Playa del Albir, Alicante

@abogadodelmar

La fecha terrible ya está aquí. Sólo quedan unos días y aún temo que algunos de las docenas de miles de afectados por la ley de costas no hagan lo debido antes del fin y pierdan todo derecho sobre sus viviendas.

En mi carácter de secretario y asesor jurídico de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas me siento responsable de que todo vaya bien para todos a lo largo y ancho de las costas de nuestra amada patria. Por eso me atrevo a dar unos últimos consejos personalizados, a saber:

 CIUDADANOS QUE TIENEN UNA CONCESIÓN ANTERIOR A LA LEY DE COSTAS

La sorprendente novedad de la disposición transitoria decimosexta del reglamento de costas, con arreglo a la cual estas concesiones terminan el próximo 28 de julio pero pueden ser prorrogadas de conformidad con el artículo segundo de la ley de reforma, es muy bienvenida aunque puede resultar engañosa. La razón es que estas concesiones se dieron para usos residenciales y la única excepción de la ley de costas a la prohibición de tales usos en el dominio público marítimo terrestre son las concesiones indemnizatorias de su disposición transitoria primera.

Resulta que la regulación de las prórrogas para este tipo de concesiones está en el reglamento, no en la ley. El reglamento lo hace y deshace el Gobierno sin necesidad de contar con el Parlamento. Con el actual Gobierno yo no estaría tranquilo. En cualquier momento podría suprimir esta norma permisiva, y éste es un motivo adicional para que este grupo de interesados pida la prórroga e la concesión, ya que una vez obtenida la misma la Administración debe acudir para su revocación a un procedimiento complicado.

Muchas veces me preguntan si la Administración puede denegar las prórrogas. El propio reglamento de costas afirma que éstas se otorgarán salvo que se haya declarado la caducidad de la concesión.

CIUDADANOS QUE NUNCA HAN TENIDO CONCESION Y SON PROPIETARIOS INSCRITOS AMPARADOS POR EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY HIPOTECARIA DESDE ANTES DE LA LEY DE COSTAS

Quienes se encuentren en esta situación deben movilizarse a gran velocidad y con eficacia. Nada de confiar en la fuerza de la inscripción registral, y la razón es muy simple: Desde la publicación de la Constitución, y mucho más desde la ley de costas, toda la propiedad que se encuentre en el dominio público marítimo terrestre pertenece civilmente al Estado. Esta realidad es inútil discutirla. Simplemente es así y hay que aceptar que todo lo que cabe es reclamar la correspondiente indemnización por la expropiación.  En el caso de este grupo de propietarios, la indemnización  es una concesión de treinta años contados a partir de la entrada en vigor de la ley de costas. Para ellos es urgente pedir la concesión antes del 28 de julio. Si no lo hacen, se quedarán pasando la mano por la pared, pues ya no tendrán derecho a la prórroga de 75 años (pues la prórroga hay que pedirla antes del vencimiento de la concesión).

CIUDADANOS QUE NUNCA HAN TENIDO CONCESION Y SON PROPIETARIOS INSCRITOS AMPARADOS POR EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY HIPOTECARIA DESDE ANTES DE LA LEY DE COSTAS

Este grupo de afectados en teoría no tiene derecho a indemnización ni concesión de clase alguna. No obstante un buen abogado Sabrá encontrar las razones para demostrar lo contrario.

CIUDADANOS QUE NUNCA HAN TENIDO CONCESION Y SON PROPIETARIOS PERO SIN TÍTULO INSCRITO

Como en el caso anterior, la ley no les reconoce ningún derecho. Sin embargo un buen abogado puede obtener resultados, en especial fundándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

CIUDADANOS QUE TIENEN PROPIEDAD Y AL MISMO TIEMPO CONCESIÓN, AMBAS ANTERIORES A LA LEY DE COSTAS

Ésta es una situación paradójica pero que se da en bastantes casos. Frecuentemente se origina cuando, tras aprobarse un deslinde antiguo, el Jefe de Costas venía a asustar a los afectados  sin ninguna razón diciéndoles que sólo podían continuar con su ocupación solicitando una concesión. En estos casos, los interesados deben hacer valer su título de propiedad, y como hay que argumentarlo bien de nuevo recomiendo consejo legal.

CIUDADANOS QUE HAN PERDIDO SU PROPIEDAD POR PRIMERA VEZ CON UN DESLINDE DE LA VIGENTE LEY DE COSTAS

No tienen que preocuparse por el 28.07.2018. Sus treinta años empiezan a contar desdel deslinde

José Ortega

ABOGADO
Derecho de costas marítimas
Plaza Mariano Benlliure 21, El Puig
46540 Valencia
Tf/fax 961471097
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@abogadodelmar

oConozco desde noviembre de 2005, cuando me fue confiada la defensa,  la absurda situación del deslinde del barrio marítimo de Oliva, incluido dentro del dominio público de manera tan arbitraria como incomprensible mediante una resolución de 7 de octubre de 1947 . Mi buen amigo Martí Deveses, excelente maestro de abogados y presidente de la asociación de vecinos hasta su fallecimiento, me exigió, me empujó y me estimuló a la hombrada casi milagrosa que era la anulación de aquel deslinde. Siendo sensible a sus deseos, inicié una investigación detectivesca de meses por entre legajos antiguos y textos legales polvorientos hasta dar con la clave que me permitía demostrar que la correspondiente resolución había sido dictada sin procedimiento y con vicios sobrados para ser anulada. La Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso aunque la sentencia lo declaró inadmisible por la única y más que dudosa razón del mucho tiempo transcurrido. 

