VARIAS QUEJAS CONTRA INDUSTRIA POR OBSTRUCCIONISMO Y OCULTACIÓN

noviembre 28, 2014

@abogadodelmar

Al Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Subdireccion general de Hidrocarburos
José Ortega Ortega, abogado en ejercicio, con despacho abierto en El Puig, plaza Mariano Benlliure 21, primero 46540 Valencia, en nombre y representación de la Comisión Interfederativa de cofradías de pescadores de la Comunidad Valenciana, como ya consta a ese Servicio, comparezco y digo:

Que, mediante el presente escrito, formulo protesta por los hechos que a continuación se exponen y deduzco,as peticiones que así mismo quedan expuestas a continuación, con arreglo a las siguientes

Alegaciones

Primera.- Este Letrado,en la representación que ostenta, tiene el carácter de interesado en el exoediente en tŕámite para la autorización de prospeccion sismica 3Den el golfo de Valencia a la mercantil CAPRICORN Spain limitad.

En tal carácter, el pasado día 28 de octubre se le puso de manifiesto el expediente. Habiéndose interesado la entrega de diversas copias de documentos y debido a lo avanzado de la hora, previo,levantamiento de acta se acordó que las copias de los documentos en cuestión, en lugar de ser retiradas en el acto, serían remitidas por correo postal al despacho profesional del compareciente.

Segunda.- Habiendo transcurrido aproximadamente tres semanas sin noticias de las copias de documentos, me puse en contacto con ese Servicio y como respuesta se recibió un oficio que dejaba constancia de que las copias habían sido remitidas a la Subdelegación del Gobierno, de donde el compareciente podría retirarlas.

Aparentemente la intención de ese Servicio era causar a este Letrado una molestia adicional al obligarlo a desplazarse a la ciudad de Valencia, pagar un parking y perder media mañana de trabajo de forma muy innecesaria.

Se desconocen los motivos por los que los documentos no fueron remitidos directamente a mi despacho profesional, según se había solicitado, siendo la única explicación coherente que en ese Servicio existiese la oculta intención de poner trabas ilegítimas y contrarias a la obligación constitucional de objetividad de la Administración (art. 103 de la Constitución) para que el compareciente pudiera ejercer el derecho a la obtención de copias pese a que el mismo viene claramente reconocido en el artículo 35 de la LPAC.

Se formula protesta en relación con ello.

Tercera,- este letrado solicitó su personación como interesado y la puesta de manifiesto del expediente con fecha 17 de febrero y no obtuvo respuesta hasta el 3 de junio. La respuesta, más bien sorprendente, fue que se accedía a reconocer el carácter de interesado pero sin embargo no el acceso al expediente, bajo pretexto de que el mismo estaba siendo instruido en tres Subdelegaciones se gobierno distintas y al parecer troceado.

Por ese Servicio sólo se reconoció el derecho de consulta después de que este letrado advirtiera que estaban al caer nuevas quejas al Parlamento Europeo y quizá también una querella criminal por prevaricación. Entonces este Letrado fue citado y de pronto el expediente ya no estaba ni disperso por la costa ni troceado, sino todo en uno y encima de una mesa. Como se ha dicho, esto tuvo lugar el día 28 de octubre.

De forma inexplicable, ese mismo reconocimiento del carácter de interesado y la vista misma del expediente. Con obtención de copias, había sido reconocido a Don Carlos Bravo, que se personó en su calidad de presidente de la asociación Centaurea.

Centaurea es una asociación con domicilio en un pueblo de Segovia cuyo objeto asociativo es la protección de la naturaleza. Nada tiene el compareciente que oponer a que a esa asociación se le reconozca como interesada a pesar de que desde el punto de vista material su actividad de proteccion debe recaer sobre jabalíes, corzos y buitres.

No obstante, la asociación Centaurea es interesada debido a una formalidad de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común relativa a las asociaciones y carece de todo interés material en el expediente. Siendo esto así, resulta incomprensible y se resume en una actitud muy semejante al insulto, que la solicitud de don Carlos Bravo fuese atendida con tanta celeridad que el interesado ya había podido acceder a las actuaciones no una, sino dos veces (en mayo y en septiembre) antes que el compareciente,

Señalo aquí con mucho respeto y consideración que por muy dignos de protección que sean el escarabajo común, todas las especies de lagartos, las hormigas, los grillos, las avispas, los conejos y todos los demás bichos que podamos encontrar en el corazón de Castilla, esto no es un juego y el compareciente representa a miles de familias y cuentos de empresas cuyas economías pueden quedar seriamente perjudicadas si se aprueba la prospección sísmica. Por lo tanto, merece la mayor censura la actitud de ese Servicio de ningunear a las cofradías durante tantos meses y al mismo tiempo complacer con comparativa celeridad a la asociación Centaurea.

La actitud de ese Servicio, aparte de difícil de explicar, es contraria a los artículos 14 y 103 de la Constitución y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

De ello se desprende una hostilidad bastante mal disimulada por su parte hacia las corporaciones que represento, y por ello formulo protesta.

cuarta.- Desde ese Servicio únicamente se me indicó que podía acudir a la Sibdelegacion del Gobierno para retirar los documentos. Puesto en contacto con este último órgano administrativo, me informan de que debo acudir provisto de una unidad de grabación magnética portátil, tal como un disco duro externo o un pen drive.

Con esto parece que no solamente se pretendía cansar un poco a este Letrado obligándolo a hacer una excursión a Valencia, sino causar que la mencionada excursión tuviera quehaceres dos veces después de haberse presentado en la Subdelegacion del Gobierno sin unidad externa de grabación, ya que no es costumbre de este letrado acarrear esas e cosas.

Se desconocen los motivos por los que los documentos no fueron remitidos directamente a mi despacho profesional según se había solicitado, siendo la única explicación coherente que en ese Servicio existiese la oculta intención de poner trabas ilegítimas y contrarias a la obligación constitucional de objetividad de la Administración (art. 103 de la Constitución) para que el compareciente pudiera ejercer el derecho a la obtención de copias pese a que el mismo viene claramente reconocido en el artículo 35 de la LPAC.

Formulo protesta por los anteriores hechos.

Quinta.- Con fecha.14.11.2014 Se remitió a ese Servicio el siguiente correo electrónico:
De: Naiara Serrano
Enviado: 04/11/2014 11:43
Para: S.G. Hidrocarburos
Asunto: COMISIÓN INTERFEDERATIVA, DE VALENCIA, EXPEDIENTE HIDROCARBUROS. SOLICITUD INFORMACIÓN.

Estimada María:

Tras la visita del pasado 28 de Octubre a la Subdirección General para la consulta del expediente de la referencia, observamos que no figuraban en el expediente las 125.000 alegaciones que la Delegación del Gobierno en Baleares envió y que respondían a un modelo hecho por Alianza Mar Blava. Por lo que rogamos nos transmita qué ha ocurrido con dichos escritos.

Gracias.

Reciban un cordial saludo,


RUEGO CONFIRMEN ACUSE DE RECIBO DE ESTE CORREO
Naiara Serrano Lendinez

José Ortega Abogados
Derecho de Costas Marítimas
Pza. Mariano Benlliure 21, 1º, El Puig de Santa María 46540 Valencia
Tf. 961471097, 629511225, 609643313, fax 961471287

Horario de atención al público durante la jornada del 15 de Junio al 15 de Septiembre, de lunes a viernes, de 08.00 horas a 15.00 horas.
Considero que ha transcurrido un tiempo más que prudencial sin que desde ese Servicui se haya dado respuesta al escrito, por lo que nuevamente formulo protesta.

Sexta.- Durante la consulta del expediente, por ese Servicio de ocultó la existencia de un escrito de alegaciones particularmente extenso que fue presentado por la organización Greenpeace, lo que movió a error a este Letrado al hacerle creer que Greenpeace no había presentado alegaciones. Parece ser que el escrito fue remitido por la Administración periférica del Estado en formato electrónico, lo que sin embargo no les autoriza a ustedes a fingir que el documento no existe.

Tanto el derecho de consulta del expediente del art. 35 de la LPAC como los principios de buena fe y confianza legítima de su artículo 3 se supone que debían vedar la inaudita conducta que están exhibiendo ustedes, aunque parece que en ese Servicio tienen serios problemas para la mera comprensión intelectual tanto del sistema de derechos individuales como de los límites que la ley impone a los poderes públicos.

Según el principio de buena fe, que ustedes deberían cumplir y no cumplen, los interesados que acuden a consultar el expediente tienen derecho a creer que lo que se les deja ver es precisamente el expediente, y no una parte amputada e incompleta del mismo. Nada distinto cabe afirmar del principio de confianza legítima, que tampoco de ha cumplido en este caso.

Cuando este Letrado se personó en esa oficina pública, se le condujo a un despacho donde había un conjunto de cajas de cartón y se le dijo que eso era el expediente, lo que según he podido comprobar más tarde no era cierto, ya que las cajas no contenían todo el expediente sino únicamente una parte de él. En ningún momento se informó de la existencia de otros documentos en formato electrónico, ni de indicó su paradero, ni mucho menos se permitió su consulta. Simplemente se movió a error a este Letrado y parece que de forma intencionada si he de juzgar a la luz del contexto obstruccionista al que me refiero en el cuerpo de este escrito.
En su virtud,

Solicito:

a) Se sirva tener por formulada queja por los hechos que anteceden.
b) Se sirva tener por reiterada la solicitud de información para que se me indique el paradero de las 125000 alegaciones aparentemente fuera de control.
c) Remita al domicilio del encabezamiento (No, repito: NO a la Subdelegacion del Gobierno) copia del escrito de alegaciones de Greenpeace.

OTROSI DIGO:

Que remito copia de esta queja a la Dirección General de Servicios y al Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana e igualmente queja al Defensor del Pueblo y a la comisión de oeticiones del Parlamento Europeo por violación del convenio de Aarhus y normativa concordante, con copia de todo ello a los medios de comunicación.

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