NOTICIAS DE GUIPUZCOA
josé ortega abogado de la asociación española de afectados por la ley de costas
«Están creando mecanismos coactivos para lograr la sumisión del ciudadano con el Estado»
Ortega es el abogado que más demandas ha ganado al Estado en materia de Ley de Costas. Gracias a su labor, hoy se mantienen en pie varios pueblos enteros de Canarias que el Estado quería derribar. A pesar de sus éxitos, denuncia la precaria situación judicial que padecen los afectados
iraitz astarloa- Lunes, 30 de Abril de 2012 – Actualizado a las 05:28h
Donostia. Consciente de que el Estado gana el 99,9% de los litigios en materia de costas, Ortega continúa luchando contra la injusta situación que padecen 400.000 familias de todo el Estado. Su estrategia: que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admita los casos de estos millares de afectados, ya que «no se puede esperar nada» de los tribunales estatales.
¿En qué situación se encuentran ahora mismo los afectados?
Parece que puede haber una cierta moderación en la aplicación de la Ley de Costas, lo que no significa que se hayan paralizado los derribos. Se puede decir que se ha levantado el pie un poco del acelerador, pero sigue habiendo mucha gente que está en el corredor de la muerte.
¿Puede atribuirse este cambio de actitud al cambio de Gobierno?
Yo no lo achacaría directamente a eso porque el cambio de gobierno todavía tiene que notarse, se tienen que hacer con los cargos, con la situación… Además, en el último año de Gobierno socialista ya hubo un giro de 180º en la aplicación de la ley.
El pasado 9 de abril el ministro de Medio Ambiente informó de que la nueva ley de costas llegará antes del verano.
Eso es absolutamente imposible. Ahora mismo no hay un texto escrito conocido así, que a lo sumo se mandará al Parlamento un proyecto de ley. Ahora con la mayoría absoluta todo es más fácil y puede que el proceso sea más rápido, pero creo que dos años sería un plazo muy realista para que llegue la ley.
¿De qué manera va a afectar la nueva ley a las familias sometidas a la Ley de Costas?
Pienso que la nueva ley no va a cambiar nada ni va a hacer absolutamente nada por ellos. El Gobierno le va a dar una capita de barniz al tema, pero no creo que cambie absolutamente nada.
Así que el cambio no invita a ser optimistas.
El ministro dijo que va a facilitar la desafección -dejar de considerar de dominio público una zona así considerada- de las zonas degradadas, lo que puede provocar arbitrariedades. Entiendo que las zonas degradadas son aquellas que más urbanizadas están, es decir, barrios o grandes urbanizaciones que afectan a miles de familias. Las cuatro o cinco familias que viven en su casita, aislados, no viven en zonas degradadas porque están menos construidas, por lo que se va a producir un trato más favorable por el mero hecho de pertenecer a un grupo grande.
¿Tienen alguna posibilidad los afectados de ganar la batalla judicial al Estado?
Lo que se está produciendo en la Audiencia Nacional es un espectáculo. Te dicen a todo que no. Yo soy el abogado que más veces le ha ganado a Costas, quien más deslindes he conseguido anular y, con todo, el Estado está ganando el 99,9% de los litigios.
¿Qué ocurre con los Tribunales de primera instancia?
Primero, que te dicen a todo que no y luego, respecto a la calidad de la sentencia, dan la vuelta a tus argumentos, los despiezan, los descomponen, los separan de su contexto de una forma irritante en favor del Estado.
¿Cabe recurrir ante el Tribunal Supremo?
Desde hace tres años, en el Tribunal Supremo han decidido no admitir absolutamente nada a trámite por motivos estrictamente formales. Hemos llegado a una situación en la que no se están admitiendo recursos por escribir una coma en lugar de un punto. Estamos en un proceso en el que la administración de justicia se está disipando por los aires.
¿Qué ocurre con el Tribunal Constitucional?
Nos encontramos con que si ya era poca la subjetividad con la que aceptan las sentencias, desde 2007 se ha introducido un nuevo requisito, que desde mi punto de vista es una vergüenza enorme, para admitir los recursos a trámite. Entienden que para admitirla a trámite tiene que tener relevancia constitucional, es decir, te están diciendo que te pueden estar violentando uno o más derechos fundamentales de la persona y, a pesar de todo, no te lo admiten si no tiene especial relevancia en la interpretación de la Constitución.
¿Se enfrentan los afectados a alguna traba más?
Con la reforma de las leyes procesales se introdujo en concepto de la condena en costas, es decir, que si tú pierdes el procedimiento, donde antes no existía consecuencia económica alguna, ahora te condenan a pagar los honorarios del abogado del Estado. Esto en una situación en la que tienes un 1% o 2% de probabilidad de ganar el litigio se traduce en que están creando legislativamente mecanismos coactivos para lograr la sumisión del ciudadano contra el Estado, y esto es muy serio.
¿En que situación nos quedamos los ciudadanos?
No se puede esperar nada de los jueces en este país. El Estado se está convirtiendo en una especie de vaca sagrada y lo que están haciendo los tribunales es que no haya capacidad de reacción por parte de los ciudadanos contra el Estado. Se está produciendo una sumisión-resignación entre los ciudadanos y esto es absolutamente grave porque está haciendo peligrar la calidad de la democracia.
¿Esta situación va a prolongarse mucho en el tiempo?