El tiempo nos ha llevado hasta las fechas en las que nos encontramos, julio de 2018. Se trata de un momento crítico porque el día 28 se cumplen 30 años de la ley de costas y muchas concesiones se acaban. En concreto las pertenecientes a dos grupos: Las anteriores a la propia ley  (reguladas en la DT decimosexta del reglamento de costas) y las recogidas en su  DT primera, apartado segundo. Por tanto, es preciso reclamar lo que en cada caso proceda. En unos casos la prórroga del artículo 2 de la ley de reforma de la ley de costas, y en otros la propia concesión y también la prórroga (si de dan las condiciones legales para obtener la primera).

La situación de los vecinos de Oliva respecto a este acuciante problema es tan variada como equívoca. Siendo cierto que las viviendas de la calle Virgen del Mar se encuentran en el domionio público, también lo es que en los últimos años la Jefatura de Costas no sólo no ha iniciado una sola actuación tendente al derribo, sino que solía autorizar las obras de reforma sólo con una certificación del Ayuntamiento confirmando que el proyecto se ajustaba al planeamiento.

Personalmente, mi sorpresa ha sido encontrar que algunos vecinos son titulres de una concesión anterior a la ley de costas que ahora es preciso (y  urgente), renovar. Yo no pensaba que eso era así, puesto que cuando examiné el acta de replanteo sobre el terreno del deslinde de 1947, pude comprobar que los hitos se situaban en las esquinas interiores de diversas viviendas y propiedades preexistentes, lo que indica que el terreno sobre el que se alzaban era perfectamente privado antes del deslinde. La conversión de estas propiedades en concesión a partir de la entrada en vigor de la ley de costas podía ser una consecuencia que estuviera clara en mi mente, pero nunca he creído que ésta fuera también la idea de la Administración. En cuanto a las concesiones anteriores incluso al primer deslinde, es algo que por lass razones dichas no he terminado de entender.

En todo caso, es dramáticamente urgente  reclamar los derechos que en cada caso correspondan.  No obstante, aquí es donde nacen los problemas, porque cada vecino tiene una situación, una documentación y una historia diferente. A saber: Los hay que están en posesión de una escritura de propiedad pero la Jefatura de Costas exige nada más y nada menos que renuncia a la misma y que los interesados soliciten una concesión, con las tenebrosas advertencias correspondientes en caso de desobediencia. Los hay que tienen una concesión anterior a la ley de costas y han de reclamar su prórroga. Los hay que tienen escritura de propiedad y al mismo tiempo (extraño pero cierto)  documento de concesión. Los hay que no tienen nada y han de argumentar en derecho lo preciso para que la Administración les otorgue una concesión.  Los hay que tienen escritura de propiedad no inscrita. Los hay que tienen escritura inscrita pero quien era titular en el registro de la propiedad a la entrada en vigor de la ley de costas ha muerto.

Hace tiempo solía yo repetir que la lucha colectiva contra la ley de costas no se podía llevar adelante con éxito sin inteligencia. En este momento de urgencia grave para los vecinos de Oliva digo que la adecuada defensa de sus derechos concesionales no puede llevarse adelante sin rigor.  En este caso rigor documental y rigor en las razones y argumentos legales.

El 28 de enero de 2018, después de una primera oleada de solicitudes de prórroga, publiqué en mi blog y en la web de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas un artículo llamado 2018: HOLOCAUSTO FRENADO

https://costasmaritimas.wordpress.com/2018/01/25/2018-holocausto-frenado

En él aludía a la coyuntura que está a punto de consumarse y advertía  del riesgo de tratar el tema con frivolidad pensando que las gestiones a desenvolver podrían ser solventadas mediante uno o dos escritos tipo para dirigir a la Administración. Esa fórmula sería desde luego divina en el caso de que los escritos en cuestión  tendieran a solventar una o dos situaciones uniformes, pero no el abigarrado mosaico de las que pueden darse.

