@abogadodelmar

El Defensor del Pueblo desmonta los patéticos pseudoargumentos de la Jefa de Costas de Tenerife, un personaje que creo que está destinado a no ganar nunca el primer premio en un torneo de moralidad.

Captura de pantalla 2016-04-20 a las 23.07.28

Captura de pantalla 2016-04-20 a las 23.09.05

Captura de pantalla 2016-04-20 a las 23.09.23

José Ortega

http://www.costasmaritimsas.es

Anuncios

@abogadodelmar

Buenas noticias para la buena gente de Bajo la Cuesta, cuyo único pecado fue desde el principio aspirar a ser feliz de forma sencilla, y malas para la manada de chacales que conspiran (presuntamente)  para echar a los vecinos y luego construir una (presunta) urbanización con (presunto) puerto deportivo.

La antigua Directora General Alicia Paz fue públicamente humillada en el Parlamento Europeo en 2010 mientras el PP fingía llorar por las esquinas lamentándose de los abusos de la ley de costas.

Espero que Doña Raquel Orts Nebot, a quien repetidamente y sin resultado pedí copia del famoso estudio geomorfológico para la desafección del barrio, se vea en situación de experimentar la misma vergüenza, porque os aseguro que se lo merece.

En esta lucha hay que tener paciencia. Presenté esta petición el 10 de julio de 2015 y acaba de ser emitida a trámite. A partir de este momento cualquiera puede adherirse a y por supuesto que ingresa que haya cientos de peticiones.  Abajo pongo las instrucciones.

 

TEXTO DE LA QUEJA: 

 

A LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO

JOSÉ ORTEGA ORTEGA, abogado en ejercicio, con despacho abierto en Plaza

Mariano Benlliure 21, 1o, 1 de El Puig (46.540 Valencia), en nombre y representación de… comparezco y DIGO:

PRIMERO.- Mis representados son todos ellos propietarios y ocupantes de unconjunto de casas-cueva excavadas al pie de un acantilado en el términomunicipal de Candelaria (isla de Tenerife, España).
Desde que se aprobó el deslinde de dominio público marítimo terrestre  mediante orden ministerial de 22 de mayo de 2006 los vecinos tienen un agudo  problema relativo a la aplicación de la ley de costas porque el gobierno cree que  las viviendas cueva fueron excavadas y habitadas cuando los terrenos ya habían sido declarados de dominio público mediante anterior deslinde  aprobado en fecha 24 de enero de 1969. Las viviendas tienen orden de derribo  firme desde hace años.
SEGUNDO.- En junio de 2012, el Director General de Sostenibilidad de la Costa  y del Mar encargó a empresa externa, cuya identidad el compareciente  desconoce, la elaboración de estudio geomorfológico sobre la zona a efectos de  que el mismo se utilizase como base técnica y encabezamiento burocrático de  expediente de deslinde de dominio público marítimo terrestre ordenado a mover hacia el mar la ribera del mar y posteriormente declarar la innecesariedad de los terrenos sobrantes y su desafectación, es decir retirar a los terrenos su carácter de dominio público.

TERCERO.- Después de un tiempo más que prolongado en que permaneció en paradero desconocido, el estudio fue remitido a la Jefatura de Costas de Santa Cruz de Tenerife.

CUARTO.- Con fecha 16 de febrero de 2015, Don Antonio Oliva Martin, en su calidad de presidente de la asociación de vecinos, solicitó por escrito y registro de entrada copia del informe en cuestión.
QUINTO.- Con fecha 1 de julio de 2015 Don Ramón Loureiro se personó  nuevamente en la Jefatura de Costas, acompañado de notario a quien  previamente había encargado acta de presencia. Don Ramón solicitó  nuevamente copia del informe, a lo que se le dijo que debía hacerlo por escrito.  Cuando alegó que tal cosa ya se había hecho con fecha 16 de febrero, la
funcionaria respondió que eso era imposible porque el día 16 de febrero día las oficinas estaban desiertas debido a los carnavales.

