. Los afectados por encontrar noticias o directrices. Los enemigos por estudiarme a ver cómo me hincan mejor el diente. Los funcionarios por curiosidad de comprobar cómo siente y padece el enemigo. Las autoridades, especialmente alguna que se siente herida, para ver en qué momento escribo algo que les permita insultarme en los comentarios, como ya ha pasado alguna vez. Y el público en general por aburrimiento, supongo.

Me enternece ver que un miembro del equipo contrario declara sin tapujos que me lee porque le gusta como escribo aunque no esté de acuerdo con la mayoría de los contenidos. Me satisface entrar por un despacho de Costas y que ciertos funcionarios me digan amigablemente que son lectores habituales de mi blog y que convienen conmigo en muchas cosas. Hace poco estaba sentado a la mesa con un ex ministro y al levantarse viene y me dice:

-Te sigo, aunque no lo creas.

Y efectivamente no lo creo, pero escucharlo fue la leche.

Bueno… ejem… es que yo nací para escribir. Y ahora tenéis la oportunidad de demostrar vuestra afición a las lecturas buenas, porque editorial Corona Borealis se dispone a publicar mi novela sobre el mito de Gilgamesh. Como muchos sabéis, esta novela ya se publicó en 1990 (Editora Regional de Murcia) y se reeditó en 1995 (Fundamentos), pero ahora la cosa va en serio. Saldrá bajo el título GILGAMESH EN BUSCA DE LA INMORTALIDAD, estará en las librerías a principios de enero y se distribuirá en nuestra querida patria y también en Estados Unidos.

Compradla, leedla y regaladla por Reyes. Los clientes del despacho como muestra de afecto aunque la inmortalidad os importe una vaina. Los enemigos comidos por la envidia y el rencor, por el morbo de saber qué habrá escrito el señor Ortega. Los funcionarios, autoridades y miembros del equipo contrario en general, para contribuir a que me jubile por fin como abogado de costas y me dedique definitivamente a escribir sobre mitos mediterráneos, con lo que no podré causarles ya más desgracias.

¿Queréis ver un bonito trailer book sobre la novela? ¿Sí? Está aquí:

 