Para ir al grano: La Administración no va a regalar un concesión por su divina benevolencia sólo con el único requisito de que el vecino así lo solicite, y menos con el actual gobierno socialista. Una vez, con motivo de un escrito judicial, contabilicé hasta nueve posibles situaciones distintas de los particulares después de un deslinde (incluyendo no sólo la concesión indemnizatoria sino también el derribo). Quien no tenga concesión ni propiedad , está obligado a desplegar los argumentos legales  precisos para convencer a la Administración de que debe otorgársela. Quienes hayan obtenido su título por donación o herencia y se limiten a presentar una solicitud tipo, pueden encontrarse sin nada. Los vecinos que estén en esa situación deberían consultar su tema a algún abogado que exponga las razones legales que permitan superar ese grave inconveniente. Quienes son propietarios en la actualidad pero no lo eran a la entrada en vigor de la ley de costas, también pueden encontrarse sin nada y también deberían consultar con un abogado capaz de aportar los argumentos correspondientes. Quienes se encuentren en la rara situación de tener escritura y al mismo tiempo concesión, deben optar entre un título y el otro y presentar argumentos y razones distintos según sea su opción. Quienes tengan escritura no inscrita en el registro de la propiedad tendrán que esforzarse en convencer a la Administración con argumentos extraordinariamente convincentes porque ellos están abonados a los artículos 32 de la ley hipotecaria y 606 del Código Civil (lo no inscrito no afecta a tercero). Quienes tengan inscrito pero hayan comprado después de la ley pueden encontrarse con que la Administración sólo está dispuesta a otorgar la concesión a quien era titular registral en el momento de su entrada en vigor. Si éste último ha fallecido, los problemas pueden set insuperables salvo que la cosa se sepa explicar bien.

Como Abogado, por razones elementales de deontología profesional, ni puedo ni debo decirle lo que deben hacer o de lo que se deben abstener a los afectados que no me hayan hecho una consulta personal. No obstante, como secretario y asesor jurídico de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, es mi responsabilidad proteger y advertir a los asociados, como lo es el colectivo de Oliva desde la fundación de la Plataforma. Hoy mismo, en una agradable conversación, la Sra. Presidenta me ha acordado esa obligación. Y también, por supuesto, debo informar adelantándome a los acontecimientos en virtud de mi carácter de Abogado de la asociación de vecinos, pues continúo en ese carácter según también acaba de decirme la Sra. Presidenta en la misma conversación.

Y en lo que se refiere a advertencias y cuidados, cuando antes he aludido a dos tipos de situaciones en las que los afectados se pueden quedar sin nada, añado que esa nada no puede prolongarse indefinidamente porque las ocupaciones del dominio público, o bien se legalizan mediante concesión, o bien serán objeto de recuperación posesoria que terminará con algo tan triste y doloroso como una demolición. 

Cierto que no estuve presente en la recientísima asamblea donde se habló de todo, a fin de  informar a los vecinos en estos mismos términos, lo que habría sido mucho más práctico y, en su caso, habría permitido que los afectados llevaran sus papeles sin esperar a más, ya que cada minuto cuenta. Debo decir en mi descargo que  mi ausencia se debió a que, pese a mi carácter de Abogado de la asociación (y de la Plataforma), no fui invitado. 

 

José Ortega

Abogado

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@abogadodelmar

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O yo no he aprendido nada en esta vida o mañana Pedro Sánchez anunciará el nombramiento de Cristina Narbona como Vicepresidenta primera del gobierno.

Anuncio como consecuencia de ello muy, pero que muy malos tiempos para los afectados por la ley de costas.

Los antecedentes que me llevan a esa convicción son los siguientes

-Narbona fue ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Zapatero. Nada más llegar anunció que su principal compromiso en materia de costas sería limpiar el dominio público de ocupaciones ilegales. Para ello nombró Director General a un señor de Las Palmas llamado José Fernandez. Lo más dulce y cariñoso que se puede decir de él es que es un tipo duro e inflexible.

Ya entonces escribí que el concepto que tenía Narbona de ocupaciones ilegales requería la urgente intervención de un médico porque le tiraba a todo. Para Fernandez las concesiones indemnizarorias de la disposición transitoria primera de la ley de costas no existían. Durante una reunión me dijo que la ley no admitía usos residenciales en el dominio público y punto. Entre sus antecedentes personales de interés se cuenta que en los noventa había sido expulsado de su cargo de Jefe de Costas de Las Palmas por adjudicar sin concurso una obra pública a la sociedad Puerto Rico SL o SA (da igual), propiedad de su padre. Sé que Fernández profesa un especial afecto por mi persona. Cuando me contrataron para defender los 95 comercios del Anexo II de la Playa del Inglés, tuvo el buen gusto de darme la bienvenida en el diario digital Maspalomas Ahora.

-En septiembre de 2006 los vecinos del poblado de El Golfo, en Lanzarote, me llamaron para que les ayudara en un deslinde que se comía la totalidad de la malla urbana, afectada por la servidumbre de protección. Estaban muy asustados y angustiados. Narbona apareció por allí con motivo del día mundial de la biosfera y cuando los periodistas le preguntaron por el deslinde, respondió que no entendía por qué los vecinos habían tenido que contratarme puesto que el Gobierno ya cuidaba de los intereses generales(sic).