QUINTO.- Con fecha 7 de julio de 2015, la Jefatura de costas remite oficio  dando cuenta de que el estudio se ha remitido a la Dirección General “en cumplimiento de lo establecido en el reglamento de costas” sin citar artículo  alguno que pueda servir de orientación, e informando que cuando llegue a
incoarse expediente de deslinde, se dará traslado “como parte interesada”.
Resulta extraordinariamente revelador que, según este oficio, el documento fue
remitido en fecha 2 de julio, es decir al día siguiente de la personación de Don
Ramón acompañado de notario. Esto implica que en el momento en el que Don
Ramón solicitó copia del documento, éste se encontraba efectivamente en la
Jefatura de Costas, y sugiere que la exigencia de que presentara solicitud escrita
junto a la posterior e inmediata remisión del documento a Madrid, no tenían
otro objeto más que poner trabas ilegítimas al acceso al documento en cuestión.
Se señala que la pretensión de la funcionaria de que la anterior solicitud escrita nunca existió se considera herramienta imprescindible en esta auténtica
maquinación fraudulenta, ya que si se hubiera admitido como cierto que la
petición ya constaba por escrito, la artificiosa dilación de exigir que se
presentara de nuevo habría carecido de objeto y no habría podido cumplir su
función.

A reseñar aquí la flagrante y comprobada falsedad en la declaración de la funcionaria.
SÉPTIMO .- El derecho de los vecinos a obtener copia del estudio deriva, por lo
que se refiere al derecho de la UE, del el artículo 4 del Instrumento de  Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del  público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio  ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 y el artículo 3 de  la DIRECTIVA 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de  enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y  por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.
OCTAVO.- De lo anterior se desprende una actitud tan consciente como  claramente ilegal de obstruccionismo, sin que a los responsables parezca importarles lo más mínimo que su reiterada negativa a entregar copia del  documento, incluso negando la existencia de la primera solicitud o trasladando  de sitio el documento como estrategia para no entregar copia, sea claramente  contraria a las normas que se han citado. Es evidente que la información  contenida en el estudio geomorfológico que se reclama tiene carácter
medioambiental y por lo tanto las normas invocadas obligan a los responsables
a la entrega de copia del mismo.

PETICIÓN: Que se declare que el Gobierno de España está violando las normasde la UE que han sido indicadas

RECIBO TELEMÁTICO:

Captura de pantalla 2016-04-20 a las 21.49.21RECIBO POSTAL:

Captura de pantalla 2016-04-20 a las 21.59.21

ADMISIÓN A TRÁMITE:

PETI

INSTRUCCIONES PARA ADHESIÓN TELEMÁTICA:

Visitar https://petiport.secure.europarl.europa.eu//petitions/es/main y pulsar abajo a la derecha (ADHERIRSE A UNA PETICIÓN)

Captura de pantalla 2016-04-20 a las 21.47.02Quiero muuuuuuuuchas adhesiones de vecinos, fmilires, amantes y simpatizantes. Suerte y vamos a intentar entre todos que estos completos mierdas muerdan el poplvo.

José Ortega

http://www.costasaritimas.es

 

 

@abogadodelmar

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE GÜIMAR

IRMA AMAYA CORREA, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la asociación de vecinos Bajo la Cuesta – Risco las Tablas, como ya consta en las diligencias previas núm. 867/15, comparezco y DIGO:

Que, mediante el presente escrito, realizo las siguientes

ALEGACIONES

Esta parte tiene presentado escrito para informar al Juzgado de la extraña circunstancia de que una parte del acantilado había sido comprada en documento privado por la mercantil DANI RAN SL. Sin que la operación hubiera sido elevada a pública ni mucho menos inscrita. Pues bien, una vez esta parte ha podído acceder al expediente administrativo se encuentra con la significativa sorpresa (o más bien deberíamos llamar sincronía) de que después de unos once años de la compraventa se elevó finalmente a pública con fecha 14 de octubre de 2015 inscrita el día 15. La sincronía, extraordinariamente sospechosa procede de la circunstancia de que la orden de desalojo fue adoptada mediante Decreto 3758/15, de 16 de octubre tiene fecha de 16 de octubre. Esto permite que nos preguntemos si los administradores de DANI RAN SL no estaban recibiendo información oficiosa sobre la tramitación del expediente y la conclusión que provisionalmente extrae esta parte es la siguiente:

