http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/06/04/bar-golfo-libra-pagar-1900-euros-costas/377572.html

 El TSJC da la razón al propietario de El Bogavante pese a que su terraza está en el deslinde marítimo

 

 

Vista del pueblo de El Golfo, afectado por el deslinde de Costas. i J. FUENTES
 
 
Vista del pueblo de El Golfo, afectado por el deslinde de Costas. i J. FUENTES 
 
 
 
 
 

 

 

 

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ
ARRECIFE
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por el propietario del restaurante El Bogavante, situado en El Golfo (Yaiza), Adrián Rodríguez, al que la Demarcación de Costas de Canarias -departamento que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente- había multado con 1.902 euros el 27 de septiembre de 2007 porque mobiliario de su negocio ocupaba el dominio público marítimo terrestre. En su resolución, Costas instó al dueño de El Bogavante a retirar 19 mesas, 76 sillas, 10 sombrillas y una pérgola de madera de 60 metros cuadrados.

Vecinos de El Golfo y Costas mantienen un enfrentamiento desde hace cinco años a raíz del nuevo deslinde establecido por Costas en ese pueblo sureño.

En su sentencia del pasado 25 de mayo, contra la cual no cabe recurso alguno, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC da la razón al demandante por entender que Costas no tuvo en cuenta la suspensión del deslinde solicitada en 2007 por el abogado José Ortega, que representa a buena parte del más de medio centenar de afectados. “Costas tenía un mes para contestar a esa petición y no lo hizo, por lo que el deslinde se entiende suspendido por silencio positivo y no cabe lugar a ningún expediente sancionador ni derribo”, explicó Ortega.

 

Anuncios

 El TSJ  de Canarias acaba de dictar una sentencia por la que anula el derribo del restaurante EL BOGAVANTE, en la playa del Golfo.

En julio de 2006 quedó aprobado el deslinde de la playa del Golfo, que levantó bastante revuelo entre los vecinos ante el temor de que una parte importante del poblado fuera derribada. Casi todos los políticos de la isla dieron un paso adelante para resolver el problema: La Presidenta del Cabildo, el consejero del Cabildo Carlos Espino, el Consejero del Gobierno de Canarias Domingo Berriel y por supuesto el alcalde de Yaiza.

El Golfo vive de sus restaurantes, a los que acuden turistas y viajeros para cenar a media tarde mientras contemplan la puesta de sol. De forma inusual, nada más aprobarse el deslinde, la Jefatura Provincial de Costas de Las Palmas dirigió contra estos restaurantes una serie de expedientes sancionadores por la ocupación del dominio público o la servidumbre de tránsito, con orden de retirada de las terrazas. Esto era ni más ni menos que provocar desempleo, cierre de empresas y el hundimiento de la economía local.

La sentencia, con un importante valor como precedente, da la razón al interesado  cuando denunció la indefensión causada durante la tramitación administrativa, así como en otros aspectos algo más técnicos de la demanda.

Otros dos restaurantes del Golfo, condenados a la desaparición por actuaciones de este tipo propiciadas por la Jefatura Provincial de Costas, están esperando sentencia, que se espera que resuelva en el mismo sentido.

En casos como el del Golfo, donde el deslinde es el primero en aprobarse en la zona, los afectados tienen derecho a la concesión de la DT primera (y evitan así el derribo) en caso de poder demostrar que los terrenos estaban fuera de la línea que se hubiera aprobado con arreglo a la ley de costas de 1969. Precisamente en la playa del Golfo se había tramitado en los setenta un deslinde que no había llegado a aprobarse pero que dejaba fuera del dominio público prácticamente todas las viviendas que el actual ha incorporado al espacio demanial. Se elaboró el correspondiente plano e incluso se pusieron sobre el terreno los mojones que definían este deslinde. Ésta es la prueba de que los vecinos tienen derecho a la concesión y de que sus viviendas no son ilegales, y ésta es justamente la prueba que la Jefatura Provincial de Costas ha estado tratando de ocultar al tribunal, abusando de su condición de juez y parte, ya que en este caso la prueba de que Costas no tenía razón era un documento custodiado precisamente por Costas.

Es penoso vivir en un país donde la propia Administración, obligada por la Constitución a una actuación objetiva, falta al deber más simple de todos, exigible a todo hijo de vecino, como es decir la verdad.

Los vecinos del Golfo son miembros fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y han sido defendidos, tanto contra el deslinde como en este caso contra el derribo de la terraza del restaurante, por el abogado de la Plataforma, José Ortega, que ya consiguió en el pasado verano la declaración judicial de nulidad de un derribo en Fuerteventura, así como la anulación por la Audiencia Nacional de un deslinde en Candelaria, en una sentencia histórica por ser la primera que anula una declaración de dominio público en Canarias. Ortega acaba de conseguir también la nulidad por decisión judicial de varios derribos en La Palma.

               Picar sobre la foto para ampliarla 

La I JORNADA DE ESTUDIO DE LA LEY DE COSTAS, organizada por la PLATAFORMA  NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, deparó mucha emoción, muchas sorpresas y mucha satisfacción.

El acto central de la Jornada reunió en una mesa a:

-Francisco Montoya, Ingeniero de Caminos, antiguo Subdirector General de Costas y corredactor del reglamento de costas.

-Alfredo Masó, profesor de Macroeconomía de la Universidad de Alicante, presidente del colectivo de Arenales del Sol y miembro de la junta directiva de la Plataforma.

-José Luis Almazán, Ingeniero de Caminos, funcionario en excedencia de la Dirección General de Costas y profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

 -Mario García, alcalde de Nules.

  -José Serra, Ingeniero de Caminos y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. Director del Laboratorio de Puertos y Costas de esta Universidad.

  -Un servidor, Abogado.

  Todos moderados por Carolina Fernández, periodista de Las Provincias.

   Me parecieron especialmente significativos los puntos de vista de Almazán y Montoya, dos funcionarios del Estado que han estado durante años trabajando en la casa y que no mantienen puntos de vista muy alejados de los de los afectados en cuanto a la vigencia actual de la ley de costas y la conveniencia de su reforma.

