LIBRES PERO SIN ALAS

abril 4, 2011

 

  Un Estado sin alma en guerra contra el alma del pueblo.

  En 1988 el partido socialista puso en marcha una ley para proteger las costas. Era necesaria, porque la aplicación de la ley entonces vigente doy fe que era de risa. Pero quizá hubiera sido más apropiado ponerse serio con la que ya había y dejar de hacer el tonto.

 La ley nueva ampliaba las definiciones del dominio público dando lugar a que enormes espacios que antes eran privados pasasen a poder del Estado. Esto, naturalmente, planteaba un problema de cuidado en relación a las viviendas existentes en esas zonas, porque por un lado la propiedad no se puede suprimir de un plumazo y por otro no había dinero suficiente en España para indemnizar esas expropiaciones. La solución fue una síntesis en la que la indemnización no se daba en dinero, sino mediante una autorización temporal para seguir habitando la casa expropiada como concesionario. El Tribunal Constitucional dijo que eso era compensación suficiente (¿?) y la cosa quedó así hasta que nació la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas para denunciar los abusos del Gobierno sobre los humildes, los pobres, los desamparados y sobre la clase media y consiguió, entre otras cosas, que el pleno del Parlamento Europeo (26.03.09) declarase que aquel mecanismo era en realidad una expropiación sin indemnización.   Así es como lo consideran todos: afectados, políticos y gobiernos europeos y medios de comunicación. Todos excepto el Gobierno y los jueces de aquí.

   La praxis de la ley de costas sugiere un país que quiere vivir por encima de sus posibilidades reales. Rescatar los antiguos terrenos dunares y rehabilitarlos está bien. Hacerlo a coste cero sobre las costillas de los ciudadanos, en cambio, no resulta tolerable. El Estado se porta como esas familias que ansían tener el coche de último modelo, la tele de más plasma y más pulgadas y el sonido más estéreo, pero a la que no le llega el sueldo. Es lo mismo. Lo que pasa es que lo disfrazan estupendamente pero en el fondo es eso. Quieren limpiar las playas de pobres para fomentar el turismo de calidad y a esos pobres que los zurzan.

 No somos capaces de encontrar el término medio. O vendemos el país a los especuladores o lo entregamos a unos funcionarios fanáticos que echan arena sobre el bosque para decir que es una duna y que se presentan por sorpresa y sin autorización judicial para derribar las viviendas de familias humildes. Pero estos  celosos señores de la ley y el orden ni siquiera son capaces de guardar coherencia con su propia severidad porque,  aunque sea increíble, al mismo tiempo que se dictan actos retroactivos pasando al dominio público viviendas construidas fuera de él y anteriores a la ley, en este momento hay en España varios procesos de desafectación (retirar el carácter de dominio público) de terrenos donde los especuladores construyeron cuando ya eran dominio público. Es un espectáculo de circo ver cómo se priva de su propiedad y se derriban viviendas alzadas en terrenos privados, comprados y pagados, y se desafecta lo construido sobre el dominio público. Lo que pasa es que esto lo llevan con mucha discreción.

  El desaliento de las víctimas de estos feroces ejecutores de la ley de costas queda bien resumida en los versos de Blas de Otero, que nos define como ciudadanos libres pero sin alas. Tenemos derechos, sí, pero hasta que nos toca la china de cruzarnos en el camino del Estado. Como te pase eso, despídete. Parecía que Serrat estaba pensando en estos cuando escribió aquel tema que decía “no conocen ni a su madre cuando pierden el control”.

   Llegará el día en el que España se libre de los lobos que nos afligen, de los fanáticos, los sectarios y los soberbios señores acostumbrados a pasarnos por encima para cumplir lo que ellos creen que es un ideal. Llegará el día en el que España no sea una democracia de cartón pintado inflada con consignas de aire.  Llegará un día en el que no hará falta luchar por lo que es evidente. Pero ese día no ha llegado. Y no llegará si descansamos o lo dejamos correr. Esta no es una lucha por el derecho de propiedad de unos pocos. Es una lucha por la dignidad. Escuchando el llanto de las víctimas es como he llegado a percibir el envilecimiento del sistema y a comprobar que el problema no es la ley de costas, sino una democracia que no funciona.