–En otoño de 2007 el entonces periodista de El País Rafa Méndez comienza una serie de reportajes sobre la política de costas de la interesada. Como no aparece muy bien parada, durante una reunión de socialistas en el palacio de las ciencias Príncipe Felipe expresa, contrariada, su parecer de que con esos reportajes los la están quemando y le están haciendo la cama los suyos (fuente: Diputado regional del PSOE).

–Ante su dureza y su carácter inflexible, muchos alcaldes de Castellon interceden ante el Ministro castellonense Jordi Sevilla para que su compañera afloje un poco y se digne recibirlos. Narbona, titular de una soberbia legendaria , no hace ni una cosa ni la otra (fuente: Miembro del gabinete de Jordi Sevilla).

-En enero de 2008 reuní a todos los colectivos de España a los que estaba defendiendo y fundé la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Lo que dio lugar a un revuelo mediático. Ese mismo mes Narbona dijo a los medios de comunicación que la Plataforma era una herramienta arrojadiza encubierta del PP lista para ser lanzada contra el PSOE en las inminentes elecciones de esa primavera.

–No fundé la Plataforma para matar el aburrimiento ni para crear un foro de debate, sino para cambiar las cosas y sabía perfectamente lo que tenía que hacer. El uno de febrero presenté ante el Parlamento Europeo mi queja extensa por aplicación abusiva de la ley de costas. Narbona debió ponerse intranquila porque cuando estaba en el hotel de Bruselas un periodista del Levante me llamó para decirme que la eurodiputada socialista Maruja Sornosa se había ofrecido en prensa a ayudarme en mis gestiones a cambio de no presentar la queja. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia el Parlamento Europeo para registrarla, Sornosa me llamó por teléfono tratando sin éxito de persuadirme de que me detuviera.

–El 20 de enero de 2009 fui invitado por la comisión de peticiones a defender oralmente mi queja y conseguí terminar una intervención de cinco minutos a pesar de la interrupción del diputado verde Hammertein, que trató de hacerme callar con el mismo resultado que Sornosa cuando había intentado pararme.

–En febrero de 2008 viajo a Canarias para dar a conocer la Plataforma y ofrezco ruedas de prensa en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Los Llanos de Aridane (La Palma) y Puerto del Rosario (Fuerteventura). La respuesta del delegado del gobierno en Canarias es que “Costas va a aplicar una política de pico y pala”.

–El 26 de marzo de 2009 el pleno del Parlamento Europeo aprueba el informe Auken, dando la razón a la queja de la Plataforma (en realidad la había presentado en nombre de los doce colectivos porque la Plataforma no llegó a constituirse como asociación hasta abril).

–Zapatero vuelve a ganar más elecciones pero ya no cuenta con Narbona para su nuevo gobierno. Incluso desaparece el Ministerio de Medio Ambiente como tal.

–En mi nueva comparecencia ante el Parlamento Europeo, en mayo de 2011, compruebo que ha surgido un buen número de imitadores de mi trabajo que también llevan allí sus quejas, y el gobierno de España es humillado en el debate de la tarde, cuando los eurodiputados británicos censuran con dureza la actitud de la Directora General Alícia Paz, cuya comparecencia se había reclamado para dar explicaciones.

–La llegada del PP al gobierno trae consigo una nueva actitud que se hace notar especialmente en Canarias, donde numerosos poblados marítimos tradicionales están amenazados.

–En mayo de 2013 Cañete se saca de la manga una reforma de la ley de costas que contiene una serie de aparentes errores técnicos incomprensibles y algunos favores especiales cuyo descaro causa vergüenza (me refiero al tratamiento especial de Formentera).

–En octubre de 2014 el gobierno aprueba un nuevo reglamento de costas que resulta más benévolo que el de 1989 en algunos aspectos , especialmente la nueva disposición transitoria decimosexta, que de forma inesperada admite que las concesiones anteriores a la ley de costas puedan acogerse a la prórroga del artículo Segundo de la ley de reforma.

–A instancias del PSOE, el Tribunal Constitucional declara la nulidad de algunas regulaciones de la ley 2/2013, de reforma de la ley de costas. Brilla con luz propia, por su justicia, la anulación del ridículo trato especial de Formentera.

La doble circunstancia de la llegada al poder del PP y la crisis económica paralizó numerosas intervenciones en la costa de Canarias, entre ellas La Bombilla, en La Palma, donde había la previsión de derribar cuatrocientas viviendas y reducirlas a grano fino junto con los callaos (pedruscosdelavasolidificada) para imponer una playa artificial donde la naturaleza no la quiso.

Temo que el regreso de Cristina Narbona venga marcado por el signo de la venganza y alentado por el resentimiento.

Temo que designe a un ministro al que le vaya la marcha y que el ministro rescate a José Fernández, si aún vive, como Director General.

Temo que se derogue la reforma de la ley de costas (aunque por ser una norma de rango legal le corresponde al Parlamento hacerlo).

