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La I JORNADA DE ESTUDIO DE LA LEY DE COSTAS, organizada por la PLATAFORMA  NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, deparó mucha emoción, muchas sorpresas y mucha satisfacción.

El acto central de la Jornada reunió en una mesa a:

-Francisco Montoya, Ingeniero de Caminos, antiguo Subdirector General de Costas y corredactor del reglamento de costas.

-Alfredo Masó, profesor de Macroeconomía de la Universidad de Alicante, presidente del colectivo de Arenales del Sol y miembro de la junta directiva de la Plataforma.

-José Luis Almazán, Ingeniero de Caminos, funcionario en excedencia de la Dirección General de Costas y profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

 -Mario García, alcalde de Nules.

  -José Serra, Ingeniero de Caminos y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. Director del Laboratorio de Puertos y Costas de esta Universidad.

  -Un servidor, Abogado.

  Todos moderados por Carolina Fernández, periodista de Las Provincias.

   Me parecieron especialmente significativos los puntos de vista de Almazán y Montoya, dos funcionarios del Estado que han estado durante años trabajando en la casa y que no mantienen puntos de vista muy alejados de los de los afectados en cuanto a la vigencia actual de la ley de costas y la conveniencia de su reforma.

  Montoya es un interesante conversador. Hace no mucho, cuando era Jefe de Costas de Castellón, hizo algo insólito: Me llamó para cambiar conmigo impresiones sobre la ley y su aplicación. Yo, acostumbrado a todo lo contrario, la verdad es que no sabía qué pensar mientras acudía a su despacho. El encuentro fue franco, respetuoso y creo que fructífero. Entonces, como no me lo explicaba, sospechaba que la maniobra escondía alguna directriz tremebunda de los jefes de Madrid. Ahora pienso que Montoya era y es un intelectual y que sólo quería conocer mi punto de vista. La prueba de ese carácter es que en estos días, al poco tiempo de su jubilación, en vez de tumbarse en el sofá a ver Tele 5 se ha puesto a redactar su tesis doctoral, que naturalmente va de la ley de costas.

  A Almazán no lo conocía hasta hace poco, pero cada cambio de impresiones de los que había mantenido con él acreditaba su profundísimo conocimiento y su dilatada experiencia a todo lo relativo a las costas. Su ponencia lo demostró. No sólo sabe. Además es valiente.

  Serra intervino en sustitución de su compañero José Medina, que sufrió un imprevisto. Pensé que era mejor traer a la mesa redonda a Medina porque Serra le ha hecho un flaco favor a los vecinos de La Casbah, ya que como responsable del programa de vigilancia ambiental de la ampliación del puerto de Valencia de 2007, no ve relación entre dicha ampliación y la fortísima erosión marina en las playas del Saler y Pinedo, que recientemente descalzó el paseo marítimo situado frente a la Casbah. En todo caso, su autoridad en la materia está fuera de toda duda y sus buenas relaciones con el Gobierno ponen aún más en valor los puntos de vista reformistas que mostró.

Mario García es el alcalde de un pueblo como Nules, que sufre como ninguno por la erosión marina y que está perdiendo superficie a ojos vista como consecuencia del efecto sombra del puerto de Burriana.

De Alfredo qué os voy a contar. Fue el auténtico inspirador de esta cosa que es la Plataforma cuando en una comida en Alicante, en septiembre de 2007, me propuso de forma directa que uniera a todos los colectivos que trabajaban conmigo en un gran colectivo nacional.  Antes, después y durante ha luchado no sólo contra los de enfrente, sino también a veces contra los de al lado.

No voy a contar ahora ningún resumen de lo sucedido en la mesa. No tiene sentido primero porque saldría un rollazo de varios folios y segundo porque en cuanto me pasen la grabación colgaré los videos y todo el mundo podrá enterarse de pe a pa. No obstante, os traslado desde este momento mi perplejidad ante la opinión unánime de todos los presentes en el sentido de que es precisa una reforma de la ley de costas. Esto es algo que resultaba impensable hace no mucho tiempo.

 Recuerdo que cuando pusimos en marcha la Plataforma, aquel 8 de enero de 2008, alguien muy entusiasta propuso meterse con la ley y lo desaconsejé porque en aquel momento la sociedad no estaba preparada y corríamos el riesgo de pasar por señoritos privilegiados a quienes incomodaba una ley de protección del medio ambiente bastante prestigiosa. Ese momento ha quedado muy atrás. Ahora, después de todo lo que llevamos hecho y sufrido, no sólo se puede pedir una reforma de la ley, sino que la reclaman con nosotros los mayores expertos del país.

Una vez, mientras me encontraba en la herboristería Pepe Navarro, recibí la llamada de Marcial Pina, de Arenales del Sol. Era un hombre muy solemne. Después de una breve conversación, concluyó diciéndome varias veces: “No nos deje… No nos deje”.

Recuerdo otro día, en un otoño frío y en una casa enorme y más fría aún, cuando conocí a José Martí, un prestigioso abogado mercantilista de Barcelona que me llamaba para salvar aquel caserón, su casa familiar de Oliva.

Y también recuerdo el verano de 2007, cuando un sonriente Juan Miguel Terradez llevó al maltrecho local de la asociación de vecinos de la Casbah unos cubitos de limón granizado para celebrar su cumpleaños en medio de una reunión de trabajo en la que ya se empezó a fantasear con una fórmula colectiva de defensa que fuera más allá de los recursos administrativos o judiciales.

Los tres murieron en el camino sin llegar a ver este momento, que creo que es un momento histórico que va a hacer de gozne para cerrar un tiempo y abrir otro nuevo. El momento en el que todos y cada uno de los componentes de la mesa de discusión, consultados por Carolina Fernández, respondieron SÍ a la pregunta de si había que reformar la ley de costas.

 Como dije en mi turno, la ley se reformará gracias a una labor tranquila, inteligente, pacífica y constructiva llevada a cabo por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas desde el momento mismo de su fundación. No hemos chillado, no hemos insultado, ni hemos roto cristales. Hemos metido el dedo en el ojo, como debía ser, pero con educación y poniendo la semilla donde podía germinar y crecer, no en el suelo estéril de esta España de cuya vida pública los valores de justicia, ética y dignidad parecen haber huido.

 El trabajo que hemos hecho es un ejemplo de cómo la sociedad puede sobreponerse al aparato del Estado. Una sociedad donde sucede algo así sigue siendo una sociedad saludable. Creo que hemos dado un ejemplo de lucha cívica.

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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/principio/fin/Ley/Costas/elpepusoc/20110222elpepisoc_2/Tes

La norma que protege el litoral se ve amenazada por cinco iniciativas legislativas – Casi 23 años después de su aprobación, los perjudicados cantan victoria

RAFAEL MÉNDEZ – Madrid – 22/02/2011

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La Ley de Costas está tocada, quizá herida de muerte. Puede que caiga este año o el que viene. Puede que la legislatura se agote antes de que cuajen los cambios legales en marcha que pretenden minarla. Pero eso no es lo más relevante. La ola contra la ley, aprobada en julio de 1988, la presión para mantener la ocupación del litoral es tan grande y procede de tantos frentes, que caerá más temprano que tarde. Esa es al menos la impresión de ecologistas, perjudicados por la ley y la mayoría de partidos políticos.

La Ley de Economía Sostenible prorroga una refinería que ocupa una marisma

El Senado aprobó por mayoría rebajar la norma como pedían CiU y PP

El abogado de los afectados: “Es cuestión de tiempo que caiga la ley”

Los ecologistas critican la cesión de competencias a las comunidades

La recopilación de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que está sometida la norma.

En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utilizó la Ley de Navegación Marítima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender . La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo criticó la opacidad del trámite, pero la técnica se repitió. En agosto llegó la Ley de Puertos, de Fomento, que suavizó las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay más: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Economía Sostenible apoyó una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesión a una refinería en dominio público. El objetivo es que la instalación de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesión caduca en 2012, siga en pie después de esa fecha. El presidente de Petronor, el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando fórmulas para eludir la Ley de Costas.

En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretaría de Estado de Vivienda, se llegó a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer más atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, según fuentes próximas a la negociación. La ley no incluirá ninguna medida en este sentido, según una portavoz de Vivienda.

El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, no parece cómodo justificando estos cambios: “Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Economía Sostenible no me parece riguroso, creo que sería mejor decir qué quieres hacer con la ley”. Ríos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: “Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habrá hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien”.

Ríos sostiene que no hay que exagerar la polémica: “El 94% de la aplicación de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertación. No amañamos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en función del territorio”.

Los ecologistas critican que “quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar fábricas por la puerta trasera”, como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.

La oposición va más allá. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho años de Gobierno del PP se aplicó la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en otoño y las perdieron por un voto en la Comisión de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consiguió los diputados suficientes para tumbarlas.

Pero el empeño no acabó. El pasado 9 de febrero, el Senado aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que definió como “ciudades navegables”, en alusión a la Marina de Empuriabrava, una urbanización con puntos de amarre junto a los chalés en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicación de la ley.

El PP logró aprobar otra proposición para indemnizar a los dueños de fábricas construidas en dominio público antes de 1988. El PP, que durante años criticó la aplicación de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en sí. Según el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta “permite abrir vías claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos españoles y superar así la situación de inseguridad jurídica”. Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deberán debatir y donde CiU y PP tiene más difícil conseguir una mayoría como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.

La portavoz popular en el Senado, Leticia Díaz, declaró en la tribuna: “La redacción de esta ley permite su aplicación arbitraria, porque está plagada de conceptos jurídicos indeterminados”. La norma no fija una distancia para definir el dominio público, sino que utiliza conceptos geográficos como las playas, “el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos”, “las marismas, marjales y esteros”.

Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años, ampliables a 60, en una singular expropiación que el Tribunal Constitucional avaló en 1991. El plazo, que se veía como inalcanzable, comenzará a vencer en 2018. Los dueños ya ven próximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.

José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atrás: “Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos”.

Algunos Parlamentos autonómicos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurrió al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunció con otra ley gallega pero finalmente lo desestimó al pactar con la Xunta la interpretación.

¿Por qué ahora? ¿Por qué una ley vigente durante más de 20 años recibe de repente un ataque tan directo? Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplicó con lo que él define como sentido común. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambió todo al aplicar la ley con firmeza.

Los números muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el trámite que delimita la zona pública y privada de costa- 4.659 kilómetros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kilómetros, según las cifras del PSOE. Ya está deslindado un 95% de la costa y la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.

Ríos critica que PP y CiU “intentan amañar la ley”. “Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio público, un concepto prohibido en la Constitución”.

La ley es, sin duda, polémica. Es difícil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando después ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas españolas están jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco años parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chalés son expropiados.

Ríos admite que ha habido problemas de inscripción de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: “Ha habido registro de propiedades en la costa, sí. Pero no solo en la costa, también en los ríos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deberíamos haber tenido”. El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.

Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la polémica: “Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda España. Suponiendo que sea así, es muy poca gente frente a la mayoría del país. Algo que no justifica recortar la norma”.

Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: “La ley trata de prevenir los atentados de privatización del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayoría no sale a defender lo público”. WWF ganó en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la razón y anuló la decisión del Gobierno de construir un macropolígono industrial en dominio público en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.

Los defensores de la ley ven otra nube: la cesión de competencias a las autonomías. Cataluña recibió competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andalucía. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterró de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Doñana, que Costas ejecutó bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma más proteccionista posible.

Ríos defiende los traspasos: “Lo razonable es que la codecisión funcione de distinta manera pero en todas las comunidades”. El director general defiende la gestión a base de pactos con alcaldes y consejeros (“no vale un concepto policial de la acción, en el que se aplica a rajatabla una política”) y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: “La ley no está agotada pero ha cumplido una etapa”.

El catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada discrepa: “No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es más difícil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los españoles por no hacer frente a una situación compleja”.

 

EL PASADO DÍA 7 DE ENERO QUEDÓ CONSTITUIDA LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES, AGRUPACIONES Y PARTICULARES, QUE INTEGRAN APROXIMADAMENTE A 2.000 PERSONAS:

 -Asociación de vecinos de Arenales del Sol (Elche).-Asociación de vecinos de Nules (Castellón).-Asociación de vecinos la Casbah (Valencia).-Asociación de vecinos Sol Naciente (Rocafell, Alicante).-Hotel Sidi Saler (Valencia).-Asociación de vecinos de primera línea de Oliva (Valencia).-Colectivo de vecinos de la playa las Deveses (Denia, Alicante). -Propietarios del restaurante Pepita  (Sagunto).-Asociación de vecinos Varadero de Tazacorte (La Palma).-Asociación de vecinos Bajo la Cuesta-Risco de las Tablas (Tenerife). -Asociación de vecinos de la playa de Otur (Asturias). -Vecinos de las playas de Almardá y Corinto (Sagunto, Valencia).-Asociación de vecinos de Alboraya.-Asociación de vecinos de Puerto de los Molinos (Fuerteventura).-Vecinos de Puerto Lajas (Fuerteventura)-Agrupación de vecinos de Guardamar (Alicante)-Agrupación de vecinos de Playa Lisa y Gran Playa (Santa Pola). -Vecinos de la playa de Seselle (Ares, la Coruña).-Vecinos de playas de Villaviciosa (Asturias). 

LA PLATAFORMA  VA A SUSTENTAR LA PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA FORMAL ANTE LA UNIÓN EUROPEA POR APLICACIÓN ABUSIVA DE LA LEY DE COSTAS. LA RECLAMACIÓN ESTÁ BASADA EN UN INFORME DE MÁS DE CIEN PÁGINAS QUE HE ELABORADO, ENUMERANDO DIVERSOS ABUSOS. NO OBSTANTE, CON CARÁCTER PREVIO SE HA ENTREGADO O O EN ALGNOS CASOS SE ESTÁ ENTREGANDO A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EN ESPAÑA:

-Gabinete del Presidente del Gobierno.

-Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente.

-Oficina del Defensor del Pueblo.

-Partido Socialista Obrero Español.

-Partido Popular.

-Izquierda Unida.

-Consejo General del Poder Judicial.

-Presidente de la Generalitat Valenciana.

-Presidente del Gobierno de Canarias.

-Grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas.

-Grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias.

-Presidentes de los Cabildos Insulares de Canarias.

LA INTENCIÓN ES FOMENTAR UN DEBATE PÚBLICO SOBRE LOS LÍMITES RAZONABLES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS EN ESPAÑA.

LOS INTERESADOS PUEDEN SOLICITAR INFORMACIÓN EN ortega_abogados@hotmail.com

MÁS DATOS EN www.costasmaritimas.com