Presuntamente la intención oculta de las sucesivas órdenes de desalojo no es la de garantizar la seguridad de los vecinos sino la de expulsarlos de sus viviendas para facilitar un posterior derribo sin testigos.
Presuntamente la intención de la doble operación de desalojo y derribo es la de despejar la zona con la finalidad de construir en la misma una urbanización con puerto deportivo.
Presuntamente, la intención de DANI RAN SL fue desde el principio asegurarse la propiedad de una parte del acantilado para posteriormente darle una solución semejante a la de la organización RADAZUL.
Presuntamente la elevación a pública de la compraventa y su inscripción se hicieron coincidir con la Orden de desalojo porque el Ayuntamiento, en la persecución de sus bajos y zafios fines está en estrecha y secreta comunicación con quienes pueden promover la urbanización y se supone que DANI RAN SL se encuentra a la cabeza de los elegidos.

Tal y como se ha expuesto en un recientísimo escrito de alegaciones, existe una cantidad abrumadora de indicios de que en el caso que nos ocupa el Ayuntamiento de Candelaria está funcionando a la manera de una banda de delincuencia organizada. Así se desprende del contenido de las sucesivas denuncias y ampliaciones presentadas como a que suman cuatro contra la alcaldesa más otras tres llegadas de la Fiscalía.

En su virtud,
SOLICITO: Que tenga por formuladas las presentes alegaciones con unión al expediente de su razón.

 

@abogadodelmar

CUARTA DENUNCIA PENAL CONTRA LA ALCALDESA

Mediante Decreto Decreto 630/2016, la Alcaldesa desestima recurso de reposición formulado contra orden de desalojo adoptada mediante Decreto 3758/15, de 16 de octubre.

El cuerpo del Decreto, que se acompaña como documento probatorio núm. 1, está formado casi en su totalidad por la propuesta de resolución, que resulta contener la constatación de que el Secretario de la Corporación, en el marco de sus altas y preceptivas funciones de asesoramiento legal, había emitido dictamen favorable a la estimación parcial del recurso, lo que es objeto de una agria critica de la instructora tanto por la forma (es decir, porque el Secretario del Ayuntamiento haya incurrido en el atrevimiento de cumplir con sus competencias legales) como en cuanto al fondo (puesto que la instructora desmonta, o pretende desmontar, punto por punto el dictamen).

La apariencia de paradoja esconde en realidad una maquinación fraudulenta y considera esta parte que también delictiva, que sugiere que la variedad de delitos aquí denunciados no es ni espontánea, ni casual ni mucho menos desorganizada, sino que obedece a un plan propio de una asociación de delincuentes perfectamente estructurados.

En concreto, resulta que la denunciada, es decir la Alcaldesa, había nombrado secretario del expediente al que lo era y sigue siendo de la Corporación, y con esto incurrió en lo que puede semejar el error de confundir al Secretario del Ayuntamiento con el secretario doméstico que se limita a recoger llamadas y poco más.

El nombramiento tuvo lugar mediante Decreto 2755, de 17 de julio de 2015, cuya copia se acompaña como documento probatorio núm. 2.

Las siguientes circunstancias confirman que podemos encontrarnos ante una trama de delincuencia organizada y sobre todo que el mencionado Decreto (a vista de sus resultados), constituye delito de prevaricacion:

-Que el anterior Alcalde ya había dictado Decreto de desalojo sin previa tramitación de expediente, ocultando al Secretario todos los tramites previos con la aparente intención de que éste no pudiera exigir el cumplimiento de la ley mediante la incoación de procedimiento contradictorio.

-Que mienras que el Secretario municipal es funcionario de carrera con habilitación nacional y por tanto inamovible, la instructora, doña María Pilar Chico Delgado, es una simple interina. De aquí que resulte grotesca la diatriba que ésta última lanza contra el dictamen del primero, lo que es lo mismo que el alumno pretenda corregir al maestro. No menos grotescas resultan las razones de la instructora para oponerse a la iniciativa del Secretario y recordarle que debe limitarse a seguir sus indicaciones: Lejos de fundarlo en Derecho, se limita a decir que “siempre se ha hecho así”.