Temo que se suprima el reglamento de costas de costas y se elabore otro mucho más duro, o al menos que se enmienden sus aportaciones más bondadosas.

Temo una oleada de derribos en Canarias y que el nuevo gobierno retome los proyectos de obras pendientes.

Vienen tiempos malos. La Plataforma no nació porque sí, sino porque Cristina Narbona estaba apretando las clavijas hasta extremos insoportables.

Esos momentos duros pueden volver, centuplicados por el orgullo herido de una persona con un ego mayor que una vaca, y el mejor consejo que puedo dar a los afectados es que busquen refugio y protección en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.

José Ortega

Abogado

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@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

PULSA EN LA FOTO SI ERES VALIENTE

ferrol

 

José Ortega

Abogado

 

@abogadodelmar

El Defensor del Pueblo desmonta los patéticos pseudoargumentos de la Jefa de Costas de Tenerife, un personaje que creo que está destinado a no ganar nunca el primer premio en un torneo de moralidad.

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José Ortega

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@abogadodelmar

Buenas noticias para la buena gente de Bajo la Cuesta, cuyo único pecado fue desde el principio aspirar a ser feliz de forma sencilla, y malas para la manada de chacales que conspiran (presuntamente)  para echar a los vecinos y luego construir una (presunta) urbanización con (presunto) puerto deportivo.

La antigua Directora General Alicia Paz fue públicamente humillada en el Parlamento Europeo en 2010 mientras el PP fingía llorar por las esquinas lamentándose de los abusos de la ley de costas.

Espero que Doña Raquel Orts Nebot, a quien repetidamente y sin resultado pedí copia del famoso estudio geomorfológico para la desafección del barrio, se vea en situación de experimentar la misma vergüenza, porque os aseguro que se lo merece.

En esta lucha hay que tener paciencia. Presenté esta petición el 10 de julio de 2015 y acaba de ser emitida a trámite. A partir de este momento cualquiera puede adherirse a y por supuesto que ingresa que haya cientos de peticiones.  Abajo pongo las instrucciones.

 

TEXTO DE LA QUEJA: 

 

A LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO

JOSÉ ORTEGA ORTEGA, abogado en ejercicio, con despacho abierto en Plaza

Mariano Benlliure 21, 1o, 1 de El Puig (46.540 Valencia), en nombre y representación de… comparezco y DIGO:

PRIMERO.- Mis representados son todos ellos propietarios y ocupantes de unconjunto de casas-cueva excavadas al pie de un acantilado en el términomunicipal de Candelaria (isla de Tenerife, España).
Desde que se aprobó el deslinde de dominio público marítimo terrestre  mediante orden ministerial de 22 de mayo de 2006 los vecinos tienen un agudo  problema relativo a la aplicación de la ley de costas porque el gobierno cree que  las viviendas cueva fueron excavadas y habitadas cuando los terrenos ya habían sido declarados de dominio público mediante anterior deslinde  aprobado en fecha 24 de enero de 1969. Las viviendas tienen orden de derribo  firme desde hace años.
SEGUNDO.- En junio de 2012, el Director General de Sostenibilidad de la Costa  y del Mar encargó a empresa externa, cuya identidad el compareciente  desconoce, la elaboración de estudio geomorfológico sobre la zona a efectos de  que el mismo se utilizase como base técnica y encabezamiento burocrático de  expediente de deslinde de dominio público marítimo terrestre ordenado a mover hacia el mar la ribera del mar y posteriormente declarar la innecesariedad de los terrenos sobrantes y su desafectación, es decir retirar a los terrenos su carácter de dominio público.

TERCERO.- Después de un tiempo más que prolongado en que permaneció en paradero desconocido, el estudio fue remitido a la Jefatura de Costas de Santa Cruz de Tenerife.

CUARTO.- Con fecha 16 de febrero de 2015, Don Antonio Oliva Martin, en su calidad de presidente de la asociación de vecinos, solicitó por escrito y registro de entrada copia del informe en cuestión.
QUINTO.- Con fecha 1 de julio de 2015 Don Ramón Loureiro se personó  nuevamente en la Jefatura de Costas, acompañado de notario a quien  previamente había encargado acta de presencia. Don Ramón solicitó  nuevamente copia del informe, a lo que se le dijo que debía hacerlo por escrito.  Cuando alegó que tal cosa ya se había hecho con fecha 16 de febrero, la
funcionaria respondió que eso era imposible porque el día 16 de febrero día las oficinas estaban desiertas debido a los carnavales.