Cuestiones muy tontas de la servidumbre de protección

Lo que saben los ciudadanos de la servidumbre de protección es que es una franja de terreno en la que no se puede construir nada nuevo ni ampliar lo construido. Cada uno de los conflictos originados en torno a ella tiene que ver con el derecho a construir y sobre todo con el derecho a reformar, que padece una frontera borrosa entre lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Lo que creo que muchos ignoran es que en la servidumbre de protección el uso residencial está prohibido. Sí, prohibido. Significa que no puede haber nadie viviendo en ese espacio. Podrá haber talleres de reparación de automóviles, expendedurías de carne de caballo o farmacias, pero no viviendas.
¿Cómo es, entonces, que todo el mundo continua viviendo en sus casas a pesar de que se encuentren en esa franja de protección? Merced a los derechos transitorios recogidos en la ley de costas. De la misma forma que se toleran los edificios construidos legalmente antes de su entrada en vigor, también se toleran los usos residenciales cuando eran anteriores.
En cierta ocasión me tocó defender a un colectivo de casi mil familias enfurecidas porque una obra pública en Bellreguard había dejado las torres de primera linea dentro de la servidumbre de protección. En aquellas fechas se había prendido fuego en Madrid al edificio Windsor y en las asambleas se consideraba con horror la posibilidad de que alguna de las torres sufriera un siniestro similar y hubiera de ser demolida, en cuyo caso, con arreglo a las disposiciones transitorias de la ley de costas, ya no podría ser objeto de reconstrucción. Pero eso no era exactamente así. De forma sorprendente, la ley sí que admite la reconstrucción de esos edificios, pero no la continuación de su primitivo uso residencial, puesto que la demolición habría roto el vinculo con una situación anterior a la ley de costas y por tanto con el derecho transitorio. En tal caso, entraría a aplicarse con toda su gloria y todo su esplendor la prohibición de uso residencial. La ley, entonces, no rechazaría que los edificios se destinaran a oficinas, por ejemplo, pero definitivamente dentro de ellos no se podría pernoctar, hacer la cena o ver la tele (por supuesto nada de sexo).
Reconozco que en España sabemos hacer muchas cosas además de servir calamares a la romana, pero esas otras cosas ocupan un espacio modesto en el PIB si lo comparamos con el turismo, cuyos componentes fundamentales son efectivamente dichos calamares a la romana, el sol y las tumbonas. Por cierto que el turismo es la única actividad económica que no debe temer a la deslocalizacion. Había una fabrica de Nokia en el Reino Unido. Daba trabajo a muchas familias y todo iba bien hasta que un día decidieron cerrarla y salir pitando para Rumania porque allí era más barato producir. Los rumanos se pusieron tan frenéticos de alegría que incluso pusieron una vía férrea especial para la nueva fábrica. El otro día escuché en la BBC que Nokia había decidido cerrar la planta y trasladarse a donde podéis imaginar, es decir, a ese país tan comunista como capitalista llamado China, y habían dejado a los rumanos pasando la mano por la pared.
Esto es algo que no puede suceder con el sol ni con la playa, lo que confirma la necesidad de que nuestra patria afiance un negocio turístico que siempre se a a quedar aquí. Resulta evidente que en el presente contexto de recesión económica esa necesidad se centuplica e imagino que ésta es una buena causa de que el Ministro Cañete haya decidido flexibilizar la ley de costas para permitir más negocio en las playas.
Pues bien, atendamos ahora, queridos amigos, al dibujo teórico del litoral que quiere la ley de costas: Dentro del dominio público los usos residenciales están prohibidos, pero también lo están en una franja de cien metros situada a continuación. Digo cien metros, y digo bien porque la servidumbre de protección de veinte metros es excepcional y también obedece a derechos transitorios que aquí seria algo latoso explicar.
El dominio público carece de anchura fija, pero puede extenderse profundamente al interior. En La playa de El Saler, por ejemplo, puede alcanzar unos doscientos metros de anchura, y he visto una línea en Lanzarote bastante más al interior. Sumemos a ello los cien metros de la servidumbre de protección y tendremos una imagen de lo que los padres de la ley de costas querían para nuestro litoral: Que no hubiera alma humana que pudiera vivir en una media de doscientos metros de la orilla. A margen de la bondad medioambiental de ese esquema, la pregunta es si eso es algo que tenga sentido en un país que vive o pretende vivir del turismo.
Ved nuestras costas. Vedlas saturadas de construcciones hasta el borde del mar. Ved cómo la densidad de población en primera línea supera a la de cualquier otro segmento del territorio ¿no percibís un nuevo y adorable ejemplo del foso entre la España oficial y la España real? ¿Quién diría que esas aglomeraciones urbanas y humanas se dan en un país que tiene prohibido todo uso residencial en los primeros doscientos metros de costa como media?
Puedo contaros algunas situaciones aún más singulares. Si tenéis una vivienda en servidumbre de protección ni se os ocurra acometer una obra concienzuda de reforzamiento de pilares, porque en el marco de la borrosa frontera a la que me he referido antes, os dirán que la obra está prohibida y os ordenaran (aunque esto sea arquitectónicamente imposible) volver a dejar los pilares en su primitivo estado de deterioro. El motivo es claro: el propósito de la ley es que estos edificios se vayan cayendo poco a poco hasta que en un momento idealizado del futuro toda la anchura fe la servidumbre de protección se transforme en un prado, un arenal o un pedregal que se asemeje lo más posible a su estado en lo tiempos de Adán y Eva.
Pero entretanto los que están delante, es decir, los que han conseguido la concesión de la disposición transitoria primera, apartado primero, habiendo consolidado su derecho a permanecer no ya en la servidumbre de protección sino en el dominio público, podrán desde luego reforzar pilares, reconstruir sus muros perimetrales y todo lo que sea preciso para ejercer su derecho a permanecer viviendo en aquel edificio durante los próximos sesenta años.
¿Percibís la absurda contradicción? Los edificios situados en el dominio público, en un suelo que con razón o sin ella pertenece a todos, podrán ser reformados, reforzados, adecentados y reconstruidos, mientras que los situados sobre propiedad privada aunque sujetos a la servidumbre de protección deberán experimentar una decadencia forzada hasta que sus habitantes se vean obligados a escapar de allí por miedo a que el techo se les venga encima y hasta que acto seguido sobrevenga la total y definitiva ruina. Así nos encontraremos con un paisaje surrealista en el que el proteccionismo del Estado habrá dado lugar a una florida y pujante primera línea de viviendas sobre la arena a cuya espalda, en una extensión de cien metros, se extenderá un baldío pelado y solitario.
No sé si esto es lo que había en la cabeza de los señores y las señoras que inventaron la ley de costas, pero no cabe duda de que es la consecuencia de sus pensamientos.
Por eso he pedido al Director General de Costas que al redactar la reforma tenga en cuenta esta situación, se pregunte si un país que vive del turismo en la playa puede mantener la prohibición de uso residencial de la franja costera, y que actúe en consecuencia.

