CARTA ACLARATORIA A LA COMISARIA EUROPEA DE PESCA EN RELACIÓN CON PERMISOS DE PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS

abril 16, 2014

@abogadodelmar

Maria Damanaki
Comisario Europeo de Asuntos Marítimos y Pesca 
de la Comisión Europea

 
B – 1049 Bruselas

El Puig, 16.04.2014 

Ref. CHAP (2014) 01175

 

Estimada señora Damanaki:

La Comisión Interfederativa de Cofradías de la Comunidad Valenciana (España) presentó denuncia contra actividades del Reino de España que pudieran vulnerar la competencia exclusiva de la UE en materia de conservación de los recursos biológicos marinos. Estas actividades consisten en la tramitación de expediente para autorización de prospección sísmica 3D en el Golfo de Valencia en el marco de investigación de yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo marino. Con la denuncia se solicitó que la Comisión Europea hiciera uso de la facultad que recoge el artículo 12 del reglamento UE 1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 (se acompaña copia como documento núm. 1).

La Dirección General de Medio Ambiente nos acusa recibo de la denuncia, dando a entender que el procedimiento se va a tramitar por ese organismo y por lo tanto desde el punto de vista de los posibles perjuicios al medio ambiente en general, y no precisamente en el sentido que se denunció, es decir, en relación a una posible usurpación de competencias exclusivas de la UE (copia como documento núm. 2).

Además, a solicitud de aclaración, el Servicio de Información de la Comisión Europea nos remite un correo electrónico diciendo lo siguiente:

La Directiva marco sobre la estrategia marina (Directiva 2008/56/CE) tiene como objetivo lograr el buen estado ecológico de las aguas marinas de la Unión Europea (UE) en 2020. Sin embargo, no se aplica directamente a proyectos específicos. La evaluación inicial del estado ecológico del momento de las aguas afectadas y del impacto ambiental de las actividades humanas que los Estados miembros tenían que llevar a cabo antes del 15 de julio de 2012 en virtud de los Artículos 5 (2) y 8 de la Directiva, es de carácter general y no se vincula directamente con la necesidad de autorizar ciertas actividades, tales como la extracción de petróleo en el Mar Mediterráneo.

Por otro lado, la Directiva de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) (Directiva 2011/92/UE) requiere un estudio para evaluar el impacto de determinados proyectos sobre el medio ambiente antes de cualquier aprobación o autorización. La consulta pública es un elemento clave de una Evaluación de Impacto Ambiental de este tipo. El papel de la Comisión Europea es garantizar que el requisito de llevar a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental se lleva a cabo de conformidad con la legislación aplicable.

La Comisión Europea es consciente de las controversias en torno a actividades de prospección de hidrocarburos frente a las costas de las Islas Baleares. En mayo de 2013, la Comisión inició una investigación sobre las actividades propuestas, con el fin de verificar que la legislación medioambiental de la UE pertinente se está aplicando correctamente. En respuesta a esto, las autoridades españolas expusieron que, aunque las licencias de exclusividad para las actividades de prospección se han concedido, no se requieren permisos para llevar a cabo cualquier actividad sísmica (por ejemplo, la perforación) aún no han sido concedidos, en espera de la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La Comisión ha pedido que se le informe de los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental y ser notificada de las decisiones de autorización posteriores. El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental está aún en curso, y hasta el momento ninguna notificación ha sido recibida por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión no está en condiciones de identificar cualquier infracción de la legislación medioambiental de la UE en este momento.

Sin embargo, la Comisión sigue de cerca este asunto y no dudará en tomar las medidas adecuadas si hay indicios de alguna irregularidad. Por lo tanto, amablemente le invito a que me proporcione toda la información nueva en su posesión que pueda apuntar a una posible aplicación incorrecta de la Directiva EIA o cualquier otro dato relevante de la legislación de la UE en relación con este proyecto”.

Estas comunicaciones recibidas de la Comisión Europea sugieren una posible distorsión del sentido de la denuncia y de sus intenciones. Lo que se denunció fue una usurpación de competencias exclusivas de la UE en materia de conservación de los recursos biológicos marinos. Consideramos que para entender que se ha producido esa usurpación no hay que esperar a que el proyecto de prospección sísmica 3D sea aprobado y eventualmente ejecutado, sino que se está consumando por el mero hecho de tramitarse el expediente. Recuerdo que el el Reino de España tiene la intención de resolver sin intervención de la UE sobre una cuestión que afecta gravísimamente a los recursos biológicos marinos y que puede echar al traste con todos los esfuerzos de la política pesquera común.

Las comunicaciones recibidas de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea sugieren que es suficiente que el Reino de España someta el proyecto a evaluación de impacto ambiental con información pública, y no aluden a la cuestión sobre competencias que fue denunciada. De hecho, como puede apreciarse en el texto transcrito, se da por hecho que España podrá otorgar la autorización de prospección sísmica y se afirma que la UE se limitarás “vigilar” el proceso y tener conocimiento de dicha autorización. A nuestro entender, ese punto de vista equivale a una renuncia de la Comisión Europea a defender la competencia exclusiva de la UE en conservación de los recursos biológicos marinos.

Por este motivo, se ha remitido a la Dirección General de Medio Ambiente una comunicación aclaratoria (documento núm. 3).

Consideramos que la Comisaria Europea de Asuntos Marítimos y Pesca debería interesarse por el asunto y exigir que sus competencias sean debidamente respetadas en el seno de la Comisión Europea. Se dirige esta comunicación a efectos de deshacer los malentendidos y distorsiones que se están gestando en la Dirección General de Medio Ambiente y reiterar la solicitud de que la denuncia se tramite en los términos en los que fue presentada y en consecuencia la Comisión Europea haga uso de la facultad recogida en el artículo 2 del reglamento UE 1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 y se resuelva que la actitud del Reino de España, sin perjuicio de la tramitación de la declaración de impacto ambiental, está vulnerando el artículo 3.1.d) del Tratado de Funcionamiento de la UE.

José Ortega
Abogado
Comisión Interfederativa de Cofradías de la Comunidad Valenciana

 

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