@abogadodelmar

JOSEP CARDA 04/03/2012
Diario Mediterráneo

Los propietarios de tierras o viviendas afectadas por la actual Ley de Costas reclaman al Gobierno central que la revisión de la legislación ahora vigente, que entró en vigor en 1998, retome los lindes del dominio marítimo-terrestre de la normativa de 1880, que estuvo vigente durante 118 años.

Así lo indicó ayer a Mediterráneo el abogado y secretario de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC), José Ortega, tras el encuentro que mantuvieron los representantes de unos 25 colectivos de todo el Estado, entre ellos los de la provincia de Castellón, en la localidad valenciana de El Puig.

Y es que, según explicó Ortega, la legislación de finales del siglo XIX “definía esos límites al punto al que llegaba el mar en el caso de temporales ordinarios, lo que se cambió en 1998 de manera que esa línea se establece al máximo espacio costero afectado por temporales extraordinarios”.

Para el secretario de la organización cívica, “esta es una propuesta razonable, que garantizaría un trato igualitario y justo, sin discriminaciones de ningún tipo, a todos los afectados”.

En cualquier caso, desde la entidad aplauden el aplazamiento del deslinde marítimo-terrestre en el municipio de Torreblanca y apuestan porque “el resto de ayuntamientos del litoral castellonense también reclamen esta medida”. Aun así, afirman tener “cierto recelo” sobre las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de modificar la Ley de Costas.

“En principio, la reforma no nos convence porque se deja la puerta a desafectar ciertas zonas, como se ha hecho recientemente con la playa de Roses, en Girona, donde se ha dejado fuera de la norma a un área con 10.000 viviendas y hoteles, mientras que en otros lugares, en los que hay menos gente afectada, se sigue con el proceso de derribos de edificaciones”, afirman desde la plataforma, a la vez que consideran que este tipo de valoraciones “poco objetivas” genera “verdaderos casos de discriminación”.

Aun así, Ortega asegura que “lo que queremos es ir de la mano con los ayuntamientos, y en el caso de Castellón también con la Diputación, para defender a la gente de esta situación”. H

Publicado en
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/los-afectados-por-costas-reclaman-retomar-los-lindes-de-ley-de-1880_721974.html

http://www.costasmaritimas.es
joseortega@costasmaritimas.es

@abogadodelmar

La Plataforma Nacional reclama al ministerio que redefina el concepto de dominio público y que se priorice la regeneración del litoral en todo el tramo entre Almenara y Burriana

La entidad nacional reclama la regeneración costera de Almenara a Burriana.
Levante-EMV
C. COSTA ALMENARA
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas exigirá ante el Gobierno que el nuevo concepto de dominio público o la remodelación que se haga tenga de la normativa «tenga efectos retroactivos» con el fin de restituir o reparar acciones ya emprendidas como, por ejemplo, los derribos realizados en la costa de Almenara.
Así lo ratificó ayer el portavoz de la entidad, José Ortega, que se desplazó hasta la localidad valenciana de El Puig para asistir a un encuentro en el que definir posturas ante el cambio previsto en la normativa. «De lo que estamos escuchando y las propuestas que están saliendo hay cosas que no nos convencen, como el caso de la desafección de las zonas degradadas», indicó Ortega, quien explicó que «de esta manera se pueden tomar decisiones arbitrarias y proteger unos núcleos sí y otros no, validar áreas con muchas viviendas de grandes propietarios o por ejemplo las de las viejecitas que viven en Moncofa no».
Cabe recordar que precisamente desde el Ministerio se hablaba de utilizar esta fórmula para desafectar las viviendas de Xilxes, así como núcleos malagueños y de Cantabria.
Ortega insistió al respecto en que «esta decisión puede crear numerosas desigualdades y tratamientos diferentes para casos similares». La propuesta de la plataforma es «que se trate a todos por igual, así consideramos que lo mejor sería redefinir de nuevo el concepto de dominio público marítimo terrestre y volver a su afección antigua, la que perduró durante 108 años, y es que debía llegar hasta donde afectaran los temporales ordinarios, no los extraordinarios».

Regeneración «urgente»
Durante la sesión, los representantes del colectivo nacional también anunciaron que exigirán «medidas de regeneración urgentes e importantes». Ortega subrayó que «uno de los puntos que más lo necesita es el tramo de costa que va de Almenara hasta Burriana, donde se han de realizar acciones e inversiones importantes para ganar el terreno al mar y devolverlo donde estaba y así proteger nuestro litoral».
«No entendemos que no se actúe en necesidades tan urgentes como ésta, donde el deterioro es notable, mientras se invierten hasta 20 millones de euros para realizar una playa en Tenerife donde se encontraba un acantilado», denunció Ortega, que insistió en que «mientras en Palma se quiere hacer una playa con fines turísticos, en el sur de Castelló existen terrenos particulares que ya se encuentran bajo el agua».
«Vamos a ir alcalde por alcalde, ayuntamiento por ayuntamiento para que nos escuchen y formulen sus propuestas para trasladarlas al Ministerio, a quien también recordaremos el borrador que elaboramos para modificar la Ley», dijo Ortega. Así, la plataforma pondrá en marcha una campaña informativa y reivindicativa para dar a conocer sus propuestas y conseguir que éstas reivindicaciones se incorporen a la nueva norma estatal.

Publicado en
http://www.levante-emv.com/castello/2012/03/04/afectados-ley-costas-piden-proteccion-sea-retroactiva/886784.html

http://www.costasmaritimas.es
joseortega@costasmaritimas.es

Hay algo de tierno, de heroico y de loco en unas cuantas personas que se conjuran para desafiar a todo un aparato de poder. Un aparato de poder que va mucho más allá y es mucho más fuerte que un gobierno. Se trata de un entramado que incluye el Parlamento, la policía, el Defensor del Pueblo, los jueces, los medios de comunicación y puede que se me escape algo.

Esos alfeñiques creen que pueden inquietar a aquella mole pesada, a esa maquinaria infalible, a esos poderosos políticos que pronuncian la palabra democracia cada diez minutos al tiempo que firman y deciden lo que sea en contra de los ciudadanos.

Esos alfeñiques, esos ciudadanos sin más arma que la razón, han triunfado. Los señores investidos de aquel poder inmenso se han tragado hoy su orgullo y se vuelven a casa mirándose los pies, con cara de contrariedad y creo que con malos pensamientos. La palabra humillar significa forzar a otro a adoptar una actitud humilde. Es lo que les ha sucedido a los ingenieros de costas el día en que el nuevo Ministro ha anunciado la reforma de la ley. Que se han vuelto humildes a la fuerza.