Tengo la sensación de que en un plazo de 10-15 años esta situación tan extraña y tan injusta de los tribunales en España se va a tener que normalizar a consecuencia de la cascada de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
¿Es esta la última instancia que les queda a los afectados?
La gente cree que es otra instancia más, pero no. Es un convenio por los derechos fundamentales de la persona, por lo que yo lo que hago es, desde el minuto cero, vincular el litigio con el convenio europeo de derechos humanos porque, como en la vía judicial española no cabe esperar nada, la única opción es que este tribunal admita el caso.
Afectados por la Ley de Costas cree que la reforma beneficiará a los que más han construido
marzo 6, 2012
@abogadodelmar
Diario Levante
La Plataforma se reunió ayer en el Puig para analizar los cambios en la normativa para la protección del litoral
V. CONTRERAS EL PUIG
Los representantes de varias asociaciones de toda España que forman la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas se reunieron ayer en el Puig para analizar la reforma de esta ley que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy y preparar un escrito con varias reivindicaciones que quieren impulsar a través de los ayuntamientos. Según explicó tras al asamblea el portavoz de la Plataforma, José Ortega, por lo que hasta ahora ha dejado entrever el Ministerio de Medio Ambiente sobre la reforma «parece claro que de la definición del dominio público marítimo terrestre se quedará como está, lo que no es bueno para la convivencia ya que los límites del dominio público dependerán de algo tan variable como el alcance máximo de los temporales».
Pero, sobre todo, Ortega destaca que el concepto de desafecciones que podría incluir la reforma «beneficiará a las urbanizaciones más grandes ya que el Gobierno prevé desafectar las zonas que estén más degradadas». «Es decir -subraya el portavoz de la plataforma-, al final se estará premiando a aquellos que más han construido y más han degradado el litoral». También critica esta asociación que, al menos de momento, no se haya hablado de destinar las inversiones pública a evitar la erosión de la costa.
Ortega explicó ayer que la Plataforma reune a cerca de 9.000 propietarios de viviendas de toda España afectados por la Ley de Costas.
http://www.costasmaritimas.es
joseortega@costasmaritimas.es
POR QUÉ HAY QUE CAMBIAR EL REGLAMENTO DE COSTAS (I)
noviembre 8, 2011
El reglamento de costas fue redactado en un momento de euforia de los ingenieros. Los socialistas acababan de colar en las Cortes una ley de costas nueva y absolutamente revolucionaria y los capitanes de la casa se creyeron los dueños de España, su derecho y sus habitantes. Fueron estos capitanes, es decir, los ingenieros de caminos, los que redactaron el reglamento de costas. El hecho de que me una una saludable amistad y un probado respeto con uno de esos redactores, Paco Montoya, no impide la critica que viene ahora, que es igualmente respetuosa.
Para entender el por qué de las cosas suele ser precisa algo de historia. En este caso, conviene conocer la práctica histórica de la Administración a la hora de tramitar un deslinde. O, mejor, la profunda diferencia entre su modo de proceder antes y después del 28 de abril de 1998.
Antes de esa fecha, los ingenieros vivían felices y comían perdices. Un día subían de almorzar y decían «voy a dibujar una línea de dominio público». Y con las mismas, como dicen en Cartagena, la trazaban por donde buenamente (o malamente) les parecía. Ni se les pasaba por su recta cabeza justificar por qué iba por ahí y no por allí. Era un modo de proceder cuartelero en el que no cabía sino bajar la cabeza.
Ese mundo feliz concluyó aquel 28 de abril. A partir de entonces no tuvieron más remedio aquellos ingenieros que entender que la vida no era como creían y se vieron obligados a reparar en la existencia de ciudadanos y de derechos y por tanto a salir de su autismo. En resumen: Que se tuvieron que poner a justificar por qué hacían las cosas. Que esas justificaciones estén amañadas y no sean serias es otro tema y además tampoco es noticia. La cosa es que al partir de aquella fecha todo cambió y dejadme que reconozca mi responsabilidad, puesto que fue un servidor quien consiguió aquella sentencia histórica en la que la Audiencia Nacional le preguntaba s los ingenieros que qué se habían creído y les advertía que no podían aprobar una delimitación sin previo estudio ni justificación.
Y la que se armó. Mientras escribo este articulo estoy volviendo de Madrid, donde he tenido el gusto de examinar uno de los más farragosos e indigestos estudios geomorfológicos de los muchos que han pasado por mis manos. Lo hizo la Universidad Politécnica de Valencia en cinco bonitos tomos repletos de información que francamente no interesa a nadie y nadie lee, pero que ha debido costar un riñón.
Esto es algo que siempre me sorprende cuando leo (o más bien miro) este tipo de documentos. La cantidad de rollo autentica y reconocidamente patatero que meten para espesar el papeleo, algo parecido a lo que hacemos en casa cuando echamos la taza más y más cucharadas de chocolate en polvo. No nos dicen, por ejemplo, hasta dónde alcanza el temporal por procedimientos cómodos y entendibles, sino crípticos y soporíferos. No nos marcan la mancha de las algas o el verdín en las rocas, mi acuden a los viejos el lugar, sino que nos enchufan estudios de cota de inundación con muchas fórmulas y muchas letras griegas o nos proponen una genealogía fenomenal de las plantas halófilas.
Lo que tiene todo esto que ver con el reglamento de costas es que cuando aquellos señores que se creían dueños de España, de su derecho y de sus gentes se pusieron a redactarlo, ni se les ocurrió que antes de iniciar un deslinde había que justificarlo. Algo dice el articulo 15 del expediente de investigación, cierto, pero doy fe de que nunca he visto uno y no creo que la Administración nunca haya tramitado alguno ni para hacer un ensayo.
