@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.
FARIDUDDIN ATTAR

tve3

 

-Qué lástima que no pueda decir la verdad -me lamento.
Bajo el tibio sol de diciembre, la periodista de TVE me mira con ojos fijos como si acabara de verme.
-Todo es mentira -añado-. El problema del cambio climático simplemente ni quieren ni pueden resolverlo, porque los que se han reunido en París no mandan nada. Las que mandan son las corporaciones industriales.
Y a continuación le endilgo un resumen improvisado de los sensacionales inventos de mi amigo Simon Hebert Faull.
Ella queda pensativa y añade que no es así, que puedo decir lo que quiera y que habrá un breve debate con los expertos de la mesa, lo que para mí cambia completamente el panorama porque me libera de un discursito más o menos robótico, apresurado, insulso y sobre todo predecible. Es lo que pasa en la tele. Nunca he oído ahí nada con garra porque todo el mundo, salvo excepciones (y dejando aparte la tele basura), insiste en ser moderado y prudente.

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Cogemos los cacharros y nos acercamos paseando hasta la orilla. Durante la larguísima espera le digo que estoy muy aliviado ante esa libertad que no esperaba y me dispongo impaciente a echar espumarajos por la boca, pero educadamente. Ella me dice que me va a dar pie preguntándome por las posibles soluciones al calentamiento global , y a continuación, con gran espíritu de servicio, me explica con detalle lo que le tengo que contestar, que efectivamente es crítico y reivindicativo pero que a mí, con las ganas que tengo de describir fielmente la realidad, me parece dulzón
Muevo la cabeza en sentido afirmativo mientras por dentro pienso: “Estás tu lista. Lo que voy a decir es que el problema no existe más que porque ellos quieren que exista, que está resuelto de antemano con docenas de inventos para generar energías limpias y baratas y que no estaríamos hablando de eso si en nuestro bendito pedrusco giratorio hubiera algo parecido a un gobierno del pueblo”.

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¿Habéis visto EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE MARCHÓ? Ahí vemos a un brigadista que en nuestra guerra civil se apresta a su primer combate y sale de la trinchera empuñando el mauser y soltando un alarido de guerra en el mismo momento en que recibe un proyectil que lo deja como la mojama. Parecida secuencia vi en una cinta sobre la Segunda Guerra Mundial con un sargento veterano ( el que hacía de teniente Colombo) que después de dar instrucciones a un novicio sobre el arte de la guerra, de incorpora en la trinchera dispuesto a una gesta militar y nada más asomar la jeta recibe un balazo mortal entre los ojos. Así me he quedado. En un combate a hostia limpia con Clasius Clay habría durado más de lo que me han dejado hablar hoy.
Por la tarde me han llamado de Madrid para pedirme disculpas lo que no hace todo el mundo) y cargar contra los problemas del directo (porque la periodista estaba tan mosqueada como yo, que me he levantado a las 7,30 y he rodado 60 + 60 km a mi propia Costa para hablar menos de un minuto) y los ha telefoneado para quejarse.
Y eso es todo.

Si alguien se pregunta a cuento de qué pongo en el vídeo publicidad de mis novelas, la respuesta es simple: De la misma forma que hay personas que de forma legítima ansían tener mucho dinero, posición social y un coche de lujo o mejor dos, a mí todo eso me hace bostezar. Lo que yo quiero, o querría, es ser escritor.
Pues bien, el mercado del libro ya no se diferencia en nada de un mercado de ajos, utensilios de cocina o calzado. Lo único que cuenta ahora es que el autor sea conocido y tanto da que se trate un escritor sensible y sublime como Belen Esteban o mediocre como Claudio Coelho. La calidad ha dejado de importar y prueba de ello es la legión de presentadores de televisión, periodistas o personajes de la tele que sin tener idea de escribir se ponen y no sólo escriben sino que publican, venden y firman ejemplares.
Yo conseguí que en la flor de mi juventud Planeta leyera mi primera novela, GILGAMESH Y LA MUERTE. El entonces director del comité de lectura, Marcel Plá, me llamó a la calle Córcega de Barcelona y me hizo pasar a su despacho para comunicarme que el informe elaborado por sus chicos era muy positivo y que ahora debía pasar a otro que harían los del marketing. Nunca volví atener noticias de esta gente y resulta que hace poco, con muchos más textos escritos y un bonito club de fans para mí solo, volví a enviarles la novela y después de dos o tres años me mandaron a paseo. Entiendo que en los tiempos de mi tierna y esperanzada juventud la calidad al menos servía para que te valorasen, pero ya no.
Carmen Balcells, la influyente agente literario, rechazó EL ÁRBOL DE LA VIDA, que no sólo es casi mi novela más pirateada, con casi trescientas descargas ilegalesde mi mediafire y ni se sabe desde un portal clandestino en Sudamérica, sino también la más apreciada por los lectores y creo que más completa.
Tengo unas 220.000 entradas en mi blog NISIR y unas 180000 en COSTASMARITIMAS. Si no os importa, incluso aunque no pueda aproximarme a la excelencia de maestros como Belén Esteban, Boris Izaguirre o Dan Brown, haré honestamente lo que pueda poniendo de ahora en adelante mis libros en todos mis vídeos.

José Ortega
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 Anuncia la tele que el PSOE ha formulado recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de costas, aunque por ahí y por los papeles se explica poco sobre el contenido del recurso en cuestión. Sólo he leído cosas como por ejemplo lo siguiente:

Los socialistas, tal y como explicó su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, a principios del verano, buscan tratar de “para” una norma que únicamente responde a “intereses privados”. 

Asimismo, recuerdan que la Constitución apunta que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” y los poderes públicos están obligados a hacer un uso “racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. Algo que no contemplaría esta norma. 

Por otra parte, el PSOE ve arbitraria la decisión de prorrogar 75 años las concesiones en la zona de dominio público, ya que chocaría con las directivas de la Unión Europea.

Además de los socialistas, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó el miércoles presentar también un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas. Desde el Ejecutivo de Javier Fernández se asegura que esta normativa “fomenta las desigualdades, apuesta por la arbitrariedad, antepone los intereses privados y supone además una subordinación intolerable de las competencias autonómicas en las que se inmiscuye de manera totalmente ilegítima”, según recoge ‘El País’.

Teniendo en cuenta la parquedad de la información, mi punto de vista es que esta maniobra es una pose que obedece a una cuestión supuestamente de coherencia con el posicionamiento de este partido tan obrero y tan español y sobre todo tan socialista. Pero una cosa es la coherencia política y otra el mundo del derecho, que a pesar de que está siendo deshecho por ambos partidos políticos en una labor de demolición lenta pero eficaz, sigue siendo derecho.

En corto: Tal como lo veo, la reforma de la ley de costas es claramente contraria a la Constitución en determinados preceptos, aunque lo que el PSOE ha anunciado por ahí nada tiene que ver con ellos. Esto no quiere decir que las cuestiones a las que me voy a referir no vengan recogidas en su recurso. Quiere decir únicamente que no las he visto en la prensa.

Respecto de lo que sí he visto en la prensa, que es más o menos lo que transcribo arriba, pienso lo siguiente:

Relativo al primer párrafo en cursiva: Que la ley promueva intereses privados no es por sí contrario a la Constitución. También responde a intereses privados la necesidad de autorización judicial previa a la entrada en domicilio, por ejemplo. Los socialistas quisieron fastidiarla con la ley Corcuera, también llamada ley de la patada en la puerta, y no pudieron. En democracia, los derechos ciudadanos se confunden en bastante medida con los intereses privados ¿no es así? Existe una tensión evidente entre lo privado y lo público que unas veces se resuelve más de un lado y otras del otro. Pero que la ley se refiera más a los intereses privados que a los públicos no es más que jugar a ese juego y estar en esas reglas. Por sí no implica una violación de la Constitución.

Respecto al segundo párrafo en cursiva: Permitan que me ría. La Constitución no sólo afirma que todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado bla bla. Dice también, por ejemplo, que todos tienen derecho a una vivienda digna. El gobierno del partido socialista nada hizo para refrenar una oleada de desahucios que ha dejado más de cien suicidios en nuestra amada patria. Mientras los señoritos socialistas que hoy han presentado el recurso veían cómo uno tras otro los desafortunados españoles se quitaban la vida, no se les ocurrió razonar que, según la Constitución, todos tienen derecho a una vivienda digna. Pudieron frenar el genocidio y no lo hicieron. Pudieron contener el ímpetu de sus amos, los bancos, y no lo hicieron. Me da ganas de vomitar la retórica de estos servidores de la banca internacional cuando se quejan de la vulneración del derecho a un medio ambiente adecuado bla bla. Especialmente cuando ni miraron a la cara a mi amigo, el ingeniero Simon Hebert Faull, cuando llamaba a sus puertas para darles a conocer el reactor Faull, que elimina las emisiones de los tubos de escape de los coches haciendo que sólo desprendan oxígeno, y sobre todo su motor que funciona con el calor específico del aire, y por tanto ni consume ni contamina. Estos señoritos socialistas y obreros, siervos no sólo de la banca internacional, sino también de las multinacionales del petróleo, no pensaron entonces lo que dicen ahora de que todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado bla bla.

Respecto al tercer párrafo en cursiva: Una cuestión es que la ley sea contraria a a Constitución y otra que lo sea a directivas europeas. Como todo el mundo sabe o debería saber, para que la ley sea inconstitucional debe ser contraria a la Constitución y eso es todo. Así que una cosa es presentar un recurso serio y riguroso y otra parlotear ante la prensa para conseguir una foto.

Respecto al cuarto párrafo: Es muy posible que el Principado de Asturias haya incluido algún contenido coherente, porque como explico en seguida la ley de reforma contiene alguna brutalidad inaceptable en materia de competencias administrativas.

