ALEGACIONES A PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EXPEDIENTE DE DESALOJO DE BAJO LA CUESTA

noviembre 4, 2015

@abogadodelmar

PRIMERA.- UNELCO presentó recurso de reposición contra Decreto 2911/2015, sin que el Ayuntamiento diera traslado a esta parte para alegaciones en relación con su contenido. Con esto se vulnera el1 112.2 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común cuando afirma que “si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente”.

Esta parte se ha quedado sin poder ejercer el derecho que tiene legalmente reconocido la formular alegaciones en relación con el recurso presentado por UNELCO a pesar de que es indiscutible que mis representados son interesados en el sentido recogido en el precepto que se transcribe. Se trata de una disfunción que entra en sintonía con el empeño de ese Ayuntamiento de impedir el acceso de mis representados a toda la documentación que les afecta. Con esto resulta claro que se ha lesionado el derecho de defensa y precisamente en una materia especialmente delicada y sensible puesto que afecta al derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio.

Esta aparte aprovecha la coyuntura así creada para formular nueva protesta contra la reiterada negativa del Ayuntamiento a acumular los procedimientos, de manera que todos ellos se tramiten como uno solo. Ya se razonó en anteriores peticiones que esto, aparte ser la fórmula procesal conforme con la ley, sería respetuoso con el derecho de todos los interesados a saber en cada momento no sólo que decisiones adopta el Ayuntamiento frente a cualquiera de ellos, sino también a conocer el contenido de las alegaciones que otros interesados con intereses incompatibles puedan presentar. Por otro lado es preciso tener en cuenta que, dicho sea con el mayor respeto a la instructora, su trabajo con los expedientes es en nuestra opinión imperfecto. Los posibles errores de tramitación en los que pudiera eventualmente incurrir en los procedimientos tramitados contra los propietarios del acantilado podrían dar lugar a posibles impugnaciones por parte de sus interesados. Si se hubiera accedido acumular todos los procedimientos en uno solo, esta parte podría alertar de los errores en el caso de que dieran.

Un ejemplo de error que efectivamente ha sido cometido por la estructura es el que ha dado lugar a la estimación parcial de un recurso de reposición interpuesto por UNELCO. Este referente confirma que no hay que remitirse a posibles contratiempos futuros sino que alguno de ellos ya se ha producido. El resultado ha sido la retroacción del procedimiento a un momento anterior y el consiguiente retraso de la reparación y por tanto en la resolución final del problema de fondo. El perjuicio de los vecinos es evidente Y podría haber sido evitado si hubiese existido un único procedimiento. En tal caso esta parte habría podido solicitar las modificaciones que hubieran sido pertinentes en orden a prevenir el retraso que efectivamente se ha producido.

Jurídicamente esta negativa del Ayuntamiento a acumular los expedientes constituye un error de derecho. Políticamente causa asombro la falta de transparencia que de forma alevosa, intencionada y lesiva a los derechos de mis representados está observando la institución ala que tengo el alto honor de dirigirme.

Resulta realmente difícil de entender cómo es posible en el marco de una sociedad y de una institución democráticas esta labor de ocultación torva e intencionada y este trabajo demolición consciente de los derechos de los ciudadanos. No obstante, no queda sino constatar la brutal lesión de derechos que estamos teniendo la desgracia de presenciar y sufrir.

En todo caso, constatamos que ninguno de los expedientes tramitados a los propietarios ha concluido. De hecho, el que se tramita aló Juan García Coello Y doña María Dolores Miranda Pérez acaba incoarse en fecha tan reciente como 23 de septiembre de 2015, lo que amenaza con transformar el trámite en inacabable.
SEGUNDA.- La propuesta resolución, en su página cuatro, incluye la declaración de que el Ayuntamiento ha incoado los procedimientos debidos y de que los vecinos deben desalojar las viviendas en tanto los propietarios el acantilado inician las obras de saneamiento y estabilización del talud. Esta declaración resulta muy optimista y desde luego apresurada, puesto que ni los expedientes que se tramitan a los propietarios están concluidos, ni las sobras han comenzado, ni tampoco reparación del embolsamiento de piedras en una red parece que vaya a resolver por sí mismo los problemas de seguridad, al menos los que vienen recogidos en Los informes técnicos, que van bastante más allá delilimitado problema de las piedras recogidas en una red inestable o averiada. Vea la instructora su propia declaración al folio cinco, en el que alude a riesgo grave de desprendimiento del talud. Resulta evidente que una cosa es el peligro que pueda existir de que se abra la red y pueda dejar caer las piedras que contiene y otra muy distinta el peligro de que se produzcan desprendimientos de talud. Esta contradicción interna que la propuesta de resolución y del punto de vista del Ayuntamiento en general es un claro exponente de las incoherencias internas y de la falta de lógica y sentido de ese punto de vista.

TERCERA.- En la página nueve la propuesta de resolución se incluye una reflexión abstrusa sobre una supuesta reclamación de responsabilidad patrimonial. Afirma que irresponsables de La conservación del acantilado son sus propietarios y no el Ayuntamiento de Candelaria. Con esto la instructora hace exhibición de lo que parece una simple falta de comprensión que Lo que se expuso con anteriores alegaciones. En nuestro escrito de alegaciones se hablaba de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento a consecuencia de su pasividad en relación con la reclamación al Gobierno de Canarias de las obras de conservación a las que éste se había comprometido. En todo caso no existe ninguna reclamación responsabilidad patrimonial que haya sido presentada por esta parte.

De hecho, el apartado primero de la parte dispositiva de la propuesta resolución incluye la sorprendente determinación de desestimar la supuesta e inexistente solicitud de este letrado de responsabilidad patrimonial el Ayuntamiento. Esta decisión resulta ininteligible puesto que este Letrado no tiene interpuesta ninguna reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, si bien el anterior escrito de alegaciones efectivamente anunció su futura presentación.

CUARTA.- En relación con el apartado segundo de la parte positiva, resulta igualmente ininteligible por qué motivo la instructora ordena el desalojo por plazo de cinco días. Obsérvese cómo en un pasaje anterior la misma instructora afirma el desalojo será durante el tiempo que duren los trabajos de reparación del acantilado. No hay forma de saber cuánto tiempo durarán los trabajos y tampoco se puede decir el desalojo durará cinco días. Por otro lado tampoco está la cuestión precisamente madura para que los propietarios del acantilado procedan a su reparación hasta el extremo de que como hemos visto el último los expedientes ha sido iniciado con fecha 23 de septiembre.

El desarrollo del apartado cuarto de la parte positiva dice efectivamente que “durante la ausencia de los vecinos de sus casas los propietario del acantilado procederán a la ejecución material de las obras necesarias para garantizar la seguridad del mismo”. Pero esto no es más que una hipótesis de futuro te queda condicionada a qué los propietarios proceda de modo efectivo a la reparación. Por desgracia esto es algo que hoy día dista mucho de estar claro, por lo que la determinación es gratuita.

. Igualmente se afirma que” en el caso de que los vecinos no desalojen las casas no podrán realizarse las obras necesarias para la estabilización del acantilado porque estará en riesgo su integridad física”. Pues bien, estamos efectivamente esperando muy ansiosos el inicio de esos trabajos y debe constar que a única posibilidad de obtener la colaboración de los vecinos para que procedan al desalojo voluntario es que sean testigos el inicio los trabajos y que queden convencidos de que los responsables los asumirán de buen grado y los llevarán a buen fin.

Por otro lado, creo que con bastante desorden el apartado cuarto de la parte positiva dice literalmente “la presente orden de desalojo es provisional”. Esto es algo que sume esta parte que profunda confusión puesto que ya existía una orden cautelar de desalojo dictada con el inicio expediente , y porque a habíamos entendido que el documento que se nos notificaba era una propuesta de resolución y no una orden de desalojo.

QUINTA.- El apartado tercero de la parte dispositiva no se ajusta a derecho al indicar que serán los propios vecinos quienes deban materializar la prohibición de acceso al barrio mediante colocación de una valla y carteles que adviertan de la prohibición. Es un completo misterio por qué la instructora considera que son precisamente los vecinos quienes deben materializar(es decir financiar e instalar) todo eso. Desde luego para justificar esta pretensión tan original no se acude a ningún fundamento jurídico ni a ninguna base legal, lo que es comprensible puesto que esas bases legales no existen.

Es el Ayuntamiento y no los vecinos el que debe materializar esas cosas que dice la propuesta de resolución. En cualquier caso, ya existía una prohibición de acceso anterior y la misma fue vulnerada por la propia Alcaldesa, que hace no mucho tiempo estuvo paseando por el barrio. Este hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía como ampliación de la denuncia anteriormente presentada contra varios responsables administrativos por posibles delitos de prevaricación.

SEXTA: La propuesta de resolución afirma que con la misma se remite el informe de la Jefatura de Costas de 29 de enero de 2010 y comunicación del Director General de Infraestructura Viaria el Gobierno de Canarias de 6 de septiembre de 2010. En contra de lo que se dice, los documentos no figuran unidos, y también en contra de lo que se dice resultan esenciales para la defensa, lo que se entiende con facilidad si tenemos en cuenta el contenido del segundo de ellos (en el plazo de dos meses se iniciarían las obras para el tratamiento de los taludes).

Por supuesto que es esta parte y no la instructora la que debe decidir si documentos en cuestión son o no precisos para la defensa Y como quiera que no han sido remitidos, intereso que lo sean a mi domicilio para notificaciones, con suspensión del plazo para formular alegaciones a la propuesta de resolución.

Esta parte considera eso debería saber a lo solicitado, entre otras cosas para alejar la impresión que se podría producir de que el Ayuntamiento está ocultando un documento que lo puede perjudicar en los ámbitos administrativo y penal.

En el primero porque tan pronto como esta aparte disponga del compromiso el gobierno de Canarias de iniciar los trabajos , estará en condiciones que formular reclamación de responsabilidad patrimonial tanto contra el Ayuntamiento (por su desidia en recordar el compromiso adquirido) como contra el propio gobierno de Canarias (por haberse olvidado del tema).

En el segundo porque la existencia ese documento evidencia que no son ciertas razones de grave urgencia que se están invocando ahora desde el Ayuntamiento Y por ese motivo la existencia del documento cuestión ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía. En el caso que el Ayuntamiento no noslo entregase, la conducta sería igualmente puesta en conocimiento de la Fiscalía.

En su virtud,

SOLICITO: Que tenga por hechas las anteriores manifestaciones y me entregue copia de lo dos documentos que se dicen acompañados a la propuesta de resolución, con otorgamiento de nuevo plazo de alegaciones.

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