RECURSO DE REPOSICION CONTRA DECRETÓ DE DESALOJO DE BAJO LA CUESTA

noviembre 4, 2015

Recurso de reposición contra Decreto 3758/2015

AL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

JOSE ORTEGA ORTEGA, Abogado en ejercicio, con despacho abierto en Plaza Mariano Benlliure 21, 1,1 de El Puig 46540 (Valencia), en nombre y representación de la Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas, según ya consta a ese Ayuntamiento, comparezco y DIGO:

Que habiendo recibido notificación del Decreto de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Candelaria número 3758/2015 de fecha 16 de octubre de 2015, dentro del plazo hábil interpongo contra el mismo el presente
RECURSO DE REPOSICIÓN

PRIMERO.- En el fundamento de derecho cuarto el Decreto explica las razones por las cuales no se dio traslado a este Letrado del recurso de reposición de UNELCO para formular las correspondientes alegaciones conforme a la fundamentación jurídica que le fue expuesta. Se justifica esta actitud en el párrafo segundo, en el que se pretende que “el único interesado en este procedimiento es el propietario” y añade que se trata de un procedimiento de carácter especial. Estas razones resultan no ya pobres sino ininteligibles puesto que la Ley del Procedimiento Administrativo Común es, como su nombre indica, común a todos los procedimientos de todas las Administraciones públicas y por lo tanto el hecho de que se trate de un procedimiento especial resulta indiferente a estos efectos. La única consideración que se debe tener en cuenta es si los vecinos tienen o no interés en el procedimiento que se sigue ante UNELCO y la respuesta es indudablemente positiva. Diciendo el artículo 112 de la LPAC, como dice, que se dará traslado del recurso a los demás interesados, todas las demás consideraciones están de sobra y no cabe sino reconocer el error.

Se deniega la acumulación de expedientes en base a argumentos contenidos en el párrafo tercero de este fundamento de derecho cuarto, donde se dice que el Ayuntamiento “ordena a los propietarios y sólo a éstos, que cumplan con su deber de conservación”. Tal cosa es inoperante a estos efectos, ya que como se le ha dicho a ese Ayuntamiento hasta la saciedad y se desprende de la lógica común, los vecinos son interesados en el expediente en el sentido del artículo 31.1.b de la LPAC. Es importante que la instructora entienda que el apartado c de este mismo artículo 31 alude a quienes puedan verse afectados por la resolución y se personen en el expediente. En cambio el apartado b se refiere simplemente a quienes puedan verse afectados por la resolución. La convivencia de estas dos situaciones simplemente indica que quienes son interesados porque puedan verse afectados por la resolución, lo son a efectos procedimentales incluso aunque no se personen en el expediente. A la misma conclusión se llega con la simple lectura del artículo 34 del mismo cuerpo legal, que obliga a llamar como interesados en el expediente a los terceros que puedan resultar afectados por la resolución.

La pretensión del párrafo cuarto escapa de toda razón al pretender que se produzca el desalojo cautelar en el término de cinco días, lo mismo que la parte dispositiva del Decreto. Esto es así porque aunque se pretende que el desalojo será provisional en tanto se completan los trabajos de reparación del acantilado a cargo de sus propietarios, la verdad es que esos trabajos no solamente no se han iniciado, sino que se ignora cuando se iniciarán teniendo en cuenta el recurso presentado por UNELCO y la indeterminación que rodea al expediente del Sr. García Coello y Sra. Pérez.

Respecto a éste último resulta francamente incomprensible que el Decreto afirme que el plazo de alegaciones para estos interesados terminó el día 5 de octubre cuando dicho Decreto se firma el 16 de octubre. Es lógico y claro que en esta fecha el Ayuntamiento ya conoce el contenido de las alegaciones de estos interesados y de aquí que no se pueda entender cómo es posible que el Decreto se refiera al 5 de octubre como una fecha de futuro y que sugiera que no se conoce el contenido de las alegaciones.

Frente a la pretensión de que el Ayuntamiento ha incoado todos los procedimientos precisos con los propietarios del talud , simplemente me reitero en lo ya dicho en las alegaciones a la propuesta de resolución en cuanto a que el expediente incoado primero a la familia Galán y posteriormente a Doña María Dolores Miranda y D. Juan García está prácticamente vacío de contenido puesto que que el único objeto de este expediente es el aseguramiento de un embolsamiento de piedras contenido en una red defectuosa pero no la reparación del talud en su conjunto

