NOTAS PARA UNA ENTREVISTA EN EL DIARIO LA OPINION SOBRE SENTENCIA CIVIL DE BAJO LA CUESTA 

julio 17, 2015

@abogadodelmar

Este fin de semana el diario La Opinion de Tenerife publicara una entrevista sobre la reciente sentencia del juzgado de primera instancia numero 2 de Tenerife en el asunto de Bajo la Cuesta.  Esto es algo comprometido para mi porque mi opinión de la sentencia  no es favorable y expresarlo en público me podría traer problemas. Pero como nos encontramos en un momento crítico que exige decisiones atrevidas, me ampararé en el supuesto y teórico derecho de libertad de expresión y allá vamos. Este texot es el que he pasado al periódico y lo pego porque sé que por razones de espacio no podrá salir entero, pero el curro que me he pegado yo lo tengo que amortizar.

He tenido experiencias pésimas con la jurisdicción contencioso administrativa tanto en la Audiencia Nacional como en los Tribunales Superiores de Justicia. Como ejemplo: impugné en la Audiencia nacional un Proyecto de Obras de la Bombilla (La Palma) porque se planificaba una senda peatonal que discurría por la ribera del mar en contra de la expresa prohibición del artículo 44.5 de la Ley de Costas de paseos marítimos sobre la ribera del mar. La Sentencia dice que efectivamente la senda peatonal es un paseo marítimo, que efectivamente ese paseo marítimo al que se llama senda va por la ribera del mar y que efectivamente la ley lo prohíbe, pero que si el Ministerio de Medio Ambiente consideraba oportuno ese trazado los Tribunales no tenían nada que decir. Esto implica simplemente que la Audiencia Nacional estaba cumpliendo funciones de mero paje o criado del Gobierno y que le estaba permitiendo incumplir con descaro la propia Ley. A partir de este momento ya se puede decir que no hay Ley y que lo que se pueda hacer o no dependerá no de la Ley sino de la simple arbitrariedad del Gobierno. Esto es sólo un ejemplo entre muchos de la impotencia que siento ante la forma con la que a mi juicio los magistrados del orden contencioso administrativo, entiendo que designados por un órgano político como es el Consejo General del Poder Judicial, suplantan legislador y dictan sentencias que poco tiene  que ver con el derecho. 

Creo que esto constituye un problema que va mucho más allá de los tribunales y que alcanza la esencia misma de la democracia. Como decía el escritor sueco Hening Mankell (cuyo padre era juez) en una entrevista en la BBC, sin justicia no hay democracia,y yo pienso que en el orden contencioso administrativo, donde se discuten las decisiones del poder politico(y especialmente en el ámbito e la ley de costas) es muy difícil hablar de justicia. En 2007 el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil dictó una sentencia que reconocía que los deslindes de la Ley de Costas se podían recurrir ante los Jueces y Tribunales del orden civil, lo cual tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que la Ley de Costas asigna directamente efectos civiles al deslinde. 

Por este motivo formule demanda civil ejercitando acción declarativa del dominio contra el Estado en relación con  contra la Orden Ministerial de 22 de mayo de 2006 aprobatoria de la zona del deslinde de Bajo la Cuesta. Lo que esperaba del juez civil era rigurosa imparcialidad, seria profesionalidad y una valoración de la prueba realmente rigurosa y sobre todo respetuosa con el derecho de propiedad, ya que las pruebas aportadas por el Gobierno para arrebatar la propiedad a los vecinos son a mi juicio risibles cuando no inexistentes (por ejemplo se dice que el dominio público se fija por el alcance de los temporales que queda determinado “por “observación directa”) es decir, por un juicio tan unilateral como subjetivo y carente de prueba. 

Con extraordinario respeto hacia la Jueza de Primera Instancia nº2 y hacia su trabajo, debo expresar mi decepción ante la sentencia que acaba de dictar después de unos diez meses, pero no por no haber obtenido mis clientes los resultados apetecidos, sino porque bajo mi punto de vista presenta inmensas deficiencias de calidad que denotan a mi juicio una falta de atención muy importante en relación al contenido del pleito.  

La sentencia empieza con una consideración que me ha dejado pasmado en su considerando quinto, en el que aborda una alegación de la demanda consistente en que las Normas Subsidiarias de 1987 habían declarado el municipio como suelo urbano, siendo esto un indicio de que la Jefatura de Costas no consideraba en esa época que el espacio fuera demanial, ya que en tal caso no habría tolerado esa calificación. La consideración que hace al respecto la Sentencia es incomprensible. Afirma que lasNormas subsidiarias no fueron publicadas hasta el 29 de diciembre de 1988, posteriormente a la Ley de Costas, y por este motivo no es posible asignar  al área una extensión reducida de la servidumbre de protección de 20 metros en aplicación de la Disposición Transitoria novena, apartado tercero del Reglamento de Costas. Esta afirmación de la sentencia resulta ininteligible puesto que como se ve el pleito nada tenía que ver con la anchura de la servidumbre de protección y desde luego con esto se estaba respondiendo a una cuestión que nunca fue planteada.

 Aparte de esto, se dice también que las viviendas no fueron con, struidas mediante la participación de ningún arquitecto, y en otros pasajes; como por ejemplo en la página 22 se alude a que cuando hizo el deslinde del 69 “no existían edificaciones”. Con esto simplemente se niega a entender la jueza lo que repetidamente se dijo, es decir que no nos encontramos anteedificaciines sino ante cuevas que simplemente tienen una fachada exterior y algunas veces un jardín, sin que interviniese ningún arquitecto en su construcción puesto que nunca hubo construcción. Me resulta realmente fatigoso discutir este punto en la apelación cuando no debería ser preciso puesto que ya se dijo tanto en la demanda como en el informe en Sala, pero este problema hay que achacarlo no sólo a una falta de atención de la jueza sino también al hecho de que rechazó de forma provisional la petición hecha en la audiencia previa de que se practicara la prueba de reconocimiento judicial, lo que pienso que debería haber tornado imposible esta falta de entendimiento de una cuestión tan sencilla. 

Lo mismo hay que decir de las reflexiones de la sentencia relativas a que la berma existente en la zona era demasiado estrecha como para asentar sobre ella la construcción de las viviendas. Esto es algo que simplemente carece de sentido por la misma razón, es decir que no existe ni existió nunca construcción alguna, ya que las viviendas son cuevas. 

 En términos generales mi intención de obtener una decisión del juez civil que interpretase y aplicase la ley en términos , más respetuosos con el derecho de propiedad y valorase las pruebas de forma más realista, se ha visto frustrada por la tendencia que muestra la sentencia a seguir el hilo, en ocasiones de forma acrítica, de la anterior Sentencia dictada por la Audiencia Nacional en noviembre de 2008 relativa a la impugnación del deslinde. Uno de los alegatos de la demanda, por ejemplo, consistía en que el Gobierno había puesto el límite del dominio público coincidiendo con el alcance de los temporales por pura aproximación y a ciegas y por tanto de forma arbitraria, y que no es posible determinar cuál es con exactitud dicho alcance debido a que se consideró que la ampliación de la berma debía tenerse por no puesta los efectos de fijar el alcance de la ola y eso significa que dicho alcance quedó fijado en el plano de forma puramente estimativa o más bien caprichosa. La sentencia se limita a invocar al efecto jurisprudencia del orden contencioso administrativo con la cual desde luego no puedo estar de acuerdo y que en todo caso suprime mi esperanza de una decisión judicial basada en criterios ajenos o por lo menos al margen de los de ese orden contencioso administrativo. 

En todo caso, el acto del deslinde constituye la fijación de una frontera fija y precisa y esto simplemente es imposible de conseguir cuando el Gobierno fija un punto al cual llegan los temporales pero de forma totalmente virtual y por lo tanto supuesta porque allí nunca nadie ha visto llegar ninguna ola.  

La sentencia afirma, por otro lado,  que no hay indicios de que el alcance de la ola haya sido fijado en base a un temporal extraordinario. No puedo entender este punto de vista cuando se pretende que la ola alcanzó hasta 42 metros sobre la pared de un acantilado situado 30 o 40 metros tierra adentro. Aunque sólo se hubiera tomado en cuenta la anchura de la berma natural luego ampliada, eso no es un temporal extraordinario sino algo mucho peor:Un tsunami de consecuencias devastadoras en toda la isla de las que sin embargo no se tiene noticia.  

Tampoco le parece  la jueza  significativo que mientras en Bajo la Cuesta el deslinde alcanza esas cotas tan elevadas, en la muy cercana central eléctrica la altura de ola es solo de entre 5 y 8 metros, y mientras que en el barrio la ampliación de la berma se tiene por no puesta a efectos del alcance del oleaje por ser una obra artificial y por tanto se ha estimado que la ola llegaría mas al interior, en la central es legítimo que la escollera artificial si constituya una barrera con todos los efectos legales. Esto, que para cualquiera seria no solo ilegal si o además repulsivo, no tiene importancia para la sentencia. En estimación de la jueza, habría que comprobar cual era la configuración de los terrenos antes de las obras artificiales en uno y otro caso. Y yo me pregunto por qué eso debe ser así, por qué no se aplica de forma simple y lineal el mismo criterio a la central que al barrio y en todo caso por qué los responsables de la tramitación no hicieron esa comprobacion en su momento. Y me contesto: Porque si hubieran aplicado a la central el mismo criterio que al barrio, pretendiendo que las olas hubieran alcanzado hasta 42 metros, la totalidad de las instalaciones habrían quedado incluidas en el dominio público. Pero esto no se hizo para no perjudicar  a una sociedad tan potente como Endesa. La cuestión no es que, como afirma la sentencia, hubiera que comprobar la previa configuración de los terrenos, sino que estamos obligados a vivir en un país cuyos poderes públicos (hablo en general) carecen de decencia y pr lo que atañe a este caso, el derecho constitucional de igualdad no existe entre una de las más potentes sociedades del gran capitalismo español y los pobres vecinos de la clase media baja.

 Lo que me  resulta perturbador es que la sentencia no se limita a seguir los criterios de aplicación del derecho de la sentencia de la Audiencia Nacional, sino que hace suya la valoración de la prueba que se practicó en aquel procedimiento y esto es algo muy triste por la sencilla razón de que las pruebas que se practicaron en aquel procedimiento son unas y las que se practicaron en este otro fueron otras distintas y mucho más efectivas a mi juicio. Aparte de esto el recurso contencioso administrativo contra el deslinde se sustanció durante 2006-2007 en unos momentos en los que por razones materiales no habíamos conseguido reunir todas las pruebas que sí que han estado disponibles ahora y además los planteamientos técnico jurídico de la defensa han sido en este procedimiento muchísimo más maduros y elaborados, y yo pienso que la sentencia debería de haber resuelto este procedimiento previa valoración de la prueba y de la fundamentación jurídica de este procedimiento y no en función de la prueba y la argumentación  jurídica de otro procedimiento distinto. 

Una de las más asombrosas e incompresibles incoherencias de l asentencia es el tratamiento que da en relación con la previa existencia de una berma natural en la zona. El punto de vista del Gobierno es que nunca existió tal berma sino que el acantilado caía a pico hundiéndose en el mar. La sentencia a este respecto, y por increíble que pueda parecer, contiene un pasaje en el que reconoce la previa existencia de la berma y otro en el que la niega. En la página 22 dice literalmente “la berma en cuestión está por tanto incluída y afectada por la zona marítimo terrestre. Y dado que este mínimo espacio plano no puede haber servido de soporte o solar de la alineación de las edificaciones actualmente existentes (..) hay que concluir que antes de la finalización de los trabajos de la autovía (…)no pudo ejecutarse la explanación suficiente en dimensiones suficientes como para servir de solar a las viviendas.” (aquí vemos que la jueza no quiere entender que se trata de cuevas). En la página 21 se dice “aparece una superficie artificial fruto de los escombros de la construcción de la autovía donde antes no existía nada”. Resultan así dos declaraciones contradictorias. Según una,  existiría una berma estrecha de la zona y según la otra en la misma zona nunca existió berma alguna. 

Esta última declaración de que no existía berma resulta particularmente incoherente porque en el procedimiento se practicó a instancias del propio Estado, prueba de perito judicial  que, previa elaboración de calicatas, informase que espesor ocupan en la berma los rellenos y a que profundidad podía detectarse la aparición de la roca constitutiva de la primitiva berma natural. Esto indica que a pesar de la manía de los Ingenieros de Costas de que en la zona no existía una berma natural,  el propio Abogado del Estado da a entender lo contrario cuando él mismo solicita la práctica de esa prueba. E igualmente resulta tan contradictorio como incomprensible que la sentencia haga esa declaración de que nunca existió berma natural después de que en el procedimiento se haya practicado esa prueba que demuestra lo contrario.

 De todos modos, e mi opinión se echa en falta una declaración clara, explícita y razonada de hechos probados, que yo considero requisito imprescindible de toda sentencia.  

El mayor reproche que como mucho se puede dirigir a la sentencia es que la misma no recoge el argumento más contundente de la demanda, que consiste en que el deslinde antiguo aplicó el artículo 1.1 de la Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880 que definía la zona marítimo terrestre como el espacio bañado al mar en su flujo y reflujo (de hecho, a pesar de la claridad y detalle con la que esto se expuso en la demanda y también en el informe en sala, en un pasaje la sentencia afirma que el deslinde de 1969 se fijó según “los temporales ordinarios”). 
Puesto que ya es indudable que en la zona existía verdaderamente berma natural,  debemos concluir que la zona marítimo terrestre quedó fijada por el borde de la misma  hasta el limite de la marea alta. La cuestión es que los ingenieros de costas han trazado ahora esa línea de 1969 en primer lugar en cotas desiguales, y como todo el mundo conoce la teoría de los vasos comunicantes y por lo tanto sabe que es imposible que la marea alcance cotas que no sean idénticas, la pretensión de que el deslinde de 1969 iba por alturas desiguales entre sí resulta no sólo errónea sino particularmente ridícula y ofensiva para una inteligencia mediana. No puede pretenderse una imbecilidad como ésa, que va contra las leyes de la física. 

No obstante, lo que resulta aún más ridículo es que esas cotas desiguales han sido fijadas en puntos de hasta 30 metros, y como quiera que el deslinde antiguo señalaba simplemente la marea alta, la consecuencia es que la pretensión de los ingenieros de costas es que la marea alta había quedado fijada en 1969 varios metros por encima de la propia marea alta. Este argumento fue expuesto tanto con la demanda, como en el informe en Sala, y lasSentencia simplemente se limita a ignorar su existencia fingiendo que el argumento no existe. Esto no solamente es total y absolutamente contrario a la Ley de Enjuiciamento Civil, cuyo artículo 218 manda que las sentencias recojan y resuelvan todos los pedimentos de las partes, sino que además muestra una extraña coincidencia con la actitud de la Dirección General de Costas que se niega a tramitar la solicitud de replanteo que se le solicitó con estos mismos razonamientos en.   en fecha 30 de octubre de 2013.  Resulta realmente perturbador que tanto la actitud de la Dirección General de Costas como la del Juzgado sean coincidentes en orden a extender un silencio espeso sobre lo que constituye un argumento que considero total y absolutamente indiscutible y que acredita que el Gobierno no solamente no tiene razón sino que está sosteniendo una pretensión que resulta surrealista y que movería a las carcajadas ruidosas si no fuera un instrumento para causar la tragedia de cincuenta familias. Es significativo que el Gobierno sí que entró al trapo de negar expresamente la tramitación de una solicitud de replanteo anterior basada en un error topográfico, lo que dio lugar a un proceso judicial con un debate sobre el fondo, pero no ha pestañeado en todo el tiempo transcurrido desde que se pidió otro replanteo fundado en que el deslinde antiguo había fijado la zmt por el alcance la marea. En el primer caso, la Dirección General de Costas ha podido descargar sobre los vecinos toda una serie de razonamientos manipulados, sesgados y falsos con un ejército de técnicos suficiente como para abrumar a los jueces que en cada procedimiento han examinado la cuestión y que el muchas veces intenendible torrente de datos se han quedado con la versión de la Administración . Sin embargo, este razonamiento nuevo basado en el alcance la marea no sólo no admite discusión alguna sino que tampoco necesita ser aclarado al Juez por un perito, porque es algo que se desprende de la experiencia común y todo el mundo sabe que la marea no puede tener un alcance en unos sitios de 8 metros y en otros de 30, como tampoco es posible que esa misma marea alta haya quedado fijada varios metros por encima de la propia marea alta.

 Bajo mi punto de vista, la actitud de la Dirección General al haber ocultado la petición de replanteo en un cajón es delictiva, y sí se ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción. Pero me perturba extraordinariamente que la sentencia incurra en la misma actitud extraordinaria y ostensiblemente ilegal (aunque no sugiero con esto que también incurra en delito) de fingir que ese mas importante alegato de la demanda no existe lo mismo que la Dirección General finge que tampoco existe la petición de replanteo basada en idéntico concepto. En uno y otro caso las consecuencias habrían sido las mismas: Resultando ridícula, surrealista, imposible y contraria a la leyes de la física la pretensión de la Administración, en caso de que la sentencia hubiera estudiado y valorado el alegato de la demanda, no habría tenido más remedio que estimarla, y en caso de que la Dirección general hubiera incoado expediente de replanteo, igualmente o le habría quedado mas que dar la razón a los vecinos. 

En uno y otro caso ante razones y argumentos indiscutibles, la respuesta consiste en fingir que los mismos no existen. Por eso la sentencia es perturbadora. No quiero sugerir con esto que la sentencia forme parte de una conspiración ni que la jueza haya incurrido en delito. Pero esto me perturba mucho y me da que pensar hasta el extremo que me considero obligado de ampliar la denuncia que tengo presentada en la Fiscalía Anticorrupción solamente como exponente de un ladrillo mas en el muro que los poderes públicos están construyendo para que los vecinos no puedan acceder a los derechos y garantías de la democracia. 

Hay otros contenidos muy importantes de mi planteamiento que la sentencia se niega a recoger y estudiar. Por ejemplo que si el plano del deslinde antiguo se dibujo con un teodolito que va sobre un trípode, como diablos pudo apoyarse el mismo sobre una pared vertical.  

Después de estudiar la sentencia, y sin pretender ni sugerir que la jueza haya prevaricado me reafirmo en mi convencimiento de que algo pasa que no nos quieren contar, y mas en concreto que alguien esta rabiando de impaciencia porque se produzcan los derribos para poner en marcha la promoción inmobiliaria a la que ya me he referido en mi denuncia a la Fiscalía. 

Tengo que decir que personalmente esta sentencia me ha tocado mucho el animo, cosa no fácil. Tenía la casi certeza  en una decisión justa, equilibrada y razonada y al encontrarme con esto he pasado unos días en estado de profunda desesperanza al comprender hasta que extremo diga lo que diga, razone lo que razone y exponga lo que exponga, a los jueces les da igual porque dicen no a absolutamente todo. Es todo demasiado artificioso, demasiado hostil y demasiado agresivo contra los vecinos. 

En profunda desesperanza porque esto confirma la impresión que tengo hace años de que al explicar a mis clientes cuales son sus derechos y como pueden defenderlos, los estoy estafando porque en realidad no tienen ni derechos ni defensa.

En profunda desesperanza porque este caso es un exponente extremo de cómo España es un país podrido cuyos dirigentes (no me refiero a nadie en particular y menos a la autora de la sentencia) son peores que alimañas. 

Todo el mundo debe saber que en Tenerife y en el Paseo de la Castellana de Madrid se esconden individuos con un poder inmenso e inmunes al control judicial que son capaces de llevar la tragedia a cincuenta familias sobre los presupuestos falsos, surrealistas y ridículos y contrarios a las leyes de la física que he expuesto. Tiene que haber mucho, pero mucho dinero, influencia y promesas detrás de todo esto. Ese tipo de estímulos capaces de transformar a los hombres en bestias.  
José Ortega

Abogado

http://www.costasmaritimas.es 

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