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DIARIO EL COMERCIO
Villaviciosa
«La anulación del deslinde de la ría beneficiará a toda España»
El abogado José Ortega se felicita por el fallo y confía en que la reforma de la Ley de Costas llegue antes de que se apruebe un nuevo límite en la ría de Villaviciosa
27.05.12 – 03:39 –
LYDIA IS | VILLAVICIOSA.
«La sentencia de la Audiencia Nacional que anula el deslinde de la ría de Villaviciosa abre una pequeña vía a todos los afectados españoles por la Ley de Costas». Así lo asegura José Ortega, uno de los fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados y el abogado que defendió ante los tribunales la demanda que han ganado dos propietarios maliayos. «Han sido muy afortunados porque es muy difícil, que la Audiencia dé la razón a los vecinos; hay que valorar el criterio del magistrado, esta sentencia tiene una importancia muy grande», añade.
No en vano, se ha conseguido que el deslinde de la ría de Villaviciosa, aprobado en 2010, quede anulado por un defecto de forma. En concreto, porque el expediente ya había caducado, algo que convierte el caso maliayo en pionero. Nunca hasta ahora se había anulado un acuerdo de ampliación del plazo de tramitación. Según explicó Ortega, «la Administración está acostumbrada a tramitar en plazos de doce o quince años, cuando la ley establece que son veinticuatro meses, y hasta ahora la Dirección General de Costas llevaba a cabo una práctica ‘corrupta’ en la que se ‘olvidaban’ de aportar los acuses de recibo de las notificaciones para lograr ampliar los plazos y que los tribunales lo permitieran pese a no cumplir ningún requisito».
El letrado se muestra muy crítico con la anterior directora general de Sostenibilidad de la Costa, Alicia Paz, y aseguró que «solía concederse a sí misma la ampliación del procedimiento, cuando lo establecido es que debe autorizarlo su superior». Sin embargo, Ortega alaba la predisposición a atender al colectivo del actual responsable del área, Pablo Saavedra Inaraja, con quien mantuvo una reunión hace dos semanas. «Hay sintonía para moderar la definición de zona marítimo-terrestre e incluir específicamente a los porreos en la ley para que queden liberados de los deslindes», apunta. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, prometió hace unos meses reformar la Ley de Costas y Ortega cree, que aunque la sentencia de la Audiencia Nacional devuelve el procedimiento al punto inicial, «lo más probable es que la nueva ley entre en vigor antes de que la Administración central pueda aprobar un deslinde nuevo». De esta forma, el beneficio para Villaviciosa sería definitivo. Y a eso se agarran los afectados, que consideran que la Administración no puede quitarles sus propiedades, repartidas en 3.408 metros en la margen derecha de la ría.
19 particulares afectados
El deslinde afecta a 19 particulares, entre los que se encuentra la Sociedad Valle Ballina y Fernández, propietaria de El Gaitero. A pesar de que en su caso cuenta con un informe favorable de los técnicos del ministerio para el recurso administrativo, la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado en su demanda. «La sentencia tiene un valor de precedente muy importante, pero no sólo para Villaviciosa, si no para toda España, que va a verse beneficiada», reitera Ortega. El abogado lleva varios años discutiendo en los tribunales la forma en la que se ampliaban los plazos sin observar los requisitos legales.
EL PLENO ENTENDIMIENTO ENTRE EL DIRECTOR GENERAL DE COSTAS Y LA PLATAFORMA ANUNCIA EL PRINCIPIO DEL FIN
mayo 4, 2012
Confieso que ya no esperaba esa llamada, pero se produjo. Finalmente el Director General de Costas responde a nuestra solicitud de audiencia para cambiar impresiones sobre la reforma de la ley de costas. Aún así soy escéptico porque estoy acostumbrado a los pases de pecho de las autoridades que reciben por escenografía, te torean con paciencia y se olvidan de ti tan pronto sales de su despacho. Me he acostumbrado a esa situaciones pero vuelvo a meterme con José Pedro, el Presidente de la Plataforma, en el recinto sagrado a ver qué pasa.
Y lo que pasa es que me encuentro con un joven Director General, flanqueado por dos asesoras, que nos tratan con el respeto y nos escuchan con la atención que creo que merecemos. No veo aquí traza de fingimiento y compruebo con sorpresa que esta vez la cosa va en serio.
Después de hacer una breve y creo que innecesaria introducción sobre quienes somos y qué hemos conseguido, Pablo Saavedra me dice que estamos aquí para hablar de la reforma y José Pedro y yo podemos ver en sus manos y en las de sus asesoras las copias de nuestro proyecto de ley, bastante subrayado y por lo tanto estudiado. Saavedra propone que vayamos estudiando y comentando articulo por articulo y eso es lo que hacemos, con más o menos el resultado que a continuación expongo.
Modificación de la definición de zona marítimo terrestre para recuperar la que fue buena durante ciento ocho años, referida a temporales ordinarios. No hace falta que os cuente los argumentos, ya los he expuesto cien veces y los tenéis en los vídeos explicativos de nuestra propuesta (rueda de prensa de 20/05/2009 en Madrid y I Jornada de estudio de la ley de costas, Valencia abril de 2012). Hay acuerdo.
Modificación de la definición de playa para volver a la de 1969, que coincide con el concepto natural de playa. Esto implica que la duna deje de ser dominio público. Proponemos como ayuda que la duna continúe manteniendo una fórmula de especial protección que evite la construcción sobre ella y que por lo tanto se garantice el transporte eólico, pero sin ser demanial. Proponemos también, como fórmula de compromiso, la introducción en la ley de la limitación recogida en el reglamento de costas de que las dunas fijas que no tengan incidencia en la defensa de la playa y todo eso no tengan carácter demanial. Esto es necesario como mínimo, puesto que los tribunales no hacen menor caso del reglamento y dicen que, con arreglo a la ley, todas las dunas son dominio público. Hay acuerdo en el problema aunque se hace preciso buscar la redacción adecuada para darle solución.
Definición de la naturaleza, finalidad y límites del expediente de recuperación posesoria. Exponemos que este expediente sumario tiene por finalidad impedir las apropiaciones indebidas del dominio público, pero no es la herramienta debída para resolver situaciones complejas heredadas del pasado. Añadimos que es costumbre de los jefes de costas coaccionar a los vecinos diciéndoles que si no se defienden les perdonaran los gastos del derribo pero como se busquen un abogado y empiecen a escribir, tendrán que pagar esos gastos. Ponemos el ejemplo concreto de Crisol Santana Padrón, que nos había pedido ayuda para impedir el derribo de la vivienda tradicional de su padre y otros vecinos en el Barranco de la Ballena (Gran Canaria), pero tuvo que prescindir de esa ayuda porque los viejitos afectados habían sucumbido a las coacciones de costas. Recordamos además algunas otras cuestiones claves y sorprendentemente abusivas de este tipo de expedientes, que están causando mucho dolor en toda la costa pero especialmente en Canarias, además de exponer los ejemplos concretos de Florentina Mora en Soller (ved el video con mi intervención en el Parlamento Europeo en 2010) y la playa de Villarube (leed el post titulado El infierno de Vilarrube), donde el jefe de costas D. Rafael Eimil se presentó de madrugada e hizo salir de sus casas a los vecinos para derribar sus casas con carácter inmediato y sin autorización judicial. Proponemos que se aclare que para resolver situaciones complejas heredadas de momentos anteriores a la ley de costas deberá tramitarse un expediente por el procedimiento ordinario y con todas las garantías, del cual salga la decisión sobre si el destino del edificio debe ser el derribo o la concesión de la DT primera. Hay acuerdo.
