QUEJA ANTE LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO  EUROPEO POR OBSTRUCCIONISMO DE LA JEFATURA DE COSTAS DE TENERIFE EN EL YA FAMOSO TEMA DE BAJO LA CUESTA 

julio 10, 2015

@abogadodelmar

La queja se presenta hoy y dice así:

PRIMERO.- Mis representados son todos ellos propietarios y ocupantes de un conjunto de casas-cueva excavadas al pie de un acantilado en el término municipal de Candelaria (isla de Tenerife, España). Desde que se aprobó el deslinde de dominio público marítimo terrestre mediante orden ministerial de 22 de mayo de 2006 los vecinos tienen un agudo problema relativo a la aplicación de la ley de costas porque el gobierno cree que las viviendas cueva fueron excavadas y habitadas cuando los terrenos ya habían sido declarados de dominio público mediante anterior deslinde aprobado en fecha 24 de enero de 1969. Las viviendas tienen orden de derribo firme desde hace años. 
SEGUNDO.- En junio de 2012, el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del mar encargó a empresa externa, cuya identidad el compareciente desconoce, la elaboración de estudio geomorfologico sobre la zona a efectos de que el mismo se utilizase como base técnica y encabezamiento burocrático de expediente de deslinde de dominio público marítimo terrestre ordenado a mover hacia el mar la ribera del mar y posteriormente declarar la innecesariedad de los terrenos sobrantes y su desafectacion, es decir retirar a los terrenos su carácter de dominio público. 

TERCERO.- Después de un tiempo más que prolongado en que permaneció en paradero desconocido, el estudio fue remitido a la Jefatura de Costas de Santa Cruz de Tenerife.
CUARTO.- Con fecha 16 de febrero de 2015, Don Antonio Oliva Martin, en su calidad de presidente de la asociación de vecinos, solicitó por escrito y registro de entrada copia del informe en cuestión. 
QUINTO.- con fecha 1 de julio de 2015 Don Ramón Loureilo se personó nuevamente en la Jefatura de Costas, acompañado de notario a quien previamente había encargado acta de presencia. Don Ramón solicitó nuevamente copia del informe, a lo que se le dijo que debía hacerlo por escrito. Cuando alegó que tal cosa ya se había hecho con fecha 16 de febrero, la funcionaria respondió que eso era imposible porque el día 16 de febrero día las oficinas estaban desiertas debido a los carnavales.   

SEXTO.- con fecha 7 de julio de 2015, la Jefatura de costas remite oficio dando cuenta de que el estudio se ha remitido a la Dirección General “en cumplimiento de lo establecido en el reglamento de costas” sin citar artículo alguno que pueda servir de orientación, e informando que cuando llegue a incoarse expediente de deslinde, se dará traslado “como parte interesada”. 
Resulta extraordinariamente revelador que, según este oficio, el documento fue remitido en fecha 2 de julio, es decir al día siguiente de la personación de Don Ramón acompañado de notario. Esto implica que en el momento en el que Don Ramón solicitó copia del documento, éste se encontraba efectivamente en la Jefatura de Costas, y sugiere que la exigencia de que presentara solicitud escrita junto a la posterior e inmediata remisión del documento a Madrid, no tenían otro objeto más que poner trabas ilegítimas al acceso al documento en cuestión. Se señala que la pretensión de la funcionaria de que la anterior solicitud escrita nunca existió se considera herramienta imprescindible en esta auténtica maquinación fraudulenta, ya que si se hubiera admitido como cierto que la petición ya constaba por escrito, la artificiosa dilación de exigir que se presentara de nuevo habría carecido de objeto y no habría podido cumplir su función. 
A reseñar aquí la flagrante y comprobada falsedad en la declaración de la funcionaria. 
SÉPTIMO .- el derecho de los vecinos a obtener copia del estudio deriva, por lo que se refiere al derecho de la UE, del el artículo 4 del Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 y el artículo 3 de la nDIRECTIVA 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.
OCTAVO.- De lo anterior se desprende una actitud tan consciente como claramente ilegal de obstruccionismo, sin que a los responsables parezca importarles lo más mínimo que su reiterada negativa a entregar copia del documento, incluso negando la existencia de la primera solicitud o trasladando de sitio el documento como estrategia para no entregar copia, sea claramente contraria a las normas que se han citado. Es evidente que la información contenida en el estudio geomorfologico que se reclama tiene carácter medioambiental y por lo tanto las normas invocadas obligan a los responsables a la entrega de copia del mismo. 
PETICIÓN: Que se declare que el Gobierno de España está viola do las normas de la UE que han sido indicadas   

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