QUINTO.- Con fecha 7 de julio de 2015, la Jefatura de costas remite oficio  dando cuenta de que el estudio se ha remitido a la Dirección General “en cumplimiento de lo establecido en el reglamento de costas” sin citar artículo  alguno que pueda servir de orientación, e informando que cuando llegue a
incoarse expediente de deslinde, se dará traslado “como parte interesada”.
Resulta extraordinariamente revelador que, según este oficio, el documento fue
remitido en fecha 2 de julio, es decir al día siguiente de la personación de Don
Ramón acompañado de notario. Esto implica que en el momento en el que Don
Ramón solicitó copia del documento, éste se encontraba efectivamente en la
Jefatura de Costas, y sugiere que la exigencia de que presentara solicitud escrita
junto a la posterior e inmediata remisión del documento a Madrid, no tenían
otro objeto más que poner trabas ilegítimas al acceso al documento en cuestión.
Se señala que la pretensión de la funcionaria de que la anterior solicitud escrita nunca existió se considera herramienta imprescindible en esta auténtica
maquinación fraudulenta, ya que si se hubiera admitido como cierto que la
petición ya constaba por escrito, la artificiosa dilación de exigir que se
presentara de nuevo habría carecido de objeto y no habría podido cumplir su
función.

A reseñar aquí la flagrante y comprobada falsedad en la declaración de la funcionaria.
SÉPTIMO .- El derecho de los vecinos a obtener copia del estudio deriva, por lo
que se refiere al derecho de la UE, del el artículo 4 del Instrumento de  Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del  público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio  ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 y el artículo 3 de  la DIRECTIVA 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de  enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y  por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.
OCTAVO.- De lo anterior se desprende una actitud tan consciente como  claramente ilegal de obstruccionismo, sin que a los responsables parezca importarles lo más mínimo que su reiterada negativa a entregar copia del  documento, incluso negando la existencia de la primera solicitud o trasladando  de sitio el documento como estrategia para no entregar copia, sea claramente  contraria a las normas que se han citado. Es evidente que la información  contenida en el estudio geomorfológico que se reclama tiene carácter
medioambiental y por lo tanto las normas invocadas obligan a los responsables
a la entrega de copia del mismo.

PETICIÓN: Que se declare que el Gobierno de España está violando las normasde la UE que han sido indicadas

RECIBO TELEMÁTICO:

Captura de pantalla 2016-04-20 a las 21.49.21RECIBO POSTAL:

Captura de pantalla 2016-04-20 a las 21.59.21

ADMISIÓN A TRÁMITE:

PETI

INSTRUCCIONES PARA ADHESIÓN TELEMÁTICA:

Visitar https://petiport.secure.europarl.europa.eu//petitions/es/main y pulsar abajo a la derecha (ADHERIRSE A UNA PETICIÓN)

Captura de pantalla 2016-04-20 a las 21.47.02Quiero muuuuuuuuchas adhesiones de vecinos, fmilires, amantes y simpatizantes. Suerte y vamos a intentar entre todos que estos completos mierdas muerdan el poplvo.

José Ortega

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@abogadodelmar

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE GÜIMAR

IRMA AMAYA CORREA, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la asociación de vecinos Bajo la Cuesta – Risco las Tablas, como ya consta en las diligencias previas núm. 867/15, comparezco y DIGO:

Que, mediante el presente escrito, realizo las siguientes

ALEGACIONES

Esta parte tiene presentado escrito para informar al Juzgado de la extraña circunstancia de que una parte del acantilado había sido comprada en documento privado por la mercantil DANI RAN SL. Sin que la operación hubiera sido elevada a pública ni mucho menos inscrita. Pues bien, una vez esta parte ha podído acceder al expediente administrativo se encuentra con la significativa sorpresa (o más bien deberíamos llamar sincronía) de que después de unos once años de la compraventa se elevó finalmente a pública con fecha 14 de octubre de 2015 inscrita el día 15. La sincronía, extraordinariamente sospechosa procede de la circunstancia de que la orden de desalojo fue adoptada mediante Decreto 3758/15, de 16 de octubre tiene fecha de 16 de octubre. Esto permite que nos preguntemos si los administradores de DANI RAN SL no estaban recibiendo información oficiosa sobre la tramitación del expediente y la conclusión que provisionalmente extrae esta parte es la siguiente:

Presuntamente la intención oculta de las sucesivas órdenes de desalojo no es la de garantizar la seguridad de los vecinos sino la de expulsarlos de sus viviendas para facilitar un posterior derribo sin testigos.
Presuntamente la intención de la doble operación de desalojo y derribo es la de despejar la zona con la finalidad de construir en la misma una urbanización con puerto deportivo.
Presuntamente, la intención de DANI RAN SL fue desde el principio asegurarse la propiedad de una parte del acantilado para posteriormente darle una solución semejante a la de la organización RADAZUL.
Presuntamente la elevación a pública de la compraventa y su inscripción se hicieron coincidir con la Orden de desalojo porque el Ayuntamiento, en la persecución de sus bajos y zafios fines está en estrecha y secreta comunicación con quienes pueden promover la urbanización y se supone que DANI RAN SL se encuentra a la cabeza de los elegidos.

