RECLAMANDO A TODO EL QUE TiENE PODER COPIA DEL ESTUDIO GEOMORFOLOGICO PARA LA DESAFECTACION DE BAJO LA CUESTA

julio 9, 2015

@abogadodelmar
¿Queréis comprobar hasta qué extremo los ingenieros de costas mienten, obstaculizan, abusan de su autoridad e imitan en casi todo a una banda de delincuentes? Sólo leed esta solicitud. Y al hacerlo tened en cuenta que desde la Subdelegacion del Gobierno parece que algún iluminado habría dicho que el estudio geomorfologico no se entregaba porque era un “documento interno de la Administración”, categoría inexistente. 

Ése es el nivel y ésas son las actitudes de los que están por las alturas y pueden decidir sobre nuestras vidas, me da igual si son autoridades o funcionarios.  Quien ha merecido la confianza de la sociedad para un cargo de esa responsabilidad no puede ser un completo ignorante en materia de derecho administrativo

Este escrito también puede servir como modelo para cualquiera que se vea en esta misma situación, tan típica de la postdemocracia 



A LA JEFATURA PROVINCIAL DE COSTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

…………………..comparezco y DIGO:

PRIMERO.- Como es sabido, el entonces Director General de Sostenibilidad de la Costa y del mar encargó a empresa externa, cuya identidad el compareciente desconoce, la elaboración de estudio geomorfologico sobre la zona de Bajo la Cuesta, en el término de Candelaria, a efectos de que el mismo se utilizase como base técnica y encabezamiento burocrático de expediente de deslinde de dominio público marítimo terrestre ordenado a mover hacia el mar la ribera del mar y posteriormente declarar la innecesariedad de los terrenos sobrantes y su desafectacion. 

SEGUNDO.- Después de un tiempo más que prolongado en que permaneció en paradero desconocido, el estudio fue remitido a la Jefatura de Costas de Santa Cruz de Tenerife.

TECERO.- Con fecha 16 de febrero de 2015, el compareciente, en su calidad de presidente de la asociación de vecinos, solicitó por escrito y registro de entrada copia del informe en cuestión. Acompaño copia como documento probatorio núm. 1.

CUARTO.- con fecha 1 de julio de 2015 Don Ramón Loureilo se personó nuevamente en la Jefatura de Costas, acompañado de notario a quien previamente había encargado acta de presencia. Don Ramón solicitó nuevamente copia del informe, a lo que se le dijo que debía hacerlo por escrito. Cuando alegó que tal cosa ya se había hecho con fecha 16 de febrero, la funcionaria respondió que eso era imposible porque el día 16 de febrero día las oficinas estaban desiertas debido a los carnavales. Acompaño copia del acta levantada por el notario como documento probatorio núm. 2 y nueva solicitud escrita del día de la fecha como documento núm. 3.

QUINTO.- con fecha 7 de julio de 2015, la Jefatura de costas remite oficio dando cuenta de que el estudio se ha remitido a la Dirección General “en cumplimiento de lo establecido en el reglamento de costas” sin citar artículo alguno que pueda servir de orientación, e informando que cuando llegue a incoarse expediente de deslinde, se dará traslado “como parte interesada”. Copia como documento número 4.

Resulta extraordinariamente revelador que, según este oficio, el documento fue remitido en fecha 2 de julio, es decir al día siguiente de la personación de Don Ramón acompañado de notario. Esto implica que en el momento en el que Don Ramón solicitó copia del documento, éste se encontraba efectivamente en la Jefatura de Costas, y sugiere que la exigencia de que presentara solicitud escrita junto a la posterior e inmediata remisión del documento a Madrid, no tenían otro objeto más que poner trabas ilegítimas al acceso al documento. Se señala que la pretensión de la funcionaria de que la anterior solicitud escrita nunca existió se considera herramienta imprescindible en esta auténtica maquinación fraudulenta, ya que si se hubiera admitido como cierto que la petición ya constaba por escrito, la artificiosa dilación de exigir que se presentara de nuevo habría carecido de objeto y no habría podido cumplir su función. 

A reseñar aquí la flagrante y comprobada falsedad en la declaración de la funcionaria. 

SEXTO.- el derecho del compareciente y el resto de los vecinos a obtener copia del estudio deriva de las siguientes normas:

-En primer lugar, el artículo 35.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común cuando garantiza el derecho de quienes sean interesados en un expediente a conocer su estado de tramitación y obtener copias de los documentos obra tes en ellos. El estudio se remitió, según se ha dicho, a fin de que sirviera de encabezamiento y la Administración no puede poner en marcha este juego del escondite diciendo a los ciudadanos que el documento cuando se pide aquí está allí y viceversa, y sobre todo omitiendo la incoación del expediente como medio para impedir el acceso al documento.

En segundo lugar, el artículo 4 del Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998, publicado en: «BOE» núm. 40, de 16 de febrero de 2005, páginas 5535 a 5547 (13 págs.), cuando afirma que :

1. Cada Parte procurará que, sin perjuicio de lo expresado en los apartados siguientes del presente artículo, las autoridades públicas pongan a disposición del público, en el marco de su legislación nacional, las informaciones sobre el medio ambiente que les soliciten, en particular, si se hace tal petición y sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) infra, copias de los documentos en que las informaciones se encuentren efectivamente consignadas, independientemente de que estos documentos incluyan o no otras informaciones:

a) Sin que el público tenga que invocar un interés particular;

b) en la forma solicitada, a menos que:

i) Sea razonable para la autoridad pública comunicar las informaciones de que se trate en otra forma, en cuyo caso deberán indicarse las razones de esta opción; o

ii) la información ya esté disponible públicamente de otra forma.

2. Las informaciones sobre el medio ambiente a que se refiere el apartado 1 supra serán puestas a disposición del público tan pronto como sea posible y a más tardar en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya presentado la solicitud, a menos que el volumen y la complejidad de los datos solicitados justifiquen una prórroga de ese plazo hasta un máximo de dos meses a partir de la solicitud. Se informará al solicitante de toda prórroga del plazo y de los motivos que la justifican.

3. Podrá denegarse una solicitud de información sobre el medio ambiente si:

a) La autoridad pública de la que se soliciten no dispone de las informaciones solicitadas;

b) la solicitud es claramente abusiva o está formulada en términos demasiado generales; o c) la solicitud se refiere a documentos que estén elaborándose o concierne a comunicaciones internas de las autoridades públicas, siempre que esta excepción esté prevista en el derecho interno o en la costumbre, habida cuenta del interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tenga para el público.

4. Podrá denegarse una solicitud de información sobre el medio ambiente en caso de que la divulgación de esa información pudiera tener efectos desfavorables sobre: a) El secreto de las deliberaciones de las autoridades públicas, cuando ese secreto esté previsto en el derecho interno. 

Como puede verse, el anterior precepto garantiza el acceso de los ciudadanos garantiza el acceso a la información medioambiental haciendo abstracción de que tengan o no interés en la misma. De aquí que sea obligación de la administración hacer entrega del documento (cuya naturaleza y contenido medioambiental son innegables) prescindiendo de que se haya incoado expediente. 

En tercer lugar, el artículo 3 de la nDIRECTIVA 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo., Publicado en: «DOUE» núm. 41, de 14 de febrero de 2003, páginas 26 a 32 (7 págs.), cuando afirma: 

1. Los Estados miembros harán lo necesario para que las autoridades públicas estén obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, a poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante, a petición de este, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado.