José Ortega
Abogado joseortega@costasmaritimas.es

 Entre los arrecifes, un charco brilla al sol. Dos niños patean en el agua dorada. Su padre comenta con orgullo que en este rincón los pueden jugar y explorar en libertad, además de aprender a pescar. Los hombres son aquí tipos recios, gente de la tierra que se permite el lujo de unas relaciones sociales hoy prohibidas, las de los núcleos pequeños, donde todos se conocen y comparten. Son esas cosas tan simples como saludarse, comer en grupo o salir al juntos al mar en demanda de un cubo de pescado fresco. Esto antes era siempre así. Ahora nunca o casi nunca, porque vivimos en una sociedad de ciencia ficción donde nadie conoce a nadie y todos desconfían de todos.

Al pensamiento único esas salidas de tono no le van. Al hombre del siglo XXI, para transformarlo en ciudadano modelo, es necesario desnaturalizarlo y romperle las raíces, aunque sea con machete. Es así como se obtiene la sumisión en una sociedad con el Estado como única referencia.

Con el paisaje sucede lo mismo que con las relaciones entre las personas. El pensamiento único ha sido dictado por el Estado y no admite resistencia. El paisaje forzosamente ha de ser como ordena el Estado. De nada valen esos baluartes de civilización que aparecen sorprendentemente en paisajes muertos y secos, y que fueron creados por la audacia humana a lo largo de los siglos. Si la historia del hombre creó poblamientos litorales, refugios pesqueros y enclaves costeros, arrollaremos la historia del hombre para crear una realidad nueva definida por pedruscos y lagartijas conforme a la doctrina del Estado.

Una vez leí un análisis de Robinson Crusoe. Decía que en su naufragio había llevado consigo un equipaje invisible que era la civilización. Aventureros atrevidos abrieron en las costas de Canarias espacios de civilización, a veces en extremos inverosímiles. En ellos, hoy día, los niños en vez de darle a la play station, juguetean en libertad con la arena, los peces y el agua, y los padres gozan de una autentica convivencia con sus vecinos. Una convivencia a la medida del hombre. Es el tipo de convivencia que proporciona la satisfacción de pertenecer a un grupo y asigna seguridad psicológica. Y encima sin cobertura de móvil. Son varios pecados seguidos contra el Estado despersonalizador, el de los hechos materiales (el asentamiento litoral) y el de los inmateriales (las relaciones auténticamente humanas).

   Hoy he estado en Jacomar, en lo más recóndito de Fuerteventura. Para llegar allí hay que tragar polvo a manta por una pista imposible y después caminar ochocientos metros por arrecifes resbaladizos. En un recodo del camino descubres el antiguo refugio pesquero, con sus casas de piedra bien alineadas y sus tejados rojizos, y lo primero que piensas es que estás ante un nuevo milagro en el que unas familias se han animado a humanizar un paisaje inhóspito.