   LIBRES PERO SIN ALAS es un documental producido por LUGALBANDA SL que cuenta cómo un Estado sin alma hace la guerra al alma de su propio pueblo y cómo la sociedad puede prevalecer frente al Estado empleando como arma sólo la palabra.

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TERRADEZ

marzo 16, 2011

 

 Fue hace cuatro años, en febrero de 2007, cuando me llamaron para ayudar a los vecinos de la Urbanización Casbah II de El Saler (Valencia), contra un deslinde agresivo que dejaba a los interesados sin casa. El presidente  del colectivo era un hombre jovial y optimista, decorador de profesión, llamado Juan Miguel Terrádez.

 Ese verano, en una reunión en el maltrecho centro social de la urbanización, trajo unos litros de limón granizado porque era su cumpleaños. La fundación de la Plataforma comenzó a insinuarse aquel día porque Terrádez y los suyos me pedían soluciones más allá de escribir un papelito de más o de menos.

 Estuvo conmigo en la entrevista histórica (aunque inútil) con Juan Carlos Martín Fragueiro, el 4 de noviembre de 2008, cuando la Plataforma llevaba ya unos meses sacudiendo leña.

  Fue el artífice de una solución in extremis para la supervivencia física de La Casbah frente a los embates del oleaje, cuando consiguió convencer al Ayuntamiento de Valencia de que arreglara el paseo marítimo descalzado por el temporal a pesar de la negativa de Doña Lidia Pérez, a quien muchos conocen como Jefa de Costas de Valencia.

  Cuando las cosas se torcieron y algunos ciudadanos de este bendito país se pusieron a hacerme la vida imposible, aquel decorador jovial y optimista se puso de mi parte y me defendió en público y en privado. Y cuando los ciudadanos afilaron el colmillo y se empeñaron en darme el estoque definitivo, Terrádez se encargó de organizar mi defensa.  Me consta que lo pagó caro y creo que entenderéis que tengo una deuda con este tipo que continuamente daba la cara por mí ante enemigos feroces.

 He compartido con él mucho más que el limón granizado, especialmente cosas inmateriales: La esperanza cuando Martín Fragueiro apuntaba maneras, la exaltación con motivo de la aprobación de informe Auken, la vergüenza por las traiciones y la decepción cuando en el Puerto de Valencia nos dijeron el otro día que no pensaban hacer nada para impedir que el mar se comiera la urbanización. Pero sobre todo la confianza en un futuro mejor, en el que nadie tuviera miedo de que un día un funcionario público te quitara tu casa. Como sucede en estos casos, la desgracia le había hecho recorrer un camino, aunque fuera inconscientemente: Ya no luchaba sólo por su casa, ni por la urbanización (que son cosas)  Estaba luchando por la justicia y la dignidad (que son ideales).

  Antes de que hubiéramos sido capaces de cambiar la ley de costas, antes de que pudiera yo devolverle su vivienda, sin dar tiempo a las celebraciones por el triunfo final de la justicia, Terradez ha muerto. Cuando los culpables paguen sus culpas, cuando los inocentes recuperen la inocencia, cuando la tranquilidad natural vuelva a las familias, ya no podremos celebrarlo con la alegría que esparábamos, porque faltará uno de los nuestros.

 Su muerte ha causado consternación en la Plataforma.

Debo reconocer su espíritu positivo, su gusto por la ironía, su sentido de lo recto y su permanente disposición a ayudar. Ahora hay muchas personas que han leído en libros que hay que dar la espalda a la negatividad. En él era instintivo. No tengo un solo recuerdo de Juan Miguel Terradez Calabuig que no sea escucharlo bromear.

  Amigo, gracias por tu apoyo, tu energía y tu buen humor.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/principio/fin/Ley/Costas/elpepusoc/20110222elpepisoc_2/Tes

La norma que protege el litoral se ve amenazada por cinco iniciativas legislativas – Casi 23 años después de su aprobación, los perjudicados cantan victoria

RAFAEL MÉNDEZ – Madrid – 22/02/2011

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La Ley de Costas está tocada, quizá herida de muerte. Puede que caiga este año o el que viene. Puede que la legislatura se agote antes de que cuajen los cambios legales en marcha que pretenden minarla. Pero eso no es lo más relevante. La ola contra la ley, aprobada en julio de 1988, la presión para mantener la ocupación del litoral es tan grande y procede de tantos frentes, que caerá más temprano que tarde. Esa es al menos la impresión de ecologistas, perjudicados por la ley y la mayoría de partidos políticos.