  Montoya es un interesante conversador. Hace no mucho, cuando era Jefe de Costas de Castellón, hizo algo insólito: Me llamó para cambiar conmigo impresiones sobre la ley y su aplicación. Yo, acostumbrado a todo lo contrario, la verdad es que no sabía qué pensar mientras acudía a su despacho. El encuentro fue franco, respetuoso y creo que fructífero. Entonces, como no me lo explicaba, sospechaba que la maniobra escondía alguna directriz tremebunda de los jefes de Madrid. Ahora pienso que Montoya era y es un intelectual y que sólo quería conocer mi punto de vista. La prueba de ese carácter es que en estos días, al poco tiempo de su jubilación, en vez de tumbarse en el sofá a ver Tele 5 se ha puesto a redactar su tesis doctoral, que naturalmente va de la ley de costas.

  A Almazán no lo conocía hasta hace poco, pero cada cambio de impresiones de los que había mantenido con él acreditaba su profundísimo conocimiento y su dilatada experiencia a todo lo relativo a las costas. Su ponencia lo demostró. No sólo sabe. Además es valiente.

  Serra intervino en sustitución de su compañero José Medina, que sufrió un imprevisto. Pensé que era mejor traer a la mesa redonda a Medina porque Serra le ha hecho un flaco favor a los vecinos de La Casbah, ya que como responsable del programa de vigilancia ambiental de la ampliación del puerto de Valencia de 2007, no ve relación entre dicha ampliación y la fortísima erosión marina en las playas del Saler y Pinedo, que recientemente descalzó el paseo marítimo situado frente a la Casbah. En todo caso, su autoridad en la materia está fuera de toda duda y sus buenas relaciones con el Gobierno ponen aún más en valor los puntos de vista reformistas que mostró.

Mario García es el alcalde de un pueblo como Nules, que sufre como ninguno por la erosión marina y que está perdiendo superficie a ojos vista como consecuencia del efecto sombra del puerto de Burriana.

De Alfredo qué os voy a contar. Fue el auténtico inspirador de esta cosa que es la Plataforma cuando en una comida en Alicante, en septiembre de 2007, me propuso de forma directa que uniera a todos los colectivos que trabajaban conmigo en un gran colectivo nacional.  Antes, después y durante ha luchado no sólo contra los de enfrente, sino también a veces contra los de al lado.

No voy a contar ahora ningún resumen de lo sucedido en la mesa. No tiene sentido primero porque saldría un rollazo de varios folios y segundo porque en cuanto me pasen la grabación colgaré los videos y todo el mundo podrá enterarse de pe a pa. No obstante, os traslado desde este momento mi perplejidad ante la opinión unánime de todos los presentes en el sentido de que es precisa una reforma de la ley de costas. Esto es algo que resultaba impensable hace no mucho tiempo.

 Recuerdo que cuando pusimos en marcha la Plataforma, aquel 8 de enero de 2008, alguien muy entusiasta propuso meterse con la ley y lo desaconsejé porque en aquel momento la sociedad no estaba preparada y corríamos el riesgo de pasar por señoritos privilegiados a quienes incomodaba una ley de protección del medio ambiente bastante prestigiosa. Ese momento ha quedado muy atrás. Ahora, después de todo lo que llevamos hecho y sufrido, no sólo se puede pedir una reforma de la ley, sino que la reclaman con nosotros los mayores expertos del país.

Una vez, mientras me encontraba en la herboristería Pepe Navarro, recibí la llamada de Marcial Pina, de Arenales del Sol. Era un hombre muy solemne. Después de una breve conversación, concluyó diciéndome varias veces: “No nos deje… No nos deje”.

Recuerdo otro día, en un otoño frío y en una casa enorme y más fría aún, cuando conocí a José Martí, un prestigioso abogado mercantilista de Barcelona que me llamaba para salvar aquel caserón, su casa familiar de Oliva.

Y también recuerdo el verano de 2007, cuando un sonriente Juan Miguel Terradez llevó al maltrecho local de la asociación de vecinos de la Casbah unos cubitos de limón granizado para celebrar su cumpleaños en medio de una reunión de trabajo en la que ya se empezó a fantasear con una fórmula colectiva de defensa que fuera más allá de los recursos administrativos o judiciales.

Los tres murieron en el camino sin llegar a ver este momento, que creo que es un momento histórico que va a hacer de gozne para cerrar un tiempo y abrir otro nuevo. El momento en el que todos y cada uno de los componentes de la mesa de discusión, consultados por Carolina Fernández, respondieron SÍ a la pregunta de si había que reformar la ley de costas.

 Como dije en mi turno, la ley se reformará gracias a una labor tranquila, inteligente, pacífica y constructiva llevada a cabo por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas desde el momento mismo de su fundación. No hemos chillado, no hemos insultado, ni hemos roto cristales. Hemos metido el dedo en el ojo, como debía ser, pero con educación y poniendo la semilla donde podía germinar y crecer, no en el suelo estéril de esta España de cuya vida pública los valores de justicia, ética y dignidad parecen haber huido.

 El trabajo que hemos hecho es un ejemplo de cómo la sociedad puede sobreponerse al aparato del Estado. Una sociedad donde sucede algo así sigue siendo una sociedad saludable. Creo que hemos dado un ejemplo de lucha cívica.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-afectados-ley-costas-trabajaran-pp-perfilar-reforma-norma-proxima-legislatura-20110217195333.html

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) –

   El secretario y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, ha anunciado que el próximo mes de marzo se reunirán en Valencia con el portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, Carlos Floriano, con el que empezarán a trabajar en “perfilar” una reforma de la Ley de Costas de 1988 para desarrollarla durante la próxima legislatura.

   Ortega ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que es preciso iniciar un “trabajo más denso, técnico” así como “trabajar en la parte más áspera de la cuestión”.