Hicimos todo lo que no esperaba el arrogante Gobierno socialista del talante. Ellos esperaban una o dos manifestaciones con una o dos pancartas y en vez de eso nosotros escribimos un informe extenso, razonado y escandaloso sobre sus abusos. Ellos esperaban que llamásemos en vano a los medios de comunicación adiestrados para hacernos el vacío y en vez de eso nosotros convocamos una rueda de prensa sólo para periodistas extranjeros. Ellos esperaban que fuésemos a llamar en vano a las puertas de sus palacios cerrados a cal y canto y en cambio nosotros los ignoramos y marchamos con mucha esperanza al Parlamento Europeo. Ellos confiaban en tirar a la papelera nuestras peticiones y en vez de eso les llovieron las quejas de los parlamentarios europeos. Ellos creían que podrían marearnos y torearnos en alguna entrevista de trámite y en lugar de eso recibieron una dura reprimenda en directo en la Comisión de Peticiones.

No fue con fuerza, sino con astucia como Ulises burló a Polifemo, se desembarazó de Calypso y dio esquinazo a la bruja Circe. Hemos necesitado apurar la astucia para hacer algo parecido con nuestros propios gigantes tuertos, ninfas insidiosas y brujas heridas de odio, aunque desde luego no hemos escapado a que algunos de nuestros antiguos compañeros sean convertidos en cerdos. Ahora que Arias Cañete hace las veces de vigía que nos anuncia que Ítaca está por fin a la vista, necesito recordar a tres personas, justamente tres de aquellos alfeñiques tiernos, heroicos y locos.

Marcial Pina, un presidente de Comunidad de Arenales del Sol que poco antes de morir concluyó una extensa conversación telefónica conmigo con las palabras: “No nos deje, señor Ortega, no nos deje”. José Martí Deveses, un brillante Abogado mercantilista de Barcelona que me contrató para defender al colectivo de Oliva. Mi última conversación con él, en diciembre de 2008, fue para recibir su apoyo incondicional en un asunto realmente delicado. Su fallecimiento en la primavera siguiente lo viví como una traición personal y me dejó sin un amigo. Juan Miguel Terradez, que estuvo al frente del colectivo de La Casbah y me fue fiel frente a mis feroces aunque bobos enemigos de aquel entorno y por defenderme experimentó pérdidas y sufrimiento personal. Murió inesperadamente durante la pasada primavera dejándome una deuda de gratitud.

Amigos, esta batalla toca a su fin y la hemos ganado con una defensa basada en la templanza y la inteligencia. Como dice el maestro zen Dokushò Villalba, si entregamos nuestra sustancia vital a nuestros sueños, nuestros sueños se cumplirán, aunque quizá nosotros no estemos ahí para verlo. No estáis ya aquí, pero yo os lo cuento. Nuestros sueños se han cumplido o están en trance de cumplirse.

Resuena también en mí, con inmensa fuerza, el nombre de una pastor evangélica ecologista y miembro del Parlamento Europeo llamada Margret Auken, que nos apoyó cuando nadie daba un céntimo por nosotros. Toda la fuerza de nuestro órdago era el Parlamento Europeo. Sin él no teníamos nada. Y allí encontramos a Margret Auken, que escribió, desde sus convicciones ecologistas, las frases contundentes que fueron adoptadas por el pleno del Parlamento Europeo el 26 de marzo de 2009: España aplica la ley de costas con arbitrariedad, de forma retroactiva y sin indemnización suficiente, y debe proceder a su reforma.

A esta victoria le saldrán muchos padres, ya lo veréis. Los escucharéis en los medios de comunicación, aparecerán en las fotos oficiales y todo eso. Todos querrán asumir la paternidad de esta victoria. Pero que eso no nos importe. Nosotros hemos cumplido, hemos dado un ejemplo de civismo y hemos demostrado que cuando te decides a ejercer los derechos en lugar de dejarlos languidecer, puede funcionar. Para qué más.

No sé qué tipo de reforma es la que hay en la mente de Arias Cañete y sus asesores. Temo que no sea lo que esperamos, que sirva para cultivar más ladrillo en la arena o que se ciña a aliviar los problemas de los chiringuitos, dejando al margen a las víctimas inocentes. Pero vamos a pensar bien y vamos a confiar lo mismo que confiamos cuando iniciamos esta aventura que hoy apunta un final feliz.

Gracias a todos los que me habéis acompañado, apoyado y animado en este camino. Y gracias por formar conmigo esa cuadrilla de enanos insignificantes capaz de darle al monstruo la pedrada más gorda, contundente y decisiva que nunca jamás haya recibido.

Me encanta cuando se ponen bordes conmigo. Pierden los nervios, se llenan de mala castaña y en ocasiones especiales echan espuma por la boca. Y no sólo he acabado por acostumbrarme, sino que al final me gusta. Desde su trono me han hecho morder el polvo no una, sino muchísimas veces. Me han pateado el hígado a gusto, se han reído de mi y me han fabricado intrigas de todos los colores para desacreditarme, perjudicarme, hundirme y prejubilarme.
Recuerdo el entusiasmo de aquel dentista llamado Félix Rodríguez de la Fuente, cuando contaba la sed que pasaba cuando estaba subido a un alcornoque esperando a ver si pasaba un buitre, porque cuando al fin podía beber, el agua le sabia mucho mejor. A mi me pasa algo parecido con los poderosos e intratables señores de Costas: Tengo que esperar mucho tiempo agazapado al alcornoque, pero cuando al fin son ellos los que muerden el polvo me lo paso genial. Y esto es lo que les ha pasado por tercera vez consecutiva, que se han echado a la boca un trago de arena sin sazonar.
En El Golfo (Yaiza, Lanzarote), vinieron y nada más aprobarse el deslinde de 2006, antes de que nadie pudiera acostumbrares a la nueva situación, empezaron a sacudir con un expediente sancionador por cada restaurante. Querían cargarse las terrazas, que para aquellos restaurantes eran lo mismo que las alas para un avión o las ruedas para un coche. He contado ya cien veces que los turistas hambrientos se descuelgan por allí a media tarde para cenar mientras contemplan la dichosa puesta de sol. Sin terrazas no hay cenas a media tarde que valga, porque en vez de divisar el bello crepúsculo no ves más que la pared y las lapas a la plancha no saben igual.
Primero hubo suerte con el restaurante El Bogavante, después con Casa Plácido y ahora con el Mar Azul. Tres sentencia ejemplares contra la chulería y la sinrazón. Seguirá habiendo terrazas y por el momento el coco peludo de Costas no podrá cercenar el espíritu del lugar.
¿Por qué los jueces me han dado la razón? Básicamente porque pedí la practica de determinadas diligencias probatorias y los responsables del expediente ni me miraron a la cara. No es que me dijeran que no, es que ni me contestaron. Creyéndose reyes, príncipes, emperadores, dictadores o dioses, miraban a través de mi como si fuera un trozo de cristal. Ellos sabían que había una ley, una constitución y unos derechos civiles, pero se sentían seguros en sus despachos y no veían ningún motivo para hacer el menor caso de esas cosas. Y cuando interpuse los recursos de alzada, los disciplinados funcionarios y los serviles asesores jurídicos de Madrid se ganaron el sueldo y agradaron a sus jefes diciéndome educadamente que no tenia razón. Nadie en la Administración te dirá usted perdone, nos hemos equivocado. Si han metido la pata, persistirán en el error. Se taparán unos a otros, aportaran informes que justifiquen lo que sea, introducirán sutiles verdades a medias y harán todo lo preciso para salirse con la suya. Porque saben muy bien que ellos están arriba y tú debajo.

Cuando hice la mili un capitán de Infantería de Marina tan jocoso como descerebrado decía que todo eso de la Convención de Ginebra estaba muy bien pero que la misión del infante de marina era matar de forma eficaz y barata. Algo parecido, aunque con menos sangre, debían razonar los señores de Costas cuando pasaban de la ley, de la Constitucion, de los derechos civiles y de todo lo que se antepusiera a su misión.

Seguirán dándome bastonazos, no lo dudo. Me van a sacudir mucho más. Pero de vez en cuando se abren los cielos y los tiranos se pegan unos castañazos que da gusto verlos. Y eso es lo que ha pasado hoy, así que me alegro, no por los señoritos caídos en tierra, sino por por los dueños de los restaurantes, por los turistas hambrientos, por mis conciudadanos, por nuestra amada Patria y desde luego también por mi, y mucho.

Pido perdón por la siguiente metáfora. No soy un nuevo Alonso Quijano creyéndose caballero andante, pero incluso así, y como soy escritor de novelas de mitología, debo evocar las arenga de Aragorn a las puertas de Mordor: Puede que llegue un día en que los hombres se plieguen a la tiranía, puede que llegue un día en que nos tornemos débiles y cobardes, puede que haya un día en que nos despojemos de la dignidad y dejemos de luchar, PERO ESE DIA NO HA LLEGADO.

José Ortega
Abogado

@abogadodelmar
joseortega@costadmaritimas.es
http://www.costasmaritimas.es

He encontrado lo que hacia falta para anular el deslinde de Calnegre.
Lo voy a explicar por encima y sin detalles técnicos, porque los motivos de nulidad que he visto son abundantes y algunos complicados y no es cosa de contarlos aquí en detalle. Parto de una base que me importa mucho aclarar. Siempre que he ido a la Jefatura de Costas de Murcia he recibido un trato muy correcto. Todos y cada uno de los funcionarios que me han atendido lo han hecho con corrección, respeto y espíritu de servicio. Cuando estoy allí veo personas laboriosas y dedicadas pendientes de su trabajo. Y además en esa casa tengo un seguidor de mi blog, mejor que no desvele su identidad. Esto lo digo para que no se malentienda lo que voy a explicar. Aquí no hay ni escarnio ni arrogancia, sólo lo que cuento. Es la verdad y eso es todo.
Confieso que alucino cuando me llaman para resolver asuntos imposibles en esos momentos finales en los que todo está perdido, cuando la Audiencia Nacional ha dicho que nanai y el Tribunal Supremo que no hay nada que hacer. Esto hace tiempo que se transformó en una rutina. Vienen para ver si hay algún milagro disponible y suele haberlo. Claro está que no se trata de milagros, sino de estudiar las tripas de los expedientes con la misma atención, o más, con que los arúspices etruscos observaban los hígados de los animales sacrificados. Hago memoria y no encuentro un solo caso en los que al revisar un expediente no haya encontrado algo que llevarme a la boca. He contado algo de esto en El Abogado y el mar. Mirad el episodio La ciudad condenada, dedicado a Arenales del Sol (se puede descargar el libro electronico en http://www.costasmaritimas.es/DOCUMENTOS.htm).
No es fácil encontrar un motivo de nulidad cuando el tema ha sido ya revisado y sometido a recurso contencioso administrativo, y cuando oficialmente todo lo había que estudiar, discutir y revisar ha sido ya estudiado, discutido y revisado. Pero siempre encuentro algo interesante, y perdón por expresarlo con esta llaneza. No es arrogancia, es una descripción de la realidad.
En el caso de Puntas de Calnegre, el otro día me dediqué a escarbar en los papeles y el motivo por el que escribo esta entrada de blog es que me encontré, entre muchos otros, con un error particularmente idiota.
El expediente era un deslinde, claro. Pero ellos le dieron otro nombre, como para disimular y para escapar a la regulación del procedimiento de deslinde. Por eso se permitieron no hacer ni apeo, ni proyecto de deslinde ni nada de lo que ordena el reglamento de costas. Pero en último término salvaron astutamente la situación dando lugar a un trámite de vista y audiencia. En todos los recursos judiciales la Audiencia Nacional ha dicho no, porque aunque no se hubieran observado algunos trámites, la vista y audiencia actuaba a modo de vacuna contra la indefensión y sanaba cualquier defecto. Esto es algo que le gusta mucho a los tribunales. Tú puedes coger a un músico callejero para que firme el inicio de un expediente, a la dependienta del súper para que aprueba la resolución y copiar medio capítulo de Guerra y paz a modo de tramitación, y la sentencia dirá que todo está bien siempre que no se haya producido indefensión. Es así como funciona, queridos.
Bueno, he encontrado un motivo de nulidad por indefensión asociado a defectos en la vista y audiencia, es decir, al salvavidas del sistema para que los vecinos no pueda ni suspirar. La cosa es simple, podría verla cualquiera: Hay una serie de vecinos a los que no se les notificó ese trámite y por lo tanto nunca fueron conscientes de que la Administración les pedía opinión sobre el tema, nunca pudieron formular alegaciones y nunca pudieron defenderse. Eso es indefensión.
Claro está que la simple ausencia de una notificación no indica que la Administración esté maltratando a los ciudadanos. Si los destinatarios no están en casa, ni el cartero ni los funcionarios pueden hacer milagros. Se publica un edicto y en paz. Pero el intento de notificación tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley.
Veamos: A una serie de vecinos no se les pudo notificar por domicilio desconocido. Esto no es nuevo, sucede a menudo por varios motivos. Pero me fijé en que no es que los domicilios fueran desconocidos, sino que las cartas venían en sobres con ventana y estaban mal maquetadas hasta el extremo de que la dirección no asomaba, o no asomaba completamente por esa ventana. Lo único que veía el cartero, y cualquiera, era un nombre con dos apellidos, a veces también una calle, pero sin ciudad. Así que desde luego entregar la carta era imposible y el muchacho se limitaba a escribir DESCONOCIDO, y a devolverla. La cosa es lo que sucedía cuando estas cartas no entregadas llegaban de vuelta a la Jefatura de Costas: Nada. A ningún funcionario se le ocurría estudiar el caso, investigar por qué razón el domicilio señalado en el Catastro era incorrecto o acudir a formulas alternativas como pudieran ser consultar al Ayuntamiento, o cualquier otra medida ordenada a la adecuada salvaguarda de los derechos fundamentales. El derecho de defensa es un derecho fundamental. No informar de la vista y audiencia es vulnerar este derecho.
Cuando hubo que notificar la Orden Ministerial pasó lo mismo: Se usaron los mismos modelos de cartas con la misma maquetación errónea y el cartero volvió a devolver las notificaciones por domicilio desconocido.
La indefensión es de libro. Un montón de vecinos se han quedado sin poder ser oídos sólo porque los responsables de redactar las cartas y meterlas en los sobres no se dieron cuenta de que estaban haciendo el trabajo mal. Un error simple que se prolongó y se reprodujo, y habría seguido reproduciéndose hasta la nausea si hubiera habido más notificaciones que hacer. Creo que esto es desidia, abulia y desgana, todo junto.
Si la Administración cumpliera con su deber constitucional de objetividad, bastaría llamar la atención sobre lo sucedido para que todo saltara por los aires y el deslinde se disolviera como azúcar en el cafe. Si viviéramos en una sociedad democrática con separación de poderes y una justicia digna, profesional e independiente, esto seria motivo suficiente para anular el deslinde y empezar la discusión desde cero. Pero abramos los ojos a la realidad. Tenemos razón pero no hay ningún tribunal en España dispuesto a reconocerlo. Lo mismo que cuando nuestros abuelos iban a a Perpignan a ver El último tango en París, nosotros tendremos que soportar que nos llamen burros en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional antes de cruzar gloriosamente la frontera, entrar en un país civilizado y acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Dicen que el efecto del bótox se disipa al cabo de unos meses porque el cuerpo hace nacer nuevas ramificaciones nerviosas para sustituir a las que han sido envenenadas. Dicen también que ante la presencia de arterias coronarias obstruidas, el cuerpo se las arregla para redirigir la sangre a través de vasos menores, o simplemente de hacer nacer otros nuevos.
La justicia es a semejanza de la imperiosa exigencia de vida de nuestros cuerpos. Se puede vivir sin coche, sin adsl o sin pan, pero no sin justicia. Sufriremos, nos aburriremos y seremos humillados, pero conseguiremos la ansiada e innegociable justicia, daremos una lección de dignidad y con nuestro ejemplo y esfuerzo y el de muchos otros, podremos quizá dejar a nuestros hijos un país mucho mejor que esta desafortunada España, limpio de corrupción, libre de zoquetes con poder y en el que los ciudadanos no sean nunca más esclavos.

José Ortega
Abogado
http://www.costasmaritimas.es

 Entre los arrecifes, un charco brilla al sol. Dos niños patean en el agua dorada. Su padre comenta con orgullo que en este rincón los pueden jugar y explorar en libertad, además de aprender a pescar. Los hombres son aquí tipos recios, gente de la tierra que se permite el lujo de unas relaciones sociales hoy prohibidas, las de los núcleos pequeños, donde todos se conocen y comparten. Son esas cosas tan simples como saludarse, comer en grupo o salir al juntos al mar en demanda de un cubo de pescado fresco. Esto antes era siempre así. Ahora nunca o casi nunca, porque vivimos en una sociedad de ciencia ficción donde nadie conoce a nadie y todos desconfían de todos.

Al pensamiento único esas salidas de tono no le van. Al hombre del siglo XXI, para transformarlo en ciudadano modelo, es necesario desnaturalizarlo y romperle las raíces, aunque sea con machete. Es así como se obtiene la sumisión en una sociedad con el Estado como única referencia.

Con el paisaje sucede lo mismo que con las relaciones entre las personas. El pensamiento único ha sido dictado por el Estado y no admite resistencia. El paisaje forzosamente ha de ser como ordena el Estado. De nada valen esos baluartes de civilización que aparecen sorprendentemente en paisajes muertos y secos, y que fueron creados por la audacia humana a lo largo de los siglos. Si la historia del hombre creó poblamientos litorales, refugios pesqueros y enclaves costeros, arrollaremos la historia del hombre para crear una realidad nueva definida por pedruscos y lagartijas conforme a la doctrina del Estado.

Una vez leí un análisis de Robinson Crusoe. Decía que en su naufragio había llevado consigo un equipaje invisible que era la civilización. Aventureros atrevidos abrieron en las costas de Canarias espacios de civilización, a veces en extremos inverosímiles. En ellos, hoy día, los niños en vez de darle a la play station, juguetean en libertad con la arena, los peces y el agua, y los padres gozan de una autentica convivencia con sus vecinos. Una convivencia a la medida del hombre. Es el tipo de convivencia que proporciona la satisfacción de pertenecer a un grupo y asigna seguridad psicológica. Y encima sin cobertura de móvil. Son varios pecados seguidos contra el Estado despersonalizador, el de los hechos materiales (el asentamiento litoral) y el de los inmateriales (las relaciones auténticamente humanas).

   Hoy he estado en Jacomar, en lo más recóndito de Fuerteventura. Para llegar allí hay que tragar polvo a manta por una pista imposible y después caminar ochocientos metros por arrecifes resbaladizos. En un recodo del camino descubres el antiguo refugio pesquero, con sus casas de piedra bien alineadas y sus tejados rojizos, y lo primero que piensas es que estás ante un nuevo milagro en el que unas familias se han animado a humanizar un paisaje inhóspito.

Estoy defendiendo este poblado de la destrucción desde 2007 pero no lo había visto hasta hoy. Los tribunales me han dicho que no a todo y los ingenieros de Costas se movilizaron hace poco para proceder al derribo y de esta manera cumplir con su objetivo, consciente o inconsciente, de dinamitar un foco de civilización, borrar todo rastro del género humano, mandar a los niños de vuelta a la play station y exterminar la convivencia franca, sana y espontánea. La decisión del Estado es que aquí sólo queden las olas y las piedras, y de alguna manera insisten en que esto es conforme con los intereses generales.

No sólo pretenden echar a estas personas. Quieren también que paguen los costes del derribo. Llevo mucho tiempo discutiendo con los funcionarios, las autoridades, el abogado del Estado y los jueces para convencerlos de que la medida es ilegal por el motivo fantásticamente simple de que no hay un sólo precepto en el ordenamiento jurídico que así lo diga, es decir que condene a estas personas a pagar el importe de la demolición (que incluye la limpieza post mortem del lugar y el traslado a vertedero autorizado). Los funcionarios, las autoridades, el abogado del Estado y los jueces me contestan que no tengo razón, pero no me dicen por qué. No aportan ni un sólo argumento que merezca ese nombre, y sobre todo no me citan ningún precepto. En los últimos tiempos, algunos magistrados de Canarias, acorralados por unas demandas judiciales en las que los desafío a que me citen el articulo en cuestión, creen haber encontrado alivio en el articulo 95 de la ley de costas y me dicen que ese precepto es el que legitima la condena a los costes del derribo. Esto me resulta especialmente divertido, porque el articulo 95 se refiere a los expediente sancionadores y la recuperación posesoria no es un expediente sancionador. Por lo demás, un principio general del derecho prohíbe la interpretación analógica o extensiva de normas restrictivas de derechos individuales, que es justamente lo que han hecho esos magistrados. Por lo tanto, el argumento, repetido en bastantes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no es más que el reconocimiento de que no tienen razón. O de que la tengo yo.