Y no sólo eso. Cuando los artículos 22 y 23 regulan la tramitación del deslinde, recogen el núcleo denso del asunto, que es el proyecto de deslinde. Este proyecto de deslinde estará integrado por una serie de documentos entre los que se cuenta la llamada justificación de la delimitación. Y a esto es a lo que se acogen los jefes de costas para sustentar su punto de vista de que no están obligados a justificar (es decir, a razonar con pruebas) el discurso de la línea sino hasta que llega ese mágico momento de la elaboración del tantas veces repetido proyecto de deslinde.
Recuerdo uno de los expedientes más gordos que he examinado, el de Arenales del Sol (23 carpetas de a cinco kilos). Los interesados, con buen criterio, pidieron en los primeros compases la apertura de un periodo probatorio con arreglo a la ley de procedimiento administrativo. El entonces jefe de costas (y más tarde y durante muchos años Subdirector General) Ángel Muñoz, dijo que nanai, pues la Administración no estaba obligada a justificar la delimitación hasta la redacción del proyecto de deslinde.
Esto, ustedes perdonen, es algo que no tiene pies ni cabeza. De hecho, la propia Administración se ha apercibido felizmente de ello y ha comenzado (desde la celebrada primavera del 98) a hacer el estudio geomorfológico primero y a incoar el procedimiento después. De esta manera los pobres afectados, ya que les van a pasar por encima, saben al menos la causa,
El diseño del procedimiento de deslinde el el reglamento de costas es técnicamente deficiente. Todo lo que se hace antes de la elaboración el proyecto de deslinde, que es mucho (información oficial, información publica, apeo y alegaciones posteriores al apeo) no vale de casi nada, puesto que la línea aún carece de justificación. Por tanto, ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad, ni los ciudadanos que concurren a la información pública, ni los afectados que se personan en el acto de apeo, saben de qué va la cosa. Sólo están seguros de que ahí les han puesto una línea. Si alguno pregunta por qué, la respuesta está chupada: la justificación se hará más tarde (meses después), con el proyecto de deslinde.
Pero es que además, queridos míos, el proyecto de deslinde es el último tramite del procedimiento. Después sólo se extiende el vacío, puesto que el jefe de costas envía toda la cosa al Director General y a esperar la resolución ¿Lo podéis entender? En la regulación el procedimiento, la justificación de la delimitación no sólo no es el primer trámite el expediente: es el último. Nos pasamos todo el tiempo suplicando que nos digan por qué, y cuando por fin nos lo dicen es para añadir perdone usted pero estamos a punto de firmar la resolución por la que le quitamos su casa, así que si no le importa no nos moleste. Esto es algo que le gustaría mucho saber a nuestros socios europeos. Hay que ver qué monos y qué europeístas somos y al mismo tiempo qué lastre para la civilización y la cultura ¿No os parece?
Menos mal que a algún alma caritativa se le ocurrió que así, tal cual, el reglamento de costas quedaba muy seco, y mandó que se aplicara el trámite de vista y audiencia. Gracias a esto el proyecto de deslinde, con su justificación de la delimitación, no es ya el último, sino el penúltimo trámite del procedimiento. Pero la vista y audiencia se aplica porque la ley de procedimiento administrativo, donde viene regulada, es de aplicación subsidiaria. En realidad es un parche cuya necesidad confirma que el reglamento de costas hace aguas.
Por consiguiente, se necesita una reforma que, entre otras cosas que diré, mande que la incoación del procedimiento viene acompañada del correspondiente estudio técnico para que todos puedan conocer las pruebas y razones de la delimitación.
A ver si alguna figura preclara del Partido Popular, ahora que estos señores se van a hacer cargo de nuestras vidas, lee estas letras y hace algo al respecto.
José Ortega
Abogado
ortega_abogados@hotmail.com
CANARIAS RECIBIRA COMPETENCIAS EN COSTAS
septiembre 20, 2011
El abogado de varios establecimientos de El Golfo argumenta que no solo Cataluña, sino un término municipal como el de Barcelona, ya disponen de estas transferencias desde el año 2009
José Ortega: «Será positivo y se logrará que Canarias reciba del Estado las transferencias en Costas»
Denuncia que las viviendas siguen esperando respuesta a la solicitud administrativa de enero de 2007 tras el deslinde de Costas y pone como ejemplo grave de los «vaivenes» de la Administración el exagerado deslinde en Famara
Crónicas · 19 de septiembre de 2011

José Ortega, el abogado entre otros de los propietarios de varios restaurantes de El Golfo, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, afectados por el deslinde de Costas, ha asegurado en Crónicas Radio que «será bueno y se logrará que el Estado transfiera a la Comunidad Autónoma de Canarias las competencias en materia de Costas».
A su juicio, «sería positivo para los afectados porque siempre que la admnistración más cercana, en este caso Canarias, puede tomar decisiones, será mejor para los ciudadanos que en el caso de que se tomen desde Madrid». En esa hipotética situación, cree que «podría haber también algún pase de rosca de demasiada complicidad, como pasa a veces», pero no cree que esa sea la norma, sino que «habrá más comprensión y más atención a la sociedad, que buena falta hace».