La Ley de Economía Sostenible prorroga una refinería que ocupa una marisma

El Senado aprobó por mayoría rebajar la norma como pedían CiU y PP

El abogado de los afectados: “Es cuestión de tiempo que caiga la ley”

Los ecologistas critican la cesión de competencias a las comunidades

La recopilación de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que está sometida la norma.

En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utilizó la Ley de Navegación Marítima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender . La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo criticó la opacidad del trámite, pero la técnica se repitió. En agosto llegó la Ley de Puertos, de Fomento, que suavizó las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay más: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Economía Sostenible apoyó una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesión a una refinería en dominio público. El objetivo es que la instalación de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesión caduca en 2012, siga en pie después de esa fecha. El presidente de Petronor, el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando fórmulas para eludir la Ley de Costas.

En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretaría de Estado de Vivienda, se llegó a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer más atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, según fuentes próximas a la negociación. La ley no incluirá ninguna medida en este sentido, según una portavoz de Vivienda.

El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, no parece cómodo justificando estos cambios: “Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Economía Sostenible no me parece riguroso, creo que sería mejor decir qué quieres hacer con la ley”. Ríos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: “Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habrá hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien”.

Ríos sostiene que no hay que exagerar la polémica: “El 94% de la aplicación de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertación. No amañamos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en función del territorio”.

Los ecologistas critican que “quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar fábricas por la puerta trasera”, como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.

La oposición va más allá. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho años de Gobierno del PP se aplicó la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en otoño y las perdieron por un voto en la Comisión de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consiguió los diputados suficientes para tumbarlas.

Pero el empeño no acabó. El pasado 9 de febrero, el Senado aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que definió como “ciudades navegables”, en alusión a la Marina de Empuriabrava, una urbanización con puntos de amarre junto a los chalés en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicación de la ley.

El PP logró aprobar otra proposición para indemnizar a los dueños de fábricas construidas en dominio público antes de 1988. El PP, que durante años criticó la aplicación de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en sí. Según el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta “permite abrir vías claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos españoles y superar así la situación de inseguridad jurídica”. Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deberán debatir y donde CiU y PP tiene más difícil conseguir una mayoría como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.

La portavoz popular en el Senado, Leticia Díaz, declaró en la tribuna: “La redacción de esta ley permite su aplicación arbitraria, porque está plagada de conceptos jurídicos indeterminados”. La norma no fija una distancia para definir el dominio público, sino que utiliza conceptos geográficos como las playas, “el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos”, “las marismas, marjales y esteros”.

Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años, ampliables a 60, en una singular expropiación que el Tribunal Constitucional avaló en 1991. El plazo, que se veía como inalcanzable, comenzará a vencer en 2018. Los dueños ya ven próximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.

José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atrás: “Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos”.

Algunos Parlamentos autonómicos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurrió al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunció con otra ley gallega pero finalmente lo desestimó al pactar con la Xunta la interpretación.

¿Por qué ahora? ¿Por qué una ley vigente durante más de 20 años recibe de repente un ataque tan directo? Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplicó con lo que él define como sentido común. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambió todo al aplicar la ley con firmeza.

Los números muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el trámite que delimita la zona pública y privada de costa- 4.659 kilómetros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kilómetros, según las cifras del PSOE. Ya está deslindado un 95% de la costa y la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.

Ríos critica que PP y CiU “intentan amañar la ley”. “Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio público, un concepto prohibido en la Constitución”.

La ley es, sin duda, polémica. Es difícil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando después ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas españolas están jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco años parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chalés son expropiados.

Ríos admite que ha habido problemas de inscripción de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: “Ha habido registro de propiedades en la costa, sí. Pero no solo en la costa, también en los ríos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deberíamos haber tenido”. El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.

Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la polémica: “Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda España. Suponiendo que sea así, es muy poca gente frente a la mayoría del país. Algo que no justifica recortar la norma”.

Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: “La ley trata de prevenir los atentados de privatización del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayoría no sale a defender lo público”. WWF ganó en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la razón y anuló la decisión del Gobierno de construir un macropolígono industrial en dominio público en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.