   Además, señala que le han hecho llegar “puntos de vista de algunos miembros muy destacados del PP” en lo que se apunta que habría que acatar una reforma de la ley de Costas “al principio de la legislatura para que pueda culminarse en el término de la misma”. Por eso, han presentado una propuesta “muy definida” de reforma de la Ley de Costas al PP y han llegado a un preacuerdo para trabajar en el tema.

   Asimismo, ha asegurado que la plataforma “ha constatado que existe en el PP una sensibilidad clara hacia los problemas de los afectados y una disposición bastante clara a introducir cambios en la Ley de Costas”.

   Igualmente, ha expresado la satisfacción de la plataforma porque cuando crearon la agrupación a finales de 2007 “todo el mundo pensaba que la ley de costas era inamovible”, mientras que ahora considera que hay “aroma de alivio y cambio en el aire” que esperan ver en la próxima legislatura.

   “Ni yo, ni la plataforma, ni nadie, quiere que el litoral se desguarnezca frente al avance de los especuladores y que se estropee la costa. Hay que ver si son capaces de meter el bisturí con finura para, preservando la costa, pero siendo respetuosos con la propiedad privada”, ha manifestado.

   En cuanto a su relación con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha indicado que desde 2008, la ministra Elena Espinosa no les recibió mientras estuvo en el cargo, aunque sí lo hizo el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. Sobre la actual titular en el cargo, Rosa Aguilar, ha agregado que le han pedido una reunión pero que todavía no han recibido respuesta alguna, al tiempo que ha asegurado que no tienen “ninguna intención de tomar ningún tipo de actitud dura ni desleal contra el Gobierno”, porque consideran que lo que es “perfectamente razonable”.

   Finalmente, ha lamentado que el balance de la Ley de Costas es que “no ha servido para frenar el desarrollo urbanístico” en los últimos años, sino para justificar que se está aplicando la ley para despejar playas pero, en su opinión, “solamente actúa sobre las clases medias y los poblados de pescadores, pero no frente a desarrollos urbanísticos en sitios indebidos”.

 

 

 

NOTA DE PRENSA

 EN RELACIÓN CON LA NOTA DE PRENSA DIFUNDIDA POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y NATURAL SOBRE EL DERRIBO DE LA VIVIENDA DE D. JOHAN Y DOÑA INGRID WEICHSELBAUM

 La Agencia de Protección del Medio Ambiente Urbano y Natural del Gobierno de Canarias ha remitido a los medios de comunicación una nota de prensa inusualmente extensa y prolija en la que explica los motivos que la han llevado al derribo de la vivienda de D. Johan y Dª Ingrid Weichselbaum en Guía de Isora.

Las mentiras para ser eficaces necesitan disfrazarse de verdad. Por eso contar verdades a medias es la forma más eficaz de mentir y eso es lo que ha hecho la Agencia, remitiendo una nota que contiene la verdad, pero no toda la verdad, y que resulta más un instrumento de propaganda que una información veraz sobre lo sucedido.

Lo sucedido es que la Agencia se ha conducido, en mi opinión, por una mezcla de despiste, error de derecho, renuncia a la responsabilidad, fanatismo, secreto culpable y, con motivo de esta nota, demagogia populista.

DESPISTE: Es cierto que la vivienda fue construida sin licencia, y eso está mal (aunque lo Sres Weichselbaum son compradores terceros de buena fe). Pero de modo sorprendente, la Agencia NO tramitó expediente administrativo de derribo por este motivo. El expediente se tramitó únicamente por invasión de la servidumbre de protección. En lugar de ordenar una investigación interna para averiguar quién fue el funcionario o autoridad responsable de que NUNCA se tramitara contra la vivienda un expediente de derribo por ausencia de licencia, la Agencia carga contra los ciudadanos ejecutando un derribo que, en la parte fuera de la servidumbre de protección, no está amparado por la previa elaboración de la decisión con audiencia de los interesados mediante un expediente administrativo.

 Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia: a) Si es cierto que NUNCA se tramitó un expediente de derribo por ausencia de licencia y que el único expediente lo fue por invasión de la servidumbre de protección b) Si es cierto que la servidumbre de protección, según el deslinde, sólo afectaba a la mitad de la casa y c) Si es cierto que se ha derribado o se está derribando la vivienda entera, incluyendo la parte que sólo está afectada por problemas de licencia sin previa tramitación de expediente de derribo por esos problemas de licencia d) Cómo es posible que se derribe un edificio sin previo expediente de derribo con audiencia de los interesados.  

El Tribunal Superior de Justicia dijo, desde luego, que la orden de la agencia de derribar toda la vivienda se ajustaba a derecho porque otra cosa supondría la legalización de una vivienda en suelo rústico. Con mucho respeto al tribunal, esto, sin embargo, es algo que no pueden hacer los jueces, porque en las sentencias no se puede introducir una cuestión nueva, que no ha sido estudiada ni resuelta en el expediente administrativo que se revisa. Y el expediente administrativo NO se tramitó por ausencia de licencia, sino por afección de la servidumbre de protección. La Agencia, en lugar de ampararse en esa sentencia (que no la vincula) debe responder a esta pregunta: ¿Es lícito derribar un edificio sin tramitar previamente expediente de derribo con audiencia de sus propietarios?

 ERROR DE DERECHO: En agosto de 2008 la Agencia notificó que se disponía a efectuar el derribo en ejecución material de sentencia (la que desestimó el primer recurso judicial contra el derribo). Con esto, se lavaba las manos frente a cualquier cuestión que pudiera aconsejar una suspensión o incluso una revisión del derribo, puesto que esa responsabilidad correspondía al juez cuya sentencia se estaba ejecutando. Desde el primer momento hicimos ver a la Agencia su error e insistimos en que las sentencias desestimatorias no se pueden ejecutar porque no contienen en su parte dispositiva una condena de dar, hacer o no hacer. Por tanto, la responsabilidad de decidir sobre una suspensión no correspondía a los jueces, sino a la misma Agencia, que estaba ejecutando su propia resolución administrativa y no la sentencia. El juez de lo contencioso núm. 1 dictó hace pocas semanas sentencia en el procedimiento 633/08 en la que reconocía que en este punto nosotros teníamos razón y la Agencia no, puesto que el derribo NO era una ejecución de sentencia sino la ejecución de un acto de la Administración. El corolario es que la responsabilidad de valorar y decidir cualquier circunstancia ordenada a una posible suspensión correspondía a la Agencia, no a los jueces.

