-Nació como poblado pirata, después fue refugio de contrabandistas.
Era la primera vez que escuchaba hablar de aquel paraje, que me pintaban tan aislado y misterioso. El que me lo contaba era un militar gallego, bajito, con bigote (pero NO era Franco) y voz de locutor de radio, que acababa de jubilarse como Ayudante de Marina de Águilas. Su sucesor, un Capitán de Corbeta honrado a carta cabal, me llevó con él un día de verano al poblado pirata, después refugio de contrabandistas, donde tenia que hacer unas cosillas profesionales con su uniforme gris plancha, mientras yo miraba y miraba.
Había sobre el acantilado que cierra la playa grande una casa con todas las ventanas guarecidas con hierros porque oportunistas y pillastres la forzaban de vez en cuando, convencidos de que en lugar de vivienda de verano era depósito de contrabando. Un eco de los viejos tiempos.
Recorrí infinitas veces, en aquellos años de Universidad, el camino entre Águilas y Cartagena. A veces, en inviernos con sol, torcía y me desviaba hacia la playa grande para caminar en completo silencio por esas arenas rojizas, con la sensación de que no había en el mundo ningún sitio mejor. Digo más: una de las peores acuarelas que se han pintado nunca es la que intenté hacer de un viejo pescador reparando una barca cochambrosa, a unos metros de aquellas viviendas.
Pasaron los años y me fui a vivir a la Chimbamba. Volví al paraje una madrugada, más muerto que vivo, después de caminar toda la noche en el concurso de orientación que cada septiembre se celebraba en Lorca. Me metí en el saco de dormir rompiendo el día y me quedé traspuesto en plena playa, cerca del poblado pirata, luego refugio de contrabandistas.
Pasaron muchos más años y el azar me llevó a defender a los afectados por la ley de costas. Me puse a saltar de playa en playa y de isla en isla, recibí y di leña en abundancia, irrité a los ingenieros de costas, paré derribos en el último momento, me especialicé en las causas imposibles, la prensa me siguió el rollito y mi despacho se convirtió en la Meca de los desahuciados sin remedio. Organicé la defensa colectiva contra los abusos de costas creando la Plataforma Nacional y fui al Parlamento Europeo a chivarme de lo que estaba haciendo nuestro gobierno. Hay mucha gente que me quiere bien desde lugares remotos y un grupito muy activo dispuesto a no parar hasta destruirme. Todo esto me tocó hacerlo lejos, en Canarias, en Bruselas, en Asturias, Cádiz o Galicia, viviendo en aeropuertos, comiendo de pie y durmiendo lo justo.
Y entonces me pidieron que defendiera del derribo el viejo poblado.
Fue aquel Capitán de Corbeta honrado a carta cabal, mi padre, quien me enseñó la teoría y la práctica de la ley de costas. Si no fuera por él, estaría muerto de aburrimiento en una parcela del derecho sosa como la mayoría y no disfrutando de esta completa locura que es la lucha del débil contra el fuerte. Me inicié en deslindes, lineas y mojones en aquellos parajes de la que fue su jurisdicción, entre otros el viejo poblado.
Ahora me piden que lo salve. Los que me han llamado creen que esto es un trabajo, pero es como volver a casa.
Aún sigue allí, junto al poblado de Puntas de Calnegre, la gran playa de arena rojiza.
Aunque ya nada pueda devolver el tiempo del esplendor en la hierba… Etc.

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Pues veréis, amigos. He estado hoy en un tribunal. No tiene nada de extraño, es lo que hacen los abogados, aunque realmente a mí no me gusta mucho el ambiente de esos sitios. Bueno, no me gusta nada.

Esto que os voy a contar es un ejemplo de lo que te puede pasar si te dedicas a esta profesión. No es nada espectacular, sólo un día a día cachondo bajo cuya superficie hostil si tienes los ojos abiertos puedes encontrar tesoros.

Tenía que hacer cuatro ratificaciones de peritos con un magistrado que estudió en la misma facultad que yo. Más vale que no diga ni su nombre mi tampoco el nombre del tribunal, por lo que pueda sucederme.

Veamos lo que ha pasado. Dos de las ratificaciones eran de peritos de la Administración. Se tenían que ratificar en un informe que hicieron para la prestigiosa empresa Tragsatec, pero resulta que el informe no estaba porque había salido zumbando junto con el resto del expediente administrativo para el Tribunal Supremo, ya que el mismo deslinde tenía algo así como doce impugnaciones y doce procedimientos y a estos magistrados no les gusta acumular esos procedimientos para que se tramiten como uno solo, como parece que debería ser. Las malas lenguas dicen que es porque… Porque los señores magistrados y las señoras magistradas cobran un un plus por sentencia puesta. Yo no sé si es verdad, sólo cuento lo que me han contado a mí esas lenguas viperinas.

¿Os podéis imaginar que en un tribunal colegiado tan digno y tan orondo como éste pueda cometerse un error así? Que lo imaginéis o no poco importa. Es la realidad. En varios de esos procedimientos se presentaron recursos casación y allá que se fue todo el expediente administrativo sin tener en cuenta que en la Sala aún quedaba mi asunto, en el que humildemente había pedido una ratificación de peritos. Así que el acto no podía celebrarse. De hecho, el magistrado me ha hecho pasar a su despacho para objetarme que esos mismos peritos de la Administración ya a habían ratificado numerosas veces.

-Sí, Señoría -le decía yo- , pero yo de esos procedimientos donde se han ratificado no sé nada.

Menos mal que no se ha empeñado en hacerme tragar la prueba practicada en otros procedimientos. Pero en todo caso me ha dicho que de celebrar nada, que no había manera y que si el informe no estaba, los peritos de la Administración ya podían irse a casa. No… No creáis que se ha lamentado o ha pedido disculpas por el error administrativo. Yo vengo de Valencia y a los clientes les cuesta dinero el viaje. Pero como si nada. Ellos están arriba y tú abajo.

