MANIFIESTO CONTRA LAS TASAS JUDICIALES

diciembre 15, 2012

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@abogadodelmar

Me acaba de llamar mi compañera de profesión María Conde para sugerirme la posibilidad de redactar un manifiesto contra las tasas judiciales para firma masiva de ciudadanos, abogados, procuradores, secretarios judiciales, funcionarios, fiscales y los jueces que lo tengan por conveniente.

Me cuesta creer que esté pasando esto. Como dije en una entrevista en la cadena SER hace menos de una semana, la tasa judicial ya existía en España y fue suprimida en 1986 por considerarse contraria al derecho de tutela judicial efectiva recogido en la Constitución. A mí me interesaba revisar la exposición de motivos de aquella ley de supresión de tasas porque estaba seguro de que debía contener unas bases jurídicas e ideológicas  que fueran de aplicación al problema que se nos presenta ahora. Se lo he mencionado a mi compañera y como es una máquina, antes de cinco minutos ya la tenía en mi buzón de correo electrónico.

Dice así:

“La Constitución Española, en su artículo 1, propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el prulalismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico español. Además, en el párrafo 2 del artículo 9 instituye a los poderes públicos en la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

En el ámbito de la administración de justicia, los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución. El que además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad y el que todas ellas sean, como quiere la constitución, reales y efectivas, depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica y su posición social”.

Como podéis comprobar, el Parlamento consideró en 1986 que pagar un precio por acceder a la justicia es contrario al principio constitucional de tutela judicial efectiva. Nada ha cambiado. Y digo más: tener que pagar un precio por acceder a la justicia es como tener que pagarlo por ejercer el derecho de voto. Es algo que no se puede aceptar en un caso como en el otro.

Conviene que sepamos distinguir entre la coyuntura económica y los valores esenciales de la convivencia. La primera es cambiante, los segundos son inmutables. Se pueden introducir  recortes, ajustes, subidas de impuestos o lo que se quiera que afecte a los bienes materiales y los ciudadanos procurarán mejor o peor adaptarse. Pero no se pueden aplicar los mismos tijeretazos en su dignidad personal. La verdad es que me asombra que los gobernantes insistan en hacer este tipo de cosas cuando hace tiempo que todos los que saben del tema tienen dicho y explicado que para los pueblos los valores inmateriales relacionados con el honor, la dignidad y su propia identidad son intocables.

Leí el otro día un poco por encima las turbias declaraciones del Ministro Gallardón y esta lectura me llevó a preguntarme si este hombre no estará siguiendo un tratamiento médico ignorado por sus asesores. Si eres una persona normal con unos esquemas de pensamiento dentro de lo que los psiquiatras están dispuestos a considerar admisibles, no puedes pretender que agotar los recursos judiciales sea “un mecanismo perverso”, como declaró el Ministro. Formular recursos judiciales recogidos en la ley es un derecho, no una perversión. Y cuando te ves obligado a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solamente es un derecho, sino una obligación, ya que en caso de no haber agotado todos los recursos, la demanda no será admitida.

Y si no tienes nada que esconder, mantienes la conciencia limpia y realmente estás en posesión de argumentos de calidad, ninguna necesidad hay de recurrir al golpe bajo, cuando no sucio, de acusar a los abogados de fomentar los pleitos y lanzar a sus clientes a los juzgados por puro vicio. Los hay que hacen eso, todo el mundo lo sabe, pero no somos todos ni la mayoría. Creo que a Gallardón no le gustaría que lo llamaran ladrón ni malversador a pesar de que tenga compañeros que lo sean o lo hayan sido.

Yo trabajo en derecho administrativo, y en ese campo la implantación de tasas tiene un significado que va mucho más allá. Los tribunales de lo contencioso administrativo se encargan de las demandas de los ciudadanos contra el Estado, que bajo mi punto de vista ha llegado convertirse en la mayor fuente de capricho, arbitrariedad e injusticia de nuestro país. Conozco por ejemplo el caso de un funcionario que resultaba incómodo porque cumplía con su obligación y no se plegaba a colaborar con la malversación de caudales públicos de sus superiores. Uno de estos superiores lo llamó a su despacho para comunicarle que lo iba a cesar y el funcionario se quedó flipando. “No puedes hacerlo”, dijo. “Soy funcionario de carrera”. La respuesta de su jefe malversador de caudales públicos fue particularmente siniestra ¿Sabéis qué le dijo? Le dijo “ya lo sé”, y a continuación le explicó que se pasaría unos buenos cuatro o cinco años pleiteando con la Administración hasta conseguir que le devolvieran la plaza. Éste es el tipo de alimañas que tenemos infiltradas en la Administración pública y por esto pienso que el Estado está mal servido y se ha convertido en un ogro.

