CARTA AL PRESIDENTE BAUZA

@abogadodelmar

Después de un cambio de impresiones con los voluntarios de Ibiza, hemos convenido en que es mejor presentar una petición al gobierno balear para que éste formulé denuncia ante la fiscalía por la inminente comisión un delito contra el medio ambiente no solamente por las prospecciones del golfo de Valencia (proyecto de Capricorn), sino también por las del área al noroeste de las islas (proyecto de Spectrum).
Esta comunicación es para que sea suscrita exclusivamente por los ciudadanos de las Islas Baleares que así lo deseen.

Quien quiera ser representado, por favor que deje un comentario dejando su nombre y dos apellidos y diciendo que suscribe la petición y desea figurar como persona representada en ella.

Petición dirigida al Honorable se. Presidente del gobierno de Baleares
En nombre y representación de los ciudadanos relacionados en listado aparte, todos ellos con vecindad civil de esta Comunidad Autónoma.

Honorable Sr. Presidente

Como bien sabe usted, existe en el seno de la sociedad en las Islas Baleares una honda preocupación ante la perspectiva de la instalación de una industria petrolífera en varios sectores del mar balear.

La posible instalación de las plataformas de extracción vendría precedida de una campaña de la llamada prospección sísmica 3D, cuya finalidad es la de elaborar un modelado en 3D del lecho marino a efectos de determinar los puntos idóneos para una futura perforación. En la actualidad existen al menos dos proyectos de este tipo, uno de la Sociedad Capricorn Spain Limited y otro de una Sociedad llamada Spectrum.

Este proceso resulta particularmente dañino para los organismos marinos y muy especialmente para los cetáceos, cuyo delicado sentido de la orientación puede verse muy afectado por las altísima intensidad de los sonidos que como se sabe deben ser emitidos para la elaboración de ese modelado en tres dimensiones. Está comprobado que las actividades proyectadas invaden el llamado corredor de cetáceos y que por lo tanto prácticamente es un hecho que estos mamíferos marinos van a resultar seriamente afectados por estas actividades.

La protección del medio ambiente esta recogida en la Constitución Española que en su artículo 45.1 establece que “todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, y de aquí que el inmenso daño que esos sonidos pueden causar a los organismos marinos sea directamente contrario a la constitución.

El Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre establece una especialísima protección de todas las especies de cetáceos, cuidando de que no sean molestados por ningun ruido por moderado que éste sea, hasta el extremo de que incluso una maniobra de alejamiento de un cetáceo debe hacerse con especial cuidado y silencio. Esta marcada preocupación del Real decreto ante el más mínimo ruído que pueda perturbar a los cetáceos permite considerar que los sonido normales pueden ser por sismos ilícitos administrativos. Si consideramos la monstruosa intensidad de los 259Db del sonido que se dispersará en el mar en las prospecciones, es fácil concluir que esa actividad desborda hasta extremos extraordinarios lo que sería ese simple ilícito administrativo y entra a mi juicio dentro del campo del delito contra el medio ambiente.

Este delito viene recogido en el artículo 325 del código penal en los términos siguientes:

Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.

Es claro que las actividades proyectadas son típicas al responder a la conducta de emitir ruidos en las aguas marítimas con perjuicio grave del equilibrio de los espacios naturales. Este perjuicio queda materializado en los efectos del ruido sobre peces y otros organismos marinos, ya que su altísima intensidad es capaz no sólo de producirles lesiones en su sistema de audición, sino también de romperles la vejiga natatoria y por tanto de producir mortandad masiva.

En cuanto al daño específico para los cetáceos, es importante constatar que el real Decreto al que me refiero arriba excluye cualquier tipo de subjetividad, juicio o valoración sobre la mayor o menor afección de los cetáceos por ruidos. La norma prohibe directamente y sin más cualquier tipo de molestia a estas especies derivada de sonidos.

Este delito contra el Medio Ambiente no se consuma, sin embargo, hasta que las prospecciones no comiencen y de aquí que en el actual momento no sea posible formular querella criminal. No obstante resulta muy recommendable que la situación se denuncie ante la Fiscalía, excitando la acción del Ministerio Fiscal a fin de que sea éste el que presente querella. Como se sabe, la fiscalía después de recibir una denuncia puede realizar diversas comprobaciones para decidir si procede la formulación de querella. Considero que en este caso actuar de esta manera resulta aconsejable porque en la práctica las empresas beneficiarias de los posibles permisos de prospección sísmica podrían comenzar a trabajar nada más recibir, en su caso,las autorizaciones y dar lugar así a una situación de hechos consumados muy desafortunada y lesiva para los intereses generales.

Parece adecuado que su gobierno, como máximo representante de dichos intereses generales en las Islas Baleares, asuma la responsabilidad de presentar esta denuncia en la Fiscalía, sobre todo debido a razones obvias del peso y la influencia política y de la seriedad y representatividadel gobierno de Baleares. Por este motivo, tengo el honor de dirigerle la presente comunicación a efectos de que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Baleares diriga a la Fiscalía de la Audiencia Provincial denuncia relativa a la posible y futura (aunque inminente) comisión de un delito contra el medio ambiente por parte de los beneficiarios de los permisos de prospecciones.

Esta petición se formula de conformidad con el artículo 29 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

José Ortega
Abogado, colegiado número 4941