Segundo acto, el informe de uno de los peritos que venían conmigo. Su voluminoso estudio tampoco estaba en la Sala porque también había sido remitido al Tribunal Supremo. Y esta vez el error era morrocotudo, porque el documento en cuestión lo había aportado con un recurso de reposición y resulta que mientras el expediente afecta a todos los recurrentes, el recurso de reposición me afecta sólo a mí y a los míos y desde luego no pinta nada en el dichoso Tribunal Supremo. Pero nada, cuando hubo que remitir los autos a tan alta instancia, la funcionaria arrambló con todo lo que pilló y secuestró mi recurso de reposición con todos sus documentos. Tampoco esta vez se ha escuchado nada parecido a una disculpa o a una simple, llana y clara petición de es que tanto dignifica y que llaman perdón.

Menos mal que el perito había tenido el mérito de venir desde Denia acarreando los cuatro o cinco kilos que pesaba una copia de su informe, y el magistrado ha aceptado que se sirva de ella para ratificarse. Y eso es lo que ha sucedido, que se ha ratificado en presencia del magistrado, de una secretaria judicial que hoy vestía unas medias de malla ancha con la que se podrían pescar boquerones, y de tres estudiantes de quinto de derecho que había traído la abogada del Estado.

¿Y qué creéis que ha pasado? Que el magistrado se estaba cansando de escucharme formular una pregunta tras otra y cuando su paciencia ha llegado al limite, me ha advertido que ya no iba a consentirme una sola pregunta más relativa al informe del perito, puesto que todo lo que le estaba preguntando eran cosas que ya constaban por escrito en dicho informe.

-Sí Señoría, precisamente la ultima pregunta que tengo no es relativa al informe del perito.

Me ha dado la venia y he preguntado:

-¿Usted considera que un estudio técnico para determinar las características geomorfológicas de una zona a efectos de saber si está formada por dunas en movimiento, como es el estudio de Tragsatec, puede prescindir de un estudio de vientos?

Lo que ha dicho entonces el magistrado es lo que menos me podía imaginar.

-Esa pregunta no se la voy a admitir porque no tiene que ver con el informe del perito.

Sí, lo que estáis leyendo. No estoy improvisando un chascarrillo, es la verdad. No me dejaba hacer preguntas sobre el informe porque eran sobre el informe y tampoco otras que no fueran sobre el informe porque no eran sobre el informe.

-Pero Señoría, lo que estamos haciendo aquí es la investigación de la verdad, y la cuestión tiene que ver con los aspectos técnicos, etc, etc,

Ni la verdad ni leches… Es la expresión que podría resumir la decisión final de Su Señoría aunque obviamente no la ha expresado así. Yo me he quedado sin poder formular la pregunta y él más ancho que largo.

Bueno venga, ahora un poco de análisis, especialmente para abogados jóvenes que puedan leer este rollo de blog.

¿Quién creéis que ha salido ganando, el magistrado o yo? Me gustaría estar frente a una clase con todos vosotros poniendo cara de despiste y dos o tres manos levantadas diciendo que yo no he ganado hoy absolutamente nada.

Pues bien, queridos, no sólo no es así, sino que lo sucedido es un regalo del cielo que agradezco infinito y que me va a ser mil o dos mil veces más útil de lo que habría sido hacer la pregunta. Veréis, desde antes de formular el recurso, yo ya sabia la sentencia que iba a recibir, y el magistrado también, lo mismo que la procuradora, los clientes y los administrativos de la sección. Por un motivo que me guardaré mucho de expresar en público, en ese tribunal el gobierno gana el 99% de los recursos y yo, a pesar de ser el abogado que más veces ha conseguido la anulación judicial de deslindes, no soy ciego y como no soy ciego no tengo ni esperanza ni confianza, aunque sí respeto, en ese tribunal. La esperanza y la confianza la tengo puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tribunal no controlado por los partidos políticos españoles.

Antes decía a mis clientes que tuvieran paciencia en la vía administrativa porque tan pronto como accediéramos a los tribunales encontraríamos al tercero imparcial, objetivo y profesional que por vez primera estudiaría el caso serenamente y daría una solución justa. Hoy les digo que tengan aún más paciencia y se dejen ultrajar, humillar e insultar en todas las instituciones de nuestro país, tanto gubernamentales como judiciales (es decir, también gubernamentales, pero con toga) porque un día, cuando nos hayan dado gorrazos en el Tribunal Constitucional, que es el último hito de la Senda de las Lágrimas, podremos llegar con gloria al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se supone (repito: se supone) que encontraremos por fin a es tan deseado tercero imparcial que imparta justicia objetivamente.

Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un instrumento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y por lo tanto no está para discutir cualquier cosa, sino precisamente la violación de los derechos fundamentales de la persona, que es lo que bajo mi punto de vista ha hecho hoy el magistrado. Por eso lo que he recibido es un regalo del cielo. Me ha proporcionado un motivo para acceder al Tribunal Europeo.

Si consigo llegar allí y obtener sentencia favorable, al Reino de España lo condenarán por violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La consecuencia no será que a mis clientes les devuelvan sus casas, sino que habrá que repetir el procedimiento judicial, pero quizá en ese momento la dignidad haya retornado a nuestra atormentada patria, si se puede decir así.

Este modo de proceder es semejante a la de los enfermos terminales que se deja congelar con la esperanza de que el el futuro la medicina haya encontrado solución para su mal. Por si alguien no se ha dado cuenta, en justicia también nosotros somos enfermos terminales.

Un último detalle. En esta clase imaginaria de abogados jóvenes ¿no hay alguien que caiga en un error de bulto que ha cometido hoy Su Señoría? ¿No…?

Pues ahí va… Tanto el informe de los peritos de la Administración como el expediente de recurso de reposición son necesarios para dictar sentencia. Pero el magistrado no los tiene ¿Y sabéis lo que va a hacer? Prescindir de esos documentos, claro está.

Pero una cosa es que desde antes de que te pongas a redactar un recurso, el magistrado ya sepa qué sentencia va a poner, y otra es que eso se haga de modo tan descarado como que le dé igual tener a la vista documentos imprescindibles para elaborar la decisión.

Y aquí se dibuja otro motivo de indefensión. Otro regalazo. Porque eso el Tribunal no puede hacerlo. No puede, bajo ningún concepto, dictar sentencia sin tener a la vista el expediente.