Estoy defendiendo este poblado de la destrucción desde 2007 pero no lo había visto hasta hoy. Los tribunales me han dicho que no a todo y los ingenieros de Costas se movilizaron hace poco para proceder al derribo y de esta manera cumplir con su objetivo, consciente o inconsciente, de dinamitar un foco de civilización, borrar todo rastro del género humano, mandar a los niños de vuelta a la play station y exterminar la convivencia franca, sana y espontánea. La decisión del Estado es que aquí sólo queden las olas y las piedras, y de alguna manera insisten en que esto es conforme con los intereses generales.

No sólo pretenden echar a estas personas. Quieren también que paguen los costes del derribo. Llevo mucho tiempo discutiendo con los funcionarios, las autoridades, el abogado del Estado y los jueces para convencerlos de que la medida es ilegal por el motivo fantásticamente simple de que no hay un sólo precepto en el ordenamiento jurídico que así lo diga, es decir que condene a estas personas a pagar el importe de la demolición (que incluye la limpieza post mortem del lugar y el traslado a vertedero autorizado). Los funcionarios, las autoridades, el abogado del Estado y los jueces me contestan que no tengo razón, pero no me dicen por qué. No aportan ni un sólo argumento que merezca ese nombre, y sobre todo no me citan ningún precepto. En los últimos tiempos, algunos magistrados de Canarias, acorralados por unas demandas judiciales en las que los desafío a que me citen el articulo en cuestión, creen haber encontrado alivio en el articulo 95 de la ley de costas y me dicen que ese precepto es el que legitima la condena a los costes del derribo. Esto me resulta especialmente divertido, porque el articulo 95 se refiere a los expediente sancionadores y la recuperación posesoria no es un expediente sancionador. Por lo demás, un principio general del derecho prohíbe la interpretación analógica o extensiva de normas restrictivas de derechos individuales, que es justamente lo que han hecho esos magistrados. Por lo tanto, el argumento, repetido en bastantes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no es más que el reconocimiento de que no tienen razón. O de que la tengo yo.

  Esto lo he contado sucesivas veces en el Parlamento Europeo: A una familia en Valencia le cobraron más de 60.000 euros para financiar su propio derribo (las pagaron). A una ciudadana de Soller le exigían 360.000 euros (leed la entrada de blog Los escombros perdidos de Fiorentina Mora, es muy divertido). Pero lo de Jacomar es de otra dimensión. Aquí los costes del derribo y retirada de los materiales son brutales porque al lugar no se puede acceder más que con barco, por lo que los responsables pidieron presupuesto para alquilar una gabarra en Las Palmas y les pedían 300.000 euros sólo por ese concepto. Así que entre los costes del derribo, la retirada de los materiales y su entrega a vertedero autorizado es posible que la broma cueste un millón de euros. Ese importe tendrá que ser abonado por las personas a las que he visitado hoy, ninguno de los cuales tenia aspecto de Rockefeller aunque nunca se sabe. Sus hijos no sólo no podrán seguir jugando con los charcos, sino que tendrán que hacerse hombres rápidamente para ayudar a sus padres a pagarle al Estado una deuda imposible. Esto es lo que sucede cuando de pone en marcha el pensamiento único.

Hace unos meses el abogado del Estado pidió autorización al Tribunal Superior de Justicia para ejecutar la sentencia que desestimaba mi recurso, es decir, para desencadenar el Apocalipsis. Formulé alegaciones para que se le denegara por tener en trámite recurso de casación. Y se la negaron. Pero la situación es transitoria. El Estado, con su monopolio para decidir cómo ha de ser el paisaje, está dispuesto a organizar una operación de demolición casi militar, de proporciones inmensas, a invertir cantidades no menos inmensas y a arruinar de por vida a estas familias y a sus hijos exigiéndoles el recobro. Y todo para mayor esplendor de las piedras y de la soledad.