En cuanto a la conveniencia de modificar el articulo 12 de la ley para que con cada expediente de deslinde se tramite una pieza separada de indemnizaciones, donde quede prefigurado a quien corresponde la concesión de la DT Primera a fin de que no se produzca nunca más la situación de limbo jurídico que todos conocéis, D. Pablo Saavedra me pide que ni lo comentemos porque el acuerdo es total.
En cuanto a la necesidad de que no puedan tramitarse expedientes de deslinde en zonas de costa regresiva debido a causas artificiales hasta que se hayan hecho obras para reponer la costa a su antiguo estado (situación de Moncofar, Almenara, Nules, Burriana, Belreguard, El Saler, El Brosquil, Guardamar, Vélez Málaga, Rota y otros muchos espacios de costa), el Director General entiende el concepto aunque considera que las medidas a adoptar son más técnicas que legislativas.
Hablamos a continuación de un tema un poco tonto y que pasa desapercibido, como es el hecho de que en la servidumbre de protección el uso residencia está prolhibido. Esto ni siquiera estaba en el texto de nuestra reforma porque había pasado desapercibido incluso para mi. Hablaré extensamente de esta cuestión en otra entrada de blog, pero desde luego entienden el problema y se toman nota. Esta nueva determinación la voy a incorporar a la segunda versión del proyecto de reforma porque me parece totalmente necesaría.
En cuanto al importante tema de las compensaciones por la pérdida de la propiedad, en nuestra propuesta habíamos escrito que deberían hacerse en dinero, aunque nos vemos forzados a reconocer que ni había tal masa de dinero cuando se aprobó la ley ni mucho menos la hay ahora. Por eso proponemos como fórmula alternativa la de alargar el plazo de las concesiones y garantizar su transmisibilidad. Recordamos que cuando el gobierno socialista ya intentó hacer transmisibles las concesiones con la ley de navegación marítima, los ingenieros de costas se enfurecieron ya que esto daba lugar a que estas concesiones tuvieran un precio de mercado y por lo tanto no pudieran rescatarse por calderilla, que es lo que tanto les gustaba hacer. Cuanto más prolongada en el tiempo sea una concesión, mayor será su valor de mercado y esto debería ser una fuerte barricada contra esos rescates que transforman la concesión en una trampa, como recordé en el Parlamento Europeo en 2010. Nos dicen que la transmisibilidad de las concesiones es algo que no admite discusión y lo otro lo entienden a la perfección. Hay acuerdo, aunque se deben estudiar la fórmula y la redacción adecuadas.
También cambiamos algunas impresiones sobre 2018 como límite de las concesiones anteriores a la ley de costas para usos incompatibles, lo que bajo mi punto de vista es un fraude.
Y ahora la cuestión importante: es muy difícil que los cambios en las definiciones del dominio público natural tengan efecto retroactivo, por lo que todo esto puede tornarse realmente inútil. Digamos que el Estado no ve claro deshacer lo que ha estado haciendo durante veinticuatro años con mucho esfuerzo y muchísimo dinero. Y como sólo queda un cuatro por ciento del territorio sin deslindar, vamos apañados. Incluso ese cuatro por ciento quedará cerrado antes de que se apruebe la reforma. En la provincia de Alicante, con mucho la que lleva más retraso, echan humo y están tramitando a toda velocidad.
El problema es de cuidado y no tiene fácil solución. Por un lado el gobierno reconoce que las definiciones de dominio público deben ser más modestas y menos expansivas, pero por otro estos cambios podrían no tener ni un poco de utilidad práctica, que es lo que nos interesa.
Pensaba en esto cuando salimos de la casa y mientras compartía con José Pedro un filete medio crudo enmarcado en un menú del dia de nueve euros, encontré una solución que creo que podrá satisfacer a todos. Por la tarde se la hice saber al Director General e imagino que la estudiará. La incorporaré a la segunda versión del proyecto de reforma y confío en que será la fórmula para que los afectados se quiten de encima el problema y el Gobierno no se vea en apuros. Perdonad que de momento guarde el enigma.
Cuando estuvimos en junio halando con el anterior Director General de Costas, la reunión duró más de tres horas y fue una autentica sesión de trabajo. Estábamos allí el Presidente de la Plataforma y yo para los primeros trabajos de comisión mixta, a fin de estudiar uno por uno los casos de la Plataforma y buscar una solución individualizada y dentro de la ley. Al término de la reunión el Director General nos agradeció la forma tan elaborada en la que le habíamos propuesto esas soluciones, cosa que le ayudará mucho. Comentó que todas las otras visitas que había tenido se habían limitado a sentarse, exponerle el problema y preguntarle cómo pensaba resolverlo.
Ayer pasó algo parecido. El Director General señaló que lo que tenia de nosotros no era una propuesta aislada o puntual, sino un proyecto de ley articulado y bien estructurado. Son estas cosas las que fabrican día a día el respeto hacia la Plataforma. Nuestra reputación tiene unas bases sólidas en el trabajo riguroso, no en proclamas o eslóganes. Es el mismo camino que iniciamos en enero de 2008, cuando en vez de salir a la calle a chillar o en vez de alquilar una página del diario El Pais, como pedían algunos, redactamos un informe serio, riguroso y contrastado sobre abusos, que como sabéis presentamos en el Parlamento Europeo el 1 de febrero de 2008. Es el mismo camino que seguimos en enero de 2009, cuando elaboramos la propuesta de enmienda a la ley de navegación marítima para impedir los derribos en Canarias, Galicia y el resto de la costa. Es el mismo camino que seguimos cuando, a vista de la petición de reforma hecha por el Parlamento Europeo, en lugar de alzar la voz exigiendo de forma inconcreta cambios en la ley, nos pusimos a escribir y redactamos el texto articulado que se estudió ayer. Es esa trayectoria lo que impulsó al Partido Popular a solicitar la ayuda de la Plataforma para redactar la reforma de la DT Segunda de la ley de costas que quedó aprobada en febrero de 2011 en el Senado. Debemos continuar trabajando de esa forma. Esto no es una cuestión de ideología: No hace falta ser del PP. No es una cuestión de amiguísmo: No nos han recibido por la intercesión de ningún intermediario. No es una cuestión de privilegios: Lo que estamos pidiendo es justo. Es una cuestión de fiabilidad, y en la Plataforma hemos conseguido fabricar esa fiabilidad sobre la base del trabajo, la honestidad y el rigor.