De esta manera respondía Ortega en el programa ’A Buena Hora’, de Crónicas Radio, al ser cuestionado por una propuesta que partidos como Coalición Canaria (CC) ya han trasladado en reiteradas ocasiones al Gobierno central, como ha ocurrido este mismo fin de semana.
Según predice el letrado, estas competencias «se van a dar» a Canarias. En primer lugar, porque hay otras comunidades autónomas que ya las tienen, como Cataluña y, segundo lugar, porque hay casos como el del Ayuntamiento de Barcelona, que tienen desde el año 2009 transferidas las competencias en materia de Costas dentro de su propio término municipal. «Oído al parche», esboza Ortega.
Restaurantes y Viviendas de El Golfo
En cuanto al reciente caso en el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de dictar sentencia declarando la nulidad de una resolución sancionadora con desmontaje de determinadas instalaciones del restaurante Casa Plácido en El Golfo, el abogado entiende que la Dirección General de Costas» ha ido a buscar lo más vulnerable, lo más débil, en este caso esas pretendidas ocupaciones ilegales que Costas decía que eran ilegales. Eso habría arruinado la vida económica de El Golfo».
Eso sí, matiza que «las viviendas no tienen ningún tipo de expediente sancionador abierto. En teoría lo que haría Costas en el peor de los casos es una recuperación posesoria, que es el tipo de expediente que da lugar a todos estos derribos que está habiendo en Canarias», precisó. Sin embargo, denunció que «nosotros tenemos solicitada la concesión administrativa de la Transitoria Primera -en teoría te quitan la propiedad y te tienen que compensar con la concesión, pero luego es justo al contrario, en la práctica hay concesión o derribo- desde el mes de enero de 2007», algo que refleja a su modo de ver «lo arrogante e ineficaz que resulta esta Administración tan poderosa, que no ha sido capaz de contestar a esta solicitud y la mantiene ahí durante años».
Famara, el ejemplo de los «vaivenes» de Costas
Para este abogado, el deslinde de Famara es «el mejor ejemplo de los vaivenes de Costas y del inmenso poder que tienen sus ingenieros». Según explica, en esta zona del municipio de Teguise «hay un deslinde absolutamente increíble, que no cabe en cabeza humana, porque habían metido la línea para dentro de Los Volcanes, algo así como 900 ó 1.000 metros alegando que había transporte eólico», dijo.
Además, tras las pertinentes protestas municipales, «Costas metió la línea otra vez hacia fuera, pero brutalmente, pues cogieron solo 50 metros».
Sentencias
En la última sentencia notificada hace unos días a uno de los restaurantes de El Golfo, en Yaiza, la resolución fue dictada por la Jefatura Provincial de Costas de Las Palmas y obedece a un expediente sancionador que, junto a otros de la misma zona, fue tramitado de forma fulminante nada más aprobarse el deslinde, contra varios restaurantes de la zona, a los que se reprochaba la ocupación de dominio público y la servidumbre de tránsito por las mesas y sillas de las terrazas.
La sentencia declara la nulidad de los actos combatidos por haberse causado indefensión, ya que la Jefatura Provincial de Costas no sólo no accedió a practicar la prueba pedida por el abogado de los propietarios del restaurante, sino que ni siquiera se dio por enterada de la petición. El abogado, José Ortega, considera que de esta manera la «arrogancia de la Administración y su desprecio» por los derechos individuales se ha vuelto contra la propia Administración.
Esta sentencia se suma a la que fue dictada antes del verano en relación con el derribo de la terraza del restaurante El Bogavante, en la misma localidad. Con ellas queda demostrado que es posible vencer a Costas y que por lo tanto la marea de derribos en las playas de Canarias dista mucho de ser inevitable.
Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas
José Ortega , el abogado que ha obtenido la sentencia, es fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y autor del informe sobre aplicación abusiva de la ley de costas que dio lugar a la declaración del pleno del Parlamento Europeo de 26.03.2009 condenando a España por aplicación retroactiva de esa ley y reclamando su reforma. Ha obtenido de los tribunales la nulidad de un deslinde en Punta Larga (Candelaria) y la de un conjunto de siete derribos en El Remo (La Palma) y uno más en La Oliva (Fuerteventura), además del correspondiente al restaurante Bogavante. Al mismo tiempo, ha conseguido la suspensión judicial in extremis de numerosos derribos en El Puertito de los Molinos (Puerto del Rosario, Fuerteventura) y en otras localidades de Fuerteventura
Publicado en Cronicas de Lanzarote:
http://www.cronicasdelanzarote.es/spip.php?article36116
UNA MESA PARA LA HISTORIA
abril 18, 2011
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La I JORNADA DE ESTUDIO DE LA LEY DE COSTAS, organizada por la PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, deparó mucha emoción, muchas sorpresas y mucha satisfacción.
El acto central de la Jornada reunió en una mesa a:
-Francisco Montoya, Ingeniero de Caminos, antiguo Subdirector General de Costas y corredactor del reglamento de costas.
-Alfredo Masó, profesor de Macroeconomía de la Universidad de Alicante, presidente del colectivo de Arenales del Sol y miembro de la junta directiva de la Plataforma.
-José Luis Almazán, Ingeniero de Caminos, funcionario en excedencia de la Dirección General de Costas y profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
-Mario García, alcalde de Nules.
-José Serra, Ingeniero de Caminos y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. Director del Laboratorio de Puertos y Costas de esta Universidad.
-Un servidor, Abogado.
Todos moderados por Carolina Fernández, periodista de Las Provincias.
