EL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA COMIENZA A DAR GOLPES BAJOS

septiembre 11, 2015

@abogadodelmar
A LA INSTRUCTORA DEL EXPEDIENTE (SE LE OLVIDÓ DARLE NUMERO DE RADICACIÓN)

JOSE ORTEGA ORTEGA, Abogado en ejercicio, con despacho abierto en El Puig, plaza Mariano Benlliure num. 21, 46540 Valencia, en nombre y representación dela asociación de vecinos Bajo la Cuesta – Risco las Tablas, según ya consta a ese Ayuntamiento, comparezco y DIGO:

Que, habiendo recibido notificación dela decisión de la instructora sobre practica de pruebas en el presente expediente , formulo en relación a la misma las presentes

ALEGACIONES
PRIMERA.-Todos los expedientes administrativos deben tener un número de radicación que los identifique, lo que desafortunadamente no sucede en nuestro caso.  Esto fuerza al comparecientes a aclarar que el presente escrito se dirige al expediente en trámite para ddeterminar si procede el desalojo de mis representados por razones de seguridad.

SEGUNDA.- En relación con la prueba documental interesada por esta parte (solicitud de unión al expediente del PEMU, reiteraciones de solicitud de informe técnico al Gobierno de Canarias y expediente completo de contratación de informe de Icinco), la instructora, de forma sorprendentemente pintoresca, introduce una negativa velada al tiempo que pretende admitir la prueba mediante la abstrusa fórmula de que los interesados acudan a la Secretaria a consultar la documentación en horas de oficina.

Este modo de proceder de la instructora no sólo es incorrecto hasta resultar surrealista, sino que es voluntaria y conscientemente incorrecto y esconde el auténtico propósito de obstruir la defensa mediante lo que no son más que vías de hecho ruines y de baja estofa. La instructora, como funcionaria, sabe perfectamente lo que es un documento probatorio y sabe perfectamente que todos os documentos admitidos como prueba deben quedar unidos a las actuaciones en un expediente foliado para prevenir fraudes. Quizá haya ido hablar la instructora del principio lo que no está en la causa no está en el mundo, que precisamente prohibe que se tengan en cuenta al elaborar la decision, hechos, documentos o circunstancias externos al expediente. Y seguro que la instructora sabe también que cuando se impugna judicialmente un acto administrativo, el juez reclama el expediente y decide sobre los documentos unidos al mismo. No va a ir a la Secretaria municipal a consultarlos.

Como se presume a la instructora una formación adecuada en derecho administrativo y se descarta radical y absolutamente que se haya vuelto imbécil de repente, la única explicación de esta defectuosa decisión sobre prueba documental, es que esté siguiendo directrices externas cuya hostilidad resulta indudable.

Tal parece que a la Alcaldesa le ha disgustado la denuncia formulada contra ella por los vecinos y mucho más la interpuesta ante la Fiscalía, pero el deber de todo servidor público es, entre muchos los, conocer el contenido de los artículos 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 103 de la Constitución. Ambos cargan a la Administración con la obligación de servir con objetividad los intereses generales, lo que en este caso significa que ni la Alcaldesa ni ningún funcionario municipal tienen el menor derecho a tomarse lo que está pasando como un asunto personal, reciban una o mil denuncias. En cambio, los vecinos no sólo sí que pueden hacer eso mismo, precisamente porque el problema causado a ellos es muy, pero que muy personal, y aunque sólo sea para compensar que mientras la Alcaldesa vuelve cada tarde a una casa que nadie le va a quitar después de haber pasado cómodamente el día en un despacho con aire acondicionado, los vecinos no pueden dormir a causa de las pesadillas que les causa la posibilidad de que esa misma Alcaldesa les quite sus cuevas y los prive de sus vecinos y afectos.

El deber de la instructora, y lo sabe bien, es unir los documentos sl expediente para que los interesados puedan consultarlos a voluntad y de forma inmediata y sin dilaciones. Su propósito obstruccionista se concreta en la expectativa de las dilaciones indebidas que se producirán cuando los interesados intenten acceder a los documentos. Da igual la excusa que se ponga o el imprevisto que se produzca. Por ejemplo que no aparecen los papeles o no se sabe los documentos que son, o que al Secretario le duele una muela o ha bajado a tomarse un bocadillo.

De forma muy especial y singular, esta parte precisa que se unan al expediente las supuestas y quizá inexistentes reiteraciones al Gobierno de Canarias. En caso de que existan, deben unirse. En caso contrario, es obligación de la instructora poner una diligencia donde así se haga constar, ALGO QUE NUNCA SE VA CONSEGUIR SI LOS VECINOS SE DEJAN MAREAR EN LA SECRETARIA. COMO MUCHO LES DIRAN QUE LOS DOCUMENTOS NO LOS ENCUENTRAN.

Con arreglo a la ley, el acuerdo sobre prueba no es susceptible de recurso, pero se comunica que al primer síntoma de dilación, mareo, retraso o cualquier otro tipo de distorsión con motivo de la consulta d los documentos en la Secretaria, y como quiera que esto será la confirmación del obstruccionismo ilegítimo, se formulará nueva denuncia por prevaricación.

Aparte de esto, si de la consulta en Secretaría resulta que las reiteraciones al Gobierno de Canarias no aparecen, se formulará querella en los términos siguientes:

Si los documentos existen (tal como decía el primer Decreto de desalojo) pero no aparecen, por un delito de infidelidadd en la custodia de documentos del art. 413 del Código Penal.

b) Si los documentos nunca existieron (en contra de la afirmación del primer Decreto de desalojo), por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario o autoridad del art. 390.4 del Código Penal.

En su viirtud,

SOLICITO: Que tnga por hechas las anteriores manifestaciones.

OTROSI DIGO: Que remito queja por estos mismos hechos al Defensor del Ciudadano, y si no es atenida, se reproducirá ante el Diputado del Común.

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