Antes de salir preguntamos al Director General si podíamos difundir la entrevista y su contenido y nos dijo que sí, siempre que no se generasen expectativas sobre posibles contenidos de la reforma. Por eso he escrito este post, que es fiel resumen de lo que sucedió ayer, de la misma forma que había escrito algún otro como el titulado Así fue lo de Martín Fragueiro.
Debo decir que siento mucho respeto hacia las personas que nos recibieron y escucharon, hacia su profesionalidad y su buen criterio. En estos meses los periodistas me han cosido a preguntas y siempre me he mostrado suspicaz hacia el contenido de la reforma que preparaba el Gobierno. Mi opinión ha cambiado después de ayer. Desde luego que puede volver a cambiar, pero en este momento estoy en condiciones de decir que las cosas pueden mejorar de forma efectiva y que la conducta inhumana que durante años hemos estado sufriendo tiene los días contados.
José Ortega
joseortega@costasmaritimas.es
NOTICIAS DE GUIPUZCOA
josé ortega abogado de la asociación española de afectados por la ley de costas
«Están creando mecanismos coactivos para lograr la sumisión del ciudadano con el Estado»
Ortega es el abogado que más demandas ha ganado al Estado en materia de Ley de Costas. Gracias a su labor, hoy se mantienen en pie varios pueblos enteros de Canarias que el Estado quería derribar. A pesar de sus éxitos, denuncia la precaria situación judicial que padecen los afectados
iraitz astarloa- Lunes, 30 de Abril de 2012 – Actualizado a las 05:28h
Donostia. Consciente de que el Estado gana el 99,9% de los litigios en materia de costas, Ortega continúa luchando contra la injusta situación que padecen 400.000 familias de todo el Estado. Su estrategia: que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admita los casos de estos millares de afectados, ya que «no se puede esperar nada» de los tribunales estatales.
¿En qué situación se encuentran ahora mismo los afectados?
Parece que puede haber una cierta moderación en la aplicación de la Ley de Costas, lo que no significa que se hayan paralizado los derribos. Se puede decir que se ha levantado el pie un poco del acelerador, pero sigue habiendo mucha gente que está en el corredor de la muerte.
¿Puede atribuirse este cambio de actitud al cambio de Gobierno?
Yo no lo achacaría directamente a eso porque el cambio de gobierno todavía tiene que notarse, se tienen que hacer con los cargos, con la situación… Además, en el último año de Gobierno socialista ya hubo un giro de 180º en la aplicación de la ley.
El pasado 9 de abril el ministro de Medio Ambiente informó de que la nueva ley de costas llegará antes del verano.
Eso es absolutamente imposible. Ahora mismo no hay un texto escrito conocido así, que a lo sumo se mandará al Parlamento un proyecto de ley. Ahora con la mayoría absoluta todo es más fácil y puede que el proceso sea más rápido, pero creo que dos años sería un plazo muy realista para que llegue la ley.
¿De qué manera va a afectar la nueva ley a las familias sometidas a la Ley de Costas?
Pienso que la nueva ley no va a cambiar nada ni va a hacer absolutamente nada por ellos. El Gobierno le va a dar una capita de barniz al tema, pero no creo que cambie absolutamente nada.
Así que el cambio no invita a ser optimistas.
El ministro dijo que va a facilitar la desafección -dejar de considerar de dominio público una zona así considerada- de las zonas degradadas, lo que puede provocar arbitrariedades. Entiendo que las zonas degradadas son aquellas que más urbanizadas están, es decir, barrios o grandes urbanizaciones que afectan a miles de familias. Las cuatro o cinco familias que viven en su casita, aislados, no viven en zonas degradadas porque están menos construidas, por lo que se va a producir un trato más favorable por el mero hecho de pertenecer a un grupo grande.
¿Tienen alguna posibilidad los afectados de ganar la batalla judicial al Estado?
Lo que se está produciendo en la Audiencia Nacional es un espectáculo. Te dicen a todo que no. Yo soy el abogado que más veces le ha ganado a Costas, quien más deslindes he conseguido anular y, con todo, el Estado está ganando el 99,9% de los litigios.
¿Qué ocurre con los Tribunales de primera instancia?
Primero, que te dicen a todo que no y luego, respecto a la calidad de la sentencia, dan la vuelta a tus argumentos, los despiezan, los descomponen, los separan de su contexto de una forma irritante en favor del Estado.
¿Cabe recurrir ante el Tribunal Supremo?
Desde hace tres años, en el Tribunal Supremo han decidido no admitir absolutamente nada a trámite por motivos estrictamente formales. Hemos llegado a una situación en la que no se están admitiendo recursos por escribir una coma en lugar de un punto. Estamos en un proceso en el que la administración de justicia se está disipando por los aires.
¿Qué ocurre con el Tribunal Constitucional?
Nos encontramos con que si ya era poca la subjetividad con la que aceptan las sentencias, desde 2007 se ha introducido un nuevo requisito, que desde mi punto de vista es una vergüenza enorme, para admitir los recursos a trámite. Entienden que para admitirla a trámite tiene que tener relevancia constitucional, es decir, te están diciendo que te pueden estar violentando uno o más derechos fundamentales de la persona y, a pesar de todo, no te lo admiten si no tiene especial relevancia en la interpretación de la Constitución.
¿Se enfrentan los afectados a alguna traba más?
Con la reforma de las leyes procesales se introdujo en concepto de la condena en costas, es decir, que si tú pierdes el procedimiento, donde antes no existía consecuencia económica alguna, ahora te condenan a pagar los honorarios del abogado del Estado. Esto en una situación en la que tienes un 1% o 2% de probabilidad de ganar el litigio se traduce en que están creando legislativamente mecanismos coactivos para lograr la sumisión del ciudadano contra el Estado, y esto es muy serio.
¿En que situación nos quedamos los ciudadanos?
No se puede esperar nada de los jueces en este país. El Estado se está convirtiendo en una especie de vaca sagrada y lo que están haciendo los tribunales es que no haya capacidad de reacción por parte de los ciudadanos contra el Estado. Se está produciendo una sumisión-resignación entre los ciudadanos y esto es absolutamente grave porque está haciendo peligrar la calidad de la democracia.
¿Esta situación va a prolongarse mucho en el tiempo?
Tengo la sensación de que en un plazo de 10-15 años esta situación tan extraña y tan injusta de los tribunales en España se va a tener que normalizar a consecuencia de la cascada de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
¿Es esta la última instancia que les queda a los afectados?