  Esto lo he contado sucesivas veces en el Parlamento Europeo: A una familia en Valencia le cobraron más de 60.000 euros para financiar su propio derribo (las pagaron). A una ciudadana de Soller le exigían 360.000 euros (leed la entrada de blog Los escombros perdidos de Fiorentina Mora, es muy divertido). Pero lo de Jacomar es de otra dimensión. Aquí los costes del derribo y retirada de los materiales son brutales porque al lugar no se puede acceder más que con barco, por lo que los responsables pidieron presupuesto para alquilar una gabarra en Las Palmas y les pedían 300.000 euros sólo por ese concepto. Así que entre los costes del derribo, la retirada de los materiales y su entrega a vertedero autorizado es posible que la broma cueste un millón de euros. Ese importe tendrá que ser abonado por las personas a las que he visitado hoy, ninguno de los cuales tenia aspecto de Rockefeller aunque nunca se sabe. Sus hijos no sólo no podrán seguir jugando con los charcos, sino que tendrán que hacerse hombres rápidamente para ayudar a sus padres a pagarle al Estado una deuda imposible. Esto es lo que sucede cuando de pone en marcha el pensamiento único.

Hace unos meses el abogado del Estado pidió autorización al Tribunal Superior de Justicia para ejecutar la sentencia que desestimaba mi recurso, es decir, para desencadenar el Apocalipsis. Formulé alegaciones para que se le denegara por tener en trámite recurso de casación. Y se la negaron. Pero la situación es transitoria. El Estado, con su monopolio para decidir cómo ha de ser el paisaje, está dispuesto a organizar una operación de demolición casi militar, de proporciones inmensas, a invertir cantidades no menos inmensas y a arruinar de por vida a estas familias y a sus hijos exigiéndoles el recobro. Y todo para mayor esplendor de las piedras y de la soledad.

  Si permitimos que el Estado prevalezca sobre la sociedad, estaremos perdidos. El Estado no debería ser otra cosa más que la concreción del grupo. Pero no lo es. Se ha transformado en un aparato independiente que sólo atiende a las élites económicas y si acaso, en lo que nos ocupa, a una casta de ingenieros de caminos y abogados del Estado cuya visión de la realidad es de tiralíneas. Estos tipos ni reparan en los cuartos que sus manías van a costar a toda la sociedad, (porque no los pagarán de sus ahorros), ni se preocupan de la tragedia humana que pueden provocar con sólo una firma (porque no va con ellos), ni mucho menos piensan por un solo instante que pueden no tener razón (porque son así de soberbios).

Como dicen por ahí, si luchamos podemos perder. Si no luchamos, estamos perdidos.
José Ortega

ABOGADO

http://www.costamaritimas.es

 

LA JUSTICIA TOCA A SU FIN (I)

noviembre 13, 2011

Acabo de enterarme de la reforma procesal que diputados y senadores han hecho antes de irse a casa. Puede resumirse como el título de este articulo: la justicia toca a su fin.
Los guardianes de la democracia nos están rociando con una reforma procesal tras otra, y con cada una estrechan más y más el cerco en torno al derecho de acceso a la justicia. La penúltima fue para establecer una tasa por los recursos, es decir, para intimidar a los ciudadanos y desanimarlos obligándolos a pagar un precio por ejercer un derecho.
¿Te han denegado una prueba y tienes que poner recurso de súplica? Paga por ello.
¿Que la sentencia te ha desestimado el recurso y tienes que ir a una apelación? A pagar.
¿Que te deniegan la acumulación de asuntos que has pedido para que al cliente le salga el pleito más barato? Paga antes. Sí, antes. De hecho la ley dice que no se tramitará el recurso si no viene acompañado del resguardo del abono de la tasa.
Esa reforma tuvo y sigue teniendo mala sombra porque si te quieres ir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, te exigen haber agotado todos los recursos posibles en las vías judiciales anteriores. Así que recurrir o no las resoluciones de trámite no es una elección. Tienes que hacerlo. Y pagarlo.
La reforma anterior a ésta ya he tenido el placer de comentarla en otro blog anterior llamado El recurso de amparo no existe. Cambiaron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para hacer prácticamente imposible el acceso al recurso de amparo.
Otra reforma hecha aún antes fue la que estableció un límite en la cuantía del procedimiento para acceder al recurso de casación. Si el valor de lo discutido no pasa de 24.000 euros no puedes ir al Tribunal Supremo y te quedas pasando la mano por la pared (aunque para lo que puedes esperar de ese tribunal, más vale así).
Cada reforma procesal no es más que una forma de estrangular más y más el derecho de los ciudadanos a la justicia. Pero la que ahora tengo entre las manos constituye una villanía. Una villanía oculta, claro. Si no conoces el rollo no lo ves. Lees el texto y todo te parece normal pero no lo es. En realidad nos encontramos ante un eslabón más de la conspiración para conseguir la sumisión total de los ciudadanos al Estado.
Lo que han hecho (entre otras cosas que ya comentaré) es introducir el criterio del vencimiento en costas procesales en el recurso contencioso administrativo, aunque dicho así no creo que se entienda. La traducción: El que pierde paga los honorarios del abogado del otro. Hasta ahora sólo te pasaba eso si litigabas con temeridad o mala fe. Bueno, bien… Diréis ¿Y eso qué tiene de particular, si en los asuntos civiles es así de toda la vida?
Es muy simple. En los asuntos civiles tienes un 50% de posibilidades de ganar el pleito. En el contencioso administrativo tienes un 0%. El cero puede tener algunos decimales. En unos casos puede ser un 0,5 y en otras un 0,2, pero estamos halando de cero. Ya sabéis que la Dirección General de Costas no hace más que sacar pecho diciendo que ganan el 95% de los recursos judiciales (pero no es cierto: el porcentaje supera el 99%) y el otro día, hablando con la Directora General de un departamento que nada tiene que ver con Costas, la interfecta me dice que no han perdido ni un solo contencioso administrativo. Ni uno.
Cuando hablan de esta manera, los responsables pretenden subrayar que lo hacen de maravilla, cuando la realidad es que los tribunales no están actuando con objetividad, por decirlo de una forma cariñosa.
Pues bien… Si para los ciudadanos no fuera bastante perder prácticamente todos los recursos contra a Administración ¿Os podéis imaginar lo que significa que además a estas pobres personas les condenen en las costas? Sí, por supuesto que es un sistema disimulado de financiación de un Estado que roza la bancarrota, pero además es el adiós definitivo a la justicia, porque a ese precio ya nadie querrá ni síquiera probar suerte. Peferirá pronunciar la terrible frase que hagan conmigo lo que quieran.
En el Tribunal Supremo está establecido el criterio del vencimiento desde antiguo. Hasta hace dos días, el propio tribunal, a determinar la condena en costas, fijaba el máximo de honorarios del Abogado del Estado en 1000 euros. A los vecinos de Puntas de Calnegre los han condenado al pago de 2500. Significativa subida en tiempos en los que el Estado necesita ingresos y sobre todo a cargo de una justicia independiente.
Según las normas de honorarios de los Colegios de Abogados, los recursos se cobran bastante más baratos que el asunto principal. Las apelaciones, por ejemplo, a razón del 50% . Pues bien, si el Tribunal Supremo cree que al Estado debemos pagarle 2500 euros por la casación, que es un recurso, es posible que por el procedimiento en primera instancia nos exijan el doble. Ejem… Es que ni me atrevo a escribir aquí el importe. Prefiero a los dictadores que de calzan botas de caballería de caña alta y uniformes verdes o pardos. Te amargan la vida pero al menos saben lo que son.
Yo no sé si os dais cuenta de la relevancia que tiene esto. La jurisdicción contencioso administrativa es la que regula las reclamaciones contra el Estado (y aquí entran Comunidades, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y todo eso). Lo que están haciendo con estas reformas es imposibilitar todas esas reclamaciones. El Estado se está blindando y, de forma más o menos sutil, transformándose en totalitario. Poco a poco la dignidad de la persona se va disipando hasta transformarse en una cascara vacía.
Repito mucho un viejo adagio según el cual la ley es un instrumento de los débiles. Pero esa herramienta, la ley, necesita de los tribunales para hacerse valer. En una entrevista con la BBC, el escritor Hening Mankel recuerda que sin justicia no puede haber democracia. Se trata del mismo concepto que podemos rastrear en Platón, si queremos ponernos cultos. La necesidad de justicia es irresistible. Es emocionalmente imposible renunciar a ella. Cuando la vas limitando, condicionando e imposibilitando, lo que haces es provocar la renuncia a la civilización y el retorno a la caverna, con sus golpes de porra y sus venganzas privadas como medio de resolver las desavenencias.
Soy testigo privilegiado de una de las facetas más mortíferas del estrangulamiento de la democracia. Y necesito que abráis los ojos y miréis conmigo lo que está pasando.