Tal y como se ha expuesto en un recientísimo escrito de alegaciones, existe una cantidad abrumadora de indicios de que en el caso que nos ocupa el Ayuntamiento de Candelaria está funcionando a la manera de una banda de delincuencia organizada. Así se desprende del contenido de las sucesivas denuncias y ampliaciones presentadas como a que suman cuatro contra la alcaldesa más otras tres llegadas de la Fiscalía.

En su virtud,
SOLICITO: Que tenga por formuladas las presentes alegaciones con unión al expediente de su razón.

 

@abogadodelmar
La sociedad DANI RAN SL compró una parte del acantilado en 1994 por el fastuoso precio de 500.000 ptas.

¿Con qué propósito? ¿Para qué quiere alguien una pared vertical, excepto que tenga la intención de aserrarla y construir una bonita urbanización, como en Radazul?  Pero lo más interesante es que, en contra de la costumbre y de toda norma de prudencia, el comprador no escrituró hasta octubre de 2015, muy poco después de que Sindo ordenase el desalojo de Bajo la Cuesta.

¿Mas? La sociedad fue fundada en La Palma. Carlos González, jefe de costas de Tenerife y la persona que más se ha esforzado en tirar el barrio, es natural de La Palma. El administrador legal de la sociedad es Don Daniel González González, que obviamente comparte apellido, y no sé si también parentesco e intereses, con el primero.
A LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

IRMA AMAYA CORREA, Procurador de los tribunales, en nombre y representación de asociación de vecinos Bajo la Cuesta – Risco ls Tablas, comparezco y DIGO:

 Que, teniendo presentada denuncia a consecuencia de diversas actuaciones administrativas relativas al barrio de Bajo la Cuesta (Candelaria) , así como varias ampliaciones de dicha denuncia, mediante el presente escrito formulo nueva ampliación en los términos que a continuación se exponen: 

PRIMERO. Con fecha 24 de noviembre de 2015 la alcaldesa de Candelaria dictó decreto número 4275/¨2015 en expediente número 55 48/ 2015, que se tramita al objeto de requerir a los propietarios de una parte el acantilado existente el bajo la cuesta, don Juan García Coello y Doña María Miranda Pérez a fin de que procedan a su reparación y aseguramiento. Acompaño copia como documento probatorio núm. 1. 

SEGUNDO. Según consta textualmente el Decreto, los interesados presentan alegaciones de defensa manifestando que el terreno había sido vendido en 1994 y en documento privado a una sociedad mercantil llamada DANI RAN SL. El ulterior intento de notificación del requerimiento a la sociedad la cuestión resultó frustrado.

Sin perjuicio de que con arreglo al derecho la tramitación debe continuar con los arriba mencionados, ya que el artículo 32 de la ley hipotecaria establece que lo no inscrito en el Registro de la Propiedad no afecta a tercero (y así lo manifiesta, con buen criterio, el Decreto de Alcaldía), resulta notable y llama la atención que una compañía inmobiliaria pueda tener interés en un terreno que constituye una superficie prácticamente vertical, no siento por lo tanto hábil para construir sobre la misma.

La mercantil en cuestión fue fundada en Los Llanos de Aridane, aunque posteriormente establecido su domicilio social en la laguna. Los platos que hemos podido obtener son los siguientes:

Dani Ran sl es una empresa constituida el 25/10/1993 en Llanos de Aridane (los), Santa Cruz de Tenerife. Su CNAE es Agentes de la propiedad inmobiliaria. La actividad principal de Dani Ran sl es Agencias inmobiliarias, administradores de fincas.

Dani Ran sl está inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. El capital social de esta empresa está en el tramo de 3.501 – 10.000€, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y una facturación de entre 1 y 250.000€.

Dani Ran sl es una empresa dedicada a La Compraventa de Bienes Inmuebles e Inmuebles, Asi Como la Promocion y Explotacion de Los Mismos; la Promocion y Explotacion de Establecimientos de Hosteleria, Tales Como Bares, Cafeterias, Restaurantes y Similares.-. Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 14/10/2013, en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Boletín 196, Referencia 439326. Este cambio ha sido Cierre Provisional de Hoja Registral, inscrito el 26/09/2013, Tomo 1002, Folio 89, Sección 8, Hoja 7090, Inscripción B.

Por otro lado, la última modificación no mercantil de Dani Ran sl ha sido Nueva información de crédito, el 15/10/2015.

Dirección del domicilio social de Dani Ran sl: SAN CRISTOBAL, 28.- LLANOS DE ARIDANE (LOS), SANTA CRUZ DE TENERIFE

La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Santa Cruz de Tenerife Dani Ran sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, …), mercantil, financiera y de riesgo sobre Dani Ran sl , ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Dani Ran sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.