Me parecieron especialmente significativos los puntos de vista de Almazán y Montoya, dos funcionarios del Estado que han estado durante años trabajando en la casa y que no mantienen puntos de vista muy alejados de los de los afectados en cuanto a la vigencia actual de la ley de costas y la conveniencia de su reforma.
Montoya es un interesante conversador. Hace no mucho, cuando era Jefe de Costas de Castellón, hizo algo insólito: Me llamó para cambiar conmigo impresiones sobre la ley y su aplicación. Yo, acostumbrado a todo lo contrario, la verdad es que no sabía qué pensar mientras acudía a su despacho. El encuentro fue franco, respetuoso y creo que fructífero. Entonces, como no me lo explicaba, sospechaba que la maniobra escondía alguna directriz tremebunda de los jefes de Madrid. Ahora pienso que Montoya era y es un intelectual y que sólo quería conocer mi punto de vista. La prueba de ese carácter es que en estos días, al poco tiempo de su jubilación, en vez de tumbarse en el sofá a ver Tele 5 se ha puesto a redactar su tesis doctoral, que naturalmente va de la ley de costas.
A Almazán no lo conocía hasta hace poco, pero cada cambio de impresiones de los que había mantenido con él acreditaba su profundísimo conocimiento y su dilatada experiencia a todo lo relativo a las costas. Su ponencia lo demostró. No sólo sabe. Además es valiente.
Serra intervino en sustitución de su compañero José Medina, que sufrió un imprevisto. Pensé que era mejor traer a la mesa redonda a Medina porque Serra le ha hecho un flaco favor a los vecinos de La Casbah, ya que como responsable del programa de vigilancia ambiental de la ampliación del puerto de Valencia de 2007, no ve relación entre dicha ampliación y la fortísima erosión marina en las playas del Saler y Pinedo, que recientemente descalzó el paseo marítimo situado frente a la Casbah. En todo caso, su autoridad en la materia está fuera de toda duda y sus buenas relaciones con el Gobierno ponen aún más en valor los puntos de vista reformistas que mostró.
Mario García es el alcalde de un pueblo como Nules, que sufre como ninguno por la erosión marina y que está perdiendo superficie a ojos vista como consecuencia del efecto sombra del puerto de Burriana.
De Alfredo qué os voy a contar. Fue el auténtico inspirador de esta cosa que es la Plataforma cuando en una comida en Alicante, en septiembre de 2007, me propuso de forma directa que uniera a todos los colectivos que trabajaban conmigo en un gran colectivo nacional. Antes, después y durante ha luchado no sólo contra los de enfrente, sino también a veces contra los de al lado.
No voy a contar ahora ningún resumen de lo sucedido en la mesa. No tiene sentido primero porque saldría un rollazo de varios folios y segundo porque en cuanto me pasen la grabación colgaré los videos y todo el mundo podrá enterarse de pe a pa. No obstante, os traslado desde este momento mi perplejidad ante la opinión unánime de todos los presentes en el sentido de que es precisa una reforma de la ley de costas. Esto es algo que resultaba impensable hace no mucho tiempo.
Recuerdo que cuando pusimos en marcha la Plataforma, aquel 8 de enero de 2008, alguien muy entusiasta propuso meterse con la ley y lo desaconsejé porque en aquel momento la sociedad no estaba preparada y corríamos el riesgo de pasar por señoritos privilegiados a quienes incomodaba una ley de protección del medio ambiente bastante prestigiosa. Ese momento ha quedado muy atrás. Ahora, después de todo lo que llevamos hecho y sufrido, no sólo se puede pedir una reforma de la ley, sino que la reclaman con nosotros los mayores expertos del país.
Una vez, mientras me encontraba en la herboristería Pepe Navarro, recibí la llamada de Marcial Pina, de Arenales del Sol. Era un hombre muy solemne. Después de una breve conversación, concluyó diciéndome varias veces: “No nos deje… No nos deje”.
Recuerdo otro día, en un otoño frío y en una casa enorme y más fría aún, cuando conocí a José Martí, un prestigioso abogado mercantilista de Barcelona que me llamaba para salvar aquel caserón, su casa familiar de Oliva.
Y también recuerdo el verano de 2007, cuando un sonriente Juan Miguel Terradez llevó al maltrecho local de la asociación de vecinos de la Casbah unos cubitos de limón granizado para celebrar su cumpleaños en medio de una reunión de trabajo en la que ya se empezó a fantasear con una fórmula colectiva de defensa que fuera más allá de los recursos administrativos o judiciales.
Los tres murieron en el camino sin llegar a ver este momento, que creo que es un momento histórico que va a hacer de gozne para cerrar un tiempo y abrir otro nuevo. El momento en el que todos y cada uno de los componentes de la mesa de discusión, consultados por Carolina Fernández, respondieron SÍ a la pregunta de si había que reformar la ley de costas.
Como dije en mi turno, la ley se reformará gracias a una labor tranquila, inteligente, pacífica y constructiva llevada a cabo por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas desde el momento mismo de su fundación. No hemos chillado, no hemos insultado, ni hemos roto cristales. Hemos metido el dedo en el ojo, como debía ser, pero con educación y poniendo la semilla donde podía germinar y crecer, no en el suelo estéril de esta España de cuya vida pública los valores de justicia, ética y dignidad parecen haber huido.
El trabajo que hemos hecho es un ejemplo de cómo la sociedad puede sobreponerse al aparato del Estado. Una sociedad donde sucede algo así sigue siendo una sociedad saludable. Creo que hemos dado un ejemplo de lucha cívica.