-Nació como poblado pirata, después fue refugio de contrabandistas.
Era la primera vez que escuchaba hablar de aquel paraje, que me pintaban tan aislado y misterioso. El que me lo contaba era un militar gallego, bajito, con bigote (pero NO era Franco) y voz de locutor de radio, que acababa de jubilarse como Ayudante de Marina de Águilas. Su sucesor, un Capitán de Corbeta honrado a carta cabal, me llevó con él un día de verano al poblado pirata, después refugio de contrabandistas, donde tenia que hacer unas cosillas profesionales con su uniforme gris plancha, mientras yo miraba y miraba.
Había sobre el acantilado que cierra la playa grande una casa con todas las ventanas guarecidas con hierros porque oportunistas y pillastres la forzaban de vez en cuando, convencidos de que en lugar de vivienda de verano era depósito de contrabando. Un eco de los viejos tiempos.
Recorrí infinitas veces, en aquellos años de Universidad, el camino entre Águilas y Cartagena. A veces, en inviernos con sol, torcía y me desviaba hacia la playa grande para caminar en completo silencio por esas arenas rojizas, con la sensación de que no había en el mundo ningún sitio mejor. Digo más: una de las peores acuarelas que se han pintado nunca es la que intenté hacer de un viejo pescador reparando una barca cochambrosa, a unos metros de aquellas viviendas.
Pasaron los años y me fui a vivir a la Chimbamba. Volví al paraje una madrugada, más muerto que vivo, después de caminar toda la noche en el concurso de orientación que cada septiembre se celebraba en Lorca. Me metí en el saco de dormir rompiendo el día y me quedé traspuesto en plena playa, cerca del poblado pirata, luego refugio de contrabandistas.
Pasaron muchos más años y el azar me llevó a defender a los afectados por la ley de costas. Me puse a saltar de playa en playa y de isla en isla, recibí y di leña en abundancia, irrité a los ingenieros de costas, paré derribos en el último momento, me especialicé en las causas imposibles, la prensa me siguió el rollito y mi despacho se convirtió en la Meca de los desahuciados sin remedio. Organicé la defensa colectiva contra los abusos de costas creando la Plataforma Nacional y fui al Parlamento Europeo a chivarme de lo que estaba haciendo nuestro gobierno. Hay mucha gente que me quiere bien desde lugares remotos y un grupito muy activo dispuesto a no parar hasta destruirme. Todo esto me tocó hacerlo lejos, en Canarias, en Bruselas, en Asturias, Cádiz o Galicia, viviendo en aeropuertos, comiendo de pie y durmiendo lo justo.
Y entonces me pidieron que defendiera del derribo el viejo poblado.
Fue aquel Capitán de Corbeta honrado a carta cabal, mi padre, quien me enseñó la teoría y la práctica de la ley de costas. Si no fuera por él, estaría muerto de aburrimiento en una parcela del derecho sosa como la mayoría y no disfrutando de esta completa locura que es la lucha del débil contra el fuerte. Me inicié en deslindes, lineas y mojones en aquellos parajes de la que fue su jurisdicción, entre otros el viejo poblado.
Ahora me piden que lo salve. Los que me han llamado creen que esto es un trabajo, pero es como volver a casa.
Aún sigue allí, junto al poblado de Puntas de Calnegre, la gran playa de arena rojiza.
Aunque ya nada pueda devolver el tiempo del esplendor en la hierba… Etc.

Pues veréis, amigos. He estado hoy en un tribunal. No tiene nada de extraño, es lo que hacen los abogados, aunque realmente a mí no me gusta mucho el ambiente de esos sitios. Bueno, no me gusta nada.

Esto que os voy a contar es un ejemplo de lo que te puede pasar si te dedicas a esta profesión. No es nada espectacular, sólo un día a día cachondo bajo cuya superficie hostil si tienes los ojos abiertos puedes encontrar tesoros.

Tenía que hacer cuatro ratificaciones de peritos con un magistrado que estudió en la misma facultad que yo. Más vale que no diga ni su nombre mi tampoco el nombre del tribunal, por lo que pueda sucederme.

Veamos lo que ha pasado. Dos de las ratificaciones eran de peritos de la Administración. Se tenían que ratificar en un informe que hicieron para la prestigiosa empresa Tragsatec, pero resulta que el informe no estaba porque había salido zumbando junto con el resto del expediente administrativo para el Tribunal Supremo, ya que el mismo deslinde tenía algo así como doce impugnaciones y doce procedimientos y a estos magistrados no les gusta acumular esos procedimientos para que se tramiten como uno solo, como parece que debería ser. Las malas lenguas dicen que es porque… Porque los señores magistrados y las señoras magistradas cobran un un plus por sentencia puesta. Yo no sé si es verdad, sólo cuento lo que me han contado a mí esas lenguas viperinas.

¿Os podéis imaginar que en un tribunal colegiado tan digno y tan orondo como éste pueda cometerse un error así? Que lo imaginéis o no poco importa. Es la realidad. En varios de esos procedimientos se presentaron recursos casación y allá que se fue todo el expediente administrativo sin tener en cuenta que en la Sala aún quedaba mi asunto, en el que humildemente había pedido una ratificación de peritos. Así que el acto no podía celebrarse. De hecho, el magistrado me ha hecho pasar a su despacho para objetarme que esos mismos peritos de la Administración ya a habían ratificado numerosas veces.

-Sí, Señoría -le decía yo- , pero yo de esos procedimientos donde se han ratificado no sé nada.