La gente cree que es otra instancia más, pero no. Es un convenio por los derechos fundamentales de la persona, por lo que yo lo que hago es, desde el minuto cero, vincular el litigio con el convenio europeo de derechos humanos porque, como en la vía judicial española no cabe esperar nada, la única opción es que este tribunal admita el caso.
COSAS QUE PUEDEN PASARTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL
abril 26, 2012
Dice la Constitución que la Administración tiene obligación de comportarse con objetividad y la ley de procedimiento administrativo impone el principio de buena fe. Muchos ya han experimentado en sus carnes qué es que entienden algunos funcionarios por estos conceptos tan majos. A mí me toca experimentarlo a diario y os quiero contar cuál es la última mala praxis de nuestros entrañables amigos de Costas, donde el término mala praxis es un regalo desinteresado que les hago, ya que debería haber usado otra expresión más vinculada a la ciudad de Nápoles.
Pues veréis, amigos, resulta que, salvo notables y muy raras excepciones, la Audiencia Nacional es un muro más espeso que el de Berlín, más espectacular que la muralla china y más infranqueable que Fort Knox. Si vas allí a impugnar un deslinde, tienes las mismas posibilidades que las que podéis tener de ganar el euromillón, y supongo que esto no se debe a ninguna corruptela, sino a que el Estado acierta siempre y los ciudadanos nunca y a que la virtud de los jueces sabe captar la situación y exponerla en forma de sentencia.
España es un país donde como te toque la china (ya no me refiero a la muralla) vas aviado. No te salvan ni la Constitución, ni la ley, ni el defensor del pueblo, ni el diputado de tu circunscripción, ni desde luego esas dulces criaturas a las que llamamos jueces y magistrados. Las personas a las que no les sucede esto creen que todo está bien. La realidad sólo la perciben aquéllos a quienes la apisonadora les ha pasado por encima y los ha transformado en canelones.
Entonces, queridos, resulta que casi la única forma de anular un deslinde en la Audiencia Nacional es demostrar que se ha producido caducidad del expediente. Como sabéis, la caducidad no se aplicaba a este tipo de procedimientos hasta la reforma de la ley de costas en 2002, que entre otras cosas les asignó un plazo máximo de tramitación de veinticuatro meses. Saludable medida, porque hasta entonces los señoritos de Costas mantenían la tramitación abierta durante diez, doce o quince años, haciendo las delicias de unos afectados que entretanto se veían sometidos no sólo a un susto prolongado, sino a una cosa llamada suspensión de licencias que les impedía cambiar el chapado de una cocina que sin embargo continuaba siendo su cocina. Suspensión temporal y provisional, claro está, aunque durase quince años, como es propio de un país surrealista que lo mismo que tira cabras desde los campanarios que te tramita unos expedientes así de divinos.
Me cupo el honor de ser uno de los primeros en demostrar cómo se anulaba un deslinde por caducidad cuando conseguí una sentencia de 1 de abril de 2008 que efectivamente mandaba al diablo el deslinde de Belreguard, en Valencia. Desde entonces, los ingenieros de costas han aguzado el ingenio, han puesto tiesas las orejas, han exprimido su cerebro matemático y han elaborado por lo visto un protocolo secreto de actuaciones para impedir que accidentes como ése se vuelvan a repetir. El método es tosco pero efectivo y consiste en la puesta en marcha de un olvido estratégico. Cuando se formula recurso contencioso administrativo, el tribunal debe reclamar el expediente y la Administración remitirlo completo y foliado. El olvido consiste en enviar el expediente sin los acuses de recibo de la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde.
¿Y con esto qué se consigue? En la mayoría de los casos, una Administración acostumbrada a tomarse quince años para tramitar los expedientes suda tinta para conseguirlo en sólo dos, por lo que suele llegar con la lengua fuera y jadeando al borde del plazo. Pero este plazo no es sólo para dictar resolución, sino para que ésta quede notificada a los interesados. Si las notificaciones se practican fuera de los veinticuatro meses, el expediente entra en caducidad y la resolución debe anularse. Y la única forma de acreditarlo es revisar los acuses de recibo. De aquí la absoluta conveniencia de esa amnesia sistemática de los ingenieros de Costas que, quizá por estricta casualidad, se repite siempre que la resolución se ha dictado al límite del tiempo y hay posibilidad de que la notificación se haya practicado fuera del mismo. Juro sobre la Biblia que antes de la reforma de la ley de costas de 2002 nunca había tenido este problema. Los expedientes siempre se remitían completos y con sus acuses de recibo de la Orden Ministerial.
Ved, entonces, cómo en el corazón de la casa debe haber un Rasputín con vocación de cirujano que, llegada la hora, da instrucciones para aplicar a los papeles la debida amputación y, mediante un sistema de desmemoria programada, los acuses de recibo se pierden. Así el abogado nunca podrá demostrar que se ha producido caducidad y por lo tanto anular el deslinde y detesta manera seguiremos contribuyendo a que nuestra patria continúe siendo una, grande y libre.
Juzgad si esto es cumplir con el requisito de objetividad de la Administración o si es más bien otra cosa, a la que se le podría poner cualquier calificativo relacionado con las pocilgas, las letrinas o el agua estancada.
Pero eso no es todo. Una práctica como ésa no duraría ni dos minutos si los jueces y tribunales hicieran lo que deben en vez de proteger, aplaudir y respaldar a quienes se entregan a aquellas bajezas. Tú vienes, te crees que vives en un país donde existe una diferencia conceptual dramática entre la ley y el florero, y reclamas al tribunal la subsanación del expediente administrativo para que se acompañen los acuses de recibo que faltan. He hecho eso cientos de veces, dentro de un trámite recogido en la ley procesal, para integrar expedientes incompletos debido a causas diversas. Y la Sala siempre ha accedido, simplemente porque la ley manda que la Administración remita el expediente completo.
Pero, queridos míos, la Audiencia Nacional no lo ve así en este caso. Algo debe andar mal en mi percepción de la realidad, porque incluso cuando los ilustres y sin duda sabios magistrados dicen y repiten que no tengo razón, yo releo la ley e insisto en que la tengo. No sé si buscar ayuda médica, un cuchillo jamonero o el pasaporte para iniciar una nueva vida bajo las palmeras tropicales. O quizá dedicarme a la defensa de los corruptos, que debe ser lucrativo.
Dicen los jueces que no, que para qué quiero los acuses de recibo, y sólo me conceden reclamar de la Administración los de los recurrentes, no los del resto. Debéis entender que la caducidad puede producirse cuando cualquier acuse de recibo, aunque sea sólo uno, se entregue fuera del plazo, y que por tanto es innegociable el examen de todas y cada una de las notificaciones. Recurso de súplica (previo pago de su importe, porque ahora los recursos se pagan) y lo mismo: Que no y que no. Que para qué quiero yo los otros acuses de recibo, que no lo he explicado y que no entienden mi petición.