Y yo que pensaba que el ejercicio de la profesión era aburrido ¡Si es más excitante que una novela negra y más divertido que una comedia con Camerón Díaz!

José Ortega
Abogado
ortega_abogados@hotmail.com

El reglamento de costas fue redactado en un momento de euforia de los ingenieros. Los socialistas acababan de colar en las Cortes una ley de costas nueva y absolutamente revolucionaria y los capitanes de la casa se creyeron los dueños de España, su derecho y sus habitantes. Fueron estos capitanes, es decir, los ingenieros de caminos, los que redactaron el reglamento de costas. El hecho de que me una una saludable amistad y un probado respeto con uno de esos redactores, Paco Montoya, no impide la critica que viene ahora, que es igualmente respetuosa.

Para entender el por qué de las cosas suele ser precisa algo de historia. En este caso, conviene conocer la práctica histórica de la Administración a la hora de tramitar un deslinde. O, mejor, la profunda diferencia entre su modo de proceder antes y después del 28 de abril de 1998.

Antes de esa fecha, los ingenieros vivían felices y comían perdices. Un día subían de almorzar y decían “voy a dibujar una línea de dominio público”. Y con las mismas, como dicen en Cartagena, la trazaban por donde buenamente (o malamente) les parecía. Ni se les pasaba por su recta cabeza justificar por qué iba por ahí y no por allí. Era un modo de proceder cuartelero en el que no cabía sino bajar la cabeza.

Ese mundo feliz concluyó aquel 28 de abril. A partir de entonces no tuvieron más remedio aquellos ingenieros que entender que la vida no era como creían y se vieron obligados a reparar en la existencia de ciudadanos y de derechos y por tanto a salir de su autismo. En resumen: Que se tuvieron que poner a justificar por qué hacían las cosas. Que esas justificaciones estén amañadas y no sean serias es otro tema y además tampoco es noticia. La cosa es que al partir de aquella fecha todo cambió y dejadme que reconozca mi responsabilidad, puesto que fue un servidor quien consiguió aquella sentencia histórica en la que la Audiencia Nacional le preguntaba s los ingenieros que qué se habían creído y les advertía que no podían aprobar una delimitación sin previo estudio ni justificación.

Y la que se armó. Mientras escribo este articulo estoy volviendo de Madrid, donde he tenido el gusto de examinar uno de los más farragosos e indigestos estudios geomorfológicos de los muchos que han pasado por mis manos. Lo hizo la Universidad Politécnica de Valencia en cinco bonitos tomos repletos de información que francamente no interesa a nadie y nadie lee, pero que ha debido costar un riñón.

Esto es algo que siempre me sorprende cuando leo (o más bien miro) este tipo de documentos. La cantidad de rollo autentica y reconocidamente patatero que meten para espesar el papeleo, algo parecido a lo que hacemos en casa cuando echamos la taza más y más cucharadas de chocolate en polvo. No nos dicen, por ejemplo, hasta dónde alcanza el temporal por procedimientos cómodos y entendibles, sino crípticos y soporíferos. No nos marcan la mancha de las algas o el verdín en las rocas, mi acuden a los viejos el lugar, sino que nos enchufan estudios de cota de inundación con muchas fórmulas y muchas letras griegas o nos proponen una genealogía fenomenal de las plantas halófilas.

Lo que tiene todo esto que ver con el reglamento de costas es que cuando aquellos señores que se creían dueños de España, de su derecho y de sus gentes se pusieron a redactarlo, ni se les ocurrió que antes de iniciar un deslinde había que justificarlo. Algo dice el articulo 15 del expediente de investigación, cierto, pero doy fe de que nunca he visto uno y no creo que la Administración nunca haya tramitado alguno ni para hacer un ensayo.

Y no sólo eso. Cuando los artículos 22 y 23 regulan la tramitación del deslinde, recogen el núcleo denso del asunto, que es el proyecto de deslinde. Este proyecto de deslinde estará integrado por una serie de documentos entre los que se cuenta la llamada justificación de la delimitación. Y a esto es a lo que se acogen los jefes de costas para sustentar su punto de vista de que no están obligados a justificar (es decir, a razonar con pruebas) el discurso de la línea sino hasta que llega ese mágico momento de la elaboración del tantas veces repetido proyecto de deslinde.

Recuerdo uno de los expedientes más gordos que he examinado, el de Arenales del Sol (23 carpetas de a cinco kilos). Los interesados, con buen criterio, pidieron en los primeros compases la apertura de un periodo probatorio con arreglo a la ley de procedimiento administrativo. El entonces jefe de costas (y más tarde y durante muchos años Subdirector General) Ángel Muñoz, dijo que nanai, pues la Administración no estaba obligada a justificar la delimitación hasta la redacción del proyecto de deslinde.

Esto, ustedes perdonen, es algo que no tiene pies ni cabeza. De hecho, la propia Administración se ha apercibido felizmente de ello y ha comenzado (desde la celebrada primavera del 98) a hacer el estudio geomorfológico primero y a incoar el procedimiento después. De esta manera los pobres afectados, ya que les van a pasar por encima, saben al menos la causa,

El diseño del procedimiento de deslinde el el reglamento de costas es técnicamente deficiente. Todo lo que se hace antes de la elaboración el proyecto de deslinde, que es mucho (información oficial, información publica, apeo y alegaciones posteriores al apeo) no vale de casi nada, puesto que la línea aún carece de justificación. Por tanto, ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad, ni los ciudadanos que concurren a la información pública, ni los afectados que se personan en el acto de apeo, saben de qué va la cosa. Sólo están seguros de que ahí les han puesto una línea. Si alguno pregunta por qué, la respuesta está chupada: la justificación se hará más tarde (meses después), con el proyecto de deslinde.

Pero es que además, queridos míos, el proyecto de deslinde es el último tramite del procedimiento. Después sólo se extiende el vacío, puesto que el jefe de costas envía toda la cosa al Director General y a esperar la resolución ¿Lo podéis entender? En la regulación el procedimiento, la justificación de la delimitación no sólo no es el primer trámite el expediente: es el último. Nos pasamos todo el tiempo suplicando que nos digan por qué, y cuando por fin nos lo dicen es para añadir perdone usted pero estamos a punto de firmar la resolución por la que le quitamos su casa, así que si no le importa no nos moleste. Esto es algo que le gustaría mucho saber a nuestros socios europeos. Hay que ver qué monos y qué europeístas somos y al mismo tiempo qué lastre para la civilización y la cultura ¿No os parece?