Los defensores de la ley ven otra nube: la cesión de competencias a las autonomías. Cataluña recibió competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andalucía. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterró de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Doñana, que Costas ejecutó bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma más proteccionista posible.

Ríos defiende los traspasos: “Lo razonable es que la codecisión funcione de distinta manera pero en todas las comunidades”. El director general defiende la gestión a base de pactos con alcaldes y consejeros (“no vale un concepto policial de la acción, en el que se aplica a rajatabla una política”) y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: “La ley no está agotada pero ha cumplido una etapa”.

El catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada discrepa: “No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es más difícil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los españoles por no hacer frente a una situación compleja”.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-afectados-ley-costas-trabajaran-pp-perfilar-reforma-norma-proxima-legislatura-20110217195333.html

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) –

   El secretario y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, ha anunciado que el próximo mes de marzo se reunirán en Valencia con el portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, Carlos Floriano, con el que empezarán a trabajar en “perfilar” una reforma de la Ley de Costas de 1988 para desarrollarla durante la próxima legislatura.

   Ortega ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que es preciso iniciar un “trabajo más denso, técnico” así como “trabajar en la parte más áspera de la cuestión”.

   Además, señala que le han hecho llegar “puntos de vista de algunos miembros muy destacados del PP” en lo que se apunta que habría que acatar una reforma de la ley de Costas “al principio de la legislatura para que pueda culminarse en el término de la misma”. Por eso, han presentado una propuesta “muy definida” de reforma de la Ley de Costas al PP y han llegado a un preacuerdo para trabajar en el tema.

   Asimismo, ha asegurado que la plataforma “ha constatado que existe en el PP una sensibilidad clara hacia los problemas de los afectados y una disposición bastante clara a introducir cambios en la Ley de Costas”.

   Igualmente, ha expresado la satisfacción de la plataforma porque cuando crearon la agrupación a finales de 2007 “todo el mundo pensaba que la ley de costas era inamovible”, mientras que ahora considera que hay “aroma de alivio y cambio en el aire” que esperan ver en la próxima legislatura.

   “Ni yo, ni la plataforma, ni nadie, quiere que el litoral se desguarnezca frente al avance de los especuladores y que se estropee la costa. Hay que ver si son capaces de meter el bisturí con finura para, preservando la costa, pero siendo respetuosos con la propiedad privada”, ha manifestado.

   En cuanto a su relación con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha indicado que desde 2008, la ministra Elena Espinosa no les recibió mientras estuvo en el cargo, aunque sí lo hizo el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. Sobre la actual titular en el cargo, Rosa Aguilar, ha agregado que le han pedido una reunión pero que todavía no han recibido respuesta alguna, al tiempo que ha asegurado que no tienen “ninguna intención de tomar ningún tipo de actitud dura ni desleal contra el Gobierno”, porque consideran que lo que es “perfectamente razonable”.

   Finalmente, ha lamentado que el balance de la Ley de Costas es que “no ha servido para frenar el desarrollo urbanístico” en los últimos años, sino para justificar que se está aplicando la ley para despejar playas pero, en su opinión, “solamente actúa sobre las clases medias y los poblados de pescadores, pero no frente a desarrollos urbanísticos en sitios indebidos”.

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA

 EN RELACIÓN CON LA NOTA DE PRENSA DIFUNDIDA POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y NATURAL SOBRE EL DERRIBO DE LA VIVIENDA DE D. JOHAN Y DOÑA INGRID WEICHSELBAUM

 La Agencia de Protección del Medio Ambiente Urbano y Natural del Gobierno de Canarias ha remitido a los medios de comunicación una nota de prensa inusualmente extensa y prolija en la que explica los motivos que la han llevado al derribo de la vivienda de D. Johan y Dª Ingrid Weichselbaum en Guía de Isora.

Las mentiras para ser eficaces necesitan disfrazarse de verdad. Por eso contar verdades a medias es la forma más eficaz de mentir y eso es lo que ha hecho la Agencia, remitiendo una nota que contiene la verdad, pero no toda la verdad, y que resulta más un instrumento de propaganda que una información veraz sobre lo sucedido.

Lo sucedido es que la Agencia se ha conducido, en mi opinión, por una mezcla de despiste, error de derecho, renuncia a la responsabilidad, fanatismo, secreto culpable y, con motivo de esta nota, demagogia populista.

DESPISTE: Es cierto que la vivienda fue construida sin licencia, y eso está mal (aunque lo Sres Weichselbaum son compradores terceros de buena fe). Pero de modo sorprendente, la Agencia NO tramitó expediente administrativo de derribo por este motivo. El expediente se tramitó únicamente por invasión de la servidumbre de protección. En lugar de ordenar una investigación interna para averiguar quién fue el funcionario o autoridad responsable de que NUNCA se tramitara contra la vivienda un expediente de derribo por ausencia de licencia, la Agencia carga contra los ciudadanos ejecutando un derribo que, en la parte fuera de la servidumbre de protección, no está amparado por la previa elaboración de la decisión con audiencia de los interesados mediante un expediente administrativo.

 Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia: a) Si es cierto que NUNCA se tramitó un expediente de derribo por ausencia de licencia y que el único expediente lo fue por invasión de la servidumbre de protección b) Si es cierto que la servidumbre de protección, según el deslinde, sólo afectaba a la mitad de la casa y c) Si es cierto que se ha derribado o se está derribando la vivienda entera, incluyendo la parte que sólo está afectada por problemas de licencia sin previa tramitación de expediente de derribo por esos problemas de licencia d) Cómo es posible que se derribe un edificio sin previo expediente de derribo con audiencia de los interesados.  

El Tribunal Superior de Justicia dijo, desde luego, que la orden de la agencia de derribar toda la vivienda se ajustaba a derecho porque otra cosa supondría la legalización de una vivienda en suelo rústico. Con mucho respeto al tribunal, esto, sin embargo, es algo que no pueden hacer los jueces, porque en las sentencias no se puede introducir una cuestión nueva, que no ha sido estudiada ni resuelta en el expediente administrativo que se revisa. Y el expediente administrativo NO se tramitó por ausencia de licencia, sino por afección de la servidumbre de protección. La Agencia, en lugar de ampararse en esa sentencia (que no la vincula) debe responder a esta pregunta: ¿Es lícito derribar un edificio sin tramitar previamente expediente de derribo con audiencia de sus propietarios?

 ERROR DE DERECHO: En agosto de 2008 la Agencia notificó que se disponía a efectuar el derribo en ejecución material de sentencia (la que desestimó el primer recurso judicial contra el derribo). Con esto, se lavaba las manos frente a cualquier cuestión que pudiera aconsejar una suspensión o incluso una revisión del derribo, puesto que esa responsabilidad correspondía al juez cuya sentencia se estaba ejecutando. Desde el primer momento hicimos ver a la Agencia su error e insistimos en que las sentencias desestimatorias no se pueden ejecutar porque no contienen en su parte dispositiva una condena de dar, hacer o no hacer. Por tanto, la responsabilidad de decidir sobre una suspensión no correspondía a los jueces, sino a la misma Agencia, que estaba ejecutando su propia resolución administrativa y no la sentencia. El juez de lo contencioso núm. 1 dictó hace pocas semanas sentencia en el procedimiento 633/08 en la que reconocía que en este punto nosotros teníamos razón y la Agencia no, puesto que el derribo NO era una ejecución de sentencia sino la ejecución de un acto de la Administración. El corolario es que la responsabilidad de valorar y decidir cualquier circunstancia ordenada a una posible suspensión correspondía a la Agencia, no a los jueces.

Los medios  de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia si es cierto que desde agosto de 2008 hasta la sentencia del 633/08 estuvieron convencidos de que estaban dando lugar a una ejecución de sentencia y por lo tanto declinando toda responsabilidad en la suspensión y si salieron de ese error con motivo de la mencionada sentencia.

 RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD: Hay un hecho simple y es que la vivienda NO está en servidumbre de protección. Y otro, asociado al anterior, como es que a sus propietarios NO se les permitió enterarse de la tramitación del expediente de deslinde justamente porque cuando se estaba construyendo la vivienda en el mismo expediente se dejó constancia de que la misma estaba FUERA de la servidumbre de protección (Acompañada copia). Después, por un cambio de criterio en la aplicación de la ley, movieron la línea hacia dentro de manera que la casa quedó parcialmente afectada pero hubo un nuevo OLVIDO porque nadie se acordó de notificar esta circunstancia a los interesados, que quedaron de esta manera totalmente indefensos. Dichos interesados, a vista de la situación, formularon recurso contencioso administrativo contra el deslinde ante la Audiencia Nacional y solicitaron a la Agencia, el 4 de julio de 2009, de forma razonada y documentada (acompañando copia de la demanda ante la Audiencia Nacional) la suspensión del derribo hasta que ese tribunal dictara sentencia, es decir, hasta saber si realmente la vivienda estaba dentro o fuera de la servidumbre de protección. No puede negarse que la petición estaba fundada, y no parece imprudente suspender el derribo hasta que el tribunal decida si existe o no motivo para el mismo.

  En una reunión celebrada en la Agencia en enero de este año, las funcionarias que recibieron al interesado anunciaron que no pensaban responder a la solicitud de suspensión. No es que no pensaban acceder, es que no pensaban resolver. Transcribo aquí el artículo 42, párrafo primero de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Que unos funcionarios públicos te digan a la cara que no piensan responder a una solicitud fundada presentada por escrito, es algo realmente insólito que se pensaba que sólo podría suceder en extremos del mundo en vías de civilización, no en España. La única forma de entender esta actitud es que las funcionarias, con error que luego evidenció la sentencia del procedimiento 633/08, creían que estaban ejecutando una sentencia y que la responsabilidad de suspender era de los jueces, no de la Agencia.

La nota de prensa de la Agencia enumera todas y cada una de las decisiones de los jueces ordenadas a no suspender la ejecución. Esas decisiones se dictaron en el curso de distintos procedimientos judiciales fundados en diversas causas. Esa insistencia de la Agencia en dotarse de una coraza formada por las decisiones judiciales constituye un tic nervioso que confirma que aún no se ha enterado de que la responsabilidad sobre la solicitud de suspensión dirigida a la Administración es de la Administración, no de los jueces. La cuestión a debatir es a) Si la Agencia estaba obligada a responder a la solicitud de suspensión y b) Si la solicitud estaba bastante fundada en derecho como para acceder a la misma. Repito que NO estamos ante una ejecución de sentencia y por lo tanto la decisión sobre la suspensión NO es de los jueces (aunque se les haya podido pedir en el marco de procedimientos concretos) sino de la propia Agencia. Por tanto, la enumeración en esa nota de prensa de tantas decisiones judiciales desestimando una petición de suspensión es algo que no viene al caso sino tangencialmente y que sólo sirve a la Agencia como cortina de humo para ocultar su violación de la ley al decidir NO RESOLVER una solicitud escrita y razonada.

Un hecho que denota que la Agencia acusó el golpe de la sentencia dictada en el 633/08 (que desmentía su pretensión de estar ejecutando una sentencia y por tanto devolvía la responsabilidad sobre la suspensión a la propia Agencia) es que al poco tiempo de dictarse la misma, de forma extraordinariamente precipitada y en vísperas del derribo (el 26 de noviembre), se resolvió por fin sobre la solicitud de suspensión, remitiendo la decisión a este Letrado simultáneamente por casi todos los medios posibles: Fax,  correo electrónico y correo certificado con acuse de recibo.

Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia cómo es posible que una Administración pueda violar la ley declarando de modo expreso que no piensa responder a una solicitud escrita y razonada formulada por los ciudadanos.

FANATISMO: El juez de lo contencioso núm. 4 dictó medida cautelar urgente el mismo día 26 de noviembre, suspendiendo in extremis el derribo, y la levantó posteriormente el día 2 de diciembre. El problema es que el juez parece que notificó el levantamiento de la medida a la Agencia el mismo día 2, pero no al Procurador del Sr. Weichselbaum, por lo que cuando el equipo de demolición se presentó en la vivienda sobre las nueve de la mañana del día 3, ni el Procurador, ni el Letrado, ni D. Johan ni su esposa Doña Ingrid sabían que el derribo ya no estaba suspendido. Parece, por tanto, congruente hablar de fanatismo, de intencionalidad y de tácticas militares en la actitud de sorprender a los interesados en su sueño o en su desayuno. La Agencia se aprovechó de un desequilibrio procesal causado por el juzgado, es de suponer que sin intencionalidad pero con catastróficas consecuencias como hemos visto.

D. Johan Weicselbaum fue sacado a la fuerza de su casa y no se atreve a volver para inspeccionar sus enseres por miedo a la policía. No sabe nada de sus enseres personales por este motivo.

Cuando me refiero en este apartado a fanatismo quiero aludir a que las funcionarias encargadas acabaron tomándose la cuestión como un tema personal, algo que no debería suceder nunca en la función pública, en particular porque destruye la obligación constitucional de objetividad que pesa sobre la Administración.

SECRETO CULPABLE: Un ciudadano quiso hacer fotografías del derribo con su teléfono móvil y la policía se lo impidió a pesar de que la libertad de información es un derecho constitucional y de que el ciudadano estaba intentando fotografiar una propiedad privada con el consentimiento de su titular. Si todo era legal y conforme ¿Por qué dar a la policía instrucciones para impedir las fotografías? Creo que por el mismo motivo por el que se habla en la nota de prensa de la Agencia de “vivienda de lujo”: Por no soportar la pérdida de popularidad y votos que debe llevar consigo una acción de este carácter.

Los medios de comunicación deberían preguntar al Director de la Agencia a) Quién  y sobre todo por qué dio a la policía instrucciones para impedir que se hicieran fotografías b) Si considera que está justificada la violación de este derecho constitucional y, en su caso, los motivos y c) Si, en caso de encontrar que la práctica es reprobable, ha ordenado la apertura de una investigación interna y/o de un expediente disciplinario contra los responsables. 

DEMAGOGIA POPULISTA: La nota de prensa de la Agencia resulta sorprendentemente populista y  demagógica al poner en su titular que lo que se ha derribado es una vivienda “de lujo”. Con esto, de forma que parece estudiada por publicistas, se pretende poner a la opinión pública en contra de los afectados por el mero hecho de no ser pobres. Esta, en mi opinión, es una forma muy baja de sacudirse la responsabilidad por unos hechos que creo indebidos: La igualdad ante la ley, que proclaman la Constitución y diversos tratados internacionales, prohíbe no sólo la discriminación de los pobres por ser pobres. También la de los ricos por ser ricos. En una sociedad donde todos deben convivir en paz, resulta inquietante que los mismos poderes públicos fomenten la exclusión de los ciudadanos que puedan tener más medios de fortuna sólo por tenerlos.

 Lo que ha sucedido a los Sres. Weichselbaum le puede suceder a cualquiera en esta España desafortunada en la que como te toque la chica vas listo. La opinión pública debe juzgar si es de recibo esta situación: Se construye una vivienda, la Dirección General de Costas dice que está FUERA de la servidumbre de protección, por lo que no notifican a los propietarios el expediente de deslinde. Luego cambian el criterio de aplicación de la ley (Ilegalmente, lo hablaremos otro día) y meten la línea al interior, ocupando media casa, pero no se lo dicen a los propietarios, por lo que éstos no se enteran y desde luego no puede decirse que hayan infringido ninguna ley y menos la de costas (La casa se construyó durante el periodo en el que la propia Dirección General de Costas decía que estaba FUERA de la servidumbre de protección). Años después, la Agencia tramita un derribo por invasión de la servidumbre de protección (un pecado que los propietarios desconocían) y cuando impugnan el deslinde para que re reconozca que el expediente de deslinde se tramitó con indefensión (es evidente) y la vivienda no está en servidumbre de protección (se aportaron argumentos sólidos), la Agencia, en lugar de esperar a ver qué sucede, decide destruir la vivienda antes de tiempo, despreciando a los ciudadanos hasta el extremo de decirles que ni siquiera piensa responder a su solicitud de suspensión. 

En vísperas del derribo remití una carta a D. Paulino Rivero, a D. Domingo Berriel y a D. Pedro Pacheco advirtiéndoles de esta situación. Dejemos al margen al Presidente, que para eso tiene muchas obligaciones. Yo creo que a D. Domingo y a D. Pedro los deberían destituir por estos hechos.  Y, en todo caso, mi opinión es que Coalición Canaria, si sigue interesada en presentarse en público como defensora de los afectados por la ley de costas, debería a sacar al Sr. Berriel de las listas electorales que tienen que elaborar dentro de poco. Si no lo hace así, estarán demostrando a los ciudadanos que lo único que quiere es pescar votos pero que en realidad los afectados le importan un bledo.  De momento, el Gobierno de Canarias ya está denunciado ante el Parlamento Europeo por estos hechos y supongo que si Berriel sigue al frente seguirán más denuncias.