Los medios  de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia si es cierto que desde agosto de 2008 hasta la sentencia del 633/08 estuvieron convencidos de que estaban dando lugar a una ejecución de sentencia y por lo tanto declinando toda responsabilidad en la suspensión y si salieron de ese error con motivo de la mencionada sentencia.

 RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD: Hay un hecho simple y es que la vivienda NO está en servidumbre de protección. Y otro, asociado al anterior, como es que a sus propietarios NO se les permitió enterarse de la tramitación del expediente de deslinde justamente porque cuando se estaba construyendo la vivienda en el mismo expediente se dejó constancia de que la misma estaba FUERA de la servidumbre de protección (Acompañada copia). Después, por un cambio de criterio en la aplicación de la ley, movieron la línea hacia dentro de manera que la casa quedó parcialmente afectada pero hubo un nuevo OLVIDO porque nadie se acordó de notificar esta circunstancia a los interesados, que quedaron de esta manera totalmente indefensos. Dichos interesados, a vista de la situación, formularon recurso contencioso administrativo contra el deslinde ante la Audiencia Nacional y solicitaron a la Agencia, el 4 de julio de 2009, de forma razonada y documentada (acompañando copia de la demanda ante la Audiencia Nacional) la suspensión del derribo hasta que ese tribunal dictara sentencia, es decir, hasta saber si realmente la vivienda estaba dentro o fuera de la servidumbre de protección. No puede negarse que la petición estaba fundada, y no parece imprudente suspender el derribo hasta que el tribunal decida si existe o no motivo para el mismo.

  En una reunión celebrada en la Agencia en enero de este año, las funcionarias que recibieron al interesado anunciaron que no pensaban responder a la solicitud de suspensión. No es que no pensaban acceder, es que no pensaban resolver. Transcribo aquí el artículo 42, párrafo primero de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Que unos funcionarios públicos te digan a la cara que no piensan responder a una solicitud fundada presentada por escrito, es algo realmente insólito que se pensaba que sólo podría suceder en extremos del mundo en vías de civilización, no en España. La única forma de entender esta actitud es que las funcionarias, con error que luego evidenció la sentencia del procedimiento 633/08, creían que estaban ejecutando una sentencia y que la responsabilidad de suspender era de los jueces, no de la Agencia.

La nota de prensa de la Agencia enumera todas y cada una de las decisiones de los jueces ordenadas a no suspender la ejecución. Esas decisiones se dictaron en el curso de distintos procedimientos judiciales fundados en diversas causas. Esa insistencia de la Agencia en dotarse de una coraza formada por las decisiones judiciales constituye un tic nervioso que confirma que aún no se ha enterado de que la responsabilidad sobre la solicitud de suspensión dirigida a la Administración es de la Administración, no de los jueces. La cuestión a debatir es a) Si la Agencia estaba obligada a responder a la solicitud de suspensión y b) Si la solicitud estaba bastante fundada en derecho como para acceder a la misma. Repito que NO estamos ante una ejecución de sentencia y por lo tanto la decisión sobre la suspensión NO es de los jueces (aunque se les haya podido pedir en el marco de procedimientos concretos) sino de la propia Agencia. Por tanto, la enumeración en esa nota de prensa de tantas decisiones judiciales desestimando una petición de suspensión es algo que no viene al caso sino tangencialmente y que sólo sirve a la Agencia como cortina de humo para ocultar su violación de la ley al decidir NO RESOLVER una solicitud escrita y razonada.

Un hecho que denota que la Agencia acusó el golpe de la sentencia dictada en el 633/08 (que desmentía su pretensión de estar ejecutando una sentencia y por tanto devolvía la responsabilidad sobre la suspensión a la propia Agencia) es que al poco tiempo de dictarse la misma, de forma extraordinariamente precipitada y en vísperas del derribo (el 26 de noviembre), se resolvió por fin sobre la solicitud de suspensión, remitiendo la decisión a este Letrado simultáneamente por casi todos los medios posibles: Fax,  correo electrónico y correo certificado con acuse de recibo.

Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia cómo es posible que una Administración pueda violar la ley declarando de modo expreso que no piensa responder a una solicitud escrita y razonada formulada por los ciudadanos.

FANATISMO: El juez de lo contencioso núm. 4 dictó medida cautelar urgente el mismo día 26 de noviembre, suspendiendo in extremis el derribo, y la levantó posteriormente el día 2 de diciembre. El problema es que el juez parece que notificó el levantamiento de la medida a la Agencia el mismo día 2, pero no al Procurador del Sr. Weichselbaum, por lo que cuando el equipo de demolición se presentó en la vivienda sobre las nueve de la mañana del día 3, ni el Procurador, ni el Letrado, ni D. Johan ni su esposa Doña Ingrid sabían que el derribo ya no estaba suspendido. Parece, por tanto, congruente hablar de fanatismo, de intencionalidad y de tácticas militares en la actitud de sorprender a los interesados en su sueño o en su desayuno. La Agencia se aprovechó de un desequilibrio procesal causado por el juzgado, es de suponer que sin intencionalidad pero con catastróficas consecuencias como hemos visto.

D. Johan Weicselbaum fue sacado a la fuerza de su casa y no se atreve a volver para inspeccionar sus enseres por miedo a la policía. No sabe nada de sus enseres personales por este motivo.

Cuando me refiero en este apartado a fanatismo quiero aludir a que las funcionarias encargadas acabaron tomándose la cuestión como un tema personal, algo que no debería suceder nunca en la función pública, en particular porque destruye la obligación constitucional de objetividad que pesa sobre la Administración.

