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Ningún funcionario público estaba dispuesto a hacerse responsable de un holocausto en 2018 derribando los edificios para uso residencial dados en concesión en tiempos de la República y la postguerra civil.

En apariencia, la prórroga de concesiones por 75 años era una especie de lotería que les había tocado a estos ciudadanos amenazados y angustiados, pero no va a ser tan fácil, o directamente no va a ser.

Por encima de la propaganda de los medios de comunicación oficiales, la realidad es que no va a haber prórroga por 75 años. Según el artículo 2 de la ley de reforma que está a punto de aprobarse, la cosa será así:

-Las concesiones en vigor podrán prorrogarse, pero podrán significa podrán, no deberán. Esto implica que podéis pedir la prórroga y os la pueden denegar.

-Las concesiones podrán prorrogarse por un periodo de hasta 75 años. Esto significa que no hay nada de un derecho previo a prórroga de 75 años. En el supuesto de que el funcionario público decida ir adelante con la prórroga, ésta será por el tiempo que le parezca, es decir, treinta, veinte, diez, cinco o tres años. Esto sólo servirá para prolongar la angustia de vuestras familias.

-Estas concesiones prorrogadas se podrán otorgar por plazos inferiores prorrogables a su vez. Por ejemplo, si os dan veinte años, se podrá otorgar en cuatro plazos de cinco cada uno. Como ya he detallado en informes anteriores, la finalidad escondida en este mecanismo es un puro fraude orientado a rescatar las concesiones por nada. Ellos dicen que necesitan el espacio para una obra pública y ponen en marcha el rescate. El precio que os tendrán que pagar está en función del tiempo que quede para el fin de la concesión, por lo que si deciden el rescate en el tercer año del primer plazo de la prórroga, sólo quedarán dos y sólo se pagará por dos. Pero si quieren que les salga aún más barato, esperarán a que se cumpla el primer plazo de cinco años y simplemente os dirán que no hay ni más prórrogas ni dinero ni nada. Sólo un desahucio y adiós muy buenas.

Esto ya apunta a un panorama poco apetitoso, pero si os parece, y sobre todo si me perdonáis, os voy a dar la puntilla: El artículo 32 de la ley de costas no se reforma ¿Sabéis qué significa esto? Que para vosotros, en teoría no puede haber nada de nada. Ni prórroga ni nada que se le parezca.

Artículo 32 LC:

Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”.

El motivo de que vuestras concesiones debieran terminar en 2018 (teóricamente) es que los usos residenciales están prohibidos en el dominio público, y lo están en base al anterior precepto, que no cambia. Quiere esto decir que vuestras viviendas en el dominio público no se ajustaban a la ley sin reformar pero tampoco a la ley reformada.

¿Queréis leer algo aún más preocupante, dramático y terrible? ¿Sí…? De acuerdo. Ahí va:

Disposición transitoria sexta, apartado primero, de la vigente ley de costas:

“En ningún caso podrá otorgarse prórroga del plazo de concesión existente a la entrada en vigor de esta Ley en condiciones que se opongan a lo establecido en la misma o en las disposiciones que la desarrollen”.

¿Creeis que esta disposición ha sido objeto de reforma, o pensáis más bien que sigue igual?

Habéis acertado: Sigue igual, porque los mismos políticos que os están regalando los oídos repitiendo que ya por fin hay seguridad y garantías y prçorrogas, han decidido NO reformar aquella norma prohibitiva. Vuestras concesiones no se pueden prorrogar. Todo esto es una gran operación de marketing político, de propaganda, de engaño y de manipulación para vender una reforma a favor de los ciudadanos afectados cuando su finalidad es bien distinta.

Cuando vayáis a pedirle al Jefe de Costas la prórroga de vuestra concesión conforme al artículo 2 de la ley de reforma, veréis lo que os dice. Os dirá que no y se quedará tan tranquilo y además podrá hacerlo porque tendrá razón. Entonces podréis ir al Ministro a preguntarle, a ver si tenéis suerte y os recibe. En este momento habrá pasado ya todo el efecto mediático que tenía que pasar por encima de la sociedad para hacerla creer que los poderes públicos habían hecho algo por vosotros.

Anoche en la cadena SER, el Secretario de Estado, a quien se atribuye la paternidad de esta reforma, dijo que era un remedio contra el grave problema de que pasados treinta años se acababa el plazo de concesión, y que gracias a los cambios iban a dar la prórroga y tal. Pues ya veis lo que vais a recibir: Nada. Y si alguien se vuelve loco y otorga la prórroga para maquillar un poco la cosa, lo que tendréis será un problema sin fin, con esas prorrogas y ese sinvivir ya para siempre, o hasta que vengan los operarios y os tiren la casa al suelo.

José Ortega

Abogado     abogadodelmar@gmail.com

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Los que hayáis tenido el impagable placer de escuchar mi intervención ante el Parlamento Europeo en marzo de 2010 quizá recordéis que me metí con las obras públicas de la Administración en la costa denunciando que los afectados no tenían derecho a enterarse de la aprobación de un proyecto de obras que les iba a afectar, en muchos casos malamente. Todo viene de que los ingenieros de costas, cuando redactaron el reglamento de la cosa, no pensaron en la conveniencia de darle traslado de estos expedientes a los interesados. Ellos decían , me parece, que si las obras se hacen en dominio público, donde no hay propiedad privada, cómo va a haber interesados. Así que la apisonadora te pasa por encima porque ellos tienen que hacer un paseo marítimo y tú te enteras el día que te dicen oiga quítese de en medio que le voy a tirar la casa.

¿Qué tiene de bueno verse sentado encima de una piedra, con tu casa en el suelo por sorpresa, inundado por las lágrimas y cubierto por el polvo que ha levantado la pala mecánica? Fácil: Que el derribo no te cuesta dinero. Aún puedes estar contento.

Habréis observado que en los últimos tiempos los de Costas no se meten con las personas humanas y todo el mundo sabe que es por ausencia de fondos. Los vecinos de La Bombilla  (isla de La Palma) y los de Rota (Cádiz), entre otros, pueden continuar tomando el café en sus respectivas cocinas debido a la paralización de los proyectos de obras, en el primero de los casos una playa artificial sobre una zona de callaos y en el segundo un paseo marítimo. Los proyectos están aprobados, pero no se ejecutan.

Bien, parece que esa fase se ha acabado gracias al Senado de nuestra España, que ha pensado en la conveniencia de financiar las futuras obras con contribuciones especiales, es decir, que a partir de ahora los paseos los vais a pagar vosotros con vuestros ahorros.

Qué duda cabe de que el doble régimen se mantendrá en toda su armonía, a saber: Los ingenieros de costas seguirán tramitando expedientes de paseos marítimos sin que vosotros os enteréis, pero al mismo tiempo eso que ellos dibujan con su autocad lo pagaréis vosotros. Y si es un paseo tira que tira, porque la ley de reforma también establece una teórica posibilidad de los terrenos al interior (teórica e innecesaria, puesto que esa posibilidad ya está prevista en el artículo 18 de la LC  para todo el mundo). En este caso creo que podríamos confirmar directamente que la operación consiste en  pagar un precio mediante mecanismos indirectos y escondidos, por la desafectación.

Pero como en vez de un paseo la obra sea una regeneración dunar pues…  En todo caso, los ricos seguirán teniendo más ventajas, y los que pertenezcan a un colectivo numeroso también. Tanto unos como otros tienen más posibilidad de darle a la DGC un talón valedero para enladrillar la arena que los afectados pobres.

Claro está que si os tiran la casa abajo no seréis sujeto pasivo de las contribuciones especiales, pero conozco situaciones en las que el proyecto de paseo rompe el jardín, no la vivienda. Éstos serán los casos más adorables e interesantes: Los vecinos sacándose el dinero del bolsillo para financiar el mismo paseo que ha obligado a tirarles media casa.

He aquí el regalo que los Senadores han preparado para vosotros, propietarios, o antiguos propietarios, o concesionarios de la costa, o lo que quiera que seáis:

Artículo 87 bis.

1. Podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras tendrá, a estos efectos, la consideración de beneficio especial.

2. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protección, defensa y mejora del domino público marítimo- terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes.

3. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras.

4. El importe total de la contribución especial se repartirá entre los sujetos pasivos, atendiendo a aquellos criterios objetivos que, según la naturaleza de las obras y circunstancias concurrentes, se determinen entre los que figuran a continuación:

  1. a)  Superficie de las concesiones y fincas colindantes beneficiadas. 
  2. b)  Plazo restante para la extinción del derecho de ocupación. 
  3. c)  Los que determine el real decreto por el que se acuerde la contribución especial en atención a las circunstancias particulares que concurran en la obra.

5. El Gobierno, mediante real decreto aprobado a propuesta de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acordará el establecimiento de contribuciones especiales en los supuestos a que se refiere la presente Ley.»

¿Comprendido?

José Ortega

Abogado   abogadodelmar@gmail.com

 

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Los de Costas tienen algo de Úrsula, la bruja marina de la Sirenita. Algo de siniestros, taimados y socios calladitos del insondable mar. Hace tiempo que vengo advirtiendo a algunos colectivos del pacto de silencio existente entre el mar y la Dirección General de Costas para arruinar sus viviendas y por lo tanto sus vidas. Ejemplo canónico, Arenales del Sol. Pero la cosa se extiende a otros ámbitos, como La Casbah, Playa Lisa, playas del Norte de Denia, Marenyet, El Brosquil y un largo largo etcétera. El pacto es el siguiente:

-El mar avanza lentamente sobre la tierra con la fuerza de un mihura y la sutileza de una serpiente.

-La Dirección General de Costas mira para otro lado y si acaso silba una tonadilla popular.

Entretanto, los vecinos van a sus cosas, pagan impuestos, ven el fútbol, toman calamares a la romana y con esto no se dan cuenta del pacto de silencio y de su futura desgracia.

Bueno, igual hace falta traducirlo: Pues que los de Costas decidieron hace tiempo no hacer nada, absoluta y totalmente nada, por mantener el equilibrio de las playas donde existieran ocupaciones a su juicio ilegales, o a su juicio no bienvenidas. Entre ellas se encuentran las que he mencionado y muchas más. El efecto sombra de los puertos, sistemáticamente denegado por los responsables, está creando una erosión galopante y los ingenieros de costas oscilan entre no hacer nada y denegar las obras que les piden angustiosamente los vecinos. Están esperando a que llegue el mar para que haya que evacuar las viviendas por razones de seguridad y por lo tanto para que desaparezcan las ocupaciones sin necesidad de compensación a los exiliados, puesto que lo son por un hecho de Dios, no por actos de los funcionarios. Esto tiene un nombre, o quizá dos. A la primera de cambio podíamos llamarle expropiación sin indemnización. Escarbando un poco más, quizá la palabra fraude no vendría mal.

El plan secreto de los Rasputines que (por encima de los Directores y Subdirectores Generales del momento) gobiernan la DGC es dar todas las facilidades para que el mar llegue a los cuartos de estar de las viviendas. Es una actitud pasiva, luego difícil de detectar, pero es. Se percibe por comparación con la diligencia con la que se tratan otros puntos del litoral, como por ejemplo La Bombilla (La Palma) o Punta Larga (Tenerife).

¿Hay algún motivo para que la DGC invierta millones de euros en el empeño de fabricar playas artificiales en rincones de Canarias donde la naturaleza no las quiso poner y que no invierta un céntimo en La Casbah, Arenales del Sol, Playas Norte de Denia y demás familia, donde el mar avanza peligrosamente sobre los cuerpos y las almas de los ciudadanos? Claro que sí. Ellos quieren consumar una expropiación sin indemnización. Pretenden que sea el mar y no ellos, los que expulsen a los vecinos sin un duro y luego echarle la culpa al cambio climático diciendo que hay que ver qué pena.

Cuando redacté mi propuesta de reforma de la ley de costas, incluí un precepto que obligara a la Administración a establecer una jerarquía de preferencias, de manera que hubiera que atender primero a los tramos de costa regresivos y luego, si quedaba dinero, hacer obras faraónicas y de lujo. Un significado ingeniero de costas me dijo que no, que eso no podía ser porque en tal caso iban a quedar atados de pies y manos y no podrían hacer las obras que quisieran. Y esto era lo que yo pretendía, atarlos de pies y manos, pero en nombre de la decencia y para romper su pacto secreto con la bruja Úrsula.

Claro está que en la reforma del gobierno no se puso nada parecido, pero el Senado de nuestra amada Patria acaba de descubrir y hacer explícito el juego al introducir el PP una enmienda que confirma todo esto que yo decía en los últimos años.

Contemplad el esplendor de la norma que acaba de introducir el Senado y que la DGC dentro de poco va a emplear para echar a la gente de sus casas y para verlos cargar los camiones de mudanzas sin recibir un céntimo como indemnización:

Se añade un nuevo artículo 13 ter, que queda redactado del siguiente modo:

«1. La Administración del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos del dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso en la línea de orilla en la longitud e intervalo temporal que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con criterios técnicos, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales.

2. En los terrenos declarados en situación de regresión grave no podrá otorgarse ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

3. Excepcionalmente y en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundación en los próximos 5 años, la declaración podrá prever que se otorguen derechos de ocupación destinados a servicios públicos acordes con lo establecido en el artículo 32. Estas ocupaciones no podrán otorgarse por un plazo que exceda de cinco años, prorrogables por periodos iguales dentro del máximo previsto en la presente ley.

4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupación, existentes en los terrenos declarados en situación de regresión grave se mantendrán, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga, en los términos del apartado anterior. En caso contrario, el derecho de ocupación se extinguirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 78.

5. En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración del Estado podrá realizar actuaciones de defensa o restauración. En este caso podrá imponer contribuciones especiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis.

6. La declaración de situación de regresión grave se hará por Orden Ministerial, previo informe de la Comunidad Autónoma correspondiente y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», así como en la sede electrónica del Ministerio.

7. Si las circunstancias que motivaron la declaración de situación de regresión grave desaparecieran, por Orden Ministerial se podrá revocar tal declaración, cesando todos sus efectos.»

¿Quiere esto decir que se perderán esas playas? Claro que no: Una vez que los vecinos se hayan ido y las viviendas se hayan convertido en polvo, ya veréis qué pronto regeneran la playa. Qué majo es cuando las cosas te salen gratis.

José Ortega

Abogado

 

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http://www.lne.es/occidente/2013/04/11/deslinde-playa-otur-anulado-segunda-vez-audiencia-nacional/1395530.html

El deslinde de la playa de Otur, anulado por segunda vez en la Audiencia Nacional

La Administración no respetó los plazos burocráticos, según el fallo, que deja en el aire la propiedad de las fincas con derechos anteriores a la ley de Costas

11.04.2013 | 02:16

Otur (Valdés),

A. M. SERRANO

La Audiencia Nacional ha anulado por segunda vez el deslinde del entorno de la playa de Otur, en Valdes, por defectos de forma. Según el nuevo fallo judicial, la Administración no respetó los plazos necesarios en un procedimiento público. La sentencia supone un triunfo para un grupo de propietarios que lucha desde hace más de dos décadas por hacer valer los derechos de titularidad anteriores a la aprobación de la ley de Costas en 1988. Son fincas que han heredado de familiares y que les quieren arrebatar «a golpe de derecho», denuncian

El luarqués José Pedro Fernández, hasta enero presidente de la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas y ahora tesorero del mismo colectivo, además de afectado por el deslinde de Otur, explica que «la ley de Costas no puede anular de un plumazo los derechos sobre propiedaes que existían antes». No es la primera vez que este grupo de vecinos afectados, cerca de 70, gana la batalla legal al deslinde propuesto por la Demarcación de Costas en la década de los ochenta con el objetivo de proteger y ordenar el litoral.
En 2005 el Tribunal Supremo confirmó otra resolución de la Audiencia Nacional (2001) que obligaba a paralizar el desalojo de las viviendas que se encontraban en el entorno de la playa de Otur. En este caso, se hacía referencia de nuevo a los errores de forma. Según la resolución, no se informó a los afectados convenientemente al no existir una notificación del expediente.

En 2008 los propietarios presentaron un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el deslinde aprobado por la Dirección General de Costas. En la última sentencia, la Audiencia entiende que ha habido de nuevo defectos de forma, al no respetar la Administración los plazos de un procedimiento público. Según el despacho del abogado valenciano José Ortega, que se encarga del caso de Otur, la fórmula elegida por la Administración para materializar su propuesta es ilegal.

La nueva sentencia de Otur podría ser aplicable a otros casos, en los que los afectados podrían reclamar sus derechos por ser el proceso administrativo de separaciónn de propiedades pública y privada legalmente discutible. El letrado José Ortega, que representa a los propietarios, entiende que esta fallo que atañe a la playa de Otur no tiene precedentes en España y que es la primera vez que se anula por segunda vez un deslinde. En último extremo, y sin discutir el fondo, tema al que realmente quieren llegar los afectados, los particulares vuelven a tener derechos sobre la propiedad.

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http://www.noticiasdelanzarote.com/opinion/articulos-de-opinion/20338-jose-ortega-sobre-la-enmienda-del-pp-al-proyecto-de-reforma-de-la-ley-de-costas

 

 

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Aludo a esta enmienda del PP en el Senado al proyecto de reforma de la ley de costas. El diario EL PAÍS publica hoy un reportaje sobre el particular, que incluye una opinión mía y me están llamando todos los periodistas de nuestra amada Patria. Como la explicación dura entre veinte y treinta minutos, la expongo aquí en la esperanza de que los interesados puedan ejercer el autoservicio.

TEXTO DE LA ENMIENDA:

“Disposición transitoria primera. Aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos:
a) Que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.
b) Que estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en un tercio de su superficie.
3. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan delimitado o clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.

Justificación

Esta enmienda regula con mayor precisión los requisitos necesarios para que los núcleos urbanos no clasificados como tales en 1988, puedan acogerse a la posibilidad de aplicación del régimen de la zona de servidumbre de protección prevista en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

MI COMENTARIO:

A lo mejor resulta que este bienintencionado intento del PP resulta peor que el problema que trata de resolver por los motivos que a continuación expongo.

Como sabemos, la servidumbre de protección es una limitación para construir o ampliar lo construido en terrenos cuyo carácter privado no se discute. Esta zona tiene una amplitud de cien metros contados a partir del límite interior de la ribera del mar, aunque se admite que excepcionalmente pueda tener sólo veinte para amparar los derechos urbanísticos de quienes ya ostentaban derecho a construir o a mantener o ampliar lo construido.

Para que la servidumbre de protección tenga sólo veinte metros se exige que la zona en cuestión ya hubiera sido calificada como suelo urbano por un instrumento de planeamiento con anterioridad a la ley de costas (de 1988). Pero este mecanismo, que habría sido bueno en un país culto como Suecia, Finlandia o Dinamarca, sirve de poco en el nuestro, donde existen numerosísimos núcleos de población activos, vivos, constitutivos de malla urbana y con servicios urbanísticos, que sin embargo han quedado fuera de ordenación por motivos diversos. Para aliviar este nuevo ejemplo de divorcio entre la España real y la España oficial, el reglamento de costas estableció, en su disposición transitoria novena, apartado tercero, la posibilidad adicional de que una declaración de la autoridad urbanística, al margen del instrumento de planeamiento, fuera suficiente par limitar a veinte metros la servidumbre de protección.

El texto dice lo siguiente:

A los efectos de la aplicación del apartado 1 anterior, sólo se considerará como suelo urbano el que tenga expresamente establecida esta clasificación en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas, salvo que se trate de áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística en la citada fecha y la Administración urbanística competente les hubiera reconocido expresamente ese carácter.

Como vemos, la autoridad urbanística no puede declarar a su gusto y por su capricho que los terrenos ya fueran urbanos, sino bajo ciertas condiciones, que más o menos recrean las del primer texto refundido de la ley del suelo de 1976, es decir, que los terrenos contasen con los servicios urbanísticos o estuviesen consolidados por la edificación.

La autoridad urbanística ha venido haciendo uso repetidamente de la facultad de la anterior disposición transitoria, lo mismo que el Ministerio de Medio Ambiente ha venido haciendo uso de su derecho a no tener en cuenta lo que le decía la Autoridad Urbanística y lo mismo que los Tribunales han venido tumbando una y otra vez esas declaraciones después de mirarlas con lupa y medirlas con piederey. Y por esta vía se ha consolidado esa falta de correspondencia entre las dos Españas y desde luego la incertidumbre de miles de ciudadanos afectados. En esta ensalada no puede faltar el despiste de diversos políticos que especialmente en Canarias estaban convencidos (y siguen) de que la inclusión de determinados núcleos urbanos en la servidumbre de protección iba a llevar consigo su derribo. La última vez que escuché una cosa así fue en unas declaraciones a la cadena SER del alcalde de Yaiza (Lanzarote). La alarma que se causa de esta manera carece de justificación puesto que estos edificios están amparados por las disposiciones transitorias de la ley y no e van a derribar.

Lo que ha pretendido el PP con esta enmienda es establecer un cauce procesal para que la cuestión pueda volver a plantearse. Esto es algo que tiene sentido porque en principio el tema debe quedar decidido con el expediente de deslinde, y éstos están completados en prácticamente toda la costa, de donde la cuestión debería considerarse ya cerrada y se necesita una medida muy drástica (como ésta) para reabrirla

La pregunta es si la solución propuesta es buena y mi opinión es que no. Como en otros detalles de la reforma, a mi parecer la técnica jurídica no está a la altura de la buena intención de los impulsores de la cosa. Y para explicarlo debo referirme a la jurisprudencia dictada en relación a la materia. El texto refundido de la ley del suelo de 1976, y legislación posterior, establecen que son suelo urbano los espacios que cuentan con los servicios urbanísticos o están consolidados por la edificación de dos tercios de la superficie útil para ello. Como la ordenación del territorio es con arreglo a la Constitución competencia de las CCAA, nuestro país es un bonito aunque inaguantable crisol de legislación que cambia de territorio en territorio, si bien las distintas leyes autonómicas de uso del suelo mantienen el criterio de la consolidación por la edificación, ya en un porcentaje o en otro.

Es este bloque de regulación de uso del suelo lo que ha estado aplicando la Audiencia Nacional a pesar de que la DT novena.3 del reglamento de costas no se remite a ella. Su razonamiento es el siguiente: Cuando esta regulación alude a la consolidación por la edificación de dos tercios de la superficie útil para ello (o del porcentaje que sea), es preciso determinar previamente cuál sea la superficie útil para ello. Pero esta exigencia resulta imposible de cumplir porque en la mayoría de las ocasiones esos espacios, por haber quedado al margen del planeamiento, no están incluidos en ninguna unidad de actuación. Así que en un número no pequeño de casos, los ciudadanos pierden los pleitos por el simple hecho de no existir una delimitación previa del espacio sobre el que debe calcular el porcentaje total edificado. El resultado es que vemos un núcleo de población como El Golfo, en Lanzarote, que está totalmente construido y ya lo estaba en 1988, pero no podemos demostrar que era suelo urbano ya entonces porque no sabemos en razón a qué o en proporción a qué hay que calcular los dos tercios de superficie edificada.

¿Por qué la enmienda del PP no ayuda? Si nos fijamos en la DT novena.3 del reglamento, no alude a porcentaje alguno: Habla solo de consolidación edificatoria, lo que debería ser un cajón de sastre en manos de la autoridad urbanística, que podría considerar a su criterio y sin porcentajes que la consolidación por la edificación fuera suficiente.

¿Entonces por qué la Audiencia Nacional se remite a la legislación de uso del suelo y a sus porcentajes? No lo sé. Preguntad a sus ilustres magistrados, que saben más que yo. Cuando ellos quieren aplicar la singularidad del reglamento de costas frente a leyes generales, lo hacen así, incluso para la broma pesada de declarar que en el expediente de deslinde no se puede abrir un periodo probatorio sólo porque esta posibilidad no está recogida en el reglamento, aunque sí lo esté en la ley de procedimiento administrativo común.

El caso es que nos encontramos ante lo siguiente:
-Un reglamento de costas que no fija ningún porcentaje a la edificación.
-Una Audiencia Nacional que exige un porcentaje de 2/3 o el que proceda según la CA.
-Una enmienda del PP que exige el porcentaje de 1/3.
¿Adivináis por qué la reforma será inútil? En efecto: La Audiencia Nacional seguirá exigiendo que se acredite que la superficie construida es igual a un tercio de algo y si ese algo no existe, no hay trato.
¿Hay alguna solución? Claro. Lo que debía haber hecho el PP era pasar la DT novena.3 del reglamento a la reforma de la ley, aclarando si cabe que se exigirá únicamente consolidación edificatoria suficiente, al margen de los requisitos establecidos en la legislación de uso del suelo.
Hace aproximadamente tres años publiqué en un diario de Santa Cruz de Tenerife un artículo sobre esta misma cuestión. En el mismo proponía una solución aún más clara, rápida y limpia. Diga lo que diga la autoridad urbanística, con enmienda o sin ella, siempre se enfrentará a los peros y a los noes de un cuerpo de funcionarios de la Dirección General de Costas adiestrados para morder. Mi propuesta era y sigue siendo tan simple como eficaz y consiste en asignar efectos vinculantes a la declaración de la autoridad urbanística de la ya tan sobada DT novena.3 del reglamento de costas. Tengamos en cuenta que el Estado debe emitir informe preceptivo y vinculante en los expedientes de elaboración o modificación de instrumentos de planeamiento de municipios costeros, lo que en la práctica significa que el instrumento de que se trate sólo podrá aprobarse si Costas da el visto bueno. No debería haber inconveniente en buscar algo de simetría asignando carácter igualmente preceptivo y vinculante al informe de la autoridad urbanística a efectos de declaración de suelo urbano antes de 1988, en especial cuando como es sabido la ley de costas fue parcialmente anulada por la sentencia 149/91 del Tribunal Constitucional en sus determinaciones que atribuían al Estado las competencias de gestión de la servidumbre de protección. Dichas competencias pasaron a las CCAA por estar relacionadas con la ordenación del territorio, pero pero la cuestión de la delimitación del límite interior de dicha servidumbre de protección siguió en manos del Estado.
Cierto que esta medida, tal cual, sería hoy poco útil porque los deslindes están completados. Pero cierto también que la imaginación está para algo y que de igual forma que la enmienda del PP introduce una segunda oportunidad con un nuevo cauce procesal para volver a discutir lo mismo que ya se ha discutido, esto mismo puede hacerse con instrumentos que garanticen que al bicho lo vamos a matar por fin en lugar de darle palitos en la esperanza de que se muera solo.
Claro está que cuando publiqué aquel artículo nadie me hizo el menor caso, ni yo lo esperaba. Lo escribí por el mismo motivo por el que un amigo mío, práctico de puerto ya mayor, se puso a estudiar ruso: Por ejercitar la mente.

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@abogadodelmar

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