BAJO LA CUESTA. RECURSO DE REPOSICIÓN NUMERO DOS PARA APROVECHAR UN DESCUIDO DEL AYUNTAMIENTO 

agosto 2, 2015

@abogadodelmar

El Ayuntamiento nos ha hecho un regalo inesperado al equivocarse al poner en el pie de recucursos  de la resolution estimando el recurso de reposición que contra la misma cave recurso de reposición. No cabe, pero ahora lo tienen que tramitar

AL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

JOSÉ ORTEGA ORTEGA, abogado en ejercicio, con despacho abierto en El Puig, plaza mariano Benlliure 21, primero, 46540 Valencia, en nombre y representación de la asociación de vecinos Bajo la Cuesta – Risco las Tablas, como ya consta, comparezco y DIGO: 

Que, habiendo recibido notificación del decreto de Alcaldía 2755, y conteniendo el mismo pie de recuerdo en el que se indica que cabe recurso de reposición, dento del plazo hábil formulo dicho recurso, instando la nulidad parcial del Decreto, sólo en cuanto a su determinación de incoar un nuevo expediente de desalojo, conforme a las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- En cuanto a la admisibilidad de este recurso, la jurisprudencia tiene establecido que cuando la Administración da instrucciones al ciudadano para que formule, si a su derecho conviene, determinado recurso, debe tramitarlo incluso cuando no fuera procedente con arreglo a la ley.

En cualquier caso, y aunque el acto combatido es la resolución de un previo recurso de reposición, ello resulta muy adecuado n términos materiales, ya que lo que se discute no es la forma en la que se resuelve lo planteado con el recurso, sino un contenido que nada tiene que ver con el mismo y que debía haber sido acordado en resolución aparte, como es la incoaron de un nuevo expediente para dar lugar al desalojo. 

Dicho sea con respeto y en estrictos términos de defensa, el doble error cometido por el Ayuntamiento, suponemos que por la prisa, se vuelve contra el propio Ayuntamiento. El doble error consiste en a) Incorporar a la resolución de un recurso de reposición una cuestión perfectamente jna al mismo, como lo es la incoación de un nuevo expediente de desalojo y b) Incluir el recurso de reposición en el pie de recursos-

SEGUNDA.- El primer motivo del recurso de reposición es naturalmente la propia incongruencia de que el acto combatido resuelva sobre una cuestión ajena al recurso mismo y que nada tiene que ver con lo pedido, como es la incoación de un expediente nuevo. 

Nos encontramos ante una situación singular que requiere la aplicación analógica del artículo 218.1 de la LEC, cuando manda que las sentencias, bajo pena de nulidad, sean congruentes con las pretensiones de las partes. En nuestro caso no ha1y tal congruencia al resolverse una cuestión que claramente no había sido planteada, sino que n cierto sentido se ha alterado el contenido de la resolución con un resultado extrañamente parecido a la prohibida reformatio in peius. 

el resto de las algegaciones de este recurso tienen carácter subsidiario de esta primera petición de nulidad.

TERCERA.- El acto combatido incluye una relación de los antecedentes que resulta parcialmente engañosa en un punto que resulta ser clave y determinante. Se afirma en el resumen de dichos antecedentes elaborado por el Secretario, que el recurso reprocha al Ayuntamiento partir de la errónea premisa de que los terrenos carecen de propietario, pero silencia que se dejó indicación de la identidad de dichos propietarios y se pidió de forma razonada y fundada en derecho, que los mismos fueran requeridos para asegurar los terrenos a su costa. 

Este modo de plantear la cuestión opera a modo de andamio dialéctico en que apoyar, dicho sea con el mayor respeto, una mentira que nada tiene de bonita. Todo el mundo sabe que la más eficaz de las mentiras es la verdad a medias, y aquí tenemos un ejemplo vivo de ello: Se reconoce que el recurso hace la alegación ya dicha pero se silencia el resto de ducha alegación, que era lo que en realidad importaba y que el Ayuntamiento se ha decidido a ignorar de forma más bien ostentosa. En consecuencia, la justa petición de que se requiriese a los propietarios parece que se la haya tragado la tierra, pero ésta no es la forma adecuada de plantear la grave cuestión que nos ocupa.

No hay motivo alguno para que el presente expediente de entienda únicamente con los vecinos y que no se considere que los propietarios de los terrenos deben ser parte en el mismo, tal como se desprende del artículo 31.1.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que resulta obvio que los intereses que pueden resultar afectados no son únicamente los de los vecinos, sino también los de los propietarios en cuestión, que podrían verse obligados a importantes indemnizaciones derivadas del artículo 1902 del código civil en caso de que llegue a ejecutarse el desalojo.