LIBRES PERO SIN ALAS
abril 4, 2011
Un Estado sin alma en guerra contra el alma del pueblo.
En 1988 el partido socialista puso en marcha una ley para proteger las costas. Era necesaria, porque la aplicación de la ley entonces vigente doy fe que era de risa. Pero quizá hubiera sido más apropiado ponerse serio con la que ya había y dejar de hacer el tonto.
La ley nueva ampliaba las definiciones del dominio público dando lugar a que enormes espacios que antes eran privados pasasen a poder del Estado. Esto, naturalmente, planteaba un problema de cuidado en relación a las viviendas existentes en esas zonas, porque por un lado la propiedad no se puede suprimir de un plumazo y por otro no había dinero suficiente en España para indemnizar esas expropiaciones. La solución fue una síntesis en la que la indemnización no se daba en dinero, sino mediante una autorización temporal para seguir habitando la casa expropiada como concesionario. El Tribunal Constitucional dijo que eso era compensación suficiente (¿?) y la cosa quedó así hasta que nació la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas para denunciar los abusos del Gobierno sobre los humildes, los pobres, los desamparados y sobre la clase media y consiguió, entre otras cosas, que el pleno del Parlamento Europeo (26.03.09) declarase que aquel mecanismo era en realidad una expropiación sin indemnización. Así es como lo consideran todos: afectados, políticos y gobiernos europeos y medios de comunicación. Todos excepto el Gobierno y los jueces de aquí.
La praxis de la ley de costas sugiere un país que quiere vivir por encima de sus posibilidades reales. Rescatar los antiguos terrenos dunares y rehabilitarlos está bien. Hacerlo a coste cero sobre las costillas de los ciudadanos, en cambio, no resulta tolerable. El Estado se porta como esas familias que ansían tener el coche de último modelo, la tele de más plasma y más pulgadas y el sonido más estéreo, pero a la que no le llega el sueldo. Es lo mismo. Lo que pasa es que lo disfrazan estupendamente pero en el fondo es eso. Quieren limpiar las playas de pobres para fomentar el turismo de calidad y a esos pobres que los zurzan.
No somos capaces de encontrar el término medio. O vendemos el país a los especuladores o lo entregamos a unos funcionarios fanáticos que echan arena sobre el bosque para decir que es una duna y que se presentan por sorpresa y sin autorización judicial para derribar las viviendas de familias humildes. Pero estos celosos señores de la ley y el orden ni siquiera son capaces de guardar coherencia con su propia severidad porque, aunque sea increíble, al mismo tiempo que se dictan actos retroactivos pasando al dominio público viviendas construidas fuera de él y anteriores a la ley, en este momento hay en España varios procesos de desafectación (retirar el carácter de dominio público) de terrenos donde los especuladores construyeron cuando ya eran dominio público. Es un espectáculo de circo ver cómo se priva de su propiedad y se derriban viviendas alzadas en terrenos privados, comprados y pagados, y se desafecta lo construido sobre el dominio público. Lo que pasa es que esto lo llevan con mucha discreción.
El desaliento de las víctimas de estos feroces ejecutores de la ley de costas queda bien resumida en los versos de Blas de Otero, que nos define como ciudadanos libres pero sin alas. Tenemos derechos, sí, pero hasta que nos toca la china de cruzarnos en el camino del Estado. Como te pase eso, despídete. Parecía que Serrat estaba pensando en estos cuando escribió aquel tema que decía “no conocen ni a su madre cuando pierden el control”.
Llegará el día en el que España se libre de los lobos que nos afligen, de los fanáticos, los sectarios y los soberbios señores acostumbrados a pasarnos por encima para cumplir lo que ellos creen que es un ideal. Llegará el día en el que España no sea una democracia de cartón pintado inflada con consignas de aire. Llegará un día en el que no hará falta luchar por lo que es evidente. Pero ese día no ha llegado. Y no llegará si descansamos o lo dejamos correr. Esta no es una lucha por el derecho de propiedad de unos pocos. Es una lucha por la dignidad. Escuchando el llanto de las víctimas es como he llegado a percibir el envilecimiento del sistema y a comprobar que el problema no es la ley de costas, sino una democracia que no funciona.
LIBRES PERO SIN ALAS es un documental producido por LUGALBANDA SL que cuenta cómo un Estado sin alma hace la guerra al alma de su propio pueblo y cómo la sociedad puede prevalecer frente al Estado empleando como arma sólo la palabra.
EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA LEY DE COSTAS
febrero 22, 2011
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/principio/fin/Ley/Costas/elpepusoc/20110222elpepisoc_2/Tes
La norma que protege el litoral se ve amenazada por cinco iniciativas legislativas – Casi 23 años después de su aprobación, los perjudicados cantan victoria
RAFAEL MÉNDEZ – Madrid – 22/02/2011
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La recopilación de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que está sometida la norma.
En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utilizó la Ley de Navegación Marítima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender . La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo criticó la opacidad del trámite, pero la técnica se repitió. En agosto llegó la Ley de Puertos, de Fomento, que suavizó las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay más: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Economía Sostenible apoyó una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesión a una refinería en dominio público. El objetivo es que la instalación de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesión caduca en 2012, siga en pie después de esa fecha. El presidente de Petronor, el exlíder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando fórmulas para eludir la Ley de Costas.
