@abogadodelmar

O yo no he aprendido nada en esta vida o mañana Pedro Sánchez anunciará el nombramiento de Cristina Narbona como Vicepresidenta primera del gobierno.

Anuncio como consecuencia de ello muy, pero que muy malos tiempos para los afectados por la ley de costas.

Los antecedentes que me llevan a esa convicción son los siguientes

-Narbona fue ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Zapatero. Nada más llegar anunció que su principal compromiso en materia de costas sería limpiar el dominio público de ocupaciones ilegales. Para ello nombró Director General a un señor de Las Palmas llamado José Fernandez. Lo más dulce y cariñoso que se puede decir de él es que es un tipo duro e inflexible.

Ya entonces escribí que el concepto que tenía Narbona de ocupaciones ilegales requería la urgente intervención de un médico porque le tiraba a todo. Para Fernandez las concesiones indemnizarorias de la disposición transitoria primera de la ley de costas no existían. Durante una reunión me dijo que la ley no admitía usos residenciales en el dominio público y punto. Entre sus antecedentes personales de interés se cuenta que en los noventa había sido expulsado de su cargo de Jefe de Costas de Las Palmas por adjudicar sin concurso una obra pública a la sociedad Puerto Rico SL o SA (da igual), propiedad de su padre. Sé que Fernández profesa un especial afecto por mi persona. Cuando me contrataron para defender los 95 comercios del Anexo II de la Playa del Inglés, tuvo el buen gusto de darme la bienvenida en el diario digital Maspalomas Ahora.

-En septiembre de 2006 los vecinos del poblado de El Golfo, en Lanzarote, me llamaron para que les ayudara en un deslinde que se comía la totalidad de la malla urbana, afectada por la servidumbre de protección. Estaban muy asustados y angustiados. Narbona apareció por allí con motivo del día mundial de la biosfera y cuando los periodistas le preguntaron por el deslinde, respondió que no entendía por qué los vecinos habían tenido que contratarme puesto que el Gobierno ya cuidaba de los intereses generales(sic).

–En otoño de 2007 el entonces periodista de El País Rafa Méndez comienza una serie de reportajes sobre la política de costas de la interesada. Como no aparece muy bien parada, durante una reunión de socialistas en el palacio de las ciencias Príncipe Felipe expresa, contrariada, su parecer de que con esos reportajes los la están quemando y le están haciendo la cama los suyos (fuente: Diputado regional del PSOE).

–Ante su dureza y su carácter inflexible, muchos alcaldes de Castellon interceden ante el Ministro castellonense Jordi Sevilla para que su compañera afloje un poco y se digne recibirlos. Narbona, titular de una soberbia legendaria , no hace ni una cosa ni la otra (fuente: Miembro del gabinete de Jordi Sevilla).

-En enero de 2008 reuní a todos los colectivos de España a los que estaba defendiendo y fundé la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Lo que dio lugar a un revuelo mediático. Ese mismo mes Narbona dijo a los medios de comunicación que la Plataforma era una herramienta arrojadiza encubierta del PP lista para ser lanzada contra el PSOE en las inminentes elecciones de esa primavera.

–No fundé la Plataforma para matar el aburrimiento ni para crear un foro de debate, sino para cambiar las cosas y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. El uno de febrero presenté ante el Parlamento Europeo mi queja extensa por aplicación abusiva de la ley de costas. Narbona debió ponerse intranquila porque cuando estaba en el hotel de Bruselas un periodista del Levante me llamó para decirme que la eurodiputada socialista Maruja Sornosa se había ofrecido en prensa a ayudarme en mis gestiones a cambio de no presentar la queja. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el Parlamento Europeo para registrarla, Sornosa me llamó por teléfono tratando sin éxito de persuadirme de que me detuviera.

–El 20 de enero de 2009 fui invitado por la comisión de peticiones a defender oralmente mi queja y conseguí terminar una intervención de cinco minutos a pesar de la interrupción del diputado verde Hammertein, que trató de hacerme callar con el mismo resultado que Sornosa cuando había intentado pararme.

–En febrero de 2008 viajo a Canarias para dar a conocer la Plataforma y ofrezco ruedas de prensa en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Los Llanos de Aridane (La Palma) y Puerto del Rosario (Fuerteventura). La respuesta del delegado del gobierno en Canarias es que “Costas va a aplicar una política de pico y pala”.