Menos mal que a algún alma caritativa se le ocurrió que así, tal cual, el reglamento de costas quedaba muy seco, y mandó que se aplicara el trámite de vista y audiencia. Gracias a esto el proyecto de deslinde, con su justificación de la delimitación, no es ya el último, sino el penúltimo trámite del procedimiento. Pero la vista y audiencia se aplica porque la ley de procedimiento administrativo, donde viene regulada, es de aplicación subsidiaria. En realidad es un parche cuya necesidad confirma que el reglamento de costas hace aguas.

Por consiguiente, se necesita una reforma que, entre otras cosas que diré, mande que la incoación del procedimiento viene acompañada del correspondiente estudio técnico para que todos puedan conocer las pruebas y razones de la delimitación.

A ver si alguna figura preclara del Partido Popular, ahora que estos señores se van a hacer cargo de nuestras vidas, lee estas letras y hace algo al respecto.

José Ortega
Abogado
ortega_abogados@hotmail.com

El abogado de varios establecimientos de El Golfo argumenta que no solo Cataluña, sino un término municipal como el de Barcelona, ya disponen de estas transferencias desde el año 2009

José Ortega: “Será positivo y se logrará que Canarias reciba del Estado las transferencias en Costas”

Denuncia que las viviendas siguen esperando respuesta a la solicitud administrativa de enero de 2007 tras el deslinde de Costas y pone como ejemplo grave de los “vaivenes” de la Administración el exagerado deslinde en Famara

Crónicas · 19 de septiembre de 2011


José Ortega, el abogado entre otros de los propietarios de varios restaurantes de El Golfo, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, afectados por el deslinde de Costas, ha asegurado en Crónicas Radio que “será bueno y se logrará que el Estado transfiera a la Comunidad Autónoma de Canarias las competencias en materia de Costas”.

A su juicio, “sería positivo para los afectados porque siempre que la admnistración más cercana, en este caso Canarias, puede tomar decisiones, será mejor para los ciudadanos que en el caso de que se tomen desde Madrid”. En esa hipotética situación, cree que “podría haber también algún pase de rosca de demasiada complicidad, como pasa a veces”, pero no cree que esa sea la norma, sino que “habrá más comprensión y más atención a la sociedad, que buena falta hace”.

De esta manera respondía Ortega en el programa ’A Buena Hora’, de Crónicas Radio, al ser cuestionado por una propuesta que partidos como Coalición Canaria (CC) ya han trasladado en reiteradas ocasiones al Gobierno central, como ha ocurrido este mismo fin de semana.

Según predice el letrado, estas competencias “se van a dar” a Canarias. En primer lugar, porque hay otras comunidades autónomas que ya las tienen, como Cataluña y, segundo lugar, porque hay casos como el del Ayuntamiento de Barcelona, que tienen desde el año 2009 transferidas las competencias en materia de Costas dentro de su propio término municipal. “Oído al parche”, esboza Ortega.

Restaurantes y Viviendas de El Golfo

En cuanto al reciente caso en el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de dictar sentencia declarando la nulidad de una resolución sancionadora con desmontaje de determinadas instalaciones del restaurante Casa Plácido en El Golfo, el abogado entiende que la Dirección General de Costas” ha ido a buscar lo más vulnerable, lo más débil, en este caso esas pretendidas ocupaciones ilegales que Costas decía que eran ilegales. Eso habría arruinado la vida económica de El Golfo”.

Eso sí, matiza que “las viviendas no tienen ningún tipo de expediente sancionador abierto. En teoría lo que haría Costas en el peor de los casos es una recuperación posesoria, que es el tipo de expediente que da lugar a todos estos derribos que está habiendo en Canarias”, precisó. Sin embargo, denunció que “nosotros tenemos solicitada la concesión administrativa de la Transitoria Primera -en teoría te quitan la propiedad y te tienen que compensar con la concesión, pero luego es justo al contrario, en la práctica hay concesión o derribo- desde el mes de enero de 2007”, algo que refleja a su modo de ver “lo arrogante e ineficaz que resulta esta Administración tan poderosa, que no ha sido capaz de contestar a esta solicitud y la mantiene ahí durante años”.

Famara, el ejemplo de los “vaivenes” de Costas

Para este abogado, el deslinde de Famara es “el mejor ejemplo de los vaivenes de Costas y del inmenso poder que tienen sus ingenieros”. Según explica, en esta zona del municipio de Teguise “hay un deslinde absolutamente increíble, que no cabe en cabeza humana, porque habían metido la línea para dentro de Los Volcanes, algo así como 900 ó 1.000 metros alegando que había transporte eólico”, dijo.

Además, tras las pertinentes protestas municipales, “Costas metió la línea otra vez hacia fuera, pero brutalmente, pues cogieron solo 50 metros”.

Sentencias

En la última sentencia notificada hace unos días a uno de los restaurantes de El Golfo, en Yaiza, la resolución fue dictada por la Jefatura Provincial de Costas de Las Palmas y obedece a un expediente sancionador que, junto a otros de la misma zona, fue tramitado de forma fulminante nada más aprobarse el deslinde, contra varios restaurantes de la zona, a los que se reprochaba la ocupación de dominio público y la servidumbre de tránsito por las mesas y sillas de las terrazas.

La sentencia declara la nulidad de los actos combatidos por haberse causado indefensión, ya que la Jefatura Provincial de Costas no sólo no accedió a practicar la prueba pedida por el abogado de los propietarios del restaurante, sino que ni siquiera se dio por enterada de la petición. El abogado, José Ortega, considera que de esta manera la “arrogancia de la Administración y su desprecio” por los derechos individuales se ha vuelto contra la propia Administración.

Esta sentencia se suma a la que fue dictada antes del verano en relación con el derribo de la terraza del restaurante El Bogavante, en la misma localidad. Con ellas queda demostrado que es posible vencer a Costas y que por lo tanto la marea de derribos en las playas de Canarias dista mucho de ser inevitable.

Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

José Ortega , el abogado que ha obtenido la sentencia, es fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y autor del informe sobre aplicación abusiva de la ley de costas que dio lugar a la declaración del pleno del Parlamento Europeo de 26.03.2009 condenando a España por aplicación retroactiva de esa ley y reclamando su reforma. Ha obtenido de los tribunales la nulidad de un deslinde en Punta Larga (Candelaria) y la de un conjunto de siete derribos en El Remo (La Palma) y uno más en La Oliva (Fuerteventura), además del correspondiente al restaurante Bogavante. Al mismo tiempo, ha conseguido la suspensión judicial in extremis de numerosos derribos en El Puertito de los Molinos (Puerto del Rosario, Fuerteventura) y en otras localidades de Fuerteventura

Publicado en Cronicas de Lanzarote:
http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article36116

 

 

http://www.laprovincia.es/lanzarote/2011/06/04/bar-golfo-libra-pagar-1900-euros-costas/377572.html

 El TSJC da la razón al propietario de El Bogavante pese a que su terraza está en el deslinde marítimo

 

 

Vista del pueblo de El Golfo, afectado por el deslinde de Costas. i J. FUENTES
 
 
Vista del pueblo de El Golfo, afectado por el deslinde de Costas. i J. FUENTES 
 
 
 
 
 

 

 

 

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ
ARRECIFE
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por el propietario del restaurante El Bogavante, situado en El Golfo (Yaiza), Adrián Rodríguez, al que la Demarcación de Costas de Canarias -departamento que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente- había multado con 1.902 euros el 27 de septiembre de 2007 porque mobiliario de su negocio ocupaba el dominio público marítimo terrestre. En su resolución, Costas instó al dueño de El Bogavante a retirar 19 mesas, 76 sillas, 10 sombrillas y una pérgola de madera de 60 metros cuadrados.

Vecinos de El Golfo y Costas mantienen un enfrentamiento desde hace cinco años a raíz del nuevo deslinde establecido por Costas en ese pueblo sureño.

En su sentencia del pasado 25 de mayo, contra la cual no cabe recurso alguno, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC da la razón al demandante por entender que Costas no tuvo en cuenta la suspensión del deslinde solicitada en 2007 por el abogado José Ortega, que representa a buena parte del más de medio centenar de afectados. “Costas tenía un mes para contestar a esa petición y no lo hizo, por lo que el deslinde se entiende suspendido por silencio positivo y no cabe lugar a ningún expediente sancionador ni derribo”, explicó Ortega.

 

 El TSJ  de Canarias acaba de dictar una sentencia por la que anula el derribo del restaurante EL BOGAVANTE, en la playa del Golfo.

En julio de 2006 quedó aprobado el deslinde de la playa del Golfo, que levantó bastante revuelo entre los vecinos ante el temor de que una parte importante del poblado fuera derribada. Casi todos los políticos de la isla dieron un paso adelante para resolver el problema: La Presidenta del Cabildo, el consejero del Cabildo Carlos Espino, el Consejero del Gobierno de Canarias Domingo Berriel y por supuesto el alcalde de Yaiza.

El Golfo vive de sus restaurantes, a los que acuden turistas y viajeros para cenar a media tarde mientras contemplan la puesta de sol. De forma inusual, nada más aprobarse el deslinde, la Jefatura Provincial de Costas de Las Palmas dirigió contra estos restaurantes una serie de expedientes sancionadores por la ocupación del dominio público o la servidumbre de tránsito, con orden de retirada de las terrazas. Esto era ni más ni menos que provocar desempleo, cierre de empresas y el hundimiento de la economía local.

La sentencia, con un importante valor como precedente, da la razón al interesado  cuando denunció la indefensión causada durante la tramitación administrativa, así como en otros aspectos algo más técnicos de la demanda.

Otros dos restaurantes del Golfo, condenados a la desaparición por actuaciones de este tipo propiciadas por la Jefatura Provincial de Costas, están esperando sentencia, que se espera que resuelva en el mismo sentido.

En casos como el del Golfo, donde el deslinde es el primero en aprobarse en la zona, los afectados tienen derecho a la concesión de la DT primera (y evitan así el derribo) en caso de poder demostrar que los terrenos estaban fuera de la línea que se hubiera aprobado con arreglo a la ley de costas de 1969. Precisamente en la playa del Golfo se había tramitado en los setenta un deslinde que no había llegado a aprobarse pero que dejaba fuera del dominio público prácticamente todas las viviendas que el actual ha incorporado al espacio demanial. Se elaboró el correspondiente plano e incluso se pusieron sobre el terreno los mojones que definían este deslinde. Ésta es la prueba de que los vecinos tienen derecho a la concesión y de que sus viviendas no son ilegales, y ésta es justamente la prueba que la Jefatura Provincial de Costas ha estado tratando de ocultar al tribunal, abusando de su condición de juez y parte, ya que en este caso la prueba de que Costas no tenía razón era un documento custodiado precisamente por Costas.

Es penoso vivir en un país donde la propia Administración, obligada por la Constitución a una actuación objetiva, falta al deber más simple de todos, exigible a todo hijo de vecino, como es decir la verdad.

Los vecinos del Golfo son miembros fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y han sido defendidos, tanto contra el deslinde como en este caso contra el derribo de la terraza del restaurante, por el abogado de la Plataforma, José Ortega, que ya consiguió en el pasado verano la declaración judicial de nulidad de un derribo en Fuerteventura, así como la anulación por la Audiencia Nacional de un deslinde en Candelaria, en una sentencia histórica por ser la primera que anula una declaración de dominio público en Canarias. Ortega acaba de conseguir también la nulidad por decisión judicial de varios derribos en La Palma.

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La I JORNADA DE ESTUDIO DE LA LEY DE COSTAS, organizada por la PLATAFORMA  NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, deparó mucha emoción, muchas sorpresas y mucha satisfacción.

El acto central de la Jornada reunió en una mesa a:

-Francisco Montoya, Ingeniero de Caminos, antiguo Subdirector General de Costas y corredactor del reglamento de costas.

-Alfredo Masó, profesor de Macroeconomía de la Universidad de Alicante, presidente del colectivo de Arenales del Sol y miembro de la junta directiva de la Plataforma.