SECRETO CULPABLE: Un ciudadano quiso hacer fotografías del derribo con su teléfono móvil y la policía se lo impidió a pesar de que la libertad de información es un derecho constitucional y de que el ciudadano estaba intentando fotografiar una propiedad privada con el consentimiento de su titular. Si todo era legal y conforme ¿Por qué dar a la policía instrucciones para impedir las fotografías? Creo que por el mismo motivo por el que se habla en la nota de prensa de la Agencia de “vivienda de lujo”: Por no soportar la pérdida de popularidad y votos que debe llevar consigo una acción de este carácter.

Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia a) Quién  y sobre todo por qué dio a la policía instrucciones para impedir que se hicieran fotografías b) Si considera que está justificada la violación de este derecho constitucional y, en su caso, los motivos y c) Si, en caso de encontrar que la práctica es reprobable, ha ordenado la apertura de una investigación interna y/o de un expediente disciplinario contra los responsables. 

DEMAGOGIA POPULISTA: La nota de prensa de la Agencia resulta sorprendentemente populista y  demagógica al poner en su titular que lo que se ha derribado es una vivienda “de lujo”. Con esto, de forma que parece estudiada por publicistas, se pretende poner a la opinión pública en contra de los afectados por el mero hecho de no ser pobres. Esta, en mi opinión, es una forma muy baja de sacudirse la responsabilidad por unos hechos que creo indebidos: La igualdad ante la ley, que proclaman la Constitución y diversos tratados internacionales, prohíbe no sólo la discriminación de los pobres por ser pobres. También la de los ricos por ser ricos. En una sociedad donde todos deben convivir en paz, resulta inquietante que los mismos poderes públicos fomenten la exclusión de los ciudadanos que puedan tener más medios de fortuna sólo por tenerlos.

 Lo que ha sucedido a los Sres. Weichselbaum le puede suceder a cualquiera en esta España desafortunada en la que como te toque la chica vas listo. La opinión pública debe juzgar si es de recibo esta situación: Se construye una vivienda, la Dirección General de Costas dice que está FUERA de la servidumbre de protección, por lo que no notifican a los propietarios el expediente de deslinde. Luego cambian el criterio de aplicación de la ley (Ilegalmente, lo hablaremos otro día) y meten la línea al interior, ocupando media casa, pero no se lo dicen a los propietarios, por lo que éstos no se enteran y desde luego no puede decirse que hayan infringido ninguna ley y menos la de costas (La casa se construyó durante el periodo en el que la propia Dirección General de Costas decía que estaba FUERA de la servidumbre de protección). Años después, la Agencia tramita un derribo por invasión de la servidumbre de protección (un pecado que los propietarios desconocían) y cuando impugnan el deslinde para que re reconozca que el expediente de deslinde se tramitó con indefensión (es evidente) y la vivienda no está en servidumbre de protección (se aportaron argumentos sólidos), la Agencia, en lugar de esperar a ver qué sucede, decide destruir la vivienda antes de tiempo, despreciando a los ciudadanos hasta el extremo de decirles que ni siquiera piensa responder a su solicitud de suspensión. 

En vísperas del derribo remití una carta a D. Paulino Rivero, a D. Domingo Berriel y a D. Pedro Pacheco advirtiéndoles de esta situación. Dejemos al margen al Presidente, que para eso tiene muchas obligaciones. Yo creo que a D. Domingo y a D. Pedro los deberían destituir por estos hechos.  Y, en todo caso, mi opinión es que Coalición Canaria, si sigue interesada en presentarse en público como defensora de los afectados por la ley de costas, debería a sacar al Sr. Berriel de las listas electorales que tienen que elaborar dentro de poco. Si no lo hace así, estarán demostrando a los ciudadanos que lo único que quiere es pescar votos pero que en realidad los afectados le importan un bledo.  De momento, el Gobierno de Canarias ya está denunciado ante el Parlamento Europeo por estos hechos y supongo que si Berriel sigue al frente seguirán más denuncias.

 José Ortega

Abogado

En representación de D. Johan y Da. Ingrid Weichselbaum

NOTA DE PRENSA DE LA AGENCIA

 

Derriban un chalet de lujo ilegal en Guía de Isora que invadía la zona de servidumbre de protección de la costaLa Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias está procediendo, desde el pasado día 3 de diciembre, a la demolición forzosa de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas de altura, con una superficie de 358 metros cuadrados, más garajes, piscina, cuartos anexos y zonas ajardinadas, situada en la costa de Guía de Isora.

Esta vivienda invadía la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, careciendo de la preceptiva autorización conforme a la Ley 22/1988 de Costas y su construcción fue finalizada en el año 2000, siendo valorada en el año 2001 en la cantidad de 303.466,74 euros.

El expediente se inició en 1995, con la denuncia de la entonces Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental a un primer comprador, y en el año 1999 se produjo la venta al actual propietario, en forma de finca rústica y sin edificación alguna.

Se había solicitado autorización para la realización de una vivienda en esa zona que fue denegada en noviembre del año 1994, resolución que fue impugnada por la vía administrativa, pero con confirmación de su denegación, continuando el interesado con la vía contencioso administrativa que confirma la denegación.

Aún así, se iniciaron las obras y fueron objeto de suspensión administrativa, acto que también es impugnado en la vía contenciosa, que mantiene la suspensión en 1999. Ya en el año 2000, se comprueba que, a pesar de la suspensión, las obras han continuado y se han ampliado, constatándose además que gran parte de las mismas se habían ejecutado dentro de zona de servidumbre de protección.

La demolición se acordó en el año 2003 y se otorgó al interesado el plazo de un mes para aportar proyecto de demolición, con el fin de de posibilitar la demolición voluntaria y con la advertencia de que de no cumplimentar ese trámite, se procedería a la ejecución forzosa.