–El 26 de marzo de 2009 el pleno del Parlamento Europeo aprueba el informe Auken, dando la razón a la queja de la Plataforma (en realidad la había presentado en nombre de los doce colectivos porque la Plataforma no llegó a constituirse como asociación hasta abril).

–Zapatero vuelve a ganar más elecciones pero ya no cuenta con Narbona para su nuevo gobierno. Incluso desaparece el Ministerio de Medio Ambiente como tal.

–En mi nueva comparecencia ante el Parlamento Europeo, en mayo de 2011, compruebo que ha surgido un buen número de imitadores de mi trabajo que también llevan allí sus quejas, y el gobierno de España es humillado en el debate de la tarde, cuando los eurodiputados británicos censuran con dureza la actitud de la Directora General Alícia Paz, cuya comparecencia se había reclamado para dar explicaciones.

–La llegada del PP al gobierno trae consigo una nueva actitud que se hace notar especialmente en Canarias, donde numerosos poblados marítimos tradicionales están amenazados.

–En mayo de 2013 Cañete se saca de la manga una reforma de la ley de costas que contiene una serie de aparentes errores técnicos incomprensibles y algunos favores especiales cuyo descaro causa vergüenza (me refiero al tratamiento especial de Formentera).

–En octubre de 2014 el gobierno aprueba un nuevo reglamento de costas que resulta más benévolo que el de 1989 en algunos aspectos , especialmente la nueva disposición transitoria decimosexta, que de forma inesperada admite que las concesiones anteriores a la ley de costas puedan acogerse a la prórroga del artículo Segundo de la ley de reforma.

–A instancias del PSOE, el Tribunal Constitucional declara la nulidad de algunas regulaciones de la ley 2/2013, de reforma de la ley de costas. Brilla con luz propia, por su justicia, la anulación del ridículo trato especial de Formentera.

La doble circunstancia de la llegada al poder del PP y la crisis económica paralizó numerosas intervenciones en la costa de Canarias, entre ellas La Bombilla, en La Palma, donde había la previsión de derribar cuatrocientas viviendas y reducirlas a grano fino junto con los callaos (pedruscosdelavasolidificada) para imponer una playa artificial donde la naturaleza no la quiso.

Temo que el regreso de Cristina Narbona venga marcado por el signo de la venganza y alentado por el resentimiento.

Temo que designe a un ministro al que le vaya la marcha y que el ministro rescate a José Fernández, si aún vive, como Director General.

Temo que se derogue la reforma de la ley de costas (aunque por ser una norma de rango legal le corresponde al Parlamento hacerlo).

Temo que se suprima el reglamento de costas de costas y se elabore otro mucho más duro, o al menos que se enmienden sus aportaciones más bondadosas.

Temo una oleada de derribos en Canarias y que el nuevo gobierno retome los proyectos de obras pendientes.

Vienen tiempos malos. La Plataforma no nació porque sí, sino porque Cristina Narbona estaba apretando las clavijas hasta extremos insoportables.

Esos momentos duros pueden volver, centuplicados por el orgullo herido de una persona con un ego mayor que una vaca, y el mejor consejo que puedo dar a los afectados es que busquen refugio y protección en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.

José Ortega

Abogado

http://www.costasmaritimas.es

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2018: HOLOCAUSTO FRENADO

enero 25, 2018

@abogadodelmar

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Playa de Babilonia en Guardamar