2. A reserva del artículo 4, y teniendo en cuenta cualquier calendario especificado por el solicitante, la información medioambiental se facilitará al solicitante:

a) tan pronto como sea posible, y a más tardar en el mes siguiente a la recepción de la solicitud por parte de la autoridad pública contemplada en el apartado 1, o bien

b) en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud por parte de la autoridad pública, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el plazo de un mes indicado en la letra a). En este supuesto, deberá informarse al solicitante cuanto.

 antes, y en cualquier caso antes de que finalice el plazo mencionado de un mes, de toda ampliación del mismo, así como de las razones que la justifican.

3. Cuando una solicitud esté formulada de manera demasiado general, la autoridad pública pedirá al solicitante cuanto antes, y a más tardar en el plazo indicado en la letra a) del apartado 2, que la concrete, y le ayudará a hacerlo, por ejemplo dándole información sobre el uso de los registros públicos a que se refiere la letra c) del apartado 5. Las autoridades públicas podrán, en caso de considerarlo apropiado, rechazar la solicitud amparándose en la letra c) del apartado 1 del artículo 4.

4. Cuando el solicitante pida disponer de información medioambiental en una forma o formato precisos (inclusive en forma de copias), la autoridad pública procederá a satisfacer la solicitud a menos que:

a) la información ya esté a disposición pública en otra forma o formato, en particular según dispone el artículo 7, al que el solicitante pueda acceder fácilmente, o

b) resulte razonable que la autoridad pública ponga a disposición la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente.

A efectos del presente apartado, las autoridades públicas realizarán todos los esfuerzos razonables para conservar la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre en formas o formatos de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicaciones informáticas o por otros medios electrónicos.

Los motivos de la negativa a facilitar la información parcial o totalmente en la forma o formato solicitados se comunicarán al solicitante en el plazo contemplado en la letra a) del apartado 2.

5. A efectos del presente artículo, los Estados miembros garantizarán que:

a) se exija a los funcionarios que asistan al público cuando trate de acceder a la información;

b) las listas de autoridades públicas sean accesibles públicamente, y

c) se definan las modalidades prácticas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información medioambiental, tales como:

– la designación de responsables de información,

la creación y el mantenimiento de medios de consulta de la información solicitada,

– registros o listas de la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o puntos de información, con indicaciones claras sobre dónde puede encontrarse dicha información.

Los Estados miembros velarán por que las autoridades públicas informen al público de manera adecuada sobre los derechos que les otorga la presente Directiva y por que faciliten en la medida en que se considere apropiado información, consejo y asesoramiento al efecto.

Puede comprobarse que tampoco esta norma condiciona la entrega de la información a la previa acreditación del interés y por lo tanto a la previa iniciación de expediente. 

SÉPTIMO.- De lo anterior se desprende una actitud tan consciente como claramente ilegal de obstruccionismo, sin que a los responsables parezca importarles lo más mínimo que su reiterada negativa a entregar copia del expediente, incluso negando la existencia de la primera solicitud o trasladando de sitio el documento como estrategia para no entregar copia, sea claramente contraria a las normas que se han transcrito. 

Constituyendo este modo de proceder la quintaesencia de lo que se entiende como dictar resolución administrativa injusta a sabiendas, y siendo indiscutible la infracción de normas de la UE, el compareciente anuncia las siguientes iniciativas:

Formulación de denuncia en el juzgado de instrucción por un posible delito de prevaricación administrativa.

b) Presentación de queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

A lo dicho hay que añadir que en fechas recientes ha quedado presentada en la Fiscalía Anticorrupción denuncia por los hechos expuestos y otros relacionados con la persecución a que vienen siendo sometidos los vecinos. 

Acompaño copia con sello de entrada como documento numero 5.

En su virtud, 

SOLICITO: Que a la mayor brevedad me entregue copia del documento interesado, con los apercibimientos que constan en el apartado séptimo. 

OTROSI DIGO; Que este escrito se dirige simultáneamente a la Jefatura Provincial de Costas, Dirección General de Dostenibilidad de la Costa y del Mar, Subdelegacion del Gobierno en Tenerife y Delegación del Gobierno en Canarias

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