ANUNCIO DE ENTREVISTA DE RADIO SOBRE DESALOJOS EN BAJO LA CUESTA

octubre 28, 2016

@abogadodelmar

Próximo lunes

08.30 Canarias 

09.30 Península 

@abogadodelmar


Tú dijiste:

– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? 

– Escucha lo que te digo

y, cuando lo oigas, ¡medita!

Ésta es para ti la señal:

la de que, aunque avances,

verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR
 

radio

Buenos días a todas las buenas personas y almas limpias de nuestra amada patria y del mundo en general. Muchos sabéis de lo que la Alcaldesa se Candelaria les ha hecho a los vecinos de Bajo la Cuesta al expulsarlos de sus casas por un supuesto, teórico y no confirmado por la estadística ni la experiencia riesgo de desprendimientos del acantilado a cuyo pie se encuentran.
Ella dice que el desalojo es provisional y sólo se prolongará por el tiempo necesario para que los propietarios del acantilado procedan a su reparación, pero estimo que su verdadero plan es que el regreso se prolongue por años o incluso, según las últimas revelaciones, que los vecinos nunca vuelvan. Para eso está saboteando, bajo mi punto de vista intencionadamente, los expedientes que se tramitan con los propietarios del acantilado para esa reparación mediante maniobras como por ejemplo dejar uno de ellos caducar y así tener que abrirlo de nuevo. Pero dejando pasar siete meses de inexplicada y culpable inactividad entre una cosa y la otra. La Alcaldesa ni siquiera entiende lo que lleva entre manos porque al enterarse de que una parte del acantilado registrado a nombre de UNELCO está en el dominio público, su reacción fue decir que la empresa debía pedir autorización a Costas para su reparación. La realidad es muy distinta: Costas es otro propietario más y por lo tanto debe recibir como los otros dos su propia orden de reparación por parte del Ayuntamiento. Hemos pedido que se proceda de esa manera y ni siquiera contestan. Pero sobre todo es que esos expedientes de reparación son innecesarios porque la obligación legal del Ayuntamiento es ordenar a los propietarios que hagan las obras sin ningún procedimiento previo, y así lo confirma la jurisprudencia. La Alcaldesa, sin embargo, no lo hace a pesar de que se lo hemos pedido por escrito y de su propia insistencia en el riesgo de desprendimientos. Tampoco procede a la ejecución subsidiaria de la parte de UNELCO a pesar de que a esa empresa ya le han pasado todos los plazos para empezar y el propio Decreto de la Alcaldesa así lo establece, y así lo hemos pedido también . Su mala fe y su ánimo de causar el mayor daño posible se ve con claridad en su decisión de ignorar un informe del Secretario municipal según el cual la medida de desalojo es desproporcionada e inprocedente. Su rabia contra estas pobres familias de percibe también en su resistencia a entregarles copia de este informe.
A mi juicio todo esconde un (presunto) plan tramado (presuntamente) de acuerdo con los responsables de Costas, obsesionados desde hace años con derribar el barrio según me dijo personalmente el que fue jefe de dominio público de la jefatura de costas de Tenerife D. Manuel González Becerra. El objetivo (presunto) es conseguir una demolición limpia y sin testigos que graben a las palas en video y difundan las imágenes y evitar de esta manera un escándalo mundial como el derivado de la demolición de Chovito. Así lo denuncié en la fiscalía Anticorrupción en junio de 2015, aunque el Fiscal no ha hecho nada al respecto porque aquí la única justicia es la que se emplea como un lanzagranadas contra los vecinos con la finalidad de obtener su completa rendición. Por supuesto que Costas nunca procederá a la reparación de su parte, suponiendo que alguna vez la Alcaldesa le ordene hacerlo, porque llevan diez años empeñados en derribar todo el barrio y no van a hacer nada que favorezca el regreso de los vecinos. La estúpida irracionalidad del empeño en que las ocupaciones sin ilegales, basado en la pretensión contraria a las leyes de la física de que la marea alta puede alcanzar cotas distintas en partes distintas de la costa, unida a su delictivo empecinamiento en ocultar el estudio geomorfologíco encargado por el director general de costas Pedro Antonio Ríos para desafectar el barrio (se niegan a entregar copia incluso haciéndolo pedido el Defensor del Pueblo), son tan chillones y contrarios a la buena fe y a la razón que sólo pueden explicarse bajo la óptica de un plan conjunto, y desde luego secreto (por supuesto presunto, faltaría más ), de Costas, el Ayuntamiento y poderosos empresarios, para construir en la zona una urbanización parecida a Radazul con el puerto deportivo que recoge el PIOT. De momento el planeamiento municipal ya prevé un parque marítimo en la explanada donde ahora está la central térmica, y una vez que esa zona se haya urbanizado, la recalificación del espacio vecino de Bajo la Cuesta es cuestión de tiempo. El hecho de que una parte del acantilado fuera comprada por la constructora DANI RAN SL (al parecer con ramificaciones a través de accionariado que llegan a Panamá e incluyen a la experta en construcción de puertos SACYR), contribuye extraordinariamente a esta sospecha. DANI RAN es una empresa de construcción que de forma aparentemente inexplicable compra una pared vertical en la que no se puede construir por razones materiales (su verticalidad) y legales (está en servidumbre de protección, donde la edificación está prohibida). La única forma de rentabilizar su inversión es aserrar el acantilado como ya se hizo en Radazul. Claro está que esta obra comprendería su total y definitivo saneamiento. Compra en documento privado que curiosamente no eleva a público ni inscribe hasta que el anterior Alcalde dicta orden de desalojo. Es blanco y se distribuye en botella, aunque el otro día la Alcaldesa me acusaba, en un salón de plenos a rebosar, de tener mucha imaginación.