Debo estar enfermo. Miro la ley procesal y sigue diciendo que el expediente ha de remitirse completo, no es una ilusión óptica, no es un sueño ni un holograma. Y he explicado bien en mi recurso que necesito todos los acuses de recibo para demostrar que se ha producido caducidad. A pesar de ello, los magistrados insisten en que no he aclarado para qué quiero esos documentos.
Pero por favor atended a lo que me ha sucedido hoy mismo, que merece la pena. En aquel procedimiento ya se me agotaron los recursos y aguardé pacientemente al periodo de proposición de prueba. Entonces, de forma particularmente artera, pedí prueba de documentos para que la Sala oficie a la Dirección General de Costas a fin de que por la misma se remitan los dichosos acuses de recibo. Acabo de recibir hoy el auto que resuelve la proposición de prueba y aún siento la tentación de ponerlo en un marco.
¿Sabeis lo que me dice la Audiencia Nacional? Me deniega la prueba porque lo que tenia que haber hecho era pedir en su momento la subsanación del expediente.
Siento que los blogs escritos no puedan llevar música incorporada. Quizá habría hecho entrar aquí una piezas de órgano del siglo XVII que el cine de los cincuenta solía reservar para las apariciones del conde Drácula. Creo que es lo que le va.
No cabe duda: Alguien tiene un tornillo suelto en la cabeza, y desde luego rechazo la idea de que lo sean estas altas y graves personalidades cuyos antebrazos vienen decorados con las adecuadas puñetas.
Digo más: Acallad vuestras conclusiones apresuradas. Niego que estos señores sean lo que estáis pensando, lo que estáis cuchicheando y lo que estáis imaginando. Eso ni es ni puede ser, puesto que vivimos en una democracia con separación de poderes y en un Estado de derecho, lo sabe todo el mundo.
No son ellos los que sobran, angelitos míos, sino todos los capullos como yo que luchamos por una justicia que no existe, vivimos en mundos de fantasía y nos obstinamos tontamente en no ponernos de rodillas.
Después de todo, 2 + 2 = 5. Ya lo dijo Orwell.
Afectados por la Ley de Costas cree que la reforma beneficiará a los que más han construido
marzo 6, 2012
@abogadodelmar
Diario Levante
La Plataforma se reunió ayer en el Puig para analizar los cambios en la normativa para la protección del litoral
V. CONTRERAS EL PUIG
Los representantes de varias asociaciones de toda España que forman la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas se reunieron ayer en el Puig para analizar la reforma de esta ley que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy y preparar un escrito con varias reivindicaciones que quieren impulsar a través de los ayuntamientos. Según explicó tras al asamblea el portavoz de la Plataforma, José Ortega, por lo que hasta ahora ha dejado entrever el Ministerio de Medio Ambiente sobre la reforma «parece claro que de la definición del dominio público marítimo terrestre se quedará como está, lo que no es bueno para la convivencia ya que los límites del dominio público dependerán de algo tan variable como el alcance máximo de los temporales».
Pero, sobre todo, Ortega destaca que el concepto de desafecciones que podría incluir la reforma «beneficiará a las urbanizaciones más grandes ya que el Gobierno prevé desafectar las zonas que estén más degradadas». «Es decir -subraya el portavoz de la plataforma-, al final se estará premiando a aquellos que más han construido y más han degradado el litoral». También critica esta asociación que, al menos de momento, no se haya hablado de destinar las inversiones pública a evitar la erosión de la costa.
Ortega explicó ayer que la Plataforma reune a cerca de 9.000 propietarios de viviendas de toda España afectados por la Ley de Costas.
http://www.costasmaritimas.es
joseortega@costasmaritimas.es
DELIMITACIÓN DE LA LÍNEA LITORAL Los afectados por Costas reclaman retomar los lindes de la ley de 1880
marzo 6, 2012
@abogadodelmar
JOSEP CARDA 04/03/2012
Diario Mediterráneo
Los propietarios de tierras o viviendas afectadas por la actual Ley de Costas reclaman al Gobierno central que la revisión de la legislación ahora vigente, que entró en vigor en 1998, retome los lindes del dominio marítimo-terrestre de la normativa de 1880, que estuvo vigente durante 118 años.
Así lo indicó ayer a Mediterráneo el abogado y secretario de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC), José Ortega, tras el encuentro que mantuvieron los representantes de unos 25 colectivos de todo el Estado, entre ellos los de la provincia de Castellón, en la localidad valenciana de El Puig.
Y es que, según explicó Ortega, la legislación de finales del siglo XIX “definía esos límites al punto al que llegaba el mar en el caso de temporales ordinarios, lo que se cambió en 1998 de manera que esa línea se establece al máximo espacio costero afectado por temporales extraordinarios”.
Para el secretario de la organización cívica, “esta es una propuesta razonable, que garantizaría un trato igualitario y justo, sin discriminaciones de ningún tipo, a todos los afectados”.
En cualquier caso, desde la entidad aplauden el aplazamiento del deslinde marítimo-terrestre en el municipio de Torreblanca y apuestan porque “el resto de ayuntamientos del litoral castellonense también reclamen esta medida”. Aun así, afirman tener “cierto recelo” sobre las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de modificar la Ley de Costas.
“En principio, la reforma no nos convence porque se deja la puerta a desafectar ciertas zonas, como se ha hecho recientemente con la playa de Roses, en Girona, donde se ha dejado fuera de la norma a un área con 10.000 viviendas y hoteles, mientras que en otros lugares, en los que hay menos gente afectada, se sigue con el proceso de derribos de edificaciones”, afirman desde la plataforma, a la vez que consideran que este tipo de valoraciones “poco objetivas” genera “verdaderos casos de discriminación”.
Aun así, Ortega asegura que “lo que queremos es ir de la mano con los ayuntamientos, y en el caso de Castellón también con la Diputación, para defender a la gente de esta situación”. H
http://www.costasmaritimas.es
joseortega@costasmaritimas.es
@abogadodelmar
La Plataforma Nacional reclama al ministerio que redefina el concepto de dominio público y que se priorice la regeneración del litoral en todo el tramo entre Almenara y Burriana
La entidad nacional reclama la regeneración costera de Almenara a Burriana.
Levante-EMV
C. COSTA ALMENARA
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas exigirá ante el Gobierno que el nuevo concepto de dominio público o la remodelación que se haga tenga de la normativa «tenga efectos retroactivos» con el fin de restituir o reparar acciones ya emprendidas como, por ejemplo, los derribos realizados en la costa de Almenara.