Pues bien, la implantación de la tasa judicial en el ámbito de las reclamaciones judiciales contra la Administración dará lugar a una generación de ciudadanos resignados ante los abusos del Estado, desencantados de la supuesta democracia y sin fe en el sistema. Exigir resignación es muy mala cosa. Es lo mismo que imponer humillación y constituye el mejor magma para cualquier imprevisto, como el nacimiento de un partido nazi, un golpe de Estado fascista o algo así. Estos políticos son directamente idiotas. No son capaces de ver más allá de sus narices.

He redactado el manifiesto para ver si la sociedad está aún lo suficientemente viva para imponerse al Estado. En un artículo que subiré a continuación dejaré el documento descargable con apartado para firmas e instrucciones de a dónde hay que remitir los impresos firmados.

MANIFIESTO CONTRA LAS TASAS JUDICIALES

EL PUEBLO ESPAÑOL, LOS JUECES, FISCALES, PROCURADORES, SECRETARIOS JUDICIALES, FUNCIONARIOS Y ABOGADOS,  DE COMÚN ACUERDO:

RECHAZAMOS la imposición de tasas judiciales con arreglo a la ley 10/2012, de 20 de noviembre

HACEMOS NUESTRA la exposición de motivos de la  Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales (BOE de 31 de diciembre), cuando afirma que

“La Constitución Española, en su artículo 1, propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el prulalismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico español. Además, en el párrafo 2 del artículo 9 instituye a los poderes públicos en la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

En el ámbito de la administración de justicia, los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución. El que además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad y el que todas ellas sean, como quiere la constitución, reales y efectivas, depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica y su posición social”.

PROCLAMAMOS:

-Que los valores esenciales del sistema democrático son inalterables y no cambian con el tiempo, como sucede con la coyuntura económica, social o política. Lo que con arreglo a tales valores era bueno y justo en 1986 sigue siendo bueno y justo en 2012. Lo que era contrario a la Constitución en 1986 sigue siendo contrario a la Constitución en 2012.

-Que ninguna mayoría formada en el Parlamento está legitimada para modificar las bases esenciales de nuestra convivencia recogidas en la Constitución.

-Que exigir el pago de un precio por acceder a la justicia es como exigir el pago de un precio por ejercer el derecho a voto. Esto último nos situaría en los niveles del llamado sufragio censitario, cuando el voto estaba restringido a los ricos. En términos de valores democráticos, no existe diferencia entre la tasa judicial y el voto  censitario.

-Que la renuncia previa a ejercer acciones judiciales que envuelve la tasa judicial adquiere una especial relevancia en el ámbito contencioso administrativo, donde se transforma en una herramienta de sumisión del ciudadano frente a los abusos del Estado.

-Que a un pueblo se le puede someter a privaciones materiales y exigir sacrificios, pero no se le puede amputar su dignidad. El derecho a la justicia en un bien inmaterial del que no se puede privar a los ciudadanos por medios directos o indirectos.

En consecuencia

EXIGIMOS  la retirada inmediata de la ley 10/2012, de 20 de noviembre

¿Estáis de acuerdo?

José Ortega

Abogado    abogadodelmar@gmail.com

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4 comentarios to “MANIFIESTO CONTRA LAS TASAS JUDICIALES”

  1. […] MÁS INFORMACIÓN EN https://costasmaritimas.wordpress.com/2012/12/15/manifiesto-contra-las-tasas-judiciales/ […]

  2. nerjeño said

    Resulta curioso que tenga que ser un partido que se proclama liberal, quien propugne y pretenda ejecutar, sin sonrojo, una medida que ataca, precisamente, la esencia misma de lo que ideológicamente constituye un Estado liberal; que básicamente se justifica por garantizar la Justicia, el “Orden Público” y la defensa de la naciòn de los ataques exteriores .
    Para soluciones tan facilonas a los problemas de la Justicia, no necesitamos Ministros ni toda la parafernalia y gastos que lleva aparejado un ministerio de Justicia. Bastaría con.poner a gobernar a cualquier tonto del pueblo, quien con tal de.mandar un poco, seguro que lo haría gratis y nos ahorraríamos una buena pasta con la que podríamos dotar de medios y poner al día a nuestra prehistorica Justicia .
    Enhorabuena por la iniciativa y contad con mi apoyo a la misma.

  3. Alfonso said

    Como siempre, pagan justos por pecadores, no se les ha ocurrido nada mejor para frenar el uso, a veces espurio,de la administración de justicia, que aplicar las tasas en un trato discriminatorio, entre los que las pueden pagar y no. Abusar de la ignorancia del denunciante y llevarlo a pleitear sin sentido, también lo es y eso lo admitan los abogados o no a pasado demasiadas veces.

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