MALENTENDIDOS INNECESARIOS SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS EN ARTÍCULO DE CUARTO PODER

abril 11, 2014

@abogadodelmar

En septiembre de 2006, el alcalde de Yaiza (Lanzarote), puso a su gabinete de comunicación a investigarme a fin de si encontraba algo que echarse a la boca para desacreditarme un poco. Sus asesores creyeron encontrar en mi web ese algo tan ansiado y lanzaron a todos lo medios de comunicación de la isla una nota de prensa definitivamente grotesca en la que me acusaban de contradecirme al afirmar, en mis consejos a los afectados, que para escapar de la inclusión de los terrenos en el dominio público era inútil alegar que éstos estuvieran calificados como suelo urbano o de alguna forma eran urbanos.

Esto venía a cuento de que yo había propuesto en Yaiza una solución prevista para los afectados por la servidumbre de protección, a fin de conseguir que su extensión fuera de veinte y no de cien metros, y así salvar de muchos problemas a un asentamiento tradicional. La fórmula viene recogida por la disposición transitoria novena del reglamento de costas y consiste en que la autoridad urbanística elabore informe o certificado comprensivo de que los terrenos eran ya urbanos antes de la entrada en vigor de la ley de costas incluso a pesar de que esto no viniera recogido así en un instrumento de planeamiento. La servidumbre de protección tiene una extensión de cien metros, pero puede ser de sólo veinte en caso de que efectivamente los terrenos afectados hubieran estado ya clasificados como suelo urbano antes de la entrada en vigor de la ley. A falta de clasificación como Dios manda, se admite el procedimiento de la disposición transitoria novena del reglamento de costas.

Es evidente que el gabinete de comunicación tenía tantas deficiencias intelectuales que ni siquiera comprendía lo que leyó en mi web, porque desde luego una cosa (el carácter demanial de los terrenos) nada tiene que ver con la otra (la extensión de la servidumbre de protección).

Hace justo un año, un extenso artículo del diario El País, sembró la indignación en amplios sectores de la población al publicar que el Gobierno rebajaba de cien a veinte metros la protección del litoral. Gramaticalmente era correcta esta información, pero conceptualmente era muy incorrecta y en este caso mi diagnóstico difiere del anterior, porque no creo que la periodista fuera tan lerda como el gabinete de comunicación del entonces alcalde de Yaiza. Al contrario, creo que es una persona que sabe lo que dice y por qué lo dice. Al fin al cabo, jugar con los malentendidos gramaticales es un arte refinado no al alcance de cualquiera.

Dediqué horas enteras a atender llamadas de otros periódicos que me pedían aclaraciones sobre el artículo en cuestión, y como la cosa no es sencilla de explicar, necesitaba veinte minutos para cada llamada. En síntesis: No era cierto lo que tanto los periodistas como los ciudadanos habían entendido, y es que a partir de la reforma el dominio público se reduciría a veinte metros desde la orilla del mar, sino que la reforma daba una nueva oportunidad a los Ayuntamientos que no habían podido demostrar (a efectos de aquella disposición transitoria novena del reglamento de costas, es decir, para la determinación de la anchura de la servidumbre de protección) que los terrenos eran urbanos antes de la entrada en vigor de la ley de costas.

Esa nueva oportunidad consiste en lo siguiente:

-El procedimiento de la disposición transitoria novena del reglamento de costas comprende que la autoridad urbanística emita un informe diciendo que los terrenos ya tenían carácter de urbanos infuso aunque el PGU no lo recogiera así.

-Ese carácter de urbanos al margen del planeamiento se producía, con arreglo al texto refundido de la ley del suelo, por la consolidación de la edificación, al estar el suelo edificado en dos tercios de la superficie apta para ello.

-Los informes o certificados de la disposición transitoria novena del reglamento de costas solían aludir a esa consolidación por la edificación, pero no podían aclarar cuál era la zona apta para ello, puesto que los núcleos de población interesados no solían estar comprendidos dentro de ninguna delimitación de suelo ni unidad de actuación. Por tanto, la Administración y los tribunales rechazaban el certificado por no poderse acreditar cuál era la extensión de ese suelo apto para urbanizar y desde ahí comprobar su el núcleo de población comprendía un espacio igual o superior a dos tercios.

-La reforma de la ley de costas no pretende ni ha pretendido nunca que el dominio público alcance veinte metros desde la orilla, sino que da un plazo a los ayuntamientos para que delimiten el suelo apto para la edificación a los efectos de la disposición transitoria novena del reglamento de costas, es decir, para que se pueda comprobar si el núcleo de población conforme o no dos tercios o más del suelo apto para urbanizar. Y todo ello a los efectos de discernir si la servidumbre de protección debe tener veinte metros en vez de cien.

El artículo de El País jugaba con la ambigüedad del término protección. La reforma aludía a la servidumbre de protección, pero al venir así expresada la noticia (“El gobierno rebajara protección del dominio público de cien a veinte metros”) se leía como “el gobierno rebaja la extensión del dominio público de cien a veinte metros”.

Confieso que estoy ya un poco harto de este malentendido. Un año después, en estos días me llueven las consultas a consecuencia de otro nuevo artículo, llamado El cuarto poder, donde se acusa al Gobierno de este mismo estropicio que nunca existió.

El artículo, escrito por un señor llamado Aníbal Malvar, puede consultares en esta dirección:

http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/canete-amnistia-a-miles-de-edificaciones-ilegales-y-permite-saturar-las-playas-de-chiringuitos-y-publicidad/2920

Y afirma:

“Si usted incumplió la ley y edificó en terreno protegido a pie de mar, ahora tendrá un plazo de dos años para regularizar la situación de su chalet, y verlo recalificado automáticamente como suelo urbano. El Gobierno le regalará el terreno robado al litoral (que era de todos, de titularidad pública), si disfruta usted de “acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie”. El entrecomillado pertenece a la disposición vigésimo quinta del texto presentado por el ministerio que dirige Miguel Arias Cañete”.
Sería saludable para absolutamente todo el mundo que en lugar de tomar el rábano por las hojas y leer lo que no dice la ley, nos pusiéramos de acuerdo en lo que debería ser indiscutible, es decir, en los hechos. Si estamos sentados a una mesa, convendría estar de acuerdo en que lo que tenemos delante es una mesa y no una napolitana de chocolate, una zapatilla o un cencerro. Por tanto, si un precepto se refiere a la extensión de la servidumbre de protección, debería leerse como lo que es y no como lo que no es.

Estos malentendidos, interesados o no, sólo contribuyen a oscurecer las ideas, enfrentar a unos contra otros, generar un rencor que carece de justificación y dificultar la justicia que merecen las víctimas de la ley de costas.

José Ortega

Abogado   http://www.costasmaritimas.es

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