Así lo ratificó ayer el portavoz de la entidad, José Ortega, que se desplazó hasta la localidad valenciana de El Puig para asistir a un encuentro en el que definir posturas ante el cambio previsto en la normativa. «De lo que estamos escuchando y las propuestas que están saliendo hay cosas que no nos convencen, como el caso de la desafección de las zonas degradadas», indicó Ortega, quien explicó que «de esta manera se pueden tomar decisiones arbitrarias y proteger unos núcleos sí y otros no, validar áreas con muchas viviendas de grandes propietarios o por ejemplo las de las viejecitas que viven en Moncofa no».
Cabe recordar que precisamente desde el Ministerio se hablaba de utilizar esta fórmula para desafectar las viviendas de Xilxes, así como núcleos malagueños y de Cantabria.
Ortega insistió al respecto en que «esta decisión puede crear numerosas desigualdades y tratamientos diferentes para casos similares». La propuesta de la plataforma es «que se trate a todos por igual, así consideramos que lo mejor sería redefinir de nuevo el concepto de dominio público marítimo terrestre y volver a su afección antigua, la que perduró durante 108 años, y es que debía llegar hasta donde afectaran los temporales ordinarios, no los extraordinarios».
Regeneración «urgente»
Durante la sesión, los representantes del colectivo nacional también anunciaron que exigirán «medidas de regeneración urgentes e importantes». Ortega subrayó que «uno de los puntos que más lo necesita es el tramo de costa que va de Almenara hasta Burriana, donde se han de realizar acciones e inversiones importantes para ganar el terreno al mar y devolverlo donde estaba y así proteger nuestro litoral».
«No entendemos que no se actúe en necesidades tan urgentes como ésta, donde el deterioro es notable, mientras se invierten hasta 20 millones de euros para realizar una playa en Tenerife donde se encontraba un acantilado», denunció Ortega, que insistió en que «mientras en Palma se quiere hacer una playa con fines turísticos, en el sur de Castelló existen terrenos particulares que ya se encuentran bajo el agua».
«Vamos a ir alcalde por alcalde, ayuntamiento por ayuntamiento para que nos escuchen y formulen sus propuestas para trasladarlas al Ministerio, a quien también recordaremos el borrador que elaboramos para modificar la Ley», dijo Ortega. Así, la plataforma pondrá en marcha una campaña informativa y reivindicativa para dar a conocer sus propuestas y conseguir que éstas reivindicaciones se incorporen a la nueva norma estatal.
Publicado en
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TERCERA DERROTA CONSECUTIVA DE COSTAS EN LOS TRIBUNALES
enero 9, 2012
Me encanta cuando se ponen bordes conmigo. Pierden los nervios, se llenan de mala castaña y en ocasiones especiales echan espuma por la boca. Y no sólo he acabado por acostumbrarme, sino que al final me gusta. Desde su trono me han hecho morder el polvo no una, sino muchísimas veces. Me han pateado el hígado a gusto, se han reído de mi y me han fabricado intrigas de todos los colores para desacreditarme, perjudicarme, hundirme y prejubilarme.
Recuerdo el entusiasmo de aquel dentista llamado Félix Rodríguez de la Fuente, cuando contaba la sed que pasaba cuando estaba subido a un alcornoque esperando a ver si pasaba un buitre, porque cuando al fin podía beber, el agua le sabia mucho mejor. A mi me pasa algo parecido con los poderosos e intratables señores de Costas: Tengo que esperar mucho tiempo agazapado al alcornoque, pero cuando al fin son ellos los que muerden el polvo me lo paso genial. Y esto es lo que les ha pasado por tercera vez consecutiva, que se han echado a la boca un trago de arena sin sazonar.
En El Golfo (Yaiza, Lanzarote), vinieron y nada más aprobarse el deslinde de 2006, antes de que nadie pudiera acostumbrares a la nueva situación, empezaron a sacudir con un expediente sancionador por cada restaurante. Querían cargarse las terrazas, que para aquellos restaurantes eran lo mismo que las alas para un avión o las ruedas para un coche. He contado ya cien veces que los turistas hambrientos se descuelgan por allí a media tarde para cenar mientras contemplan la dichosa puesta de sol. Sin terrazas no hay cenas a media tarde que valga, porque en vez de divisar el bello crepúsculo no ves más que la pared y las lapas a la plancha no saben igual.
Primero hubo suerte con el restaurante El Bogavante, después con Casa Plácido y ahora con el Mar Azul. Tres sentencia ejemplares contra la chulería y la sinrazón. Seguirá habiendo terrazas y por el momento el coco peludo de Costas no podrá cercenar el espíritu del lugar.
¿Por qué los jueces me han dado la razón? Básicamente porque pedí la practica de determinadas diligencias probatorias y los responsables del expediente ni me miraron a la cara. No es que me dijeran que no, es que ni me contestaron. Creyéndose reyes, príncipes, emperadores, dictadores o dioses, miraban a través de mi como si fuera un trozo de cristal. Ellos sabían que había una ley, una constitución y unos derechos civiles, pero se sentían seguros en sus despachos y no veían ningún motivo para hacer el menor caso de esas cosas. Y cuando interpuse los recursos de alzada, los disciplinados funcionarios y los serviles asesores jurídicos de Madrid se ganaron el sueldo y agradaron a sus jefes diciéndome educadamente que no tenia razón. Nadie en la Administración te dirá usted perdone, nos hemos equivocado. Si han metido la pata, persistirán en el error. Se taparán unos a otros, aportaran informes que justifiquen lo que sea, introducirán sutiles verdades a medias y harán todo lo preciso para salirse con la suya. Porque saben muy bien que ellos están arriba y tú debajo.
Cuando hice la mili un capitán de Infantería de Marina tan jocoso como descerebrado decía que todo eso de la Convención de Ginebra estaba muy bien pero que la misión del infante de marina era matar de forma eficaz y barata. Algo parecido, aunque con menos sangre, debían razonar los señores de Costas cuando pasaban de la ley, de la Constitucion, de los derechos civiles y de todo lo que se antepusiera a su misión.
Seguirán dándome bastonazos, no lo dudo. Me van a sacudir mucho más. Pero de vez en cuando se abren los cielos y los tiranos se pegan unos castañazos que da gusto verlos. Y eso es lo que ha pasado hoy, así que me alegro, no por los señoritos caídos en tierra, sino por por los dueños de los restaurantes, por los turistas hambrientos, por mis conciudadanos, por nuestra amada Patria y desde luego también por mi, y mucho.
Pido perdón por la siguiente metáfora. No soy un nuevo Alonso Quijano creyéndose caballero andante, pero incluso así, y como soy escritor de novelas de mitología, debo evocar las arenga de Aragorn a las puertas de Mordor: Puede que llegue un día en que los hombres se plieguen a la tiranía, puede que llegue un día en que nos tornemos débiles y cobardes, puede que haya un día en que nos despojemos de la dignidad y dejemos de luchar, PERO ESE DIA NO HA LLEGADO.