Hemos puesto seis o siete denuncias contra ella por la presunta comisión de diversos delitos en este proceso, y desde agosto de 2015está todo parado en el juzgado de instrucción 3 de Guimar, en parte porque el Fiscal ha estado reteniendo las diligencias previas para su estudio, pero no a fin de valorar la responsabilidad de la Alcaldesa sino porque la primera denuncia se presentó contra el anterior Alcalde, a quien el Fiscal investiga con especial celo aunque esto implique bloquear a la jueza para que estudie lo que sí importa porque se trata de presuntos delitos cuyas consecuencias dañosas se están produciendo ahora. Posiblemente sí el Fiscal no hubiera bloqueado la instrucción, esto no habría sucedido . A esta misma jueza le pedí la suspensión del desalojo porque la autorización judicial de entrada en domicilio había sido obtenida a mi juicio mediante los delitos de prevaricación administrativa (por no hacerse solicitado el previo y obligado consentimiento voluntario) y fraude procesal (porque la Alcaldesa no remitió al juez todos los antecedentes administrativos precisos para resolver, sólo los que le interesaban). Le dije que si no ponía una medida cautelar suspendiendo el desalojo, estaría permitiendo la efectiva consumación de estos delitos. Después de mucho tiempo, el mismo día 27 me lo denegó en base a un informe del mismo Fiscal que le ha estado impidiendo instruir ja causa.
Yo estaba preparado para hacer frente a los procedimientos judiciales de entrada en domicilio. He conseguido crear una doctrina nueva en el ámbito de Canarias en base a la cual bajo ciertas circunstancias no se puede autorizar la entrada. He conseguido siete autos judiciales denegando la autorización y así es como el Puertito de los Molinos, en Fuerteventura, sigue y seguirá por siempre en pie aunque los planes de Costas consistían en borrarlo del mapa. Pero el juez NO ( repito: NO) tramitó procedimiento alguno y por esta razón fue imposible formular defensa. Se limitó a dictar el auto dándole a la Alcaldesa lo que quería y sin darse siquiera cuenta de que le faltaba el requisito esencial de la previa solicitud de consentimiento voluntario. En mi larga trayectoria profesional nunca había visto una cosa así. Todos y cada uno de los muchos procedimientos de este tipo que he conocido se han tramitado con audiencia de los afectados.
Los pleitos con Costas también pierden aceite por el mismo agujero. En acción civil alegué el argumento de la marea y la jueza no lo resolvió en sentencia. En apelación me quejé de esta omisión (el razonamiento es total y absolutamente indiscutible y demuestra que la pretensión de Costas no sólo es errónea sino también ridícula) y la respuesta que obtuve fue una nueva omisión. La conclusión es que Costas se va a salir con la suya con el visto bueno de los jueces incluso cuando su punto de vista sea surrealista. Este mismo argumento lo presenté en la Dirección General de Costas para solicitar replanteo del deslinde de 1969 y revisión de oficio del deslinde de 2006 instados en octubre de 3013, no han movido ni una coma. Están callados e inmóviles como loros de escayola, lo que es el equivalente de no resolver la cuestión en sentencia. Puesto que la obligación de la administración es dar respuesta a todas las solicitudes, formulé ante la Fiscalía denuncia por prevaricación a cuenta de esta inactividad intencionada, cuya razón es que no se puede abrir una discusión para perderla. La Fiscalía no hizo nada. El otro día se lo comenté al responsable de cuerpo presente y me contestó en mi cara que yo estaba pretendiendo discutir actos administrativos firmes y confirmados por los tribunales, lo que evidenciaba que no había entendido nada o quizá que no había querido entender.
Como podéis ver, la Administración de justicia no está siendo precisamente simétrica: Cuando se trata de machacar a los vecinos, ni siquiera proporciona a éstos la posibilidad de defenderse. Pero cuando son éstos quienes piden, los procedimientos se quedaban parados o algo peor.
Cuando se ha planteado políticamente la posibilidad de suspender y aplazar el desalojo, se ha denegado y parece ser que desde el Ayuntamiento alguien ha atribuido al Secretario el criterio de que la suspensión constituiría un desacato al juez. Imposible creer que un jurista experimentado como él pueda haber dicho una cosa así, porque la autorización es lo que su nombre indica: Una autorización para que el Ayuntamiento haga lo que quiere hacer. El juez no ordena, sólo autoriza.
He formulado en estos días tres recursos contencioso administrativos contra tres correspondientes actos y vías de hecho del Ayuntamiento. Con los tres he pedido como medida cautelarisima, con una fundamentación extensa y razonada, medida cautelar de suspensión del desalojo. Tres veces denegada. Hablé con el Fiscal que lleva los temas administrativos para pedirle que se personara en todos estos procedimientos puesto que en ellos de e sustancian derechos fundamentales de la persona. Me dijo que no.
No hay equilibrio. Ellos están arriba y pueden hacer lo que quieran. Nosotros abajo y sólo tenemos derecho a recibir palos y ser tratados como perros.

COMO ESCUCHAR:

98.8 Santa Cruz
94.0 adeje
94.8 Tenerife sur Granadilla
100.3 arico
96.8 Guimar
95.8 orotava
98.8 sc
94.8 Santiago del Teide
105.1 los silos

Por internet en directo

http://www.canal4tenerife.tv/

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