  Si permitimos que el Estado prevalezca sobre la sociedad, estaremos perdidos. El Estado no debería ser otra cosa más que la concreción del grupo. Pero no lo es. Se ha transformado en un aparato independiente que sólo atiende a las élites económicas y si acaso, en lo que nos ocupa, a una casta de ingenieros de caminos y abogados del Estado cuya visión de la realidad es de tiralíneas. Estos tipos ni reparan en los cuartos que sus manías van a costar a toda la sociedad, (porque no los pagarán de sus ahorros), ni se preocupan de la tragedia humana que pueden provocar con sólo una firma (porque no va con ellos), ni mucho menos piensan por un solo instante que pueden no tener razón (porque son así de soberbios).

Como dicen por ahí, si luchamos podemos perder. Si no luchamos, estamos perdidos.
José Ortega

ABOGADO

http://www.costamaritimas.es

 

restaurante El Bogavante, en la misma localidad

El TSJC desestima el derribo declarado por Costas contra un restaurante de El Golfo

 

 
Crónicas · 15 de septiembre de 2011
 

 

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Fotografía de José Ortega con dos afectados de Fuerteventura.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de dictar sentencia declarando la nulidad de una resolución sancionadora con desmontaje de determinadas instalaciones del restaurante Casa Plácido en El Golfo (Yaiza, isla de Lanzarote).

Según explica la defensa del afectado, la resolución fue dictada por la Jefatura Provincial de Costas de Las Palmas y obedece a un expediente sancionador que, junto a otros de la misma zona, fue tramitado de forma fulminante nada más aprobarse el deslinde, contra varios restaurantes de la zona, a los que se reprochaba la ocupación de dominio público y la servidumbre de tránsito por las mesas y sillas de las terrazas.

Estas terrazas con estas mesas y sillas “son el alma de los restaurantes del Golfo, adonde acuden los usuarios de todas partes para cenar a media tarde mientras contemplan la puesta de sol. Sin esas instalaciones, la vida económica de la localidad quedaría reducida a cero”, considera la parte defensora.

La sentencia declara la nulidad de los actos combatidos por haberse causado indefensión, ya que la Jefatura Provincial de Costas no sólo no accedió a practicar la prueba pedida por el abogado de los propietarios del restaurante, sino que ni siquiera se dio por enterada de la petición. El abogado, José Ortega, considera que de esta manera la arrogancia de la Administración y su desprecio por los derechos individuales se ha vuelto contra la propia Administración.

Esta sentencia se suma a la que fue dictada antes del verano en relación con el derribo de la terraza del restaurante El Bogavante, en la misma localidad. Con ellas queda demostrado que es posible vencer a Costas y que por lo tanto la marea de derribos en las playas de Canarias dista mucho de ser inevitable.

José Ortega , el abogado que ha obtenido la sentencia, es fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y autor del informe sobre aplicación abusiva de la ley de costas que dio lugar a la declaración del pleno del Parlamento Europeo de 26.03.2009 condenando a España por aplicación retroactiva de esa ley y reclamando su reforma. Ha obtenido de los tribunales la nulidad de un deslinde en Punta Larga (Candelaria) y la de un conjunto de siete derribos en El Remo (La Palma) y uno más en La Oliva (Fuerteventura), además del correspondiente al restaurante Bogavante. Al mismo tiempo, ha conseguido la suspensión judicial in extremis de numerosos derribos en El Puertito de los Molinos (Puerto del Rosario, Fuerteventura) y en otras localidades de Fuerteventura.

Ortega cree que esta sentencia debe animar al ejercicio de los derechos individuales, ya que en caso contrario estos derechos se atrofian y terminan por perder significación.