Esta resolución es firme, al ser recurrida y reconocida conforme a derecho por sentencia de Juzgado de la Sala de lo contencioso-administrativo de 2006, confirmada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó expresamente la demolición de la totalidad de las obras. Ante la falta de ejecución voluntaria, se dictó ya en 2008 la ejecución forzosa, que nuevamente fue recurrida y nuevamente desestimada.

Además, en este expediente figuran cinco decisiones de Juzgados de lo contencioso-administrativo, denegando medidas cautelares de suspensión de la ejecución de esta demolición. Pese a ello, y fijada por último la demolición para el día 29 de noviembre de 2010, es nuevamente solicitada la suspensión de la misma y de nuevo denegada – ya por sexta vez – el 2 de diciembre pasado.

En la última denegación de suspensión se indica expresamente por el Juez de lo Contencioso-Administrativo que en la petición del interesado “no se aprecia la existencia de apariencia de buen derecho, sino más bien de temeridad procesal en la pretensión del actor, que ha venido obstaculizando la acción de la Administración de ejercicio de la potestad de reposición de la legalidad urbanística desde 2003”.

Indica asimismo que “ante los intereses en conflicto prevalece el interés general demorado siete años, ante el interés particular que ha agotado los recursos tanto útiles como artificiales para su defensa”. La demolición se acometió bajo la dirección y supervisión de la Agencia y es ejecutada materialmente por una empresa designada en forma legal a tal efecto.

La Apmun comunicó a los ocupantes de la vivienda la necesidad de desalojar la misma para la ejecución, desalojo que se produjo con retirada de los efectos personales que estos estimaron en maletas, abandonando el resto de los numerosos enseres existentes en la vivienda.

Éstos fueron trasladados por una empresa especializada en transporte y custodia de enseres, donde estarán a disposición de los propietarios previo pago de los costes derivados. La retirada de los residuos implicará que la demolición no se encuentre finalizada hasta la próxima semana.


 Esto ya lo he escrito antes en este blog, y me gusta repetirlo. Es uno de mis pensamientos favoritos: No importa que la utopía sea inalcanzable, porque perseguirla nos ennoblece. Es una expresión del filósofo alemán Max Frisch, que aunque no huibiera escrito otra cosa, con esto ya tendría bastante. Como se dice en TODO ES MENTIRA, no se puede cambiar el sistema, lo que no significa que no haya que intentarlo.

Ayer 223 personas celebraron la Constitución enviando cartas a los diputados en las que reclamaban una democracia real y el fin de la pobreza y la guerra en el mundo. No nos lo concederán, pero ahora saben que sabemos. A  mí me ha gustado mucho este intento ingenuo hasta el surrealismo de que los diputados hagan justamente aquéllo para lo que fueron elegidos.

Mañana no seremos 223, sino muchos más. Un día seremos tantos que dejaremos a los políticos hablando solos mientras largan sus discursos vacíos, para que tengan que contarle el mismo rollo de siempre a las lagartijas y a las telarañas del techo mientras nosotros nos concentramos en hacer algo verdaderamente útil.

La jornada de ayer ha sido un éxito de las personas de buena fe que no aceptan la manipulación, la mentira y la dictadura encubierta. Queremos la Constitución, queremos la libertad y queremos la democracia, no este sistema indecente que quieren hacer pasar por bueno como cuando te colocan en la carnicería un cuarto de carne caducada.

 Gracias, enhorabuena y mucha esperanza para todos.

 ¡Sí podemos!

  Os pego aquí el vínculo a TODO ES MENTIRA, para el que no se lo haya bajado:

 http://www.mediafire.com/?rt4dh57jp4orw7u
 Y el vínculo a MANIFIESTO PARA UNA ECONOMÍA VERDE:

 http://www.mediafire.com/?60ijry2dsqo02ze

El otro día, mientras las palas se preparaban para derribar por sorpresa la vivienda de D. Johan y Doña Ingrid Weichselbaum, una persona allí presente, siguiendo mis instrucciones telefónicas, intentó hacer fotos de las operaciones. No pudo. Un policía nacional asignado al gobierno de Canarias se lo prohibió y le ordenó que le entregara el teléfono. Aquella persona se negó y el policía le exigió entonces que le mostrara las últimas fotos hechas. No le había dado tiempo a disparar, por lo que todo lo que pudo ver aquel servidor del orden fueron unas cuantas imágenes domésticas.

O mucho me equivoco o la Constitución contempla entre los derechos fundamentales de la persona el derecho a obtener y distribuir información. No, no es una broma. Es un derecho fundamental de la persona, recogido en un repertorio de derechos que constituyen la esencia de nuestra convivencia. Cuando echaron en un cesto la cabeza de Luis XVI después de ser separada del cuerpo por la guillotina, fue para conseguir esos derechos.

Vamos a celebrar mañana un nuevo aniversario de la Constitución, pero ya nadie cree en ella. Los políticos se van a quedar solos con sus discursos solemnes y bobos sobre garantías y derechos simplemente porque unos y otros no existen ya sino como leyenda o mito.  

El gobierno de Canarias y su policía ya nos han anticipado su original forma de celebrar la Constitución: Sorprendiendo con maquinaria de destrucción masiva a dos ciudadanos europeos mientras desayunaban en su casa e impidiendo de forma grosera el derecho a la información.

A este policía parece que se le despertó un instinto ancestral propio de las épocas del paleolítico en las que quienes disponían de un corpachón fornido o simplemente de armamento, abusaban a placer de los débiles.  Estaba allí, respaldado por los políticos, y creyó que por ese solo hecho los ciudadanos se habían transformado de pronto en basura. Puede haber diferencia de grado, no de concepto, entre los guardias civiles que asaltan el Congreso para dar un golpe de Estado y un policía de Canarias que pulveriza con abuso de autoridad un derecho constitucional.

 Estoy seguro que a ese policía, en la academia, le informaron sobre los derechos fundamentales de la persona. Tan seguro como que el otro día todo se le fue de pronto de la memoria, como si lo desenchufaran de la pared. La persona ofendida estaba ejerciendo un derecho reconocido, consagrado y enaltecido por la Constitución, y el policía democrático de un gobierno democrático pisoteó ese derecho abusando del uniforme, de la porra, de la pistola, de las esposas y del furgón policial.

Creo que habéis leído mi blog SOBRE EL INFIERNO DE VILLARRUBE. Ahí ya me preguntaba por qué los cuarenta guardia civiles, en lugar de proteger el derecho constitucional al domicilio de los ciudadanos, estaban protegiendo al señor que se presentó en sus casas para violar ese derecho. Ahora me pregunto lo mismo. Y me pregunto cómo puede ser que de repente, en esos momentos de locura transitoria, ya no eres un ciudadano, sino un súbdito, un perro, un esclavo, aunque siempre bajo la marca  comercial de la democracia.

Los destructores con sus máquinas de destrucción estaban actuando, según decían, con amparo judicial. Si era así ¿Por qué prohibir las fotografías? ¿Qué había de malo en lo que hacían? ¿Por qué su mala conciencia? ¿Quién bajo el cielo tiene poder para impedir que una persona que está en una propiedad privada, o en medio del campo, pueda hacer las fotos que tenga por convenientes? ¿Con qué autoridad ese policía le quita el móvil, le exige mostrar las fotos o le prohíbe hacer otras a un ciudadano libre de una sociedad democrática? ¿Alguien sabe qué precepto de qué ley estaba aplicando el policía democrático servidor del orden democrático al requisarle el móvil a un ciudadano libre de una sociedad libre?

Esto es, claro está, una simple suposición. Pero allá va la suposición.

¿Qué es lo que quiere Domigo Berriel? Votos. Por eso se va a Madrid a salvar un poblado sobre el que él no tiene ni un poco de competencia, procurando con cuidado que los periodistas informen con generosidad de su benevolencia. Pero al mismo tiempo derriba una casa sobre la que sí tiene competencia, e impide, incluso por esos procedimientos fascistas, que el destrozo salga en prensa. Procedimientos fascistas, sí. Me refiero a que un señor de uniforme y armado hasta los dientes impida sin ningún motivo, sin ninguna razón y sin ninguna ley el ejercicio de un derecho constitucional.

El policía no estaba allí para garantizar ni la libertad ni el ejercicio de los derechos, sino, a vista de lo sucedido con el teléfono móvil, para pisotearlos por encargo de quienes lo habían enviado. Y si había que pisotear los derechos fundamentales garantizados en la Constitución no era en atención de los intereses generales, sino de intereses privados antidemocráticos, es decir, para que el pueblo de Canarias no sepa qué es lo que hacen Domingo Berriel y su equipo cuando no están apareciendo en prensa para aparentar que defienden a los afectados con esa escenografía que tanto les gusta.

Creo que me explico. Una vez, cuando era estudiante universitario, estaba comiendo con mi amigo, el capitán del cuartel de la Guardia Civil, quien me expresaba su mosqueo porque el Delegado del Gobierno le había pedido que informara de la campaña anti Otan. Estaba mosqueado porque él era un policía democrático que sabía distinguir entre su función constitucional de protección de la seguridad ciudadana y lo que le estaban pidiendo que hiciera, que era espiar a los ciudadanos para pasar informes sobre sus inclinaciones políticas a fin de favorecer la opción de un partido político, que como se sabe es una entidad privada que atiende a fines privados. La Guardia Civil no era la policía de los partidos que promovían la OTAN, era y es la policía de todos.

De la misma manera, a  ver si se entiende: El policía que el viernes estuvo humillando a un ciudadano libre de una sociedad libre, no estaba defendiendo los intereses generales, sino los intereses particulares de un partido político que quiere que la sociedad de Canarias sepa unas cosas e ignore otras con la única finalidad de seguir gobernando. Y repito que un partido político es un grupo privado que persigue fines privados. El estaba convencido de que era un policía hecho y derecho pero no era más que una marioneta de unos señores mueven a su antojo en demanda de sus fines de partido.  

En el día de la Constitución, a este policía sugiero que alguien le regale un ejemplar de la idem. Y a Domingo Berriel, ese señor que va a Madrid a meterse en lo que no le importa para salir en prensa al mismo tiempo que pulveriza en secreto una vivienda que NO está en servidumbre de protección con arreglo a la ley, creo conveniente regalarle una pala mecánica para ayudarle a seguir derribando viviendas de ciudadanos inocentes. Aunque, bien pensado, lo ideal para él sería el yelmo de la invisibilidad del dios Hefaistos. Con él podría destruir, machacar, pulverizar y pisotear sin que sus votantes se enterasen.

Menos mal que el mismo día que un policía totalmente equivocado, descaminado y manipulado hizo lo que hizo en Canarias, otro policía saltó a las vías del metro de Madrid para salvar en el último instante la vida de un ciudadano que había perdido pie y yacía inconsciente a merced del tren que se aproximaba. Este hombre, que además podía haber pasado de todo porque estaba de paisano, se jugó la vida para salvar otra. Ni un segundo transcurrió entre su intervención y la llegada del tren.

La decencia, la bondad, la generosidad, todos esos valores siguen estando en las personas comunes, no en esos políticos que falsean, prohíben, pisotean y engañan.

¿Veis cómo debemos tener esperanza?

