CIUDADANOS CONTRA EL PODER. BAJO LA CUESTA RESISTE (LA OPINIÓN)

junio 24, 2015

@abogadodelmar

http://www.laopinion.es/tenerife/2015/06/23/ayuntamiento-pedira-orden-judicial-desalojar/613846.html

Una lucha con el alma en vilo

Los vecinos del núcleo costero de Bajo la Cuesta desoyen el decreto de Alcaldía para que dejen sus casas por el riesgo de desprendimientos  

Ylenia Lorenzo 24.06.2015 | 10:55

“Juegan con los sentimientos de todo el mundo y tenemos el alma en vilo”, lamentó Nayra García. “Pero seguimos en la lucha”, puntualizó Migdalia Galván. Ambas viven en Bajo la Cuesta, en Candelaria, desde hace más de una década y ayer se apoyaban la una a la otra en un día donde la incertidumbre vuelve a pesar sobre sus casas. Ayer terminaba el plazo que les dio el Ayuntamiento para que más del centenar de habitantes de este núcleo costero abandonaran sus residencias de forma voluntaria a raíz de un informe externo en el que se advierte del peligro de desprendimientos que existe en la zona. Pero todos ellos, sin embargo, permanecen desafiantes en sus hogares con una directriz bien clara: “Si viene la Policía, tenemos que encerrarnos en casa”. Hasta Ainara García, de tan solo seis años, sabía lo que debía hacerse.
Pero para el desalojo forzoso, tal y como ya ha advertido el abogado que les defiende, José Ortega, el Consistorio necesita la orden judicial y, aunque este periódico intentó contactar con la nueva alcaldesa de la Villa Mariana, María Concepción Brito, para ver si ya se ha solicitado ese permiso, al final no lo consiguió. Mientras, y con la esperanza de que la regidora local dé marcha atrás en la encomienda que le endosó su antecesor, José Gumersindo García, los afectados de Bajo la Cuesta intentan llevar su peculiar vida con normalidad. Pese a los intentos, los sobresaltos fueron inevitables cuando la Guardia Civil hizo dos rondas, en una misma mañana, por el pequeño barrio.
La primera de ellas fue a la hora del café, cuando decenas de vecinos disfrutaban bajo la sombra de los árboles de las tazas preparadas por Jessica Castro, que a sus 28 años lleva residiendo en Bajo la Cuesta desde hace seis porque su marido se crió allí. Y es que generación tras generación, han crecido en este núcleo donde todos forman una gran familia, un “sistema de vida” donde los “tenderetes” les alegran el día a día gracias a que “un vecino trae una cosita y el otro otra”, explicó Migdalia Delgado, que reconoció entre risas que llevaba “dándole a la lengua desde la siete de la mañana”.
Cuando ella llegó al pueblo, en los 80 y desde entonces con la central eléctrica como telón de fondo, había “muy poquitas casas”. Gracias a que sus padres le dieron el terreno “donde fabricar” cerca de su hermana, pudo hacerse su casa allí. “Tengo muchos recuerdos de este sitio y al principio no teníamos agua, luz ni teléfono”, dijo la sexagenaria. Está claro que los comienzos fueron duros, pues también lo fueron para su vecina Carmen Rosa Delgado. “Nos alumbrábamos con un motor”, añadió ella con la cédula de habitabilidad del año 83.
Su marido, Manuel Oliva, fue uno de los que luchó duramente para que esta población contara con todos los servicios públicos como cualquier otro y, de hecho, el alcalde de Candelaria que firmó el decreto de desalojo inauguró la calle que atraviesa Bajo la Cuesta y que homenajea a uno de los fundadores de este barrio.
Con un álbum de fotografías en la mano para hacer constar lo comentado, y acompañada por su madre y otras vecinas que se unieron a la conversación, Gloria Oliva destacó la labor desempeñada por su padre para que el núcleo se convirtiera en lo que es hoy. “Yo me vine con 18 años después de que mi padre vendiera su empresa. El dinero que ganó lo empleó aquí y construyó la cueva”. “Estuve 15 años viviendo aquí y ahora la disfruta mi hija y, ahora, nos quedamos sin nada”, manifestó con lágrimas en los ojos.
Aunque estaba disfrutando del frescor de los árboles en uno de los primeros días de verano del año, finalmente tuvo que entrar en su hogar porque “afloraron” sus sentimientos donde se juntaron diversos residentes al olor del café. Para ella, la lucha que mantienen abierta desde el año 2006 es una “injusticia”, porque además incluso destacó que fue el propio Ayuntamiento el que “puso suelo urbano” a ese territorio, pero Gloria Oliva no maneja bien los detalles técnicos, “eso más bien mi hermano”, apuntó. Pero de lo que ella “puede hablar de sentimientos, de la gran familia” que forman los alrededor de 150 habitantes de este núcleo, porque “no solo es una vivienda, es todo”, subrayó.
Y es que su hermano, precisamente, es el presidente de la Asociación de a Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas. Antonio Oliva trabaja en turno de tarde y llega a casa ya en la madrugada. Aunque intentó dormir en la mañana de ayer, no lo consiguió y a eso de las diez y media ya estaba en la calle junto a sus vecinos. Él fue el encargado de dar los detalles de esta guerra, no solo contra el Ayuntamiento, sino también contra la Dirección General de Costas. Al frescor de su terraza, recordó que sus problemas comenzaron en 2006, cuando la Corporación local modificó el Plan General de Ordenación y fue acompañado de un nuevo deslinde marítimo.
Ese organismo dependiente del Estado ordenó el derribo de Bajo la Cuesta en 2008 al considerar que las viviendas están en dominio público marítimo-terrestre, pero los afectados optaron por acudir ante la Justicia de la mano del abogado José Ortega. Aún esperan por resolución, pero lo que estos candelarieros tienen claro es que no han salido de ahí gracias a él.
Con esa decisión judicial en el aire, dos años después, en 2010, el Ayuntamiento también advirtió a los habitantes de que tenían que abandonar sus hogares por el riesgo de desprendimientos. En esa ocasión, no lo consiguió. En medio de ese día de café y tertulia, Migdalia Galván explicó que el intento de la Corporación local falló porque “el juez dijo que necesitaba un informe técnico que avalara el desalojo y, además, porque el Gobierno de Canarias dijo que no había problema, que la malla de protección estaban bien puestas y eso se quedó parado”.
Cuando el pueblo pesquero de Cho Vito, muy cerca de este núcleo, fue derribado bajo la misma premisa en 2012, “nos dio miedo y sabíamos que nosotros somos los siguientes”, reconoció Gloria Oliva, quien posteriormente se autoconvenció de que los casos “son diferentes porque nosotros tenemos más papeles que ellos”.
Pero Migdalia Galván aseguró no tener “miedo ninguno”, para añadir que es “un barrio como cualquier otro, porque pagamos todo, como la basura, que luego la tenemos que recoger nosotros”, apuntó.
La diferencia respecto a esa ocasión es que ahora el Consistorio se ampara en un informe externo que advierte del peligro de desprendimientos después de que en el pasado mes de enero cayera una piedra encima de un coche de un vecino y, de hecho, a la entrada de Bajo la Cuesta ya cuelgan los carteles de advertencia. Elvira Delgado, una de las afectadas que participaba en ese día de tertulia y café, advirtió que ese incidente se dio en la parte donde no hay malla de protección y subrayó que “nos hemos hecho responsables de vivir aquí” y que “siempre ha sido seguro”.
El presidente de la asociación, Antonio Oliva, defendió ayer que contra el decreto de desalojo voluntario se ha presentado un recurso que el Ayuntamiento aún no ha contestado. En él, según detalló, se pide la suspensión durante un mes de esa medida para que resuelva ese recurso de reposición y, además, los vecinos exigen que sean los dueños de los terrenos, un propietario privado y Unelco, los que lo arreglen el talud, una inversión de 1.600.000 euros, según recoge el documento en el que se respalda la Administración local.
El representante advirtió de que “posiblemente” lo que hay detrás del “empecinamiento” del Ayuntamiento de echarlos de sus casas es un “intento de pelotazo” para urbanizar la zona y denunció, de igual forma, que la nueva alcaldesa había quedado en reunirse con el abogado que los representa y “no lo ha hecho”. Pero el ánimo de los vecinos, incluido el de Antonio Oliva, no decae con el objetivo firme de no perder sus casas, porque “no nos queda otra que seguir luchando”, sentenció.
La única forma de que se muevan de sus hogares de forma voluntaria, según los afectados, es que haya una fecha de regreso firmada para que en un plazo estipulado arreglen el talud.

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