CONTRAATACAMOS EN BAJO LA CUESTA

septiembre 27, 2015

@abogadodelmar

ME PARECE QUE LOS TENEMOS MEDIO PILLADOS Y A PARTIR DE AHORA VAMOS A SACUDIRLES Y A DARLES MOTIVOS DE INQUIETUD- ESTÁ BIEN QUE SEPAN LO QUE SE SIENTE Y DESDE LUEGO YO ME SIENTO MÁS CÓMODO SACUDIENDO EATACAZOS QUE ESQUIVÁNDOLOS 
Expediente de desalojo de Bajo la Cuesta

A LA INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE
(SIN NUMERO DE RADICACIÓN)

JOSE ORTEGA ORTEGA, Abogado en ejercicio, con despacho abierto en El Puig, plaza Mariano Benlliure núm. 21, 46540 Valencia, en nombre y representación dela asociación de vecinos Bajo la Cuesta – Risco las Tablas, según ya consta a ese Ayuntamiento, comparezco y DIGO:

Que, a vista de los documentos obtenidos del expediente, formulo las siguientes

ALEGACIONES

Mediante Decreto 2282, de 12 de junio de 2015, el entonces Alcalde ordenó el desalojo del barrio de Bajo la Cuesta por supuesto riesgo de desprendimientos y deslizamientos. El cuerpo del escrito alude a un informe de la Jefatura de Costas de 29 de enero de 2010 sobre pretendido riesgo de desprendimientos, que recomienda el cierre de accesos.

Este informe de Costas no parece estar unido al expediente.

-En fecha 8 de febrero de 2010 el Alcalde solicita al Consejero de Presidencia asesoramiento sobre el órgano competente para adoptar medidas de protección.

-En fecha 22 de febrero de 2010 el Alcalde se dirige al Consejero de Obras Públicas recordándole que en 2003 se le había solicitado el aseguramiento del talud y reclamando la revisión del mismo.

Ni una sola comunicación con el Gobierno de Canarias hasta 2015.

-En fecha 2 de marzo de 2015 el Alcalde se dirige al Consejero de Obras Públicas y le dice que el Director General de Infraestructura Viaria había anunciado en fecha 6 de septiembre de 2010 que en el plazo de dos meses se iniciarían las obras para el tratamiento de los taludes. Como quiera que no se hizo así, se reclaman “sin mayor dilación” las medidas oportunas de protección, ya que había caído una piedra, y además se pide copia del informe técnico del Sr. Hoyos-Limón. Al pedir que esto, siendo teóricamente urgente, se haga sin mayor dilación, el Alcalde olvida que en más de cinco años no había recordado al Gobierno de Canarias la gestión pendiente y de pronto le entró una prisa difícil de entender.

La comunicación original de 6 de septiembre de2 2010 no parece estar unida al expediente.

De lo anterior se deduce que en los últimos cinco años tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Canarias han estado por a sí
decir cogiendo moscas y si acaso dejando escapar algún bostezo a pesar de la supuesta situación de emergencia y el pretendido riesgo para ls vida humana.

No sólo resulta estremececedor comprobar la fría indiferencia con la que el Alcalde se olvidó durante más de cinco años de que había pendiente una supuesta emergencia con ese teórico riesgo para la vida humana, sino que la historia de los hechos nos sitúa ante un caso claro de funcionamiento anormal de los servicios públicos que da lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración.

El hecho de que el Gobierno de Canarias se comprometiese en 2010 al aseguramiento del acantilado e incumpliese su propio compromiso indica que el sufrimiento y la incertidumbre que están padeciendo los vecinos no tendría siquiera que existir y confirma una responsabilidad patrimonial concretada a esta fecha en el resarcimiento por el dolor moral de los vecinos a causa de su terrible incertidumbre (estimable de forma provisoria en 3000 euros por cada uno) y en el importe de su defensa legal.

El hecho de que el Ayuntamiento de Candelaria hubiera olvidado reiterar la solicitud de las obras a las que se había comprometido el Gobierno de Canarias no sólo incide en igual negligencia con idénticas consecuencias en cuanto a responsabilidad, sino que confirma que el mismo hace teatro al pretender que existe una emergencia.

Se anuncia, por tanto, reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y solidariamente del Gobierno de Canarias, que será exigida conforme al articulo 1139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. En el momento presente dicha responsabilidad se limita a los conceptos e importes expuestos, pero en e caso de producirse de manera efectiva el desalojo, la reclamación se haría extensiva a los costes materiales de las mudanzas, al coste de alojamientos alternativos y al sufrimiento moral derivado del desalojo y la privación de los lazos afectivos entre los vecinos.

En su virtud,

SOLICITO: Que se tengan por formuladas las anteriores manifestaciones y por anunciada reclamación de responsabilidad patrimonial contra ese Ayuntamiento sin perjuicio de la que de forma solidaria se exigirá al Gobierno de Canarias.

OTROSI DIGO: Que intereso copia de los siguientes documentos: Informe de la Jefatura de Costas de 29 de enero de 2010 y comunicación del Director General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias de 6 de septiembre de 2010.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que a vista de la información que antecede, de la que se desprende que las pretensiones de emergencia y riesgo para la vida humana son artificiosas, procedo a complementar con la misma la denuncia en trámite ante la Fiscalía.

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