YA ESTÁ AQUÍ LA PRIVATIZACIÓN DEL MAR

septiembre 14, 2016

@abogadodelmar

 

PULSA SOBRE EL TEXTO PARA DESCARGA DEL BORRADOR, PERO DEJA A MANO UNA BOLSA DEL MATERIAL QUE PREFIERAS PARA LOS VÓMITOS

 

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@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche?
– Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

Examinado el borrador de Real Decreto por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo emito informe en los términos que a continuación se expresan:

Bajo mi punto de vista profesional el conjunto del borrador constituye una aberración cuya publicación habría que intentar impedir por todos los medios no solamente por constituir una amenaza latente para el sector pesquero sino también para el medio ambiente en general.

A mi juicio el texto constituye un siniestro paso de gigante en el proceso que ya fue denunciado durante el seminario internacional sobre pesca artesanal en el Mediterráneo organizado por la Cátedra Terra Ciudadana y que se desarrolló en la Universidad Politécnica de Valencia el día 15 de septiembre de 2014. La denuncia consistía en el proceso que se había abierto y que poco a poco se iba abriendo paso para la privatización del mar mediante ciertos hitos, muchos de ellos camuflados bajo la apariencia de inquietud ecologista, especialmente de grupos como Greenpeace o PEW, vinculados aparentemente al conglomerado económico dependiente de la familia Rockefeller. Parte de esos hitos que se esconden bajo la apariencia de protección ecologista fueron definidos como el cierre a la pesca y otras actividades de determinadas áreas a cuenta de su interés medioambiental. Al margen de esto, se señalaba el fuerte impulso de la industria interesada en privatizar el mar para instalar en él  cosas como molinos de viento industriales, plataformas de explotación de petróleo e incluso islas artificiales con fines turísticos y por supuesto de especulación inmobiliaria.

Pues bien, si hemos de unir nuestras fuerzas para impedir que salga adelante este texto es porque el mismo regula algo tan peculiar como los planes de ordenación del espacio marítimo, que vienen a ser un equivalente en el mar de  los planes de ordenación urbana. Cualquier profesional que haya tenido que discutir un  instrumento de planificación del territorio se habrá encontrado con la dificultad de que esas disposiciones generales de la Administración responden a criterios de pura oportunidad y no de legalidad, y por ello oponerse a las mismas resulta prácticamente ilusorio. La cuestión de fondo se puede expresar con sencillez: En la ordenación del territorio terrestre prácticamente todo se fia al criterio del planificador, lo que en muchísimos casos quiere decir a su capricho o arbitrariedad. Por lo tanto el ciudadano está generalmente indefenso ante las determinaciones de uno de estos instrumentos de planeamiento. Pues bien, este mismo sistema de criterios de mera oportunidad (que es lo mismo que decir estos criterios de puro capricho o arbitrariedad) el Gobierno en funciones quiere ahora aplicarlos al mar, dando lugar a su división en sectores con la correspondiente asignación de usos.

Ya hace tiempo que en mis intervenciones públicas vengo denunciando la tendencia que aprecio en los poderes públicos y sus equivalentes económicos a transformar el mar en un inmenso polígono industrial utilizable para cosas como tender gasoeductos y cables de alta tensión y/o para destruir un caladero y al mismo tiempo un ecosistema con la finalidad de realimentar playas con al arena dragada o bien instalar por supuesto plataformas de extracción de petróleo.

Lo que convierte el texto en algo realmente preocupante  es que incluso antes de que se haya redactado un sólo Plan de Ordenación del espacio marítimo,  ya está abriendo paso a la posibilidad de que en ese futuro e inmenso polígono industrial tengan lugar actividades tan nocivas como por ejemplo la instalación de plataformas de extracción de hidrocarburos. El artículo 5.c) alude a espacios destinados a aprovechamientos energéticos y el 10.2) alude directamente a “prospección, explotación y extracción de petróleo, gas y otros recursos energéticos, minerales y áridos minerales y la producción de energía procedente de fuentes renovables”. También se refiere e al “tendido de cables y tuberias submarinos”.

Es cierto que el texto garantiza la teórica participación de los ciudadanos en la elaboración de estos planes, si bien mi experiencia profesional me impulsa a dudar seriamente de que un planificador dotado del inmenso poder de ordenar el mar según su propio criterio, vaya a dejarse influir por el resultado de una información pública. A este respecto, el artículo sexto establece que los planes tendrán en cuenta los aspectos medioambientales económicos y sociales. Esto, que a primera vista pudiera parecer una garantía, no lo es por situar en el mismo rango los intereses medioambientales con los económicos y sus primos los sociales. La conclusión práctica es que podrán establecerse áreas específicamente destinadas a las explotaciones petrolíferas sin que la oposición ciudadana pueda conseguir gran cosa si tenemos en cuenta que frente a los aspectos medioambientales, que serían perjudicados, se alzan los económicos y sociales (entendidos éstos últimos supuestamente como contratación de mano de obra). Y como unos y otros han sido recogidos en el texto  en pie de perfecta e insidiosa igualdad, la consecuencia es que el planificador tendrá licencia (o más bien vendrá obligado) para habilitar espacio a  plataformas de extracción de petróleo por más daño que éstas causen al medio ambiente. Esto puede llegar a ser así incluso en el caso de la propia actividad de prospección. Se sabe ya que la prospección en 3D para búsqueda de hidrocarburos implica la inmisión en el mar de un sonido brutal de 249 decibelios, lo que en sí mismo constituye un delito contra el medio ambiente tipificación en el artícúlo 325 del Código Penal. Resulta a mi juicio perfectamente indecente que el texto siente las bases de una conducta de ese tipo reservando espacios para la prospección.

Será necesaria un reflexión adicional sobre el fondo del asunto. Personalmente, como ciudadano y como profesional del Derecho ya con bastante desarrollo y con muchos conflictos en las espaldas ,he llegado a la conclusión de que la función que cumplen los poderes públicos no es la de proteger al ciudadano sino la de favorecer a los inmensos poderes económicos que son los que en realidad dictan la política y concretan las decisiones que nos afectan a todos. Como dije en una conferencia en Heidelberg, existe un engranaje entre los grandes poderes económicos y los gobiernos y un segundo entre éstos últimos y los ciudadanos. Este mecanismo conduce a que los parlamentos legislen contra los ciudadanos y los gobiernos ejerzan su acción contra ellos.

Bajo mi punta de vista, el sector pesquero no puede permitirse el lujo de tolerar esta iniciativa y debería no ya expresar un rechazo enérgico al texto sino movilizarse y organizar campañas de visibilidad y manifiestaciones contra él. Si permitimos que se publique en el BOE,  los poderes públicos no tardarán mucho en parcelar el mar dejando buenos espacios para actividades como la extracción de hidrocarburos, sin que ya ningún tipo de oposición que podamos hacer en el futuro tenga esperanzas de salir adelante.

 

José Ortega

Abogado

http://www.costasmaritimas.es

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