2018 ya está aquí, y con él ha llegado el final del plazo de las concesiones anteriores a la ley de costas. La antigua disposición transitoria decimocuarta del reglamento de costas de 1989 ya se descolgó con la salidita de que, puesto que el plazo máximo de concesión recogido en la ley era de treinta años, las otorgadas con anterioridad serían reducidas en su duración a treinta años a partir de la entrada en vigor de la ley de costas. De ahí la terrible fecha de 28 de julio de 2018, en la que se supone que tendría que sobrevenir el holocausto.
Esa disposición transitoria siempre me pareció una chulería intolerable del gobierno (o más bien de los ingenieros de costas autores del reglamento): Si el propio gobierno nos reconoce mediante concesión válidamente otorgada un derecho de ocupación que en la mayoría de las ocasiones lo era por plazo indefinido, no puede el mismo gobierno más tarde pisotear ese derecho por más Boletín Oficial del Estado que quiera utilizar a fin de proporcionar al despojo de una apariencia de legalidad. Recuerdo que la ley de costas no establece ninguna limitación de ese tipo y recuerdo también que todo reglamento se limita a ser una mera herramienta de trabajo para el desarrollo de la ley que no habilita al gobierno para introducir regulaciones nuevas, y mucho menos si son restrictivas de derechos individuales. El gobierno (los ingenieros de costas), actuando como una banda de malhechores, utiliza todos los privilegios a su alcance para privar a los ciudadanos de sus derechos de modo ilegítimo y sobre todo haciendo cuanto sea posible para tornar invisible el escándalo. En especial el BOE, porque si la letra impresa siempre ha ejercido una incomprensible fascinación en los humanos, el mero hecho de que esa misma letra impresa venga recogida en en el BOE tiene la dudosa cualidad de ponernos a (casi) todos a hacer el paso de la oca, sea lo que sea lo que haya escrito ahí.
Y sin embargo, el hiperdecente BOE, que debía ser espejo de lo que Kant definió como el deber ser de, también ha sido degradado al estado de herramienta para el robo, el hurto o la apropiación indebida, porque el Estado no puede limitarse a decirle al ciudadano es que resulta que me lo he pensado mejor y ahora creo que puede ser buena idea quitarle a usted la concesión porque me da la gana.
Perdamos el temor reverencial y el miedo cuasirreligioso a lo que aparece en el BOE: Los reglamentos los escriben y deciden los técnicos y los aprueba el Consejo de Ministros. No son más que decisiones administrativas, aunque adopten la forma de disposiciones generales y tiendan a confundirse con las leyes.
Y por todo eso, en aquellos años yo siempre exigía una compensación por ese corte súbito de derechos.
Con el tiempo, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas se presentó en el Parlamento Europeo para darles a los ingenieros de costas y al gobierno un susto más mortal que Freddy Kruger recién levantado de la cama, y como resultado se consiguió la reforma de la ley y un reglamento nuevo. Yo tenía la esperanza de una revisión de la desafortunada disposición transitoria decimocuarta de éste último. Como ya he dicho la redacción pretendía justificar la reducción a treinta años de las concesiones en el límite máximo de la ley de costas, fijado en treinta años, y como la reforma lo ampliaba a setenta y cinco, confiaba en una especie de regla de tres que transformara la reducción a treinta años en otra de setenta y cinco, o si acaso un poco menos para no abusar.
Sin embargo, ese cambio no vino. Lo que vino, en cambio, fue algo mucho mejor y por mi parte muy inesperado, como es la posibilidad de prórroga de estas concesiones. Así viene recogido en la actual disposición transitoria decimosexta y más específicamente en el artículo172 del reglamento de costas. O sea que el holocausto de 2018 muestra una agradable y bienvenida tendencia a no existir.
En estos días estamos trabajando desde el despacho para conseguir las prórrogas en las mejores condiciones, y también para sortear y resolver los problemas individuales derivados de tropiezos como por ejemplo un expediente de caducidad. La buena noticia de este derecho inesperado no debería conducir a los interesados a la euforia y sobre todo a la errónea creencia de que para obtener los resultados apetecidos es suficiente rellenar un formulario impersonal o una plantilla. La decepción causada por la ligereza, el atolondramiento y el exceso de confianza puede estar a la vuelta de la esquina.
En todo caso, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas puede sentir legítimo orgullo ante estos resultados. La grandeza de lo sucedido se expresa con sencillez si digo que miles de ciudadanos que ni si quiera saben quiénes somos se van a beneficiar de nuestro sacrificio, nuestra lucha y nuestro buen hacer.
En estos días la Plataforma es más que nunca un modelo de conducta y un ejemplo de éxito en la lucha de la sociedad contra el Estado

 

José Ortega, bogado

Fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

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@abogadodelmar

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LAS PROVINCIAS

http://www.lasprovincias.es/comunitat/201701/26/pescadores-valencianos-cargan-contra-20170126003222-v.html

Pescadores valencianos cargan contra la UE por permitir la captura de peces pequeños

Barcos de pesca amarrados en el puerto de Gandia. :: rubén francés
* Bruselas cambia la norma que aumentará los costes de las embarcaciones y obligará a construir nuevas infraestructuras en los puertos
* J. S. 
VALENCIA
26 enero 2017