En resumen, yo pienso que lo que ha hecho hoy el partido socialista ha sido cumplir con un ritual que hasta donde sé y por lo que sale en prensa, está vacío de contenido. Ellos van, presentan el recurso y cumplen con el ritual aunque el recurso no tenga fundamento, lo mismo que otros van a misa los domingos y cumplen aunque no se acuerden de qué iba la homilía.

Como las donaciones a los partidos políticos son opacas y los ciudadanos no tenemos derecho a conocer quién paga realmente los sueltos de Rubalcaba, Rajoy, las dos Sorayas y toda la caterva, no sé ni sabe nadie si el Sr. Rockefeller, además de financiar a Greenpeace, financia también al PSOE. Pero no me extrañaría que fuera de esa manera. El objetivo a conseguir en todos los casos es la disidencia controlada, si me entendéis. Paga a un grupo o asociación o partido para que se apropie del discurso ecologista e impide de esta manera que los temas que sí importan salten a la discusión pública. Dales dinero para que se metan con los afectados por la ley de costas o con los pescadores de arrastre y así impedirás que se pueda hablar en serio de las energías alternativas y que se discuta la anacrónica e inaceptable dependencia del petróleo, de cuyo negocio quizá provengan esos fondos para que los señoritos socialistas y obreros puedan hacer bien vestidos y comidos la pose ecologista que tanto les gusta

Extraído al azar de internet:

La organización ecologista más famosa del mundo recibe donaciones de grandes magnates del petróleo, la automoción y los mass media. El caso más llamativo es el de los Rockefeller -accionistas y fundadores de petroleras como Exxon Mobil-. Su fundación ha financiado a Greenpeace con más de un millón de dólares.

¿Comprendéis por fin de qué va la cosa? Por lo visto Greenpeace no puede parar de meterse con los afectados por la ley de costas porque si se hiciera el silencio por un momento nos daríamos cuenta de que nos faltan algunas quejas e iniciativas suyas en relación con la dependencia del petróleo. Apliquemos este mismo razonamiento, aunque sea de forma provisional, a los señoritos socialistas y obreros, siervos de la banca internacional y de las petroleras, que hoy han presentado muy orgullosamente su recurso.

Dicho esto, yo veo tres motivos de inconstitucionalidad en la ley de reforma de la ley de costas, aunque podría haber más.

Apartado segundo del artículo 119 de la ley de costas (según reforma):

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, el Delegado del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley.

Sólo con mucha arrogancia es posible colocar un precepto como éste, en especial después de la sentencia 149/91 del Tribunal Constitucional, que como es sabido declaró la nulidad parcial de la ley de costas hecha por el partido socialista debido a que atribuía competencias al Estado en la gestión de la servidumbre de protección. El razonamiento más o menos era el siguiente: La servidumbre de protección es un concepto legal creado ex novo por la ley de costas de 1988 que tiene por finalidad proteger el dominio público de la excesiva presión urbanística. Su antecesora, la servidumbre de salvamento, tenía el propósito de dejar espacios libres para varada de embarcaciones y depósito de náufragos y mercancías en caso de naufragio. El Tribunal Constitucional dijo que la cuestión relativa a la presión urbanística es ordenación del territorio, y la ordenación del territorio es una materia que la Constitución reserva a las CCAA. Por tanto, hubo que reformar esta parte de la ley y por cierto éste es el motivo de que nos encontremos con el lío recurrente de una franja de seis metros desde la ribera del mar que es al mismo tiempo servidumbre de tránsito y de protección, y que está sometida a dos autoridades distintas en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer en ella.

Es incomprensible cómo después de esos antecedentes el legislador (o sea, el gobierno, o sea los tres o cuatro ingenieros de costas que en esta materia son los jefes de España) se atreve a volver a atribuir al Estado competencias en la servidumbre de protección. Imagino que el Principado ha formulado recurso por este concepto (entre otros) y yo pienso que es seguro que el TC les dará la razón.

Disposición adicional sexta:

1. Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría incorporada al propio anexo.

Entiendo que muchas familias han respirado tranquilas después de que les quitaran el muerto de encima mediante este procedimiento, especialmente mis amigos de Moaña, pero esto no significa que el procedimiento sea correcto en derecho. Y no lo es.

La cuestión es simple:

-El artículo 132.2 de la Constitución dicen que la zona marítimo terrestre y las playas son dominio público.

-El artículo 4 de la ley de costas introduce el concepto conocido oficiosamente como “dominio público artificial”, integrado por bienes que son demaniales por ministerio de la ley aunque no son dominio público natural o ribera del mar. Por ejemplo, los acantilados, los terrenos que compre el Gobierno para sumarlos al dominio público o aquéllos que hayan perdido su primitivo carácter de zmt o o playa.

-El artículo 18 de la ley de costas establece la posibilidad de desafectación de los bienes que formen parte del dominio público llamado artificial. Quiere esto decir que, respetando el artículo 132.2 de la Constitución, no es posible desafectar bienes de la ribera del mar o dominio público natural.

Pues bien: Lo que hace la disposición adicional sexta de la ley de reforma es decir que determinados bienes son dominio público natural y que aún así “se excluyen del dominio público”. Esto no es algo que pueda hacer el legislador porque es contrario al artículo 132.2 de la Constitución. Es así de simple.

No he dicho hasta ahora ni media palabra de esto para no perjudicar los procesos que en cada caso se hayan abierto para resolver los problemas de esos once núcleos de población.  Pero dejadme que exprese ahora este punto de vista exclusivamente técnico que sólo tiene por finalidad clarificar y que ya no puede perjudicar a los interesados puesto que el tema está en manos de esos señores y esas señoras del Tribunal Constitucional, que son muy sabios.

Por lo demás, la disposición adicional sexta violenta con claridad el artículo 14 de la Constitución al establecer un privilegio no justificado frente a otros afectados que, encontrándose en una situación similar, no se han visto beneficiados por tan generosa medida como es la exclusión del dominio público.

De la arbitrariedad de la medida os puede servir de ejemplo la exclusión del casco urbano de Isla Cristina. El área es una península totalmente arenosa que constituye por mandato constitucional ribera del mar en toda su extensión. Los constructores se pusieron quiquos construyendo allí, incluso después de la ley de costas y en parte gracias a unos deslindes muy amables que dejaron fuera del dominio público esos terrenos que eran pura arena. En particular, llamo la atencion sobre el caso de un hotel muy majo construido encima de una arena muy suelta y fluida. Ved este video, que hice con el teléfono móvil que tenía en noviembre de 2008. El mar se encuentra a la derecha, es decir que yo estaba paralelo a la parte de atrás del hotel. Para construirlo se taló un pinar y si queréis saber más, sus propietarios tuvieran tantísima suerte que no solamente el deslinde estaba muy hacia el mar, sino que una gran casualidad hizo que la servidumbre de protección de cien metros terminara justo delante de donde empieza la edificación. También es una buenísima suerte que te dejen quitar los pinos de un bosque litoral y construir un hotel sobre la arena teniendo delante cien metros de materiales sueltos que pese a las imperiosas definiciones del artículo tercero de la ley de costas, NO son dominio público según el deslinde aprobado.

 

Disposición adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera 

1. Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio públicio marítimo-terrestre:

a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensbiles las mareas, y las mayores olas en los termporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde

b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica.

El precepto causa estupor y es bajo mi punto de vista contrario a los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. El primero prohibe la arbitrariedad de los poderes públicos. El segundo impide la discriminación.

¿Por qué el precepto incurre en arbitrariedad? En primer lugar porque ni se explican ni posiblemente existan las especiales condiciones geológicas a las que se refiere el apartado primero.  En segundo lugar, porque pretender que en una parte de la isla las mareas sean sensibles y en otras no, es equivalente a admitir que en algunos días tontos el sol pueda salir por occidente y ponerse por oriente.

Como he escrito algunas veces ya, el famoso Vladimir Ilich Ulianov, escribió que una cosa es equivocarse al decir que dos y dos son igual a cinco y otra muy distinta equivocarse pretendiendo que dos y dos son igual a una zapatilla (en realidad él habló de un candelabro). Aquí estaríamos ante la zapatilla si no fuera porque esto no es un error, sino una burrería intencionada de quien hace como que no sabe ni geografía, ni geología, ni de mareas, ni de nada, aunque de lo que no sabe realmente es de decencia.

Cierto: Hace falta tener la cara muy dura para pretender lo que pretende el precepto. Todos loa navegantes, todos los prácticos de puerto, todos los pescadores, todos los bañistas, todos los viejos del lugar y todos los estudiantes saben que en el Mediterráneo no son sensibles las mareas y decir lo contrario en una ley es indicativo de que en España hemos llegado a un nivel sin precedentes de degradación de la vida pública.

¿Sabéis cuál es la consecuencia? En el Mediterráneo el nivel del mar puede subir como consecuencia de las mareas apenas unos centímetros. Pues bien: Donde el gobierno quiera, declarará que allí las mareas son sensibles, y entonces el dominio público tendrá una amplitud de centímetros. Sí: Centímetros. Alguien creo yo que saldrá beneficiado ¿No pensáis igual?

Por lo demás, es claro que el precepto lesiona el derecho de igualdad no sólo al introducir el invento de las mareas, sino también al definir la playa de acuerdo con la ley de costas de 1969, es decir, no incluyendo los campos dunares. El resto de los españoles no tienen esa suerte.

Así que veis cómo entre unos y otros nos marean y hacen lo que quieren con nosotros. Primero tocaba jugar al juego de fingir que se reformaba la ley de costas para beneficiar a los ciudadanos. Ahora jugamos al juego de estar indignados por los agravios al medio ambiente. Unos hacen una ley de reforma que no pasaría un control de calidad si lo hubiera. Los otros se apuntan a los tópicos para salir en la prensa. Unos y otros fingen rigor y seriedad para seguir arriba, haciendo lo que hacen y viviendo como viven.