En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretaría de Estado de Vivienda, se llegó a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer más atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, según fuentes próximas a la negociación. La ley no incluirá ninguna medida en este sentido, según una portavoz de Vivienda.
El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio Ríos, no parece cómodo justificando estos cambios: «Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Economía Sostenible no me parece riguroso, creo que sería mejor decir qué quieres hacer con la ley». Ríos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: «Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habrá hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien».
Ríos sostiene que no hay que exagerar la polémica: «El 94% de la aplicación de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertación. No amañamos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en función del territorio».
Los ecologistas critican que «quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar fábricas por la puerta trasera», como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.
La oposición va más allá. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho años de Gobierno del PP se aplicó la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en otoño y las perdieron por un voto en la Comisión de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consiguió los diputados suficientes para tumbarlas.
Pero el empeño no acabó. El pasado 9 de febrero, el Senado aprobó la toma en consideración de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que definió como «ciudades navegables», en alusión a la Marina de Empuriabrava, una urbanización con puntos de amarre junto a los chalés en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicación de la ley.
El PP logró aprobar otra proposición para indemnizar a los dueños de fábricas construidas en dominio público antes de 1988. El PP, que durante años criticó la aplicación de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en sí. Según el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta «permite abrir vías claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos españoles y superar así la situación de inseguridad jurídica». Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deberán debatir y donde CiU y PP tiene más difícil conseguir una mayoría como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.
La portavoz popular en el Senado, Leticia Díaz, declaró en la tribuna: «La redacción de esta ley permite su aplicación arbitraria, porque está plagada de conceptos jurídicos indeterminados». La norma no fija una distancia para definir el dominio público, sino que utiliza conceptos geográficos como las playas, «el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos», «las marismas, marjales y esteros».
Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años, ampliables a 60, en una singular expropiación que el Tribunal Constitucional avaló en 1991. El plazo, que se veía como inalcanzable, comenzará a vencer en 2018. Los dueños ya ven próximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.
José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atrás: «Cuando empezamos, en 2007, parecía que esto era una batalla de señoritos, pero hemos demostrado que no es así. Ahora habrá que ver cómo se reforma la ley, pero ya es cuestión de tiempo. No queremos el litoral construido, pero sí que se respete el derecho de los ciudadanos».
Algunos Parlamentos autonómicos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurrió al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunció con otra ley gallega pero finalmente lo desestimó al pactar con la Xunta la interpretación.
¿Por qué ahora? ¿Por qué una ley vigente durante más de 20 años recibe de repente un ataque tan directo? Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplicó con lo que él define como sentido común. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambió todo al aplicar la ley con firmeza.
Los números muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el trámite que delimita la zona pública y privada de costa- 4.659 kilómetros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kilómetros, según las cifras del PSOE. Ya está deslindado un 95% de la costa y la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.
Ríos critica que PP y CiU «intentan amañar la ley». «Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio público, un concepto prohibido en la Constitución».
La ley es, sin duda, polémica. Es difícil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que podía estar en dominio público. Cuando después ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -británicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas españolas están jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco años parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chalés son expropiados.
Ríos admite que ha habido problemas de inscripción de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: «Ha habido registro de propiedades en la costa, sí. Pero no solo en la costa, también en los ríos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deberíamos haber tenido». El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.
Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la polémica: «Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda España. Suponiendo que sea así, es muy poca gente frente a la mayoría del país. Algo que no justifica recortar la norma».
Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: «La ley trata de prevenir los atentados de privatización del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayoría no sale a defender lo público». WWF ganó en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la razón y anuló la decisión del Gobierno de construir un macropolígono industrial en dominio público en Las Aletas (Puerto Real, Cádiz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.
Los defensores de la ley ven otra nube: la cesión de competencias a las autonomías. Cataluña recibió competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andalucía. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterró de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Doñana, que Costas ejecutó bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma más proteccionista posible.
Ríos defiende los traspasos: «Lo razonable es que la codecisión funcione de distinta manera pero en todas las comunidades». El director general defiende la gestión a base de pactos con alcaldes y consejeros («no vale un concepto policial de la acción, en el que se aplica a rajatabla una política») y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: «La ley no está agotada pero ha cumplido una etapa».
El catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada discrepa: «No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es más difícil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los españoles por no hacer frente a una situación compleja».
Afectados por la Ley de Costas trabajarán con el PP para «perfilar» una reforma de la norma en la próxima legislatura
febrero 17, 2011
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) –
El secretario y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, ha anunciado que el próximo mes de marzo se reunirán en Valencia con el portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, Carlos Floriano, con el que empezarán a trabajar en «perfilar» una reforma de la Ley de Costas de 1988 para desarrollarla durante la próxima legislatura.
Ortega ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que es preciso iniciar un «trabajo más denso, técnico» así como «trabajar en la parte más áspera de la cuestión».
Además, señala que le han hecho llegar «puntos de vista de algunos miembros muy destacados del PP» en lo que se apunta que habría que acatar una reforma de la ley de Costas «al principio de la legislatura para que pueda culminarse en el término de la misma». Por eso, han presentado una propuesta «muy definida» de reforma de la Ley de Costas al PP y han llegado a un preacuerdo para trabajar en el tema.
Asimismo, ha asegurado que la plataforma «ha constatado que existe en el PP una sensibilidad clara hacia los problemas de los afectados y una disposición bastante clara a introducir cambios en la Ley de Costas».