‘¿Pezqueñines? no, gracias’ fue el lema de una famosa campaña del Gobierno de mediados de los 80 para que no se pescaran ni compraran ejemplares de pequeño tamaño. Ahora, 30 años después Bruselas cambia de opinión sin dejar claras las razones, según explicó José Ortega, abogado de la Comisión Interfederativa de la Cofradía de Pescadores de la Comunitat.
La Unión Europea ha modificado la legislación de pesca en la que, en contra de lo que sostenía, obliga a llevar a puerto a los ejemplares pequeños en lugar de arrojarlos al mar como hasta ahora. ¿Para qué? La legislación no lo deja muy claro, pero sí prohibe expresamente destinarlos al consumo humano.
José Ortega intervino el martes ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. «Es un escándalo. En los informes aluden a razones medioambientales para cambiar la política pesquera sin especificarlas», dijo. Ahora los pescadores tendrán que desembarcar estos ejemplares de pequeño tamaño en puerto, «pero nadie ha explicado que es lo que se quiere hacer con ellos».

Este cambio supone un perjuicio para los pescadores, ya que disminuye su capacidad de carga e incrementa sus costes. «Lo que más llama la atención es que la UE se plantea la posibilidad de pagar más por capturar peces pequeños con lo que fomentará su pesca y con ello, ¿dónde está el beneficio medioambiental?», se pregunta Ortega.
El abogado valenciano considera que Bruselas ha actuado presionado por un lobby de las harinas y aceites de pescado quienes conseguirán estos descartes a un precio mucho más económicos para sus actividades.
La nueva legislación data de 2013 e impone su aplicación progresiva entre 2015 y 2019. En el Mediterráneo se empieza a aplicar este año. «Con ella se pretende reducir las capturas no deseadas y el desperdicio de alimentos», que contrasta con el hambre que hay en el mundo, destaca el documento de la UE.
Ahora bien en otro informe señala que «las capturas desembarcadas que no alcancen el tamaño mínimo no pueden utilizarse para el consumo humano directo», lo que parece que contradictorio con la intención de luchar contra el hambre.
Es más, la nueva normativa obligará a realizar nuevas inversiones en infraestructuras. Deberán, entre otras obras, construirse congeladores para almacenar los descartes sin haberse aclarado todavía la finalidad que tendrán. Aunque los pescadores valencianos tienen claro que se destinará a las industrias de transformación.

 

José Ortega

http://www.costasmaritimas.es

 

@abogadodelmar

¿Por qué, oh, Shamash, has dado a mi hijo Gilgamesh
un corazón sin reposo?
Has extendido tu mano sobre él,
y ahora desea emprender un largo viaje
hacia el lugar donde vive Huwawa,
para librar una batalla incierta,
y andar por caminos desconocidos.

Poema de Gilgamesh, tablilla III, columna II

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche?
– Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

Para que triunfe el mal es suficiente el silencio de los buenos

EDMOND BURKE

@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche?
– Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

Para que triunfe el mal es suficiente el silencio de los buenos

EDMOND BURKE

¿Cuántas veces me acusó la Alcaldesa en un salón de plenos a rebosar de vecinos humillados y con la dignidad pisoteada de ser un mentiroso por decir las verdades que le molestan? ¿Cuántas veces rindió homenaje a la libertad constitucional de expresión repitiendo “no le permito a usted que diga…”. Dicen los vecinos que cuando me vio entrar le cambió la cara y comenzó a titubear en su parlamento, hasta entonces fluido. Yo no lo sé, pero para compensar, lo que sí sé es que pronto tendrá que decir adiós al cargo y dejará de hacer daño a los inocentes

 

 

tormenta

@abogadodelmar

 

@abogadodelmar

El Gobierno elabora durante un año un reglamento de costas enteramente nuevo, con más de doscientos artículos, y pretende que los ciudadanos opinemos sobre él dentro del plazo de quince días en el marco de la información pública.
Aún así, he podido presentar dentro del plazo un informe-propuesta extenso en nombre de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que resumo aqui brevemente:

ASPECTOS POSITIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO:

Aporta condiciones para la determinación de la zona marítimo terrestre (se deberán registrar cinco temporales en cinco años para que el alcance del temporal pueda tenerse en cuenta a efectos de delimitar la línea).
Se fijan definiciones legales de los distintos tipos de duna y se fija con claridad la frontera indicando qué dunas constituyen dominio público y qué otras quedan fuera de él.
Se garantiza que la prórroga de las concesiones indemnizatorias será de 75 años.