José Ortega

Abogado  www.costasmaritimas.es

 

 

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@abogadodelmar

Congreso de los diputados

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

El Puig, 27.11.2012

ASUNTO: REFORMA DE LA LEY DE COSTAS

TEXTO:

El balance que del proyecto de reforma hace la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas es moderadamente positivo del lado de los cambios en el mecanismo compensatorio por la pérdida de la propiedad y desde luego negativo en cuanto a las nuevas definiciones del dominio público.

Los afectados nunca aceptarán ningún tipo de concesión, sea de la duración que sea, como pago por una expropiación. Incluso pese a la declaración del Tribunal Constitucional en su sentencia 149/91, consideramos que la concesión siempre y por su propia naturaleza tiene un valor inferior a la propiedad, por lo que no puede satisfacer las exigencias del artículo 33.3 de la Constitución al ser un precio pero no ser un precio justo. Anotamos aquí, tan respetuosamente como sea posible, que el Tribunal Constitucional es un órgano de técnicos que no son jueces de carrera y que son designados de manera indirecta (a través del Parlamento) por los partidos políticos. Esta afirmación no envuelve rebeldía hacia sus decisiones, sino una simple descripción de la realidad.

Por otro lado, la declaración del pleno del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, a instancias de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, incluye la constatación de que las expropiaciones derivadas de la ley de costas no están suficientemente compensadas con una concesión administrativa, lo que resulta aplicable tanto a la vigente ley de costa como a su reforma en trámite.

Debemos pedir, en consecuencia, que las Cortes estudien fórmulas de indemnización respetuosas con el artículo 33.3 de la Constitución.

Dicho esto, la reforma incluye ciertas mejoras en el régimen concesional que sin embargo no satisfacen las necesidades reales de los ciudadanos ni resuelven el problema social originado por los deslindes, especialmente en los segmentos más pobres de la población. Así sucede cuando se reconocen derechos de concesión del apartado primero de la disposición transitoria primera a los titulares de terrenos afectados por los apartados segundo y tercero de esa misma disposición transitoria.

Analicemos la reforma de la disposición transitoria primera, apartado tercero, de la ley de costas, que resulta especialmente de aplicación a Canarias a cuenta del retraso con que en aquellos territorios se llevaron a cabo los deslindes.

Este precepto recoge la situación de los terrenos que quedan incluidos dentro del dominio público cuando el deslinde tramitado con arreglo a la ley de costas vigente es el único existente. El deficiente tratamiento asignado por la ley a estos espacios ya fue analizado por este Letrado en la propuesta de enmienda a la ley de navegación marítima,  que proponía un texto alternativo y más favorable a los interesados para la Disposición Transitoria Primera, apartado tercero, de la ley de costas.

En resumen, la redacción vigente de ese precepto no reconoce derecho alguno a los titulares de espacios que queden comprendidos dentro del primer deslinde, lo que implica una presunción gratuita y no justificada de que las ocupaciones tuvieron lugar en momentos en los que los terrenos en cuestión eran ya demaniales. Esto carece de sentido puesto que el concepto legal de dominio público ha experimentado continuas expansiones desde su primera definición en la ley de puertos de 1880, por lo que es perfectamente posible que ocupaciones localizadas en espacio demanial con arreglo a las definiciones actuales se encontraran perfectamente fuera de él en el momento de producirse, con lo que nos encontraríamos con ocupaciones legales que la ley tiene por ilegales.

El sentido de la reforma propuesta por el Gobierno es el de salvar los derechos de los ocupantes cuyos títulos estén amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, lo que deja son resolver la inmensa mayoría de los casos, al menos en Canarias, por los motivos que a continuación se exponen.

En primer lugar, la desafortunada realidad es que en Canarias existe un sinnúmero de ocupaciones, tanto en la costa como en el interior, que carecen de documento público que acredite la propiedad. Esto se debe a razones tanto históricas como geográficas que serían largas de explicar pero que pueden resumirse en que de un lado Canarias ha sido hasta la mitad del siglo XX un territorio de conquista colonizado por derecho de ocupación lo mismo que sucedió en épocas muy anteriores en el continente, y de otro lado en la singular aridez y soledad de muchos de sus parajes, no ansiados por nadie excepto por pioneros con hambre que establecieron en su momento poblaciones de pescadores en espacios remotos y  humanizaron con ello el paisaje.

El Parlamento no debería dar la espalda a esta realidad legislando de forma uniforme para todo el Estado. De la misma forma que el anteproyecto de reforma retira del dominio público a determinados núcleos de población o asigna un estatuto especial a la isla de Formentera, así también debería tener en especial consideración los problemas particulares del archipiélago canario en lo tocante a los casos mencionados.

En segundo lugar, la referencia al artículo 34 de la Ley Hipotecaria se supone que traslada la misma referencia del artículo 6.3 de la ley de costas de 1969, que establecía el carácter demanial de determinados espacios salvo los derechos amparados por dicho precepto.

El artículo 34 LH recoge el concepto de la buena fe pública registral y alude a que será sostenido en su posesión el tercero que adquiere a título oneroso y de buena fe de quien aparecía como titular en el Registro de la Propiedad. Este precepto constituye una herramienta para privilegiar el registro e incentivar la inscripción de las fincas, que en nuestro derecho es voluntaria. Protege al tercero que adquiere a título oneroso (es decir, pagando un precio) porque la compra de un inmueble es un acto voluntario que requiere una contraprestación económica y la finalidad del registro de la Propiedad es dar garantías al tráfico de los bienes inmuebles, en este caso asegurando que no será privado de su adquisición aquél que compre de quien tenga inscrito a su nombre.

Esta cautela, en cambio, no es precisa en favor de quienes adquieren a título lucrativo, es decir, mediante herencia o donación, porque éstos últimos no necesitan confiar en las garantías del Registro al ser la herencia un hecho automático que no requiere una opción personal del heredero (con la salvedad de la opción del heredero de repudiar la herencia, que nada tiene que ver con la falta de fiabilidad del registro de la Propiedad, sino con la existencia de deudas en la masa hereditaria).

El artículo 34 LH no es, en cambio, un precepto pensado para regular los derechos adquiridos por los ciudadanos frente al Estado, ya que entre uno y otro no pueden darse los conflictos e incertidumbres que tiende a resolver el principio de buena fe pública registral. A juicio de este Letrado, la incorporación del precepto en cuestión al artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 supuso un defecto de técnica legislativa por ser el artículo 38 y no el 34 de la Ley Hipotecaria el que debería haberse citado en aquel precepto. Se refiere el artículo 38 a la presunción de titularidad civil de quienes tienen su título inscrito en el Registro, es decir, que, salvo prueba en contrario, quien tiene aparece como titular inscrito es efectivamente dueño del bien.

A la vista está la diferencia entre ambos preceptos: Mientras que el artículo 34 ampara únicamente a quien adquirió a título oneroso e inscribió su título, el 38 ampara a todos los titulares. Dicho de otro modo: El primero de aquellos artículos excluye a quienes adquirieron mediante herencia o donación.

El artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 buscaba simplemente respetar los derechos adquiridos por quienes fueran titulares indiscutibles de bienes afectados por el deslinde. Por eso, bajo mi punto de vista, debía haber salvado los derechos de los titulares amparados por el artículo 38 LH (que protege a todos los titulares inscritos) y no de los protegidos por su artículo 34 (que excluye a herederos y donatarios). No parece que haya base ni legal ni moral para que quienes compraron bienes que posteriormente pasen a formar parte del dominio público tengan más privilegios que quienes heredaron o recibieron en donación estos mismos bienes.

De conformidad con esta realidad, se produjo un hecho curioso y muy significativo en la práctica de los deslindes de la ley de costas de 1969. En las correspondientes resoluciones aprobatorias, se afirmaba de forma constante y repetitiva que el Estado  se abstendría de actos posesorios sobre los bienes amparados por los artículos 1 y 38 LH, cuando con arreglo al tan mencionado artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 se deberían haber mencionado únicamente los bienes protegidos por el artículo 34 LH. Es de suponer que esta costumbre obedece a que la racionalidad aconseja proteger a todos los titulares aunque la ley protegía sólo al llamado tercero hipotecario, beneficiado por la buena fe pública registral, con exclusión de herederos y donatarios.

Esto conduce a una importante distorsión del derecho con motivo de la disposición transitoria primera, apartado segundo de la ley de costas, que se refiere precisamente a este caso: El precepto reconoce ciertos derechos a los titulares de terrenos que no pudieron ser ocupados por el Estado al estar comprendidos en el artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 y por tanto protegidos por el artículo 34 LH, pero la realidad es que las órdenes de aprobación de los deslindes son del tenor que se dice, es decir, que amparan a todos los titulares inscritos en base a los artículos 1 y 38 LH, y no sólo a los amparados por la buena fe pública registral. Esta distorsión sitúa al Estado en una posición complicada al no quedar claro qué hacer con quienes heredaron o recibieron mediante donación (que no están protegidos conforme a la DT Primera.2 de la ley de costas pero sí lo están por actos administrativos firmes de aprobación de los deslindes).

El sentido de la reforma propuesta por el Gobierno pretende una solución continuista con el artículo 6.3 de la ley de costas de 1969 y armónica con la DT Primera.2 de la vigente ley de costas, al remitirse una vez más al artículo 34 LH y no a su artículo 38. Al hacerlo de esta manera, considera este Letrado que el Gobierno está reproduciendo y amplificando la mala técnica legislativa del legislador de 1969.

Pero la cosa va o puede ir mucho más lejos. La nueva redacción de la DT Primera.3 garantiza, lo mismo que el borrador, que “los titulares registrales de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de esta disposición”.

