ALEGACIONES CONTRA INICIO DE EXPEDIENTE DE DESALOJO DE BAJO LA CUESTA

julio 26, 2015

@abogadodelmar

El Ayuntamiento acaba de estimar el recurso de reposición contra el desalojo pero en el mismo acto inicia un expediente nuevo con el propio desalojo como medida cautelar. Con esto nos pone en una situación muy complicada en la que es difícil saber qué hay que hacer ahora. 

Y lo que yo creo que hay que hacer es esto:



AL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA
JOSÉ ORTEGA ORTEGA, abogado en ejercicio, con despacho abierto en El Puig, plaza mariano Benlliure 21, primero, 46540 Valencia, en nombre y representación de la asociación de vecinos Bajo la Cuesta – Risco las Tablas, como ya consta, comparezco y DIGO: 
Que, habiendo recibido notificación de la incoación de expediente para desalojo de mis representados (decreto de Alcaldía 2755), dentro del plazo hábil formulo con destino al mismo las siguientes 

ALEGACIONES
PRIMERA.- La resolución del recurso de reposición incluye una relación de los antecedentes que resulta parcialmente engañosa en un punto que resulta ser clave y determinante. Se afirma en el resumen de dichos antecedentes elaborado por el Secretario, que el recurso reprocha al Ayuntamiento partir de la errónea premisa de que los terrenos carecen de propietario, pero silencia que se dejó indicación de la identidad de dichos propietarios y se pidió de forma razonada y fundada en derecho, que los mismos fueran requeridos para asegurar los terrenos a su costa. 
Este modo de plantear la cuestión opera a modo de andamio dialéctico en que apoyar, dicho sea con el mayor respeto, una mentira que nada tiene de bonita. Todo el mundo sabe que la más eficaz de las mentiras es la verdad a medias, y aquí tenemos un ejemplo vivo de ello: Se reconoce que el recurso hace la alegación ya dicha pero se silencia el resto de ducha alegación, que era lo que en realidad importaba y que el Ayuntamiento se ha decidido a ignorar de forma más bien ostentosa. En consecuencia, la justa petición de que se requiriese a los propietarios parece que se la haya tragado la tierra, pero ésta no es la forma adecuada de plantear la grave cuestión que nos ocupa.
No hay motivo alguno para que el presente expediente de entienda únicamente con los vecinos y que no se considere que los propietarios de los terrenos deben ser parte en el mismo, tal como se desprende del artículo 31.1.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que resulta obvio que los intereses que pueden resultar afectados no son únicamente los de los vecinos, sino también los de los propietarios en cuestión, que podrían verse obligados a importantes indemnizaciones derivadas del artículo 1902 del código civil en caso de que llegue a ejecutarse el desalojo.
Es de resaltar que la Sra Alcaldesa dijo a los vecinos durante una reunión que efectivamente se iba a proceder al requerimiento, pero esta parte no tiene constancia del mismo y, en todo caso, tal requerimiento tampoco puede hacerse al margen de los derechos y garantías del procedimiento administrativo. Con arreglo al principio de eficacia del apartado primero del artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y también de conformidad con los principios de buena fe y confianza legítima de su apartado segundo, la solución adecuada es que el Ayuntamiento inicie expediente administrativo en el que se sustancien todas las cuestiones, tanto los estudios técnicos que sean precisos como fundamentalmente el requerimiento a los propietarios de los terrenos.

La decepcionante actitud del Ayuntamiento a la que me acabo de referir, recuerdo que no solamente incluye la omisión del requerimiento en cuestión, sino también la intencionada y pensada manipulación de los antecedentes, lo que resulta contrario a la obligación de objetividad de la Administración recogida en los artículos 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 103 de la Constitución.

Resulta incomprensible que el Ayuntamiento se niegue o se resista a requerir a los propietarios, ya que nadie puede dudar que son los únicos responsables de la situación. En orden a entender las razones, esta parte no tiene más remedio que buscarlas en el extraordinario peso económico de uno de esos propietarios, a la sazón la todopoderosa sociedad mercantil ENDESA. Los poderes públicos ya fueron muestra de un servilismo vergonzante en relación a ella con motivo de la aprobación en la zona del deslinde mediante OM de 22 de mayo de 2006. Ese servilismo vergonzante incluye a juicio de esta parte una falsedad en documento oficial cuando el así llamado estudio geomorfologico pretende que la pared del acantilado no alcanza los 60 grados de inclinación (lo que aparentemente solo tenía por objeto mantener a ENDESA en su propiedad), y también una clara prevaricación cuando la ampliación de la berma y escollera del barrio se tienen por no puestas a efectos de alcance del temporal, por lo que la ribera del mar se sitúa bien tierra adentro, pero en cambio la escollera que protege la central se considera una barrera válida con plenos efectos legales, y por lo tanto la ribera del mar queda fijada por la escollera misma y además en cotas de entre 5 y 8 metros frente a los hasta 42 metros de altura de ola en el barrio (lo que igualmente tiene por objeto mantener a ENDESA en su propiedad, ya que de haberse aplicado los mismos criterios toda la central habría pasado al dominio público).

Aunque no sea éste el lugar de hacer una crítica o una valoración política, no cabe duda de que la sumisión de los poderes públicos al poder económico, puramente fáctico, de las grandes sociedades capitalistas resulta inaceptable con independencia del color político del responsable de esa actitud. Pero si ademas quien adopta todas las medidas para no causar molestias a esa poderosisima sociedad es precisamente una dirigente socialista, esto digamos que rechina bastante, ya que se supone que el partido, por ser socialista, debe tener en cuenta las necesidades sociales, por ser obrero debe cuidar de los trabajadores y por ser español debería ser bastante menos sensible al empuje del gran capitalismo, que como da sabe no entiende de banderas y mucho de dinero. 