De aquí concluimos que el nombramiento del Secretario Municipal como secretario del expediente es un maniobra que persigue el mismo fin que ya buscó el interior Alcalde de impedir que este funcionario cumpliese con su función legal, pero como esta parte ya había  denunciado la desfachatez que suponía mantenerlo en la ignorancia, la denunciada lo nombró de forma extraordinariamente inapropiada secretario del expediente para conseguir el mismo fin, pero esta vez por otros medios: Someterlo a una dama que no solamente es probable que sepa menos Derecho que él, sino que al ser interina carece de independencia.

Estos hechos permiten a nuestro juicio confirmar que el Ayuntamiento está gobernado por una estructura mafiosa que posiblemente se sustenta sobre el terror psicológico de los contratados e interinos a perder su puesto de trabajo y donde se aparta con inexorable descaro al único funcionario público decente, conocedor del Derecho y calificado para informar sobre la legalidad de las decisiones de la Corporacion.

El posible popóito de esa presunta trama mafiosa es conseguir, en alianza con más bien pútridos intereses económicos e inmobiliarios, el desalojo y derribo del barrio para construir posteriormente en la zona una urbanización de lujo con puerto deportivo, según ya ha sido expuesto.

En su virtud,

SOLICITO: Que tenga por ampliada la denuncia a los hechos que anteceden.

@abogadodelmar
La sociedad DANI RAN SL compró una parte del acantilado en 1994 por el fastuoso precio de 500.000 ptas.

¿Con qué propósito? ¿Para qué quiere alguien una pared vertical, excepto que tenga la intención de aserrarla y construir una bonita urbanización, como en Radazul?  Pero lo más interesante es que, en contra de la costumbre y de toda norma de prudencia, el comprador no escrituró hasta octubre de 2015, muy poco después de que Sindo ordenase el desalojo de Bajo la Cuesta.

¿Mas? La sociedad fue fundada en La Palma. Carlos González, jefe de costas de Tenerife y la persona que más se ha esforzado en tirar el barrio, es natural de La Palma. El administrador legal de la sociedad es Don Daniel González González, que obviamente comparte apellido, y no sé si también parentesco e intereses, con el primero.
A LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

IRMA AMAYA CORREA, Procurador de los tribunales, en nombre y representación de asociación de vecinos Bajo la Cuesta – Risco ls Tablas, comparezco y DIGO:

 Que, teniendo presentada denuncia a consecuencia de diversas actuaciones administrativas relativas al barrio de Bajo la Cuesta (Candelaria) , así como varias ampliaciones de dicha denuncia, mediante el presente escrito formulo nueva ampliación en los términos que a continuación se exponen: 

PRIMERO. Con fecha 24 de noviembre de 2015 la alcaldesa de Candelaria dictó decreto número 4275/¨2015 en expediente número 55 48/ 2015, que se tramita al objeto de requerir a los propietarios de una parte el acantilado existente el bajo la cuesta, don Juan García Coello y Doña María Miranda Pérez a fin de que procedan a su reparación y aseguramiento. Acompaño copia como documento probatorio núm. 1. 

SEGUNDO. Según consta textualmente el Decreto, los interesados presentan alegaciones de defensa manifestando que el terreno había sido vendido en 1994 y en documento privado a una sociedad mercantil llamada DANI RAN SL. El ulterior intento de notificación del requerimiento a la sociedad la cuestión resultó frustrado.

Sin perjuicio de que con arreglo al derecho la tramitación debe continuar con los arriba mencionados, ya que el artículo 32 de la ley hipotecaria establece que lo no inscrito en el Registro de la Propiedad no afecta a tercero (y así lo manifiesta, con buen criterio, el Decreto de Alcaldía), resulta notable y llama la atención que una compañía inmobiliaria pueda tener interés en un terreno que constituye una superficie prácticamente vertical, no siento por lo tanto hábil para construir sobre la misma.