Pero es que en la actualidad el reglamento de costas alivia la penosa situación de los titulares de bienes a los que se aplica esta DT Primera.3, que encontramos sobre todo en Canarias y Galicia, al permitir el otorgamiento de la concesión si consiguen acreditar que los terrenos se encuentran más allá de la línea que habría sido aprobada con arreglo a la ley de costas de 1969. No se requiere para ello ser tercero hipotecario, sólo propietario, lo que es muy distinto y menos exigente. Esta previsión reglamentaria debe mantenerse, pues en caso contrario los derechos de la mayoría de los afectados experimentarían con la reforma legal un retroceso más que un avance.

Considero, por tanto, que la reforma debería orientarse de un lado hacia el tratamiento especial del territorio canario, teniendo en cuenta su indiscutible singularidad histórica, cultural y geográfica, y por otro a la unificación de todos los afectados que resulten ser titulares inscritos en el registro de la propiedad mediante la sustitución de la referencia al artículo 34 LH por otra a su artículo 38. El primer requisito debe implementarse reconociendo que en un sinnúmero de casos no sólo no existe inscripción registral, sino tampoco escritura pública de propiedad, y por tanto relajando las exigencias documentales para acreditar la propiedad.

Algo parecido, por idéntica fundamentación, en especial la relativa al tratamiento del tercero hipotecario, cabe afirmar del tratamiento dado en la reforma al apartado segundo de la disposición transitoria primera.

Propuesta de redacción de la disposición transitoria primera, apartado tercero:

“Los espacios que ya eran dominio público con arreglo a un deslinde anterior a la presente ley y que estuvieran inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad a dicho deslinde, serán dados en concesión a sus antiguos propietarios con las condiciones establecidas en el apartado primero de esta disposición transitoria”.

Propuesta de redacción de la disposición transitoria primera, apartado tercero:

“En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras.

Los propietarios de los terrenos que resulten incluidos en el dominio público pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado primero de esta disposición transitoria.

Reglamentariamente se determinará la forma en la que los afectaos deberán acreditar la propiedad”.

En cuanto a las nuevas definiciones de dominio público, los cambios son decepcionantes o no existen. Recuerdo que son precisamente tales definiciones las que con su carácter ambiguo promueven la inseguridad jurídica y la arbitrariedad en la práctica administrativa de los deslindes.

En cuanto a la modificación del artículo 3.1.a), el el proyecto de reforma se define la zona marítimo terrestre de la siguiente manera:

“La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial”.

Los cambios respecto del borrador son sustanciales. Inicialmente se había trasladado al texto la dicción del reglamento de costas cuando afirma que para la determinación de los máximos temporales se estará a las referencias comprobadas de que se disponga. Desde luego el rigor a la hora de determinar el alcance de los temporales ha sido escaso. Especialmente en Canarias, acostumbraban a fijar el máximo alcance del temporal “por observación directa”, sin estudios, encuestas, comprobaciones, indicios y sin nada de nada que pudiera confirmar esa apreciación subjetiva. Aquel texto no añadía nada nuevo en teoría, pero en la práctica creo que pretendía sujetar a la Administración a actuar de forma objetiva aportando las pruebas que estuvieran a su alcance.

Pues bien: Esa referencia ha desaparecido de la reforma, que ahora se remite a los procedimientos que reglamentariamente se determinen para fijar el alcance del temporal. Esto sugiere, pero no garantiza, que el nuevo reglamento incorporará procedimientos objetivos y obligatorios de probanza, pero en todo caso resulta inquietante la supresión de los condicionantes que figuraban en el borrador, por más indeterminados que éstos fueran.

Lo que resulta muy significativo y particularmente perjudicial para los afectados (y pienso especialmente en Canarias), es la supresión de la condición establecida en el borrador de acreditación de que los temporales han tenido lugar cinco veces en los últimos diez años. Esto proporcionaba seguridad jurídica al ser preciso determinar la fecha concreta de cada temporal de los que se intenta hacer valer, en contra de la costumbre actual, en la que, como se dice, el Jefe de Costas despacha el asunto señalando un punto y diciendo que los temporales llegan hasta ahí por apreciación directa.

Lo único que queda en el proyecto es una referencia parecida para la privilegiada Formentera (tres temporales en cinco años), pero los afectados de otros espacios de costa parece que deberán seguir soportando el a mi juicio insidioso modo de proceder de la Administración al señalar el alcanza del temporal de forma subjetiva y sin pruebas. Salvo, naturalmente, que el reglamento de costas establezca criterios serios y rigurosos, pero eso está por ver. De momento lo único que tenemos es esta vuelta atrás que disipa las esperanzas de muchos afectados que perdieron su propiedad por procedimientos poco o nada rigurosos.

La reforma del artículo 3.1.b) en cuanto a la definición de playa tampoco llega muy lejos. Se ha suprimido la referencia existente en borrador, que definía como demaniales los depósitos  de materiales sueltos  “que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución”, lo que excluía las llamadas dunas muertas y tenía la virtud de sintonizar la definición legal con la reglamentaria, ya que el reglamento de costas excluye del dominio público, bajo ciertas circunstancias, las dunas que no dan arena a la playa ni la reciben de ella. Esto significa la confirmación de la tradicional ambigüedad en cuanto a los límites del demanio natural.

El precepto, en la reforma que maneja el Congreso, queda así:

“b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”.

Más adelante, en el apartado cuarto del artículo 3, se especifica un necesario concepto legal de duna en estos términos:

“Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.”

Esta definición sugiere que las dunas, a efectos legales, son sólo las que reciben arena y por lo tanto se encuentran activas, lo que en teoría descarta las dunas muertas. Pero no es así. El borrador suprimía el concepto de depósitos de arena de origen artificial pero la definición legal de duna admite que los depósitos de arena tengan cualquier causa u origen. La acción humana es una causa, por lo que con el texto actual las dunas de origen artificial seguirán siendo dominio público natural lo mismo que hasta ahora. La ley, toda ley, debería servir para clarificar, definir, poner límites y dar precisión y seguridad jurídica. En nuestro caso, creo que el texto, al menos en algunos aspectos, no sirve más para buscar un dificilísimo equilibrio entre sectores sociales enfrentados que sólo puede establecerse en base a una estudiada ambigüedad que abra todas las posibilidades de ampliación del nuevo texto, tanto las restrictivas como las expansivas, y que deje las decisiones finales en manos del gobierno de turno.

Como quiera que diputados y senadores viven ajenos a la práctica administrativa de los deslindes y desconocen tanto el trasiego de los expedientes como la conflictividad social y jurídica asociada a ellos, será preciso informar de que la piedra angular sobre la que se asientan los abusos es precisamente la ambigüedad en las definiciones del dominio público natural, además de otras imprecisiones de la ley. Es esta ambigüedad la que permite que en la práctica lo que haya de entenderse por demanio costero dependa de factores no de legalidad sino de oportunidad o incluso de la voluntad o talante del Jefe de Costas.

La redacción alternativa que se propone es la contenida en la propuesta de reforma elaborada por este Letrado en mayo de 2009. En cuando a la zona marítimo terrestre la razón es simple: Las idas y venidas entre el borrador y proyecto a cuenta de la necesidad de establecer procedimientos y condiciones preestablecidos para acreditar el alcance de los máximos temporales conocidos está basada en la realidad de que dichos temporales son extraordinarios y singulares, por lo que es necesario singularizarlos. Tal cosa es innecesaria cuando la definición se remite a los temporales ordinarios, lo que resulta más congruente con el requisito de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Propuesta de redacción del artículo 3.1.a):

“La zona marítimo‐terrestre, entendida como espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los temporales ordinarios o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas”.

La propuesta en relación a la definición de playa elimina las dunas muertas y los depósitos de arena de origen artificial.

Propuesta de redacción del artículo 3.1.b):

“La playa, entendida como depósitos de materiales sueltos formados por la acción del mar o del viento marino, con vegetación nula o escasa y característica.

Se entenderán incluidas dentro de este concepto las dunas que se encuentran en movimiento o evolución”.

La Disposición adicional segunda del proyecto de reforma garantiza de forma más teórica que real una vuelta a empezar con los deslindes, ahora para hacer la línea avanzar hacia el mar siempre que se den las condiciones. No parece que se vayan a producir nuevos deslindes a vista de que los cambios en las definiciones del dominio público natural con prácticamente inexistentes. Es uno de los preceptos que más claramente inciden en los derechos de los afectados, pero puede dar lugar a una conflictividad paralela cuando dichos afectados soliciten la incoación de deslindes y la Administración lo niegue bajo pretexto de que el deslinde está bien hecho y todo sigue igual, situación ante la que me he encontrado varias veces. En este caso se podría desatar una nube de procedimientos judiciales sólo para pedir que la sentencia condene a la Administración a abrir expediente.

La Disposición adicional quinta de la reforma no es compatible con el artículo 4.5 de la vigente ley de costas, que no se cambia. El trámite parlamentario deberá  revisar o suprimir éste último precepto, ya que en caso contrario la ley contendrá dos preceptos opuestos entre sí.

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José Ortega

 

José Ortega

Abogado, colegiado 4941

abogadodelmar@gmail.com

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DIARIO EL COMERCIO

Villaviciosa

«La anulación del deslinde de la ría beneficiará a toda España»
El abogado José Ortega se felicita por el fallo y confía en que la reforma de la Ley de Costas llegue antes de que se apruebe un nuevo límite en la ría de Villaviciosa
27.05.12 – 03:39 –

LYDIA IS | VILLAVICIOSA.

«La sentencia de la Audiencia Nacional que anula el deslinde de la ría de Villaviciosa abre una pequeña vía a todos los afectados españoles por la Ley de Costas». Así lo asegura José Ortega, uno de los fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados y el abogado que defendió ante los tribunales la demanda que han ganado dos propietarios maliayos. «Han sido muy afortunados porque es muy difícil, que la Audiencia dé la razón a los vecinos; hay que valorar el criterio del magistrado, esta sentencia tiene una importancia muy grande», añade.