José Ortega
Abogado
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DELICIAS DE CALNEGRE (CRÓNICA DE LA VENTANA TONTA)
diciembre 2, 2011
He encontrado lo que hacia falta para anular el deslinde de Calnegre.
Lo voy a explicar por encima y sin detalles técnicos, porque los motivos de nulidad que he visto son abundantes y algunos complicados y no es cosa de contarlos aquí en detalle. Parto de una base que me importa mucho aclarar. Siempre que he ido a la Jefatura de Costas de Murcia he recibido un trato muy correcto. Todos y cada uno de los funcionarios que me han atendido lo han hecho con corrección, respeto y espíritu de servicio. Cuando estoy allí veo personas laboriosas y dedicadas pendientes de su trabajo. Y además en esa casa tengo un seguidor de mi blog, mejor que no desvele su identidad. Esto lo digo para que no se malentienda lo que voy a explicar. Aquí no hay ni escarnio ni arrogancia, sólo lo que cuento. Es la verdad y eso es todo.
Confieso que alucino cuando me llaman para resolver asuntos imposibles en esos momentos finales en los que todo está perdido, cuando la Audiencia Nacional ha dicho que nanai y el Tribunal Supremo que no hay nada que hacer. Esto hace tiempo que se transformó en una rutina. Vienen para ver si hay algún milagro disponible y suele haberlo. Claro está que no se trata de milagros, sino de estudiar las tripas de los expedientes con la misma atención, o más, con que los arúspices etruscos observaban los hígados de los animales sacrificados. Hago memoria y no encuentro un solo caso en los que al revisar un expediente no haya encontrado algo que llevarme a la boca. He contado algo de esto en El Abogado y el mar. Mirad el episodio La ciudad condenada, dedicado a Arenales del Sol (se puede descargar el libro electronico en http://www.costasmaritimas.es/DOCUMENTOS.htm).
No es fácil encontrar un motivo de nulidad cuando el tema ha sido ya revisado y sometido a recurso contencioso administrativo, y cuando oficialmente todo lo había que estudiar, discutir y revisar ha sido ya estudiado, discutido y revisado. Pero siempre encuentro algo interesante, y perdón por expresarlo con esta llaneza. No es arrogancia, es una descripción de la realidad.
En el caso de Puntas de Calnegre, el otro día me dediqué a escarbar en los papeles y el motivo por el que escribo esta entrada de blog es que me encontré, entre muchos otros, con un error particularmente idiota.
El expediente era un deslinde, claro. Pero ellos le dieron otro nombre, como para disimular y para escapar a la regulación del procedimiento de deslinde. Por eso se permitieron no hacer ni apeo, ni proyecto de deslinde ni nada de lo que ordena el reglamento de costas. Pero en último término salvaron astutamente la situación dando lugar a un trámite de vista y audiencia. En todos los recursos judiciales la Audiencia Nacional ha dicho no, porque aunque no se hubieran observado algunos trámites, la vista y audiencia actuaba a modo de vacuna contra la indefensión y sanaba cualquier defecto. Esto es algo que le gusta mucho a los tribunales. Tú puedes coger a un músico callejero para que firme el inicio de un expediente, a la dependienta del súper para que aprueba la resolución y copiar medio capítulo de Guerra y paz a modo de tramitación, y la sentencia dirá que todo está bien siempre que no se haya producido indefensión. Es así como funciona, queridos.
Bueno, he encontrado un motivo de nulidad por indefensión asociado a defectos en la vista y audiencia, es decir, al salvavidas del sistema para que los vecinos no pueda ni suspirar. La cosa es simple, podría verla cualquiera: Hay una serie de vecinos a los que no se les notificó ese trámite y por lo tanto nunca fueron conscientes de que la Administración les pedía opinión sobre el tema, nunca pudieron formular alegaciones y nunca pudieron defenderse. Eso es indefensión.
Claro está que la simple ausencia de una notificación no indica que la Administración esté maltratando a los ciudadanos. Si los destinatarios no están en casa, ni el cartero ni los funcionarios pueden hacer milagros. Se publica un edicto y en paz. Pero el intento de notificación tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley.
Veamos: A una serie de vecinos no se les pudo notificar por domicilio desconocido. Esto no es nuevo, sucede a menudo por varios motivos. Pero me fijé en que no es que los domicilios fueran desconocidos, sino que las cartas venían en sobres con ventana y estaban mal maquetadas hasta el extremo de que la dirección no asomaba, o no asomaba completamente por esa ventana. Lo único que veía el cartero, y cualquiera, era un nombre con dos apellidos, a veces también una calle, pero sin ciudad. Así que desde luego entregar la carta era imposible y el muchacho se limitaba a escribir DESCONOCIDO, y a devolverla. La cosa es lo que sucedía cuando estas cartas no entregadas llegaban de vuelta a la Jefatura de Costas: Nada. A ningún funcionario se le ocurría estudiar el caso, investigar por qué razón el domicilio señalado en el Catastro era incorrecto o acudir a formulas alternativas como pudieran ser consultar al Ayuntamiento, o cualquier otra medida ordenada a la adecuada salvaguarda de los derechos fundamentales. El derecho de defensa es un derecho fundamental. No informar de la vista y audiencia es vulnerar este derecho.
Cuando hubo que notificar la Orden Ministerial pasó lo mismo: Se usaron los mismos modelos de cartas con la misma maquetación errónea y el cartero volvió a devolver las notificaciones por domicilio desconocido.
La indefensión es de libro. Un montón de vecinos se han quedado sin poder ser oídos sólo porque los responsables de redactar las cartas y meterlas en los sobres no se dieron cuenta de que estaban haciendo el trabajo mal. Un error simple que se prolongó y se reprodujo, y habría seguido reproduciéndose hasta la nausea si hubiera habido más notificaciones que hacer. Creo que esto es desidia, abulia y desgana, todo junto.
Si la Administración cumpliera con su deber constitucional de objetividad, bastaría llamar la atención sobre lo sucedido para que todo saltara por los aires y el deslinde se disolviera como azúcar en el cafe. Si viviéramos en una sociedad democrática con separación de poderes y una justicia digna, profesional e independiente, esto seria motivo suficiente para anular el deslinde y empezar la discusión desde cero. Pero abramos los ojos a la realidad. Tenemos razón pero no hay ningún tribunal en España dispuesto a reconocerlo. Lo mismo que cuando nuestros abuelos iban a a Perpignan a ver El último tango en París, nosotros tendremos que soportar que nos llamen burros en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional antes de cruzar gloriosamente la frontera, entrar en un país civilizado y acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Dicen que el efecto del bótox se disipa al cabo de unos meses porque el cuerpo hace nacer nuevas ramificaciones nerviosas para sustituir a las que han sido envenenadas. Dicen también que ante la presencia de arterias coronarias obstruidas, el cuerpo se las arregla para redirigir la sangre a través de vasos menores, o simplemente de hacer nacer otros nuevos.