DOMINGO BERRIEL, CONSEJERO DE POLÍTICA TGERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS

 

D. RICARDO MELCHIOR 
Presidente del Cabildo de Tenerife
 
Estimado amigo:
 
 Esta mañana la Jefa de Servicio Teresa Abreu y la asesora jurídica Olga Castaño, de la Agencia, se han personado con equipos de demolición y numerosa policía para derribar la vivienda del ciudadano austriaco D. Johan Weichselbaum en Guia de Isora. La medida de suspensión cautelar acordada provisionalmente por el juez fue levantada ayer, y el auto se notificó a la Agencia, pero no a mi procurador. Sin dar tiempo incluso a que conociéramos la notificación, Doña Teresa y Doña Olga se han personado en la vivienda mientras sus propietarios se encontraban desayunando y han ordenado el inicio de la demolición. Se han vivido escenas dramáticas cuando D. Johan Weichselbaum, un hombre de 76 años, se ha encerrado en el interior. Finalmente ha tenido que salir ante la evidencia de que las máquinas empezaban a derribar los muros. Según me cuenta la traductora, que estaba presente, Doña Teresa y Doña Olga cambiaban risas entre sí mientras los propietarios de la vivienda permanecían lívidos en el jardín. Tal como era su estado, probablemente necesiten atención médica. La traductora ha intentado hacer fotos con el móvil y un policía se lo ha requisado. Quizá alguien pueda explicar por qué en un país libre y democrático una persona que está en una propiedad privada con consentimento de sus propietarios no puede hacer fotografías. Por supuesto que la policía ha bloqueado la carretera, aparentemente para impedir el acceso a los medios de comunicación y con esto conseguir el fin perverso de que los ciudadanos no puedan saber lo que ha sucedido hoy. La traductora ha informado a Doña Teresa y Doña Olga de que yo me disponía a formular un nuevo recurso en el juzgado, que llevaría orden de paralización. Según me cuenta la traductora. la respuesta de Doña Olga ha sido que estaban en medio del campo y que allí ella no podría recibir ninguna orden de suspensión, y que no se iba hasta que no hubiera tirado la casa. Por supuesto que los propietarios no han podido sacar de la vivienda ninguna de sus pertenencias, que en este momento en el que escribo están siendo destruidas junto con la vivienda misma.
El único motivo del derribo es que la vivienda está en servidumbre de protección. La vivienda no está en servidumbre de protección con arreglo a la ley y la Agencia lo sabe. La Agencia no ha querido ni siquiera entrar a discutir la petición razonada de suspensión que presenté el día 4 de julio de 2009 y su actitud ha sido en todo momento de desprecio hasta el extremo de que en la entrevista mantenida en enero Doña Olga me llegó a decir que no pensaba contestar a la petición (usted sabe que la Administración está obligada a responder siempre).
Estos hechos marcan un antes y un después en la defensa contra los abusos de la ley de costas. Tanto el gobierno de Canarias como Coalición Canaria habían mostrado, o aparentado, interés por una aplicación razonada y prudente de la ley. No sólo el hecho de derribar una casa por motivos que no son ciertos (la casa NO está, con arreglo a la ley, en servidumbre de protección) como especialmente los métodos empleados (aprovecharse del privilegio de recibir notificación del alzamiento de la medida antes que los propios interesados, atacar la vivienda por sorpresa e impedir toda posibilidad de comunicación a la sociedad de lo sucedido) denotan una actitud de la Agencia, del Gobierno de Canarias y del partido que los sustenta, que quizá no sea preciso calificar pero que en todo caso desmiente la leyenda de que los antedichos estén del lado de los ciudadanos frente a los abusos de aplicación de la ley.
No deja de ser notable que mientras D. Domingo Berriel se presenta ante la Ministra de Medio Ambiente para defender cierto poblado del derribo que debe efectuar el Ministerio, el mismo D. Domingo Berriel dé el visto bueno a la aberración a la que he tenido la vergüenza de asistir hoy, aunque sólo fuera mediante la comunicación telefónica con la traductora. Quizá la razón es que escenificar el intento de parar el derribo del Ministerio proporciona votos, pero usar la autoridad propia para hacer lo mismo con el de estos dos ciudadanos no proporciona ni un sólo voto, puesto que ni son españoles ni están censados en Canarias para votar.
No hay nada malo en aplicar la ley y reprimir los actos ilegales, todo lo contrario. Pero esto no es lo que ha hecho la Agencia. A sus técnicos se les OLVIDÓ tramitar el expediente de derribo por los problemas de licencia de la construcción. Sí, esto es increíble: Se les OLVIDÓ. El expediente se tramitó sólo por la afección de la servidumbre de protección. Pero la servidumbre de protección ocupa sólo una parte de la vivienda. El resto está fuera y en este momento se está derribando: Se está derribando sin que la Agencia haya tramitado expediente alguno para ello. Es una vía de hecho totalmente ilegal incluso aunque el TSJ dijera que la vívienda podía derribarse entera ya que otra cosa equivalía a legalizar una construcción sin licencia, simplemente porque la función de la jurisdicción contencioso adminsitrativa es meramente revisora de la legalidad de los actos administrativos, y si el acto administrativo no se tramitó por problemas de licencia, el tribunal tiene totalmente prohibido entrar en ello. Esto es algo que entiende cualquiera.
Siento un enorme respeto por su persona y estos hechos no lo van a mermar. Al contrario, pienso que si hubiera muchos políticos como usted en su partido, todo le iría mejor. Pero no puedo decir lo mismo de quienes han tomado esta decisión o la han permitido y espero que me perdone y que por favor no se sienta aludido si traslado a la sociedad mi sentimiento de repugnancia hacia lo sucedido hoy y el convencimiento que su propio partido me ha inoculado esta desafortunada mañana de que todos sus gestos en favor de los afectados sólo esconden una inmensa avaricia de votos.  
Yo estoy y estaré siempre a su disposición pero personalmente considero que deberían relevar de su cargo tanto a D. Domingo Berriel como a D. Pedro Pacheco porque su actitud de hoy los transforma en lastre político para un partido que insiste en defender a los afectados por los abusos de la ley de costas.
Desde luego que ni como ciudadano ni como Abogado tengo capacidad para producir inquietud a ningún poderoso. No obstante, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas reúne a unos ocho mil ciudadanos y voy a tomarme la molestia de que hasta el último de ellos sepa quién es D. Domingo Berriel y lo que es capaz de hacer el equipo bajo su mando.
Distribuyo este mismo mensaje a afectados, políticos, medios de comunicación nacionales y extraneros y universidades.
 
Reciba un afectuoso saludo
 
José Ortega
Abogado