No en vano, se ha conseguido que el deslinde de la ría de Villaviciosa, aprobado en 2010, quede anulado por un defecto de forma. En concreto, porque el expediente ya había caducado, algo que convierte el caso maliayo en pionero. Nunca hasta ahora se había anulado un acuerdo de ampliación del plazo de tramitación. Según explicó Ortega, «la Administración está acostumbrada a tramitar en plazos de doce o quince años, cuando la ley establece que son veinticuatro meses, y hasta ahora la Dirección General de Costas llevaba a cabo una práctica ‘corrupta’ en la que se ‘olvidaban’ de aportar los acuses de recibo de las notificaciones para lograr ampliar los plazos y que los tribunales lo permitieran pese a no cumplir ningún requisito».

El letrado se muestra muy crítico con la anterior directora general de Sostenibilidad de la Costa, Alicia Paz, y aseguró que «solía concederse a sí misma la ampliación del procedimiento, cuando lo establecido es que debe autorizarlo su superior». Sin embargo, Ortega alaba la predisposición a atender al colectivo del actual responsable del área, Pablo Saavedra Inaraja, con quien mantuvo una reunión hace dos semanas. «Hay sintonía para moderar la definición de zona marítimo-terrestre e incluir específicamente a los porreos en la ley para que queden liberados de los deslindes», apunta. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, prometió hace unos meses reformar la Ley de Costas y Ortega cree, que aunque la sentencia de la Audiencia Nacional devuelve el procedimiento al punto inicial, «lo más probable es que la nueva ley entre en vigor antes de que la Administración central pueda aprobar un deslinde nuevo». De esta forma, el beneficio para Villaviciosa sería definitivo. Y a eso se agarran los afectados, que consideran que la Administración no puede quitarles sus propiedades, repartidas en 3.408 metros en la margen derecha de la ría.

19 particulares afectados

El deslinde afecta a 19 particulares, entre los que se encuentra la Sociedad Valle Ballina y Fernández, propietaria de El Gaitero. A pesar de que en su caso cuenta con un informe favorable de los técnicos del ministerio para el recurso administrativo, la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado en su demanda. «La sentencia tiene un valor de precedente muy importante, pero no sólo para Villaviciosa, si no para toda España, que va a verse beneficiada», reitera Ortega. El abogado lleva varios años discutiendo en los tribunales la forma en la que se ampliaban los plazos sin observar los requisitos legales.

Imagen

Recuerdo aquel noviembre de 2008. Había cogido un vuelo desde Madrid, después de tener la desgracia de mantener una entrevista con el entonces Secretario General del Mar, Don Juan Carlos Martín Fragueiro, por los temas de la Plataforma. Destino, aeropuerto de Asturias. La mañana siguiente la pasé inspeccionando la ría con Ignacio Cabanilles y Pepe Heredia. íbamos de un lado para otro mirando los porreos, haciendo fotos y hablando con los ensombrecidos paisanos, que temían que el deslinde fuera su ruina. Por la tarde, asamblea general de vecinos en un local del Ayuntamiento, con prensa y un concejal de urbanismo que resulta que era arqueólogo. Un paisano se me cabreó porque dije que puesto que mi queja ante el Parlamento Europeo había sido admitida a trámite el 16 de julio, la Virgen del Carmen había tomado cartas en el asunto.  Me dijo, muy enfadado, que la Virgen no tenía nada que ver en esto.

Y al salir, a reponer fuerzas en una de esas sidrerías como Dios manda, en las que la suela de los zapatos se te queda pegada al suelo de tanta sidra caída al escanciar.

 ImagenEl problema era relativo a unas áreas llamadas porreos. En tiempos inmemoriales, quizá medievales, los agricultores pusieron diques para contener la inundación de la ría durante la marea alta, y los terrenos liberados se convirtieron en pastos que fueron privatizados. Me decían en aquel paseo que los ecologistas discrepaban del deslinde porque los porreos daban abundante comida a las aves palustres. Pero claro, el reglamento de costas decía y sigue diciendo que los diques colocados para contener artificialmente la inundación se tienen por no puestos y el deslinde se lleva hasta las cotas que serían naturalmente inundables. Discrepo por motivos técnicos fundados de la aplicabilidad de esa limitación a los porreos de Asturias, pero eso ahora no viene al caso.

A los vecinos de la ría de Villaviciosa los ha venido Dios a ver por una combinación particularmente afortunada de circunstancias que cuento a toda velocidad.

Me fui a la bendita Audiencia Nacional e impugné el deslinde.  El pasado viernes, mientras estaba con una visita, mi secretaria irrumpió en el despacho con una nota que decía: “Has ganado El Porreo”. La leí con toda la incredulidad posible en quien no recibe más que palos y bastonazos de tan importante tribunal, y efectivamente era cierto: La Audiencia Nacional había dictado sentencia estimando mi demanda anulando el deslinde de Villaviciosa. No la parte de mis clientes, sino todo el deslinde, por lo que son muchos los que podrán respirar.

Vamos a las razones. Se trata de caducidad. Mirad, durante los últimos años, Doña Alicia Paz había adquirido el vicio de ampliar el plazo de tramitación de los expedientes. La Administración tiene un plazo de veinticuatro meses para concluir un deslinde, pero ella tenía una minuta en el ordenador, la misma para todos, a fin de ampliar el plazo en doce meses. Yo estaba ya harto de discutir eso en los tribunales por varios motivos, todos ellos buenos y dignos, ya que la interesada no cumplía con varios requisitos legales imprescindibles para tomar la medida. Y mira por donde la sentencia me da la razón, recogiendo y estimando uno a uno todos mis argumentos relativos a la ilegalidad de la ampliación.

Tengo la suerte (buena o mala) de que cada una de las sentencias que he conseguido anulando un deslinde han sido pioneras en su materia. La de Oliva por no haberse hecho estudio alguno sobre los materiales sueltos. La de Alcocebre porque lo que quería la Administración era obtener terrenos gratuitos para un paseo marítimo. La de Otur porque el expediente era una ratificación del anterior tramitada sin audiencia. La de Punta Larga porque la Administración se había limitado a decir que los temporales llegaban hasta allí por simple “observación directa”. La de Bellreguard por caducidad. Y la de Villaviciosa por ilegalidad de la ampliación de casos. Cada una de estas sentencias, por su carácter pionero, tiene un inmenso valor como precedente. En concreto, la de la ría de Villaviciosa va a permitir que se vengan abajo un buen número de deslindes en los que Doña Alicia Paz había creído conveniente ampliar los plazos siguiendo las directrices de Frank Sinatra, es decir, a su manera.

¿Y entonces qué? ¿Para qué sirve esto, cuando la Administración puede tramitar un deslinde nuevo? En los últimos tiempos les decía a los afectados que nos encontrábamos a las puertas de un proceso de cambio, quizá de cambio en la ley, del que se podrían beneficiar en caso de anulación del deslinde incluso por motivos formales. Ahora les digo que estamos experimentando ese cambio. Es un hecho que la ley de costas se va a reformar y muchos sabéis que en mi reunión con el Director General de Costas de hace dos semanas, convinimos en reformar el concepto de zona marítimo terrestre con arreglo a las propuestas de la reforma de la ley que redacté en 2009. En esa propuesta se incluía dejar en paz los porreos. Os pongo aquí el texto:

Artículo primero.‐ Los artículos que a continuación se relacionan de la ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, quedarán redactados como sigue:

1. Artículo 3o 1 a): La zona marítimo‐terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los temporales ordinarios o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

No tendrán la consideración de zona marítimo terrestre:

‐Los espacios inundados artificialmente, previa autorización y con fines comerciales, tales como piscifactorías o salinas.

‐Los espacios inundados artificialmente como parte de industrias tradicionales, tales como los molinos de mareas.

‐Los espacios excluidos del alcance natural de las mareas mediante muros de contención cuando la intervención formara parte de la costumbre inmemorial, tales como los porreos de las rías de Asturias.

  Es muy factible que la reforma de la ley de costas se produzca antes de que la Administración se rehaga de la sorpresa y pueda tramitar y aprobar un nuevo deslinde en Villaviciosa. Si efectivamente se cumple la previsión de que el nuevo texto respete los porreos (y ya lo veremos), entonces el deslinde no será lesivo para los intereses de aquellos asturianos que tanto disfrutan pisoteando el piso pegajoso de las sidrerías.

Como ya he comentado a menudo, los eslóganes, las frases hechas, las proclamas, las manifestaciones y las pancartas están muy bien, pero por sí no solucionan nada. Han pasado tres años y medio desde aquellas jornadas de noviembre en la ría y durante esos años lo que he hecho ha sido estudiar el expediente, acumular razones y expresarlas de manera clara para que el tribunal las entienda. Esta última observación pareciera innecesaria, pero el contexto de la lucha de los afectados por la ley de costas creo que la torna apropiada.

 José Ortega
 Abogado  joseortega@costasmaritimas.es

Hay algo de tierno, de heroico y de loco en unas cuantas personas que se conjuran para desafiar a todo un aparato de poder. Un aparato de poder que va mucho más allá y es mucho más fuerte que un gobierno. Se trata de un entramado que incluye el Parlamento, la policía, el Defensor del Pueblo, los jueces, los medios de comunicación y puede que se me escape algo.

Esos alfeñiques creen que pueden inquietar a aquella mole pesada, a esa maquinaria infalible, a esos poderosos políticos que pronuncian la palabra democracia cada diez minutos al tiempo que firman y deciden lo que sea en contra de los ciudadanos.

