Advierten al gobierno local sobre su responsabilidad patrimonial

junio 7, 2016

 

@abogadodelmar

FUENTE

http://eldia.es/sur/2016-06-07/0-Advierten-gobierno-local-responsabilidad-patrimonial.htm

Ante el anuncio de que la empresa propietaria de una parte del talud de Bajo la Cuesta en el que se exime de cualquier responsabilidad sobre la posible afección de las viviendas del lugar, como consecuencia de las obras de reparación del acantilado que autoriza el consistorio de Candelaria, la asociación de vecinos de Bajo la Cuesta-Risco las Tablas advierte al consistorio de que “sería el ayuntamiento el que tendría que responder ante los vecinos de una indemnización muy cuantiosa en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración”.

El colectivo le apunta al grupo gobernante una solución: “La única forma de escapar a la misma es que con la resolución del recurso se declare la nulidad de la parte del Decreto en la que se informa favorablemente la exención unilateral de responsabilidad”.

Se trata de que la Alcaldía atienda la petición que formularon en el recurso de reposición del decreto por el que se acepta, con condiciones, el proyecto de ejecución de obras en el acantilado que presentó la compañía Unelco (Endesa), como titular parcial del talud en el que se registra el peligro de desprendimiento que causa la orden de desalojo del lugar.

En dicho decreto se establece un plazo de tres meses, “pero no se deja claro si es el periodo de duración de los trabajos o de conclusión de los mismos”. El abogado de los vecinos de Bajo la Cuesta, José Ortega, señala en el recurso de reposición que “esto transforma la cláusula en inútil”.

La Asociación de Vecinos de Bajo la Cuesta-Risco las Tablas trasladan a la corporación su percepción de que “esto desprende un fuerte aroma a sabotaje pensado y programado, puesto que tal parece que la mejor manera de someter definitivamente a los vecinos se haya buscado en un ámbito no legal, donde éstos tienen los pies fuertemente asentados sobre el terreno, sino material”.

El gobierno municipal ha explicado en varias ocasiones que se limita a realizar los trámites reglados al objeto de solucionar este problema en base al peligro de desprendimiento que los informes técnicos indican que existe.

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