Igualmente, ha expresado la satisfacción de la plataforma porque cuando crearon la agrupación a finales de 2007 «todo el mundo pensaba que la ley de costas era inamovible», mientras que ahora considera que hay «aroma de alivio y cambio en el aire» que esperan ver en la próxima legislatura.
«Ni yo, ni la plataforma, ni nadie, quiere que el litoral se desguarnezca frente al avance de los especuladores y que se estropee la costa. Hay que ver si son capaces de meter el bisturí con finura para, preservando la costa, pero siendo respetuosos con la propiedad privada», ha manifestado.
En cuanto a su relación con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha indicado que desde 2008, la ministra Elena Espinosa no les recibió mientras estuvo en el cargo, aunque sí lo hizo el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. Sobre la actual titular en el cargo, Rosa Aguilar, ha agregado que le han pedido una reunión pero que todavía no han recibido respuesta alguna, al tiempo que ha asegurado que no tienen «ninguna intención de tomar ningún tipo de actitud dura ni desleal contra el Gobierno», porque consideran que lo que es «perfectamente razonable».
Finalmente, ha lamentado que el balance de la Ley de Costas es que «no ha servido para frenar el desarrollo urbanístico» en los últimos años, sino para justificar que se está aplicando la ley para despejar playas pero, en su opinión, «solamente actúa sobre las clases medias y los poblados de pescadores, pero no frente a desarrollos urbanísticos en sitios indebidos».
EL PRINCIPIO DEL FIN
febrero 9, 2011
Esta es una crónica de urgencia que realmente merece la urgencia. Acabo de salir del Senado, donde he tenido la suerte de vivir un momento histórico. Hoy ha empezado a desmoronarse el bunker de los ingenieros de costas y los arrogantes señores que creían que los ciudadanos iban a resignarse por siempre a su tiranía, a sus ideas integristas y a sus malos modos.
En primavera recibí una llamada de la senadora del PP Leticia Díaz. Me dijo que estaba preparando una reforma de la transitoria segunda de la ley de costas y me pidió amablemente ayuda. Agradecí el gesto, puesto que ella además de senadora es Abogado del Estado y ayuda no creo que necesite mucha. Pero bueno, en fin… Ahí estuvimos colaborando y corregí algunas cosas que necesitaban atención. Esa reforma acaba de aprobarse en el Senado hace solo minutos. Y junto a ella, otra de aun mayor calado, hecha por CiU, para que no se aplique la ley a las marinas interiores como Santa Margarita o Ampuriabrava, pero tampoco a los núcleos urbanos con singularidad propia. Sera el gobierno el que determine que zonas merecen esa calificación (lo que augura nueva conflictividad), pero parece claro que con esto habrá enormes bolsas de afectados que se salvarán.
Una comision de la Plataforma formada por Alfredo Maso, Juan de Dios Alfocea, Jose Soler, Juan Miguel Garcia y yo mismo ha estado presente en el acto.
El debate francamente me ha impresionado por la pobreza intelectual de la representante del PSOE, su discurso plano y su ausencia de argumentos. Creo que ni siquiera ella creía lo que estaba diciendo. Pienso que estaba convencida de que las reformas eran necesarias pero que se debía al dogma. Un dogma desconexionado de la realidad, como ahora se ha demostrado. La senadora se limitaba a repetir que la zmt y la playa son dominio publico en virtud del articulo 132 de la Constitución, y de ahí no la sacaban. Es incomprensible su llamada al consenso y al dialogo cuando ella misma se remitía una y otra vez al precepto constitucional. Personalmente me ha dado pena. Mi amigo, el aguerrido Ian Styuvesant, que estaba conmigo, comentó que la senadora presentaba el mismo rollo artificioso y hueco que metió Alicia Paz en el Parlamento Europeo hace ahora casi un año. Y tenia razon.
La senadora socialista ha llegado incluso a reprochar a Leticia Diaz desconocer el concepto del principio de legalidad. La respuesta de la aludida ha sido contundente. Creo imprudente, temerario y tonto decirle una cosa asi a una persona que es Abogado del Estado. Cuando no tienes argumentos es que se nota un montón.
Ahora la ley ira al Congreso, donde los socialistas tienen mayoría, pero quien sabe. Lo mismo se aprueba en la siguiente legislatura, en la que el PSOE promete encoger como unos pantalones vaqueros en la lavadora.
Este es un hito historico en el camino que se inició en octubre de 2007, cuando Alfredo Maso me pidió que uniera a todos los colectivos de afectados a los que defendía por todo el país, que continuó con la fundación de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas en enero de 2008, la denuncia ante el Parlamento Europeo de febrero de ese año y la declaracion del pleno aprobando el informe Auken en 26 de marzo de 2009.
Después ha habido muchos que se han sumado a esa lucha o nos han imitado, pero el impulso fue y sigue siendo nuestro. Después de todo, sólo nosotros hemos elaborado un proyecto de reforma de la ley de costas.
La tiranía toca a su fin. Los integristas dogmaticos, doctrinarios y maniaticos que durante años se han cebado con los humildes, tendrán que resignarse. La fuerza de la sociedad por fin ha conseguido influir en el Estado, como corresponde a una sociedad civilizada.
Darán terribles coletazos, harán lo imposible para demostrar su poder derribando viviendas con prisas y rabia, pero no son ya más que ogros agonizantes.
Amigos, esto se acaba.
Enhorabuena.
CAMBIANDO LA LEY DE COSTAS: TRATAMIENTO DE LA RETROACTIVIDAD
febrero 1, 2011
Costas Marítimas 