En la denuncia presentada recientemente en la Fiscalía Anticorrupción se expone un intento de explicación de todas y cada una de las brutales agresiones de los poderes públicos hacia los vecinos. El hilo conductor que proporciona sentido y coherencia a esa explicación es la quizá futura construcción en la zona de varias torres de apartamentos al abrigo del puerto deportivo que recoge el PIOT. El texto incluye también el parecer de que la Alcaldesa incurre en prevaricación al omitir el requerimiento a los propietarios de los terrenos del acantilado. 
Esta parte es consciente de que las cuestiones discutidas, siendo concernientes a la seguridad, no son un juego ni pueden ser tratadas de manera frívola. Pero cuando pedimos que se practique requerimiento a los dueños del acantilado no estamos discutiendo las razones técnicas de los informes, sino al contrario: Aceptando que pudieran existir los riesgos que en ellos se exponen (lo que se dice solo a efectos dialécticos y sin que esto suponga reconocimiento de dichos riesgos), pedimos algo tan coherente como que requiera a quien está originando el riesgo para que lo corrija. 

Teniendo en cuenta la extrema gravedad de la situación, la tragedia humana que va a suponer el desalojo, la gravísima lesión del derecho del artículo 18 de la Constitución que implica y su carácter posiblemente definitivo avista del inmenso coste económico de la reparación y aseguramiento de la pared, y considerando lo irracional que resulta que el Ayuntamiento se resista a requerir a los propietarios de la pared, esta parte no tiene más remedio que, sin perjuicio de la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción, anunciar la presentación de querella criminal por un delito de prevaricación administrativa contra quienes resulten ser los responsables de la actitud que se dice, es decir, la omisión de requerimiento a los propietarios del acantilado para que lo aseguren a su costa. 

Tenga en cuenta el Ayuntamiento que si practicara el requerimiento y los propietarios iniciarán los trabajos, seria mucho mas fácil que los vecinos aceptaran el desalojo al entender que el mismo es realmente provisional. En otro caso, no se marcharan porque saben que el disuasorio coste de la reparación va a impedir su vuelta a casa. Por tanto, y aunque esto pueda parecer paradójico, es la incomprensible actitud del Ayuntamiento al resistirse a requerir a los propietarios del acantilado, la que esta dando lugar a la paralela resistencia de los vecinos a abandonar sus viviendas. 

A vista de la situación, los vecinos no van a someterse a la medida cautelar de desalojo. Esto, sin embargo, no constituye una rebeldía gratuita ni caprichosa que pueda ser entendida como desacato, sino una decisión razonada y justificada como se acaba de exponer. 

En su virtud,

SOLICITO: 

Que me tenga por personado y parte, en la representación que ostento, en el expediente iniciado por el Ayuntamiento para determinar si procede el desalojo de los vecinos de Bajo la Cuesta (expediente sin número de radicación) y me entregue copia integra de los documento sobrantes en el mismo. 

Se sirva notificar el acuerdo de incoación a los propietarios de los terrenos del acantilado y complementar la medida cautelar de desalojo con otra consistente en requerimiento a tales propietarios para que procedan al aseguramiento de dicho acantilado a su costa.

Se dé por enterado el Ayuntamiento de que en caso de que no se adopten esas medidas cautelares, se formulará querella por prevaricación administrativa. 

Se dé por enterado el Ayuntamiento de que los vecinos no cumplirán la medida cautelar y por tanto no desalojarán sus viviendas, al menos hasta que, por haberse iniciado los trabajos de aseguramiento, se confirme que el desalojo será provisional.
OTROSÍ DIGO: Que, en base a los artículos 80 y 81 de la LPAC, intereso la apertura de un período de prueba y la práctica de las siguientes diligencias:
A) DOCUMENTAL: Para que por el Ayuntamiento de Candelaria se unan a las actuaciones los siguientes documentos:
1.- Oficios en los cuales, en su caso, el Ayuntamiento hubiera hecho llegar las reiteraciones de petición de Informe al Gobierno de Canarias.
2.- Ordenanza municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana o equivalente que, en su caso, hubiera publicado el Ayuntamiento según rl modelo de la Federación Nacional de Municipios y Provincias.
3.- Texto íntegro del PEMU de Candelaria (suponiendo que sea un texto).

4.- Copia del expediente íntegro de contratación del Informe “Estudio Geotécnico, Geológico del Talud Bajo la Cuesta” a favor de la Empresa Instituto Canario e Investigación de la Construcción SA.

El objeto de la prueba es el de comprobar si en el procedimiento se observaron y respetaron todos los requisitos establecidos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, ya que como se sabe las pruebas obtenidas ilegalmente no pueden producir efecto alguno, y si no se hubieran observado los requisitos legales en la contratación, la conclusión, la prueba se habría obtenido de forma ilegal. 

B) PERICIAL: Para que por los Servicios Técnicos Municipales se personen en la zona a fin de elaborar elaboren estudio técnico con el siguiente contenido mínimo:

a.- Estado del talud en cuanto a su estabilidad o falta de ella y la previsión de que en el futuro puedan producirse desprendimientos o deslizamientos.

b.- Revisión y comprobación de la malla instalada en su día por el organismo de carreteras del Gobierno de Canarias, señalando e identificando con la mayor precisión, los puntos donde exista, en su caso, deterioro, ausencia de fijación u otros problemas que puedan impedir o dificultar la función para la que fue instalada.

En su virtud,

SOLICITO: Se sirva acordar la apertura del periodo probatorio y la práctica de las diligencias interesadas.

José Ortega

Abogado 

ortega_abogados@hotmail.com

http://www.costasmarritmias,es 

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