ASPECTOS NEGATIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO:

Frente a los afectados que hayan sido expropiados y aspiren a revisar su deslinde:

La determinación de la zona marítimo terrestre se hará sobre datos de altura de ola en el mar abierto, sin estudiar hasta dónde alcanza el temporal en la costa.

La frontera entre las dunas demaniales y las que no lo son queda fijada en la llamada duna secundaria (que es demanial) a pesar de que pueda estar cubierta de vegetación incluso leñosa, en un 75% de su superficie. Esto implica que un bosque litoral puede ser declarado dominio público.

El coste íntegro de la revisión de los deslindes deberá ser abonado por quienes los soliciten.

No se aclara la contradicción entre el artículo 45 de la ley de costas (los terrenos sobrantes de un deslinde siguen siendo dominio público) y la disposición adicional sexta de la ley de reforma (los terrenos sobrantes de un deslinde serán devueltos a sus antiguos propietarios).

La prórroga de 75 años podrá solicitarse después de que haya sido otorgada la concesión base, pero la Administración ni ha otorgado en la mayoría de los casos ni parece que pueda otorgar la concesión base, simplemente porque se han acumulado docenas de miles de casos que desde hace años están esperando a que la Administración cumpla con su obligación de otorgar la concesión de oficio.

Aunque la prórroga sea de 75 años, el reglamento no dice nada de la posibilidad recogida en el artículo segundo de la ley de reforma en cuanto a que se otorgue en sucesivos plazos inferiores prorrogables.

Frente a los afectados por la servidumbre de protección:

El reglamento no aclara si obras como la simple reparación de un muro o un reforzamiento de pilares vendrán sujetas a intervenciones complementarias y caras a fin de presentar la declaraci´jn de eficiencia energética.

Frente a los concesionarios de vivienda anteriores a la ley de costas de 1988

La limitación a 30 años desde la entrada en vigor de la ley de costas de estas concesiones, no se suprime, por lo que persiste la amenaza de derribo en 2018. El texto alude a la posibilidad de su renovación con arreglo al artículo segundo de la ley de reforma, pero esa renovación no parece posible por ser contraria a la disposición transitoria sexta de la ley de costas en relación con su artículo 32. De hecho, el texto no afirma que estas concesiones sean prorrogables. Se limita a decir “sin perjuicio de su renovación”, lo que no compromete a nada ni implica el reconocimiento de ningún derecho.

Frente a los afectados por la erosión marina

El texto omite cuidadosamente referirse a la erosión por causas artificiales y presenta una realidad ficticia, tal como si todos los problemas de regresión se debieran a procesos espontáneos de la naturaleza. En caso de regresión grave (que siempre se produce por causas artificiales) el Gobierno podrá adoptar medidas de urgencia si la costa no se recupera espontáneamente (por medios naturales), lo que resulta simplemente imposible.

Afectados de Canarias

Llevan comparativamente la peor parte. Sus deslindes podrían haber sido revisados a la baja en un 90% de los casos de no ser por el criterio establecido por el texto de tener en cuenta la máxima altura de ola en el mar.

La regulación del expediente de recuperación posesoria, que tanto sufrimiento y tantos derribos han causado en el archipiélago, continúan sin un solo retoque que obligue a la Administración a tramitar el procedimiento con garantías.

El mecanismo de cierre de derechos transitorios fijado en 1969 (está explicado en el informe) produce agravios comparativos contrarios al derecho constitucional de igualdad y es el responsable de que muchos asentamientos canarios hayan sido derribados o tengan orden de derribo pendiente de ejecución. Este mecanismo de cierre no se modifica en el borrador.

Tampoco se alude a la práctica tradicional, y a mi juicio fraudulenta, de la llamada “certificación de coincidencia”, consistente en que los responsables de la tramitación de los deslindes cuando no había otro anterior, consistente en certificar que el deslinde aprobado coincide con el que se habría aprobado con arreglo a la ley de costas de 1969. Esta práctica está pensada de propósito para dar lugar a una expropiación sin indemnización y resulta especialmente intensa (y evidente) en Canarias. El mecanismo debería haber introducido mecanismos correctores pero no lo ha hecho.

Frente a las CCAA

De forma muy sorprendente el texto reserva a favor del Consejo de Ministros la facultad de otorgar determinadas autorizaciones de usos en la servidumbre de protección, invadiendo con claridad competencias que corresponden a las CCAA en exclusiva.