La justicia es a semejanza de la imperiosa exigencia de vida de nuestros cuerpos. Se puede vivir sin coche, sin adsl o sin pan, pero no sin justicia. Sufriremos, nos aburriremos y seremos humillados, pero conseguiremos la ansiada e innegociable justicia, daremos una lección de dignidad y con nuestro ejemplo y esfuerzo y el de muchos otros, podremos quizá dejar a nuestros hijos un país mucho mejor que esta desafortunada España, limpio de corrupción, libre de zoquetes con poder y en el que los ciudadanos no sean nunca más esclavos.
José Ortega
Abogado
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LA JUSTICIA TOCA A SU FIN (I)
noviembre 13, 2011
Acabo de enterarme de la reforma procesal que diputados y senadores han hecho antes de irse a casa. Puede resumirse como el título de este articulo: la justicia toca a su fin.
Los guardianes de la democracia nos están rociando con una reforma procesal tras otra, y con cada una estrechan más y más el cerco en torno al derecho de acceso a la justicia. La penúltima fue para establecer una tasa por los recursos, es decir, para intimidar a los ciudadanos y desanimarlos obligándolos a pagar un precio por ejercer un derecho.
¿Te han denegado una prueba y tienes que poner recurso de súplica? Paga por ello.
¿Que la sentencia te ha desestimado el recurso y tienes que ir a una apelación? A pagar.
¿Que te deniegan la acumulación de asuntos que has pedido para que al cliente le salga el pleito más barato? Paga antes. Sí, antes. De hecho la ley dice que no se tramitará el recurso si no viene acompañado del resguardo del abono de la tasa.
Esa reforma tuvo y sigue teniendo mala sombra porque si te quieres ir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, te exigen haber agotado todos los recursos posibles en las vías judiciales anteriores. Así que recurrir o no las resoluciones de trámite no es una elección. Tienes que hacerlo. Y pagarlo.
La reforma anterior a ésta ya he tenido el placer de comentarla en otro blog anterior llamado El recurso de amparo no existe. Cambiaron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para hacer prácticamente imposible el acceso al recurso de amparo.
Otra reforma hecha aún antes fue la que estableció un límite en la cuantía del procedimiento para acceder al recurso de casación. Si el valor de lo discutido no pasa de 24.000 euros no puedes ir al Tribunal Supremo y te quedas pasando la mano por la pared (aunque para lo que puedes esperar de ese tribunal, más vale así).
Cada reforma procesal no es más que una forma de estrangular más y más el derecho de los ciudadanos a la justicia. Pero la que ahora tengo entre las manos constituye una villanía. Una villanía oculta, claro. Si no conoces el rollo no lo ves. Lees el texto y todo te parece normal pero no lo es. En realidad nos encontramos ante un eslabón más de la conspiración para conseguir la sumisión total de los ciudadanos al Estado.
Lo que han hecho (entre otras cosas que ya comentaré) es introducir el criterio del vencimiento en costas procesales en el recurso contencioso administrativo, aunque dicho así no creo que se entienda. La traducción: El que pierde paga los honorarios del abogado del otro. Hasta ahora sólo te pasaba eso si litigabas con temeridad o mala fe. Bueno, bien… Diréis ¿Y eso qué tiene de particular, si en los asuntos civiles es así de toda la vida?
Es muy simple. En los asuntos civiles tienes un 50% de posibilidades de ganar el pleito. En el contencioso administrativo tienes un 0%. El cero puede tener algunos decimales. En unos casos puede ser un 0,5 y en otras un 0,2, pero estamos halando de cero. Ya sabéis que la Dirección General de Costas no hace más que sacar pecho diciendo que ganan el 95% de los recursos judiciales (pero no es cierto: el porcentaje supera el 99%) y el otro día, hablando con la Directora General de un departamento que nada tiene que ver con Costas, la interfecta me dice que no han perdido ni un solo contencioso administrativo. Ni uno.
Cuando hablan de esta manera, los responsables pretenden subrayar que lo hacen de maravilla, cuando la realidad es que los tribunales no están actuando con objetividad, por decirlo de una forma cariñosa.
Pues bien… Si para los ciudadanos no fuera bastante perder prácticamente todos los recursos contra a Administración ¿Os podéis imaginar lo que significa que además a estas pobres personas les condenen en las costas? Sí, por supuesto que es un sistema disimulado de financiación de un Estado que roza la bancarrota, pero además es el adiós definitivo a la justicia, porque a ese precio ya nadie querrá ni síquiera probar suerte. Peferirá pronunciar la terrible frase que hagan conmigo lo que quieran.
En el Tribunal Supremo está establecido el criterio del vencimiento desde antiguo. Hasta hace dos días, el propio tribunal, a determinar la condena en costas, fijaba el máximo de honorarios del Abogado del Estado en 1000 euros. A los vecinos de Puntas de Calnegre los han condenado al pago de 2500. Significativa subida en tiempos en los que el Estado necesita ingresos y sobre todo a cargo de una justicia independiente.
Según las normas de honorarios de los Colegios de Abogados, los recursos se cobran bastante más baratos que el asunto principal. Las apelaciones, por ejemplo, a razón del 50% . Pues bien, si el Tribunal Supremo cree que al Estado debemos pagarle 2500 euros por la casación, que es un recurso, es posible que por el procedimiento en primera instancia nos exijan el doble. Ejem… Es que ni me atrevo a escribir aquí el importe. Prefiero a los dictadores que de calzan botas de caballería de caña alta y uniformes verdes o pardos. Te amargan la vida pero al menos saben lo que son.
Yo no sé si os dais cuenta de la relevancia que tiene esto. La jurisdicción contencioso administrativa es la que regula las reclamaciones contra el Estado (y aquí entran Comunidades, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y todo eso). Lo que están haciendo con estas reformas es imposibilitar todas esas reclamaciones. El Estado se está blindando y, de forma más o menos sutil, transformándose en totalitario. Poco a poco la dignidad de la persona se va disipando hasta transformarse en una cascara vacía.
Repito mucho un viejo adagio según el cual la ley es un instrumento de los débiles. Pero esa herramienta, la ley, necesita de los tribunales para hacerse valer. En una entrevista con la BBC, el escritor Hening Mankel recuerda que sin justicia no puede haber democracia. Se trata del mismo concepto que podemos rastrear en Platón, si queremos ponernos cultos. La necesidad de justicia es irresistible. Es emocionalmente imposible renunciar a ella. Cuando la vas limitando, condicionando e imposibilitando, lo que haces es provocar la renuncia a la civilización y el retorno a la caverna, con sus golpes de porra y sus venganzas privadas como medio de resolver las desavenencias.
Soy testigo privilegiado de una de las facetas más mortíferas del estrangulamiento de la democracia. Y necesito que abráis los ojos y miréis conmigo lo que está pasando.
Costas Marítimas 