INFORME SOBRE BORRADOR DE NUEVO REGLAMENTO DE COSTAS

abril 6, 2014

@abogadodelmar

El Gobierno elabora durante un año un reglamento de costas enteramente nuevo, con más de doscientos artículos, y pretende que los ciudadanos opinemos sobre él dentro del plazo de quince días en el marco de la información pública.
Aún así, he podido presentar dentro del plazo un informe-propuesta extenso en nombre de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que resumo aqui brevemente:

ASPECTOS POSITIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO:

Aporta condiciones para la determinación de la zona marítimo terrestre (se deberán registrar cinco temporales en cinco años para que el alcance del temporal pueda tenerse en cuenta a efectos de delimitar la línea).
Se fijan definiciones legales de los distintos tipos de duna y se fija con claridad la frontera indicando qué dunas constituyen dominio público y qué otras quedan fuera de él.
Se garantiza que la prórroga de las concesiones indemnizatorias será de 75 años.

ASPECTOS NEGATIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO:

Frente a los afectados que hayan sido expropiados y aspiren a revisar su deslinde:

La determinación de la zona marítimo terrestre se hará sobre datos de altura de ola en el mar abierto, sin estudiar hasta dónde alcanza el temporal en la costa.

La frontera entre las dunas demaniales y las que no lo son queda fijada en la llamada duna secundaria (que es demanial) a pesar de que pueda estar cubierta de vegetación incluso leñosa, en un 75% de su superficie. Esto implica que un bosque litoral puede ser declarado dominio público.

El coste íntegro de la revisión de los deslindes deberá ser abonado por quienes los soliciten.

No se aclara la contradicción entre el artículo 45 de la ley de costas (los terrenos sobrantes de un deslinde siguen siendo dominio público) y la disposición adicional sexta de la ley de reforma (los terrenos sobrantes de un deslinde serán devueltos a sus antiguos propietarios).

La prórroga de 75 años podrá solicitarse después de que haya sido otorgada la concesión base, pero la Administración ni ha otorgado en la mayoría de los casos ni parece que pueda otorgar la concesión base, simplemente porque se han acumulado docenas de miles de casos que desde hace años están esperando a que la Administración cumpla con su obligación de otorgar la concesión de oficio.

Aunque la prórroga sea de 75 años, el reglamento no dice nada de la posibilidad recogida en el artículo segundo de la ley de reforma en cuanto a que se otorgue en sucesivos plazos inferiores prorrogables.

Frente a los afectados por la servidumbre de protección:

El reglamento no aclara si obras como la simple reparación de un muro o un reforzamiento de pilares vendrán sujetas a intervenciones complementarias y caras a fin de presentar la declaraci´jn de eficiencia energética.

Frente a los concesionarios de vivienda anteriores a la ley de costas de 1988

La limitación a 30 años desde la entrada en vigor de la ley de costas de estas concesiones, no se suprime, por lo que persiste la amenaza de derribo en 2018. El texto alude a la posibilidad de su renovación con arreglo al artículo segundo de la ley de reforma, pero esa renovación no parece posible por ser contraria a la disposición transitoria sexta de la ley de costas en relación con su artículo 32. De hecho, el texto no afirma que estas concesiones sean prorrogables. Se limita a decir “sin perjuicio de su renovación”, lo que no compromete a nada ni implica el reconocimiento de ningún derecho.

Frente a los afectados por la erosión marina

El texto omite cuidadosamente referirse a la erosión por causas artificiales y presenta una realidad ficticia, tal como si todos los problemas de regresión se debieran a procesos espontáneos de la naturaleza. En caso de regresión grave (que siempre se produce por causas artificiales) el Gobierno podrá adoptar medidas de urgencia si la costa no se recupera espontáneamente (por medios naturales), lo que resulta simplemente imposible.

Afectados de Canarias

Llevan comparativamente la peor parte. Sus deslindes podrían haber sido revisados a la baja en un 90% de los casos de no ser por el criterio establecido por el texto de tener en cuenta la máxima altura de ola en el mar.

La regulación del expediente de recuperación posesoria, que tanto sufrimiento y tantos derribos han causado en el archipiélago, continúan sin un solo retoque que obligue a la Administración a tramitar el procedimiento con garantías.

El mecanismo de cierre de derechos transitorios fijado en 1969 (está explicado en el informe) produce agravios comparativos contrarios al derecho constitucional de igualdad y es el responsable de que muchos asentamientos canarios hayan sido derribados o tengan orden de derribo pendiente de ejecución. Este mecanismo de cierre no se modifica en el borrador.

Tampoco se alude a la práctica tradicional, y a mi juicio fraudulenta, de la llamada “certificación de coincidencia”, consistente en que los responsables de la tramitación de los deslindes cuando no había otro anterior, consistente en certificar que el deslinde aprobado coincide con el que se habría aprobado con arreglo a la ley de costas de 1969. Esta práctica está pensada de propósito para dar lugar a una expropiación sin indemnización y resulta especialmente intensa (y evidente) en Canarias. El mecanismo debería haber introducido mecanismos correctores pero no lo ha hecho.

Frente a las CCAA

De forma muy sorprendente el texto reserva a favor del Consejo de Ministros la facultad de otorgar determinadas autorizaciones de usos en la servidumbre de protección, invadiendo con claridad competencias que corresponden a las CCAA en exclusiva.

El informe íntegro (78 páginas) puede descargarse pulsando en el siguiente gráfico:

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