El informe íntegro (78 páginas) puede descargarse pulsando en el siguiente gráfico:

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@abogadodelmar

Me parece que el nuevo reglamento de costas que el Gobierno ha sacado a información pública es una criatura mestiza entre alarde de cinismo y broma pesada. En el extenso texto, los beneficios para los afectados son como las incrustaciones de chocolate en una galleta: estupendos pero escasos. Por ejemplo, el alivio de saber que las concesiones indemnizatorias podrán prorrogarse por plazo de 75 años se acaba nada más enterarnos de que esas prórrogas estarán sujetas a canon.
Como se sabe, la concesión indemnizatoria  es el pago por una expropiación y lo que nos dice el nuevo reglamento es que para que el  Estado pague ese precio a los afectados (en forma de concesión), los afectados  deberán pagar otro precio al Estado (en forma de canon). Se trata de una pura y simple expropiación sin indemnización, y por tanto de una forma delicada de robo en la que algún alto funcionario quizá pretende que la abundancia de sellos oficiales impida ver el engaño.
Todos los afectados, desde Fuerteventura a Finisterre, suspiran por acceder a la revisión de su deslinde después de que la reforma de la ley abriera esa posibilidad, pero no sospechan que el nuevo reglamento, al establecer tasas por prestación de servicios, impone a los ciudadanos el pago íntegro del coste de esos deslindes nuevos. Si tenemos en cuenta que este coste incluye un estudio geomorfológico no precisamente barato, calculo que estamos hablando en total de importes entre sesenta mil y y cien mil euros. Naturalmente, cuando la Administración presente a los interesados una factura por ese importe, será sin ningún compromiso respecto al resultado final del nuevo deslinde, por lo que ningún afectado en su sano juicio querrá meterse en ese jardín, y creo que esto permite certificar la muerte prematura de aquella esperanza colectiva en la revisión del deslinde.
¿Quien podrá asumir esa aventura? Los poderosos. Éstos, bien dotados no sólo de tesorería, sino también de influencia, no se verán obligados a actuar a la buena de Dios: Negociarán la solución antes de soltar un céntimo y terminarán beneficiándose de la extraña y sospechosa disposición adicional quinta de la ley de reforma de la ley de costas. Extraña y sospechosa por la solución extremadamente generosa que brinda a los espacios que resulten sobrantes en todos aquellos casos en los que el dominio público evolucione de vuelta hacia el mar, que podrán ser recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios. Hasta ahora, con la ley de costas de 1988, el terreno sobrante continuaba siendo domino público igualmente, y con las leyes de costas anteriores se integraba en el Patrimonio del Estado. Nunca se había producido una solución tan dulce para los particulares como la recogida en esta disposición adicional quinta, que no parece precisamente pensada para los simples ciudadanos.
Ahora bien, aunque esto sea increíble, la norma según la cual los terrenos sobrantes continúan siendo dominio público (el artículo 4.5 de la ley de costas) continúa en vigor. Podríamos preguntarnos como es posible la coexistencia de dos preceptos que dan cada uno una solución distinta a la misma situación de evolución hacia el mar de la ribera del mar, y para tan buena pregunta no tengo respuesta, aunque sí sospechas.
No manejo ninguna evidencia objetiva para creer que estas reformas estén pensadas sólo a fin de hacer la vida más fácil a los poderosos, y seguramente es muy tonta la sospecha de que que el artículo 4.5 de la ley de costas (los terrenos sobrantes seguirán siendo dominio público) será para el ciudadano común y la disposición adicional quinta de la ley de reforma (los terrenos sobrantes serán recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios) se aplicará (sin mucha publicidad) a los poderosos. Pero es terrible el pálpito que me deja me deja este mecanismo en el que sólo los ricos podrán pagarse un deslinde nuevo y la lógica conclusión de que la inversión que hagan estos señores no va a resolverse por la vía del artículo 4.5 de la ley de costas.
El dibujo de fondo de ese mecanismo es simple: Venta a precio de saldo de terrenos demaniales. Los poderosos quizá estén ya manejando muy excitados la calculadora para negociar el pago de un deslinde a razón de cien mil euros para recuperar un terreno en primera línea de un millón de euros, mientras los ciudadanos pueden empezar a hacer lo mismo, pero para calcular el canon que deberán abonar a la Administración por unas concesiones que supuestamente son el precio que la Administración debe pagar a esos mismos ciudadanos por privarlos de su propiedad.

José Ortega
Abogado
Fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas