@abogadodelmar

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El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el deslinde de La Casbah. Trátase de un deslinde perverso en el que un ingeniero de Costas dijo que había que pasar la línea por detrás de setenta y cinco viviendas en números redondos, porque tal como estaba, es decir, por delante, no le parecía adecuada.

Aquel Director General de Costas era un señor llamado Don José Fernández. Después de que el expediente estuviera parado durante ocho años (sí OCHO AÑOS ), mandó no sólo que lo sacaran del cajón y lo cepillaran para quitarle el polvo, sino que la línea provisional se moviera al interior para meter toda la urbanización además de un hotel dentro del dominio público. Pero, siendo respetuoso con las formalidades, ordenó un estudio geomorfológico para justificar la decisión que él ya había tomado de antemano. 

¿Lo comprendéis, verdad? Es al revés como se hace, pero Don José Fernández consideró apropiado primero tomar la decisión y luego que los técnicos se la justificaran. Y así lo firmó (quiere esto decir que no son imaginaciones mías, sino la realidad plasmada en un oficio de febrero de 2005).

Muchos dramas y mucha basura tuvo como consecuencia aquella decisión, en particular que bastantes personas humanas que habían comprado o que compraron después, se encontraron con que no tenían nada (nada excepto una hermosísima hipoteca), porque cuando un funcionario público te mete tu casa en el dominio público, dejas de tener casa y pasas a ser dueño absoluto e indiscutible de un recuerdo, un sueño o una sombra del pasado.

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Al Tribunal Supremo le ha dado hoy por admitirme el motivo segundo de casación, que estaba asociado a cierto despiste de la Audiencia Nacional  

Extracto del motivo: 

“El primer paso para el respeto debido a la tutela judicial efectiva es que los tribunales entiendan lo que se les dice en los escritos rectores del proceso. Cuando, en lugar de eso, valoran, como aquí sucede, una argumentación o una pretensión que no existe (y a continuación la desestiman) lo que están haciendo es cualquier otra cosa excepto tutelar la defensa efectiva de los demandantes de justicia. Por esta vía no sólo se incurre en incongruencia tanto omisiva (no se resuelve sobre lo pedido: Los terrenos no son dunares, aunque fueron dunas fijas en un tiempo remoto) como extrapetitum (se resuelve sobre lo no pedido: nunca se pretendió que los terrenos estuvieran formados por dunas fijas), sino en violación de los artículos 1 y 2 de la LJCA, que cargan a los tribunales con la obligación de resolver “las cuestiones que se deduzcan” y “las cuestiones que se susciten”. Esta parte ni ha deducido ni ha suscitado la cuestión a la que se refiere la sentencia, es decir, que los terrenos están conformados por dunas fijadas por la vegetación.”

 Ya hablaremos largo y tendido de ese vicio de los tribunales de ignorar una de las cuestiones que planteas para a continuación resolver sobre otra distinta, aunque parecida. Me lo hacen continuamente. Estoy agotado ya de eso, pero ellos no cambian. Lo hacen una y otra vez por el simple motivo de que las cuestiones que planteo son espinosas, por no decir simplemente que tengo razón.

Pero en fin. El Tribunal Supremo ha dicho hoy que tengo razón, así que felicidades para los vecinos, que por lo demás son socios fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, y seguimos adelante en la defensa contra los abusos del Estado.

José Ortega

http://www.costasmaritimas.es 

 

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@abogadodelmaE

Muchos creen que la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre doctrina Parot es indicativo de que ese tribunal constituye realmente un sólido baluarte contra las agresiones a los derechos humanos. Pero no. Podría decirse más bien que constituye un sólido baluarte contra las agresiones a los derechos humanos que salen en la tele y poco más, lo mismo que hace tiempo le pasa o parece pasarle al Tribunal Constitucional.

Ante la evidencia de que (al menos en la materia en la que yo trabajo) la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo le dan la razón al Gobierno en todo (pongamos en casi todo, algo así como un 99%) y de que el Tribunal Constitucional  es una mera ficción, pensaba yo que la gran esperanza de justicia era el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una institución por fin no sometida a la influencia de los partidos políticos de nuestra amada Patria.

Pero he visto que no es así. Este tribunal internacional se ha sumado al mecanismo de cierre estratégico que han adoptado otros de los nombrados arriba, imagino que por saturación. El atasco de asuntos que sufre en la actualidad alcanza nada menos que 130.000 asuntos, algo que no resiste ningún cristiano. La solución fue simple: En 2010 los Estados miembros reformaron el artículo 35 del Convenio Europeo de Derechos Humanos para introducir un nuevo motivo de inadmisión, que se suma a los tradicionales relativos a presentación fuera de plazo o falta de agotamiento de los recursos de la vía interna en el Estado miembro. Esta nueva causa de inadmisión, a diferencia de las anteriores, es totalmente subjetiva. Consiste en que el acto que se recurre no haya causado un perjuicio grave al demandante. Como podéis imaginar, aquí cabe todo, y en particular todo lo que le dé la gana al funcionario de turno para decirte que no te tramita la cosa. Y efectivamente los responsables se han puesto a ello con entusiasmo digno de mejor causa: Inadmiten no sólo a troche y moche, sino además sin decirte cuál es la causa de la inadmisión.

Esto puede parecer pintoresco, pero es real: En el palacio de los derechos humanos no se respeta el derecho del demandante a saber por qué se inadmite su recurso. Yo no sé si ése es un derecho humano, inhumano o mixto, pero en mi opinión no es de recibo que te digan no porque no y si no te gusta cómprate un loro. No sólo eso: Te advierten que no vuelvas a escribir porque no te contestarán, así que olvídate de pedir aclaraciones o algo parecido.

Esto, que he llamado cierre estratégico, es punto por punto lo mismo que hicieron los amables diputados y senadores de España al reformar en 2007 el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a fin de introducir una nueva causa de inadmisión del recurso de amparo, que casualmente también es completamente subjetiva. Consiste esta causa en que el recurso debe estar dotado de especial relevancia constitucional, lo que se interpreta como especial relevancia para la interpretación de la Constitución. Quiere esto decir que te pueden estar pisando el hígado, violando a tu mujer, asesinando a tu padre y prostituyendo a tus hijos, todo al mismo tiempo, y tú no puedes poner un recurso de amparo si tu recurso carece de especial relevancia constitucional.

El Tribunal Supremo hace cinco o seis años que se decidió a que entrara antes un camello por el ojo de una aguja que un recurso de casación por su registro de entrada. Y lo están cumpliendo mediante fórmulas que no cuento porque ya no me apetece y porque si sigo escribiendo y dando detalles igual termino vomitando encima del ordenador de puro asco.

Viene la Navidad. Muchos creen en Papa Noel y otros en la justicia, pero es la misma fe idiota.

José Ortega

Abogado   www.costasmaritimas.es

@abogadodelmar

Alicia Paz y sus asesores trataban con mucho desahogo el tema de los plazos para tramitar y resolver los deslindes. Ellos venían de una edad de oro en la que hacían lo que querían. Quince años tardaron en tramitar el deslinde de las playas de Corinto y Malvasur (Sagunto). Quince años incluyendo cuatro de total, sensacional, absoluta y divina inactividad, en el que el expediente se mantuvo muy quieto en un cajón. Ocho años mantuvieron detenido, sin un solo trámite, otro expediente de deslinde en El Saler (Valencia), en el marco de una tramitación que había durado doce años. Estos señores eran dioses. Dejaban el expediente abierto por tiempo indefinido y cuando venía un temporal extraordinario, movían la línea más y más al interior, cosa que quizá no habrían hecho si los procedimientso hubieran durado lo que deberían, porque iniciar uno nuevo lleva consigo una buena dosis de papeleo y cierto gasto económico.

Ni que decir tiene que a la Audiencia Nacional  y al Tribunal Supremo estas prácticas les parecen adorables y cuando los abogados acudimos allí a decirles que hay arbitrariedad prohibida por la Constitución, pasan de nosotros. Pero dejemos eso para otro artículo.

Yo, después de meterle mano al deslinde de Bellreguard (Valencia) por caducidad, mandar al diablo el de Otur (Asturias) por caducidad (caso único en el mundo: Conseguí anular el primer deslinde y cuando hicieron otro nuevo lo volví a anular) y disipar en el aire el deslinde de Villaviciosa (Asturias) por caducidad, ya me he dado cuenta de que en la Audiencia Nacional  tienes que entrar no con un código de leyes, sino con una calculadora para intentar demostrar que la Administración ha sobrepasado el plazo de veinticuatro meses que le otorga la ley para tramitar estos expedientes. 

Como ya he expuesto en otro artículo, la anulación del deslinde de Villaviciosa fue un evento pionero porque supuso la condena de una práctica muy habitual en la DGC: Ampliaban el plazo de tramitación a su antojo alegando que carecían de medios suficientes para resolver en veinticuatro meses, y lo hacían sin cumplir uno solo de los requisitos legales. Esa sentencia se transformó en una especie de piedra angular sobre la que asentar la ruina de otros deslindes en los que los altos funcionarios también se hubieran creído por encima de la ley, y así ha sido con el de Nules, en el que la Audiencia Nacional  repite que la Administración no es libre de ampliar el plazo de tramitación a voluntad. 

En medio de la tormenta con mar arbolada que padecemos, es un respiro para los demandantes de justicia.

JOSÉ ORTEGA Abogado

http://www.costasmaritimas.es