Esos alfeñiques, esos ciudadanos sin más arma que la razón, han triunfado. Los señores investidos de aquel poder inmenso se han tragado hoy su orgullo y se vuelven a casa mirándose los pies, con cara de contrariedad y creo que con malos pensamientos. La palabra humillar significa forzar a otro a adoptar una actitud humilde. Es lo que les ha sucedido a los ingenieros de costas el día en que el nuevo Ministro ha anunciado la reforma de la ley. Que se han vuelto humildes a la fuerza.

Hicimos todo lo que no esperaba el arrogante Gobierno socialista del talante. Ellos esperaban una o dos manifestaciones con una o dos pancartas y en vez de eso nosotros escribimos un informe extenso, razonado y escandaloso sobre sus abusos. Ellos esperaban que llamásemos en vano a los medios de comunicación adiestrados para hacernos el vacío y en vez de eso nosotros convocamos una rueda de prensa sólo para periodistas extranjeros. Ellos esperaban que fuésemos a llamar en vano a las puertas de sus palacios cerrados a cal y canto y en cambio nosotros los ignoramos y marchamos con mucha esperanza al Parlamento Europeo. Ellos confiaban en tirar a la papelera nuestras peticiones y en vez de eso les llovieron las quejas de los parlamentarios europeos. Ellos creían que podrían marearnos y torearnos en alguna entrevista de trámite y en lugar de eso recibieron una dura reprimenda en directo en la Comisión de Peticiones.

No fue con fuerza, sino con astucia como Ulises burló a Polifemo, se desembarazó de Calypso y dio esquinazo a la bruja Circe. Hemos necesitado apurar la astucia para hacer algo parecido con nuestros propios gigantes tuertos, ninfas insidiosas y brujas heridas de odio, aunque desde luego no hemos escapado a que algunos de nuestros antiguos compañeros sean convertidos en cerdos. Ahora que Arias Cañete hace las veces de vigía que nos anuncia que Ítaca está por fin a la vista, necesito recordar a tres personas, justamente tres de aquellos alfeñiques tiernos, heroicos y locos.

Marcial Pina, un presidente de Comunidad de Arenales del Sol que poco antes de morir concluyó una extensa conversación telefónica conmigo con las palabras: “No nos deje, señor Ortega, no nos deje”. José Martí Deveses, un brillante Abogado mercantilista de Barcelona que me contrató para defender al colectivo de Oliva. Mi última conversación con él, en diciembre de 2008, fue para recibir su apoyo incondicional en un asunto realmente delicado. Su fallecimiento en la primavera siguiente lo viví como una traición personal y me dejó sin un amigo. Juan Miguel Terradez, que estuvo al frente del colectivo de La Casbah y me fue fiel frente a mis feroces aunque bobos enemigos de aquel entorno y por defenderme experimentó pérdidas y sufrimiento personal. Murió inesperadamente durante la pasada primavera dejándome una deuda de gratitud.

Amigos, esta batalla toca a su fin y la hemos ganado con una defensa basada en la templanza y la inteligencia. Como dice el maestro zen Dokushò Villalba, si entregamos nuestra sustancia vital a nuestros sueños, nuestros sueños se cumplirán, aunque quizá nosotros no estemos ahí para verlo. No estáis ya aquí, pero yo os lo cuento. Nuestros sueños se han cumplido o están en trance de cumplirse.

Resuena también en mí, con inmensa fuerza, el nombre de una pastor evangélica ecologista y miembro del Parlamento Europeo llamada Margret Auken, que nos apoyó cuando nadie daba un céntimo por nosotros. Toda la fuerza de nuestro órdago era el Parlamento Europeo. Sin él no teníamos nada. Y allí encontramos a Margret Auken, que escribió, desde sus convicciones ecologistas, las frases contundentes que fueron adoptadas por el pleno del Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2009: España aplica la ley de costas con arbitrariedad, de forma retroactiva y sin indemnización suficiente, y debe proceder a su reforma.

A esta victoria le saldrán muchos padres, ya lo veréis. Los escucharéis en los medios de comunicación, aparecerán en las fotos oficiales y todo eso. Todos querrán asumir la paternidad de esta victoria. Pero que eso no nos importe. Nosotros hemos cumplido, hemos dado un ejemplo de civismo y hemos demostrado que cuando te decides a ejercer los derechos en lugar de dejarlos languidecer, puede funcionar. Para qué más.

No sé qué tipo de reforma es la que hay en la mente de Arias Cañete y sus asesores. Temo que no sea lo que esperamos, que sirva para cultivar más ladrillo en la arena o que se ciña a aliviar los problemas de los chiringuitos, dejando al margen a las víctimas inocentes. Pero vamos a pensar bien y vamos a confiar lo mismo que confiamos cuando iniciamos esta aventura que hoy apunta un final feliz.

Gracias a todos los que me habéis acompañado, apoyado y animado en este camino. Y gracias por formar conmigo esa cuadrilla de enanos insignificantes capaz de darle al monstruo la pedrada más gorda, contundente y decisiva que nunca jamás haya recibido.

Me encanta cuando se ponen bordes conmigo. Pierden los nervios, se llenan de mala castaña y en ocasiones especiales echan espuma por la boca. Y no sólo he acabado por acostumbrarme, sino que al final me gusta. Desde su trono me han hecho morder el polvo no una, sino muchísimas veces. Me han pateado el hígado a gusto, se han reído de mi y me han fabricado intrigas de todos los colores para desacreditarme, perjudicarme, hundirme y prejubilarme.
Recuerdo el entusiasmo de aquel dentista llamado Félix Rodríguez de la Fuente, cuando contaba la sed que pasaba cuando estaba subido a un alcornoque esperando a ver si pasaba un buitre, porque cuando al fin podía beber, el agua le sabia mucho mejor. A mi me pasa algo parecido con los poderosos e intratables señores de Costas: Tengo que esperar mucho tiempo agazapado al alcornoque, pero cuando al fin son ellos los que muerden el polvo me lo paso genial. Y esto es lo que les ha pasado por tercera vez consecutiva, que se han echado a la boca un trago de arena sin sazonar.
En El Golfo (Yaiza, Lanzarote), vinieron y nada más aprobarse el deslinde de 2006, antes de que nadie pudiera acostumbrares a la nueva situación, empezaron a sacudir con un expediente sancionador por cada restaurante. Querían cargarse las terrazas, que para aquellos restaurantes eran lo mismo que las alas para un avión o las ruedas para un coche. He contado ya cien veces que los turistas hambrientos se descuelgan por allí a media tarde para cenar mientras contemplan la dichosa puesta de sol. Sin terrazas no hay cenas a media tarde que valga, porque en vez de divisar el bello crepúsculo no ves más que la pared y las lapas a la plancha no saben igual.
Primero hubo suerte con el restaurante El Bogavante, después con Casa Plácido y ahora con el Mar Azul. Tres sentencia ejemplares contra la chulería y la sinrazón. Seguirá habiendo terrazas y por el momento el coco peludo de Costas no podrá cercenar el espíritu del lugar.
¿Por qué los jueces me han dado la razón? Básicamente porque pedí la practica de determinadas diligencias probatorias y los responsables del expediente ni me miraron a la cara. No es que me dijeran que no, es que ni me contestaron. Creyéndose reyes, príncipes, emperadores, dictadores o dioses, miraban a través de mi como si fuera un trozo de cristal. Ellos sabían que había una ley, una constitución y unos derechos civiles, pero se sentían seguros en sus despachos y no veían ningún motivo para hacer el menor caso de esas cosas. Y cuando interpuse los recursos de alzada, los disciplinados funcionarios y los serviles asesores jurídicos de Madrid se ganaron el sueldo y agradaron a sus jefes diciéndome educadamente que no tenia razón. Nadie en la Administración te dirá usted perdone, nos hemos equivocado. Si han metido la pata, persistirán en el error. Se taparán unos a otros, aportaran informes que justifiquen lo que sea, introducirán sutiles verdades a medias y harán todo lo preciso para salirse con la suya. Porque saben muy bien que ellos están arriba y tú debajo.

Cuando hice la mili un capitán de Infantería de Marina tan jocoso como descerebrado decía que todo eso de la Convención de Ginebra estaba muy bien pero que la misión del infante de marina era matar de forma eficaz y barata. Algo parecido, aunque con menos sangre, debían razonar los señores de Costas cuando pasaban de la ley, de la Constitucion, de los derechos civiles y de todo lo que se antepusiera a su misión.

Seguirán dándome bastonazos, no lo dudo. Me van a sacudir mucho más. Pero de vez en cuando se abren los cielos y los tiranos se pegan unos castañazos que da gusto verlos. Y eso es lo que ha pasado hoy, así que me alegro, no por los señoritos caídos en tierra, sino por por los dueños de los restaurantes, por los turistas hambrientos, por mis conciudadanos, por nuestra amada Patria y desde luego también por mi, y mucho.

Pido perdón por la siguiente metáfora. No soy un nuevo Alonso Quijano creyéndose caballero andante, pero incluso así, y como soy escritor de novelas de mitología, debo evocar las arenga de Aragorn a las puertas de Mordor: Puede que llegue un día en que los hombres se plieguen a la tiranía, puede que llegue un día en que nos tornemos débiles y cobardes, puede que haya un día en que nos despojemos de la dignidad y dejemos de luchar, PERO ESE DIA NO HA LLEGADO.