 

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  PUBLICADO EN CRÓNICAS DE LANZAROTE:
 http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article36092

 

 

 

http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/06/04/bar-golfo-libra-pagar-1900-euros-costas/377572.html

 El TSJC da la razón al propietario de El Bogavante pese a que su terraza está en el deslinde marítimo

 

 

Vista del pueblo de El Golfo, afectado por el deslinde de Costas. i J. FUENTES
 
 
Vista del pueblo de El Golfo, afectado por el deslinde de Costas. i J. FUENTES 
 
 
 
 
 

 

 

 

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ
ARRECIFE
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por el propietario del restaurante El Bogavante, situado en El Golfo (Yaiza), Adrián Rodríguez, al que la Demarcación de Costas de Canarias -departamento que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente- había multado con 1.902 euros el 27 de septiembre de 2007 porque mobiliario de su negocio ocupaba el dominio público marítimo terrestre. En su resolución, Costas instó al dueño de El Bogavante a retirar 19 mesas, 76 sillas, 10 sombrillas y una pérgola de madera de 60 metros cuadrados.

Vecinos de El Golfo y Costas mantienen un enfrentamiento desde hace cinco años a raíz del nuevo deslinde establecido por Costas en ese pueblo sureño.

En su sentencia del pasado 25 de mayo, contra la cual no cabe recurso alguno, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC da la razón al demandante por entender que Costas no tuvo en cuenta la suspensión del deslinde solicitada en 2007 por el abogado José Ortega, que representa a buena parte del más de medio centenar de afectados. “Costas tenía un mes para contestar a esa petición y no lo hizo, por lo que el deslinde se entiende suspendido por silencio positivo y no cabe lugar a ningún expediente sancionador ni derribo”, explicó Ortega.

 

Ganz Europa weiss mittlerweile, dass es in Spanien ein grosses Problem bei der Anwendung des Küsengesetzes gibt. Personen, die in der Nähe vom Strand ein Haus gekauft haben, werden mit einem Male überrascht, dass ihr Haus nicht mehr ihr Eigentum ist, da das Grundstück  aufeinmal zum  allgemeinen Gebiet erklärt wird. Die Betroffenden verlieren  ihren Besitz für den sie jahrelang gearbeitet und bezahlt haben.

 Man sollte annehmen, dass bei einer Entziehung des Eigentums der Staat eine angemessene Entschädigung zahlt  Dem ist leider nicht so und der Grund ist der, dass Spanien  kein Geld hat um  alle Besitzer von Immobilien zu entschädigen, die der Staat einbehält. Stattdessen gibt es jetzt ein Gesetz mit einem merkwürdigen System von Entschädigung in Form von einer Konzession. Die Personen dürfen einen festgelegten Zeitraum weiterhin in ihren Häusern bleiben. Das Verfassungsgericht, dass aus Richtern besteht die von den politischen Parteien bestimmt wurden, meinen dass diese Entschädung ausreichend ist. Davon ist allerdings nur das Gericht und die entsprechende Partei überzeugt, aber nicht der Rest der Gesellschaft.

 Aber es gibt noch mehr Probleme. Diese Konzession ist ein schwacher beziehungsweise vergänglicher Anspruch, den die Regierung wann immer sie will für null und nichtig erklären kann, sobald sie das Grundstück für einen öffentlichen Bau benutzen möchten. Der Boden wird geschätzt und da es sich um öffentlichen Eigentum handelt bekommt das Opfer für sein Haus von 70m2 auf einer Parzelle von 800m2 einen Betrag von 136 Euros. In diesem Fall ist das Opfer ein Rentner, der 540€ Rente bekommt. Die spanische Regierung in diesem Falle der PSOE  verdammt diese Person für den Rest seines Lebens auf der Strasse zu leben.

 Obwohl die Regierung durch das Gesetz verpflichtet ist die Konzessione zu gewähren, wird diese nicht eingehalten. Die Betroffenen leben zwar weiterhin in ihren Häusern aber in einer Situation von rechtlicher Unsicherheit .Niemand von diesen Bürgern weiss seine Rechte und Pflichten. Sie haben  zwar weiterhin den Schlüssel zu ihren Häusern, aber da es sich jetzt nicht mehr um ihr Eigentum handelt sondern das vom Staat, kann dieser ihm eine Strafe verhängen, sobald einer von ihnen die Fassade des Hauses streicht oder einen Fentstrahmen austauscht. Die Regierung hat es eilig die Küstenlinie zu ändern, aber kümmert sich nicht um die  Lösung der daraus entstehenden Probleme.

 Diese Situation ist ein Anschlag auf das Eigentum und auf die Würde des Bürgers. Die Anwendung dieses Gesetzes ist wie ein schlechter Scherz. Aus diesem Grund entstand die Nationale Platsforma der Betroffenden des Küstengesetzes. Im Januar 2008 versammelte ich alle Kollektive von Spanien ,die mir ihre Verteidigung anvertrauten,   um diese Plataforma zu gründen. Nachdem ich mich überzeugt habe, dass ich innerhalb von Spanien nichts erreichen konnte, habe ich mich mit einer Beschwerde an das Europäische Parlament gewandt. Das Eurpäische Parlament reagierte sehr schnell und gab uns bei der Instanz vom 26.03.09 in allem recht. Witzigerweise wurde uns ein paar Wochen vorher vom sapnischen “Verteidiger der Bürger”  in absolut gar nichts recht gegeben.

Bei den zwei Debatten  (20.01.09. und 24.03.10) an denen wir teilnahmen vermissten wir die Unterstützung der Deutschen Eurodiputados. Allerdings haben uns die Engländer sehr geholfen.

Die spanische Regierung hatte erwartet, dass  die Bürger ihren Unmut mit lauten Streiks auf der Strasse zum Ausdruck bringen würden, aber stattdessen wurden sie durch ruhige, intelligente und gut dokumentierte Initiative überrascht, wo nur Worte und Vernunft benutzt wurden. Die Plataforma ist ein Beispiel an gewaltlosem Kampf gegen den Staat, etwas was normal sein sollte in einer gesunden Gesellschaft.

José Ortega

Rechstanwahlt

www.costasmaritimas.com

 PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS

NOTA DE PRENSA

 

SOBRE LA CAMPAÑA EUROPEA DEL MINISTRO JOSÉ BLANCO

 Ante la visita de D. José Blanco a Londres y otras capitales europeas, en orden a convencer a los ciudadanos para que inviertan en segundas residencias en España, deseamos alertar a los destinatarios de esos mensajes para que sepan que en nuestro país, como consecuencia de la ley de cosas, la propiedad privada es totalmente insegura y no resulta recomendable seguir los consejos del Ministro de adquirir aquí una casa de vacaciones porque en cualquier momento el Gobierno se la podrá quitar sin una compensación justa.

Esta campaña del Ministro resulta particularmente inoportuna cuando es un clamor el sufrimiento de tantos ciudadanos europeos, españoles o no, que tenían una casa en la playa y de un día para otro se han encontrado sin nada. De hecho, uno de los motivos de que el Ministro se vea obligado a salir de gira para fomentar la venta de viviendas de vacaciones en España es que su propio Gobierno ha generado en los ciudadanos una desconfianza totalmente comprensible mediante la aplicación de la ley de costas.

Según esta ley, el dominio público abarca todo espacio alcanzado por las olas o la arena. Un funcionario público pone la línea detrás de su casa y, sin la previa intervención de un juez, usted perderá la propiedad que tanto le costó adquirir y su inscripción en el Registro de la Propiedad ya no valdrá nada. El Gobierno ofrece como indemnización una concesión administrativa sobre la propia vivienda durante un tiempo limitado, pero normalmente sólo otorga esas concesiones cuando a continuación va a rescatar el terreno para hacer una obra pública. Las compensaciones que se dan en ese caso son ridículas. En este momento a un ciudadano de Cádiz le están ofreciendo como precio un total de 136 euros.

El Parlamento Europeo, en su resolución de 26.03.09, dictada a consecuencia de la  queja formulada por la PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, ya instó a España a modificar la ley de costas para, entre otras cosas, asignar indemnizaciones decentes a las expropiaciones derivadas de su aplicación. El Gobierno no ha hecho el menor caso de esta declaración y en lugar de eso ha iniciado un peregrinar por Europa a fin de vender propiedades sobre las que no existe ninguna garantía.

José Ortega

Portavoz

Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas