ESTUPENDA DERROTA DE COSTAS EN LOS TRIBUNALES

diciembre 20, 2014

De detecha a izquierda: Rosa María, Sara, Josefina, Lys y José Orega

De detecha a izquierda: Rosa María, Sara, Josefina, Lys y José Orega

@abogadodelmar

Artículo publicado previa autorización del cliente.
Hace un tiempo recibí en el despacho la llamada de una persona angustiada (una más de la cadena interminable que todos conocéis) porque los señoritos de Costas habían reconocido a sus padres, sobre su casa de toda la vida, un é trepo derecho de concesión que, teniendo carácter indemnizatorio, estaba sin embargo sujeto a canon.
Al interesarme por el tema me enteré de que la vivienda, situada junto a la ría de Tinamayor (Asturias) procedía de un antiguo establecimiento minero y se encontraba más o menos en una zona de marismas.
Este primer contacto no recuerdo bien cuando tuvo lugar, pero supongo que debió ser a principios de 2013 por lo que cuento a continuación, y es que yo había iniciado una aventura editorial justamente a finales de 2012, publicando en amazon mi repertorio, más bien extenso, de novelas.
Aquella persona que me había telefoneado, llamada Rosa María, me pidió amistad en facebook y a partir de ahí descubrió mi yo distinto y normalmente reservado de la vista de los clientes del despacho.
Una vez que Rosa María tuvo acceso a ese otro yo, ya nada pudo pararla y comenzó a interesarse por mis novelas para posteriormente entusiasmarse y por fin fundar un grupo en Facebook llamado YO CAMBIEN QUIERO QUE JOSE ORTEGA TERMINE DE ESCRIBIR MI HOMBRE IDEAL, creó un club de lectores, una identidad de twiter de lectores de José Ortega y fabricó una página web dedicada a mi actividad literaria.
En mitad de todo ese proceso, en agosto de este 2014, visité a Rosama y a sus padres a fin de ver y entender cómo era todo aquello de la casa y la marisma, y aproveché para conocer a Sara, Lys y Josefina, que formaban y siguen formando equipo con Rosa María.
En mayo de este año tuve un tropiezo de salud que me mantuvo en parte allí y en parte acá, y después de eso me encontré con la sensación de que (sin ninguna base) lo peor que podía pasarme me había pasado ya, y dejé un poco al margen mi cautela habitual en relación a las consecuencias de mis actos.
Fue eso lo que me impulsó a comenzar lo que tendría que haber sido un ciclo de artículos bastante más que críticos con las Señorías de la Audiencia Nacional y otros tribunales de pro que la verdad es que me sacuden cada palo y me infligen cada humillación que después de leer unos cuantos folios de eso que ellos llaman sentencias, experimento la necesidad de colgar la toga y dedicarme a otra cosa.
Pero después de publicar mi primer artículo de esa serie, Rosa María, con bastante razon, me sugirió la conveniencia de esperar a su sentencia antes de seguir por esa línea, no fuera a ser que calentara a los magistrados al baño Maria hasta el extremo de que se les fundieran los plomos y le cascaran una sentencia rabiosa.
Como tenía razón, no me cabía sino reconocerlo e iniciar una paciente y esperanzada espera que acaba de concluir con la feliz resolución de su asunto en una sentencia de la Audiencia Nacional que nos da la razón en casi todo.
Para los que quieran saber más, pego aquí lo más sustancioso de la demanda:

III
Las cuestiones conflictivas son las planteadas con el escrito de alegaciones de esta parte al pliego de condiciones, a saber:

-Si procede la concesión otorgada por la Administración (concesión no indemnizatoria y sujeta a canon) o más bien la concesión indemnizatoria del apartado primero de la DT Primera de la ley de costas.

-Si el plazo de la concesión debe contarse a partir del deslinde o a partir del otorgamiento de la misma.

-Si la concesión debe limitarse a la vivienda principal o extenderse al resto de los edificios de la parcela.

-Si la concesión debe ser transmisible.

De estas cuestiones, la última ha perdido su carácter litigioso después de que la ley de uso sostenible del litoral y reforma de la ley de costas ha venido a establecer la transmisibilidad intervivos de todas las concesiones.

IV

La más importante de las cuestiones planteadas es la atintente a la naturaleza y contenido de la concesión y en concreto a la determinación de si debe la misma ser indemnizatoria y por lo tanto gratuita, según sostiene esta parte. Como hemos visto, la Administración ha elaborado una interpretación de la ley de costas y de su reglamento bastante peculiar que la ha conducido a la conclusión de que en nuestro caso no cabe una concesión indemnizatoria, sino una ordinaria. Expresamente afirma la Adminstración que la concesión otorgada no es indemnizatoria, sino que resulta de la aplicación de la DT cuarta de la ley de costas en cuanto a la legalización por razones de interés público de edificaciones construidas con licencia antes de la mencionada ley de costas.

Esta parte formuló alegaciones dejando constancia de que procedía otorgar la concesión de la DT Primera.1 de la ley de costas en base a la DT Tercera.4 de su reglamento de aplicación, cuando afirma que también se otorgará la concesión sobre los terrenos se encuentran más allá del espacio que habría sido declarado demanial con arreglo a la ley de costas de 1969. La Administración se niega a ello al dar por hecho que no es así, es decir, que los terrenos ya habrían sido declarados demaniales con aquella ley de costas anterior. El problema es que para efectuar dicha declaración no se aporta prueba o experiencia técnica alguna, sino que se remite a una declaración existente en el proyecto del deslinde aprobado en 2000. A su vez, dicha declaración tampoco se remite a ninguna prueba o experiencia técnica que se hubiera practicado con aquel deslinde, sino que se trata de una mera declaración unilateral, huérfana de prueba y por lo tanto gratuita. Conviene saber que la Administracion demandada tiene por costumbre incorporar siempre y pase lo que pase, una declaración en esos términos (el deslinde aprobado coincide con el que se habría aprobado con el deslinde de 1969) cuando no existe deslinde anterior (DT Primera.3 de la ley de costas) con la única finalidad de excluir de antemano cualquier intento de aplicación de la mencionada DT Tercera.4 del reglamento de costas. Esto es algo que no carece de importancia, puesto que la finalidad de la maniobra no es más que dar lugar (en muchos casos, no necesariamente en todos, puesto que esto dependerá de cada situación concreta) a una expropiación sin indemnización. Esto es justamente lo que se consigue al suprimir toda posibilidad de aplicación de la mencionada DT Tercera. Estas declaraciones obrantes en los proyectos de deslinde nunca vienen justificadas, ni motivadas ni precedidas del menor estudio.

La declaración en cuestión consta unida, como hemos expuesto, al folio 31 del expediente. En ella, con fecha 12 de diciembre de 1996, se afirma que “en todo el tramo deslindado, se considera que la delimitación de la línea de dominio público marítimo terrestre hubiera coincidido con la que se hubiera delimitado de acuerdo con la ley de costas 18/196 y jurisprudencia anterior”.

No puede causar esta declaración el efecto indiscutible que le asigna el acto combatido (con la consiguiente exclusión de la aplicación de la DT Tercera.4 del reglamento) por los siguientes motivos:

-La declaración carece del carácter de acto administrativo. Se trata de un documento de trámite. Por tanto, no nos encontramos ante un acto ejecutivo y firme y de aquí que el documento carezca de la presunción de legalidad inherente a los actos administrativos. Esto es muy natural, puesto que un acto administrativo es una decisión que se adopta previa tramitación de expediente, frecuentemente contradictorio o al menos con audiencia de los interesados, que incluye solicitud de informes si éstos proceden, apertura de periodo probatorio si ello es necesario, trámite de vista y audiencia y una serie de garantías que contribuyen a la objetividad querida por el artículo 103 de la Constitución. En cambio el documento al que nos referimos es la declaración unilateral de un funcionario que obviamente no ha sido dictada previo expediente ni con las garantías antes expuestas. Por tanto, el ordenamiento jurídico no asigna a ese tipo de declaraciones presunción de legalidad.

-La declaración no viene incorporada a la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde. Ésta, conforme a la ley, se limita a aprobar un plano. Si la Orden Ministerial hubiera incorporado la declaración anterior, ésta podría quizá beneficiarse de la presunción de legalidad inherente a dicha Orden Ministerial, pero como hemos dicho no es así.

-La declaración se expresa en términos titubeantes al afirmar “se considera que”.

-La declaración es inmotivada, lo que habrá de ser tenido en cuenta por la Sala, ya que la declaración en cuestión, incluso siendo inmotivada, ha sido empleada por el acto combatido como base de una lesión de derechos individuales (se ha producido una expropiación sin indemnización que se apoya sobre una declaración restrictiva de derechos individuales que carece de motivación y que se reduce a una declaración unilateral).

-No existe en el expediente de deslinde prueba, informe o experiencia técnica alguna que pueda servir de base a la declaración.

Por tanto, no está vinculada la Sala por la declaración en cuestión, siendo posible que en sentencia se declare que efectivamente los terrenos se encuentran más allá del espacio que se habría declarado demanial con arreglo a la ley de costas de 1969.

Al respecto puede ser de utilidad un precedente judicial tan importante como reciente, relativo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sección…… de fecha ……… sobre un litigio parecido al presente, en el cual el demandante solicitaba el reconocimiento del derecho de concesión de la DT Primera.1 de la ley de costas y la Administración se negaba a ello en base a una declaración existente en el expediente de deslinde en vigor que afirmaba, como aquí sucede, que el mismo comprende todos los bienes que habría sido declarados demaniales con arreglo a la ley de costas de 1969.

La parte aportó las pruebas técnicas apropiadas para acreditar que tal cosa no era así, puesto que en el terreno definido como demanial en el deslinde de la ley de costas de 1988 había espacios que carecían de tal carácter demanial con arreglo a la ley de costas de 1969. El tribunal estimó la demanda y reconoció el derecho de concesión.

Acompaño como documentos probatorios, en relación con el anterior precedente, los siguientes:

Núm. ……., copia de declaración existente en el proyecto de deslinde, expresiva de que el espacio declarado demanial habría sido declarado igualmente demanial de conformidad con la ley de costas de 1969.

Núm ….., copia de informe pericial elaborado por el ingeniero Don Pedro Sicilia, que acredita que con arreglo a la ley de costas de 1969 una parte del espacio declarado demanial con el deslinde no habría sido incluido en el demanio.

En orden a determinar si los terrenos eran o no dominio público con arreglo a la ley de 1969 (y por tanto si es o no de aplicación la DT tercera.4 del reglamento de costas), debemos estar a las determinaciones y definiciones legales de ésta última.

El apartado segundo de su artículo primero define así la zona marítimo terrestre:

La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de las costas o fronteras marítimas del territorio español que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios, en donde no lo sean. Esta zona se extiende asimismo por las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas.

Siendo sensibles las mareas en el Cantábrico, el espacio demanial viene definido por el que baña el mar en su flujo y reflujo, lo que es lo mismo que afirmar que lo son los terrenos sumergidos por la marea alta. Por lo tanto, para que los terrenos hubieran sido demaniales conforme a la ley de 1969 se requería que fueran los mismos inundables.

Como hemos dicho en la parte expositiva, en la margen izquierda se practicó un deslinde en 1969. Esta parte ha procedido a elaborar informe topográfico con levantamiento de plano con cotas y fijación de la línea de deslinde de la ley de 1988 y del deslinde de 1969. Esto se ha hecho sobre la base del plano oficial del deslinde actual y utilizando sus mismas coordenadas y datos. Con esto hemos conseguido determinar la cota a la que se situaban los hitos de la margen izquierda en el deslinde de 1969, resultando que las mismas se encuentran por debajo de la cota de la vivienda y jardín de mi representada.

Acompaño copia del informe de peritos como documento probatorio núm. ……….

Al margen de esto, deberemos además explicar la diferencia resultante de la aplicación de la ley de costas de 1969 y la de 1988 en orden a determinar que los terrenos son demaniales con arreglo a la segunda pero no lo eran con arreglo a la primera. Para ello deberemos contrastar las diferencias existentes entre ambas normas en cuanto a la definición de zona marítimo terrestre.

La definición de la ley de 1969 la acabamos de exponer. En cuanto a la de la ley de 1988, es la siguiente:

“espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.
Esta definición es complementada por el artículo 4 del reglamento en su apartado b):

“En la determinación de la zona marítimo-terrestre y de la playa, con arreglo a las definiciones contenidas en el artículo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios”:

(…)

“Las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas incluirán los efectos superpuestos de las astronómicas y de las meteorológicas. No se tendrán en cuenta las ondas de mayor período de origen sísmico o de resonancia cuya presentación no se produzca de forma secuencial”.

De la comparación entre la normativa de 1969 y 1988 comprobamos que la definición de zona marítimo terrestre en esta última ley es más expansiva teniendo en cuenta lo siguiente:

-La ley de 1969 se refiere únicamente al espacio cubierto por el mar en su flujo y reflujo.

-La ley de 1988 alude a la marea máxima viva equinoccial e incluye las marismas y su reglamento permite sumar la marea meteorológica a la astronómica.

La marea máxima viva equinoccial es la máxima marea astronómica posible. Esta definición, junto a las aclaraciones del reglamento de costas, sugiere que efectivamente con arreglo a la ley de costas de 1988 se alude a la máxima marea posible, lo que no sucede con la ley de 1969, que únicamente se refiere al espacio bañado por el mar en su flujo y reflujo. Esta definición legal de la ley de 1969 remite al comportamiento medio de la marea, no a su comportamiento extremal.

Por otro lado, resulta aquí determinante el artículo 6, apartado segundo, del reglamento de costas, cuando afirma que

“Los terrenos inundados mediante técnicas artificiales, cuya cota sea superior a la de la mayor pleamar, no se consideran incluidos en lo establecido en el apartado 3 del artículo anterior. Por el contrario, aquellos otros no comprendidos en el artículo 9º, naturalmente inundables, cuya inundación por efecto de las mareas haya sido impedida por medios artificiales, tales como muros, terraplenes, compuertas u otros sistemas semejantes, forman parte del dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo establecido en los artículos 3.1,a), de la Ley de Costas y de este Reglamento”.

Esto resulta de la máxima importancia, puesto que la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde aplica este precepto al muelle y al terreno sobreelevado que forma la propiedad de mi representada. Esto no es algo que haya quedado expresado de forma explícita en la orden ministerial, pero resulta fácilmente comprobable si tenemos en cuenta que el propio plano del deslinde sitúa en el jardín la cota +3,42, mientras que los hitos que delimitan la ribera del mar se encuentran situados a cotas mucho menores. Esto significa que la sobreelevación del terreno ha sido tenida por no puesta en aplicación del precepto anteriormente transcrito.

Claro está que no se habría aplicado de esa manera la ley de costas de 1969 simplemente porque el criterio al que nos hemos referido no quedó incorporado al ordenamiento jurídico hasta que se publicó el reglamento de la ley de 1988, y eso sucedió en 1989. Por tanto, la determinación de la línea de deslinde de 1969 habría tenido en cuenta la altura del muelle a efectos de determinar el alcance de la marea. Aquí vemos, pues, una nueva diferencia sensible y clara entre la línea resultante de la aplicación de la ley de 1988 (que incluye la propiedad dentro del dominio público al tener por no existente la sobreelevación del terreno) y la resultante de la aplicación de la ley de 1969, que habría resultado colindante con el muelle al no existir norma alguna que mandase tener por inexistente dicho muelle.

Por otro lado, si la ley de costas de 1988 definió la zmt como el alcance de la pleamar máxima viva equinoccial es porque a falta de esa alusión directa la marea se habría calculado conforme a su valor medio anual. Es decir, que el legislador se vio obligado a distinguir y especificar con claridad en orden a que se tuviera en cuenta la máxima marea posible porque en caso de no haberse aludido a ella de forma explícita se habrían tenido en cuenta los valores medios. Si la definición de zmt como espacio alcanzado por la marea hubiera sido suficiente para adoptar los valores extremos, el legislador de 1988 no se hubiera considerado obligado a introducir aquella especificación.

Además, la ley de 1969 establecía que la zona marítimo terrestre vendría definida, allá donde no son sensibles las mareas, por el alcance de los temporales ordinarios, en tanto que la ley de 1988 alude a los máximos temporales conocidos. De forma paralela, la ley de 1969, al referirse al espacio bañado por el mar en su flujo y reflujo, aludía a la marea media lo mismo que la ley de 1988, en su alusión a la máxima viva equinoccial está aludiendo a la mayor parea posible. El paralelismo entre ambos conceptos legales es claro: La ley de 1969 estableció como criterio los valores medios, tanto de temporales como de mareas, mientras que la ley de 1988 estableció valores extremos en una cosa y en la otra. Es decir: De la misma forma que con la ley de 1969 no se considera que el temporal extremo que tiene lugar un día sea suficiente para fijar la zmt, tampoco lo es la marea extrema, que tiene lugar un día al año.

Pues bien, lo que afirma la Orden Ministerial es que el terreno de estudio (hito 272) “es sobrepasado en las mareas más altas (extraordinarias) y produce la inundación de los terrenos”. Esto se afirma del espacio entre el hito 147 y el 311, donde se encuentra el terreno litigioso.

Por lo tanto, no cabe duda de que el terreno y vivienda de mi representada ha sido incluido en el dominio público en base a la marea extraordinaria (ley de costas de 1988), no a la que habitualmente se pueda producir (ley de costas de 1969) como lo demuestra el hecho de que la casa está permanentemente habitada, lo que es obvio que sería imposible en caso de que las mareas la cubrieran dos veces al día. Por otro lado, también parece evidente que cuando se construyó el muelle en 1860, tal cosa se hizo con la necesaria previsión del alcance máximo de la marea. Comprenderá la Sala que nadie construye un muelle o un puerto con tanta torpeza como para que los mismos resulten inundables por la marea alta. A este respecto tenga en cuenta la Sala que no nos encontramos ante una obra hecha por particulares, sino por la compañía minera que como se ha dicho empleaba el muelle para embarcar mineral.

Por tanto, no cabe duda de que los terrenos se encuentran fuera de la delimitación que se habría aprobado con arreglo a la ley de costas de 1969 y por tanto corresponde a sus propietarios la concesión de la disposición transitoria primera, apartado primero, de la ley de 1988.

V
En cuanto a la cuestión del momento en el que debe comenzar a contar la concesión, durante mucho tiempo se mantuvo una jurisprudencia constante en la que la Administración la otorgaba con la pretensión de contar el plazo desde la aprobación del deslinde, los interesados formulaban recurso interesando que se fijase dicho plazo haciéndolo coincidir con el momento de otorgamiento, y la sentencia estimaba los recursos estableciendo y sosteniendo por largo tiempo los tribunales la doctrina de que el plazo debe contarse a partir del otorgamiento de la concesión y no desde la aprobación del deslinde. Así, por ejemplo las siguientes sentencias ……………….

Es cierto que recientemente la Audiencia Nacional ha cambiado el criterio y ha pasado a considerar que el momento a partir del cual debe contar la concesión es el de la aprobación del deslinde. El argumento que se emplea es la situación de desigualdad que se podría producir con relación a los afectados que habían solicitado la concesión dentro del plazo de un año previsto en la DT Primera de la ley de costas. Desde luego, esta jurisprudencia no se remite a situaciones concretas, determinadas y contrastables de tales terceros, sino que alude a su posible existencia y con esto parece bastar.

Tres son las cuestiones que oponemos:

-En primer lugar, que el cambio de criterio de la Audiencia Nacional, ni explicado ni justificado, da lugar a una situación de desigualdad no difusa o hipotética, como la que se invoca en la jurisprudencia más reciente a la que me refiero (usada para fijar el deslinde como inicio del plazo de la concesión), sino concreta y con referencia a casos precisos y determinados, cuando en sus anteriores decisiones se estiman los recursos de ciudadanos concretos y determinados condenando a la Administración a contar el plazo de la concesión desde su otorgamiento y posteriormente hace lo contrario con otros ciudadanos en igual circunstancia.

-En segundo lugar, la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde no informaba a los interesados de la posibilidad de solicitar la concesión. Acompaño como documento probatorio núm. …. copia de la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde y como documentos …… copias de partes dispositivas de Ordenes Ministeriales aprobatorias de deslindes donde se informa a los interesados de la posibilidad de reclamar la concesión. Si los interesados ignoraban que podían reclamar la concesión, y si no podían porque la Administración incumplió su obligación de notificárselo, no se les puede reprochar no haber formulado la solicitud dentro del plazo de un año desde la aprobación del deslinde. Se produce aquí una nueva situación de desigualdad contraria a la Constitución cuando la Administración ha tenido la diligencia de notificar de forma expresa a determinados ciudadanos que tenían derecho a solicitar la concesión y en cambio no ha trasladado esa misma información a los otros, que se ven de esta manera injustamente perjudicados.

-En tercer lugar, la concesión es la indemnización por la privación de la propiedad, y el mismo Estado que impulsa y da lugar de oficio a la privación de la propiedad debe impulsar y dar lugar de oficio a la compensación por dicha privación de la propiedad. No cabe imaginar una expropiación ordinaria en la que no se dé la indemnización, o se dé disminuida, porque los interesados no la hayan solicitado. En el marco de la operación expropiatoria en la que se inscriben los hechos, el Estado tiene la responsabilidad de impulsar el procedimiento de oficio en todo momento.

-En cuarto lugar, cuando la Administración afirma en la resolución de la reposición que la interesada estuvo gozando de la vivienda ya desde la aprobación del deslinde, no se tiene en cuenta la terrible situación de inseguridad e irregularidad jurídica padecida por la titular desde la aprobación del deslinde hasta la regularización de su situación mediante concesión.

-En quinto lugar, la decisión de la Administración es incoherente, ya que por un lado afirma que la concesión que se otorga es ordinaria y no indemnizatoria y por otro lado vincula su plazo de otorgamiento al régimen aplicable a las concesiones propiamente indemnizatorias. En este caso, el hecho desencadenante de la concesión es la privación de la propiedad operada por el deslinde y según la jurisprudencia más reciente (que no compartimos) su plazo se cuenta desde la aprobación del deslinde. Pero en el caso de las concesiones ordinarias, el hecho desencadenante de la concesión es la solicitud, y el plazo se cuenta desde su otorgamiento. La obligación de objetividad del artículo 103 CE y la prohibición de la arbitrariedad de su artículo 9.3 impiden que la Administración haga lo que ha hecho, tomando y aplicando lo más perjudicial para el ciudadano de ambos regímenes posibles (concesión indemnizatoria y ordinaria).

VI
En relación con la cuestión de los espacios sobre los que debe recaer la concesión, resulta que se deniega que la misma se haga extensiva a los edificios complementarios a la vivienda principal. El motivo es que no consta la licencia para su construcción.

Este punto de vista del acto combatido debe considerarse en el contexto de la decisión de aplicar no la DT Primera, sino la DT Cuarta de la ley de costas, que regula qué edificios anteriores a la misma deberán ser derribados y cuáles otros se legalizarán por razones de interés público. Pero ya hemos dejado constancia en apartados anteriores de nuestro rechazo a ese planteamiento y de nuestro convencimiento de que debe aplicarse la DT Tercera.4 del reglamento de costas en relación con la DT Primera.4 de la ley. Ninguna de estas dos disposiciones transitorias exigen el requisito de la previa acreditación de la legalidad de los edificios construidos en los terrenos que se dan en concesión. Pero la cosa va mucho más lejos, porque la DT Primera.4 alude a terrenos, no a construcciones. Se afirma que los terrenos serán dados en concesión y que lo serán, por remisión al apartado primero de esa misma DT Primera, con el mantenimiento de los usos existentes. Quiere esto decir que si sobre ese terreno dado en concesión existe un edificio en uso, se deberá respetar el uso sin exigencia de ningún requisito previo, tal como pudiera ser la acreditación de la licencia de obras. Esto, si se hiciera, se convertiría en una aplicación retroactiva de la ley de costas prohibida por el ordenamiento jurídico.

Imaginemos como hipotesis de trabajo que los edificios en cuestión se hubieran levantado sin licencia de obras y por tanto de forma ilegal. La licencia de obras es exigible con arreglo a la ley de uso del suelo vigente en cada momento. Si dicha ley establece la prescripción de acciones de la Administración para obras sin licencia, con imposibilidad de ordenarse el derribo pasado determinado lapso de tiempo, esta prescripción de acciones es indudablemente una fuente de seguridad jurídica que no puede ser destruida por una ley posterior que venga, mediante un rodeo, a no reconocerla. Tanto menos cuanto la cuestión se plantea en el marco de la indemnización por una expropiación.

Acompañemos aquí un ejemplo procedente de otro campo pero que sirve de referencia. Como es sabido, la ley de actividades molestas, insalubres y peligrosas prohibe la presencia de establecimientos fabriles a menos de 2000 metros de núcleo de población, y como sabemos la jurisprudencia tiene dicho que una depuradora de aguas residuales, por la actividad que se realiza en ella, es equivalente a un establecimiento fabril. Pues bien, en determinados casos las entidades locales han pretendido ignorar esta prohibición alegando que el núcleo de población no era legal al no haberse construido con licencia de obras o al padecer otras irregularidades de tipo urbanístico. En estos casos la jurisprudencia tiene establecido que tanto da que hubiera como que no hubiera licencia, mientras exista un núcleo de población donde vivan personas.

En un conflicto derivado de los malos olores emanados de una depuradora de aguas residuales, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 21 de Febrero de 2001 Nº de sentencia: 92/2001, Nº de recurso: 1064/1999 se pronunció de la siguiente manera:
“El derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de acuerdo con las sentencias invocadas por la parte actora, incluida la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supone el respeto de un amplio abanico de garantías y de facultades, en las que se comprende la de vedar toda clase de invasiones en el domicilio, no solo las que suponen una penetración directa física, sino también las que pueden hacerse de forma indirecta mediante aparatos mecánicos, electrónicos o otros análogos, mediante la producción de ruidos y incluso mediante la emisión de malos olores que perturben la vida privada de las personas en ese recinto que constituye su domicilio, el cual debe quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones externas de otras personas o de las autoridades públicas (S. 22/84, de 17-2)”.

“A tales efectos el concepto de domicilio que debe tenerse en cuenta, según la jurisprudencia constitucional es más amplio del definido como tal por el art. 40 del Código Civil (punto de localización de una persona o lugar de ejercicio por esta de sus derechos u obligaciones). La protección constitucional del domicilio es una protección de carácter instrumental, que defiende los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de la persona (STC 22/84, de 17 Feb.). Se trata de defender el ámbito de privacidad de la persona dentro del ámbito limitado que la propia persona elige. De ahí que a los efectos aquí discutidos, se estime irrelevante que las viviendas de los actores (aunque en alguno caso sean su segunda residencia) estén ubicadas en suelo no urbanizable (zona NU-II: regadíos del Trasvase), no susceptible de urbanización, ni de formación de núcleos residenciales, escogido por el Ayuntamiento precisamente debido a esta circunstancia, ya que si constituyen su domicilio es evidente que cualquier intromisión en el mismo, en los términos antes señalados, puede violar el art. 18 C.E. Así lo demuestra el hecho notorio de que tal circunstancia no evitaría tener que solicitar un mandamiento de entrada para poder acceder al mismo sin el consentimiento de su titular salvo en caso de flagrante delito (art. 18 C.E.)”.

Considera esta parte que la misma solución es de aplicación al caso que nos ocupa, especialmente si aplicamos el principio donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Quiere esto decir que cuando ni la ley ni el reglamento de costas, en su regulación de la indemnización por una expropiación, hacen alusión alguna a la legalidad de los edificos existntes en los terrenos afectados, no puede entrar a ello la Administración haciendo una distinción inexistente en la ley e imponiendo una condición que la ley no impone. Y si la ley alude a dar en concesión los terrenos (no los edificios) con mantenimiento de los usos existentes (lo que alude a los edificios), la Administración no tendrá sino que seguir este dictado y otorgar la concesión sobre los terrenos legalizando los usos, que es lo mismo que legalizar los edificios por ser inseparable una cosa de la otra.

VII

La cuestión que aquí se discute tiene una doble dimensión. En la superficie aparece como un mero litigo sobre la propiedad, pero desde el punto de vista material resulta además afectar al derecho a la protección de la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, recogido no sólo en el artículo 18 CE, sino también en los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en lo que resultare de aplicación, 7 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Unión Europea.

Deberá por este motivo ser estudiada la demanda de forma especialmente cuidadosa, valorando no sólo la violación del derecho de propiedad, sino también la lesión del derecho al domicilio regulado por los anteriores preceptos.

De igual manera, según ha quedado explicado, quedan aquí en tela de juicio los derechos de igualdad y no discriminación de los los artículos 14 de la Constitución, 7 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, 14 del Convenio Europeo de derechos Humanos, 2.1, 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

VIII
De conformidad con el artículo …. de la ley ….. se deberá condenar en costas al Estado en caso de que la demanda sea estimada totalmente.

En su virtud,

SOLICITO A LA SALA: Que, teniendo por formulada la demanda, la admita y se sirva dictar sentencia por la cual se declare la nulidad parcial de los actos combatidos y se condene a la Administración a otorgar concesión de la regulada en la DT Primera.1 de la ley de costas por remisión de la DT Primera.4 en relación a la Dt Tercera.4 del reglamento de costas sobre la totalidad de los bienes de mi representada a los que se refiere esta demanda en las siguientes condiciones:

-La concesión deberá ser de treinta años, prorrogable en los términos que procedan legalmente, sin obligación de pagar canon y con mantenimiento de los usos residenciales existentes al aprobarse el deslinde.

-Deberá extenderse la concesión a todos los edificios existentes en la parcela y no sólo al edificio principal.

-Deberá comenzar a contar el plazo de la concesión desde su otorgamiento.
Os pego también la sentencia, que dice así:
A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN PRIMERA
Núm. de Recurso:
0000513/2012
Tipo de Recurso:
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General:
07721/2012
Demandante:
MARIA ROSA ESCOBEDO SANCHEZ
Procurador:
SONIA ALBA MONTESERIN
Letrado:
JOSE ORTEGA ORTEGA
Demandado:
MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
Abogado Del Estado

Ponente IImo. Sr.:
D. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO

S E N T E N C I A Nº:
IImo. Sr. Presidente:
D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. LOURDES SANZ CALVO
D. FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ
D. JUAN PEDRO QUINTANA CARRETERO
D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA
Madrid, a veintiuno de octubre de dos mil catorce.

Vistos por esta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional los autos del recurso contencioso-administrativo numero 513/2012, interpuesto por la Procuradora doña Sonia Alba Monteserín, en nombre y representación de doña María Rosa Escobedo Sánchez, en cuya defensa ha intervenido el Abogado don José Ortega Ortega, contra la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino, dictada por el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación del Ministro, de fecha 8 de mayo de 2012, por la que se acuerda otorgar a doña María Rosa Escobedo Sánchez la concesión para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, en relación con una finca de 1.071 metros cuadrados, pertenecientes a la finca inscrita con el número 10.613 en el Registro de la Propiedad de Llanes, y reconocer el derecho de preferencia para la obtención de las concesiones para nuevos usos y aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la finca, confirmada en resolución del recurso de reposición por resolución de fecha de 28 de septiembre de 2012 del Secretario General Técnico del mismo Departamento, dictada por delegación.
Ha sido parte demandada en las presentes actuaciones la Administración del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la parte recurrente se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2012, acordándose mediante decreto de 22 de abril de 2013 su tramitación de conformidad con las normas establecidas en la Ley 29/1998 y la reclamación del expediente administrativo, tras subsanarse el defecto en que se incurrió en la interposición del recurso.
SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 4 de septiembre de 2013, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria de su pretensión y se declare la nulidad parcial de las resoluciones recurridas, condenándose a la Administración a otorgar concesión de la regulada en la disposición transitoria primera.1 de la Ley de Costas por remisión de la disposición transitoria primera.4 en relación con la disposición transitoria tercera.4, inciso final, del reglamento de costas sobre la totalidad de los bienes que pertenecieron a la recurrente antes del deslinde y a los que se refiere la demanda en las siguientes condiciones:

– La concesión deberá ser de treinta años, prorrogables en los términos que procedan legalmente, sin obligación de pagar canon y con mantenimiento de los usos residenciales existentes al aprobarse el deslinde.

– Deberá extenderse la concesión a todos los edificios existentes en la parcela y no solo al edificio principal.

– Deberá comenzar a contar el plazo de la concesión desde su otorgamiento.

Las alegaciones de la parte demandante en defensa de su pretensión son, en síntesis, las siguientes:

1.- La recurrente era propietaria de la finca ubicada en la margen derecha de la ria de Tinamayor, junto al puerto pesquero de Bustio, hasta la aprobación del deslinde de dominio público marítimo terrestre mediante Orden Ministerial de 29 de mayo de 2000, donde existe un edificio destinado a vivienda que fue construido en 1860, y tiene derecho a obtener una concesión indemnizatoria y no sujeta a canon, al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, en vez de la otorgada, pues la finca se halla ubicada más allá del deslinde que se habría aprobado conforme a la Ley de Costas de 1969. Añade que no basta para desvirtuar esta afirmación el hecho de que en el proyecto de deslinde aprobado en 2000 se indicara otra cosa, pues no se sustentaba en prueba alguna.

En sustento de tal afirmación se presenta un informe topográfico con levantamiento de plano con cotas y fijación de la línea de deslinde de la Ley de 1988 y del deslinde de 1969, que demuestra que este último, relativo a la margen izquierda marcaba una cota muy inferior a la del deslinde de 2000, por lo que los terrenos de la vivienda de la demandante se hallarían mas allá de la zona que habría sido declarada demanial con arreglo a la Ley de Costas de 1969.

Fuera cual fuera la línea aprobada en 1969 procede el otorgamiento de la concesión de la disposición transitoria primera, apartado primero, de la Ley de Costas, al quedar acreditado en el expediente que existía la propiedad privada desde antes de la Ley de Puertos de 1880, pues la construcción de la vivienda data de 1860, como acreditaría la inscripción existente en la piedra de la fachada, la referencia a la misma que se hace en el libro “El metal de las cumbres. Historia de una sociedad minera en los Picos de Europa” y en la afirmación realizada en el informe obrante en el folio 59 del expediente, atribuyendo a un error del notario la ausencia de mención al título de los transmitentes de la propiedad a la demandante en la escritura pública de compraventa.

2.- La concesión debe computarse desde la fecha de su otorgamiento, como mantuvo la jurisprudencia, pese a que recientemente se haya cambiado de criterio, dada la naturaleza expropiatoria de la concesión reclamada, y aun cuando se considerara una concesión ordinaria.

3.- La concesión debe recaer sobre todos los edificios existentes en la finca, pese a que los edificios excluidos de la concesión no se incluyeran en la descripción de la finca en documentos públicos, pues fueron construidos en las mismas fechas, y no es licito establecer una distinción entre los edificios que sean legales y los que se presume que puedan no serlo, pues en todo caso ha de respetarse su uso en aplicación de la disposición transitoria primera. 4 de la Ley de Costas.
TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 2013 en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo, confirmándose el acto administrativo impugnado, con expresa condena en costas a la parte actora.

Las alegaciones de la Administración demandada en sustento de su pretensión son, en síntesis, que no ha resultado acreditado que la vivienda ubicada en la finca que era propiedad de la actora se encontrara fuera de la línea de deslinde que habría correspondido practicar con arreglo a la Ley de Costas de 1969, sino todo lo contrario, como revela el proyecto de deslinde aprobado por orden ministerial de 29 de mayo de 2000 y las fotografías obrantes al folio 50 del expediente administrativo, por lo que la concesión ha de ser del régimen general de la Ley de Costas y, por ende, sujeta al plazo de treinta años y a pago de canon, en aplicación de los artículos 66.2 y 84 de la Ley de Costas, en relación con la disposición transitoria tercera.4, primer inciso, del Reglamento de Costas. Añade que no se acreditado que la vivienda fuera construida en 1860 ni que la propiedad privada fuera anterior a la Ley de Puertos de 1880.
CUARTO.- Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se acordó dicho trámite mediante auto de 8 de octubre de 2013, se ha practicado la prueba admitida de la propuesta por las partes, con el resultado que consta en los autos. Concluso el término probatorio, se dio traslado a las partes, por su orden, para que formularan conclusiones, trámite que evacuaron mediante la presentación de sendos escritos en los que concretaron y reiteraron sus respectivos pedimentos.
QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 14 de octubre de 2014, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente el Ilmo. Magistrado don Juan Pedro Quintana Carretero, quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino, dictada por el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación del Ministro, de fecha 8 de mayo de 2012, por la que se acuerda otorgar a doña María Rosa Escobedo Sánchez la concesión para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relación con una finca de 1.071 metros cuadrados, pertenecientes a la finca inscrita con el número 10.613 en el Registro de la Propiedad de Llanes, y reconocer el derecho de preferencia para la obtención de las concesiones para nuevos usos y aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la finca durante un periodo de sesenta años. Esta finca fue declarada dominio público marítimo terrestre mediante deslinde aprobado por O.M. de 29 de mayo de 2000 en el tramo de costa que comprende la ría de Tinamayor, en el término municipal de Ribadedeva (Asturias)

La anterior orden ministerial fue confirmada en respuesta al recurso de reposición contra ella interpuesto, mediante resolución de fecha de 28 de septiembre de 2012 del Secretario General Técnico del mismo Departamento, dictada por delegación.

Como decíamos, la concesión otorgada recaía sobre una finca de 1.071 metros cuadrados, pertenecientes a la finca inscrita con el número 10.613 en el Registro de la Propiedad de Llanes, que se hallaba cerrada con un muro de mampostería de uno dos metros de altura y dispone de acometidas de redes de energía y agua potable, afectando en particular a una edificación existente en la misma destinada a vivienda, con una superficie de unos 127 m2 y a una huerta de tal finca, quedando fuera del objeto de la concesión una caseta auxiliar de unos 108,50 m2 y un tendejón con destino a acopio de leña de unos 7,50 m2.

Además, la concesión se otorgaba por un plazo de treinta años a computar desde la fecha de aprobación del deslinde, es decir, el 29 de mayo de 2000, y quedaba sujeta al pago de un canon anual de 1.945,05 euros.

Dicha finca había sido adquirida por el padre de la demandante mediante compraventa, documentada en escritura pública ante notario con fecha 29 de abril de 1933, trasmitiéndose por donación efectuada por los padres de la demandante a esta el 23 de abril de 1980.

La finca se había visto afectada por la orden ministerial de 29 de mayo de 2000, dictada por el Director General de Costas, por delegación del Ministro de Medio Ambiente, que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa, de 12.125 metros de longitud, correspondiente a la Ría de Tinamayor, en el término municipal de Ribadedeva (Asturias), quedando delimitada como domino público marítimo terrestre, al amparo de lo previsto en el artículo 3.1.a) de la Ley de Costas, al situarse la poligonal que define el deslinde “en el punto más interior alcanzado por los mayores temporales conocidos o las máximas mareas”, tal y como muestra nuestra sentencia de 22 de mayo de 2003, recurso 923/2000, relativa a dicho deslinde.

El tramo de costa donde se localiza la finca no contaba con un deslinde de su zona marítimo terrestre aprobado en virtud de lo establecido por la Ley 28/1969, de 26 de abril, de Costas, a diferencia de la margen izquierda de la Ría de Tinamayor que fue objeto de deslinde mediante resolución de 4 de noviembre de 1969.

En el proyecto de deslinde del expediente que concluyó con la orden ministerial de 29 de mayo de 2000, se afirmaba lo siguiente: “Que en todo el tramo deslindado, se considera que la delimitación de la línea de Dominio Público Maritimo-Terrestre, hubiera coincidido con la que se hubiera delimitado de acuerdo con la Ley de Costas 28/1969 y jurisprudencia anterior”

Solicitada por la ahora demandante el 18 de enero de 2010 la concesión prevista en la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, fue incoado el expediente administrativo que finalizó con la resolución recurrida, donde considerando que los bienes incluidos en los terrenos sobre los que se solicita la concesión ya hubieran sido deslindados como dominio público de haberse realizado el deslinde conforme a las prescripciones de la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, otorga la concesión al amparo de lo previsto en la disposición transitoria primera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las disposición transitorias tercera, apartados 3 y 4, primer inciso, y decimotercera de su Reglamento, en los términos antes expuestos y con arreglo a la regulación general que para las concesiones establece la legislación de costas, es decir, con un plazo máximo de vigencia de 30 años y sujeta al pago de canon.

En particular, la exclusión del objeto de la concesión de la caseta auxiliar de unos 108,50 m2 y del tendejón con destino a acopio de leña de unos 7,50 m2, existentes en la finca, se sustenta en la ausencia de prueba alguna sobre su legalidad y de que tales construcciones fueran anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Asimismo, la concesión fue otorgada computando su plazo de vigencia desde la fecha de la orden ministerial de deslinde, con arreglo a lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, pues su titular dejó transcurrir el plazo de un año desde la aprobación del deslinde que establece dicha disposición.

Frente a ello, pretende la parte demandante que se le otorgue una concesión con arreglo a la disposición transitoria primera de la Ley de Costas por un plazo de treinta años prorrogables a computar desde la fecha de su otorgamiento, sin obligación de pagar canon y con mantenimiento de los usos residenciales existentes al aprobarse el deslinde en relación con todos los edificios existentes en las parcelas.
SEGUNDO.- Tal y como afirma la parte demandante, la recurrente era propietaria de la finca ubicada en la margen derecha de la ria de Tinamayor, junto al puerto pesquero de Bustio, hasta la aprobación del deslinde de dominio público marítimo terrestre mediante Orden Ministerial de 29 de mayo de 2000.

Sustenta su pretensión dicha parte en un pretendido derecho a obtener una concesión indemnizatoria y no sujeta a canon, al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, en vez de la otorgada, pues la finca se encuentra ubicada más allá del deslinde que se habría aprobado conforme a la Ley de Costas de 1969. Añade que no basta para desvirtuar esta afirmación el hecho de que en el proyecto de deslinde aprobado en 2000 se indicara otra cosa, pues no se sustentaba en prueba alguna.

Además, señala la actora que la propiedad privada existía desde antes de la Ley de Puertos de 1880, pues la construcción de la vivienda data de 1860, por lo que fuera cual fuera la línea aprobada en 1969 procedería el otorgamiento de la concesión de la disposición transitoria primera, apartado primero, de la Ley de Costas.

En apoyo de tal afirmación se presenta un informe topográfico, realizado por el Ingeniero Técnico Agrícola, don Álvaro Ruisánchez García con levantamiento de plano con cotas y fijación de la línea de deslinde de la ley de 1988 y del deslinde de 1969, que demuestra que este último, relativo a la margen izquierda de la ría, marcaba una cota muy inferior a la del deslinde de 2000, por lo que los terrenos de la vivienda de la demandante se hallarían mas allá de la zona que habría sido declarada demanial con arreglo a la Ley de Costas de 1969.

Por el contrario, la Abogacía del Estado estima que no ha resultado acreditado que la vivienda ubicada en la finca que era propiedad de la actora se encontrara fuera de la línea de deslinde que habría correspondido practicar con arreglo a la Ley de Costas de 1969, sino todo lo contrario.

Recuérdese que el artículo 1.2 de la Ley 55/1969, de 26 de abril, de Costas, establece que son bienes de dominio público sin perjuicio de los derechos legalmente adquiridos: “La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de las costas o fronteras marítimas del territorio español que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios, en donde no lo sean. Esta zona se extiende asimismo por las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas”,

Sin embargo, el artículo 1.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, incluye en el dominio público marítimo terrestre estatal, entre otros bienes, la ribera del mar y de las rías, que incluye en su apartado a), por lo que ahora nos interesa, “La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas”.

Por lo que respecta al régimen normativo aplicable a la concesión demanial otorgada a la demandante ha de tenerse en cuenta que viene constituido por la disposición transitoria primera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (LC), y las disposición transitorias tercera, apartados 3 y 4, primer inciso, y decimotercera del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas (RLC).

Dispone el apartado tercero de la disposición transitoria primera de la LC, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, lo siguiente: “En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras”.

Además, la disposición transitoria tercera, apartados 3 y 4 del RLC, refiriéndose a los tramos de costa en que el dominio público marítimo terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, entendiendo por deslinde parcial aquel en el que no se hubieran incluido todos los bienes calificados como dominio público según la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, establece lo siguiente:

“3. Las obras e instalaciones ilegales quedarán sujetas a lo establecido en la disposición transitoria cuarta, apartado 1, de la Ley y duodécima de este Reglamento. Se considerarán, en todo caso, ilegales las construidas con infracción de lo previsto en la disposición transitoria segunda del Reglamento de Costas, aprobado por Real Decreto 1088/1980, de 23 de mayo.
4. Las obras e instalaciones legalmente construidas o que puedan construirse en el dominio público y en la zona de servidumbre de protección, que resulten contrarias a lo previsto en la Ley de Costas, quedarán sujetas al régimen que en cada caso corresponde conforme a lo previsto en la disposición transitoria cuarta, apartado 2, de la Ley y decimotercera de este Reglamento. Si no hubieran sido objeto de concesión por emplazarse más allá de la línea de deslinde que debiera haberse fijado con arreglo a la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, se otorgará dicha concesión conforme a lo establecido en la disposición transitoria cuarta de este Reglamento”.

A su vez, la disposición transitoria cuarta de la LC, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, señala lo siguiente:

“1. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público.
2. En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en el apartado anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de licencia municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la Administración del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, que resulten contrarias a lo establecido en la misma, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.
b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, no se permitirán obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si aquellas reparaciones que exija la higiene, ornato y conservación previa autorización de la Administración del Estado. Esta no se otorgará si no se garantiza cuando sea necesario la localización alternativa de la servidumbre”.

Preceptúa la disposición transitoria decimotercera del RLC lo siguiente:

“1. En las obras e instalaciones legalizadas conforme a lo previsto en la disposición transitoria anterior, así como en las construidas o que puedan construirse al amparo de licencia municipal, y cuando fuera exigible, autorización de la Administración del Estado otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas que resulten contrarias a lo establecido en la misma, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.
b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, no se permitirán obras de consolidación aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero si las pequeñas reparaciones que exija la higiene, ornato y conservación previa autorización de la Administración del Estado. Esta no se otorgará si no se garantiza cuando sea necesario la localización alternativa de la servidumbre.
c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento, podrán realizarse, previa autorización de la Comunidad Autónoma correspondiente, tramitada conforme a lo establecido en el artículo 49 de este Reglamento, obras de reparación y mejora siempre que no implique aumento de volumen de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de la Ley de Costas (disposición transitoria cuarta, 2, de la Ley de Costas).
2. Lo establecido en la letra a) del apartado anterior será también aplicable a las concesiones que se otorguen en virtud de lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas y concordantes de este Reglamento en cuanto los usos o aprovechamientos objeto de las mismas resulten incompatibles con las disposiciones legales reguladoras de la utilización del dominio público marítimo-terrestre.
3. Las autorizaciones a que se refiere la letra b) del apartado 1 se otorgarán por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con sujeción al procedimiento establecido en este Reglamento.
4. Lo establecido en el último párrafo de la letra c) del apartado 1 para los supuestos de demolición total o parcial, se entiende sin perjuicio de lo prevenido en la disposición transitoria octava, apartado 3, de este Reglamento, en cuyo caso la reedificación será posible en los términos previstos en la citada disposición.
5. El Servicio Periférico de Costas podrá solicitar del Registrador de la Propiedad toma de nota marginal expresiva de las circunstancias que concurren en los inmuebles afectados por lo previsto en la presente disposición”.

Por consiguiente, la resolución administrativa recurrida, partiendo del hecho de que la delimitación de la línea de deslinde trazada por la orden ministerial de 29 de mayo de 2000, hubiera coincidido con la que se hubiere delimitado de acuerdo con la Ley de Costas de 1969, aplica el régimen establecido en el primer inciso del apartado 4 de la disposición transitoria tercera del RLC. De ahí que se acuda al régimen previsto en la disposición transitoria cuarta, apartado 2, de la LC y a la disposición transitoria decimo tercera del RLC.

Es decir, según la resolución recurrida nos encontraríamos ante unas edificaciones emplazadas en terrenos que debieron ser dominio público marítimo terrestre con arreglo a la legislación de costas de 1969, aunque no se practicara el deslinde correspondiente con anterioridad a la vigente Ley de Costas de 1988, por lo que procedía la legalización de los usos existentes mediante la correspondiente concesión y el otorgamiento del derecho de preferencia durante un periodo de diez años para la obtención de los derechos de ocupación o aprovechamiento que, en su caso, puedan otorgarse sobre dichos terrenos. Esta legalización de usos conllevaba, según la resolución recurrida, el otorgamiento de tal concesión y derecho de preferencia, en los términos previstos en la disposición transitoria segunda del RLC, que al referirse a las fincas o derechos amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria prevé que los titulares inscritos cuyos bienes se integren en el dominio público puedan.

Esta disposición, que constituye el desarrollo de la disposición transitoria primera, apartado 2, de la LC, establece lo siguiente:

“Los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de la Ley de Costas, por estar amparados por los títulos a que se refiere el artículo 6.3 de la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, quedarán sujetos al régimen establecido en la nueva Ley para la utilización del dominio público, si bien los titulares inscritos podrán solicitar, en el plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, la legalización de usos existentes, mediante la correspondiente concesión, en los términos de la disposición transitoria cuarta de la Ley y duodécima de este Reglamento. Asimismo tendrán preferencia, durante un período de diez años, para la obtención de los derechos de ocupación o aprovechamiento que, en su caso, puedan otorgarse sobre dichos terrenos. Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquéllos puedan ejercitar en defensa de sus derechos (disposición transitoria primera, 2, de la Ley de Costas).
2. Se entiende que no han podido ser ocupados por la Administración los terrenos respecto de los que, al practicar el deslinde, se aportaron títulos amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, a los que la Administración reconoció su virtualidad en la resolución aprobatoria del deslinde.
3. La legalización prevista en el apartado 1 de esta disposición podrá referirse también a los usos debidamente autorizados, aunque no se hubiera ejercitado todavía el derecho correspondiente. Las situaciones que, en su caso, resulten incompatibles con la Ley de Costas, se acomodarán a lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la misma y decimotercera de este Reglamento.
4. La preferencia para la obtención de los derechos de ocupación o aprovechamiento durante el plazo de diez años, sólo se reconocerá a aquellos que hubieren legalizado los usos existentes conforme a lo establecido en el apartado 1 de esta disposición, y podrá instrumentarse, bien mediante la solicitud de los títulos correspondientes, bien mediante el ejercicio del derecho de tanteo sobre los usos o aprovechamientos solicitados por terceros. A tal efecto, el Servicio Periférico de Costas deberá notificar a los interesados la presentación de dichas solicitudes, para que en el plazo de un mes puedan ejercitar su derecho. Transcurrido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso del interesado, se entenderá que renuncia a su derecho”.

Por ello, la concesión otorgada habría de quedar sujeta al régimen general de la LC y no al especial, previsto en las disposiciones transitorias para las concesiones indemnizatorias, es decir, a lo dispuesto en los artículos 66.2 y 84 de la LC, lo que justificaría su duración y su sujeción al pago de canon anual.

Ahora bien, en el supuesto de que se considerase que los terrenos deslindados como dominio público marítimo terrestre mediante la orden ministerial de 29 de mayo de 2000, se encontraban más allá de la línea de deslinde que debiera haberse fijado con arreglo a la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, se debería haber otorgado dicha concesión conforme a lo establecido en la disposición transitoria cuarta del RLC, según establece el inciso segundo del apartado 4 de la disposición transitoria tercera del RLC. Esta disposición transitoria cuarta del RLC se remite a la disposición transitoria primera del mismo reglamento en los siguientes términos:

“1. En los tramos de costa en que esté completado el deslinde del dominio público marítimo-terrestre a la entrada en vigor de la Ley de Costas, pero haya de practicarse uno nuevo para adecuarlo a las características establecidas en aquélla para los distintos bienes, los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación quedarán sujetos al régimen establecido en la disposición transitoria primera de este Reglamento, computándose el plazo de un año para la solicitud de la concesión a que el mismo se refiere, a partir de la fecha de aprobación del correspondiente deslinde (disposición transitoria primera, 4, de la Ley de Costas).
2. Transcurrido dicho plazo sin que se solicite la concesión, se otorgará de oficio, previa oferta de condiciones, por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con sujeción a lo establecido en el apartado 3 de la citada disposición transitoria, salvo que medie renuncia expresa del interesado.
3. Los anteriores propietarios tendrán, asimismo, derecho preferente para la obtención de las nuevas concesiones que puedan otorgarse durante un período de sesenta años, en los términos de la disposición transitoria primera, apartado 4”.

La disposición transitoria primera, apartado 4, de la LC dispone lo siguiente:

“4. En los tramos de costa en que esté completado el deslinde del dominio público marítimo-terrestre a la entrada en vigor de esta Ley, pero haya de practicarse uno nuevo para adecuarlo a las características establecidas en aquélla para los distintos bienes, los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación quedarán sujetos al régimen establecido en el apartado primero de esta disposición, computándose el plazo de un año para la solicitud de la concesión a que el mismo se refiere a partir de la fecha de aprobación del correspondiente deslinde”.

De modo que esta última norma se remite al apartado primero de la disposición transitoria primera de la LC. A su vez, la disposición transitoria primera del RLC, en desarrollo de la disposición transitoria primera, apartado 1, de la LC, transcribiendo en su apartado 1 el apartado 1 del la disposición transitoria primera de la LC, dispone lo siguiente:

“1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la Ley de Costas pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la mencionada fecha. La concesión se otorgará por treinta años prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon, y se inscribirá en el Registro a que se refieren los artículos 37.3 de la Ley de Costas y 79.3 de este Reglamento (disposición transitoria primera de la Ley de Costas).
2. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya solicitado la concesión, la misma se otorgará de oficio por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, salvo renuncia expresa del interesado.
3. La concesión se otorgará con arreglo a lo previsto en la Ley de Costas, aunque limitada a los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de la misma, quedando el resto de la superficie de antigua propiedad privada sujeto al régimen general de utilización del dominio público marítimo-terrestre. La prórroga por un nuevo plazo de treinta años deberá ser solicitada por el interesado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento, y se otorgará salvo que la concesión estuviere incursa en caducidad.
4. El anterior propietario tendrá derecho preferente, durante un período de sesenta años, para la obtención de las concesiones para nuevos usos o aprovechamientos que puedan otorgarse sobre la totalidad de la superficie de antigua propiedad privada. Dichas concesiones se ajustarán íntegramente a lo previsto en la Ley de Costas y en este Reglamento, incluyendo la limitación de plazo y la obligación de abonar canon. La preferencia para la obtención de estas concesiones podrá instrumentarse mediante cualquiera de las modalidades previstas en la disposición transitoria segunda, apartado 4, de este Reglamento”.

Pues bien, la cuestión fáctica controvertida, de cuya resolución dependerá el régimen jurídico aplicable a la concesión demanial a que tiene derecho la parte demandante, consiste en determinar si los terrenos propiedad de la actora deslindados como dominio público marítimo terrestre mediante la orden ministerial de 29 de mayo de 2000, se encontraban más allá de la línea de deslinde que debiera haberse fijado con arreglo a la Ley de Costas de 26 de abril de 1969, o, por el contrario, hubieran sido delimitados también como zona marítimo terrestre con arreglo a las prescripciones de esta última Ley de Costas de 1969.

El informe pericial presentado por la parte demandante y ratificado a presencia judicial, recae sobre el levantamiento topográfico en relación con la vivienda de doña Rosa María Escobedo Sánchez, situada en el dominio público marítimo terrestre en el término de Rivadedeva, entre los hitos 121 y 122 del deslinde aprobado por orden ministerial de 29 de mayo de 2000, aclarar la situación real del predio en relación con las distintas actuaciones de deslinde realizadas en la zona.

Para ello el perito procede a realizar varias operaciones: 1) el replanteo sobre el terreno del deslinde aprobado en la margen izquierda de la Ría de Tinamayor mediante resolución de 4 de noviembre de 1969; 2) la plasmación sobre el plano de las líneas de deslinde aprobadas mediante resoluciones de 29 de mayo de 2000 y de 4 de noviembre de 1969, utilizando exclusivamente las coordenadas y otros datos técnicos del plano oficial del deslinde aprobado por la orden ministerial de 29 de mayo de 2000 y del plano oficial del deslinde aprobado mediante resolución de 4 de noviembre de 1969; 3) la determinación de la cota de los hitos delimitadores de la línea poligonal del deslinde de 1969, y 4) la determinación de si la cota de los hitos del deslinde de 2000 coincide o es superior a los de la línea de 1969, a fin de comprobar si ambas líneas son coincidentes o divergentes.

Con fundamento en el resultado de tales operaciones alcanza el perito diversas conclusiones:

1.- El replanteo de la línea de deslinde de 1969 muestra que la delimitación de la zona marítimo-terrestre se ajustaba sensiblemente al trazado de la crecida ordinaria, pues corre paralelo a la zona que en la actualidad configura la pleamar ordinaria, definida perfectamente por ambas márgenes de la Ría de Tinamayor, y sus hitos son extrapolables aguas abajo, hasta la zona frente a la finca donde se ubica la vivienda de la demandante.

2.- La cota de los hitos del deslinde de 2000 es muy superior a los de la línea de 1969, por lo que no son coincidentes, sino divergentes sobre la situación que presentan los mojones físicos en la actualidad. De modo que la poligonal del deslinde de 1969 discurría a una cota muy inferior a la del deslinde de 2000.

3.- El deslinde que se hubiera aprobado en la zona de la vivienda con arreglo a la Ley de 1969 necesariamente habría consistido en una poligonal que discurriese a cotas iguales o semejantes a las halladas para el deslinde antiguo de la margen izquierda, es decir, aproximadamente más menos 2,50 metros.

A lo expuesto ha de añadirse que la finca sobre la que recae la concesión se encuentra a una cota de 3,42, como revela el plano del deslinde de 2000 (parcela 272), si bien en los alrededores se aprecian cotas inferiores, pese a tratarse de lugares, en ocasiones, más alejados de la ría, lo que pone de manifiesto que el terreno ocupado por tal finca fue sobreelevado de manera artificial para construir el muelle junto al que se encuentra, como se observa en las fotografías obrantes en el expediente administrativo.

Por consiguiente, con arreglo al informe pericial expresado, concluye la Sala que no existe evidencia alguna de que los terrenos propiedad de la demandante hubieran sido delimitados como zona marítimo terrestre con arreglo a la Ley 55/1969, de 26 de abril, de Costas.

El hecho de que en el proyecto de deslinde elaborado en el expediente de deslinde que concluyó con la orden ministerial de 29 de mayo de 2000 se afirmara que “ en todo el tramo deslindado, se considera que la delimitación de la línea de Dominio Público Marítimo-Terrestre, hubiera coincidido con la que se hubiera delimitado de acuerdo con la Ley de Costas 28/1969 y jurisprudencia anterior”, sin más, no constituye prueba irrefutable de tal aseveración, máxime cuando no existe constancia de los elementos de juicio o estudios técnicos empleados para sustentarla, y tal afirmación no fue recogida en la orden ministerial aprobatoria del deslinde.

Dicha afirmación, como dijimos, se encuentra desvirtuada por el informe pericial examinado, junto a evidencia de tratarse de terrenos sobreelevados en relación con otros terrenos circundantes.

En consecuencia, la actora tiene derecho a otorgamiento de una concesión indemnizatoria prevista en la disposición transitoria primera, apartado 1, de la LC y en la disposición transitoria primera del RLC, en aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del apartado 4 de la disposición transitoria tercera del RLC, el cual se remite a la disposición transitoria cuarta del mismo reglamento y esta última a la disposición transitoria primera. Se trata de una concesión que habrá de ser otorgada por treinta años prorrogables por otros treinta, respetando los usos y aprovechamientos existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, sin obligación de abonar canon.

Conviene recordar que la naturaleza de este régimen transitorio, según ha explicado la sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio , deriva de la consideración de la privación de las titularidades dominicales anteriores como una forma singular de expropiación, operando el valor económico de la concesión como compensación, determinada «ope legis», por la privación del título dominical.
TERCERO.- Sostiene la parte demandante que la concesión debe recaer sobre todos los edificios existentes en la finca, pese a que los edificios excluidos de la concesión no se incluyeran en la descripción de la finca en documentos públicos, afirmando que fueron construidos en las mismas fechas, y que no sería licito establecer una distinción entre los edificios que sean legales y los que se presume que puedan no serlo, pues en todo caso ha de respetarse su uso en aplicación de la disposición transitoria primera. 4 de la Ley de Costas.

La anterior pretensión se encuentra referida a una caseta auxiliar de unos 108,50 m2 y del tendejón con destino a acopio de leña de unos 7,50 m2, existentes en la finca, que fueron excluidos de la concesión otorgada ante la ausencia de prueba alguna sobre su legalidad y de que tales construcciones fueran anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Conviene recordar que, conforme establece la disposición transitoria primera del RLC, en desarrollo de la disposición transitoria primera, apartado 1, de la LC, la concesión que debe ser otorgada a la demandante, con arreglo a lo razonado en el anterior fundamento de derecho, se encuentra limitada a los usos y aprovechamientos existentes en la finca afectada a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, quedando el resto de la superficie de antigua propiedad privada sujeto al régimen general de utilización del dominio público marítimo-terrestre.

Por otro lado, el apartado cuarto de la disposición transitoria primera de la LC, a que hace referencia la demandante, se remite al régimen establecido en el apartado primero de la misma norma, desarrollado, como ya dijimos, por la disposición transitoria primera del RLC, antes examinada.

Pues bien, tal y como afirma la resolución recurrida, no existe prueba alguna de que las edificaciones excluidas de la concesión hubieran sido levantadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Al respecto, debe resaltarse que ninguna referencia a las mismas se hace en la descripción de la finca y sus edificaciones recogida en los documentos públicos incorporados al expediente administrativo, acreditativos de la titularidad de tal finca, y que ninguna prueba se ha practicado conducente a acreditar su preexistencia a aquella fecha, lo que impide equiparar su tratamiento legal al de aquellas otras edificaciones anteriores a aquella fecha.

Por consiguiente, no procede acceder a la inclusión en la concesión solicitada de los usos inherentes a la caseta auxiliar de unos 108,50 m2 y el tendejón con destino a acopio de leña de unos 7,50 m2, existentes en la finca.
CUARTO.- Por último, sostiene la demandante que la concesión debe computarse desde la fecha de su otorgamiento, como mantuvo la jurisprudencia, pese a que recientemente se haya cambiado de criterio, dada la naturaleza expropiatoria de la concesión reclamada, y aun cuando se considerara una concesión ordinaria.

En relación con la procedencia de computar el periodo de concesión desde el momento en que se otorgue, conviene exponer el criterio a seguir en interpretación del régimen transitorio de la legislación sobre costas.

Tal y como reconoce la STS de 29 de julio de 2009, Rec 2294/2005, “el Tribunal Supremo ha declarado, entre otras, en sus Sentencias de fechas 25 de mayo de 2005 (recurso de casación 4297/2002), 28 de mayo de 2008 (recurso de casación 3641/2004) y 10 de diciembre de 2008 (recurso de casación 6570/2004 ), que el inicio del cómputo de la concesión, prevista en la Disposición Transitoria primera de la Ley de Costas 22/1988 , y Disposición Transitoria primera de su Reglamento , aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre , debe hacerse a partir del momento del otorgamiento de la concesión por la Administración, pero no es menos cierto que en esas mismas Sentencias hemos declarado que tal cómputo -fecha del otorgamiento de la concesión- procede cuando se ha solicitado la concesión en el plazo de un año establecido en las mentadas Disposiciones Transitorias, precisándose en la primera de las citadas sentencias que «la demora en la resolución de la solicitud de la concesión no puede perjudicar a quien lo ha solicitado dentro del plazo legal de un año”

Consecuentemente, cuando el interesado se demoró en solicitar la concesión, como aquí acontece, incumpliendo el plazo de un año previsto legalmente, y ha disfrutado durante todo ese tiempo del uso de aquello que constituye el objeto de la concesión pretendida, no es aplicable al cómputo inicial de la concesión la referida doctrina jurisprudencial. De modo que en estos supuestos para el cómputo del plazo de la concesión no puede tomarse como fecha de inicio la del otorgamiento de la concesión, dado el retraso con que fue solicitada.

Además, el deber de la Administración de otorgar de oficio la concesión ex párrafo segundo del apartado primero de la Disposición Transitoria primera del Reglamento citado, no exonera al interesado del deber de solicitar en plazo la concesión -un año a partir del deslinde- o, al menos, en el plazo de un año desde que se reconociera judicialmente la existencia del derecho al uso o aprovechamiento controvertido que habría de justificar el otorgamiento de la concesión, cuando dicho reconocimiento fuera posterior al deslinde.

En definitiva, en el caso de incumplirse este deber, la demora en resolver no sería imputable a la Administración de Costas sino al propio interesado, quien por ello debería soportar las consecuencias desfavorables de su inactividad, conforme a los principios de responsabilidad y buena fe recogidos en el artículo 7.1 del Código civil, pues lo contrario supondría prolongar indebidamente la concesión en perjuicio del interés general.

Ahora bien, la resolución administrativa impugnada retrotrae el momento inicial del cómputo de la concesión a la fecha de la Orden de aprobación del deslinde, solución que no es enteramente acertada pues no puede desconocerse el plazo del año que el régimen normativo transitorio examinado otorga al interesado para solicitar la concesión. De ahí que nuestra jurisprudencia declare que en supuestos como el que nos ocupa el cómputo del plazo de la concesión debe iniciarse al año siguiente de la Orden aprobatoria del deslinde (en este sentido, STS de 12 de septiembre de 2014, rec. 912/2012).

Por todo ello, procede rechazar parcialmente esta pretensión, debiendo computarse el periodo de la concesión desde el año siguiente a la fecha del deslinde, el 29 de mayo de 2001.
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, no procede imponer las costas causadas en este procedimiento a ninguna de las partes, al haberse estimado parcialmente el presente recurso contencioso-administrativo.
FALLAMOS
ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Sonia Alba Monteserín, en nombre y representación de doña María Rosa Escobedo Sánchez, contra la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino, dictada por el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación del Ministro, de fecha 8 de mayo de 2012, confirmada en reposición por resolución de fecha de 28 de septiembre de 2012 del Secretario General Técnico del mismo Departamento, dictada por delegación, por la que se acuerda otorgar a doña María Rosa Escobedo Sánchez la concesión para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, en relación con una finca de 1.071 metros cuadrados, pertenecientes a la finca inscrita con el número 10.613 en el Registro de la Propiedad de Llanes, que se anula en parte por ser contraria a Derecho, declarando el derecho de la demandante al otorgamiento por parte de la Administración del Estado de una concesión en relación con dicha finca con arreglo al régimen previsto en la disposición transitoria primera, apartados 1 y 4, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, respecto de los usos y aprovechamientos relativos a una edificación existente en la misma destinada a vivienda, con una superficie de unos 127 m2 y a una huerta de tal finca, quedando fuera del objeto de la concesión una caseta auxiliar de unos 108,50 m2 y un tendejón con destino a acopio de leña de unos 7,50 m2, existentes en la finca, debiéndose computar el periodo de concesión desde el 29 de mayo de 2001.

No se condena al pago de las costas causadas a ninguna de las partes.

La presente sentencia no es susceptible de recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. Doy fe. Madrid a

Esta aventura ha concluido en forma extraordinariamente feliz. Agradezco a Rosa María y a sus padres que durante todos estos meses de tanta zozobra y de tan malos pensamientos hayan mantenido su confianza en mi, y por supuesto que les mando un abrazo.

José Ortega
ABOGADO
Derecho de costas marítimas
Plaza Mariano Benlliure 21 1
El Puig 46540 Valencia
TF 961471097 fax 961471287
Tf móvil 629511225
ortega_abogados@hotmail.com
joseortega@costasmaritimas.es
Web http://www.costasmaritimas.es
Blog http://www.costasmaritimas.wordpress.com

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: