CIUDADANOS CONTRA EL PODER. BAJO LA CUESTA RESISTE (LA OPINIÓN)

junio 24, 2015

@abogadodelmar

Fuente:

http://www.laopinion.es/tenerife/2015/06/23/ayuntamiento-pedira-orden-judicial-desalojar/613846.html

El Ayuntamiento pedirá la orden judicial para poder desalojar Bajo la Cuesta

Los vecinos desafían al Consistorio y permanecerán ´encerrados´ en sus casas pese a que el plazo para abandonar sus hogares de forma voluntaria termina hoy

Ylenia Lorenzo 24.06.2015 | 03:48

  
Viviendas de Bajo la Cuesta, en Candelaria. LOT

“Los vecinos tienen instrucciones de quedarse en casa y de ahí no les saca ni Dios”. Así de tajante se mostró ayer el abogado de Bajo la Cuesta, José Ortega, que desde 2006 defiende a estos residentes del núcleo costero de Candelaria. Estos ciudadanos no solo tienen abierta una causa por la modificación del deslinde de Costas, sino que ahora además deben enfrentarse al Ayuntamiento de la Villa Mariana, que ha vuelto a amenazar con desalojarlos de sus viviendas ante un informe en el que se advierte del riesgo de desprendimientos que existe en la zona. Si ya lo ordenó en 2010, en esta ocasión el plazo que les dio para abandonar sus hogares de forma voluntaria termina hoy. Desde el Consistorio avisaron ayer de que la Policía se encargará de comprobar si han dejado sus casas y, si no ha sido así, el caso “se enviará al Juzgado, que será el que decida”.

Y parece lo más probable, porque “está claro que mañana [por hoy] no nos vamos a ir”, afirmó el presidente de la Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas, Antonio Oliva, quien resaltó que los alrededor de 150 afectados están “más unidos que nunca”. Aseveró que la Corporación local ha estado “preparando a su servicio jurídico para pedirle al Juzgado la entrada en los domicilios, pero no hay nada oficial y habrá que seguir esperando”. Aunque mostró su preocupación, dijo no obstante que están “tranquilos” porque el abogado que los ha defendido durante todos estos años les ha “mantenido en pie y en el barrio”. “Estoy confiado en que esto va a salir bien y quedará como un mal sueño”, agregó.

Por lo pronto, ya han presentado un recurso de reposición contra la orden de desalojo por parte del Ayuntamiento y contemplan acudir al Contencioso-Administrativo en caso de que sea desestimado por parte de la Administración municipal. Según explicó ayer el letrado, aunque su formalización no suspende la resolución administrativa, sí defendió que ese decreto “afecta a un derecho fundamental”: el artículo 18 de la Constitución, el cual recoge “la intimidad e inviolabilidad de la vivienda”, advirtió. Y es que subrayó que la Corporación local “no podrá hacer nada sin orden judicial”, por lo que debe contar con autorización para poder echarlos de las alrededor de 50 casas que forman este núcleo costero.
Por otro lado, José Ortega manifestó que el Consistorio candelariero debe responder al recurso de reposición y comunicar su decisión argumentándola. Lo normal para él es que desestime el decreto, ya que “le va a costar” seguir adelante con el proceso, “porque las razones” que se exponen en el documento “son difíciles de contradecir”. Entre ellas destacó que el expediente “entra en caducidad porque se ha tramitado como mínimo por cinco años” y, además, se ha llevado a cabo “de forma secreta”.

El abogado denunció al respecto que el Ayuntamiento “está obligado” a notificar a los vecinos el inicio de ese procedimiento, y eso “no se ha hecho”. Es más, ni siquiera el informe externo que advierte sobre el peligro de desprendimientos que existe en la zona, donde se calcula que hacen falta 1.600.000 euros para asegurar el talud, no se les facilitó antes de la firma del decreto por parte del anterior alcalde, José Gumersindo García, según han denunciado los afectados. Pero a estas razones José Ortega también suma que tampoco “se les ha requerido” a los propietarios de los terrenos, un particular y la empresa Endesa, su responsabilidad por los daños.

Desde el Administración informaron a principios de mes que se estudiarían las intervenciones que podrían acometerse en el talud de para evitar futuros derrumbes. Ayer, además, detallaron que, después de pasar los cinco días desde la notificación a los residente de Bajo la Cuesta, la Policía Local “comprobará si se ha producido el desalojo voluntario y, si no es así, se enviará al Juzgado, que será el que decida”, ya que hasta ayer no había orden judicial que permita echarlos de sus viviendas, según afirmaron.

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