La mercantil en cuestión fue fundada en Los Llanos de Aridane, aunque posteriormente establecido su domicilio social en la laguna. Los platos que hemos podido obtener son los siguientes:

Dani Ran sl es una empresa constituida el 25/10/1993 en Llanos de Aridane (los), Santa Cruz de Tenerife. Su CNAE es Agentes de la propiedad inmobiliaria. La actividad principal de Dani Ran sl es Agencias inmobiliarias, administradores de fincas.

Dani Ran sl está inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. El capital social de esta empresa está en el tramo de 3.501 – 10.000€, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y una facturación de entre 1 y 250.000€.

Dani Ran sl es una empresa dedicada a La Compraventa de Bienes Inmuebles e Inmuebles, Asi Como la Promocion y Explotacion de Los Mismos; la Promocion y Explotacion de Establecimientos de Hosteleria, Tales Como Bares, Cafeterias, Restaurantes y Similares.-. Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 14/10/2013, en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Boletín 196, Referencia 439326. Este cambio ha sido Cierre Provisional de Hoja Registral, inscrito el 26/09/2013, Tomo 1002, Folio 89, Sección 8, Hoja 7090, Inscripción B.

Por otro lado, la última modificación no mercantil de Dani Ran sl ha sido Nueva información de crédito, el 15/10/2015.

Dirección del domicilio social de Dani Ran sl: SAN CRISTOBAL, 28.- LLANOS DE ARIDANE (LOS), SANTA CRUZ DE TENERIFE

La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Santa Cruz de Tenerife Dani Ran sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, …), mercantil, financiera y de riesgo sobre Dani Ran sl , ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Dani Ran sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.

TERCERO. No teniendo sentido alguno tiene una compañía inmobiliaria muestre interés en invertir dinero en un suelo sobre el cual nunca se podrá construir, nos encontramos con que la única manera de devolver la operación a los términos de la racionalidad es la turbia operación urbanística para que se refiere la presente denuncia. Recuerdo que la misma alude la posible intención secreta de construir una gran urbanización con un puerto deportivo en la zona de Bajo la Cuesta. Esta obra podría haberse concebido a imagen y semejanza de la cercana Radazul, donde como es sabido los promotores hicieron importante desmontes a fin de que los acantilados dejasen sitio a los edificios. Ya se dijo con la denuncia que esa posible futura urbanización de Bajo la Cuesta debería incluir el desmonte y aseguramiento definitivo del acantilado.Si esto es así nos encontraríamos ante un testimonio más de la conspiración denunciada, ya que desde 1994 al menos existiría un plan para llevar a buen fin la urbanización.

Contribuye al convencimiento de pudiera existir irregularidades la circunstancia anormal de que desde 1994 la transmisión no haya sido elevada escritura pública. Este extraño modo de proceder sugiere que el comprador desea mantener su identidad oculta. Por lo tanto nos encontramos ante una operación doblemente anormal, a saber: 

-De un lado, una sociedad dedicada a la compraventa de inmuebles y se supone que a la construcción, invierte dinero en un terreno vertical sobre el cual nunca se podrá construir.

-de otro lado, Y en contra de toda norma de prudencia, la sociedad en cuestión no eleva a escritura pública el documento privado de adquisición.

Esto, que de ordinario no dejaría de ser una actuación simplemente rara, adquiere gran significación en el contexto en el que nos encontramos, por lo cual considera esta parte que debería la Fiscalía investigar la operación, recabando información sobre la sociedad a la que acabo de referirme y sobre la identidad y trayectoria de su administrador legal. La investigación debería ampliarse para terminar, en su caso, los posibles vínculos familiares que pudieran existir entre el administrador legal y alguno o algunos de los funcionarios públicos que tienen o ha tenido poder de decisión sobre el futuro el barrio Bajo la Cuesta. Siempre bajo el superior criterio de la propia Fiscalía, se sugiere la posibilidad de utilizar como base esa investigación el primer apellido del administrador legal y el lugar de fundación de la sociedad, discriminando si alguno o algunos de los funcionarios pudiera tener vinculación con la sociedad por ejemplo por razón de ser natural de la isla de La Palma.

En su virtud, 

SOLICITO A LA FISCALÍA: que tenga por ampliada la denuncia en los términos que anteceden y se sirva hacer extensiva de Investigación a la operación de compraventa para que se refiere el cuerpo este escrito.

@abogadodelmar

El Ayuntamiento de Candelaria, que tanta prisa y tanta emergencia dice tener, acaba de resolver el recurso de reposición que presenté contra el desalojo el ya lejano, lejanisimo, día 4 de noviembre de 2015 (para quienes no lo sepan, la ley manda que el recurso de reposición se resuelva en el plazo de un mes. Supongo que excepto caso de grave emergencia como aquí sucede, en cuyo caso la Administración podrá rascarse la barriga entre bostezos durante más de seis).

La resolución solo puedo calificarla de pintoresca, añadiendo que nunca en mi vida profesional había visto una cosa igual, porque resulta que el Secretario Municipal había redactado un dictamen favorable al recurso y la instructora carga contra él para proponer la desestimación y el desalojo efectivo, que es aceptado por esa delicada criatura que es la Ilustrísima Señora Alcaldesa, CON ORDEN DE SOLICITAR DEL JUZGADO AUTORIZACIÓN PARA DESALOJAR A LOS VECINOS.

Esto es peor que la sombra de Mordor, pero vamos a luchar contra ellos con todas las armas legales y morales que proporcionan la dignidad, la decencia y el simple hecho de tene r razón y de que ellos sean unos completos mierdas. 
AL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE CANDELARIA

JOSÉ ORTEGA ORTEGA, Abogado en ejercicio, con despacho abierto en El Puig, plaza Mariano Benlliure 21, en nombre y representación de la asociación de vecinos Bajo la Cuesta – Risco las Tablas, como ya consta, comparezco y DIGO:

Que, habiendo recibido notificación del Decreto de la Ilustrísima Sra. Alcaldesa desestimando el recurso de reposición previamente formulado por esta parte contra orden de desalojo de mis representados, ese Letrado observa la singularisima circunstancia de que, en su propuesta de resolución, la instructora dedica no poco espacio y esfuerzo dialéctico a contradecir dictamen del Secretario Municipal que aconsejaba la estimación parcial del recurso. 

Este Letrado sospecha que la ilustrísima señora Alcaldesa pudo haber incurrido en un error semántico al designar secretario del expediente al Secretario Municipal pese a las altas funciones de asesoramiento legal que éste ostenta, lo que es lo mismo que creer que el Secretario del Ayuntamiento y el secretario que coge los recados por teléfono son la misma cosa.

Como quiera que este Letrado está convencido de que la designación viene ordenada al propósito, tan secreto como ilegítimo, de subordinar al Secretario Municipal a la instructora (que a estos efectos es lo mismo que subordinar la autoridad del que sabe a los rudimentos de quien cree saber), y teniendo en cuenta que consta a esta parte que el primero es funcionario de carrera y habilitado nacional (y por tanto inamovible) y que la segunda podría ser personal laboral (y por tanto prescindible) , interesa a esta parte que por el Ayuntamiento al que tengo el alto honor de dirigirme se me informe sobre el siguiente extremo: Sí Doña Maria Pilar Chico Dellgado. Instructora del expediente, ostenta el carácter de funcionario público o por el contrario es personal laboral.

El objeto de la presente solicitud de información es valorar si por un remoto casual nos encontramos ante una presunta (aunque improbable) estructura de delincuencia organizada en el marco de la cual la instructora se habría visto obligada a seguir las directrices de la ilustrísima Señora Alcaldesa al margen de la razón, la ley y el derecho, por ver peligrar su puesto de trabajo en caso de desobediencia.

En caso de confirmarse las sospechas, se formularía una cuarta denuncia que se sumaría a las otras tres que ya han sido presentadas contra la ilustrísima sra Alcaldesa.

Si el Ayuntamiento decidiera no contestar a esta solicitud de información, la misma se pediría como diligencia probatoria al juzgado de instrucción de Guimar que tramita las anteriores denuncias, al que en todo caso se remite la resolución a la que me refiero para su unión a las diligencias previas, dado su interés.

En su virtud,
SOLICITO: Que por ese Excmo.Ayuntamiento se me informe sobre sí doña Maria Pilar Chico Delgado es funcionario público o personal laboral.

Candelaria, 19 de abril de 2016