DE NUNCIA A LA FISCALÍA POR UN DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIEBTE EN RELACIÓN CON LAS PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS

mayo 20, 2015

@abogadodelmar

Ésta es la denuncia que tendría que haber presentado en nombre del Gobierno Balear y que nunca presentará,  ese gran caballero de la política que es el presidente Bauza. Accion ecologista Agró se la dejó leer al Fiscal, que hizo lo  que se esperaba, es decir nada.

¿Y ahora wué se puede hacer? defender el asunto a pedradas, lo que en este caso dignifica que los activistas que lo deseen  pueden patalear poniendo sus datos personales en el encabezamiento, imprimiendo y firmando el papelito antes de presentarlo en la Fiscalía. No servirá porque una vez que un Gobierno títere dueño y señor de la Fiscalía decide dejarse trastear por los lobbie,, al Fiscal no le queda sino obedecer. Pero dice el filósofo alemán Max Frisch que no importa que la utopía sea inalcanzable, porque perseguirla nos ennoblece.

Aquí, en esta guerra de pedradas contra un muro de acero, vale cualquier acción individual, aunque aconsejo que los grupos de activistas organizados de  Ibiza, Mallorca, Menorca, Valencia, Castellon, Marina Alta, Columbretes Netes etc, si así lo quieren, recojan todas las denuncias presentadas con sus sellos de entrada, para poder contárselo un día a los medios de comunicación.

Si aun tenéis fuelle y quereis, claro

A LA FISCALÍA

… comparezco y digo:

Que mediante el presente escrito formulo la siguiente

DENUNCIA

PRIMERO.- Mediante dos Reales Decretos de 21 de diciembre de 2011 el gobierno autorizó la investigación de hidrocarburos en el golfo de Valencia a favor de las mercantiles Medoil S.L y Capricorn Spain S.L. Siendo estos permisos transmisibles Medoil vendió el suyo a Capricorn Spain Limited, que actualmente se ha convertido en la única titular para investigar la presencia de hidrocarburos en cuatro cuadrículas del golfo de Valencia que atienden a los nombres Benifaió, Gandía, Alta mar I y Alta mar II.

SEGUNDO.- A pesar de que en esas mismas áreas ya se hicieron prospecciones hace aproximadamente 20 años, Capricorn tiene presentada una solicitud de autorización de prospección sísmica 3D, que pretende hacer mediante un procedimiento técnico consistente en lo siguiente: durante un periodo de cuatro meses se pretende barrer todas las áreas autorizadas a la investigación con un barco que dispara a un cañón de sonido con una intensidad de 259 decibelios a fin de elaborar un levantamiento en tres dimensiones del fondo marino que permita discernir los puntos idóneos para perforar. Esto es importante puesto que permite comprobar que la prospección sísmica 3D no es una iniciativa imprescindible para llevar adelante la investigación de hidrocarburos sino una opción elegida por la empresa que como se verá a continuación tiene un coste ecológico inasumible.

La difusión del sonido se hará día y noche de forma ininterrumpida con picos cada diez segundos con el resultado de un ruido extraordinariamente atronador capaz de producir una catástrofe ecológica en los organismos marinos al menos en los siguientes aspectos:

El sonido puede reventar la vejiga natatoria de los peces ocasionándoles la muerte. El propio estudio de impacto ambiental presentado por la empresa reconoce que se produciría mortandad masiva en un cardumen de especies migratorias (caballa, boquerón o sardina) que pasara cerca de la fuente emisora.

El sonido puede producir también alteraciones en la maduración de la hueva.

Es indudable que el sonido producirá grave desorientación en todos los cetáceos, que se valen precisamente del sonido para la mayoría de sus funciones vitales entre las cuales se cuentan la comunicación recíproca, el apareamiento, la caza o las maniobras para escapar de sus depredadores.

Finalmente se pueden producir también reacciones de huída, que resultan muy elementales ante la molestia que representa el ruido pero que solo son accesibles a especies que sean capaces de huir con rapidez.

TERCERO.- El artículo 325 del Código Penal, al definir la conducta que constituye delito contra el medio ambiente, incluye la emisión de ruidos en las aguas marinas, sin que importen ni sus características ni su intensidad ni las circunstancias o coyuntura que puedan motivar la emisión del ruido. Como puede comprenderse solo esto ya nos debería convencer de que la empresa promotora, con un inaceptable apoyo de gobierno (siempre que se autoricen las prospecciones) está en vísperas de incurrir en la conducta tipificada en el mencionado artículo del Código Penal.

No obstante la conducta en cuestión resulta particularmente agravada si tenemos en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico tiene establecida una especialísima protección de los cetáceos en el Real decreto 1727/2007 de 21 de diciembre, cuyo artículo cuarto prohíbe cualquier conducta que pueda resultar en muerte, daño, molestia o simple inquietud de estos mamíferos marinos. El apartado segundo de este artículo cuarto incluye los ruidos entre las posibles fuentes causantes de daño a estos efectos y la norma regula el llamado espacio móvil de protección de los cetáceos, que está constituido por un cilindro imaginario con unas dimensiones de 500 metros de longitud en horizontal y en vertical y 60 metros de profundidad desde donde se encuentre el animal. En ese espacio está prohibido hacer el más mínimo ruido hasta el extremo de que incluso una maniobra de alejamiento debe hacerse con la máxima cautela y con el mayor silencio. El estudio de impacto ambiental realizado por la propia empresa reconoce interferencia con los cetáceos y desde luego una vez que el barco portador del sonido se pone en marcha debe seguir por exigencias técnicas una trayectoria fija y ya no le será posible cumplir con las prohibiciones derivadas del anterior real decreto.

Como se ha dicho esta peculiar circunstancia agrava muy considerablemente la conducta en la cual pretende incurrir la empresa promotora y profundiza aún más, si cabe, su carácter delictivo. Si es preciso guardar el mayor silencio dentro del espacio móvil de protección de los cetáceos, la emisión de un ruido tan monstruosamente atronador resulta simplemente intolerable incluso desde el punto de vista administrativo y desde luego disipa toda duda en relación al carácter criminal de la conducta.

CUARTO.- En la actualidad la actividad no está aún autorizada sino que se encuentra pendiente de declaración de impacto ambiental y, caso de que ésta fuera favorable, posterior autorización por el Ministerio de Industria. Esto indica que a la fecha de presentación de la presente denuncia aun no se ha cometido delito alguno, aunque efectivamente podría cometerse en el caso de que la actividad resultase autorizada. Si así fuera es preciso que esa fiscalía tenga en cuenta la falsa apariencia de legalidad de la actividad que podría derivarse de su autorización y la consiguiente dificultad para frenarla en los tribunales. Si la empresa promotora recibe autorización y decide utilizarla sin solución de continuidad, la lentitud de los trámites en los tribunales y concretamente el tiempo que tardaría en admitirse a trámite una querella criminal, sería suficiente para que se produjera un daño ecológico irreversible incluso aunque posteriormente los responsables resultasen condenados. E incluso lo más probable es que durante la tramitación de las diligencias previas el juzgado no adoptase medidas cautelares, lo que podría agravar extraordinariamente el daño ecológico efectivamente producido. Éste es el motivo por el cual la denuncia se presenta en un momento en el cual el delito aún no se ha cometido. Con ello se pretende un propósito doble:

De un lado que la fiscalía estudie el caso y tramite las diligencias internas de investigación que procedan, lo que puede llevar algún tiempo durante el cual podría llegar a dictarse la autorización para la actividad. De esta manera la fiscalía podría estar lista para formular querella nada más dictarse la autorización, en su caso.

De otro lado se pretende que la fiscalía haga uso de sus competencias relativa a la exigencia del cumplimiento de la ley y a la tutela de los intereses generales y al mismo tiempo que la querella criminal, si fuera preciso presentarla, venga respaldada por la legitimidad que la ley asigna a la fiscalía.

Por este motivo se interesa que se tramiten las diligencias de investigación y comprobación que resulten pertinentes y que como consecuencia de las mismas por esa fiscalía se redacte querella criminal por los hechos que anteceden, dejándola lista para su presentación en el caso de que ello fuera necesario.

QUINTO: Se acompañan los siguientes documentos.

1. Estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.

2. Informe negativo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

3. Informe negativo elaborado por el Instituto Español de Oceanografía.

4. Estudio técnico contrario al proyecto elaborado por la universidad politécnica de Valencia y coordinado por el profesor Don Miguel Rodilla.

 

En su virtud,

SOLICITO A ESA FISCALÍA: Que teniendo por presentada esta denuncia, la admita y se sirva tramitar diligencias de investigación, formulando querella criminal contra los promotores en los términos que quedan expuestos en el cuerpo de este escrito.

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