¿QUERÉIS SABER CÓMO LOS JUECES LE ECHAN UNA MANITA AL GOBIERNO Y LO RESCATAN DEL POZO NEGRO DONDE LO HABÍAN METIDO LOS INGENIEROS DECOSTAS?

noviembre 15, 2014

@abogadodelmar

En estos días muchos clientes del despacho me preguntan si es cierto que por fin las propiedades que han quedado en el dominio público se pueden vender. Suelen venir bastante intoxicados por la propaganda engañosa del gobierno y la respuesta a la consulta es no.

Las viviendas no se pueden ni de tu podrán vender porque con ellas se transmite el suelo y éste es dominio público, por lo que se trata de un bien extra comercium, es decir que no se puede vender, comprar ni tampoco gravar.

Lo que se puede comprar o vender es la concesiòn sobre las viviendas cuando ésta proceda, pero la cosa viene con sorpresa como explico inmediatamente.

Durante muchos años hubo bronca entre los beneficiarios de una concesión indemnizatoria y el gobierno porque éste último incluía en el pliego de condiciones una cláusula según la cual el plazo concesional comenzaba a contarse a partir de la fecha de aprobación del deslinde y los interesados decian que el plazo no debería iniciar la cuenta sino desde el momento de otorgamiento de la concesión. Las broncas en cuestión se resolvían siempre a favor de los ciudadanos y no cabe añadir aquí más glosa ni comentario porque la cuestión es de sentido común.

No obstante, una reciente senténcia ha cambiado el criterio, dándole la vuelta como a un calcetín, y ahora lo que dicen los tribunales es que efectivamente el plazo concesional comienza a contarse desde que se aprobó el deslinde. El argumento es a mi parecer particularmente marciano: Con tan extraordinaria como sorprendente y novedosa preocupación por el derecho de igualdad, razonan los jueces que quebraría este derecho, con perjuicio de los ciudadanos diligentes, en de que la concesion contase a Partie de du otorgamiento porque en tal caso resultarían comparativamente perjudicados quienes la hubieran reclamado cuando Dios manda, es decir dentro del plazo de un año desde el deslinde.

El motivo por el que el argumento es a mi juicio marciano es que deliberadamente ignora que el reglamento de costas carga al gobierno con la obligación de otorgar la concesión de oficio una vez vencido ese plazo de un año sin que los interesados la hayan solicitado, por lo que si el gobierno y los ingenieros de costas tuvieran algo de decencia, sería imposible que se diera la situación a la que aluden estas desafortunadas sentencias (situación que por lo demás es una pura hipótesis, pues la situación de desigualdad a la que se alude es meramente potencial y teórica y no se refiere a ningún caso concreto.

Ahora bien, no se pueden valorar estas decisiones judiciales de forma desconexionada con la práctica administrativa de los últimos casi treinta años. Quienes hayan visto el video de mi intervención en el Parlamento Europeo el 20 de enero de 3009 sabrán que allí comuniqué que el gobierno de España ya entonces se quejaba amargamente de insuficiencia de medios para reconocer y otorgar las concesiones y denuncié que tenía todos los medios para quitar la propiedad con un deslinde pero no los tenía en cambio para indemnizar esa privación de la propiedad mediante concesión.

Creo que fue el 28 de agosto de 2008 cuando la entonces Ministra del ramo, Selena Espinosa, anunció a bombo y platillo en el diario El País el denominado “programa de reconocimiento de derechos a loa afectados por la ley de costas”, que a pesar de lo ostentoso del título no era más que la (supuesta) intención del gobierno de lavar sus muchos y graves pecados mediante el simple procedimiento de cumplir con el reglamento de costas y otorgar de oficio las concesiones indemnizatorias. En la misma entrevista, la entonces Directora General, Alicia Paz, reconocía otra falta muy grave que por cierto yo había denunciado en Bruselas, y era que el gobierno había adquirido el vicio de otorgar las concesiones de oficio únicamente en el caso de qur hubiera que rescatarlas, y de aquí parte del contenido de mi segunda intervención en el Parlamento Europeo, en mayo de 2011, Cutanda denuncié que esta practica había conseguido que cuando el Gobierno viniera a dar una concesión, los beneficiarios tuvieran razones para echarse a temblar.

¿Sabéis qué sucedió a continuación de aquel anunció tan chillón del programa de reconocimiento de derechos a los afectados por la ley de costas? Nada. Todo siguió como estaba y los propietarios expropiados continuaron sumidos en la incertidumbre.

Los años pasaron y los efectos de la negligencia del gobierno se fueron acumulando en forma de docenas de miles de concesiones sin otorgar, introduciendo a los responsables en el pozo a que se refiere el título de este artículo y generándose así una situación insoluble y un ridículo internacional para España por ser incapaz de indemnizar la privación de la propiedad incluso mediante el deficiente procedí,ie to de la concesión.

Creo que Margret AUKEN no me escuchó con atención cuando hablé en
el Parlamento Europeo, porque su ponencia se lamentaba de que la compensación mediante por la privación de la propiedad derivada de un deslinde era una fórmula insuficiente, pero ojalá el problema hubiera sido ése, porque larealidad, y lo que denuncué, era que las concesiones ni siquiera se estaban otorgando.

Esta bola de nieve gigantesca la han originado al alimon unos ingenieros de costas medio chalados y un gobierno dedicado a coger moscas. Los primeros se ufanaban de la velocidad de vértigo a la que deslindaban el litoral, limitándose a trazar la rayita y luego dejándolo todo patas arriba, pasando al deslinde siguiente en lugar de detenerse a tramitar los expedientes de concesión El segundo parecia no enterarse de nada, confirmando así que la Dirección General de Costas es un virreinato en manos de los ingenieros de caminos que la controlan.

La situación era, pues, insoluble. Pero dejó de serlo cuando los tribunales decidieron acudir generosamente en auxilio del gobierno y de los ingenieros de costas con las sentencias a las que me he referido arriba, cuyo significado final expediente de deslinde de extraordinario alcance, porque si la concesión comienza a contar a partir del deslinde, la consecuencia es que loa afectados se encuentran ya, desde hace años, disfrutando de ella. De hecho, recientemente los representantes de un colectivo de casi ochocientos afectados visitaron la DGC para consultar qué pasaba con sus concesiones y escucharon con sorpresa que éstas ya les habían sido reconocidas aún sin haber sido otorgadas, lo que sin duda hay que atribuir a la nueva doctrina judicial. La nueva situación no deja de parecer una broma pesada si tenemos en cuenta que por ejemplo los afectados de Maspalomas llevan esperando la concesión desde 1994, luego les quedan sólo diez años, y los Arenales del Sol desde 1997, luego les restan sólo trece.

Por que Sta vía, los jueces han conseguido tres cosas. La primera, sacarse de la manga un esperpento incomible que consiste en una concesión a la que asiste la singular cualidad de ser Sl mismo tiempo existente e inexistente. La segunda, trasladar el problema a los pobres propietarios expropiados, que si quieren vender la concesión de ninguna manera podrán personarse en el notario haciendo valer ese derecho que no solo existe y al mísmo tiempo no existe, sino que no consta en documento alguno. La tercera, echar al gobierno laxa bale manita a la que se refiere el título del artículo, pues no es cosa pequeña que un problema de Estado consistente en la necesidad de instruir unos 400.000 expedientes de concesión pueda ser alguien viaja de un plumazo por Sus Complacientes Señorías sólo con poner una frase en una sentencia.
España, contra lo que pueda parecer, no fue siempre un país ridículo. Esto es algo que data de tiempos recientes y ha venido de la mano, entre otros y por lo que aquí se refiere, de políticos burros que no sabían lo que hacían los ingenieros de costas,my de unos ingenieros de costas feroces como lobos y soberbios hasta el aburrimiento, que trazaban rayita tras rayita sin importarles lo que sucediera después.,
Los que tenemos cierta edad podemos recordar un tiempo en el que, por increíble que pueda parecer, los jueces eran jueces, los profesionales eran rigurosos, a nadie en su sano juicio se le ocurriría especular con derechos que existen y al mismo tiempo no existen y España atesoraba una dignidad que hoy ha perdido.
Es esta bazofia lo que me hace sentir cierta nostalgia de no ser titular de un pasaporte de Madagascar, el Congo, o cualquier otro de los muchos países que manejan índices de civilización y cultura muy superiores a los nuestros.

José Ortega
Abogado
http://www.costasmaritimas.es

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