SEGUNDO.- Esta parte niega la existencia de los riesgos que se dicen y discrepa en que los mismos hayan sido demostrados mediante los informes técnicos unidos al expediente. Ya se dijo en su momento que esos informes eran superficiales y teóricos y parecían redactados a la carta, lo que ahora se debe reiterar. Hay que tener en cuenta el informe elaborado con fecha 23 de agosto de 2010 por el Ingeniero D. Adolfo Hoyos-Gil perteneciente al Gobierno a la Dirección General de Infraestructuras viarias. El informe resulta muy divergente de los que han quedado unidos al expediente como pretendido testimonio riesgo de desprendimiento. El documento fue elaborado después de la crisis originada en febrero de ese mismo 2010, cuando las fuertes lluvias y un desgraciado accidente sucedido en Los Gigantes dieron lugar al primer Decreto de desalojo, que fue seguido de una recomendación del Gobierno de Canarias, muy cuerda, de que el desalojo fuese suspendido y se dejase en paz a los vecinos. Pues bien, incluso en aquellas circunstancias de teóricamente mayor gravedad el Ingeniero en cuestión no entiende que exista un riesgo tan intenso como para ordenar el desalojo. Remarca que el poblado tiene décadas de existencia sin que se haya registrado ningún accidente de importancia y desaconseja con claridad el desalojo. Es importante no echar en saco roto que el informe se elabora en unos momentos en los que la situación era bastante más grave que la actual y la situación de riesgo mucho más acusada que la actual debido a las persistentes lluvias que se produjeron en aquellas fechas.

Es comprensible que el Ayuntamiento no intentara, como lo ha hecho, que este documento, dado su contenido, permaneciera oculto a los vecinos. En todo caso, el informe resulta tener un doble interés puesto que en el mismo se afirma también que los trabajos para la reparación del talud comenzarían los dos meses: “Dentro de ellas se prevé el tratamiento de los taludes de la TF1 susceptibles de causar desprendimientos en épocas de temporales de agua. Es evidente que, supeditado a lo que se deduzca del estudio geológico-geotécnico entre ellos podría estar alguna zona de la ladera que desciende hacia el barrio de Bajo la Cuesta-Risco de las Tablas”. Este Informe resulta muy esclarecedor respecto a la pretensión de grave riesgo y terrible emergencia que ha venido manteniendo el Ayuntamiento. Si ya en aquellas remotas fechas el Gobierno de Canarias anunció el inicio inminente de los trabajos de reparación, el hecho de que los mismo no se hayan puesto en marcha y de que el Ayuntamiento no haya insistido en su ejecución es un claro indicativo de que ni la urgencia ni el riesgo son reales y que todo esto tiene mucho de pantomima y de fingimiento pera conseguir fines distintos de los que se dicen y dan cuerpo a la motivación externa del acto combatido, lo que constituye la esencia misma de la desviación de poder.

En cuanto a la prueba pericias practicada en el expediente, la misma sigue siendo Tribunal Superior de Justicia pobre e incompleta como los otros informes geotécnicos que figuran unidos, precisamente por fundarse en una simple y muy incompleta Inspección visual desde el pie del acantilado, sin incluir calicatas ni análisis de muestras que puedan proporcionar información sobre el grado de consolidación de los materiales.

A fin de cuentas, la realidad es que el único incidente conocido en más de cuarenta años fue la caída de una piedra a principios de 2015, por lo que la realidad contradice con fuerza las suposiciones, hipótesis y juicios previos de los informes geotécnicos. Por este motivo el desalojo resulta tan desmesurado como abusivo.

A lo dicho debe añadirse que la prueba más contundente de que no es cierto que exista riesgo es el tranquilo paseo que dieron por el barril sin tan siquiera casco protector, la Alcaldesa y el concejal de urbanismo junto con altos funcionarios del gobierno de Canarias. Intereso que con resolución del presente recurso, y y aquella Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común carga a la administración con la obligación de resolver tras las cuestiones planteadas por los interesados, se dé clara y expresa respuesta a esta cuestión y en consecuencia se explique con todo lujo de detalles cómo es posible que la Alcaldesa por una parte pretenda que diste riesgo grave para la seguridad y la vida de las personas y adopte la medida cautelar de prohibir el acceso al barrio y por otro se tome la libertad de dar ese relajado y agradable paseo.

También resulta esclarecedor el Informe del Jefe de Costas de Santa Cruz de fecha 28 de enero de 2010, en el que se pretende la existencia de entre “riesgo por desprendimiento en Bajo Cuesta Las Tablas”. En el escrito se alude a un Informe del Servicio de Vigilancia de 26 de enero de 2010 donde se dice que “se pone de manifiesto el grave riesgo por desprendimientos al que puede estar sometida la vida de las personas que viven en ese lugar”. El escrito del Jefe de Costas constituye una verdadera llamada de alarma pidiendo también de forma bastante chillona a la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias ante la posibilidad de desprendimientos, avalanchas. La comunicación se hace extensiva a una petición de que se elabore un catálogo de los bienes afectados y con esto es evidente que se refiere a las viviendas. Pues bien, esta comunicación se remite dos días más tarde de un informe del Servicio de Vigilancia de costas. Este informe en el asunto dice “zona susceptible a posibles desprendimientos de piedras” y bajo esto, en el cuerpo, no hay nada que justifique lo que pone en el asunto. Únicamente se dice que algunas casas tienen neumáticos en sus cubiertas y el informe supone (de forma extraordinariamente gratuita, pues la afirmación no viene sustentada con ninguna encuesta o declaración de los interesados) que su finalidad es amortiguar y proteger el impacto de las piedras sobre las casas. Añade que hay una casa a punto de desplomarse debido a que el terreno ha cedido en su base y que otra vivienda cercana en su día cedió y se desplomó. Esto último, por cierto, nada en absoluto (repito: NADA EN ABSOLUTO) tiene que ver con los supuestos e inexistentes desprendimientos.

Como se puede observar existe una completa falta de correspondencia entre lo que dice el vigilante y las conclusiones que posteriormente saca el Jefe de Costas, pues no existe en el informe ningún dato en absoluto que permita colegir la existencia de los riesgos de deslizamiento a los cuales de forma muy inapropiada alude el Jefe de Costas. Tal vez no sea ocioso recordar que en las fechas de la comunicación del Jefe de Costas los expedientes de recuperación posesoria aprobados por el mismo acababan de ser resueltos. Estos expedientes, como es sabido, se basan en la pretensión de que las ocupaciones fueron posteriores al primer deslinde de 1969, que ya habría incluido la zona en el dominio público. La animadversión y la persecución a que los vecinos han sido sometidos por el entonces Jefe de Costas y autor de la comunicación, Don Carlos González, son conocidos.

Todo esto no ha sido en realidad más que una conspiración ilegítima, turbulenta y, desde luego, totalmente inmoral para desalojar a los vecinos, muy posiblemente con la finalidad de dejar el campo despejado para la construcción de una urbanización asociada a un puerto deportivo y una urbanización, tal como se puso en conocimiento de la Fiscalía. Por esto nos parece que no se puede desvincular esta pretensión de supuestos riesgos para las personas de la actitud tramposa, indecente e inmoral de la Jefatura de Costas a la que me acabo de referir.

Aunque esto no sea una cuestión que precisamente deba resolver el Ayuntamiento, es necesario poner de manifiesto que la pretensión de que las viviendas se construyeron cuando la zona ya era demanial es un absurdo contrario a las leyes de la física por razones que ya hemos expuesto en muchos foros pero que se resumen en que el deslinde de 1969 fijaba la línea por la marea alta y que el replanteo hecho posteriormente por Costas en el deslinde de 2006 sitúa la línea muy por encima de la propia marea alta, lo cual como se puede entender carece de todo sentido. A nuestro juicio es necesario valorar la situación así producida en su conjunto y no a trozos o segmentos y por esto consideramos que la persecución del Ayuntamiento con la excusa de un supuesto inexistente riesgo de desprendimientos carece d base, es ilegítima, falta a la obligación legal y constitucional de objetividad de los poderes públicos y desde luego no se ajusta ni lejanamente a derecho. Todo parece obedecer a un sucio plan iniciado por la Jefatura de Costas para los fines ya expuestos de quitar de en medio a los vecinos a fin de dejar que los promotores y especuladores inmobiliarios hagan una fortuna.

Este Letrado no sabe ni le importa si la participación del Ayuntamiento en esta conspiración es consciente y voluntaria o si está siendo instrumental izado por los lobos feroces con almas negras y corazones de piedra que mueven los hilos. Pero tal cuestión es indiferente. Lo que importa es que no estamos en presencia de ninguna situación de riesgo, sino de una trama de tintes mafiosos que ha sido adecuadamente denunciada a la Fiscalía.

TERCERO.- El acto combatido transcribe el Decreto 2755/2015, Decreto de la Alcaldesa de Candelaria mediante el que se acuerda iniciar el presente expediente pero sorprendente en el texto copiado no figura el plazo de tramitación máximo del mismo. En cualquier caso, el plazo máximo de tramitación del presente expediente, tal y como así consta en el acuerdo de inicio de fecha 17 de julio de 2015, es de tres meses. Recorte del acuerdo de inicio:

Habiéndose dictado el acuerdo de inicio del presente expediente en fecha 17 de julio de 2015, el 17 de octubre de 2015 el expediente debería haber quedado resuelto y notificado a esta parte. Como consta a este Ayuntamiento el acto combatido se notificó a esta parte vencido el plazo máximo de tramitación de tres meses motivo por el que se interesa que se declare la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de que se inste uno nuevo.

En su virtud,

SOLICITO: Que, teniendo por presentado este recurso se sirva admitirlo y de conformidad con lo expuesto se sirva dictar la nulidad del acto combatido.