Es de resaltar que la Sra Alcaldesa dijo a los vecinos durante una reunión que efectivamente se iba a proceder al requerimiento, pero esta parte no tiene constancia del mismo y, en todo caso, tal requerimiento tampoco puede hacerse al margen de los derechos y garantías del procedimiento administrativo. Con arreglo al principio de eficacia del apartado primero del artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y también de conformidad con los principios de buena fe y confianza legítima de su apartado segundo, la solución adecuada es que el Ayuntamiento inicie expediente administrativo en el que se sustancien todas las cuestiones, tanto los estudios técnicos que sean precisos como fundamentalmente el requerimiento a los propietarios de los terrenos.

La decepcionante actitud del Ayuntamiento a la que me acabo de referir, recuerdo que no solamente incluye la omisión del requerimiento en cuestión, sino también la intencionada y pensada manipulación de los antecedentes, lo que resulta contrario a la obligación de objetividad de la Administración recogida en los artículos 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 103 de la Constitución.

Resulta incomprensible que el Ayuntamiento se niegue o se resista a requerir a los propietarios, ya que nadie puede dudar que son los únicos responsables de la situación. En orden a entender las razones, esta parte no tiene más remedio que buscarlas en el extraordinario peso económico de uno de esos propietarios, a la sazón la todopoderosa sociedad mercantil ENDESA. Los poderes públicos ya fueron muestra de un servilismo vergonzante en relación a ella con motivo de la aprobación en la zona del deslinde mediante OM de 22 de mayo de 2006. Ese servilismo vergonzante incluye a juicio de esta parte una falsedad en documento oficial cuando el así llamado estudio geomorfologico pretende que la pared del acantilado no alcanza los 60 grados de inclinación (lo que aparentemente solo tenía por objeto mantener a ENDESA en su propiedad), y también una clara prevaricación cuando la ampliación de la berma y escollera del barrio se tienen por no puestas a efectos de alcance del temporal, por lo que la ribera del mar se sitúa bien tierra adentro, pero en cambio la escollera que protege la central se considera una barrera válida con plenos efectos legales, y por lo tanto la ribera del mar queda fijada por la escollera misma y además en cotas de entre 5 y 8 metros frente a los hasta 42 metros de altura de ola en el barrio (lo que igualmente tiene por objeto mantener a ENDESA en su propiedad, ya que de haberse aplicado los mismos criterios toda la central habría pasado al dominio público).

Aunque no sea éste el lugar de hacer una crítica o una valoración política, no cabe duda de que la sumisión de los poderes públicos al poder económico, puramente fáctico, de las grandes sociedades capitalistas resulta inaceptable con independencia del color político del responsable de esa actitud. Pero si ademas quien adopta todas las medidas para no causar molestias a esa poderosisima sociedad es precisamente una dirigente socialista, esto digamos que rechina bastante, ya que se supone que el partido, por ser socialista, debe tener en cuenta las necesidades sociales, por ser obrero debe cuidar de los trabajadores y por ser español debería ser bastante menos sensible al empuje del gran capitalismo, que como da sabe no entiende de banderas y mucho de dinero. 

En la denuncia presentada recientemente en la Fiscalía Anticorrupción se expone un intento de explicación de todas y cada una de las brutales agresiones de los poderes públicos hacia los vecinos. El hilo conductor que proporciona sentido y coherencia a esa explicación es la quizá futura construcción en la zona de varias torres de apartamentos al abrigo del puerto deportivo que recoge el PIOT. El texto incluye también el parecer de que la Alcaldesa incurre en prevaricación al omitir el requerimiento a los propietarios de los terrenos del acantilado. 

Esta parte es consciente de que las cuestiones discutidas, siendo concernientes a la seguridad, no son un juego ni pueden ser tratadas de manera frívola. Pero cuando pedimos que se practique requerimiento a los dueños del acantilado no estamos discutiendo las razones técnicas de los informes, sino al contrario: Aceptando que pudieran existir los riesgos que en ellos se exponen (lo que se dice solo a efectos dialécticos y sin que esto suponga reconocimiento de dichos riesgos), pedimos algo tan coherente como que requiera a quien está originando el riesgo para que lo corrija. 

Teniendo en cuenta la extrema gravedad de la situación, la tragedia humana que va a suponer el desalojo, la gravísima lesión del derecho del artículo 18 de la Constitución que implica y su carácter posiblemente definitivo avista del inmenso coste económico de la reparación y aseguramiento de la pared, y considerando lo irracional que resulta que el Ayuntamiento se resista a requerir a los propietarios de la pared, esta parte no tiene más remedio que, sin perjuicio de la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción, anunciar la presentación de querella criminal por un delito de prevaricación administrativa contra quienes resulten ser los responsables de la actitud que se dice, es decir, la omisión de requerimiento a los propietarios del acantilado para que lo aseguren a su costa. 

Tenga en cuenta el Ayuntamiento que si practicara el requerimiento y los propietarios iniciarán los trabajos, seria mucho mas fácil que los vecinos aceptaran el desalojo al entender que el mismo es realmente provisional. En otro caso, no se marcharan porque saben que el disuasorio coste de la reparación va a impedir su vuelta a casa. Por tanto, y aunque esto pueda parecer paradójico, es la incomprensible actitud del Ayuntamiento al resistirse a requerir a los propietarios del acantilado, la que esta dando lugar a la paralela resistencia de los vecinos a abandonar sus viviendas. 
A vista de la situación, los vecinos no van a someterse a la medida cautelar de desalojo. Esto, sin embargo, no constituye una rebeldía gratuita ni caprichosa que pueda ser entendida como desacato, sino una decisión razonada y justificada como se acaba de exponer. 

En su virtud,

SOLICITO:  

Se sirva declarar la nulidad parcial del acto combatido, sólo en su determinación de incoar nuevo expediente de desalojo, n primer lugar por ser este contenido ajeno a la naturaleza del acto y subsidiariamente por lo expuesto en la alegación TERCERA. 

si no se aceptara lo anterior y por tanto subsistiera el acuerdo de inicio, notificar el mismo a los propietarios de los terrenos del acantilado y complementar la medida cautelar de desalojo con otra de igual clase consistente en requerimiento a tales propietarios para que procedan al aseguramiento de dicho acantilado a su costa. En este último supuesto de dar por válida la incoación de expediente, se dé por enterado el Ayuntamiento de que en caso de que no se adopten esas medidas cautelares, se formulará querella por prevaricación administrativa. Así también, en el supuesto que se dice, se dé por enterado el Ayuntamiento de que los vecinos no cumplirán la medida cautelar y por tanto no desalojarán sus viviendas, al menos hasta que, por haberse iniciado los trabajos de aseguramiento, se confirme que el desalojo será provisional.

OTROSÍ DIGO: Que, en base a los artículos 80 y 81 de la LPAC, intereso la apertura de un período probatorio y la práctica de las siguientes diligencias:

DOCUMENTAL: Para que por el Ayuntamiento de Candelaria se unan a las actuaciones los siguientes documentos:

1.- Oficios en los cuales, en su caso, el Ayuntamiento hubiera hecho llegar las reiteraciones de petición de Informe al Gobierno de Canarias.

2.- Ordenanza municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana o equivalente que, en su caso, hubiera publicado el Ayuntamiento según rl modelo de la Federación Nacional de Municipios y Provincias.

3.- Texto íntegro del PEMU de Candelaria (suponiendo que sea un texto).

4.- Copia del expediente íntegro de contratación del Informe “Estudio Geotécnico, Geológico del Talud Bajo la Cuesta” a favor de la Empresa Instituto Canario e Investigación de la Construcción SA.

El objeto de la prueba es el de comprobar si en el procedimiento se observaron y respetaron todos los requisitos establecidos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, ya que como se sabe las pruebas obtenidas ilegalmente no pueden producir efecto alguno, y si no se hubieran observado los requisitos legales en la contratación, la conclusión, la prueba se habría obtenido de forma ilegal. 

B) PERICIAL: Para que por los Servicios Técnicos Municipales se personen en la zona a fin de elaborar elaboren estudio técnico con el siguiente contenido mínimo:

a.- Estado del talud en cuanto a su estabilidad o falta de ella y la previsión de que en el futuro puedan producirse desprendimientos o deslizamientos.

b.- Revisión y comprobación de la malla instalada en su día por el organismo de carreteras del Gobierno de Canarias, señalando e identificando con la mayor precisión, los puntos donde exista, en su caso, deterioro, ausencia de fijación u otros problemas que puedan impedir o dificultar la función para la que fue instalada.

En su virtud,

SOLICITO: Se sirva acordar la apertura del periodo probatorio y la práctica de las diligencias interesadas.

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