TERCERO. No teniendo sentido alguno tiene una compañía inmobiliaria muestre interés en invertir dinero en un suelo sobre el cual nunca se podrá construir, nos encontramos con que la única manera de devolver la operación a los términos de la racionalidad es la turbia operación urbanística para que se refiere la presente denuncia. Recuerdo que la misma alude la posible intención secreta de construir una gran urbanización con un puerto deportivo en la zona de Bajo la Cuesta. Esta obra podría haberse concebido a imagen y semejanza de la cercana Radazul, donde como es sabido los promotores hicieron importante desmontes a fin de que los acantilados dejasen sitio a los edificios. Ya se dijo con la denuncia que esa posible futura urbanización de Bajo la Cuesta debería incluir el desmonte y aseguramiento definitivo del acantilado.Si esto es así nos encontraríamos ante un testimonio más de la conspiración denunciada, ya que desde 1994 al menos existiría un plan para llevar a buen fin la urbanización.

Contribuye al convencimiento de pudiera existir irregularidades la circunstancia anormal de que desde 1994 la transmisión no haya sido elevada escritura pública. Este extraño modo de proceder sugiere que el comprador desea mantener su identidad oculta. Por lo tanto nos encontramos ante una operación doblemente anormal, a saber: 

-De un lado, una sociedad dedicada a la compraventa de inmuebles y se supone que a la construcción, invierte dinero en un terreno vertical sobre el cual nunca se podrá construir.

-de otro lado, Y en contra de toda norma de prudencia, la sociedad en cuestión no eleva a escritura pública el documento privado de adquisición.

Esto, que de ordinario no dejaría de ser una actuación simplemente rara, adquiere gran significación en el contexto en el que nos encontramos, por lo cual considera esta parte que debería la Fiscalía investigar la operación, recabando información sobre la sociedad a la que acabo de referirme y sobre la identidad y trayectoria de su administrador legal. La investigación debería ampliarse para terminar, en su caso, los posibles vínculos familiares que pudieran existir entre el administrador legal y alguno o algunos de los funcionarios públicos que tienen o ha tenido poder de decisión sobre el futuro el barrio Bajo la Cuesta. Siempre bajo el superior criterio de la propia Fiscalía, se sugiere la posibilidad de utilizar como base esa investigación el primer apellido del administrador legal y el lugar de fundación de la sociedad, discriminando si alguno o algunos de los funcionarios pudiera tener vinculación con la sociedad por ejemplo por razón de ser natural de la isla de La Palma.

En su virtud, 

SOLICITO A LA FISCALÍA: que tenga por ampliada la denuncia en los términos que anteceden y se sirva hacer extensiva de Investigación a la operación de compraventa para que se refiere el cuerpo este escrito.

@abogadodelmar
Tú dijiste:

– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche?

– Escucha lo que te digo y, cuando lo oigas, ¡medita!

Ésta es para ti la señal:

La de que, aunque avances, sólo verás aumentar tu sufrimiento

FARIDUDDIN ATTAR
AL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA 

Antonio Oliva Delgado, mayor de edad, con domicilio en …….. , en nombre y representación de la asociación de vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas, como ya consta, comparezco y DIGO:

Al colectivo que represento le fue reconocido el carácter de interesado en los expedientes de requerimiento a los propietarios del acantilado existente en la zona para su aseguramiento y reparación.

La asociación interesó la entrega de copia integra de ambos expedientes y aunque en apariencia se nos reconoció ese derecho, cada vez que nos hemos personado en las dependencias municipales a ese fin, únicamente nos han entregado una mínima parte de la documentación.

Esta guerra de desgaste que nos está haciendo el Ayuntamiento es abrumadora, vulnera los principios de buena fe y confianza legítima del artículo 3 de la LPAC y el principio de objetividad de la Administración de dicho artículo 3 y del 103 de la Constitución, e incurre en arbitrariedad prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución. 

La conducta no se diferencia mucho de la que exhibe la propia Jefatura de Costas cuando recurre a diversos subterfugios para no entregar a los vecinos copia del estudio geomorfologico encargado por el Director General D. Pedro Antonio ríos 

. Resulta paradójico o que el Ayuntamiento haya ayudado a los vecinos mediante la redacción por el Defensor del Ciudadano de queja dirigida al Diputado del Común y que ahora incurra en actitud parecida.

Los vecinos nos vamos a ver en la obligación de personarnos en las dependencias municipales acompañados de notario que levante acta, como ya nos vimos forzados a hacer con la Jefatura de Costas.

Esa gestión, si fuera precisa, constituiría la antesala de una nueva denuncia contra la Alcaldesa por prevaricación, algo que confiamos en que no llegue a ser necesario.

En su virtud,

SOLICITO AL AYUNTAMIENTO:

a) Se sirva tener por formulada queja a consecuencia de los hechos que anteceden .

b) Se sirva entregarme copia integra de la documentación obrante en ambos expedientes, tal como se tiene pedido.

V) Se sirva darse por apercibído de que caso de no obtenerse respuesta pronta y satisfactoria, acudiremos a las ofícinas municipales acompañados de notario como medida previa a denuncia por prevaricación .

OTROSÍ DIGO: Que remito copia de este escrito al Defensor del cCudadano de ese Ayuntamiento y al Diputado del Común, en ambos casos como queja para la tramitación y resolución que proceda.

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