 José Ortega

Abogado

En representación de D. Johan y Da. Ingrid Weichselbaum

NOTA DE PRENSA DE LA AGENCIA

 

Derriban un chalet de lujo ilegal en Guía de Isora que invadía la zona de servidumbre de protección de la costaLa Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias está procediendo, desde el pasado día 3 de diciembre, a la demolición forzosa de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas de altura, con una superficie de 358 metros cuadrados, más garajes, piscina, cuartos anexos y zonas ajardinadas, situada en la costa de Guía de Isora.

Esta vivienda invadía la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, careciendo de la preceptiva autorización conforme a la Ley 22/1988 de Costas y su construcción fue finalizada en el año 2000, siendo valorada en el año 2001 en la cantidad de 303.466,74 euros.

El expediente se inició en 1995, con la denuncia de la entonces Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental a un primer comprador, y en el año 1999 se produjo la venta al actual propietario, en forma de finca rústica y sin edificación alguna.

Se había solicitado autorización para la realización de una vivienda en esa zona que fue denegada en noviembre del año 1994, resolución que fue impugnada por la vía administrativa, pero con confirmación de su denegación, continuando el interesado con la vía contencioso administrativa que confirma la denegación.

Aún así, se iniciaron las obras y fueron objeto de suspensión administrativa, acto que también es impugnado en la vía contenciosa, que mantiene la suspensión en 1999. Ya en el año 2000, se comprueba que, a pesar de la suspensión, las obras han continuado y se han ampliado, constatándose además que gran parte de las mismas se habían ejecutado dentro de zona de servidumbre de protección.

La demolición se acordó en el año 2003 y se otorgó al interesado el plazo de un mes para aportar proyecto de demolición, con el fin de de posibilitar la demolición voluntaria y con la advertencia de que de no cumplimentar ese trámite, se procedería a la ejecución forzosa.

Esta resolución es firme, al ser recurrida y reconocida conforme a derecho por sentencia de Juzgado de la Sala de lo contencioso-administrativo de 2006, confirmada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ratificó expresamente la demolición de la totalidad de las obras. Ante la falta de ejecución voluntaria, se dictó ya en 2008 la ejecución forzosa, que nuevamente fue recurrida y nuevamente desestimada.

Además, en este expediente figuran cinco decisiones de Juzgados de lo contencioso-administrativo, denegando medidas cautelares de suspensión de la ejecución de esta demolición. Pese a ello, y fijada por último la demolición para el día 29 de noviembre de 2010, es nuevamente solicitada la suspensión de la misma y de nuevo denegada – ya por sexta vez – el 2 de diciembre pasado.

En la última denegación de suspensión se indica expresamente por el Juez de lo Contencioso-Administrativo que en la petición del interesado “no se aprecia la existencia de apariencia de buen derecho, sino más bien de temeridad procesal en la pretensión del actor, que ha venido obstaculizando la acción de la Administración de ejercicio de la potestad de reposición de la legalidad urbanística desde 2003”.

Indica asimismo que “ante los intereses en conflicto prevalece el interés general demorado siete años, ante el interés particular que ha agotado los recursos tanto útiles como artificiales para su defensa”. La demolición se acometió bajo la dirección y supervisión de la Agencia y es ejecutada materialmente por una empresa designada en forma legal a tal efecto.

La Apmun comunicó a los ocupantes de la vivienda la necesidad de desalojar la misma para la ejecución, desalojo que se produjo con retirada de los efectos personales que estos estimaron en maletas, abandonando el resto de los numerosos enseres existentes en la vivienda.

Éstos fueron trasladados por una empresa especializada en transporte y custodia de enseres, donde estarán a disposición de los propietarios previo pago de los costes derivados. La retirada de los residuos implicará que la demolición no se encuentre finalizada hasta la próxima semana.


ZEITGEIST

diciembre 8, 2010

Vedlo y difundidlo.

TODO ES MENTIRA es como una conversación de café comparado con esto. Todo el mundo debe conocerlo.