Menos mal que no se ha empeñado en hacerme tragar la prueba practicada en otros procedimientos. Pero en todo caso me ha dicho que de celebrar nada, que no había manera y que si el informe no estaba, los peritos de la Administración ya podían irse a casa. No… No creáis que se ha lamentado o ha pedido disculpas por el error administrativo. Yo vengo de Valencia y a los clientes les cuesta dinero el viaje. Pero como si nada. Ellos están arriba y tú abajo.

Segundo acto, el informe de uno de los peritos que venían conmigo. Su voluminoso estudio tampoco estaba en la Sala porque también había sido remitido al Tribunal Supremo. Y esta vez el error era morrocotudo, porque el documento en cuestión lo había aportado con un recurso de reposición y resulta que mientras el expediente afecta a todos los recurrentes, el recurso de reposición me afecta sólo a mí y a los míos y desde luego no pinta nada en el dichoso Tribunal Supremo. Pero nada, cuando hubo que remitir los autos a tan alta instancia, la funcionaria arrambló con todo lo que pilló y secuestró mi recurso de reposición con todos sus documentos. Tampoco esta vez se ha escuchado nada parecido a una disculpa o a una simple, llana y clara petición de es que tanto dignifica y que llaman perdón.

Menos mal que el perito había tenido el mérito de venir desde Denia acarreando los cuatro o cinco kilos que pesaba una copia de su informe, y el magistrado ha aceptado que se sirva de ella para ratificarse. Y eso es lo que ha sucedido, que se ha ratificado en presencia del magistrado, de una secretaria judicial que hoy vestía unas medias de malla ancha con la que se podrían pescar boquerones, y de tres estudiantes de quinto de derecho que había traído la abogada del Estado.

¿Y qué creéis que ha pasado? Que el magistrado se estaba cansando de escucharme formular una pregunta tras otra y cuando su paciencia ha llegado al limite, me ha advertido que ya no iba a consentirme una sola pregunta más relativa al informe del perito, puesto que todo lo que le estaba preguntando eran cosas que ya constaban por escrito en dicho informe.

-Sí Señoría, precisamente la ultima pregunta que tengo no es relativa al informe del perito.

Me ha dado la venia y he preguntado:

-¿Usted considera que un estudio técnico para determinar las características geomorfológicas de una zona a efectos de saber si está formada por dunas en movimiento, como es el estudio de Tragsatec, puede prescindir de un estudio de vientos?

Lo que ha dicho entonces el magistrado es lo que menos me podía imaginar.

-Esa pregunta no se la voy a admitir porque no tiene que ver con el informe del perito.

Sí, lo que estáis leyendo. No estoy improvisando un chascarrillo, es la verdad. No me dejaba hacer preguntas sobre el informe porque eran sobre el informe y tampoco otras que no fueran sobre el informe porque no eran sobre el informe.

-Pero Señoría, lo que estamos haciendo aquí es la investigación de la verdad, y la cuestión tiene que ver con los aspectos técnicos, etc, etc,

Ni la verdad ni leches… Es la expresión que podría resumir la decisión final de Su Señoría aunque obviamente no la ha expresado así. Yo me he quedado sin poder formular la pregunta y él más ancho que largo.

Bueno venga, ahora un poco de análisis, especialmente para abogados jóvenes que puedan leer este rollo de blog.

¿Quién creéis que ha salido ganando, el magistrado o yo? Me gustaría estar frente a una clase con todos vosotros poniendo cara de despiste y dos o tres manos levantadas diciendo que yo no he ganado hoy absolutamente nada.

Pues bien, queridos, no sólo no es así, sino que lo sucedido es un regalo del cielo que agradezco infinito y que me va a ser mil o dos mil veces más útil de lo que habría sido hacer la pregunta. Veréis, desde antes de formular el recurso, yo ya sabia la sentencia que iba a recibir, y el magistrado también, lo mismo que la procuradora, los clientes y los administrativos de la sección. Por un motivo que me guardaré mucho de expresar en público, en ese tribunal el gobierno gana el 99% de los recursos y yo, a pesar de ser el abogado que más veces ha conseguido la anulación judicial de deslindes, no soy ciego y como no soy ciego no tengo ni esperanza ni confianza, aunque sí respeto, en ese tribunal. La esperanza y la confianza la tengo puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tribunal no controlado por los partidos políticos españoles.

Antes decía a mis clientes que tuvieran paciencia en la vía administrativa porque tan pronto como accediéramos a los tribunales encontraríamos al tercero imparcial, objetivo y profesional que por vez primera estudiaría el caso serenamente y daría una solución justa. Hoy les digo que tengan aún más paciencia y se dejen ultrajar, humillar e insultar en todas las instituciones de nuestro país, tanto gubernamentales como judiciales (es decir, también gubernamentales, pero con toga) porque un día, cuando nos hayan dado gorrazos en el Tribunal Constitucional, que es el último hito de la Senda de las Lágrimas, podremos llegar con gloria al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se supone (repito: se supone) que encontraremos por fin a es tan deseado tercero imparcial que imparta justicia objetivamente.

Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un instrumento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y por lo tanto no está para discutir cualquier cosa, sino precisamente la violación de los derechos fundamentales de la persona, que es lo que bajo mi punto de vista ha hecho hoy el magistrado. Por eso lo que he recibido es un regalo del cielo. Me ha proporcionado un motivo para acceder al Tribunal Europeo.

Si consigo llegar allí y obtener sentencia favorable, al Reino de España lo condenarán por violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La consecuencia no será que a mis clientes les devuelvan sus casas, sino que habrá que repetir el procedimiento judicial, pero quizá en ese momento la dignidad haya retornado a nuestra atormentada patria, si se puede decir así.

Este modo de proceder es semejante a la de los enfermos terminales que se deja congelar con la esperanza de que el el futuro la medicina haya encontrado solución para su mal. Por si alguien no se ha dado cuenta, en justicia también nosotros somos enfermos terminales.

Un último detalle. En esta clase imaginaria de abogados jóvenes ¿no hay alguien que caiga en un error de bulto que ha cometido hoy Su Señoría? ¿No…?

Pues ahí va… Tanto el informe de los peritos de la Administración como el expediente de recurso de reposición son necesarios para dictar sentencia. Pero el magistrado no los tiene ¿Y sabéis lo que va a hacer? Prescindir de esos documentos, claro está.

Pero una cosa es que desde antes de que te pongas a redactar un recurso, el magistrado ya sepa qué sentencia va a poner, y otra es que eso se haga de modo tan descarado como que le dé igual tener a la vista documentos imprescindibles para elaborar la decisión.

Y aquí se dibuja otro motivo de indefensión. Otro regalazo. Porque eso el Tribunal no puede hacerlo. No puede, bajo ningún concepto, dictar sentencia sin tener a la vista el expediente.

Y yo que pensaba que el ejercicio de la profesión era aburrido ¡Si es más excitante que una novela negra y más divertido que una comedia con Camerón Díaz!