OTRO SÍ DIGO: Que, intereso la suspensión de la decisión entre tanto se resuelve el recurso, en términos reales es imposible cumplir la orden pues ello conllevaría a que mujeres, hombres y niños vecinos del Barrio pernoctaran esta misma noche en la playa o en la calle.

Con arreglo al artículo 111.2.a de la Ley del Procedimiento Administrativo Común la ejecución puede causar efectos de imposible o difícil reparación. Como quiera que la orden de desalojo se ha de mantener hasta que desaparezca el riesgo resulta que la misma es con carácter indefinido y en la práctica posiblemente definitivo ya que no parece fácil que ninguna de las Administraciones Públicas con competencia asuma una inversión económica tan elevada. La consecuencia es que el acto administrativo produciría el éxodo de más de 50 familias con sus enseres y esta auténtica deportación masiva debido a su carácter indefinido y eventualmente permanente, no se limita a las personas sino también a los enseres personales y a los muebles. En caso de estimarse el recurso, el Ayuntamiento tendría que hacer frente a elevadas indemnizaciones relativas a los servicios de mudanzas, lo que es contrario a loa intereses generales.

Con arreglo a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la Autoridad a la que va dirigida este recurso debe resolverlo en el plazo de un mes. Como quiera que desde el día 26 de febrero de 2010 lo único que ha sucedido es la caída de una piedra en el camino no parece abusivo ni caprichoso el solicitar que la ejecución del acto combatido se suspenda durante ese plazo de un mes en el cual no cabe en principio esperar que se produzcan nuevos accidentes, al menos a vista de la estadística reciente. Debe además tenerse en cuenta que la ejecución provisional afectaría de forma extraordinariamente grave al derecho que recoge el artículo 18.1 de la Constitución que es como es sabido un derecho fundamental de la persona. El balance entre las dos opciones existentes (esperar a que el recurso quede resuelto en el plazo de un mes o ejecutarla cautelarmente) parece razonable esperar antes de ejecutar.

Por otro lado la ejecución provisional es seguro que producirá perjuicios de imposible o difícil reparación puesto que resulta difícil estimar los daños morales en caso de estimación del recurso. Estos daños morales estarían vinculados a sufrimiento emocional causado a quienes se ven forzados a abandonar una vivienda en la que han vivido toda o mayor parte de su vida, pero que en el caso de los Vecinos de Bajo La Cuesta se hacen extensivos a los lazos emocionales existentes en el seno de la comunidad. La calle Antonio Oliva Martín no sirve de paso a ningún otro sitio ni conduce a otro espacio. El único tránsito rodado allí es el de los propios vecinos y las únicas personas que se acercan por la zona distintas de éstos son solitarios pescadores de caña que aparecen de forma muy ocasional. Esto, junto con la bondad del clima, ha dado lugar a unas relaciones sociales muy peculiares en las que los vecinos hacen vida en común en los espacios abiertos existentes frente a las viviendas y junto al mar. En los bancos que allí pueden verse se sientan, conversan y meriendan. Se trata de un modo de vida muy opuesto al común, definido por el individualismo la desafección, el aislamiento y y la competitividad. Y todo ello sería destruido durante un periodo indeterminado en el caso de ejecución del desalojo, sin que exista ninguna guía ni criterio objetivo ni mucho menos legal o reglamentario que ayude a fijar la indemnización por daños morales que se podría derivar de una ejecución del acto combatido seguida de posterior estimación de este recurso. Por lo tanto, no es que los perjuicios que de modo efectivo se pueden producir sean de imposible o difícil reparación, sino que su incluso alcance económico puede ser de muy difícil valoración.

En segundo lugar, con arreglo al artículo 111.2.b la resolución que se impugna se basa en dos motivos de nulidad radical del artículo 62.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común según ha quedado expuesto en el expositivo. Recordamos la violación del artículo 18,1 de la Constitución y su artículo 24.1 en relación con el derecho de defensa.

Aparte de lo dicho, con esta misma fecha se solicita a ese Ayuntamiento que reclame con carácter urgente a la Dirección General de Infraestructura Viaria el inicio de los trabajos de reparación del acantilado a los que se comprometió en comunicación de 6 de septiembre de 2010. Igualmente se ha solicitado el inicio urgente de los trabajos a la Dirección General de Infraestructura Viaria. Acompaño copia de ambas solicitudes como documento probatorio número 1 y 2

Candelaria, 30 de octubre de 2015
José Ortega Ortega

Abogado Colegiado 4941

Derecho de costas marítimas

Plaza Mariano Benlliure 21, 1

El Puig 46540 Valencia
TF 961471097

Fax 961471287

Móvil despacho 609643313

Móvil 629511225
Web http://www.costasmaritimas.es

Blog http://www.costasmaritimas.wordpress.com

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