José Ortega
Abogado

@abogadodelmar
joseortega@costadmaritimas.es
http://www.costasmaritimas.es

He encontrado lo que hacia falta para anular el deslinde de Calnegre.
Lo voy a explicar por encima y sin detalles técnicos, porque los motivos de nulidad que he visto son abundantes y algunos complicados y no es cosa de contarlos aquí en detalle. Parto de una base que me importa mucho aclarar. Siempre que he ido a la Jefatura de Costas de Murcia he recibido un trato muy correcto. Todos y cada uno de los funcionarios que me han atendido lo han hecho con corrección, respeto y espíritu de servicio. Cuando estoy allí veo personas laboriosas y dedicadas pendientes de su trabajo. Y además en esa casa tengo un seguidor de mi blog, mejor que no desvele su identidad. Esto lo digo para que no se malentienda lo que voy a explicar. Aquí no hay ni escarnio ni arrogancia, sólo lo que cuento. Es la verdad y eso es todo.
Confieso que alucino cuando me llaman para resolver asuntos imposibles en esos momentos finales en los que todo está perdido, cuando la Audiencia Nacional ha dicho que nanai y el Tribunal Supremo que no hay nada que hacer. Esto hace tiempo que se transformó en una rutina. Vienen para ver si hay algún milagro disponible y suele haberlo. Claro está que no se trata de milagros, sino de estudiar las tripas de los expedientes con la misma atención, o más, con que los arúspices etruscos observaban los hígados de los animales sacrificados. Hago memoria y no encuentro un solo caso en los que al revisar un expediente no haya encontrado algo que llevarme a la boca. He contado algo de esto en El Abogado y el mar. Mirad el episodio La ciudad condenada, dedicado a Arenales del Sol (se puede descargar el libro electronico en http://www.costasmaritimas.es/DOCUMENTOS.htm).
No es fácil encontrar un motivo de nulidad cuando el tema ha sido ya revisado y sometido a recurso contencioso administrativo, y cuando oficialmente todo lo había que estudiar, discutir y revisar ha sido ya estudiado, discutido y revisado. Pero siempre encuentro algo interesante, y perdón por expresarlo con esta llaneza. No es arrogancia, es una descripción de la realidad.
En el caso de Puntas de Calnegre, el otro día me dediqué a escarbar en los papeles y el motivo por el que escribo esta entrada de blog es que me encontré, entre muchos otros, con un error particularmente idiota.
El expediente era un deslinde, claro. Pero ellos le dieron otro nombre, como para disimular y para escapar a la regulación del procedimiento de deslinde. Por eso se permitieron no hacer ni apeo, ni proyecto de deslinde ni nada de lo que ordena el reglamento de costas. Pero en último término salvaron astutamente la situación dando lugar a un trámite de vista y audiencia. En todos los recursos judiciales la Audiencia Nacional ha dicho no, porque aunque no se hubieran observado algunos trámites, la vista y audiencia actuaba a modo de vacuna contra la indefensión y sanaba cualquier defecto. Esto es algo que le gusta mucho a los tribunales. Tú puedes coger a un músico callejero para que firme el inicio de un expediente, a la dependienta del súper para que aprueba la resolución y copiar medio capítulo de Guerra y paz a modo de tramitación, y la sentencia dirá que todo está bien siempre que no se haya producido indefensión. Es así como funciona, queridos.
Bueno, he encontrado un motivo de nulidad por indefensión asociado a defectos en la vista y audiencia, es decir, al salvavidas del sistema para que los vecinos no pueda ni suspirar. La cosa es simple, podría verla cualquiera: Hay una serie de vecinos a los que no se les notificó ese trámite y por lo tanto nunca fueron conscientes de que la Administración les pedía opinión sobre el tema, nunca pudieron formular alegaciones y nunca pudieron defenderse. Eso es indefensión.
Claro está que la simple ausencia de una notificación no indica que la Administración esté maltratando a los ciudadanos. Si los destinatarios no están en casa, ni el cartero ni los funcionarios pueden hacer milagros. Se publica un edicto y en paz. Pero el intento de notificación tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley.
Veamos: A una serie de vecinos no se les pudo notificar por domicilio desconocido. Esto no es nuevo, sucede a menudo por varios motivos. Pero me fijé en que no es que los domicilios fueran desconocidos, sino que las cartas venían en sobres con ventana y estaban mal maquetadas hasta el extremo de que la dirección no asomaba, o no asomaba completamente por esa ventana. Lo único que veía el cartero, y cualquiera, era un nombre con dos apellidos, a veces también una calle, pero sin ciudad. Así que desde luego entregar la carta era imposible y el muchacho se limitaba a escribir DESCONOCIDO, y a devolverla. La cosa es lo que sucedía cuando estas cartas no entregadas llegaban de vuelta a la Jefatura de Costas: Nada. A ningún funcionario se le ocurría estudiar el caso, investigar por qué razón el domicilio señalado en el Catastro era incorrecto o acudir a formulas alternativas como pudieran ser consultar al Ayuntamiento, o cualquier otra medida ordenada a la adecuada salvaguarda de los derechos fundamentales. El derecho de defensa es un derecho fundamental. No informar de la vista y audiencia es vulnerar este derecho.
Cuando hubo que notificar la Orden Ministerial pasó lo mismo: Se usaron los mismos modelos de cartas con la misma maquetación errónea y el cartero volvió a devolver las notificaciones por domicilio desconocido.
La indefensión es de libro. Un montón de vecinos se han quedado sin poder ser oídos sólo porque los responsables de redactar las cartas y meterlas en los sobres no se dieron cuenta de que estaban haciendo el trabajo mal. Un error simple que se prolongó y se reprodujo, y habría seguido reproduciéndose hasta la nausea si hubiera habido más notificaciones que hacer. Creo que esto es desidia, abulia y desgana, todo junto.
Si la Administración cumpliera con su deber constitucional de objetividad, bastaría llamar la atención sobre lo sucedido para que todo saltara por los aires y el deslinde se disolviera como azúcar en el cafe. Si viviéramos en una sociedad democrática con separación de poderes y una justicia digna, profesional e independiente, esto seria motivo suficiente para anular el deslinde y empezar la discusión desde cero. Pero abramos los ojos a la realidad. Tenemos razón pero no hay ningún tribunal en España dispuesto a reconocerlo. Lo mismo que cuando nuestros abuelos iban a a Perpignan a ver El último tango en París, nosotros tendremos que soportar que nos llamen burros en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional antes de cruzar gloriosamente la frontera, entrar en un país civilizado y acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Dicen que el efecto del bótox se disipa al cabo de unos meses porque el cuerpo hace nacer nuevas ramificaciones nerviosas para sustituir a las que han sido envenenadas. Dicen también que ante la presencia de arterias coronarias obstruidas, el cuerpo se las arregla para redirigir la sangre a través de vasos menores, o simplemente de hacer nacer otros nuevos.
La justicia es a semejanza de la imperiosa exigencia de vida de nuestros cuerpos. Se puede vivir sin coche, sin adsl o sin pan, pero no sin justicia. Sufriremos, nos aburriremos y seremos humillados, pero conseguiremos la ansiada e innegociable justicia, daremos una lección de dignidad y con nuestro ejemplo y esfuerzo y el de muchos otros, podremos quizá dejar a nuestros hijos un país mucho mejor que esta desafortunada España, limpio de corrupción, libre de zoquetes con poder y en el que los ciudadanos no sean nunca más esclavos.

José Ortega
Abogado
http://www.costasmaritimas.es

Los muchachos son jóvenes, altos y fuertes. Parecen recién salidos del gimnasio, o si acaso de una pasarela. Pecho fuera, barriga dentro, barbilla erguida, más de metro noventa y sobre la cabeza una boina. Por si fuera poco van armados hasta los dientes y protegidos por un número abrumador de furgones blindados. Son guardias civiles, pero no van de verde, sino de azul, por esas cosas de los diseñadores y porque son tropas de élite, especialmente entrenadas para derrotar a terroristas y enemigos de esa calaña.

En el otro bando, un grupo de jubilados, abuelos y amas de casa. Alguna anciana se apoya en un bastón. La mayoría toman la pastilla de la tensión, del colesterol y del azúcar. Les soplas y se caen. Son éstos los enemigos a los que el Subdelegado del Gobierno en Castellón temía hasta el extremo de remitir a Almenara a lo más granado de las fuerzas antidisturbios. No sé cuánto ha costado el despliegue, pero creo que bastanes millones en pts y miles en euros.

No hay batalla. Las fuerzas de élite de la guardia civil no se ven obligadas a intervenir, porque los jubilados no atacan. Si hay una diferencia entre unos y otros, es que los ancianos tienen los ojos llorosos y los policías no.  A los policías, cuya función constitucional es proteger los derechos de los ciudadanos, los han traído aquí para sujetar al pueblo  y obligarlo a soportar lo que tiene toda la pinta de un ultraje más bien ruín. Ellos no juraron lealtad a la Constitución para hacer esto, pero los ha traído aquí creo alguien que debe tener mala conciencia y debe temer a la indignación de los ciudadanos.

Lo cuento rápido. La familia tiene una concesión indefinida y un día desde Costas les engañan invitándolos a aceptar otra por quince años. Un timo absoluto que la familia se traga porque el funcionario o autoridad que estaba de guardia ese día actúa lo mismo que esos pilla-pillas que van por ahí engañando, quemando el mercado, cambiando de sitio y trampeando.  Cuando vence la birria que les han dado de concesión la familia impugna la Orden Ministerial y obviamente pierde el recurso. Entonces les anuncian el derribo y me llaman en agosto de 2009. Me saco de la manga lo que necesito y lo detengo durante dos años largos, hasta que atacan de nuevo.

El abogado del Estado pide nuevamente autorización judicial de entrada, pero extrañamente no dirige el procedimiento contra Fernando y su mujer, que son quienes viven en la casa, sino contra el concesionario. A pesar de ello en la propia demanda informa de que allí viven unas personas. Esto es más raro que un perro verde,  y desde luego bajo mi punto de vista el error es muuuuy grande, porque el procedimiento se tiene que dirigir contra la persona que vive en la casa, que para eso se trata de la protección constitucional del domicilio. La jueza no reacciona. Sigue el procedimiento contra el concesionario, no contra quien vive dentro. Se autoriza la entrada en el domicilio de Fernando para derribar la casa sin que a Fernando le hayan dicho media palabra. No me digáis que no es sensacional. Hago un recurso de nulidad de actuaciones y la jueza no lo admite a trámite. Estupendo de la muerte, sí.  Esto es desde luego perseverar. El concesionario hace un recurso de apelación y el abogado del Estado empieza a darle la brasa a los funcionarios de costas diciéndoles que como no derriben pueden incurrir en responsabilidad penal, lo que es total, absoluta y asquerosamente incierto. Y por lo que veo el jefe de costas de Castellón lo cree. El Director General de Costas me jura que no va a haber derribo y que esperarán a la resolución de la apelación, pero las palabras aún reverberaban en el aire cuando el jefe de costas manda las máquinas al derribo, y a los policías también.  Mientras están tirando la casa hablo con el Director General y me dice que le jefe de costas le ha pedido la orden de suspensión por escrito. Suerte que tengo copia del correo electrónico en el que el primero da instrucciones al Subdirector General para que detenga el derribo. Pero entre idas y venidas las palas no descansan y la casa está en el suelo.

Yo os juro que no entiendo esto. Que el Director General disponga la suspensión y el jefe de costas no le haga caso es algo nuevo para mí. Lo de la jueza no. Esto es escandaloso pero es la rutina.  Cuando hablé con la prensa estaba caliente. Sabía que iba a expresarme en los términos en los que uno se expresa cuando está caliente, pero yo no trabajo de abogado por el estatus social, ni para comprarme un mercedes, sino para luchar por la justicia. No puedo aguantar la prepotencia ni los abusos, lo siento. Y sobre todo no puedo aguantar la ignorancia concreta y precisa que brilla con luz propia en los jefes de costas cuando tienen la piqueta en las manos. Una vez una jefa de costas de por aquí cerca le dijo a una periodista que si no derribaba podría ir a la cárcel. Es algo parecido a las mentiras bobas que le han metido en la cabeza a un tipo que hasta el día de ayer tenía por prudente y profesional, como es el jefe de costas de Castellón.  Con enorme respeto hacia las personas digo que no pueden ostentar un cargo tan importante, con el que pueden hacer tanto daños a las personas, conservando esa dramática ignorancia en momentos clave.

Puede que ustedes sepan mucho de medio ambiente y que dominen a la perfección el teorema de Bernouilli y todas las demás nociones propias de ingenieros. Pero tienen unas carencias espectaculares en lo tocante a la ley. Si esas carencias se quedaran en lo teórico, no pasaría nada. Pero ustedes, con su ignorancia, fallan en esos momentos críticos en los que llevan la  tragedia a los ciudadanos.  Ustedes no tienen razón. Cuando los tribunales desestiman un recurso, se limitan a desestimar un recurso. Cuando autorizan la entrada en domicilio, se limitan a autorizar la entrada. Las facultades de la Administración para suspender la ejecución permanecen intactas. Lo que sucede es que a ustedes les gusta mucho rehuir su propia responsabilidad pretendiendo que si no derriban pueden incurrir en responsabilidades penales porque así no tienen ni que pensar ni que justificar.

¿Sabéis lo que pienso? Que es la hora de los cobardes. Personas que no saben, asustadas, abrumadas por su propia responsabilidad, superadas por los acontecimientos, mandan a las tropas de élite de la guardia civil para intimidar a los jubilados, pero lo hacen porque no conocen su oficio. No están a la altura de su cargo. No pueden justificar que tienen razón porque no la tienen.  Entonces emplean la fuerza bruta, la de las palas y la de los policías, como único medio para acallar la voz de la razón.  Y luego se van a casa y duermen divinamente.

José Ortega

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LA JUSTICIA TOCA A SU FIN (I)

noviembre 13, 2011

Acabo de enterarme de la reforma procesal que diputados y senadores han hecho antes de irse a casa. Puede resumirse como el título de este articulo: la justicia toca a su fin.
Los guardianes de la democracia nos están rociando con una reforma procesal tras otra, y con cada una estrechan más y más el cerco en torno al derecho de acceso a la justicia. La penúltima fue para establecer una tasa por los recursos, es decir, para intimidar a los ciudadanos y desanimarlos obligándolos a pagar un precio por ejercer un derecho.
¿Te han denegado una prueba y tienes que poner recurso de súplica? Paga por ello.
¿Que la sentencia te ha desestimado el recurso y tienes que ir a una apelación? A pagar.
¿Que te deniegan la acumulación de asuntos que has pedido para que al cliente le salga el pleito más barato? Paga antes. Sí, antes. De hecho la ley dice que no se tramitará el recurso si no viene acompañado del resguardo del abono de la tasa.
Esa reforma tuvo y sigue teniendo mala sombra porque si te quieres ir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, te exigen haber agotado todos los recursos posibles en las vías judiciales anteriores. Así que recurrir o no las resoluciones de trámite no es una elección. Tienes que hacerlo. Y pagarlo.
La reforma anterior a ésta ya he tenido el placer de comentarla en otro blog anterior llamado El recurso de amparo no existe. Cambiaron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para hacer prácticamente imposible el acceso al recurso de amparo.
Otra reforma hecha aún antes fue la que estableció un límite en la cuantía del procedimiento para acceder al recurso de casación. Si el valor de lo discutido no pasa de 24.000 euros no puedes ir al Tribunal Supremo y te quedas pasando la mano por la pared (aunque para lo que puedes esperar de ese tribunal, más vale así).
Cada reforma procesal no es más que una forma de estrangular más y más el derecho de los ciudadanos a la justicia. Pero la que ahora tengo entre las manos constituye una villanía. Una villanía oculta, claro. Si no conoces el rollo no lo ves. Lees el texto y todo te parece normal pero no lo es. En realidad nos encontramos ante un eslabón más de la conspiración para conseguir la sumisión total de los ciudadanos al Estado.
Lo que han hecho (entre otras cosas que ya comentaré) es introducir el criterio del vencimiento en costas procesales en el recurso contencioso administrativo, aunque dicho así no creo que se entienda. La traducción: El que pierde paga los honorarios del abogado del otro. Hasta ahora sólo te pasaba eso si litigabas con temeridad o mala fe. Bueno, bien… Diréis ¿Y eso qué tiene de particular, si en los asuntos civiles es así de toda la vida?
Es muy simple. En los asuntos civiles tienes un 50% de posibilidades de ganar el pleito. En el contencioso administrativo tienes un 0%. El cero puede tener algunos decimales. En unos casos puede ser un 0,5 y en otras un 0,2, pero estamos halando de cero. Ya sabéis que la Dirección General de Costas no hace más que sacar pecho diciendo que ganan el 95% de los recursos judiciales (pero no es cierto: el porcentaje supera el 99%) y el otro día, hablando con la Directora General de un departamento que nada tiene que ver con Costas, la interfecta me dice que no han perdido ni un solo contencioso administrativo. Ni uno.
Cuando hablan de esta manera, los responsables pretenden subrayar que lo hacen de maravilla, cuando la realidad es que los tribunales no están actuando con objetividad, por decirlo de una forma cariñosa.
Pues bien… Si para los ciudadanos no fuera bastante perder prácticamente todos los recursos contra a Administración ¿Os podéis imaginar lo que significa que además a estas pobres personas les condenen en las costas? Sí, por supuesto que es un sistema disimulado de financiación de un Estado que roza la bancarrota, pero además es el adiós definitivo a la justicia, porque a ese precio ya nadie querrá ni síquiera probar suerte. Peferirá pronunciar la terrible frase que hagan conmigo lo que quieran.
En el Tribunal Supremo está establecido el criterio del vencimiento desde antiguo. Hasta hace dos días, el propio tribunal, a determinar la condena en costas, fijaba el máximo de honorarios del Abogado del Estado en 1000 euros. A los vecinos de Puntas de Calnegre los han condenado al pago de 2500. Significativa subida en tiempos en los que el Estado necesita ingresos y sobre todo a cargo de una justicia independiente.
Según las normas de honorarios de los Colegios de Abogados, los recursos se cobran bastante más baratos que el asunto principal. Las apelaciones, por ejemplo, a razón del 50% . Pues bien, si el Tribunal Supremo cree que al Estado debemos pagarle 2500 euros por la casación, que es un recurso, es posible que por el procedimiento en primera instancia nos exijan el doble. Ejem… Es que ni me atrevo a escribir aquí el importe. Prefiero a los dictadores que de calzan botas de caballería de caña alta y uniformes verdes o pardos. Te amargan la vida pero al menos saben lo que son.
Yo no sé si os dais cuenta de la relevancia que tiene esto. La jurisdicción contencioso administrativa es la que regula las reclamaciones contra el Estado (y aquí entran Comunidades, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y todo eso). Lo que están haciendo con estas reformas es imposibilitar todas esas reclamaciones. El Estado se está blindando y, de forma más o menos sutil, transformándose en totalitario. Poco a poco la dignidad de la persona se va disipando hasta transformarse en una cascara vacía.
Repito mucho un viejo adagio según el cual la ley es un instrumento de los débiles. Pero esa herramienta, la ley, necesita de los tribunales para hacerse valer. En una entrevista con la BBC, el escritor Hening Mankel recuerda que sin justicia no puede haber democracia. Se trata del mismo concepto que podemos rastrear en Platón, si queremos ponernos cultos. La necesidad de justicia es irresistible. Es emocionalmente imposible renunciar a ella. Cuando la vas limitando, condicionando e imposibilitando, lo que haces es provocar la renuncia a la civilización y el retorno a la caverna, con sus golpes de porra y sus venganzas privadas como medio de resolver las desavenencias.
Soy testigo privilegiado de una de las facetas más mortíferas del estrangulamiento de la democracia. Y necesito que abráis los ojos y miréis conmigo lo que está pasando.