José Ortega
Abogado
ortega_abogados@hotmail.com

El reglamento de costas fue redactado en un momento de euforia de los ingenieros. Los socialistas acababan de colar en las Cortes una ley de costas nueva y absolutamente revolucionaria y los capitanes de la casa se creyeron los dueños de España, su derecho y sus habitantes. Fueron estos capitanes, es decir, los ingenieros de caminos, los que redactaron el reglamento de costas. El hecho de que me una una saludable amistad y un probado respeto con uno de esos redactores, Paco Montoya, no impide la critica que viene ahora, que es igualmente respetuosa.

Para entender el por qué de las cosas suele ser precisa algo de historia. En este caso, conviene conocer la práctica histórica de la Administración a la hora de tramitar un deslinde. O, mejor, la profunda diferencia entre su modo de proceder antes y después del 28 de abril de 1998.

Antes de esa fecha, los ingenieros vivían felices y comían perdices. Un día subían de almorzar y decían «voy a dibujar una línea de dominio público». Y con las mismas, como dicen en Cartagena, la trazaban por donde buenamente (o malamente) les parecía. Ni se les pasaba por su recta cabeza justificar por qué iba por ahí y no por allí. Era un modo de proceder cuartelero en el que no cabía sino bajar la cabeza.

Ese mundo feliz concluyó aquel 28 de abril. A partir de entonces no tuvieron más remedio aquellos ingenieros que entender que la vida no era como creían y se vieron obligados a reparar en la existencia de ciudadanos y de derechos y por tanto a salir de su autismo. En resumen: Que se tuvieron que poner a justificar por qué hacían las cosas. Que esas justificaciones estén amañadas y no sean serias es otro tema y además tampoco es noticia. La cosa es que al partir de aquella fecha todo cambió y dejadme que reconozca mi responsabilidad, puesto que fue un servidor quien consiguió aquella sentencia histórica en la que la Audiencia Nacional le preguntaba s los ingenieros que qué se habían creído y les advertía que no podían aprobar una delimitación sin previo estudio ni justificación.

Y la que se armó. Mientras escribo este articulo estoy volviendo de Madrid, donde he tenido el gusto de examinar uno de los más farragosos e indigestos estudios geomorfológicos de los muchos que han pasado por mis manos. Lo hizo la Universidad Politécnica de Valencia en cinco bonitos tomos repletos de información que francamente no interesa a nadie y nadie lee, pero que ha debido costar un riñón.

Esto es algo que siempre me sorprende cuando leo (o más bien miro) este tipo de documentos. La cantidad de rollo autentica y reconocidamente patatero que meten para espesar el papeleo, algo parecido a lo que hacemos en casa cuando echamos la taza más y más cucharadas de chocolate en polvo. No nos dicen, por ejemplo, hasta dónde alcanza el temporal por procedimientos cómodos y entendibles, sino crípticos y soporíferos. No nos marcan la mancha de las algas o el verdín en las rocas, mi acuden a los viejos el lugar, sino que nos enchufan estudios de cota de inundación con muchas fórmulas y muchas letras griegas o nos proponen una genealogía fenomenal de las plantas halófilas.

Lo que tiene todo esto que ver con el reglamento de costas es que cuando aquellos señores que se creían dueños de España, de su derecho y de sus gentes se pusieron a redactarlo, ni se les ocurrió que antes de iniciar un deslinde había que justificarlo. Algo dice el articulo 15 del expediente de investigación, cierto, pero doy fe de que nunca he visto uno y no creo que la Administración nunca haya tramitado alguno ni para hacer un ensayo.

Y no sólo eso. Cuando los artículos 22 y 23 regulan la tramitación del deslinde, recogen el núcleo denso del asunto, que es el proyecto de deslinde. Este proyecto de deslinde estará integrado por una serie de documentos entre los que se cuenta la llamada justificación de la delimitación. Y a esto es a lo que se acogen los jefes de costas para sustentar su punto de vista de que no están obligados a justificar (es decir, a razonar con pruebas) el discurso de la línea sino hasta que llega ese mágico momento de la elaboración del tantas veces repetido proyecto de deslinde.

Recuerdo uno de los expedientes más gordos que he examinado, el de Arenales del Sol (23 carpetas de a cinco kilos). Los interesados, con buen criterio, pidieron en los primeros compases la apertura de un periodo probatorio con arreglo a la ley de procedimiento administrativo. El entonces jefe de costas (y más tarde y durante muchos años Subdirector General) Ángel Muñoz, dijo que nanai, pues la Administración no estaba obligada a justificar la delimitación hasta la redacción del proyecto de deslinde.

Esto, ustedes perdonen, es algo que no tiene pies ni cabeza. De hecho, la propia Administración se ha apercibido felizmente de ello y ha comenzado (desde la celebrada primavera del 98) a hacer el estudio geomorfológico primero y a incoar el procedimiento después. De esta manera los pobres afectados, ya que les van a pasar por encima, saben al menos la causa,

El diseño del procedimiento de deslinde el el reglamento de costas es técnicamente deficiente. Todo lo que se hace antes de la elaboración el proyecto de deslinde, que es mucho (información oficial, información publica, apeo y alegaciones posteriores al apeo) no vale de casi nada, puesto que la línea aún carece de justificación. Por tanto, ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad, ni los ciudadanos que concurren a la información pública, ni los afectados que se personan en el acto de apeo, saben de qué va la cosa. Sólo están seguros de que ahí les han puesto una línea. Si alguno pregunta por qué, la respuesta está chupada: la justificación se hará más tarde (meses después), con el proyecto de deslinde.

Pero es que además, queridos míos, el proyecto de deslinde es el último tramite del procedimiento. Después sólo se extiende el vacío, puesto que el jefe de costas envía toda la cosa al Director General y a esperar la resolución ¿Lo podéis entender? En la regulación el procedimiento, la justificación de la delimitación no sólo no es el primer trámite el expediente: es el último. Nos pasamos todo el tiempo suplicando que nos digan por qué, y cuando por fin nos lo dicen es para añadir perdone usted pero estamos a punto de firmar la resolución por la que le quitamos su casa, así que si no le importa no nos moleste. Esto es algo que le gustaría mucho saber a nuestros socios europeos. Hay que ver qué monos y qué europeístas somos y al mismo tiempo qué lastre para la civilización y la cultura ¿No os parece?

Menos mal que a algún alma caritativa se le ocurrió que así, tal cual, el reglamento de costas quedaba muy seco, y mandó que se aplicara el trámite de vista y audiencia. Gracias a esto el proyecto de deslinde, con su justificación de la delimitación, no es ya el último, sino el penúltimo trámite del procedimiento. Pero la vista y audiencia se aplica porque la ley de procedimiento administrativo, donde viene regulada, es de aplicación subsidiaria. En realidad es un parche cuya necesidad confirma que el reglamento de costas hace aguas.

Por consiguiente, se necesita una reforma que, entre otras cosas que diré, mande que la incoación del procedimiento viene acompañada del correspondiente estudio técnico para que todos puedan conocer las pruebas y razones de la delimitación.

A ver si alguna figura preclara del Partido Popular, ahora que estos señores se van a hacer cargo de nuestras vidas, lee estas letras y hace algo al respecto.

José Ortega
Abogado
ortega_abogados@hotmail.com