-José Luis Almazán, Ingeniero de Caminos, funcionario en excedencia de la Dirección General de Costas y profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

 -Mario García, alcalde de Nules.

  -José Serra, Ingeniero de Caminos y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. Director del Laboratorio de Puertos y Costas de esta Universidad.

  -Un servidor, Abogado.

  Todos moderados por Carolina Fernández, periodista de Las Provincias.

   Me parecieron especialmente significativos los puntos de vista de Almazán y Montoya, dos funcionarios del Estado que han estado durante años trabajando en la casa y que no mantienen puntos de vista muy alejados de los de los afectados en cuanto a la vigencia actual de la ley de costas y la conveniencia de su reforma.

  Montoya es un interesante conversador. Hace no mucho, cuando era Jefe de Costas de Castellón, hizo algo insólito: Me llamó para cambiar conmigo impresiones sobre la ley y su aplicación. Yo, acostumbrado a todo lo contrario, la verdad es que no sabía qué pensar mientras acudía a su despacho. El encuentro fue franco, respetuoso y creo que fructífero. Entonces, como no me lo explicaba, sospechaba que la maniobra escondía alguna directriz tremebunda de los jefes de Madrid. Ahora pienso que Montoya era y es un intelectual y que sólo quería conocer mi punto de vista. La prueba de ese carácter es que en estos días, al poco tiempo de su jubilación, en vez de tumbarse en el sofá a ver Tele 5 se ha puesto a redactar su tesis doctoral, que naturalmente va de la ley de costas.

  A Almazán no lo conocía hasta hace poco, pero cada cambio de impresiones de los que había mantenido con él acreditaba su profundísimo conocimiento y su dilatada experiencia a todo lo relativo a las costas. Su ponencia lo demostró. No sólo sabe. Además es valiente.

  Serra intervino en sustitución de su compañero José Medina, que sufrió un imprevisto. Pensé que era mejor traer a la mesa redonda a Medina porque Serra le ha hecho un flaco favor a los vecinos de La Casbah, ya que como responsable del programa de vigilancia ambiental de la ampliación del puerto de Valencia de 2007, no ve relación entre dicha ampliación y la fortísima erosión marina en las playas del Saler y Pinedo, que recientemente descalzó el paseo marítimo situado frente a la Casbah. En todo caso, su autoridad en la materia está fuera de toda duda y sus buenas relaciones con el Gobierno ponen aún más en valor los puntos de vista reformistas que mostró.

Mario García es el alcalde de un pueblo como Nules, que sufre como ninguno por la erosión marina y que está perdiendo superficie a ojos vista como consecuencia del efecto sombra del puerto de Burriana.

De Alfredo qué os voy a contar. Fue el auténtico inspirador de esta cosa que es la Plataforma cuando en una comida en Alicante, en septiembre de 2007, me propuso de forma directa que uniera a todos los colectivos que trabajaban conmigo en un gran colectivo nacional.  Antes, después y durante ha luchado no sólo contra los de enfrente, sino también a veces contra los de al lado.

No voy a contar ahora ningún resumen de lo sucedido en la mesa. No tiene sentido primero porque saldría un rollazo de varios folios y segundo porque en cuanto me pasen la grabación colgaré los videos y todo el mundo podrá enterarse de pe a pa. No obstante, os traslado desde este momento mi perplejidad ante la opinión unánime de todos los presentes en el sentido de que es precisa una reforma de la ley de costas. Esto es algo que resultaba impensable hace no mucho tiempo.

 Recuerdo que cuando pusimos en marcha la Plataforma, aquel 8 de enero de 2008, alguien muy entusiasta propuso meterse con la ley y lo desaconsejé porque en aquel momento la sociedad no estaba preparada y corríamos el riesgo de pasar por señoritos privilegiados a quienes incomodaba una ley de protección del medio ambiente bastante prestigiosa. Ese momento ha quedado muy atrás. Ahora, después de todo lo que llevamos hecho y sufrido, no sólo se puede pedir una reforma de la ley, sino que la reclaman con nosotros los mayores expertos del país.

Una vez, mientras me encontraba en la herboristería Pepe Navarro, recibí la llamada de Marcial Pina, de Arenales del Sol. Era un hombre muy solemne. Después de una breve conversación, concluyó diciéndome varias veces: “No nos deje… No nos deje”.

Recuerdo otro día, en un otoño frío y en una casa enorme y más fría aún, cuando conocí a José Martí, un prestigioso abogado mercantilista de Barcelona que me llamaba para salvar aquel caserón, su casa familiar de Oliva.

Y también recuerdo el verano de 2007, cuando un sonriente Juan Miguel Terradez llevó al maltrecho local de la asociación de vecinos de la Casbah unos cubitos de limón granizado para celebrar su cumpleaños en medio de una reunión de trabajo en la que ya se empezó a fantasear con una fórmula colectiva de defensa que fuera más allá de los recursos administrativos o judiciales.

Los tres murieron en el camino sin llegar a ver este momento, que creo que es un momento histórico que va a hacer de gozne para cerrar un tiempo y abrir otro nuevo. El momento en el que todos y cada uno de los componentes de la mesa de discusión, consultados por Carolina Fernández, respondieron SÍ a la pregunta de si había que reformar la ley de costas.

 Como dije en mi turno, la ley se reformará gracias a una labor tranquila, inteligente, pacífica y constructiva llevada a cabo por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas desde el momento mismo de su fundación. No hemos chillado, no hemos insultado, ni hemos roto cristales. Hemos metido el dedo en el ojo, como debía ser, pero con educación y poniendo la semilla donde podía germinar y crecer, no en el suelo estéril de esta España de cuya vida pública los valores de justicia, ética y dignidad parecen haber huido.

 El trabajo que hemos hecho es un ejemplo de cómo la sociedad puede sobreponerse al aparato del Estado. Una sociedad donde sucede algo así sigue siendo una sociedad saludable. Creo que hemos dado un ejemplo de lucha cívica.

LIBRES PERO SIN ALAS

abril 4, 2011

 

  Un Estado sin alma en guerra contra el alma del pueblo.

  En 1988 el partido socialista puso en marcha una ley para proteger las costas. Era necesaria, porque la aplicación de la ley entonces vigente doy fe que era de risa. Pero quizá hubiera sido más apropiado ponerse serio con la que ya había y dejar de hacer el tonto.

 La ley nueva ampliaba las definiciones del dominio público dando lugar a que enormes espacios que antes eran privados pasasen a poder del Estado. Esto, naturalmente, planteaba un problema de cuidado en relación a las viviendas existentes en esas zonas, porque por un lado la propiedad no se puede suprimir de un plumazo y por otro no había dinero suficiente en España para indemnizar esas expropiaciones. La solución fue una síntesis en la que la indemnización no se daba en dinero, sino mediante una autorización temporal para seguir habitando la casa expropiada como concesionario. El Tribunal Constitucional dijo que eso era compensación suficiente (¿?) y la cosa quedó así hasta que nació la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas para denunciar los abusos del Gobierno sobre los humildes, los pobres, los desamparados y sobre la clase media y consiguió, entre otras cosas, que el pleno del Parlamento Europeo (26.03.09) declarase que aquel mecanismo era en realidad una expropiación sin indemnización.   Así es como lo consideran todos: afectados, políticos y gobiernos europeos y medios de comunicación. Todos excepto el Gobierno y los jueces de aquí.

   La praxis de la ley de costas sugiere un país que quiere vivir por encima de sus posibilidades reales. Rescatar los antiguos terrenos dunares y rehabilitarlos está bien. Hacerlo a coste cero sobre las costillas de los ciudadanos, en cambio, no resulta tolerable. El Estado se porta como esas familias que ansían tener el coche de último modelo, la tele de más plasma y más pulgadas y el sonido más estéreo, pero a la que no le llega el sueldo. Es lo mismo. Lo que pasa es que lo disfrazan estupendamente pero en el fondo es eso. Quieren limpiar las playas de pobres para fomentar el turismo de calidad y a esos pobres que los zurzan.

 No somos capaces de encontrar el término medio. O vendemos el país a los especuladores o lo entregamos a unos funcionarios fanáticos que echan arena sobre el bosque para decir que es una duna y que se presentan por sorpresa y sin autorización judicial para derribar las viviendas de familias humildes. Pero estos  celosos señores de la ley y el orden ni siquiera son capaces de guardar coherencia con su propia severidad porque,  aunque sea increíble, al mismo tiempo que se dictan actos retroactivos pasando al dominio público viviendas construidas fuera de él y anteriores a la ley, en este momento hay en España varios procesos de desafectación (retirar el carácter de dominio público) de terrenos donde los especuladores construyeron cuando ya eran dominio público. Es un espectáculo de circo ver cómo se priva de su propiedad y se derriban viviendas alzadas en terrenos privados, comprados y pagados, y se desafecta lo construido sobre el dominio público. Lo que pasa es que esto lo llevan con mucha discreción.

  El desaliento de las víctimas de estos feroces ejecutores de la ley de costas queda bien resumida en los versos de Blas de Otero, que nos define como ciudadanos libres pero sin alas. Tenemos derechos, sí, pero hasta que nos toca la china de cruzarnos en el camino del Estado. Como te pase eso, despídete. Parecía que Serrat estaba pensando en estos cuando escribió aquel tema que decía “no conocen ni a su madre cuando pierden el control”.

   Llegará el día en el que España se libre de los lobos que nos afligen, de los fanáticos, los sectarios y los soberbios señores acostumbrados a pasarnos por encima para cumplir lo que ellos creen que es un ideal. Llegará el día en el que España no sea una democracia de cartón pintado inflada con consignas de aire.  Llegará un día en el que no hará falta luchar por lo que es evidente. Pero ese día no ha llegado. Y no llegará si descansamos o lo dejamos correr. Esta no es una lucha por el derecho de propiedad de unos pocos. Es una lucha por la dignidad. Escuchando el llanto de las víctimas es como he llegado a percibir el envilecimiento del sistema y a comprobar que el problema no es la ley de costas, sino una democracia que no funciona.

   LIBRES PERO SIN ALAS es un documental producido por LUGALBANDA SL que cuenta cómo un Estado sin alma hace la guerra al alma de su propio pueblo y cómo la sociedad puede prevalecer frente al Estado empleando como arma sólo la palabra.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/principio/fin/Ley/Costas/elpepusoc/20110222elpepisoc_2/Tes

La norma que protege el litoral se ve amenazada por cinco iniciativas legislativas – Casi 23 años después de su aprobación, los perjudicados cantan victoria

RAFAEL MÉNDEZ – Madrid – 22/02/2011

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La Ley de Costas está tocada, quizá herida de muerte. Puede que caiga este año o el que viene. Puede que la legislatura se agote antes de que cuajen los cambios legales en marcha que pretenden minarla. Pero eso no es lo más relevante. La ola contra la ley, aprobada en julio de 1988, la presión para mantener la ocupación del litoral es tan grande y procede de tantos frentes, que caerá más temprano que tarde. Esa es al menos la impresión de ecologistas, perjudicados por la ley y la mayoría de partidos políticos.

La Ley de Economía Sostenible prorroga una refinería que ocupa una marisma

El Senado aprobó por mayoría rebajar la norma como pedían CiU y PP

El abogado de los afectados: “Es cuestión de tiempo que caiga la ley”

Los ecologistas critican la cesión de competencias a las comunidades

La recopilación de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que está sometida la norma.

En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utilizó la Ley de Navegación Marítima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender . La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo criticó la opacidad del trámite, pero la técnica se repitió. En agosto llegó la Ley de Puertos, de Fomento, que suavizó las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay más: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Economía Sostenible apoyó una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesión a una refinería en dominio público. El objetivo es que la instalación de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesión caduca en 2012, siga en pie después de esa fecha. El presidente de Petronor, el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando fórmulas para eludir la Ley de Costas.

En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretaría de Estado de Vivienda, se llegó a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer más atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, según fuentes próximas a la negociación. La ley no incluirá ninguna medida en este sentido, según una portavoz de Vivienda.

El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, no parece cómodo justificando estos cambios: “Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Economía Sostenible no me parece riguroso, creo que sería mejor decir qué quieres hacer con la ley”. Ríos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: “Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habrá hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien”.

Ríos sostiene que no hay que exagerar la polémica: “El 94% de la aplicación de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertación. No amañamos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en función del territorio”.

Los ecologistas critican que “quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar fábricas por la puerta trasera”, como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.

La oposición va más allá. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho años de Gobierno del PP se aplicó la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en otoño y las perdieron por un voto en la Comisión de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consiguió los diputados suficientes para tumbarlas.

Pero el empeño no acabó. El pasado 9 de febrero, el Senado aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que definió como “ciudades navegables”, en alusión a la Marina de Empuriabrava, una urbanización con puntos de amarre junto a los chalés en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicación de la ley.

El PP logró aprobar otra proposición para indemnizar a los dueños de fábricas construidas en dominio público antes de 1988. El PP, que durante años criticó la aplicación de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en sí. Según el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta “permite abrir vías claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos españoles y superar así la situación de inseguridad jurídica”. Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deberán debatir y donde CiU y PP tiene más difícil conseguir una mayoría como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.

La portavoz popular en el Senado, Leticia Díaz, declaró en la tribuna: “La redacción de esta ley permite su aplicación arbitraria, porque está plagada de conceptos jurídicos indeterminados”. La norma no fija una distancia para definir el dominio público, sino que utiliza conceptos geográficos como las playas, “el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos”, “las marismas, marjales y esteros”.

Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años, ampliables a 60, en una singular expropiación que el Tribunal Constitucional avaló en 1991. El plazo, que se veía como inalcanzable, comenzará a vencer en 2018. Los dueños ya ven próximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.

José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atrás: “Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos”.

Algunos Parlamentos autonómicos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurrió al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunció con otra ley gallega pero finalmente lo desestimó al pactar con la Xunta la interpretación.

¿Por qué ahora? ¿Por qué una ley vigente durante más de 20 años recibe de repente un ataque tan directo? Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplicó con lo que él define como sentido común. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambió todo al aplicar la ley con firmeza.

Los números muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el trámite que delimita la zona pública y privada de costa- 4.659 kilómetros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kilómetros, según las cifras del PSOE. Ya está deslindado un 95% de la costa y la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.

Ríos critica que PP y CiU “intentan amañar la ley”. “Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio público, un concepto prohibido en la Constitución”.

La ley es, sin duda, polémica. Es difícil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando después ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas españolas están jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco años parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chalés son expropiados.

Ríos admite que ha habido problemas de inscripción de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: “Ha habido registro de propiedades en la costa, sí. Pero no solo en la costa, también en los ríos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deberíamos haber tenido”. El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.

Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la polémica: “Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda España. Suponiendo que sea así, es muy poca gente frente a la mayoría del país. Algo que no justifica recortar la norma”.

Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: “La ley trata de prevenir los atentados de privatización del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayoría no sale a defender lo público”. WWF ganó en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la razón y anuló la decisión del Gobierno de construir un macropolígono industrial en dominio público en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.

Los defensores de la ley ven otra nube: la cesión de competencias a las autonomías. Cataluña recibió competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andalucía. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterró de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Doñana, que Costas ejecutó bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma más proteccionista posible.

Ríos defiende los traspasos: “Lo razonable es que la codecisión funcione de distinta manera pero en todas las comunidades”. El director general defiende la gestión a base de pactos con alcaldes y consejeros (“no vale un concepto policial de la acción, en el que se aplica a rajatabla una política”) y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: “La ley no está agotada pero ha cumplido una etapa”.

El catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada discrepa: “No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es más difícil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los españoles por no hacer frente a una situación compleja”.

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-afectados-ley-costas-trabajaran-pp-perfilar-reforma-norma-proxima-legislatura-20110217195333.html

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) –

   El secretario y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, ha anunciado que el próximo mes de marzo se reunirán en Valencia con el portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, Carlos Floriano, con el que empezarán a trabajar en “perfilar” una reforma de la Ley de Costas de 1988 para desarrollarla durante la próxima legislatura.

   Ortega ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que es preciso iniciar un “trabajo más denso, técnico” así como “trabajar en la parte más áspera de la cuestión”.

   Además, señala que le han hecho llegar “puntos de vista de algunos miembros muy destacados del PP” en lo que se apunta que habría que acatar una reforma de la ley de Costas “al principio de la legislatura para que pueda culminarse en el término de la misma”. Por eso, han presentado una propuesta “muy definida” de reforma de la Ley de Costas al PP y han llegado a un preacuerdo para trabajar en el tema.

   Asimismo, ha asegurado que la plataforma “ha constatado que existe en el PP una sensibilidad clara hacia los problemas de los afectados y una disposición bastante clara a introducir cambios en la Ley de Costas”.

   Igualmente, ha expresado la satisfacción de la plataforma porque cuando crearon la agrupación a finales de 2007 “todo el mundo pensaba que la ley de costas era inamovible”, mientras que ahora considera que hay “aroma de alivio y cambio en el aire” que esperan ver en la próxima legislatura.

   “Ni yo, ni la plataforma, ni nadie, quiere que el litoral se desguarnezca frente al avance de los especuladores y que se estropee la costa. Hay que ver si son capaces de meter el bisturí con finura para, preservando la costa, pero siendo respetuosos con la propiedad privada”, ha manifestado.

   En cuanto a su relación con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha indicado que desde 2008, la ministra Elena Espinosa no les recibió mientras estuvo en el cargo, aunque sí lo hizo el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. Sobre la actual titular en el cargo, Rosa Aguilar, ha agregado que le han pedido una reunión pero que todavía no han recibido respuesta alguna, al tiempo que ha asegurado que no tienen “ninguna intención de tomar ningún tipo de actitud dura ni desleal contra el Gobierno”, porque consideran que lo que es “perfectamente razonable”.

   Finalmente, ha lamentado que el balance de la Ley de Costas es que “no ha servido para frenar el desarrollo urbanístico” en los últimos años, sino para justificar que se está aplicando la ley para despejar playas pero, en su opinión, “solamente actúa sobre las clases medias y los poblados de pescadores, pero no frente a desarrollos urbanísticos en sitios indebidos”.